7 ene 2018

“‘El Chapo’ está mal, se está volviendo paranoico”

ENTREVISTA EDUARDO BALAREZO/ ABOGADO DEL CHAPO GUZMÁN
“‘El Chapo’ está mal, se está volviendo paranoico”
El abogado del gran capo del narcotráfico relata la situación de Guzmán Loera en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio
El abogado Eduardo Balarezo EFE

JACOBO GARCÍA
El País, México 7 ENE 2018 
Viste un uniforme color naranja y camina de lado a lado, se tumba en la cama y, vuelve en caminar, recrea su abogado. Tiene la mirada perdida y está más delgado. Este lunes se cumplen dos años de la recaptura del Chapo y casi el primer aniversario desde su extradición a Estados Unidos, a finales de enero del pasado año. Desde entonces, está aislado en una habitación con una ducha, un váter y un ventanuco en la parte superior desde el que a duras penas logra saber si es de noche o de día. La hora que le queda lo llevan a una bicicleta estática.
Fuera de la prisión de Nueva York, Eduardo Balarezo intenta ordenar los casi 300.000 folios del sumario y los miles de videos contra Guzmán Loera para que él los pueda entender. Pero este, considerado el gran capo mundial, creador de la primera multinacional de la droga con presencia en decenas de países de cuatro continentes, ni habla inglés ni maneja el ordenador, así que las tres o cuatro horas semanales que pasan juntos preparando el juicio avanzan muy lentamente.

Steve Bannon pide perdón tras criticar en un libro al hijo de Trump

Steve Bannon pide perdón tras criticar en un libro al hijo de Trump
El exasesor ensalza a Trump Jr. como "un patriota y un buen hombre" después de calificarlo de "traidor"...
PABLO DE LLANO
El País, Miami 7 ENE 2018:
Steve Bannon emitió este domingo un comunicado en el que se disculpó por sus declaraciones sobre Donald Trump Jr., al que había calificado en un libro de "traidor" y "anti patriota", definiéndolo ahora como "un patriota y un buen hombre", sosteniendo que la investigación sobre la supuesta colusión contra Hillary Clinton durante la campaña entre el equipo de Trump y la inteligencia rusa es "una caza de brujas" y subrayando su apoyo "inquebrantable" al presidente de EE UU, su exjefe Donald Trump.
"Lamento que mi retraso en responder a la información errónea sobre Don Jr. haya desviado la atención de los históricos logros del presidente en su primer año de presidencia", dijo Bannon, que se excusó diciendo que sus comentarios en el libro no se referían al hijo de Trump sino a Paul Manafort, que durante tres meses de 2016 fue jefe de campaña de Trump.

¿Quién es el general Herbert Raymond McMaster

¿Quién es el general Herbert Raymond McMaster
El teniente general es consejero de seguridad nacional desde febrero de 2017..
Reemplazó al teniente general Michael T. Flynn quien renunció después de solo tres semanas y tres días en el trabajo tras una controversia sobre sus supuestos contactos con el embajador ruso en EU...

La primera opción de Trump era el vicealmirante retirado Robert Harward quien rechazó el ofrecimiento, citando "razones personales".
McMaster es un oficial militar condecorado que ha servido en posiciones de mando durante la guerra del Golfo a principios de 1990 y en el Comando Central durante la guerra de Irak a principios de los años 2000. 
Ha sido condecorado con una estrella de plata por su valor; en Afganistán dirigió un grupo de trabajo contra la corrupción y la transparencia.
También es conocido por su interés académico en la historia y por aplicar un enfoque intelectual al campo de batalla.

Fracasó Meade ante lavado.- PAN

Fracasó Meade ante lavado.- PAN
Nota de Claudia Guerrero
Reforma Cd. de México (07 enero 2018).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados acusó a José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, de haber fracasado en el combate al lavado de dinero del crimen organizado.
Marko Cortés, coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el ex Secretario de Hacienda desaprovechó la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas e incautar bienes del narcotráfico.
"Meade tiene mucho que explicar porque simplemente no lo hizo. Claramente fracasó en impedir el lavado de dinero a pesar de ser la forma más eficaz y menos violenta de combatir a la delincuencia organizada", expuso.

Crece el empleo... precario

 Crece el empleo... precario/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
En materia de empleo, la administración de Enrique Peña Nieto se escuda en cifras que ni sus propios colaboradores avalan, como lo hizo evidente hace varios meses el titular de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Los ripios y supuestos logros que emanan de Los Pinos simplemente no se sostienen, ni siquiera en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La metralla publicitaria del gobierno ha sido incesante. En tiempos electorales, ante su impopularidad, el presidente Enrique Peña Nieto y su partido recurren al autoelogio, al panegírico de sus supuestos logros.
Radio, televisión, redes sociales y los espacios para anuncios espectaculares se ven inundados estos días por spots, videos, mensajes que dibujan a México como una gran potencia, un país de grandes ligas. Son muchas las ideas que el gobierno quiere encajar en la memoria de los mexicanos, de cara a las elecciones federales, como por ejemplo que de más de 200 países miembros del Banco Mundial, el nuestro ocupa el lugar 15 por el valor de su economía: un billón 47 mil millones de dólares en 2016. Es 17 veces menor a la de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar. Pero eso no se dice.

Denuncia retención ilegal de su dinero y discriminación en el banco

Denuncia retención ilegal de su dinero y discriminación en el banco/
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Deseo exponer a los lectores de su medio las anomalías en el servicio y las políticas discriminatorias que estoy padeciendo en BBVA Bancomer, también denunciadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Jorge Sánchez: urge nueva legislación para el cine


Jorge Sánchez: urge nueva legislación para el cine/COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Sonó la hora de la consolidación del cine de nuestro país, según suma el director de Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) Jorge Sánchez Sosa, refrendando el compromiso de incentivar más la producción, distribución y exhibiciones fílmicas para 2018. Si bien 2017 fue en su opinión un año positivo, la industria aún se halla en un momento embrionario, y hace un llamado en pos de “una nueva legislación porque los tiempos han cambiado de manera vertiginosa, cada vez dejamos la era analógica y vivimos más en la etapa digital”.
Jorge Sánchez Sosa, director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), asegura que ante el séptimo arte hispano, “la cinematografía mexicana posee un sitio privilegiado, hay películas maravillosas, aunque hay mucho que trabajar, no me cabe duda”.

Las nuevas normas del cardenal (Aguiar) contra curas pederastas


Las nuevas normas del cardenal contra curas pederastas/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El cardenal Carlos Aguiar Retes prometió aplicar “tolerancia cero” a los sacerdotes de la arquidiócesis primada de México que abusen sexualmente de menores de edad: “En el asunto de la pederastia, sigo totalmente lo que ya el Papa Francisco nos ha dicho; ‘tolerancia cero’”, advirtió enfático el pasado lunes 11.
Luego indicó que el episcopado mexicano, como cada una de las diócesis del país, tienen “normas” muy estrictas para “afrontar ese mal tan grave” que tanto daña a la Iglesia.
Sin embargo, en junio de 2003, cuando era obispo de Texcoco, se descubrió que Aguiar Retes tenía como párroco al sacerdote pederasta nicaragüense Zenón Corrales Cabrera, a quien la justicia de su país estaba buscando por abusar sexualmente de varias mujeres menores de edad.
Aguiar Retes tenía trabajando al “padre Zenón” en el poblado mexiquense de Otumba, concretamente en el espléndido templo de La Purísima Concepción, con su regio convento adyacente, verdaderas joyas arquitectónicas levantadas en el siglo XVI.
Escondido de la justicia de su país, el padre Zenón oficiaba diariamente sus misas de siete de la mañana y mediodía. Y presenciaba, feliz, las tradicionales carreras de burros que han dado fama a ese poblado aledaño a las pirámides de Teotihuacán.

"Renovación", la encomienda de Aguiar Retes

"Renovación", la encomienda de Aguiar Retes/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, se propone combatir la práctica del aborto mediante renovados contactos con el Congreso y la clase política. Aunque, igual que Norberto Rivera, es cercano a la élite política mexiquense, omite las referencias a su antecesor y anuncia que le dará prioridad a la comunicación con los feligreses, sobre todo en zonas marginadas.
El cardenal Carlos Aguiar Retes asegura que, tan pronto tome las riendas de la arquidiócesis primada de México, el próximo 5 de febrero, empezará a combatir la práctica del aborto, ya legalizado en la Ciudad de México, valiéndose principalmente de “testimonios” de mujeres afectadas por interrumpir sus embarazos, a fin de crear “conciencia social”.
Y para marcar diferencias con su antecesor en el cargo, Norberto Rivera Carrera, quien implementó la llamada “opción preferencial por los ricos”, Aguiar Retes también anuncia que impulsará en la arquidiócesis una profunda “renovación eclesial” cuya principal característica será la toma de decisiones de manera “horizontal” y el apoyo a la población más marginada.
Sobre el aborto, despenalizado en la Ciudad de México en 2007, durante la administración de Marcelo Ebrard, Aguiar Retes se pregunta de entrada:

¿A ciegas el nuevo sistema de justicia penal?


Camina a ciegas el nuevo sistema de justicia penal/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
A 18 meses de su entrada en vigor a escala nacional, en el mejor de los casos, el sistema de justicia penal vigente opera por inercia; en el peor, es ignorado por las autoridades. En Oaxaca, estado pionero junto con Chihuahua en su implementación, autoridades reconocen que mejor trabajan con el sistema anterior. A nivel federal, el problema es mayor: Ministerios Públicos e integrantes de los servicios periciales, por ejemplo, apenas tuvieron un curso de algunas semanas para comprender el nuevo sistema que se supone atendería con eficacia los 30 millones de delitos que se registran al año.
Gran parte del personal y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), terminaron su “fugaz” capacitación seis meses después del 18 de junio de 2016, cuando venció el plazo de ocho años para que el sistema operara en todo el país.
De acuerdo con registros de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entonces encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, el hoy titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, está entre quienes concluyeron su capacitación como “docente por examen”, certificado en Baja California.

La licencia al "Bronco", un pacto negociado con el PRI y el PAN


La licencia al "Bronco", un pacto negociado con el PRI y el PAN/LUCIANO CAMPOS GARZA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
MONTERREY, NL.- Los dos años que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, estuvo al frente del gobierno, el Congreso estatal siempre le manifestó su hostilidad, sobre todo al vetar sus iniciativas.
Durante ese periodo el intercambio de diatribas entre él y los legisladores marcó la tónica. Pero esa animadversión desapareció en diciembre pasado, justo cuando el mandatario independiente presentó su solicitud de licencia.
Los diputados del PRI y el PAN, quienes durante meses acusaron al mandatario independiente de mentiroso y chapulín, le allanaron el camino para que colocara como interino a Manuel Florentino González Flores, su principal operador político, aun cuando la ley los faculta a ellos para designar al encargado del puesto.
Esa benevolencia de los dos partidos mayoritarios en el Congreso estatal es resultado de una presunta negociación realizada en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de los dos partidos para permitir que Rodríguez Calderón dejara el solio y se sumara a los aspirantes a la Presidencia.
De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones –que pide omitir su nombre–, el propósito es que Rodríguez Calderón aparezca en las boletas electorales y le reste sufragios a Andrés Manuel López Obrador, virtual aspirante de Morena, a quien priistas y panistas pretenden acotar a toda costa.

Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral


Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia ya tienen plataforma electoral y, según cuenta su presidente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, incluso se la presentaron al Papa Francisco hace un mes en el Vaticano. Sin embargo, lo que preocupa a los laicos católicos ultraconservadores es la indefinición de los precandidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en torno a los dos temas que ellos consideran fundamentales: la defensa del matrimonio heterosexual y la oposición al aborto.
El Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina alrededor de mil organizaciones de laicos católicos del país, llamará a votar por el candidato presidencial que mejor defienda los dos temas que siempre ha enarbolado: el respeto a la vida desde el momento de la concepción y que el matrimonio sea sólo entre hombre y mujer.
Respaldada por el Vaticano y el episcopado mexicano, esta poderosa organización ya empieza a analizar la postura que sobre estos temas tienen los tres principales precandidatos a la Presidencia: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
Además, el FNF negocia con distintos partidos políticos para lanzar, también en los comicios de 2018, a sus propios candidatos a cargos legislativos que rechacen el aborto y los matrimonios homosexuales.

Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral


Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia ya tienen plataforma electoral y, según cuenta su presidente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, incluso se la presentaron al Papa Francisco hace un mes en el Vaticano. Sin embargo, lo que preocupa a los laicos católicos ultraconservadores es la indefinición de los precandidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en torno a los dos temas que ellos consideran fundamentales: la defensa del matrimonio heterosexual y la oposición al aborto.
El Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina alrededor de mil organizaciones de laicos católicos del país, llamará a votar por el candidato presidencial que mejor defienda los dos temas que siempre ha enarbolado: el respeto a la vida desde el momento de la concepción y que el matrimonio sea sólo entre hombre y mujer.
Respaldada por el Vaticano y el episcopado mexicano, esta poderosa organización ya empieza a analizar la postura que sobre estos temas tienen los tres principales precandidatos a la Presidencia: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
Además, el FNF negocia con distintos partidos políticos para lanzar, también en los comicios de 2018, a sus propios candidatos a cargos legislativos que rechacen el aborto y los matrimonios homosexuales.

México pretende compra inédita de misiles y torpedos de EU

México pretende compra inédita de misiles y torpedos de EU/J. JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El gobierno del presidente Donald Trump aprobó la venta de 23 misiles y seis torpedos al de Enrique Peña Nieto y solicitó al Congreso estadunidense que avale la
transacción para que el paquete bélico, con un costo cercano a los 100 millones de dólares, sea enviado a nuestro país de manera inmediata. De acuerdo con el documento estadunidense, al que este semanario tuvo acceso, es la primera vez que México busca adquirir este tipo de armamento. Ambos gobiernos fueron buscados por Proceso, pero no se logró obtener comentarios al respecto.

WASHINGTON.– En un hecho insólito en la historia militar mexicana, Donald Trump aprobó la venta de un paquete bélico solicitado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluye misiles tácticos, lanzamisiles y torpedos, entre otro equipo, por un valor de casi 100 millones de dólares.
“México no había comprado nunca estos sistemas. México no tendrá dificultad en absorber en sus fuerzas armadas este equipo, la propuesta de venta de este equipo no altera el balance militar básico en la región”, destaca el documento oficial del gobierno de Trump en el que notifica a su Congreso la aprobación de la venta del equipo militar.
El viernes 5, el Departamento de Estado envió al Capitolio la petición de la certificación de la compra del paquete militar solicitado por el gobierno mexicano.

El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero

El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero/MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.

El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.
“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).
Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.
Migajas del PIB
El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.
En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.
Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.
Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.
Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.
El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.
Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.
Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.
Eficiente en el papel
El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.
El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.
La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.
Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.
Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.
Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.
Desastre en la práctica
La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.
La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.
Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.
La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.
Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.
Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.
El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.
Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.
Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.
El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.
El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.
Multas irrisorias
La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.
El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.
Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.
En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.
Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.
En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.
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La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje/VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
IRAPUATO, GTO.- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.
Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.
“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”
Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.
Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.
En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.
“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.
Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:
“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”
Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.
Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.
“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.
Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.
Cerrazón federal
Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.
Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.
Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.
En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.
Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:
“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.
“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”
Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.
De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.
Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.
Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.
En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.­
Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.
Impotencia de la PGR
En el ámbito local, Bazbaz también le cerró la puerta a los estados que comenzaron a formar sus unidades de inteligencia patrimonial. “Esperaban conectarse al ciclo de la inteligencia para la diseminación de la información” y no pudieron hacerlo, dice Alcántara.
E indica que en 2015, como consultor, conoció una docena de proyectos para crear dichas unidades en los estados, algunos sólo en calidad de decreto gubernativo. Se avanzó en algunos, como los de Puebla, Sonora y Zacatecas, pero cuando la UIF quedó fuera de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (según el entrevistado “ya no fueron invitados por Osorio Chong”), la embajada estadunidense se acercó para ofrecer financiamiento, sobre todo en software.
“Nos invitaron a algunas de sus sesiones con estas unidades estatales. Todos decían: vamos con Bazbaz y no nos recibe, no nos permite formalizar acuerdos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo para elaborar y aterrizar estrategias de prevención y combate al lavado de dinero. Ahí constatamos que había estados que estaban inquietos, pero nunca encontraron la aceptación, la coordinación con la Unidad a cargo de Bazbaz. La cooperación sólo se da en casos excepcionales.”
Por ello, el exsecretario ejecutivo del SNSP no tiene reparos en señalar a Bazbaz, Videgaray y Meade como los principales responsables de las grandes deficiencias en el combate y la prevención del lavado de dinero, que contribuye al crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país.
Como ejemplo menciona el robo de hidrocarburos: “Tenemos corresponsables, que son Pemex y la UIF de la SHCP, que perfectamente pueden saber dónde está ese flujo de efectivo y no lo están denunciando a la tercera institución corresponsable, que es la PGR”.
Por eso recalca que la escalada de violencia que han generado las bandas de huachicoleros en varias entidades hace necesario que no se minimice el descuido con que el gobierno de Peña Nieto ha tratado el lavado de dinero.
Sobre el financiamiento al terrorismo, que se evalúa en el informe del GAFI, el entrevistado opina que parece muy lejano de México, “pero con la globalización nadie está exento”.
Y sobre la corrupción, comenta el caso de Javier Duarte en Veracruz: “La Auditoría Superior de la Federación le imputa a Duarte desvíos por más de 30 mil millones de pesos. Pero ahorita la PGR, vía judicial, le está solicitando decomisar 600 millones. Esto da dos perspectivas: por un lado, que como Duarte hay una veintena de gobernadores que desviaron cerca de 250 mil millones de pesos, evidencia del grado de corrupción de los estados, del grado de impunidad que hubo porque nadie los estaba investigando. Por otro lado, ejemplifica la deficiente actuación de la PGR”.
Esto, puntualiza, a pesar de que el actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, trabajó en la UIF, donde fue el brazo derecho de Bazbaz hasta que Raúl Cervantes se lo llevó como subprocurador jurídico a la PGR (cargo que ocupó Alcántara Soria en el gobierno de Calderón).
No obstante que Elías conoce perfectamente la operación de ambas dependencias, resalta Alcántara, no se ha dotado a la PGR de la técnica ni de los recursos humanos y financieros que, según el informe del GAFI, le faltan para la persecución e investigación de delitos directamente relacionados con lavado de dinero.
Por eso, en opinión del exprocurador de Guanajuato, “Elías es otro tecnócrata como Meade o Videgaray, que no tiene el carácter o el temple para asumir decisiones que pongan en riesgo su trayectoria, decisiones críticas. Hoy Elías está en un proceso de administración de crisis. La PGR está descabezada”.
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La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge

La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge/JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.

Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo, no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y del de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvió más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).

Las columnas políticas, hoy 7 de enero de 2018

El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, conmemoró hoy el tercer aniversario de los atentados yihadistas contra la revista Charlie Hebdo y contra el supermercado judío Hyper Cacher en París.


El 7 de enero de 2015 los hermanos Said y Cherif Kouachi irrumpieron armados en la redacción del semanario  y asesinaron a 12 personas, además de dejar varios heridos.
Comentamos entonces...
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Cuando Corea del Norte realizó su quinto ensayo atómico, la Inteligencia estadounidense  (CIA) apuntó a que Pyongyang tardaría años en desarrollar una bomba de hidrógeno, escriben David Sanger y William Broad, en un artículo para The New York Times.

"Su incapacidad de prever los rápidos avances que Corea del Norte ha hecho en los últimos meses supone uno de los fracasos más importantes de los servicios de inteligencia", escriben los columnistas, que citan a varios oficiales en servicio y a otros exfuncionarios. 

La velocidad con la que Kim Jong-un desarrolló la nueva tecnología de misiles basada en un diseño soviético que podía alcanzar Guam, la costa occidental de EU y, finalmente, Washington, tomó por sorpresa y con el pie cambiado a la Inteligencia estadounidense.
A comienzos de septiembre de 2017, Corea del Norte detonó su sexta bomba nuclear. En aquel entonces, muchos analistas llegaron a la conclusión de que este ensayo había sido la primera prueba exitosa de una bomba de hidrógeno, cuya potencia explosiva superó a la de la bomba que EU arrojó sobre Hiroshima. 
H.R. McMaster, consejero en materia de Seguridad Nacional de Trump, reconoció que la carrera emprendida por el líder norcoreano para culminar su programa nuclear —en un intento de partir con ventaja en unas futuras negociaciones— fue más rápida y corta de lo que se creía .."Nosotros tendríamos que hacerlo todo con mayor urgencia y tendríamos que acelerar la aplicación de nuestros propios esfuerzos para solucionar el problema sin contemplar la posibilidad de un conflicto", dijo.
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Las columnas políticas, hoy 7 de enero de 2018
Templo Mayor/Reforma

Mañanera del lunes 15 de julio de 2024

Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador julio 15, 2024 PRESIDENTE ANDRÉS MANUE...