V Reunión Ministerial del GANSEF

Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en el marco de la Reunión Ministerial de Alto Nivel de Seguridad, realizada en Guatemala.
Guatemala, a 14 de julio de 2008

-MINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ IRUNGARAY: Buenas tardes.
En el marco de la Reunión Binacional Guatemala-México, un tema importantísimo que tiene que ver con intereses en conjunto del Estado Mexicano y el Estado Guatemalteco sobre el tema de seguridad y es que de hace unos años se conformó el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza Guatemala-México y que después de algunos análisis y siguiendo el mandato de ambos Presidentes, de México y Guatemala, deja de existir el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza y se constituye el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México.
El énfasis ya no es entonces solo frontera, sino que el énfasis es los problemas en conjunto que tenemos ambos estados al respecto de la seguridad, de temas en común y la necesidad de hacer operativo a los aspectos y las líneas de acción para afrontar estos temas en común.
Quisiera darle la palabra al señor Secretario.
-SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUAN CAMILO MOURIÑO: Muchas gracias, Ministro.
En primer lugar, agradecerle de nueva cuenta la invitación y la hospitalidad del Gobierno de Guatemala para poder llevar a cabo esta reunión que me parece, como ya lo ha dicho el Ministro, de lo más relevante.
El 14 de enero pasado se reunieron por primera vez el Presidente Calderón con el Presidente Colom y pudieron intercambiar puntos de vista sobre este que, sin duda, es un tema y que preocupa a ambas naciones: el tema de la seguridad.
Desde entonces anunciaron la importancia de trabajar unidos para fortalecer la cooperación binacional en materia de seguridad y para hacer de la zona fronteriza que nos es común una tierra de oportunidades.
También nos instruyeron a los funcionarios federales de ambos países a relanzar este mecanismo de cooperación bilateral y hacerlo mucho más operativo; pasar simplemente de los lineamientos estratégicos a hacerlo más operativo para que dé los resultados previstos y de eso se trata precisamente esta reunión y este relanzamiento y además esta ampliación en perspectiva, en visión, en objetivos, en integralidad, de este mecanismo que a partir de ahora es el mecanismo del GANSEF.
Estamos absolutamente claros que un problema que se tiene en común entre dos países, donde no existe para los grupos criminales y delictivos la frontera, debe ser atendido con una perspectiva precisamente común y debe ser resuelto en plena coordinación y así será a partir del establecimiento de este mecanismo.
Se trata de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de seguridad de nuestros respectivos pueblos y de que pongamos toda la capacidad de cada uno de nuestros gobiernos, las herramientas, las capacidades materiales, humanas, tecnológicas con las que contamos cada uno de los países al servicio de este objetivo, insisto, que nos es común y que habremos de trabajar de manera coordinada.
-MINISTRO FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ IRUNGARAY: Vamos a proceder a preguntas, por la premura del tiempo procederemos a dos preguntas por parte de periodistas mexicanos.
-Buenas tardes. Señor Secretario de Gobernación, ¿podría ser un poco más preciso diciéndonos en qué consiste este relanzamiento? ¿Qué tipo de coordinación habría o qué innovaciones habría para fortalecer la seguridad en esta zona fronteriza?
Una segunda pregunta: el Director del CISEN declaró hoy al Financial Times sobre la posibilidad de que el narco hubiera penetrado en las campañas políticas de algunos legisladores mexicanos.
Quisiera saber su posición al respecto.
-SECRETARIO MOURIÑO TERRAZO: Sobre el primer punto, se trata de ampliar el alcance del GANSEF, hacer de este un enfoque mucho más integral que tiene que ver con el sentido social y desarrollo económico de ambos países y que ya no solamente está delimitado a la zona fronteriza, que era la perspectiva original con la que se creo, sino que ahora abarca la seguridad en las dos naciones, entre otras cosas, y será puntualmente especificado en el documento que se ha de repartir donde vienen la totalidad de los acuerdos.
Pero básicamente es cambiar a una perspectiva mucho más integral que tiene que ver con el desarrollo, asimismo, integral de la zona y con la seguridad de las dos naciones; y también pasar de lo que es más general, que son acciones estratégicas o perspectivas estratégicas, líneas estratégicas, a líneas concretas de acción para llegar a lograr los objetivos propuestos.
Sobre el segundo punto, simplemente reiterar nuestro absoluto respeto al Congreso Mexicano, a cada uno de sus integrantes.
Decir que desde nuestra perspectiva no hay más que un ánimo de seguir construyendo y trabajando con el Congreso Mexicano y que en todo caso, se ha hecho referencia a los intentos que pudiera haber de grupos criminales por debilitar a las instituciones de nuestro país.
Y precisamente, ante ello, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta y coordinada para fortalecer estas instituciones y evitar cualquier riesgo.
A la fecha no existe indicio sobre algún caso en concreto o en particular, si lo hubiese ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley y simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México.
-Señor Ministro, señor Secretario, muy buenas tardes.
¿Se tiene ya conocimiento o ya se planteó cuál será la primear acción conjunta que van a llevar ambos Gobiernos?
-MINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ IRUNGARAY: A corto plazo se iniciará un plan piloto de un operativo conjunto sobre varios temas generales que tienen que ver con tráfico de personas y con tráfico de vehículos.
En temas concretos, repito, a corto plazo se hará un plan piloto para poder establecer indicadores, evaluarlos y establecer un plan de acción que nos permita avanzar en la cooperación puramente operativa.
-Buenas tardes. Preguntarle al señor Secretario a ver si nos puede compartir algunos datos, cifras concretas
¿Va a haber alguna inversión específica por parte de las dos naciones en este relanzamiento, sobre todo en materia de seguridad, si habrá más elementos de uno y de otro lado, si habrá interacción?
Y también si nos puede compartir algunas cifras, por lo menos de tráfico de personas que pudiera existir en esta frontera o de índices delictivos que se están dando a través de la misma. Por una parte.
Por otro lado, preguntarle con respecto al panorama nacional donde el ex presidente de su partido ha hecho declaraciones muy duras en su nuevo libro y ha dicho o ha llamado con un calificativo fuerte (inaudible) a algunas personas cercanas al Presidente.
¿Quisiera saber qué opinión le merecen estas expresiones y sobre todo estos calificativos del ex presidente del partido?
-SECRETARIO MOURIÑO TERRAZO: Con respecto al primer punto, hay acciones específicas que estamos llevando ya a cabo cada uno de los Gobiernos de su lado de la frontera.
Lo interesante aquí es la forma de conjuntarlo y hacer un solo plan de acción, como bien has dicho, para que estas acciones específicas sean mucho más complementarias una de otra y mucho más funcionales.
En nuestro caso estamos ya haciendo un programa para dignificar las estaciones migratorias, invertir fuerte en ellos, hacer los espacios realmente funcionales para los efectos de la migración ordenada y también para los efectos propios de las estaciones migratorias, entre otras cosas.
Y aquí también tenemos ya un plan para poder hacer de la zona fronteriza de nuestra región sur-sureste del país y la zona fronteriza un espacio más seguro. En ello estaremos trabajando, a raíz de este mecanismo, con el gobierno guatemalteco.
Respecto al segundo punto, son opiniones que, ya hemos dicho, no compartimos. Desde nuestra perspectiva, nuestra visión de lo ocurrido durante la campaña y transición es distinto de las opiniones propias de quien las ha expresado y simplemente decir que no las compartimos y que en muchos casos, en casos particulares de señalamientos hacia el equipo de campaña y transición son actualmente imprecisas.
-MINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ IRUNGARAY: Muchísimas gracias por su presencia.

Comunicado de su visita;

Se reúne el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con el GANSEF, durante su visita a la República de Guatemala
Guatemala, a 14 de julio de 2008 Boletín No.179-14/07/2008

El día de hoy, se llevó a cabo en el puerto fronterizo, Ingeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga, la V Reunión Ministerial del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) México-Guatemala. El encuentro fue presidido por el Secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y el Ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez Irungaray, contando con la presencia de la Canciller de México, Patricia Espinosa, quien participó en calidad de testigo de honor, además de representantes de las dependencias federales de ambos países que conforman los subgrupos de trabajo: Migración, Derechos Humanos y Asuntos Fronterizos; Seguridad Internacional y Terrorismo; Delincuencia Organizada y Cooperación Jurídica; Seguridad Pública; y Aduanas.

Esta reunión cumple con el mandato de los Presidentes Felipe Calderón y Álvaro Colom, quienes a principios del año instruyeron a sus respectivos gobiernos a fortalecer y ampliar las funciones del GANSEF para incluir todos los temas que incidan en la seguridad de ambas naciones.
En este sentido, los titulares de Gobernación firmaron un Memorándum de Entendimiento que formaliza la voluntad de los gobiernos de México y Guatemala con objeto de fortalecer y ampliar las funciones del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) a los territorios de ambos países y cambiar su denominación por la de Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) México-Guatemala.
Las conclusiones de los subgrupos de trabajo que sesionaron durante la VIII Reunión Técnica del GANSEF realizada el 12 de julio en las mismas instalaciones, comprometieron acciones tanto para reforzar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, como para capacitar al personal de cuerpos de policía e implementar los mecanismos de control de confianza indispensables en el combate a la impunidad y a la delincuencia organizada. Especial relevancia tienen los esfuerzos que ambos gobiernos emprenden para intercambiar información e inteligencia que permita incrementar la eficacia de los operativos de seguridad. Asimismo, se comprometieron a realizar acciones para modernizar el funcionamiento aduanero y facilitar los flujos ordenados de personas y mercancías.
Durante la reunión, el Secretario de Gobernación, Mouriño Terrazo dijo que "el Gobierno del Presidente Felipe Calderón tiene la firme determinación de hacer de la zona fronteriza del sur de México, un polo de desarrollo social, económico y cultural, donde se respete el Estado de Derecho, se garantice la seguridad pública y se ordene con criterios sencillos el flujo migratorio característico de la región, dando un trato digno y humano a todos los migrantes."
De igual, forma señaló la importancia de la reciente aprobación del Congreso, a las reformas de la Ley General de Población para despenalizar la migración indocumentada dentro del territorio nacional, así como en la puntual aplicación de Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
El Secretario Mouriño, Destacó "los logros del Programa de Migración para la Frontera Sur de México, que facilita la documentación y protección de los derechos humanos de los migrantes; y el Programa de Dignificación de Estaciones Migratorias que garantiza la seguridad y la convivencia armónica de las personas durante su estancia temporal."
Finalmente, el titular de la Segob, sostuvo una reunión privada con su homólogo, Francisco José Jiménez Irungaray, donde conversaron de diversos temas de la agenda bilateral en materia de seguridad y migración.
Al término de la gira de trabajo, el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, visitó la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, donde realizó un recorrido acompañado por el Gobernador del Estado, Juan Sabines; la Canciller Patricia Espinosa; la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda; Cecilia Romero Castillo, titular del Instituto Nacional de Migración; en otros funcionarios de los gobiernos Federal y Estatal.

César y Gafas supuestos traidores

Gerardo Antonio Aguilar Álías César niega haber traicionado a las FARC, como lo die un comunicado de l Secretariado.

César, ha declarado al fiscal investigador que "que en ningún momento traicionó a las FARC". "Todo el mundo sabe que [el rescate] fue producto de una inteligencia militar sumamente avanzada, sobre todo en la interceptación de las comunicaciones telefónicas", aseguró el detenido.
César fue detenido junto con Alexander Farfán Suárez, alias Enrique Gafas, en la operación en la que el Ejército colombiano liberó a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, a los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves y a once militares y policías colombianos.
El pasado viernes, tras conocer el comunicado de las FARC, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, restó importancia a la declaración de la guerrilla e insistió en que se trató de "una operación impecable", además de pedir a los insurgentes "aceptar la derrota con dignidad".

Agencia EFE

La cariatura de Obama

La revista New Yorker, publica una caricatura de masl gusto del candidato demócrata a la presidencia de EE UU Barack Obama vestido de musulmál; la ilustración del número se titula "La política de miedo, y fue hecha por Barry Blit.

En el dibujo, Obama aparece luciendo ropas musulmanas tradicionales en tanto su esposa, Michelle, está vestida con ropa de combate, botas y un rifle de asalto. El decorado de fondo es la Oficina Oval de la Casa Blanca. En la chimenea, arde una bandera norteamericana, y encima de la repisa de la chimenea hay un retrato de Osama bin Laden.
"The New Yorker puede pensar, como nos explicó uno de los miembros del personal, que la portada es una sátira de cómo los críticos de la ultraderecha han tratado de caracterizar al senador Obama", dijo Bill Burton, vocero de la campaña del senador por Illinois. "Pero la mayoría de los lectores la consideran insultante y de mal gusto.

El director de la revista, David Remnick, dijo en un comunicado al periódico the Daily News en Nueva York que quedó sorprendido por la reacción. La portada "combina una serie de imágenes fantásticas acerca de los Obama y muestra las obvias distorsiones (de esas imágenes)", dijo. "Parte de lo que hacemos es una sátira. Y la intención es ventilar asuntos de manera pública, poner un espejo que refleje el absurdo", señaló el director de la publicción. http://www.newyorker.com/

The New York Times señala que si Obama llega a ser elegido, en su primer día como presidente dará a los militares una misión: acabar con la guerra en Irak. En el artículo de opinión, titulado Mi plan para Irak, Obama insiste en que puede retirar "a salvo" las tropas estadounidenses en 16 meses. "Eso sería en el verano de 2010, dentro de dos años, y más de siete años después de que empezó la guerra".

El senador por Illinois también ha escrito que su país ha gastado en Irak cerca de 200,000 millones de dólares más de los que había presupuestado, en una guerra que ha dejado más de 4,000 estadounidenses muertos. "La buena noticia es que los líderes de Irak quieren tomar responsabilidad de su país", dice Obama.

El artículo es publicado tras las duras críticas de su rival republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, John McCain, quien lo ha acusado de no visitar Irak desde 2006 y de cambiar su posición sobre la guerra en ese país. Obama, sin embargo, afirma que se opuso incluso antes de que ésta empezara.

Obama, viajará en unas semanas a Irak y Afganistán; este martes 15 de julio dará un discurso en Washington, en el que hablará sobre la estrategia global estadounidense.

Declaraciones al Financial Times

Advierte Cisen riesgo de que narco se infiltrara en el Congreso
Nota de la redacción EL UNIVERSAL.com.mx, 14 de julio de 2008
Guillermo Valdés, director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, aseguró que las instituciones democráticas del país están bajo la amenaza de poderosos cárteles de las drogas, según una entrevista del Financial Times
El director del CISEN, Guillermo Valdés, advirtió que existe un riesgo de que los cárteles de la droga hayan infiltrado las campañas de algunos legisladores. "El Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de algunos legisladores)", señaló el funcionario en una entrevista publicada por el Financial Times. (la nota completa en ingles abajo)

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Reacciones:

La Diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, rechazó categóricamente el señalamiento que ubica al Congreso de la Unión dentro de la esfera de influencia de los cárteles de la droga. “Son declaraciones difamantes que ponen en duda la honorabilidad del Congreso de la Unión. No hay ningún indicio que permita hacer el señalamiento de que el dinero de las drogas haya estado vinculado en las campañas electorales de algún diputado federal que integra la LX Legislatura”, señaló tajantemente.

“Ésta forma parte de la serie de ataques que ha hecho el señor Valdés a los legisladores de la República, y no lo vamos a permitir. Si se tienen elementos que prueben su dicho, que los presente a las autoridades correspondientes”, dijo.
En tanto, el coordinador de los diputados federales del PAN, Héctor Larios -en efecto-, reconoció que existe la posibilidad de que el narco esté infiltrado en el Congreso mexicano, sin embargo, aceptó que no hay ningún elemento que en este momento involucre a cualquiera de los 500 diputados o de los 128 senadores.

Larios reconoció -en entrevista con El Universal-, que siempre ha existido esa posibilidad en general, pero no hay un dato en particular que lo confirme. Larios pidió (a Valdez Castellanos ser cuidadoso con este tipo de declaraciones.

Nota de Jorge Octavio Ochoa
El Universal, Ciudad de México Lunes 14 de julio de 2008 15:57
El líder del Senado de la República, Santiago Creel, y el presidente de la Comisión de Justicia de esa misma Cámara, Alejandro González Alcocer, exigieron al director del Cisen "pruebas" de sus declaraciones.

Quien hace una afirmación así de grave, está obligado a probar sus dichos, coincidieron ambos, al tiempo que los senadores del PRI, Mario López Valdez, y del PRD, Tomás Torres, advirtieron que esto revela una intención manifiesta para influir en los comicios federales del próximo año, en los que el PAN busca "de manera desesperada" mantener la mayoría.
Creel dijo que las aseveraciones del funcionario ponen en duda a uno de los tres Poderes, mientras que González Alcocer se dijo "sorprendido".
En su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que el funcionario podría ser citado nuevamente a Comisiones del Congreso para que explique el origen de los datos que sustentan sus revelaciones al Financial Times.
En tanto, el priista Mario López Valdez lo consideró una revancha.
"Como que no le agradó el punto de acuerdo donde se solicita su remoción. Quiere lastimar al Poder Legislativo; lo único que le pediría es que de nombres y de qué partido son".
" ¿Por qué hace señalamientos sólo hacia el Poder Legislativo si el Ejecutivo también se eligió en el 2006?", cuestionó el senador por Sinaloa.
Estas declaraciones "nos dan la razón para afirmar que realizó actos de espionaje ya que sus investigaciones fueron mucho más allá de lo que era público", enfatizó.
El senador zacatecano, Tomás Torres, del PRD, advirtió que el director del Cisen sólo busca desviar la atención y tender una cortina de humo sobre el espionaje que realiza dicho organismo, "para torcer, para utilizarlo en cuestiones políticas, esa es la realidad".
"De lo contrario tendrá que decir a quiénes se refiere, para no dejarlo solamente en imputaciones. Pone en duda la integridad de los legisladores", subrayó
A nombre de la Cámara de Senadores, Creel advirtió que "poner en duda al Congreso, sobre todo en una materia tan delicada, tan seria, en donde todos debemos estar unidos para combatir al narcotráfico, es algo que perjudica al Congreso.
"Y en la medida en que se hagan afirmaciones de esa naturaleza sin hacer la especificación o la individualización que merece un caso de esta naturaleza, me parece que es un equívoco"
- ¿Se deben presentar pruebas?
- Yo creo que si tienen algún indicio o prueba de que alguna campaña fue financiada por el narcotráfico, tienen el deber y la obligación, no solamente de decirlo, sino de hacer la denuncia, y por supuesto de llegar hasta las últimas consecuencias de ello.

En tanto, José Manuel del Río Virgen, presidente de la comisión de Marina de la Cámara de Diputados, señala que el director del CISEN está obligado a señalar los nombres de quienen han recibido apoyo de cárteles (Nota de Ricardo Gómez El Universal Ciudad de México Lunes 14 de julio de 2008 14:09)

"Una aseveración de tal magnitud de parte de Guillermo Valdés mancha a todo el Congreso", dijo. "Donde tengas dudas, hayan encontrado evidencias de financiamientos ilícitos o ya tengan la certeza de la infiltración del narco en las campañas de legisladores, el CISEN está obligado a señalarlos", recalcó.
Del Río aseguró que por parte de los legisladores, el CISEN y los aparatos de inteligencia tienen todo el apoyo para combatir a los cárteles de la droga.

Desmiente Mouriño declaraciones de titular del Cisen

El secretario de Gobernación, aclaró que hasta la fecha no existe ningún indicio de un caso en concreto o en particular de que el narcotráfico haya infiltrado las campañas políticas, y expresó sus respeto al Poder Legislativo.
En conferencia de prensa, celebrada en Guatemala, dijo que hasta la fecha no existe ningún indicio de un caso en concreto o en particular sobre el tema. Mouriño Terrazo advirtió que si se tuvieran indicios, "ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley. Simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México".

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La nota en The Financial Times,

Drugs cartels targeting Mexico's democracy, says intelligence chief
By Adam Thomson in Mexico City
Published: July 14 2008 03:00
The head of Mexico's intelligence service has warned that the country's democratic institutions, including the national Congress, are under threat from powerful drugs cartels.
In one of the frankest admissions yet from a leading authority of the scale of the problem confronting Mexico, Guillermo Valdés, head of Cisen, the government's intelligence organisation, told the Financial Times and a small group of foreign media recently: "Drug traffickers have become the principal threat because they are trying to take over the power of the state."
Mr Valdés said the gangs, which have grown wealthy from the multibillion-dollar drugs trade, had co-opted many members of local police forces, the judiciary and government entities to create local structures to protect their business.
Those efforts, he said, could now also be targeting federal institutions such as Congress itself. "Congress is not exempt . . . we do not rule out the possibility that drug money is involved in the campaigns [of some legislators]," Mr Valdés said.
His comments come as George W. Bush, US president, this month signed into law the Merida Initiative, an aid package that will provide $400m of anti-narcotics assistance to Mexico this year.
The aid will provide Mexican authorities with helicopters, training and surveillance equipment, among other things. It is believed Cisen will receive only about $20m of the assistance.
Violence resulting from Mexico's drugs war has climbed to alarming levels. According to figures that the government's public security cabinet is expected to release this week, there were 443 drug-related murders last month alone.
That is by far the highest monthly tally since Felipe Calderón, Mexico's president, declared war against organised crime when he took office in December 2006.
Mr Valdés' remarks on the threat to Mexico's national Congress come as some of its members have expressed outrage at the discovery last month that Cisen had hired a private company to investigate their movements.
Mr Valdés defended the decision, arguing the investigations were within Cisen's legal remit. However, he said it was still far too early to tell whether the drugs cartels had managed to co-opt any of Congress' members. "Those types of investigations are only just beginning," he said, but added: "It is a real risk."

Sobre Marcos Castillejos

Columna PLAZA PÚBLICA /Miguel Angel Granados Chapa,

El inseguro entorno de García Luna

Publicado en Reforma, 13-Jul-2008;

Aunque era un litigante que de manera formal carecía de vínculos directos con la seguridad pública y la procuración de justicia federales, el asesinato del abogado Marcos Castillejos Escobar está siendo averiguado en la Procuraduría General de la República y no en la del Distrito Federal como correspondería a su condición de homicidio común. La decisión se tomó quizá por la relación de la víctima con el secretario Genaro García Luna, en cuyo entorno han ocurrido otras muertes violentas en los meses recientes.
Castillejos Escobar fue defensor del hoy secretario de Seguridad Pública cuando el titular fundador de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, acusó en 2001 a ex jefes de la Policía Federal Preventiva (de que García Luna fue responsable del área de inteligencia) de irregularidades administrativas en la adquisición de equipo. A la eficacia profesional de Castillejos Escobar se agregó, para la exoneración de García Luna, el que el general Rafael Macedo de la Concha lo designara director de la naciente Agencia Federal de Investigación (AFI). García Luna había sido colocado de ese modo en una posición inverosímil: si en vez de quedar libre de imputaciones se hubiera ordenado su aprehensión, él mismo habría tenido que hacerse cargo de consumarla como parte de sus funciones al frente de la policía ministerial.

Marcelo

El antipático y sus lealtades/Jesús Silva-Herzog Márquez

Publicado en Reforma, 14/07/2008;

Larguirucho y distante, el alcalde de la Ciudad de México tiene la gran virtud de no pretenderse simpático. De sangre espesa, no va todos los días a la pesca de risitas ni abrazos solidarios. No es un repartidor de mimos y ocurrencias. No habla para agradar, no se disfraza con la ropa del entorno ni simula austeridad de monje. No lo veo camuflándose para volverse cualquiera de nosotros. Su personaje público es tosco y remoto. En su hosquedad, sin embargo, hay algo refrescante. La política se ha vuelto en todas partes una derivación del entretenimiento. Y el pasatiempo consiste en contemplar políticos simulando una emotiva sencillez. Políticos que se disfrazan de militares, dan palmaditas en la espalda, besuquean niños y se conmueven con el dictado del apuntador. Tal parece que, para tener éxito, los gobernantes han de ser graciosos y entretenidos -aunque sean una nulidad para todo lo demás. Sumisos ante el dictado de la imagen, suelen cuidar más el peinado que la decisión. El alcalde de la ciudad no es competidor de ese torneo. No busca el trofeo al político más afable y sencillo. Tiene bajo la mira otro propósito: plantarse como un político serio y profesional.
Las semanas recientes llevaron a crisis al gobierno de Marcelo Ebrard. Su reacción ante los crímenes de la Nueva Atzacoalco muestra la seriedad y los límites de su política. Destaco en primer lugar el reconocimiento de los hechos. La tragedia no fue inscrita en una oscura conspiración; la atención de prensa no fue tachada de amarillista; no se describieron los hechos como una anécdota aislada y menor. Del alcalde de la ciudad recogimos de inmediato el reconocimiento de que los hechos eran graves y que la responsabilidad del gobierno era innegable. Frente a nuestra avestrucina clase política, la actitud es muy agradecible.
El alcalde reconoció de inmediato la gravedad de lo acontecido pero no reaccionó por impulso. No tomó una decisión arrebatada para alimentar a la opinión canina. En la prensa se exigían determinaciones fulminantes pero el alcalde resistió la fiereza de las demandas. Al hervidero respondió con frialdad. No actuó con precipitación, a pesar de que el clima gritaba por una decisión inmediata y tajante. Tampoco perdió el tiempo. El reloj permitió que las instituciones hicieran su trabajo y que éste fundara una decisión de gobierno. El profesionalismo de la comisión local de los derechos humanos, la severidad de sus conclusiones y la vastedad de sus críticas llevaron a una decisión que no fue el manotazo espectacular de un reflejo, sino una decisión bien sopesada que pretende reconstruir la estructura policiaca de la ciudad. Los resolutivos del alcalde parten de una saludable autocrítica. Pero se trata, desde luego, de una autocrítica selectiva que desestima las denuncias más graves del Defensor de los Derechos Humanos. El ombudsman capitalino no solamente apuntó la criminal impericia y los nefastos abusos policiacos. También denunció los intentos de la dependencia policiaca y de la fiscalía por ocultar la verdad y por sesgar políticamente la investigación. El alcalde no respondió a esas severísimas acusaciones dirigidas a la primera línea de su gobierno.
De cualquier modo, a diferencia de lo que han hecho muchos gobernadores de distintos partidos cuando enfrentan una crisis, el alcalde removió a los funcionarios involucrados con el operativo fatal. La incompetencia y el abuso tuvieron consecuencias políticas graves. Sin saña, pero sin entrar en connivencia con los responsables de la tragedia, el jefe de Gobierno se desprendió de funcionarios cercanos. No se empecinó en mantenerlos a toda costa ni los defenestró. El alcalde fue severo con sus colaboradores sin ser desleal. Esto último, la lealtad, es quizá la más extraña virtud en la biografía de Marcelo Ebrard. Llamado muchas veces a la traición, Ebrard no ha dejado de ser leal a sus patronos.
Esa lealtad, encomiable desde muchos ángulos, es también un fardo para el jefe de Gobierno de la capital. El alcalde serio y antipático se vuelve político sumiso e improvisado cuando pone la estructura del gobierno capitalino al servicio del caudillo perredista. Ebrard se habrá ganado el aplauso de López Obrador con su propuesta de consulta petrolera. Pero la consulta no deja de ser una ocurrencia que no se ha planteado con la seriedad indispensable. Todavía hoy no se sabe cuál es la pregunta que los ciudadanos habrían de contestar dentro de un par de semanas. Si el núcleo de toda consulta es la pregunta, que la consulta capitalina siga sin interrogante es confirmación de la poca seriedad de sus organizadores. La lealtad empuja a Ebrard a estas ligerezas.
El aplomo del alcalde para salir del trance confirma a Ebrard como un político profesional que sabe navegar en aguas alborotadas. Sin embargo, su carga de compromisos torpedea su credibilidad. ¿Es creíble su propuesta de transformación policiaca? El alcalde no es un novato en asuntos de seguridad: pocos tan responsables de la seguridad en la capital como él, quien fue jefe de la policía durante buena parte de la administración anterior. Escucharle proponer la reinvención de la policía es tan convincente como sería un presidente Gil Díaz exponiendo la necesidad de reinventar la política económica. Si Ebrard hizo poco para profesionalizar la policía cuando era su jefe, no es mucho lo que podemos esperar de esta burbuja que llama a la reconstrucción radical de los cuerpos policiacos del Distrito Federal.
Si el alcalde Ebrard ha sabido ser antipático para la gente, debería serlo también para los políticos que lo formaron.
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

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Columna JAQUE MATE/Sergio Sarmiento

El expropiador

Reforma, 14 Jul. 08

"Que se fijen a quién se lo rentan". Marcelo Ebrard

Para el gobierno capitalino la lógica es muy sencilla. Alguien tiene que pagar el costo político de la tragedia del News Divine. Qué importa si es alguien que no tiene nada que ver con el asunto: una simple familia que alquilaba un local a un tercero para que llevara a cabo una actividad económica legal y que contaba, además, con todas las autorizaciones legales necesarias.

Quizá para demostrar que es un verdadero hombre de izquierda, y por lo tanto enemigo de la propiedad privada, Ebrard se ha dedicado a expropiar predios privados desde el principio de su administración. En Tepito, en Ixtapalapa, en el Centro Histórico y ahora en la Gustavo A. Madero, el jefe de Gobierno ha utilizado la expropiación como una forma de castigo para quienes considera criminales -sin tomarse la molestia de esperar a que los jueces determinen su culpabilidad- o simplemente porque le conviene hacerlo políticamente.

Éste ha sido el caso de la expropiación del predio del News Divine. De poco sirvió que se demostrara que los dueños no eran los operadores de la discoteca. O que se haya hecho claro que los delitos y abusos que llevaron a la muerte de 12 personas el 20 de junio no los cometieron los dueños del centro de diversión sino los subordinados de Ebrard en el gobierno del Distrito Federal. O que se haya comprobado que el centro de diversión operaba con todos los permisos que requiere la ley. O que no se haya encontrado droga en el inmueble. O que el artículo 14 de la Constitución señale que "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". O que el artículo 22 de la Constitución prohíba la pena de "confiscación de bienes".

Que se cuide el que alquila, nos dice Ebrard, porque será responsable de cualquier delito que se cometa en su predio. No importa que ninguna ley prohíba alquilar una propiedad ni haga responsable al arrendador por las faltas que pudiera cometer un arrendatario. La posición del jefe de Gobierno es de una injusticia enorme. Equivale a castigar a un inocente no sólo por error, como con tanta frecuencia se hace en nuestro país, sino por sistema. Implica establecer un régimen por medio del cual se castiga a las personas por delitos que no cometieron y que nadie piensa hayan cometido.En la mentalidad de Ebrard, una empresa que arrienda automóviles sería responsable del uso que hiciera del vehículo el arrendatario. Esta política haría imposible, por otra parte, el arrendamiento de viviendas o locales comerciales. Piense usted en una empresa que le alquile apartamentos a miles de personas. ¿Cómo podría asegurarse que ninguna de ellas cometiera un delito?La discoteca News Divine tenía todos los permisos necesarios para operar. Éstos habían sido otorgados por la delegación Gustavo A. Madero, la cual, por mandato de ley, tiene todas las facultades para verificar que las condiciones de operación del lugar sean las adecuadas.¿Eran ilegales los permisos? Hasta ahora nadie lo ha demostrado. Pero si así hubiera sido, ¿por qué debe ser responsable el arrendador del local y no la autoridad que no cumplió con su deber? Si Ebrard quiere seguir castigando a presuntos delincuentes a través de expropiaciones, entonces tendría que despojar de su casa al ex delegado Francisco Chíguil.

Ya los jueces han empezado a echar para atrás esta política de Ebrard. El dueño de un predio en Regina 97, en el centro de la ciudad, un edificio con importancia histórica, ha ganado un amparo contra el gobierno capitalino en primera y segunda instancia por la expropiación que sufrió. Los tribunales han ordenado la restitución del inmueble, aunque el problema es que el gobierno del Distrito Federal ya lo demolió. El dueño de otro inmueble expropiado, éste en Santa María La Ribera, le ganó también un juicio a Ebrard por abuso de autoridad. Pero la expropiación del local del News Divine demuestra que el jefe de Gobierno quiere seguir por el mismo camino y ampliar los castigos a los arrendadores.

La nueva definición de responsabilidad legal que está impulsando Ebrard es aterradora. Sería solamente aceptable en un régimen dictatorial. El jefe de Gobierno está rechazando el principio jurídico de que la responsabilidad penal es personal. Pero si un gobierno puede castigar a un arrendador por un delito que cometió un arrendatario, cualquier persona podrá ser acusada de delitos cometidos por sus parientes, conocidos o clientes. Si lo permitimos, estaremos abriendo las puertas al surgimiento de un régimen abiertamente autoritario.

Ley mordaza

Los políticos nos dicen que la nueva ley electoral que aprobaron no viola la libertad de expresión. Los consejeros del IFE dicen otra cosa. Escribe el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE: "La compra de promocionales o programas televisivos o radiofónicos con contenido político o electoral está prohibida a los partidos políticos y a cualquier otra persona física o moral". Esto es, la censura no sólo se aplica a los partidos o a lo electoral: se ejerce contra cualquier persona física o moral por cualquier promocional o programa con contenido político. ¿No que no había censura?

La mafiocracia colombiana

A Carlos Fazio, de la embajada de Colombia; El Correo Ilustrado de La Jornada, 16/07/2008;
Señor Carlos Fazio:

Colombia es un país donde la libertad de expresión y de prensa se respeta, sin discusión. Entendemos el pluralismo como pilar esencial de la democracia, pero sus injurias y calumnias publicadas en el artículo “La mafiocracia colombiana” se convierten en ofensa a nuestro pueblo, nuestra democracia y nuestro gobierno.
La crítica es elemento bienvenido para la democracia, pero imputaciones o sugerencias basadas en supuestos falsos o en información mentirosa constituyen temeridad. La objetividad periodística es fundamento necesario para ganarse la confianza y el respeto de los lectores a los que se debe todo escritor serio. Es imperativo ético de la profesión que exige todo órgano de publicación que se respete.
Luis Camilo Osorio Isaza, embajador

La mafiocracia colombiana/ Carlos Fazio

Publicado en La Jornada, 14/07/2008;

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.
Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.
Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.
El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.
La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.
Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con el narcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

Espionaje y seguridad nacional

Seguridad nacional y espionaje/Ernesto Villanueva

Revista Proceso (www.proceso.com.mx) 1564, 13/07/2008;

El tema de la seguridad nacional se encuentra hoy en debate con motivo de la denuncia que ha formulado el senador Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que es objeto de espionaje por parte del Cisen. Las discusiones han girado en torno a aspectos inmediatistas y exteriores, no alrededor del fondo de la cuestión. Veamos.
Primero. El diseño institucional y normativo actual, paradójicamente, limita el derecho de los legisladores a saber para hallarse en condiciones de evaluar el ejercicio de programas y acciones de la administración pública federal. No obstante que son representantes de la comunidad, los legisladores tienen por ley el mismo o menor acceso que los gobernados a determinada información o documentación de las dependencias y entidades del gobierno. Resulta que los acuerdos parlamentarios para exigir ciertos datos al Ejecutivo son, en realidad, verdaderos llamados a misa porque carecen de cualquier efecto vinculatorio. La fuerza de estos acuerdos reside, si acaso, en la denuncia pública a través de los medios de comunicación. El candado se encuentra en las limitaciones para ejercer un escrutinio mayor que extrañamente siguen vivas en el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Si el Congreso no puede lo menos, lógicamente no puede lo más. Es de llamar la atención cómo la reciente Ley de Seguridad Nacional, creada en 2005 con el propósito de sujetar los servicios de inteligencia a los intereses del país y al control parlamentario, en realidad se queda en un conjunto de buenas intenciones. Se supone que los servicios de inteligencia deben regirse por “los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”. Así lo establece el artículo 4 de la citada ley. El gran problema reside en que la propia normativa no dispone de los mecanismos para verificar ese cumplimiento. ¿Quién garantiza que los servicios de inteligencia no se conviertan en herramientas para la defensa del gobierno en turno? ¿Cómo asegurar que estos organismos realmente cumplen una función de Estado y no una defensa de intereses ajenos a los legítimamente previstos para mantener el estado de derecho y la integridad del Estado nacional? La respuesta debe apuntar al Congreso.
La Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Cisen. El artículo 56 señala que “las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por tres senadores y tres diputados”. Pero todo esto es una mera ilusión óptica. La Comisión Bicamaral únicamente recibirá la información que tenga a bien proporcionarle el Cisen, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional, que prescribe: “Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos. En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”. En otras palabras, la Comisión Bicamaral prácticamente tiene las mismas posibilidades de acceso y fiscalización que cualquier ciudadano si se toman en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Tercero. La solicitada remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, quien ha logrado consenso en su contra mediante el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso para solicitar su salida de ese organismo, no podrá resolver el quid de la cuestión. Lo que debe hacerse es legislar para regular de mejor manera los servicios de inteligencia, de suerte que, por un lado, se garanticen los intereses del país y, por el otro, se respeten los derechos humanos.
Se sabe que no sólo la delincuencia organizada, sino también gobiernos estatales, sindicatos, agrupaciones e incluso algunos ayuntamientos están pertrechados por equipos de espionaje, y que existe un mercado negro de la información para todos los fines, sin más límites que la imaginación de esos operadores y sin que nadie diga ni haga nada. Por ello debe haber una normativa puntual que evite la liberalización de este discreto pero eficaz mercado que cada día crece en México y puede volverse un problema de gobernabilidad. El Cisen debe renovarse y estar sujeto a una vigilancia adecuada por parte del Congreso, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, para que algún día pueda tener el monopolio de los servicios de inteligencia del país, del cual hoy carece. Esos son los puntos finos de la agenda pendiente. (evillanueva99@yahoo.com)

La intriga de Manlio, según Espino

Atrapado y sometido
Álvaro Delgado, reportero

Publicado e la revista Proceso (www.proceso.com.mx), 13/07/2008;

Provisto de un libro que escribió en tres meses, Manuel Espino irrumpe en la escena nacional para desafiar al senador priista Manlio Fabio Beltrones, cuyo poder –acusa– le ha sido obsequiado por Felipe Calderón en una suerte de actualizada concertacesión del Partido Acción Nacional hacia las elecciones intermedias del próximo año y el relevo presidencial en 2012. En relación con sus denuncias de espionaje, ya conocidas, en entrevista con Proceso desliza el nombre del responsable: Juan Camilo Mouriño.
Dispuesto a jugarse su “capital político” con su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, Manuel Espino se rebela en una entrevista con Proceso:
“Yo no quiero ver al PRI, que Vicente Fox sacó de Los Pinos, de regreso en el gobierno. Menos quiero que, si el PRI llegase a regresar, regrese en la persona de Beltrones, pero mucho menos quiero que sea el gobierno emanado del PAN el que le pavimente el camino de regreso al PRI al gobierno de la República.”
Expresidente del PAN y actual dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en la que buscará reelegirse en noviembre del próximo año –cuando quizá ya sea diputado federal–, en su libro Espino acomete a Beltrones (“este sí es un peligro para México”), denuncia las “reverencias” del PAN-gobierno y ajusta cuentas con los “capos del calderonismo”.
–¿Se da cuenta de lo que quiere decir con “capos del calderonismo”?
–Me atengo a lo que dice el diccionario.
–El Larousse define capo como el “jefe de una organización mafiosa”. ¿Por qué utiliza ese término?
–No tengo una explicación existencial, semántica, ideológica ni política. Es una expresión que se refiere a quienes encabezan un grupo con un proyecto común y que, en ocasiones, toman decisiones que pueden ser no muy ortodoxas, que se apartan del deber ser.
Desafiante, bronco, directo, Espino recoge en su libro numerosos ejemplos de la forma en que los “capos calderonistas” actúan contra la doctrina de la que alegan ser herederos, como los métodos de cooptación y represión que usaron para retomar el control de la dirigencia del PAN a través de uno de los suyos, Germán Martínez.
“Fox había llevado el PAN a Los Pinos, ellos se encargaron de llevar al partido las prácticas del PRI”, sentencia en su libro de poco más de 200 páginas, a lo largo de las cuales compara los métodos de Beltrones como gobernador de Sonora con los empleados por los “calderonistas” para ganar el Consejo Nacional del PAN, electo en la Asamblea Nacional de León, Guanajuato, en junio del año pasado:

“Al igual que lo intentó Beltrones en Sonora, los calderonistas iban por todo, como lo venían haciendo en convenciones y asambleas locales. Primero con el Consejo Nacional que ahí se eligió y para lo que habían trabajado durante meses al más puro estilo priista: alineando alcaldes con la promesa de ‘bajar’ recursos federales a sus municipios; ofreciendo puestos o amenazando de quitarlos a quienes, teniéndolos, no cooperaran con la estrategia; distorsionando la realidad con versiones que causaban enojo contra el CEN; o simplemente recurriendo al argumento fácil de que ‘es lo que quiere el presidente Calderón’.”
Mouriño, espía
Según Espino, los calderonistas ya habían dado muestras del comportamiento delincuencial que les atribuye al llamarlos “capos”, cuando se instrumentó el espionaje contra él por designio del equipo de transición de Calderón, cuyo coordinador era Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación y a quien Espino identifica en su libro como uno de los principales orquestadores.
En la entrevista previa a la salida de su libro, efectuada la tarde del miércoles 9 en la sede de la editorial Planeta, Espino sostiene que ya se echó a andar, desde el gobierno, un operativo de ocultamiento de las investigaciones sobre ese espionaje, contenidas en una averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR).
A petición del exdirigente panista, el procurador Eduardo Medina Mora le respondió, por escrito, que no existe un expediente sobre el espionaje que, curiosamente, él mismo le había confirmado, igual que lo hicieron Daniel Cabeza de Vaca, su antecesor en la PGR y actual subsecretario bajo las órdenes de Mouriño, así como Genaro García Luna, exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual secretario de Seguridad Pública.
“El señor procurador está eludiendo públicamente el reconocimiento de datos que él mismo reconoció frente a mí. Él sí reconoció que había un expediente, que en ese expediente había información referida a mi persona, producto de lo que conocemos como espionaje”, expone Espino. Dice que el funcionario le detalló inclusive que el documento estaba en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Espino cuenta en su libro que un alto funcionario del gobierno de Fox, que se niega a identificar –aunque el reportero pudo verificar que fue Carlos Abascal, entonces secretario de Gobernación–, le informó que había un expediente sobre él en la PGR, después de que fue localizada una casa con equipo para ello en la colonia Polanco, en el Distrito Federal.
Aclara: “No sabía la versión de que algunas personas de mi partido estuvieran involucradas. Eso lo supe meses después, pero tengo la certeza de que el expediente existe”.
En su libro, escribe que no creyó en su momento que hubiera sido investigado por órdenes del equipo de transición: “Me parecían todos buenos muchachitos como para andarle haciendo al Beltrones. No los creí capaces de comprometer a ese grado a su jefe, sería una estupidez”.
Pero después, añade, se encontró con Cabeza de Vaca: “Le referí el asunto y, nervioso, me dijo que era cierto que había un expediente de esa investigación, hecha a propósito de una denuncia anónima, y que lo conservaba García Luna. Que estaba implicado un tal Carlos Nava, que trabajó para la PGR en Madrid, España. Como avergonzado por lo ocurrido, me dijo que no me preocupara, que el caso estaba cerrado y que en el expediente sólo había registro de conversaciones mías, pero nada que me pudiese comprometer. Faltaba más”.
Poco después le hizo la misma pregunta a Medina Mora y la respuesta confirmó lo dicho por Cabeza de Vaca. “En ese momento creí lo que me habían dicho al respecto. ‘Lo que faltaba’, me dije, ‘los panistas que habían llegado al gobierno, espiando a su dirigente nacional desde antes de asumir el cargo’, y me pregunté: ‘¿Qué andarán haciendo ya con órganos de inteligencia del Estado bajo su control?’ Me lo puedo imaginar”.
Ya en la entrevista, Espino revela: “García Luna, con quien hablé recientemente, me confirma que la AFI, que él dirigía, hizo un parte policiaco dando cuenta de lo que se había encontrado en esa casa y que eso detonó una averiguación previa.
“García Luna me dice: ‘No conozco el trabajo de la averiguación previa, pero sé que se hizo’. Y una vez que se abre una averiguación previa, concluya donde concluya, está a cargo de un Ministerio Público y el expediente tiene que estar por ahí, cerrado, abierto, no lo sé, pero existe.”
Dice con malicia: “Me preocupa que el procurador me diga ahora que el expediente no existe. Ahora entiendo por qué él mismo está confundido de si van ganando o van perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Anda despistado.”
–¿La solicitud la hizo con base en la Ley de Transparencia?
–No, fue una petición en la que yo le digo: “Usted me dijo que existía esto y yo quiero acceso a ella, quiero ver cómo la recupero. Es información mía”. La respuesta por escrito no honra la verdad y es muy pobre para venir del procurador de la República.
–¿Qué tanto tuvo que ver Mouriño con esto?
–La versión que yo tengo es que tuvo mucho que ver, pero no lo sé. Él también ya me contestó y me dice que no conoce nada al respecto.
–¿Le cree usted?
–No.
El montaje de León
Espino había decidido tomarse como “años sabáticos” los cuatro que le quedan a la gestión de Calderón, justamente quien lo envió a Sonora para enfrentar a Beltrones, que había cooptado al PAN, pero decidió retornar a la política nacional sin descuidar su gestión en la ODCA, que concluye en noviembre del próximo año:
“Les había dicho a muchos amigos que tres años son más que suficientes para estar al frente de esa organización, pero vamos a considerar la posibilidad de mantenernos un tiempo más prolongado.”
–¿Ve entonces la posibilidad de reelegirse?
–Así es.
–¿Eso implica desistir de volver a la política nacional, por ejemplo como diputado federal?
–No, podría ser diputado federal y estar en el trabajo internacional. ¡Pero no estoy diciendo que voy a buscar ser diputado federal!
–Pero si lo invitan, ¿acepta?
–Veo muy difícil que me inviten. Y después de que se publique el libro, lo veo más difícil todavía.
Manuel Espino asegura que no ha hablado con Calderón sobre el libro, pero tenía previsto hacerlo, “como una atención”, antes de la “indebida, desautorizada y arbitraria” publicación que hizo el lunes 7 El Universal de una versión “descontextualizada” sobre el espionaje en su contra. “Pero si se presenta la ocasión, si es de su interés, platicamos”, agrega.
Con Germán Martínez platicó ese lunes en el CEN del PAN, junto con Abascal, secretario general adjunto, y le explicó el propósito “de fondo” del libro: “Yo quiero ayudar al presidente de México, pero no solamente se le ayuda diciéndole en todo que sí, también cuando algo no está bien se le ayuda diciendo que no, o advirtiéndole de un posible riesgo”.
–¿Germán Martínez quedó satisfecho?
–No me lo dijo.
–¿Qué hizo?
–Escuchó.
Espino no espera que nadie le agradezca o le crea ese propósito, pero insiste en que quiere cuidar a “un gobierno por el que nos esmeramos décadas muchos y logramos al fin que llegara al 2000 y que se ratificara en 2006. Yo he dejado parte de mi vida en ese esfuerzo. Entonces quiero cuidar el esfuerzo mío y el de muchos panistas para que el gobierno emanado del PAN no le regrese al PRI la estafeta”.
También, explica el controvertido político nacido en Durango, pretende “ayudar a los panistas que han hecho laxa su militancia a que retomen el camino de la congruencia (y) que no por ganar un espacio coyuntural, una posición, cedan en los principios”.
Evoca lo que le “molestó” a Calderón: “Dije que más que preocuparnos por ganar el gobierno sin perder el partido, como él decía, debiésemos preocuparnos por ganar el gobierno sin perder los principios”.
En Señal de alerta... Espino recuerda que en la elección para delegados a la Asamblea Nacional, en León, los “capos calderonistas” usaron el gobierno para comprar voluntades (“la nómina oficial le ganó una batalla a los principios”) y que Calderón no hizo nada para “evitar el bochornoso espectáculo” de “una turba frenética alentada desde Los Pinos y movida sin recato por los autonombrados calderonistas (que) me abucheaban e insultaban con palabras huecas mientras leía mi mensaje en tribuna”.
Apunta: “No se trataba de mí, sino de la institución a la que él pertenece y de la que fue jefe nacional; de ‘cuidar al partido’ y no sentar el precedente de permitir que se percibiera siquiera, como fue, que desde el gobierno, en reeditada actitud oficialoide, había salido la instrucción de presionarme para que dejara la presidencia de Acción Nacional”.
Espino, quien dice que tantas batallas le han “endurecido el pellejo”, asegura que esa maniobra fue preparada. Sobre Mouriño enfatiza: “No tengo la menor duda, estaba involucrado”.
–¿Calderón sabía de esa maniobra?
–Es evidente que la toleró. Él estaba en la asamblea. Él pudo haber dicho “señores, momento”, y todo el mundo lo hubiera atendido. Lo dejó correr, eso es evidente. Él estaba ahí. Pero no sé si lo sabía de antemano.
–¿Ha tolerado otras?
–Muchas, muchas. No hace muchas horas que a alguien muy cercano al presidente le dije: “Se han tolerado muchas cosas”.
Recuerda también que se le acusó de querer boicotear la gira de Calderón a España, lo cual aclaró con él personalmente, “pero lo toleraban o algunos hasta lo alentaban, como pasó con el tema Cuba o Venezuela, o con otros. Sí, hay un pecado de omisión, porque a lo menos a lo que estamos obligados entre nosotros es a la solidaridad”.
Su opinión sobre Calderón está en el libro: “Da la impresión de haberse desplazado del doctrinarismo tradicional, donde siempre se había colocado, hacia el eficientismo, con el riesgo de asemejarse demasiado a sus pragmáticos adversarios. Ojalá sea sólo una percepción”.
Otro “peligro para México”
El libro de Manuel Espino es prolijo en información sobre las desviaciones doctrinales de quienes ahora controlan el PAN y acerca de Beltrones, con quien los “calderonistas” se han colocado “en la misma sintonía”.
“Casi reverenciado hasta por funcionarios del gobierno calderonista, no hay duda de que (Beltrones) conserva su capacidad para el sometimiento de voluntades, aun de hombres con mayor poder formal que él pero con menor influencia de facto, lo que le ha merecido el sambenito de Vicepresidente.”
Y es que, dice, hay en el gobierno panistas que temen a Beltrones y “lo que más preocupa es que, por temor, pueden facilitarle el acceso a la Presidencia de la República”. Pero también ocurre en el Congreso: “Dicen que es un interlocutor válido, respetable. Ya le bajaron algunas rayitas. De temible pasó a respetable”.
Pero Manlio Fabio Beltrones no es invencible, asegura Espino, quien fue delegado del PAN estatal cuando el PRI pasó del primero al tercer lugar en población gobernada. El sonorense, dice, tuvo que “arrebatarnos la gubernatura, que estoy seguro que ganamos”.
Insiste: “Con todo lo tramposo y todo lo perverso que es en el uso del poder, se le puede ganar. No hay necesidad de concesiones, de consideraciones exageradas, ni hay necesidad de negociar siquiera con él, y menos cuando hoy la posición de fuerza se supone que la tiene el PAN, porque él es un senador de un partido que es oposición, no está en el gobierno, y además de un grupo que no es el mayoritario en la Cámara de Senadores y además cargando sobre sus espaldas un desprestigio impresionante. ¿Por qué tantas concesiones?”.
–Porque ya hay una concertacesión, según escribe usted…
–No lo sé. Lo que yo no quisiera es que nuevamente, en una posición de desventaja, Manlio asuma el control de voluntades ajenas porque les sabe algo, porque les conoce algo. Espero que no sea el caso. Esa es la maestría, el doctorado, la cátedra en la que es sabio Manlio Fabio: de la intriga, del manejo de la información que hace vulnerables a sus adversarios.
Según Espino, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. “Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad”.
–Escribe usted que Beltrones apoya e intimida a Calderón…
–Sí, claro. Ha usado una frase intimidatoria: le pide al presidente que amarre a sus perros. No sé a quiénes se refiere, pero yo creo que los que tiene el presidente los tiene bien amarrados y los tiene cuidando la parcela de Beltrones.
–¿Custodiando el proyecto político de Beltrones?
–Sí, sí.
–¿Como el secretario de Gobernación?
–No sé a qué perros se refiere Manlio.
–Pero usted dice que son los que están cercanos a Calderón…
–A los que el presidente, evidentemente, puede amarrar.
–¿No se siente usted aludido?
–¡Ni yo me puedo amarrar solo!
–Beltrones le llama a usted “cuervo” del que debe cuidarse Calderón.
–¡Esa frase me encantó! ¡Es extraordinaria! Primero, afloró el temperamento delicadísimo de Manlio, mordió el anzuelo más rápido de lo que yo esperaba. Me decepcionó un poco. Yo creía que a 12 años de distancia había superado ese temperamento tan primario, y no. Es el mismo Manlio que conocí cuando llegué a Sonora.
“Me da un poco de risa, porque yo creo que el que realmente le puede sacar los ojos al gobierno, al presidente, a la política mexicana, a su partido, al país mismo, es el senador Beltrones.”
– “Un peligro para México”, dice usted…
–¡Ese sí! Hombre, el que se decía o se dice que es o era un peligro para México… yo en su momento apoyé esa frase de los encargados de la campaña del PAN, había que apoyarla, pero realmente así, un peligro-peligro, un peligro para México, Andrés Manuel (López Obrador), no. ¡Éste (Beltrones) sí es un peligro para México!
Y retoma verbalmente un episodio de su libro en el que describe cómo Beltrones es capaz de todo: en 1998, en vísperas de asistir a una sesión del Consejo Nacional, en la Ciudad de México, le llamó por teléfono para encontrarse en un café de Hermosillo para proponerle a Calderón, a través de Espino, un pacto para “descarrilar” la precandidatura presidencial de Manuel Bartlett a cambio de darle poder al PAN en Puebla, maniobra que no fructificó.
Ya en la Ciudad de México, Espino le dijo a Calderón: “Habló Manlio y me propuso esto para trasmitírtelo. La idea era descarrillar a Manuel Bartlett a como diera lugar”.
–¿Esa fue una expresión textual de Beltrones?
–No, la expresión textual fue que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Porque hasta le pregunté: “A ver, explícame, ¿a qué te refieres con eso de ‘lo que sea necesario’?” Se me acerca, me agarra del brazo y me dice: “Lo que sea necesario”. ¡Ay, güey! Eso dicho por Manlio tiene una connotación muy fuerte.
–Le va a dar gusto a Bartlett saberlo…
–Yo creo que Bartlett sabe eso y sabe más cosas. Son viejos conocidos.

***

La amenaza elegante/ Manuel Espino
Del libro del exdirigente nacional del PAN Manuel Espino, que la editorial Planeta pondrá en circulación próximamente, reproducimos aquí el texto de la Presentación, escrita por el propio autor.
Hoy nos toca a los panistas demostrar que entre la eficacia política y la congruencia doctrinal no hay absolutamente ninguna diferencia, y que podemos honrar orgullosos la memoria de quienes fundaron, hace sesenta años, el Partido Acción Nacional.
Carlos Medina Plascencia, 1999
Apenas transcurre el segundo gobierno federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y, sin haberse consolidado la democracia mexicana todavía, ya son muchas las voces que expresan una opinión de advertencia para los panistas: el PAN aprendió demasiado rápido las mañas del PRI.
En la ruta hacia la sucesión presidencial de 2012, lo que parece ser un descuido en la acción del partido actualmente podría significar el término de la era panista en el gobierno de la República, con el riesgo que ello significa para el país. No lo digo por maniqueísmo, pues siempre he considerado que la política limpia no sólo es posible en el PAN, donde también está la condición humana. He conocido priistas que ya los quisiera en mi partido; y conozco panistas que no se los deseo ni al PRD.
Al presidente de la República, sea quien sea, hay que apoyarlo sin reservas en tanto jefe de Estado que es y en todo cuanto sea para bien del país, sólo en eso. Este es el pensamiento del PAN y está de más decir que ha sido consistente en ello, sobre todo tratándose de un mandatario surgido de sus filas. Pero hay que sincerarse con él si es preciso; cuando, derivado del análisis o de los resultados de su gestión, se justifique hacerle ver que se equivoca o que puede cometer un error. También en los casos en que le falle su equipo, aunque sólo él tenga la responsabilidad de integrarlo.
Si a México le va bien, le va bien al gobierno, en ese orden debemos razonar nuestras decisiones, no al revés. Por tanto, por corresponsabilidad, la comunicación con el titular del Ejecutivo y su partido debe ser un diálogo de doble vía, sin miedo, para evitar el riesgo de que el segundo se convierta en receptor y ejecutor incondicional de las instrucciones del primero, y aquél cometa errores en perjuicio del país sin orientación alguna. Lo que hay que hacer o decir para dar concordancia a los fines con los medios y lograr el propósito superior de consolidar nuestra frágil democracia, debe hacerse o decirse, sin vacilar, sin miramientos. Este libro es un intento de ello.
Acción Nacional no debe ignorar su obligación de ser congruente con cuanto ha predicado durante siete décadas. La hipocresía disfrazada de prudencia no es un papel que le pertenezca en la política mexicana, ni debe apropiárselo por alcanzar premios de vencedores por caminos fáciles. Tampoco le corresponde el sometimiento al gobierno, que ha sido el método del PRI, que lo convertiría en un partido oficial que no represente más los intereses de la sociedad.
Esa metamorfosis está incubándose en la desleal acción de algunos panistas autodenominados “calderonistas” que, sin visión humanista ni compromiso doctrinario, ocupan cargos públicos y están transformando al PAN en algo distinto de lo que ha sido desde su origen. En un partido del poder, un PAN-gobierno. Y lo peor: con sus errores exponen políticamente al presidente y al partido.
Para evitar un desencanto democrático al interior de Acción Nacional y una mayor decepción en el electorado, y porque el poder no es aventura intrascendente ni atribución de beneficios, y tampoco patrimonio de unos cuantos, urge que sus dirigentes formales tonifiquen la autonomía institucional frente al poder público. Lo cual no debe entenderse, como se ha hecho antes, como una confrontación entre ambas expresiones del proyecto que los anima.
Es un imperativo que así como deben mantener una estrechísima vinculación con el gobierno, entiendan que es su deber cuidar la imprescindible relación entre la ética y la política que siempre han pregonado; atajar la ofensiva predatoria contra quienes tienen una visión distinta de la aplicación de la filosofía del PAN a la de algunos militantes que se desempeñan en el gobierno, muchos de los cuales desconocen el pensamiento del partido y su oferta programática, o al menos eso parece.
Quienes dirigen esa organización que reconoce la pluralidad como cualidad inherente a la sociedad deben evitar que su estructura se hunda en la subcultura de quienes se consideran más panistas que otros; ir más allá del bizantinismo de la doctrina en los discursos y los malabarismos ideológicos. Ocuparse de exigir congruencia a los funcionarios públicos, sin solapamientos, y acreditar la propia frente al gobierno; las tesis del PAN y la doctrina que las inspira son el faro que ilumina el camino seguro.
Se necesita humildad para evitar caer en el fatalismo de Bárbara Tuchman, quien dice: “Reconocer el error, reducir las pérdidas, alterar el rumbo, es la opción que más repugna a quienes ejercen el gobierno. Para un jefe de Estado, casi no hay que pensar siquiera en reconocer un error”. Lo anterior, llegó a decir el hoy diputado Juan José Rodríguez Prats, citando a la autora, “es exactamente la actitud contraria de lo que indica la sencillez que parte del reconocimiento de que somos humanos”.
En efecto, el partido vivió diversas crisis a lo largo de más de seis décadas como oposición y pudo sortearlas con madurez. Ya en el gobierno federal, alguna vez estuvo al borde de un conflicto interno y de una debacle externa porque la esposa del entonces presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, dejó correr la versión pública de que buscaría ser candidata a sucederlo en el cargo.
Por las circunstancias prevalecientes, fue un escándalo político que se expandió con alto costo para el gobierno y para el partido. Para que volviera la calma y se desvanecieran los riesgos que ya hacían mella en el electorado, hubo que decir que eso no era posible, aun reconocido el derecho legítimo de la señora a buscar un cargo de elección popular.
Siendo secretario general del CEN, me tocó ser el vocero de ese posicionamiento exigido con razón por los panistas y por muchos ciudadanos; y no por ello fui censurado o impedido de mi interlocución con el mandamás de Los Pinos. Ni desataron una jauría en mi persecución. Prevaleció la sencillez de quien era jefe de Estado. Pero había que hacerle ver el error de no obrar antes de que se provocara una avalancha que podría haber sido imparable.
En otra ocasión, fue necesario decirle al presidente Fox que el PAN no seguiría promoviendo con sus diputados el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, principal beneficiario de aquella posición innecesaria y peligrosa, con la que no ganaba el gobierno y sí perdía mucho el partido, envuelta en una justificación legal, pero con un claro propósito político en la percepción ciudadana. Mi circunstancia de presidente nacional me puso de cara al jefe del Estado mexicano para comunicarle la posición del partido y hacerle ver lo que parecía un error.
Al principio hubo resistencia y hasta enojo, es natural, pero destacó la sensatez y al abandonar aquella posición dejamos de caer en la intención de voto, y el PRD dejó de subir. Muy pronto el tiempo y los votos nos dieron la razón. No haberlo hecho a tiempo pudo significar que la mínima diferencia con que ganamos las elecciones en 2006 hubiera sido en contra. Volvió a manifestarse la cualidad de la humildad en un hombre de Estado.
Ahora, el legítimo y justificado afán de sacar adelante las reformas que con sobrada razón promueve el presidente Felipe Calderón, por ser necesarias para el país, han llevado a que el gobierno conceda demasiados privilegios a un personaje que en verdad es un peligro para México. La frase no es mía, sólo la actualizo en el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, a quien se le ha permitido acumular un enorme poder que utiliza para codirigir la política nacional y fortalecer sus posibilidades de llegar a Los Pinos como titular del Ejecutivo federal en 2012, o de colocar ahí a quien sirva a sus intereses.
La negociación política por la vía del diálogo es válida para resolver los problemas nacionales. Ése es el camino, pero hay límites y coordenadas seguras. Si las concesiones a Manlio resultan en beneficio del país y en la magnitud mínima necesaria, está bien, pero si la ganancia es menor en relación con la de Beltrones, podría estarse cometiendo un error, una especie de concertacesión, concepto que el propio Felipe Calderón llegó a reconocer como denigrante y envilecedor de la política. Es de sabios rectificar, si fuese lo prudente, para evitar caer en lo que Castillo Peraza llamó “sistema univerbocrático”: el de la corrupción, que consiste en “arreglos subrepticios, silencios rituales y normatividad inútil”.
Por ahora, en la expectativa de que apoye al gobierno, se le han concedido atribuciones que otros no tienen y que se antojan desproporcionadas al fin pretendido, como darle el carácter de gestor de recursos y puestos a cargo del Ejecutivo federal y permitirle disponer de ellos para favorecer a gobiernos municipales y estatales a conveniencia de su proyecto. Situación de la que ya se quejan algunos gobernadores, principalmente del PRI, porque saben que Manlio así compra lealtades, como se puede ver en Señal de alerta.
En la prisa por lograr reformas deseables que no permiten las circunstancias se pueden precipitar acciones y acuerdos con el poderoso senador, que podrían arriesgar al país y redituar poco al proyecto de Acción Nacional. Ante la posibilidad de que se yerre en el cálculo político del costo-beneficio, este libro quiere ser una advertencia a tiempo de ese riesgo; un recordatorio de quién es Beltrones y de lo que es capaz de hacer cuando se descuidan sus adversarios o cuando les hace creer que están en ventaja.
Pretendo hacer reflexionar en que si, como reconociera Luis Rubio en 1994, “haber sido una oposición leal ha permitido al PAN negociar y pactar para avanzar, sin que ello haya limitado en lo más mínimo su independencia, su sentido de integridad o la capacidad de hacer planteamientos fuertes, honestos y directos (…) eso, sin embargo, no ha borrado las dudas sobre si el PAN podría formar un gobierno efectivo”, con más razón prevalece el escepticismo en las circunstancias actuales, las del gobierno de Felipe Calderón.
Una equivocación del Ejecutivo, al encumbrar a ciertos personajes que han dañado al país en el pasado aún reciente y otorgarles un poder que puede ser usado en su contra, o de Acción Nacional, tarde o temprano podría disminuir las posibilidades de que el PAN gane las elecciones de 2009 y le acompañe en el cierre de su sexenio con mayoría en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, que es la prioridad política que los panistas tenemos como partido y como gobierno.
El presidente sabe de las ambiciones de Manlio, a quien conoce como enemigo del PAN; así consta en estas páginas, cuyo contenido es mi argumento para prevenir una regresión, no al viejo sistema político que ya se fue, sino al método unipersonal de gobierno absolutista y omnímodo a partir de un personaje que no conoce otra forma de ejercer el poder que no sea desde sí mismo y no de las instituciones. Ya lo está demostrando desde ahora, sin siquiera tener el poder formal.
Mi pretensión en esta obra, cuyo contenido sólo me compromete a mí, es poner la mano en el hombro de Acción Nacional antes de que avance un paso más por el camino incorrecto. No pasa de ser una llamada de atención a partir de lo que ya sucedió y que me consta como protagonista. Una señal de alerta proyectada hacia el año 2009, el de la elección federal intermedia que puede darle mayor poder al exgobernador si se hace de una mayoría legislativa pluripartidaria en la Cámara de Diputados, que, por lo que se ve y se escucha, se infiere que es su intención.
También es un aviso hacia el 2012, el de la sucesión presidencial, que pudiese parecer apriorismo pero está sustentado a posteriori y por lo tanto es enseñanza porque, como señala Thomas Jefferson: “Cada vez que un hombre mira con codicia a un cargo, una podredumbre se inicia en su conducta”, y la de Beltrones parece haber comenzado en algún momento de lo que aquí se rememora.
Decidí dar este paso de letras para no incurrir en dos vicios opuestos: uno que usurpa el nombre de la prudencia, y otro que incurre en la temeridad. El primero finge ignorar la obligación de ser congruentes y lleva a la simulación, a guardar las formas para ocultar una realidad que no quiere reconocerse; y el segundo da permiso indebido a prácticas que emulan al viejo PRI –el del autoritarismo y la corrupción– y que sepultan con disimulo el sentido del deber.
Lo hago como ciudadano, político panista y padre de familia, pese a la advertencia –o amenaza elegante– de un cercano colaborador de Manlio que “cordialmente” me sugirió no provocar la ira de su jefe y sumarme mejor a su proyecto. Una clara invitación a la complicidad.
Lo hago porque estamos a tiempo de evitar que se repita una historia de lamentables consecuencias y porque “el PAN, en estos momentos, enfrenta no sólo el desafío de gobernar, sino de hacerlo de una manera congruente con sus principios de doctrina”. En última instancia, porque quizá, como dijera Manuel Gómez Morín en 1915 y otros ensayos: “Es tiempo de dar el santo y seña que permita el mutuo conocimiento”.

Las horas decisivas

Caso New’s Divine Las horas decisivas
Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge, reporteros

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) No. 1654, 13/07/2008;

El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, relata en entrevista cómo enfrentaron Marcelo Ebrard, Joel Ortega y Rodolfo Félix la tragedia en la discoteca New’s Divine. Revela que después del desastroso operativo las autoridades policiacas obstaculizaron la investigación, manipularon evidencias y encubrieron a algunos subordinados. Y ahora, advierte, se corre el riesgo de que el presidente Calderón quiera imponer a un militar al frente de la seguridad capitalina para pasar “de la tolerancia cero a la doble cero”.
El martes 8 de julio a las 10 de la mañana, una hora antes de presentar su informe sobre el caso New’s Divine, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
Con un fotógrafo de la comisión como único testigo del encuentro, Álvarez Icaza le entregó a Ebrard el resultado del exhaustivo trabajo realizado por cerca de 300 personas (en 18 jornadas de trabajo de 24 horas, del 20 de junio al 8 de julio, incluidos sábados y domingos), con base en el cual el titular del GDF decidió remover ese mismo día, después de las 13:00 horas, al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, y al procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas.
–Viene duro –le advirtió el ombudsman al gobernante capitalino esa mañana.
Sin poder ocultar su preocupación, Ebrard recibió los dos volúmenes del demoledor informe que puso en evidencia la parcialidad y la manipulación con que Ortega Cuevas y Félix Cárdenas, con sus subordinados, condujeron desde un principio las indagatorias sobre la tragedia del viernes 20 de junio en la discoteca New’s Divine.
“No esperaba menos, los hechos son graves”, atinó a decir Ebrard.
Un día después, el miércoles 9, Álvarez Icaza recibió en su oficina una tarjeta en la que Marcelo Ebrard le dice que como capitalino se siente orgulloso del trabajo de la CDHDF y que como jefe de Gobierno pondrá todo su empeño en que se cumplan las recomendaciones que le hace.
En entrevista con Proceso durante la mañana del jueves 10, Álvarez Icaza cuenta que ni en esa ni en las anteriores reuniones que tuvo con Ebrard entre el 20 de junio y el lunes 7, el jefe de Gobierno le anticipó la salida de Joel Ortega y Rodolfo Félix: “Jamás entramos a ese terreno, y yo, en lo personal, nunca abrí la puerta para tocar ese punto”.
Alvarez Icaza relata que el miércoles 25 de junio, el día que el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, solicitó licencia para retirarse provisionalmente del cargo, Ebrard lo llamó por teléfono y le preguntó cuándo iba a difundir su informe. La respuesta fue que a la siguiente semana, si las averiguaciones avanzaban sin contratiempos.
Ebrard le dijo que esperaría a conocer el documento antes de tomar alguna decisión.
El lunes 7, Ebrard y Álvarez Icaza conversaron en las oficinas del primero, en el viejo edificio del Ayuntamiento, donde el ombudsman le dio a conocer las líneas generales del informe que presentaría al día siguiente y le dijo que no sería complaciente.
Álvarez Icaza recuerda precisamente sus propias palabras: “Vamos a presentar evidencias puntuales. Le dije que tuviera claro que la Ciudad de México tiene una percepción muy crítica de los mandos policiacos y que no es Atenco, no es Oaxaca, no es Puebla, no es Zongolica. La Ciudad de México es otra cosa”.
Le hizo notar a Ebrard que el respeto a los derechos humanos es una vieja demanda de la izquierda en la capital del país y por eso invocó en su informe la memoria de dos figuras emblemáticas que fueron reprimidas en su momento: Heberto Castillo y Benita Galeana.
El presidente de la CDHDF le señaló al jefe de Gobierno: “No voy a pedir que remuevas a los funcionarios, no es mi atribución. Pero vas a tener elementos suficientes para poder tomar una decisión, la que mejor convenga a la Ciudad de México y a sus habitantes”.
Según el ombudsman, Ebrard respondió que “entendía” el mensaje y le aseguró que cada quien asumiría las decisiones que le correspondieran; luego lo felicitó por el trabajo de la comisión y le dijo que el día siguiente acudiría puntual, a las 10 de la mañana, a la presentación de su informe.
Los compromisos
Satisfecho de su propio trabajo y confiado en que los cambios en la SSP y en la PGJDF sirvan para implantar nuevos modelos de seguridad y de procuración de justicia en la Ciudad de México, propios –dice– de un gobierno verdaderamente democrático, Álvarez Icaza revela que la actitud de Ortega Cuevas y Félix Cárdenas entre el viernes 20 de junio y el martes 8 de julio fue muy distinta a la de Ebrard.
Cuenta, por ejemplo, que la noche del viernes 20 de junio comenzaron a llegar a la CDHDF noticias sobre la tragedia en la discoteca y Álvarez intentó comunicarse por teléfono con el procurador y con el titular de la SSPDF para tener datos de primera mano, pero ninguno tomó la llamada.
Minutos después lo llamó José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno, quien le dio la primera versión oficial: que se trató de una estampida de jóvenes y que algunos fueron atropellados.
“Oye, José Ángel, yo tengo otra versión”, replicó el titular de la CDHDF. Pero Ávila Pérez sostuvo: “No, lo que pasa es que se hizo una inspección y las cosas se salieron de control. Los muchachos salieron corriendo y los atropellaron”.
Una hora después, el secretario de Gobierno volvió a comunicarse con Álvarez Icaza y le dijo que Marcelo Ebrard lo esperaba en su oficina. El presidente de la comisión se excusó por cuestiones personales, pero quedó de entrevistarse con Ebrard al día siguiente.
El sábado 21 de junio, Álvarez Icaza llegó a la Jefatura de Gobierno del DF y de inmediato fue conducido a la sala de juntas. Ebrard estaba analizando un video de los hechos junto con Joel Ortega, Rodolfo Félix, Francisco Chiguil y José Ángel Dávila, entre otros funcionarios.
Ebrard lo condujo a su despacho, donde le dijo: “Hasta lo que he visto del video, hay errores muy graves. Estoy muy preocupado y quiero pedirte que intervengas”. Álvarez le informó que la comisión ya tenía abierta una queja de oficio, que había logrado hablar con algunas de las víctimas y recabado denuncias sobre presuntos abusos policiacos.
Antes de que se despidieran, Ebrard le pidió que siguiera de cerca la actuación de los funcionarios de la PGJDF. Álvarez Icaza aceptó, pero a cambio le pidió al jefe de Gobierno plena autonomía para realizar su trabajo, que le diera garantías de que se respetarían sus atribuciones y que le quitara obstáculos a las labores de la comisión.
La solicitud del ombudsman se debió a que desde el primer día los visitadores de la CDHDF se enfrentaron a la resistencia oficial para que ingresaran a la discoteca y certificaran las condiciones del inmueble. Tuvieron que sortear la misma actitud de las autoridades capitalinas para entrar al hospital y hablar con las víctimas.
“Está muy bien, para eso es esta reunión”, aceptó Ebrard.
Argucias policiacas
El lunes 23, Álvarez Icaza recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec a Rodolfo Félix Cárdenas, que lo puso al tanto de lo que había hecho la procuraduría hasta ese momento y de las líneas de investigación que seguía.
Poco antes de que el entonces procurador se retirara, Álvarez Icaza le hizo ver la inconveniencia de que el personal de la agencia 50 del Ministerio Público llevara la investigación, ya que era “peligroso, casi suicida”, poner una indagatoria tan delicada en manos de servidores públicos tan cuestionados y con tantas quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Le sugirió que era mejor trasladarla a la agencia 40.
Sin embargo, Félix Cárdenas hizo caso omiso y le ofreció al presidente de la CDH-DF que hablaría con los responsables de la agencia 50, encabezados por Ángel Brito Salcedo, y con su jefe inmediato, el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Rafael Edmundo Mateos Poumian, para que le allanaran el camino a la comisión en sus tareas de supervisión.
De nada sirvió: los obstáculos y las irregularidades continuaron, como dice el informe de la CDHDF.
El mismo día 23, a las 14:30 horas, Álvarez Icaza recibió a Ortega Cuevas y a varios de sus colaboradores, entre ellos el subsecretario Luis Rosales, uno de los principales implicados en el concierto de errores y omisiones del fallido operativo.
Ortega Cuevas llevó un video y expuso una valoración de la tragedia que no dejó satisfecho al ombudsman, en primer lugar porque –dice Álvarez Icaza– el funcionario sostuvo la tesis de la estampida y de la responsabilidad del dueño del establecimiento, y en segundo porque ocultó información, manipuló las pruebas y faltó a su palabra de no difundir el video.
Emilio Álvarez Icaza se explaya sobre ese punto: “Joel Ortega me dijo que el video era original y único. Le pedí que no se filtrara a los medios y en la noche lo pasa Joaquín López-Dóriga. Hablé con él para reclamarle, y me dijo que el video lo tenía también la PGJDF, que él no tenía el control de eso.
“Sobre el desfase que existe entre el video y el audio, me explicó que la cámara se había golpeado. El camarógrafo dijo lo mismo. La CDHDF ordenó tres peritajes y los tres especialistas concluyeron que el video estaba editado. Gracias al video, pudimos también identificar a la persona que toma las fotografías y describimos que está adscrito a la SSP. Lo más burdo fue que quisieron engañarnos presentando una cámara de video distinta a la que fue utilizada durante el operativo, y la edición que hicieron del video.”
El titular de la CDHDF recuerda que durante la semana previa a su informe Joel Ortega le telefoneó casi a diario, cuando antes nunca le tomaba las llamadas. Menciona, así mismo, que en una de esas ocasiones le pidió que si encontraba algún acto delictivo cometido por policías, le avisara para que éstos no pudieran escapar.
Estorbaron y encubrieron
A partir de esas reuniones la CDHDF trazó la ruta de su investigación: la tercera Visitaduría, a cargo de Luis González Plascencia, se encargó de la reconstrucción de hechos y del seguimiento de los jóvenes hasta que fueran puestos a disposición de la agencia 50 del MP. La primera Visitaduría, que encabeza José Cruz Lavanderos Yáñez, se dedicó a revisar la investigación de la procuraduría.
El sábado 28 de junio, Álvarez Icaza se reunió con los padres de los jóvenes fallecidos para informarles del avance de la indagatoria. Recuerda que estaban indignados porque el gobierno de la ciudad, antes de asumir su responsabilidad en los hechos y de ofrecer una disculpa pública, puso por delante los cheques de la indemnización.
A uno de los padres, relata, un servidor público le dijo que le correspondían 1.7 millones de pesos por la vida de su hijo. Ofendido, el padre le respondió: “¿Eso vale mi hijo? Entonces le compro al suyo”.
El ombudsman refiere que de las siete reuniones que hasta ahora han tenido con los familiares de las víctimas, esa fue especialmente desgarradora porque los papás soltaron el llanto al presenciar en video la pesadilla que padecieron sus hijos. “Los vieron morir”, dice Álvarez Icaza.
Además, a pesar del compromiso de Ebrard y de sus colaboradores, la comisión siguió lidiando con la resistencia oficial: las autoridades de la SSP y de la PGJDF, incluidos sus titulares, no sólo entorpecieron y manipularon la investigación, sino que le pusieron obstáculos a los visitadores de la CDHDF.
Por si fuera poco, familiares de las víctimas comenzaron a recibir amenazas. Personas ajenas a la comunidad y vestidas de civil comenzaron a aparecer en la colonia Nueva Atzacoalco y los vecinos notaron una inusual presencia policiaca.
En medio de ese ambiente hostil, la noche del domingo 6 el procurador Félix Cárdenas fue a las oficinas de Emilio Álvarez para entregarle una copia del informe que presentaría el día siguiente en el Museo de la Ciudad de México.
Félix Cárdenas aprovechó la ocasión para adelantarle algunos pormenores del documento, relacionados principalmente con la deficiente actuación de la Policía Preventiva y las responsabilidades penales que se desprenden de ella. También le dio su versión sobre los motivos para tipificar el delito como homicidio doloso.
En efecto, el titular de la PGJDF confirmó que el exdirector ejecutivo Regional VI y excoordinador de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero, Guillermo Zayas, es el principal responsable de la muerte de 12 personas durante el fallido operativo en la discoteca New’s Divine.
Consideró también que el traslado de los jóvenes a los sectores Pradera y Aragón fue ilegal, puesto que “se violentó su derecho a la integridad personal, así como a la honra y prohibición de tratos degradantes, porque sufrieron vejaciones”.
Lo que no dijo en ese momento Félix Cárdenas fue que él mismo ordenó que los jóvenes fueran remitidos a la agencia 50 del MP, donde el médico legista adscrito a la coor-dinación territorial GAM-8, Francisco Javier Casiano, obligó a desnudarse a una decena de jovencitas “para ver su edad”.
Álvarez Icaza menciona que ese informe de la PGJDF le pareció “parco”. Esperaba más del trabajo de la procuraduría, cuyo presupuesto es de 4 mil 500 millones de pesos –dice–, por 252 millones de la CDHDF.
El martes 8, luego de reunirse con Ebrard, Álvarez Icaza envió copias de su informe al presidente Felipe Calderón, a Ortega Cuevas y a Félix Cárdenas.
Sobre la remoción de los dos últimos de sus cargos, el presidente de la CDHDF repite lo que consignó en su informe: que ambos tenían una responsabilidad ética ineludible en la tragedia. Lo más indignante de su actuación, sostiene, fue que violentaron las garantías individuales de los jóvenes, ocultaron evidencias clave para la investigación y encubrieron a servidores públicos.
En cuanto al modelo de seguridad que requiere la Ciudad de México, sostiene que Ebrard tiene la oportunidad de constituir una policía moderna y acorde con un sistema democrático.
Lo peor que le puede pasar a la Ciudad de México, advierte, es que el presidente de la República haga valer su derecho en la política de seguridad pública en la capital del país y vete el nombramiento de Manuel Mondragón y Kalb, con la idea de imponer un militar o exmilitar al frente en la policía capitalina.
“No queremos pasar de la tolerancia cero a la tolerancia doble cero. Lo que necesitamos es otro enfoque en la política de seguridad”, insiste Emilio Álvarez Icaza.

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Lecciones del 20 de junio/Miguel Ángel Granados Chapa

Las renuncias o despidos de dos colaboradores cercanos, y amigos, del jefe del gobierno del Distrito Federal son, hasta ahora, la consecuencia política más notoria de la tragedia del 20 de junio en que perdieron la vida 12 personas. Siguen su curso averiguaciones y procesos penales y administrativos que fincarán responsabilidades jurídicas a quienes incurrieron en conductas delictuosas o ilegales. Cuando esos procedimientos concluyan se habrán cerrado los expedientes formales sobre el caso New’s Divine. Y la crisis política a que dio lugar el atroz horror allí padecido llegará a su vez a su conclusión cuando la Presidencia de la República nombre o confirme al secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia (Manuel Mondragón y Miguel Ángel Mancera) que reemplacen a Joel Ortega y Rodolfo Félix.

Mucho antes de que el caso sea cerrado, sin embargo, deben sacarse en limpio y empezar a convertir en políticas y actitudes las lecciones del 20 de junio. Sería imperdonable que el grave suceso quedara reducido a una anécdota, a un mero episodio de la turbulenta vida urbana. Por responsabilidad, y aun por necesidades de supervivencia, el gobierno y la sociedad deben partir de esa tragedia hacia reformas que eliminen las circunstancias que se concretaron entonces y que pueden repetirse en cualquier momento si las cosas se quedan como están.Una guía utilísima, indispensable en la construcción del futuro que la ciudad requiere, se compendia en las 300 páginas del Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el Caso New’s Divine, que incluye la Recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En poco más de dos semanas, este organismo público produjo una investigación ejemplar, impregnada de un alto sentido ético y humano que propició la sucesión en las dos oficinas del gobierno capitalino colocadas en el centro de un drama social causado por sus estructuras defectuosas y su peor funcionamiento. No exagero al decir que la Comisión emitió, por lo que denuncia y por lo que propone, un manual para la reforma de la seguridad pública, la procuración de justicia y la política hacia los jóvenes.La reforma de esta política juvenil es urgente no sólo para brindar a los muchachos sitios de reunión y esparcimiento que no sean, al mismo tiempo, incubadores de adicciones sino, en un horizonte más amplio, para situar a esa porción de la sociedad en el primer plano que sus muchas necesidades demandan. Faltos de empleo y de plazas en la educación media superior y superior, miles de jóvenes carecen también de horizontes vitales al mismo tiempo que son blanco de furias sociales e institucionales surgidas del peor conservadurismo, el que teme y hostiliza a quienes comienzan a vivir.Los gobiernos del PRD que han regido a la ciudad durante más de 10 años han esbozado una política juvenil que se expresó en la emisión de una Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Pero ha faltado la voluntad necesaria para ponerla plenamente en vigor. Para sólo señalar deficiencias formales, el Instituto de la Juventud (creado por la ley mencionada) no ha formulado el Plan Estratégico de Desarrollo Integral para la Población Joven, a que lo obliga el artículo 49, y ni siquiera ha constituido el Consejo Consultivo previsto en el artículo 61.Instaurar una política hacia los jóvenes generará sin duda dificultades menores que la reforma a la seguridad pública y la procuración de justicia, porque se trata de una novedosa zona de actividad estatal en la que no se han acumulado rezagos ni se han formado costras de corrupción, ineficacia e intereses creados, como en cambio ocurre en las policías y el Ministerio Público. Allí hay que realizar una tarea hercúlea, como la que implicó lavar los establos de Augías, para utilizar la metáfora mítica usada antaño con frecuencia, que ahora ha caído en el olvido. No puede haber seguridad pública, ha insistido la Comisión, sin derechos humanos. No se puede limitar a la prevención del delito y su combate. Creer que así es, lamenta la CDHDF, “se ha traducido en exigir a los ciudadanos que cedan sus derechos a cambio de seguridad”, en un canje inequitativo e ineficaz porque no se ha logrado la seguridad ofrecida y en cambio se tiene a los ciudadanos en general, y a los jóvenes en particular, como delincuentes en potencia. El único modo de reformar con eficacia a la policía es inaugurando nuevos cuerpos, tirando el lastre acumulado por décadas y que la década perredista no ha sido capaz de remover, decepcionando a la porción de la sociedad que esperaba en este punto una diferenciación neta respecto del autoritarismo priista que produjo a jefes como Arturo Durazo. Ninguno de los secretarios de las administraciones recientes se aproximó siquiera a aquel siniestro personaje pero tampoco ninguno ha sido eficaz.

La Comisión propone “contar con un cuerpo policiaco bien pagado, bien preparado, al lado de la ciudadanía… Esta ciudad merece ya que se inicien los primeros pasos en ese sentido”. Un anticipo de esa reforma sería integrar, como lo ha sugerido también la Comisión, un cuerpo especial mixto, para la realización de operativos referidos a situaciones donde haya jóvenes.En cuanto a la procuración de justicia, a nadie se oculta la necesidad de “un ministerio público preparado y encaminado a servir y proteger a las y los ciudadanos” que sustituya al cuerpo en funciones actualmente, ante cuyos agentes da miedo comparecer. Las víctimas de delitos suelen abstenerse de denunciarlos porque suponen, intuyen, saben, o mantienen el prejuicio de que, aparte la inutilidad de la denuncia, presentarla abre el riesgo de represalias de los delincuentes, en complicidad con los encargados de perseguirlos.Reformar la procuración de justicia requiere la transformación de su marco jurídico, que le asegure autonomía y dote de capacidades de investigación y mejore su participación en los procesos. Se necesita así mismo, como lo ha propuesto la CDHDF con insistencia, crear un instituto de servicios periciales (función que es actualmente una zona minada) y otro de defensoría de oficio, como se estableció ya en el ámbito federal. La porción de la sociedad que se estremeció con la tragedia del 20 de junio, y la que se escandalizó con ella (que no es lo mismo), serán probablemente escépticas ante la posibilidad de practicar las reformas anunciadas. Impiden la ingenuidad de creer que “esta vez sí” serán emprendidas a profundidad no sólo la amarga experiencia de promesas mentirosas o incumplidas sino el hecho de que deban encabezarlas miembros de la estructura viciada que han de reemplazar y que su tarea haya de realizarse sobre la marcha, empresa tan ardua como reparar una locomotora en pleno recorrido.La sociedad debe fortalecerse para exigir (más que simplemente esperar) que “esta vez sí” ocurra lo que debe ocurrir.