El EPR emitió su primer comunicado del 2008, en el que le anuncia que seguirá realizando acciones militares, pero que ahora avisará con anticipación suficiente para evitar que haya víctimas inocentes de sus actos.
En su texto el EPR señala que “comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas, ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.”
Comunicado completo (textual):
En su texto el EPR señala que “comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas, ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.”
Comunicado completo (textual):
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:
Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.
Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.
La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.
Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?
¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.
¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?
¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?
La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?
“Por desgracia en México”... quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.
El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.
La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.
No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.
Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.
Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.
Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.
Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.
La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.
Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.
Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.
Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.
¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “...Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.
No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.
Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?
No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.
Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.
En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?
En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:
Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.
Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.
Si es real que “... El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”
¡Que empiece ya!
Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.
Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.
Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.
Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.
Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.
Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.
Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.
Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:
Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.
Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.
La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.
Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?
¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.
¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?
¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?
La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?
“Por desgracia en México”... quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.
El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.
La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.
No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.
Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.
Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.
Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.
Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.
La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.
Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.
Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.
Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.
¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “...Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.
No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.
Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?
No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.
Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.
En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?
En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:
Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.
Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.
Si es real que “... El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”
¡Que empiece ya!
Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.
Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.
Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.
Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.
Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.
Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.
Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.
Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.
Fuente: Cedema
