Contra el endurecimiento de las penas

Contra el endurecimiento de las penas/Ramón Sáez y Santiago Torres, jueces y miembros de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible

Publicad en EL PAÍS, 08/02/10;

Los delitos graves que afectan a la vida, salud o libertad sexual despiertan emociones de ira y venganza en las víctimas y sus allegados. Los medios de comunicación difunden esos sentimientos al resto de la comunidad, alimentando un clima colectivo, siempre latente, que afirma la impunidad de los delincuentes, provocando desconfianza en el funcionamiento de la justicia. Es cierto que algunas decisiones u omisiones de los agentes del sistema son erróneas y otras incomprensibles, por lo que dan pábulo a la desconfianza. Aunque son excepcionales las que inciden en la seguridad, al ser recordadas una y mil veces construyen una apariencia de normalidad. El escándalo es siempre interesado, se desentiende de la condena o la persecución injusta de un inocente -cuando se llega a descubrir- que en alguna medida es consecuencia de las demandas públicas de rigor patibulario.

Algunos sectores de la política tratan de satisfacer ese estado de opinión, que previamente han propiciado, con soluciones definitivas en clave electoral: incrementar las penas hasta el límite de la vida del condenado. La cadena perpetua. Trasladan un mensaje de que las penas de prisión eficaces deben afectar a toda la vida del agresor. Con lo que pueden convertir las cárceles en contenedores de desechos humanos. Olvidan que nuestro código establece el límite máximo de las penas de prisión en 30 y 40 años. ¿Se puede intuir qué supone estar 30 años en un espacio cerrado, entre la celda y el patio, donde hasta los detalles más insignificantes de la vida privada se encuentran vigilados? ¿No es suficiente sanción? El tiempo, que en libertad se nos escapa por momentos, dentro de la prisión se hace eterno.

La cadena perpetua no es garantía de nada. Es más eficaz una medida inmediata y dotada de contenido eficaz para evitar la reincidencia, que otra extensísima que desresponsabilice y cronifique en el delito o convierta a un ser humano en un discapacitado perpetuo para la sociabilidad. Sobre todo, porque los que suelen acabar pagando el pato del endurecimiento penal no suelen ser sus destinatarios inmediatos (peligrosos delincuentes), sino, como en otros órdenes de la vida, los más desgraciados.

Dichos sentimientos, objeto de manipulación mediática, sólo pueden calmarse mediante la información, que permite un cabal conocimiento de la realidad. Los expertos del sistema penal y penitenciario han sido expulsados del debate público, sus opiniones no cuentan cuando se trata de reformar las instituciones. Juristas y académicos no pueden aceptar la desaparición de ese espacio de pedagogía ciudadana, que es ocupado de manera exclusiva y oportunista por otros. A informar van destinadas estas líneas.

Los datos desmienten que vivamos en un estado de impunidad. La sensación de impunidad e ineficacia se sustenta en falsas creencias sobre la lenidad del sistema. España tiene la tasa menor de criminalidad violenta entre los países de la Unión Europea; no sólo estamos por debajo de la media, la delincuencia ha descendido desde hace 20 años. Por el contrario, contamos el porcentaje más alto de presos: 76.000 personas confinadas, que significa una relación de 166 por cada 100.000 habitantes. Se ha producido un incremento de la población penitenciaria del 400% en el periodo de 1980 a 2009, frente a un crecimiento del 20% de la población adulta. Mientras tanto, Holanda cierra cárceles y Portugal tiene penas y formas de ejecución en algunos casos la mitad de gravosas que las nuestras, sin merma alguna para la seguridad de los ciudadanos. Si de la comodidad de las cárceles se habla, nuestros conciudadanos que nunca estuvieron presos deben saber que las consecuencias del encierro son terribles, física y psicológicamente; a partir de 20 años el deterioro es irreversible. El sufrimiento que infligen las penas de prisión es inconmensurable, y cuando debido al tiempo de duración o al rigor en el cumplimiento se desborda la capacidad humana de tolerancia, la pena pierde su legitimidad. Ningún ciudadano está exento de entrar en una cárcel, al menos por un infortunio o una negligencia. Si entran ellos, o sus hijos o sus familiares, aprenderán a convivir con el hacinamiento, la despersonalización, la enfermedad mental y la muerte: en torno a 250 fallecidos en el año 2009 dentro de las cárceles. Si se pretende prevenir el delito con la cadena perpetua hay que recordar que ya existe en España, y no sólo para los delitos más violentos. Según datos de la Administración, en las cárceles españolas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al límite de los 30 años -la pena mayor es de 110 años-, y ello porque no resulta aplicable dicho límite al tratarse de penas que no se pueden acumular.

La sensación de impunidad se sustenta en el mito de que las penas no se cumplen, que una vez transcurrido un breve tiempo en prisión los condenados salen en libertad. Sin embargo, todas las penas cuya ejecución se inicia se cumplen íntegramente, y sólo una pequeña parte -actualmente el 17%- llegan a hacerlo en un régimen de semilibertad: el tercer grado, que permite pasar varias horas fuera bajo el control de los servicios penitenciarios y cuyo objetivo es posibilitar la reinserción social. Sólo el 9% de los condenados obtienen la libertad condicional. Por lo tanto, toda condena que se ejecuta se cumple desde el primero hasta el último día y la mayoría de los penados extinguen la sanción íntegramente dentro de los muros de la prisión.

Si la sensación de impunidad aparece es porque los ciudadanos no se sienten suficientemente atendidos cuando sufren un delito; frecuentemente las víctimas son “perdedoras por partida doble”: sometidos a daños que nadie repara, los procedimientos duran una eternidad, ven en libertad a “su” ladrón por agotamiento de los márgenes legales para la prisión provisional sin que haya sentencia, o reincidiendo por no adecuar la respuesta penal a la auténtica causa del delito; otra veces se sienten “ninguneadas” y en ocasiones maltratadas por el propio sistema penal que cuenta con medios técnicos y procesales francamente obsoletos. La aplicación a los agresores de penas de prisión de por vida no eliminará la sensación de pérdida, dolor, miedo y desconfianza que embarga a las víctimas. La respuesta penal, con el exceso de inhumanidad que se solicita ahora, instala a las víctimas perpetuamente en el dolor y la venganza.

Por último, se sostiene que la intervención penal sobre los menores es benévola, pero también la realidad lo refuta. Cuando el sistema actúa con menores y jóvenes de 14 a 17 años, no es infrecuente que la medida de control sea superior en el tiempo a la aplicable a los adultos; incluso, mediante la privación de libertad, que puede llevarle hasta la cárcel si cumple la mayoría de edad, impidiendo así el trabajo pedagógico de las instituciones y propiciando que el joven aprenda o consolide una carrera criminal.

El endurecimiento de las penas sólo puede acometerse cuando se tenga certeza de su eficacia para la reducción de la violencia. Un conocimiento que se adquiere mediante estudios científicos, de los que se prescinde. Para prevenir el delito el derecho debe evitar las penas arbitrarias o desproporcionadas; porque, como enseñaron los pensadores ilustrados, la eficacia de la pena depende de su estricta necesidad, de ahí que deba ser la mínima adecuada a esos fines. Las políticas penales orientadas únicamente hacia la prevención de los delitos han generado más violencia de la que pretendían resolver, porque la seguridad y la libertad no sólo son amenazadas por el delito, sino también por las sanciones excesivas o inhumanas. La historia de las penas es uno de los relatos más horrendos de la humanidad; nos resistimos a olvidar ese pasado.

Por ello, frente a las propuestas de rigor punitivo es importante constatar que estamos en niveles de máximo, que debemos explorar otro tipo de respuestas. Pretendemos llamar la atención sobre los efectos del sistema penal en la vida de las personas, ya sean acusados o víctimas, y sobre la necesidad de racionalizar y humanizar el funcionamiento de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, para que generen la mínima imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los infractores y se protejan los intereses de las víctimas.

López Doriga

Columna Estríctamente personal/Raymundo Riva Palacio
El Golfo, 6/02/2010 |
El “teacher”
Es la cara de la televisión de las noticias, quien informa y regaña, quien fustiga y a veces hasta pontifica. Como conductor del noticiario más importante de la televisión mexicana es de manera automática, como antes lo fue Jacobo Zabludowsky, el periodista más influyente en México.
Todos lo conocen como “el Teacher”. Es la cara de la televisión de las noticias, quien informa y regaña, quien fustiga y a veces hasta pontifica. Como conductor del noticiario más importante de la televisión mexicana es de manera automática, como antes lo fue Jacobo Zabludowsky, el periodista más influyente en México. Pero así como los poderosos le rinden tributo, la gente, las audiencias, los consumidores de información, ven a Joaquín López Dóriga de diferente manera. Como en los últimos días, donde las capas más ilustradas de la sociedad, lo agarraron como pato al tiro al blanco por haber minimizado en su noticiario la información sobre la matanza de 16 personas, varios de ellos menores, en Ciudad Juárez.
Visto en un primer plano, ese grupo de la sociedad, que tiene acceso a medios y tribunas incluso, tiene toda la razón. López Dóriga, quien como durante toda su carrera se levanta las mangas para trabajar él mismo los contenidos –a diferencia de muchos otros grandes estrellas de la información en televisión que difícilmente pueden sostener una conversación prolongada o improvisar-, fue el autor material de que ese lunes en el que el país se sacudía por la matanza, colocara en lo alto de la jerarquía periodística el frío y la secuela del caso de Salvador Cabañas, el futbolista del América que sufrió un atentado días antes. Pero visto en un segundo plano, hay matices importantes que se soslayan.
La furia contra López Dóriga circuló viralmente en las redes sociales, trascendió a la prensa, y contaminó a la radio. Todo se enfocó en López Dóriga, adjudicándole una responsabilidad por encima de sus responsabilidades. Lo maltrataron, lo denostaron. Incluso lo insultaron. Él debería de estar acostumbrado, después de casi cuatro años que no lo dejan en paz. Vive una relación patológica con la audiencia, que expresa tanto repudio contra él como enorme es la resistencia de quien lo ve y escucha a ejercer su derecho de zapping y cambiar de canal. Le critican fuertemente que tenga dos voces con la misma cara: la de El Noticiero, a veces cortesano, y la de su noticiario en Radio Fórmula, al mediodía, donde es crítico, justiciero, predicador y, sobretodo, periodista.
López Dóriga no es un improvisado. Es hijo de la generación del 68, de donde viene su apodo y se le dice con cierta reverencia. En aquellos 60´s, cuando el lenguaje popular incluía el prefijo “maestro”, él, que siempre quiso diferenciarse, prefería decir “teacher”, no sin cierto snobismo de la época. Pero ese “teacher” nunca dejó de entender de lo que se trataba la profesión. Venía de una familia acomodada, lo que no le impidió una vez meterse caminando en la sierra michoacana echando a perder su fino traje y elegantes zapatos hasta donde se encontraban los restos de un avión que había caído con decenas de pasajeros, como lo hacen los verdaderos periodistas.
Estuvo en Vietnam, cuando Saigón era de día norteamericano y de noche era propiedad del Vietcong, transmitiendo mientras bombardeaban objetivos a sus espaldas, y caminó entre tiros la larga lucha en Irlanda del Norte, en aquellos tiempos donde la información y no los llantos frente a la cámara, eran los parámetros del periodismo televisivo mexicano. Reportero siempre, era de los que aún después de haber construido un nombre, esperaban en una banqueta bajo la lluvia a mandatarios para arrancarles una información, mientras sus colegas preferían la juerga.
Entonces, si López Dóriga tiene una de las mejores formaciones profesionales de los periodistas mexicanos que se encuentran en activo, si conoce las profundidades de la profesión, sus bondades y sus lagunas, ¿se puede entender un descuido en la jearaquización de la información aquél lunes después de la matanza que tanto le ha costado en imagen en los últimos días? A un zorro de la información, ¿se le escapa una liebre de manera tan clara? Por supuesto que no. Las críticas a López Dóriga han sido justas, pero a la vez injustas. A él le toca una parte, pero no el todo. López Dóriga tiene un compromiso con la información, pero la política editorial de Televisa no la establece él. En este punto es donde la crítica ha sido deficiente e insuficiente.
La pregunta sería ¿por qué Televisa decidió que la matanza en Ciudad Juárez no era un asunto tan importante como para encabezar El Noticiario? Un argumento puede ser que el frío que cubría el país afectaba a un mayor número de personas en su vida cotidiana. Cuando se piensa que la información más importante es aquella que afecta al mayor número de personas, la selección del material climatológico parece apropiada. Pero cuando un noticiario lleva largo tiempo utilizando su primera media hora fundamentalmente para noticias policiales, y tiene una semana encima del gobierno del Distrito Federal por el atentado a Cabañas, los cuestionamientos de la audiencia cobran otro sentido.
López Dóriga decide cada día el orden de sus contenidos, pero no gobierna una república televisiva independiente. Tiene jefes, editoriales, políticos y comerciales. Es la cara más visible de la maquinaria de información de Televisa, una empresa diversificada en el entretenimiento que tiene en el Club América uno de sus grandes activos. Cabañas era para Televisa su agenda; los muchachos de Ciudad Juárez, no. De hecho, ese día, para quienes dirigen los periódicos de la ciudad de México, tampoco lo fue. El lunes, ni Reforma, ni El Universal, ni La Jornada, ni Milenio, le dieron su titular principal, sino uno secundario. Sólo Excélsior le dio esa jerarquía. La radio fue la que comenzó la ola de indignación, que se trasladó a un ajuste de cuestas públicos contra López Dóriga, soslayando por completo a la prensa política.
Criticar a López Dóriga sin tomar en cuenta ninguna otra consideración, es muy reduccionista. ¿Nos gustó a muchos la jerarquización? Tampoco. Pero visto fríamente, “el Teacher” sólo fue un mensajero de los intereses de una empresa que no es suya, como hizo el resto de los medios ese día. No hay nada extraordinario en que eso suceda, salvo que quienes consumimos información no hagamos nada extraordinario para que cambien las cosas. Gritar, ya lo vimos, no es suficiente. Y gritar contra uno en la parvada, pues menos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Fricción en Los Pinos: Patricia Vs Margarita

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio

Fricción en Los Pinos

Ejecentral.com, February 8, 2010;

Las batallas electorales que enfrenta el PAN tienen un prólogo bastante peculiar. Se trata de una lucha de poder entre dos poderosas mujeres que operan en Los Pinos: Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y Patricia Flores, jefa de la Oficina de la Presidencia. Esta confrontación, que ha trascendido los blancos muros palaciegos, está provocando tensión y confusión entre los panistas, algunos de los cuales, admiten en privado, no saben, por lo inédito y anómalo de la situación, a cuál directriz responder.

La lucha se traduce en un enfrentamiento de precandidatos a gubernaturas, que duplica esfuerzos, estrategias y recursos. Las señales que están recibiendo líderes locales panistas generan una incertidumbre que amenaza con paralizar maquinarias electorales y están abriendo las puertas de guerras sucias fraternales. El estudio de caso más notorio se encuentra en Veracruz, donde el choque de las poderosas de Los Pinos le añade ingredientes incendiarios al proceso electoral.

En Veracruz hay un precandidato natural, que ya contendió por la gubernatura hace seis años, Gerardo Buganza, quien aceleró su campaña desde la semana pasada, tras un agrio enfrentamiento el fin de semana antepasado durante un cónclave de panistas locales, frente al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, quien como suele hacerlo se burló de él y lo insultó. Buganza, lo que nunca, le respondió, incluso, con palabras altisonantes.

Yunes, quien es un panista de nuevo ingreso, ha querido ser gobernador de Veracruz hace tiempo, pero no se le han acomodado las cosas. Fue influyente secretario de Gobierno durante la administración de Patricio Chirinos, quien había sido un poderoso asesor en las sombras del presidente Carlos Salinas, y se mantuvo en el PRI hasta este sexenio. En este momento, Yunes es un político con fuertes expectativas para la candidatura, como candidato del centro. En las últimas semanas trató de despresurizar su precandidatura, y le dijo a algunos líderes políticos que no iría por la gubernatura y se quedaría en el ISSSTE. Nadie le creyó.

Yunes ha continuado con una precampaña extraoficial –como todos los aspirantes al gobierno, de su partido o del resto- para ir ganando terreno. Yunes y Buganza tendrán la competencia, a distancia, del senador Juan Bueno, quien ha viajado cada fin de semana a su tierra para hablar con electores, pero sobretodo, con los integrantes del consejo político estatal para persuadirlos que él puede ser el tercero entre la discordia. Bueno sembró una carga de profundidad este viernes pasado al declarar en Veracruz que la candidatura deberá ser decidida entre panistas, y no mediante una elección abierta. Esta postura lo beneficia a él, pero también a Buganza; perjudica a Yunes, quien no es bien visto entre el panismo local.

La dinámica que se vive en Los Pinos los ha llevado a navegar entre los buques de guerra de las señoras Zavala y Flores que están en choque constante. La esposa del Presidente, que tiene un gran oficio político y una inteligencia tan sofisticada que le ha permitido operar ampliamente desde Los Pinos sin que nadie lo note en su exterior, es el gran respaldo que tiene Yunes, de acuerdo con dirigentes panistas. La jefa de la Oficina de la Presidencia, que ha acumulado y centralizado el poder de una manera como nunca la tuvo el primer responsable de esa área, Juan Camilo Mouriño, está del lado de Buganza.

Ambas han utilizado recursos para mandar a hacer diferentes tipos de estudio en el estado, y ambas tienen resultados diferentes, dicen panistas veracruzanos. Zavala dice que Yunes va adelante, de acuerdo con encuestas que tiene en su poder; Flores asegura que los panistas veracruzanos quieren a Buganza, sugiriendo que esas encuestas no están reflejando la realidad de lo que está sucediendo en Veracruz. Flores encargó una encuesta a realizarse esta semana a la empresa Arcop, que ha sido la casa encuestadora del PAN desde que Felipe Calderón era el dirigente nacional del PAN. En el cónclave de panistas hace dos fines de semana, Gómez Mont pidió la unidad de todos para sacar adelante la elección, pero sus palabras no parece que se escucharan en Los Pinos.

El relanzamiento de la campaña de Buganza esta semana que pasó, tuvo como eje la promoción de “Café Buganza”. Ese nuevo producto en el mercado –que levantó las cejas de los productores de café en el estado, porque no ha pasado sus estándares de calidad-, permitirá elevar la recordación del nombre de Gerardo Buganza entre el electorado, que es importante al momento de votar. “Café Buganza” apareció en espectaculares y en spots de radio y televisión. De acuerdo con fuentes de la industria de televisión veracruzana, la pauta publicitaria, al menos en la entidad, no la pagó Buganza, sino Alejandra Sota.

Para muchos, el nombre de Alejandra Sota puede no significar nada. Pero ella es la responsable de imagen del presidente Calderón, quien se encarga de ver los spots, de escoger el mensaje y de elaborar los discursos. Es decir, la semiótica y la propaganda es lo suyo. En el organigrama de la Presidencia depende directamente de la señora Flores, de quien también depende Rafael Giménez, que trabaja en estrategia, y que fue fundador de Arcop, aunque al entrar a trabajar en el gobierno actual vendió sus acciones para evitar el conflicto de interés.

El activismo del equipo de Flores a favor de Buganza es al margen del PAN nacional, y habrá que pedir informes de transparencia a Los Pinos para determinar de dónde están saliendo los recursos para pagar la encuesta y la pauta publicitaria de “Café Buganza”. La señora Flores está violentando el proceso electoral, lo que también está haciendo la señora Zavala, quien aunque no tiene recursos públicos para hacer ese trabajo de proselitismo, el ser la esposa del Presidente le da una ventaja sobre cualquier otro operador político en Veracruz. ¿Dónde esté el líder nacional del PAN, César Nava? Está fuera de esta dinámica de choque. ¿Dónde el presidente Calderón? Metido de lleno en la elección, y escuchando a las dos partes, según dirigentes panistas. A qué juega, nadie sabe. Pero lo que sí ven es que esta tolerancia al doble juego, daña a los panistas veracruzanos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Todo el poder a Ciudad Juárez

Todo el poder a Juárez/Jorge Fernández Menéndez

Columna Razones en Excélsior, 8 de febrero de 2010;

Hoy será un día clave para el futuro de Ciudad Juárez. Estará en la ciudad más violenta de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acompañado por los integrantes del Gabinete de Seguridad y de Política Social, para lanzar un nuevo programa que permita integrar a la comunidad en la lucha contra la delincuencia. Según la información disponible, se trabajará en distintos capítulos de política social, pero también en sistemas de recompensas para activar la denuncia ciudadana. Ya funcionan algunos de esos sistemas en forma embrionaria e impulsados por la iniciativa privada: están conectados con oficinas en Estados Unidos, donde se hace la denuncia y desde allí se transmite la información. En caso de existir recompensas, también se pagan allá. Pero la propuesta del gobierno federal tendrá que ir mucho más lejos.

Por lo pronto, el gobernador José Reyes Baeza se adelantó a esos anuncios y recibirá a Gómez Mont en Juárez, convertida, hasta que sea necesario, dijo Reyes Baeza, en la sede de los tres poderes del estado. Faltarán algunos trámites muy concretos que se resolverán durante esta semana, pero allí, en los hechos, desde hoy deben despachar el Ejecutivo, el Legislativo y la cabeza del Poder Judicial estatal.

Es una muy buena decisión: hemos dicho que la lucha por la seguridad, además de sus componentes operativos, tiene una faceta eminentemente política y esta decisión política colocará el centro de atención en otros niveles: si se cumple con la prometido, allá en Juárez estarán el gobernador y sus principales funcionarios; estarán los legisladores y los magistrados. Implica que van a compartir, con todas las diferencias del caso, desde la toma de decisiones hasta los riesgos; desde la responsabilidad hasta la demanda ciudadana directa. Y allí también podrán ver directamente cómo está operando la Federación, mas tabién las fuerzas federales podrán tener contacto directo con el gobierno local en forma cotidiana y evaluarlo.

Hemos dicho que, en muchas ocasiones, los gobiernos locales, estatales o municipales no se hacen responsables de muchos capítulos de la seguridad. En el papel cumplen con todas o con varias de las demandas federales, pero no se involucran, no participan, no se hacen cargo de que ése, por sobre todas las cosas, es un problema suyo. No me imagino cómo, despachando en Juárez, podrá el gobierno de Chihuahua, si quisiera desembarazarse de responsabilidades en Ciudad Juárez, hacerlo sin resultar exhibido. Eso es el más importante capítulo en esta decisión: no es una cuestión formal, sino eminentemente política y en este caso una decisión acertada, que debería obligar a un involucramiento mucho mayor del gobierno estatal, no sólo con la estrategia de seguridad, sino también en el trabajo con la ciudadanía.

¿Qué otras medidas se deben adoptar? Muchas, pero una que debería analizarse con seriedad es establecer una suerte de estado de emergencia en la ciudad y su área conurbada, acordada por el municipio, el estado y la Federación, para poder recuperar muchos espacios y establecer límites que resultan imprescindibles en la actual coyuntura. Un ejemplo se da a unos metros de Juárez, en El Paso, donde los integrantes de pandillas (de allí surgieron Los Aztecas y Los Artistas Asesinos, responsables directos de buena parte de los asesinatos que se han cometido en la ciudad), tienen prohibido salir, salvo casos de necesidad evidente, a partir de las diez de la noche. Esas normas se establecen, por ejemplo, en el barrio Azteca de El Paso, en donde surgió la pandilla que lleva ese nombre y opera con enorme liberalidad de este lado de la frontera.

Se dirá que no es necesario, que así se sacrifica a la ciudadanía, pero el hecho es que ésta lo que quiere es recuperar la tranquilidad y que, con ciertas medidas, como ésta, se podría tener mucho mayor control. Incluso el hecho de que los poderes del estado se hayan trasladado a Ciudad Juárez refuerza esa posibilidad de control.

Habrá que ver cómo funcionan las propuestas operativas y sociales (cuyos resultados siempre, sobre todo estas últimas, tardan mucho tiempo en percibirse con claridad) pero, por lo menos, los principales actores comienzan a dar señales de que comprenden que se necesitan también respuestas políticas para la crisis de seguridad.

Otra iniciativa contra el secuestro: PAN

FCH presentará ley contra el secuestro, afirman

NTX, El Universal Lunes 08 de febrero de 2010

El diputado federal del PAN, Oscar Martín Arce Paniagua, aseguró que el Ejecutivo federal se encuentra en al parte final de la redacción de la iniciativa

El presidente Felipe Calderón presentará en los próximos días al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General contra el Secuestro, aseguró el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) , Oscar Martín Arce Paniagua.

En entrevista, señaló que el Ejecutivo federal está terminando la redacción de la iniciativa, la cual pretende establecer las facultades de cada instancia de gobierno ante el delito del secuestro, así como elevar las penas a las diversas modalidades.

"El Ejecutivo federal va a presentar una iniciativa de Ley Antisecuestro en los próximos días. Ya está prácticamente terminada y estamos esperando que nos las envíen en las primeras semanas de este periodo ordinario" , dijo el legislador federal por Baja California.

Comentó que es una iniciativa que no sólo pretende combatir a las bandas de secuestradores con mayores penalidades, sino también con acciones de forma coordinada con todos los estados para prevenir que sea el eje principal.

Se prevé que la iniciativa presidencial permita acotar el delito por medio de la redes de comunicación, los operativos, las estrategias, para revertir este flagelo que registra más de cinco mil plagios al año ", aseveró Arce Paniagua.

Sostuvo que a la par de la iniciativa del Ejecutivo federal, el PAN en la Cámara de Diputados impulsa la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el secuestro sea considerado en todo el país como delito grave.

Asimismo, se impulsan las reformas al Código Militar donde se afina un nuevo catálogo de delitos; cambios a la Ley Federal de Armas y Explosivos, donde se plantea también reglamentar todas las armas nuevas.

" Las que consideramos más nocivas, las que utiliza el crimen organizado como granadas, diversos calibres y la nueva tecnología que está utilizando la delincuencia organizada para darle nuevas facultades en materia de permisos a la Sedena ", destacó.

El diputado e integrante de la Comisión de Justicia, Oscar Martín Arce Paniagua, dijo que también se revisará la Ley de Extinción de Dominio, que a pesar de su vigencia existen lagunas y artículos que no permiten su aplicación de forma ágil para desactivar el brazo financiero del crimen organizado.

" Se busca lograr la incautación de bienes sin que se pierdan, sin tanta burocracia", concluyó.

Inicio del período ordinario de sesiones

1 de febrero de 2010

Posicionamientos para este periodo ordinario de sesiones en San Lázaro
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, la apertura de un nuevo periodo de sesiones es un buen momento para fijarnos objetivos comunes, para coincidir en altos propósitos que trasciendan al cortoplacismo miope y que recojan el sentir de los ciudadanos.

Hoy tenemos la obligación inaplazable de consolidar una democracia socialmente útil. Nuestra democracia sólo tendrá sentido, como proyecto de vida común, cuando desde ella sea posible mejorar la vida diaria de los mexicanos, y esto sólo es posible con un México con reformas.

Es urgente e impostergable crecer con equidad y de manera incluyente. Crecer como ruta fundamental parar superar la pobreza en la que viven millones de mexicanos. Crecer de manera sostenida para que las oportunidades se multipliquen y los jóvenes tengan esperanza y aliento. Crecer sin concesiones ni prebendas.

Dejar las cosas como están sólo fortalecen privilegios de muy pocos, que laceran a la sociedad y debilitan nuestra convivencia. Para Acción Nacional el ciudadano es inicio y fin de la política. La política no es profesión de vida de unos cuantos, es el instrumento de los ciudadanos para armonizar el encuentro con otros ciudadanos.

Esa es nuestra más firme convicción desde siempre y por eso, el ciudadano es y será el centro de nuestra agenda.

Responder hoy a los ciudadanos es romper autoritarismos; es ampliar sus posibilidades para participar con poder en las decisiones del país; de que el ejercicio de gobierno sea con plena transparencia; es eliminar los márgenes de impunidad.

Garantizar una mayor seguridad es honrar de mejor manera el esfuerzo y el mérito que despliegan los mexicanos cada día. Es la hora de romper candados e inercias, de fortalecer las instituciones de nuestra nación.

Acción Nacional va a honrar el acuerdo que se tomó en esta Cámara de Diputados para construir una reforma hacendaria integral.

En el PAN vamos por esta reforma hacendaria integral que tenga como objetivo la justicia, reconociendo así la urgente tarea de cerrar las brechas de desigualdad que hoy enfrentamos y que para millones de mexicanos significa pérdida de libertad y de futuro.

Debemos de reconocer, de una vez por todas que el petróleo no va a financiar más nuestra economía y que el camino de la deuda supone regresar al pasado de crisis e incertidumbre. De ahí la importancia de una reforma que avance hacia un sistema positivo e impositivo más simple, con agilidad de operación y menos tributos, que incentive la formalidad y la legalidad, la inversión y la creación de empleos.

Es urgente modificar el proceso presupuestario para que todos los órdenes de gobierno estén sujetos al cumplimiento de resultados e indicadores de desempeño, de mayor transparencia y por supuesto, de mejor evaluación.

Una reforma que impulse un nuevo pacto federal, con menos gobiernos costosos, con menos cargas para los ciudadanos.

Nada más contrario a la democracia y a la prosperidad que imponer más cargas a los ciudadanos mientras sus gobiernos gastan de manera ineficaz, sin insuficiente transparencia y con espacios amplios de impunidad.

Seguiremos impulsando reformas que siguen en la espera de mayor voluntad y compromiso.

Se oye fuerte y más fuerte se va a oír la voz de los ciudadanos en este periodo. Así como muchos quisieran silenciar que desde esta tribuna tendremos que llegar a un acuerdo por el bien de México, los ciudadanos se encargarán de dar la voz en este Congreso.

Presentaremos iniciativas para reforzar la persecución del delito, para atender y retribuir a las víctimas, para afrontar de mejor manera los delitos contra periodistas, para frenar y castigar el secuestro, para ampliar la cultura de prevención, para fortalecer la impartición de justicia y en materia de seguridad nacional.

Desde aquí ratificamos el más amplio reconocimiento y nuestro respaldo a nuestro Ejército y Armada por su lealtad y compromiso para salvaguardar la seguridad y certeza de las familias.

Hoy tenemos la obligación de construir una democracia con rentabilidad social y porque coincide plenamente con los postulados y principios democráticos que a lo largo de la historia Acción Nacional ha traído al Congreso y hoy están presentes en nuestra plataforma 2009-2012, reiteramos nuestro respaldo a la reforma política que el Ejecutivo ha enviado al Senado de la República.

La reforma política tiene como propósito fundamental dar poder al ciudadano, un poder que hasta ahora se le ha escatimado.

En México no hemos trastocado los referentes de la política y hoy tenemos en sus reglas las formales y las informales; las escritas y las no escritas; muchos más incentivos para el desacuerdo y la confrontación que para el acuerdo responsable y con apuesta de futuro. Se trata de romper autoritarismos, de que exista una clara asignación de responsabilidades, de abrir la puerta a los ciudadanos para que sean protagonistas con poder en las decisiones del país; de que la autoridad actúe con plena transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad.

Hacemos nuestra la voluntad y compromiso de escuchar otras voces para enriquecer y consolidar esta propuesta. Cualquier decisión que tomemos en el Congreso debe colaborar a la construcción de puentes entre los mexicanos y a derrumbar muros de pobreza, de discriminación, de exclusión. Derrumbemos de una vez por todas estos muros para ampliar este ejercicio de libertad.

Enfrentamos hoy nuevos retos y espacios de poder que se ejercen con las reglas y actitudes de un sistema político autoritario que no termina de irse. Hay derivaciones autoritarias visibles y fáciles de identificar, hay otros mejor disimulados, pero igualmente amenazadores y costosos. En la medida en que estos espacios autoritarios amplían su esfera de poder, de control, de corrupción y enriquecimiento, se limitan las oportunidades y decisiones de miles de ciudadanos.

Sólo con reformas responsables romperemos las ataduras a un pasado que ya no alcanza para el porvenir y la prosperidad. Un México con reformas, sí lo creo, y por convicción, y Acción Nacional lo cree. Hoy vamos a dar poder al ciudadano, por supuesto que lo creemos. Un México con reformas significa abrir candados y liberar la energía. ¿Cómo queremos que los ciudadanos nos reconozcan? ¿Como agentes de cambio y motores de transformación o como anclas que frenan el progreso?

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no cuenten con el PAN para la opacidad, no cuenten con nosotros para una descentralización de la política social que no sustente un federalismo eficaz y efectivamente responsable. Ya otras fuerzas han planteado con anterioridad reelección de legisladores, reducción del número de integrantes del Congreso, segunda vuelta, trámite legislativo, facultad de los ciudadanos para presentar iniciativas y de la Suprema Corte.

Ya estas ideas se han presentado y se han discutido. Superemos las otras razones que frenan el acuerdo. Los legisladores del PAN reafirmamos hoy nuestro compromiso y voluntad en el diálogo y en el debate constructivo con todas las fuerzas políticas en el Congreso.

Cuenten con nosotros para construir los acuerdos que hagan posibles las leyes que reclaman los mexicanos. Cuenten con el PAN para regresar el prestigio a la tarea de legislador, para la modernización del Poder Legislativo, para delimitar las obligaciones y derechos de los legisladores para hacer efectivo el trabajo en comisiones.

Decía Churchil que la falta de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes. Seamos útiles a México. Llegó el tiempo de los ciudadanos, llegó el tiempo de que el Congreso, en este Bicentenario, dé resultados por el bien de esta patria. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Tiene la palabra el señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el ejercicio de un gobierno democrático entraña una actitud respetuosa, de madurez y de ponderación de todas las ideas, por diferentes que sean de las nuestras, y una convicción real de que el diálogo y la concertación son los medios fundamentales para llegar a acuerdos.

A los resabios personales, partidistas o de intereses particulares, quien gobierna tiene que anteponer una visión de estadista con una imagen de futuro que desea alcanzar y lo tiene que hacer a partir de las convicciones democráticas que todo hombre de Estado debe tener.

México vive una evolución del sistema presidencial al de uno de equilibrio de los Poderes del Estado. El unipersonalismo del Ejecutivo, el pluralismo del Congreso y la colegiación del Poder Judicial, nos obliga a todos a encontrar mecanismos de coordinación y colaboración con espíritu republicano.

El Poder Legislativo es un contrapeso legítimo al Ejecutivo. Por ello rechazamos el propósito de disminuir las atribuciones del Congreso de la Unión. Tampoco estamos de acuerdo con vulnerar la soberanía de los estados y debilitar su capacidad de operación. La división de poderes no significa debilitar al otro. Por el contrario, se trata de fortalecer y hacer eficiente nuestra vida institucional.

Los modos, las formas, tienen un contenido substancial que no debe abandonarse. Es insensato querer doblegar a los interlocutores con andanadas mediáticas y, con ello, pretender anular la libre expresión de sus ideas y el ejercicio de su responsabilidad pública.

El enfrentamiento y las descalificaciones conducen a la parálisis del desarrollo nacional. Hay que usar las palabras para construir, no para confundir. El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.

La actual legislatura, la conmemorativa de la Independencia y la Revolución, nos brinda una espléndida oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad histórica frente a los grandes rezagos nacionales y para conjurar todas las intentonas de intolerancia que replantean conflictos ya superados por los mexicanos.

Esta conmemoración demanda del jefe del Ejecutivo un discurso constructivo y tolerante, que promueva la reconciliación nacional, que honre nuestra historia. Le demanda también a él, alejarse de quienes le recomiendan la confrontación como ejercicio del poder. Las modificaciones hechas a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no son una afrenta, derivan del ejercicio responsable de cualquier quehacer legislativo.

Compañeros, atajemos todas las pretensiones de insistir en fundamentalismos. Por el contrario, promovamos la creatividad y la participación ciudadana. Que nada debilite a las instituciones o pretenda encaramar a poderes fácticos, mucho menos utilizando los derechos ciudadanos como ardid para ellos.

Nuestro partido, el PRI, rechaza la retórica y la publicidad oficial que pretende ocultar la realidad con arengas, discursos erráticos y acciones desarticuladas.

Hoy somos un pueblo más pobre, más desigual, con más violencia, con más injusticia. La inseguridad es una realidad que nos amenaza día a día. Ante la realidad nacional, nuestra agenda legislativa contempla la ratificación constitucional del carácter laico del Estado y la responsabilidad de los servidores públicos, los partidos y los ministros de culto de respetar y hacer respetar dicha decisión política fundamental que el pueblo mexicano resolvió hace más de 150 años.

A las fuerzas democráticas de esta soberanía les proponemos restituir la obligación del Ejecutivo de presentar personalmente su informe anual en la apertura del Congreso General. El informe presidencial es una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, depositario de la soberanía de la nación. No es válido, no es dable, que sea en otras instancias donde se presente.

Cumpliremos cabalmente, como lo exige la sociedad, con la obligación constitucional de dictaminar todas, todas las cuentas públicas pendientes.

Esperamos el informe respecto al cumplimiento eficaz y oportuno del compromiso que obliga al Ejecutivo federal a disminuir su gasto corriente y liberarlo oportunamente para la inversión pública.

Impulsaremos la vigilancia y sanción de los subejercicios; expediremos normas para la reasignación de dichos recursos por parte de esta Cámara, para evitar que sean funcionarios menores los que ejerzan una atribución que por su naturaleza corresponde a la soberanía popular.

Presentaremos iniciativas para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que las políticas de gasto público compensen las variaciones de los ciclos económicos.

Con los resultados que obtenga la Comisión de Gastos Fiscales vamos a diseñar propuestas para reordenar este tema y contribuir a una política fiscal que haga efectivos los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Queremos una Hacienda Pública fuerte y justa.

Fortaleceremos el federalismo fiscal y la descentralización del gasto social para garantizar la auténtica soberanía de los estados en el ejercicio de sus recursos.

Propondremos modificaciones legislativas para adoptar una política industrial moderna, que aproveche las ventajas competitivas y comparativas del país; que impulse a los sectores estratégicos; que responda al nuevo perfil de los mercados internacionales; que integre cadenas productivas, desarrolle y proteja el mercado interno.

Promoveremos una banca de desarrollo moderna que reactive la producción y el empleo; que impulse a la inversión y promueva el desarrollo regional y que respalde a las pequeñas y medianas empresas.

Compañeros, a pesar de los cuantiosos volúmenes de los recursos públicos autorizados para el desarrollo social, los resultados son deplorables. De ello dan cuenta los más de 50 millones de pobres.

Por ello impulsaremos una iniciativa de ley que dé autonomía al Coneval, a fin de que éste rinda cuentas de la política social a esta Cámara, para que aquí se conozca y califique la eficacia de los programas sociales.

gual haremos con los programas agropecuarios. El PRI ratifica su compromiso histórico con el campo mexicano, como quedó demostrado en la aprobación del presupuesto 2010.

Propondremos normas para eliminar la discrecionalidad de las delegaciones federales que propicien el abuso de los programas asistenciales y el uso inadecuado de los padrones de beneficiarios.

La seguridad social es una responsabilidad de la que el Estado no puede sustraerse. Por ello habrá que garantizar que entidades independientes y de reconocida probidad certifiquen cualquier acto de subrogación en la prestación de los servicios.

Vamos a presentar una reforma para que el sistema nacional de seguridad pública rinda cuentas trimestrales ante esta Cámara.

Las reuniones palaciegas sirven más para el cultivo de la imagen que a la crítica demostrativa y constructiva.

El consumo de drogas no es sólo un tema de seguridad; es un problema de salud pública, por lo que proponemos la elaboración de un programa para combatir las adicciones.

Reconocemos el valor universal de los derechos humanos y la labor que tiene el Estado de apoyar sin reservas a las víctimas de la delincuencia. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios, y si no, recuerden Michoacán?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a las compañeras y a los compañeros diputados que mantengamos el orden en esta sala, para escucharnos. Adelante, señor diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios. El fin, como digo Gandhi, está en los medios, como el árbol en la semilla. La estrategia debe ser otra, por ello impulsaremos la promulgación de las Leyes de Atención y Protección a Víctimas del Delito, y la de Prevención Social de la Delincuencia.

Señoras legisladoras y señores legisladores de todos los partidos, nuestra fracción parlamentaria estará abierta a escuchar todas las voces que se sumen al propósito de elevar la calidad de vida de los mexicanos y convocará a todos aquellos que tengan como su interés el superior destino de México.

Con espíritu democrático y republicano empecemos este periodo abriendo la oportunidad al diálogo que construye. México se lo merece. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez. Pido a la Secretaría que continúe.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se han agotado todos los puntos del orden del día en cartera. Se dará lectura del orden del día de la próxima sesión.

Ciudad Juárez

El gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza  acusa al presidente Calderón de querer promoverse con “rescate”, y sospecha de la aplicación de recursos que todavía ni siquiera se anuncian. Dice que Calderón es el insensible; que visitó las zonas inundadas del estado de México y el DF; que está muy pendiente del futbolista Salvador Cabañas pero que no se ha parado por la ciudad ni siquiera para consolar a los miles de afectados por la guerra. El alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, aplaude la decisión de su gobernador.
Respuesta institucional

Con respecto a las declaraciones recientes del Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y de otros funcionarios de su administración, la Secretaría de Gobernación hace las siguientes precisiones:
El Gobierno Federal ha respondido en todo momento de manera decidida y solidaria a las solicitudes de apoyo de las autoridades de Ciudad Juárez y del Estado de Chihuahua, además de estar en permanente contacto con las autoridades del estado. Es falso que el Gobierno Federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. En este sentido, las declaraciones del Gobernador relativas a la supuesta falta de interés del Gobierno Federal carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el Gobierno Federal acudió en ayuda del Gobierno de la entidad para reestablecer el Estado de Derecho, desplegando el Operativo Conjunto Chihuahua, hoy Operación Coordinada Chihuahua.

Entre otras cosas, el Operativo Conjunto Chihuahua logró la detención y puesta a disposición de las autoridades de más de 2 mil presuntos delincuentes (incluyendo autoridades de las fuerzas policíacas de la entidad y de diversos municipios), así como diversos aseguramientos de estupefacientes. Mediante dicho operativo, el Gobierno Federal ha impulsado al Gobierno de Chihuahua a realizar una profunda reconstrucción integral de la policía municipal, al mismo tiempo que ha trabajado con las autoridades locales en la depuración y fortalecimiento de los cuerpos estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia, de acuerdo con los compromisos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de cuyo cumplimiento depende la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.
A solicitud expresa de las autoridades locales, mientras se depuran y profesionalizan sus corporaciones de seguridad, el Ejército Mexicano proporcionó apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para reafirmar la autoridad pública en los distritos de mayor incidencia delictiva.
En específico, y con el objetivo que las autoridades locales asuman plenamente las funciones de seguridad pública que por ley les competen, el municipio de Juárez se encuentra conectado a la Plataforma México, y actualmente opera el mecanismo de consulta al Sistema Único de Información Criminal. Cabe destacar que las acciones del Gobierno Federal se han realizado con recursos propios, y no de ninguna otra autoridad local o estatal.
En suma, las fuerzas federales han logrado fracturar y desmantelar redes operativas, logísticas y financieras de la delincuencia organizada en Chihuahua. Asimismo, han capturado a importantes líderes y operadores, responsables no sólo de traficar grandes cantidades de droga, sino también de múltiples homicidios en la entidad.
A pesar de que las autoridades estatales han reconocido que en 2009 se lograron resultados importantes, la situación de inseguridad les ha llevado a solicitar apoyo adicional del Gobierno Federal.
Por lo tanto, es importante destacar que el plan que el Gobierno Federal pretende implementar no está diseñado desde el centro del país, sino que convocará a la sociedad juarense a participar en espacios de diálogo, y tomará todas las decisiones que sean necesarias para que Ciudad Juárez recupere el lugar que le corresponde: una ciudad pujante de gente honrada y trabajadora, punta de lanza de la industria y orgullo de la economía nacional.

Fuente: Boletín No.046-06/02/2010 de la Secretaría de Gobernación.

Reformas al 40 Constitucional

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados adelantó que votará a favor en lo general del dictamen que reforma el artículo 40 de la Constitución para elevar a rango constitucional la laicidad del Estado.

Alberto Carlos Pérez Cuevas, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que su bancada está a favor de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado, “siempre y cuando también se respete las libertades religiosas, de conciencia y de expresión”.

Aclaró que el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales no contempla en su exposición de motivos la libertad de creencias, razón por la cual los diputados del blanquiazul votaron en contra en la reunión de trabajo.

Sin embargo, Pérez Cuevas señaló que el Estado también debe reconocer la libertad de creencia de la ciudadanía, tal y como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos; “por lo que no es la Constitución la que debe otorgar este derecho, sino solo debe reconocerlo”.

El legislador insistió que su partido votará a favor del dictamen, en tanto en la exposición de motivos quede claro la inspiración de la modificación que salvaguarde los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Ley de protección a víctimas

Ley General de Protección a Víctimas del Delito es un avance: Miranda de Wallace; Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la asociación Alto al Secuestro, manifestó su apoyo a la iniciativa que crea la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, la cual fue presentada el pasado jueves por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI).

En conferencia de prensa, la Sra. Isabel Miranda informó que las diferentes fracciones representadas en San Lázaro se comprometieron a aprobar a más tardar en el mes de abril la Ley, que pretende aplicar mecanismos a favor de las personas afectadas por la delincuencia.

“Nosotros originalmente lo habíamos propuesto como Ley de Victimas de Secuestro (…) tenemos el compromiso por todas las bancadas de que esto quedará antes del mes de abril”, acentúo.

Al referirse al tema de la masacre de estudiantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, Wallace dijo que la delincuencia organizada no nace de un día para otro y que es consecuencia de los espacios que dejan los gobiernos. “En este caso, específicamente el gobierno de Reyes Baeza”.

Tras aclarar que estuvo recientemente en ese estado, manifestó dijo que no se puede dejar al pueblo de Chihuahua “abandonado, ni en las circunstancias que está viviendo ¿Por qué no se le piden cuentas al gobernador?, cuestionó.

En la rueda de prensa, la diputada de Chihuahua por el PRI, Adriana Terrazas Porras, la interrumpió: “Usted no vive en el estado de Chihuahua, usted no puede opinar de lo que está haciendo (Reyes Baeza), usted desconoce lo que el gobernador hace, para poder opinar de lo que sucede en el estado ¡hay que vivir en el!

-“Para saber lo que sucede del narcotráfico, no hay que ser narcotraficantes. Los resultados de Chihuahua hablan más de lo que se pueda decir”, le contestó Wallace.

Al formarse una especie de debate, Miranda de Wallace expuso que la procuradora de Justicia del estado del norte, Patricia Lucía González Rodríguez, informó que el conflicto se debe a un asunto entre pandillas. “Lo que desata el problema de los menores de edad es del ámbito del fuero común, y pareciera que el gobierno del estado se lava las manos y se tapa los oídos”.

“La delincuencia organizada no se le puede aplicar a los menores de edad, entonces hablamos de un delito del fuero común, entonces sí le corresponde a su gobernador”, insistió a la legisladora del PRI.

En ese sentido, agregó, Ciudad Juárez está en crisis y debemos tomar medidas drásticas para el problema, pues seguirá permeando a todos los estados.

Inicitiva para combatir el secuestro

Comisión de Justicia crea la figura de secuestro político

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya tiene listo el predictamen de la ley general contra el secuestro, que crea la figura del “secuestro extorsivo político”, propone mecanismos para evitar el pago de rescate y prohíbe la intervención de negociadores privados.

Diputados integrantes de ese órgano jurisdiccional detallaron el contenido del documento, que incluye, por primera vez, la figura del “secuestro extorsivo político”, que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor del cumplimiento de demandas sociales o ciudadanas.

El diputado Josué Valdés Huezo (PRI) indicó que el “secuestro político” será equiparado con la privación ilegal de la libertad, aunque tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.

Valdés Huezo expuso asimismo que se retomará el “modelo italiano” de combate a ese ilícito, que ha dado buenos resultados en esa nación, en el que se evita el pago de rescate, lo que desalienta este delito, en el que México ya es primer lugar a escala mundial con 5 mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una cuarta parte.

En este sentido se prevé solicitar la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.

También se plantea prohibir la intervención de negociadores privados, ajenos a las corporaciones policiacas.

Para la conformación del predicatamen, los integrantes de la Comisión de Justicia estudiaron 12 iniciativas —incluidas la de los ex diputados César Camacho (PRI) y Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN), la del PVEM, y la de Isabel Miranda de Wallace—, a partir de las cuales se hizo un concentrado para tomar lo mejor de cada una.

Miranda de Wallace, quien encabezó una investigación propia para encontrar a los responsables del secuestro y asesinato de su hijo, entregó a principios de diciembre a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de víctimas de ese delito, en la que entre otros puntos propone que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos. Ese punto, sin embargo, se rechazó, pues se consideró que si los rescates se hacen deducibles de impuestos se corre el riesgo de que los secuestros simulados aumenten para obtener los beneficios fiscales.

Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto durante la averiguación previa como en el proceso penal, así como la reparación del daño.

Respecto de la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México, se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.

El documento también prevé federalizar el delito de plagio. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada, mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales.

Fuente: Milenio Diario

Alianza en Sinaloa

En Sinaloa

El miedo a la alianza /Tere Guerra

Publicado en El Debate, 8 de febrero de 2010;

Florentino Castro, secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, confundió los escenarios, al fustigar a la alianza opositora y a los partidos políticos que la están promoviendo, en su discurso con motivo de la conmemoración del aniversario de la Constitución Política Mexicana. El secretario olvidó que hablaba en nombre del gobierno estatal, en un acto que debió de haber sido institucional, y no una arenga partidista.

Cierto que el secretario de Educación frecuentemente pierde la institucionalidad y que en su doble función de secretario de estado y activista político, regularmente predomina lo segundo, varios lo hacen ya como coordinador de campaña de Jesús Vizcarra, pero al menos debería de tratar de guardar las formas, no comer ansias o en todo caso renunciar a su condición de secretario, donde por su investidura está obligado a representar y servir a todos los sinaloenses, no nada más a los de su partido.

Igual es el caso del gobernador del estado, Jesús Aguilar, quien respaldó el discurso del secretario de Educación, señalando que a los partidos que promovían la alianza les saldría "el tiro por la culata" porque se iban a unir el agua y el aceite.

¿Qué no hay suficientes problemas en Sinaloa, que nos afectan a todos, no sólo a los del tricolor, como para que el gobernador se ocupe de ellos, en vez de andar suplantando las funciones de dirigente partidista del PRI? Preocupa que los gobernantes confundan su rol y desatiendan sus deberes, porque no es sólo un desliz los desfiguros de Florentino, al dedicar un discurso institucional para descalificar por promiscua a la oposición que se alía, ni son casuales los excesos del gobernador, al avalar "cien por ciento" lo que Florentino dijo, sino que es expresión de que tanto el gobernador como el secretario están más ocupados en sus quehaceres partidistas que en las funciones y responsabilidades que los sinaloenses les encomendaron, y por las cuales los dos reciben un salario. Porque a ninguno de los dos se les asignó un salario y un cargo para arengar a favor del PRI, y al menos debieran tener respeto por los ciudadanos y guardar las formas.

Con que autoridad moral le reclama el gobernador de Sinaloa a Felipe Calderón, que desde Los Pinos esté promoviendo candidaturas para la alianza, si el gobernador hace lo mismo en la entidad, suplantando funciones del dirigente del PRI, al que por lo visto no le tienen confianza, y utilizando funcionarios ¿y su investidura como gobernante?

Más allá de los desfiguros, que efectivamente se dan en Los Pinos, y que también se presentan aquí, con gobernantes más ocupados en las campañas políticas que en los temas de seguridad, empleo y educación, lo que se advierte en el país es un clima enrarecido y convulsionado por una seguridad quebrantada, por una precariedad que se extiende, con fraudes y matanzas colectivas y un vacío de poder que se profundiza.

En la política no hay mucho a quien irle, y es verdad que hablar de alianzas entre el PAN y el PRD es hablar de partidos que han sostenido posturas encontradas en temas vitales de economía, política, religión, etc., ¿Quién no recuerda la confrontación tan fuerte PAN-PRD con motivo de la disputa por la presidencia?¿Pero de que asombra el PRI?, al que menos le queda hacer esos cuestionamientos es al tricolor, el PAN pudo llegar a Los Pinos por el apoyo de los gobernadores y legisladores priistas. Infinidad de veces, con motivo de las visitas de funcionarios de gobierno federal a Sinaloa, o a la inversa, los funcionarios del gobierno de Sinaloa han dado el aval a las políticas de Felipe Calderón.

¿Cuál es entonces la preocupación del PRI, y por qué denostar tanto la alianza entre el PAN y el PRD, al extremo de utilizar un acto gubernamental para fustigarla? No es otra cosa más que miedo y preocupación, porque al margen de las incongruencias de los partidos que las existen, lo real es que a nivel nacional al PRI le empezó a preocupar que sus contrarios se unan para frenar el avance de sus cacicazgos.

Porque lo real es que lo que explica las alianzas de partidos políticos tan contrarios como el PRD y el PAN son las monarquías priistas que existen en los estados, las complicidades que han construido con el crimen organizado y los excesos en que frecuentemente incurren. No hay otra razón de que partidos tan diversos conjunten fuerzas, sólo los atropellos los unen, y al margen de las diferencias es sano tratar de oxigenar y sanear los abusos de poder que existen en las entidades.

Pero por lo visto hay miedo bastante miedo, como para que confundan los escenarios y hagan discursos partidistas en actos que debieran ser institucionales.

Malova ¿al PAN?

Columna ELENCO POLÍTICO/ Martín Mandoza

Pareciera que Malova se va, se va, y... se va

El Debate, 8 de febrero de 2010;

Aun cuando el Senador Mario López Valdez hasta ayer seguía en el PRI, como lo aseguró al decir que "en el PRI no me han corrido" y pese a informar que todavía no ha recibido ninguna invitación formal para encabezar la alianza opositora que busca desplazar al tricolor de la gubernatura, en esta semana pudiera haber una definición más clara.

La lectura de las últimas declaraciones y movimientos del incansable legislador así lo hacen prever. Se incluye una supuesta reunión con líderes partidistas, luego de que días antes se había entrevistado con Héctor Melesio Cuen, otro aspirante a la Alianza. Ayer mismo, el senador sostuvo una plática con el gobernador Jesús Aguilar. De esas entrevistas es posible haya surgido la decisión, que conmocionaría al mundo político" local.

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En el caso concreto del PRI, López Valdez expresó que "los partidos lo que deben andar buscando es tomar decisiones que los acerquen a la gente, en tener representantes y abanderados que le cumplan a la sociedad, no una provocación de deslealtad para nadie, menos cuando los partidos construyen sus alianzas".

Opinó que "no tenemos porqué mortificarnos cuando se toman las medidas en los partidos en la lógica electoral, cuando se toman las decisiones correctas y se dan los resultados correctos siempre vendrán los triunfos como consecuencia de estarle cumpliendo anhelos a la sociedad".

Nada nuevo. El empresario y deportista que tiene meses asegurando que su nombre aparecerá en la boleta electoral del 4 de julio, aceptó que a mucha gente no le gustan las alianzas. A los miembros de un partido y de otro pueden provocar desencanto porque en un tiempo pueden estar en contra y al rato los vez juntos. Se alían todos los partidos, dijo y recordó las alianzas que ya ha habido en Chiapas y en Baja California Sur, donde fue delegado.

Precisó el senador López Valdez que para que el PAN y el PRD le ganen al PRI no depende de las decisiones. "La decisión que se tome y que puede dar resultado definitivo no va en el sentido si se juntan o no los partidos, sino a quien manden como candidato-- y como los reciba la sociedad. En estos momentos, dijo, el PRI está dos a uno arriba sobre todos los partidos, "pero la gente en un 80 por ciento ya se fija más en las personas que en los partidos, tiene que ver mucho la persona que mande cada quien", acotó.

No será fácil. No nos dejaremos arrebatar los espacios políticos, sentenció el presidente del CDE del PRI, Cenovio Ruiz Zazueta, al responder a la presunta intención presidencial de poner candidatos en los estados.

Interrogado sobre la denuncia hecha por el gobernador Jesús Aguilar Padilla de que "de Los Pinos salen candidatos", el dirigente tricolor confirmó la versión y dijo que el presidente Calderón es promotor de las alianzas, pero insistió en que su partido está dispuesto a defender con todo los espacios conquistados.

Rosas, con FCH. La imputación hecha por Aguilar Padilla a la "casa presidencial", se derivó de que el expriista José Rosas Aispuro Torres, aceptó la candidatura de una alianza opositora al Gobierno de Durango, luego de acudir a una plática con el presidente Felipe Calderón. Pero con aspirantes al gobierno de otras entidades bajo la bandera del PAN ha sido el mismo procedimiento. K

o se asusten. Ayer Malova criticó a los que critican las alianzas al decir que estas "no deben asustar a los partidos que están fuertes. La misma fortaleza es lo que provoca que los otros se junten".

Zacatecas

Columna PLAZA PÚBLICA/ Miguel Ángel Granados Chapa

Monrealismo zacatecano

Publicado en Reforma, 8 de febrero de 2010;

Por esos días de febrero, hace 12 años, Ricardo Monreal Ávila dejó el PRI para ser postulado candidato al gobierno de Zacatecas por el PRD. Tras derrotar a su anterior partido, Monreal se incorporó al nuevo y desde entonces su persona, su familia y sus intereses dominan la escena política en aquella entidad. A tal punto priva el monrealismo en Zacatecas que puede asegurarse que una persona allegada al actual senador por el Partido del Trabajo gobernará ese estado a partir de este año, cuando concluya el mandato de Amalia García. Sea que gane las elecciones el aspirante sostenido por el PRD, sea que el triunfo corresponda al candidato del PRI en ellos se advertirá la huella de Monreal.

El abanderado perredista, Antonio Mejía Haro, llegó a ese partido desde el PRI del brazo de Monreal y durante 3 años formó parte de su gabinete, como secretario de Desarrollo Agropecuario. El aspirante tricolor, Miguel Alonso Reyes, hizo un recorrido semejante: llegó al PRD con Monreal, de quien fue secretario particular, pero no lo acompañó en su tránsito al PT, sino que prefirió retornar al PRI después de 11 años de su ausencia. Tan bien recibido fue que lo han hecho candidato a gobernador. Va de la mano, en una singular coalición, con el PT, dominio actual de la familia Monreal en Zacatecas.

Esta paradójica situación deriva del enfrentamiento entre la gobernadora Amalia García y Monreal mismo, iniciado por la decisión de este último de convertir a su estado natal en su feudo particular. A pesar de que la propia Amalia García fue el enlace que le permitió ser acogido como candidato en el PRD en 1998, lo que implicó la autopostergación de la tesonera militante de izquierda, Monreal no vaciló en estorbar su propósito de sucederlo. Se opuso a que ella fuera candidata en 2004, cuando pretendió enfilar hacia esa posición a su secretario de Gobierno, hoy senador, Tomás Torres Mercado. Como ya para entonces Monreal había ganado un sitio de gran proximidad con Andrés Manuel López Obrador, el entonces jefe de Gobierno del DF resultó sumado a la pretensión monrealista contraria a Amalia García, y ella debió vencer la reticencia del tabasqueño hasta lograr su apoyo.

El que ella ganara la gubernatura no significó que Monreal abandonara sus afanes hegemónicos. Más todavía, acrecentó su fuerza al estrechar su relación con López Obrador tras la declaración formal que hizo Presidente a Felipe Calderón. Como senador perredista, y a despecho de la posición de su coordinador Carlos Navarrete, abanderó la toma de la tribuna en el Senado para impedir la aprobación inmediata de la reforma energética enviada hace casi dos años desde Los Pinos. En diciembre de 2008, cuando quedó en riesgo la fracción del PT en el Senado, por no mantener el número mínimo de sus integrantes, Monreal transitó a la bancada petista sin abandonar el PRD, pero más pronto que tarde su estrategia zacatecana lo hizo incorporarse de plano al PT, de cuya dirección nacional recibió carta blanca para actuar en Zacatecas como cuadrara a sus intereses. Aprovechó para ese efecto el hueco dejado por el diputado José Narro Céspedes, líder petista por antonomasia en su estado natal, que por desavenencias con Alberto Anaya se fue de ese partido hacia el PRD, que lo hizo legislador federal el año pasado.

En esa condición, la familia Monreal encabeza el petismo. Su hermano Saúl es el coordinador estatal de ese partido, mientras que David, hermano también de Ricardo, alcalde de Fresnillo postulado por el propio PT, figuró en una escaramuza en que pretendidamente sería apoyado por el PRI, aliado al partido de que forma parte, para proyectarlo a la gubernatura. Aunque el PRI está de capa caída en esa entidad, conserva todavía la mínima fuerza que le permite recibir y no ofrecer la adhesión del PT, por lo que David Monreal declinó a favor de Alonso Reyes; es decir, el Partido del Trabajo -como hizo hace seis años en Oaxaca, con Ulises Ruiz- apoya al candidato tricolor.

Mejía Haro es el candidato perredista para desazón de la izquierda zacatecana que esperaba de Amalia García el impulso a una candidatura de esa línea, a la que ella misma ha pertenecido y no el que se le atribuye haber ejercido en beneficio del ex priista y monrealista que cuenta con el apoyo formal del PRD. Raymundo Cárdenas, encarnación de esa antigua tradición de lucha, que también fue parte del gobierno de Monreal pero dista de pertenecer a su corriente, es el principal afectado. Se niega hasta ahora a admitir la postulación de Toño Mejía, como la propaganda llama al candidato del PRD. Achaca a la gobernadora haberlo impuesto y se prepara, a fin de eludir el riesgo de apoyar al candidato priista de Monreal, a confeccionar un programa que su corriente propondrá a los candidatos, para que se comprometan a aplicarlo, que en última instancia es lo que le importa.

Nacido en Juchipila el 10 de junio de 1957, Mejía Haro es médico veterinario zootecnista, egresado de la facultad respectiva de la Universidad Autónoma de Zacatecas, plantel de que fue dos veces director. Emigrar del PRI al PRD le valió ser diputado local, luego federal y finalmente senador, cargo del que pidió licencia al concluir el periodo ordinario de sesiones de diciembre pasado. Sin romper con Monreal, se le reputa distanciado de él y encuadrado en el equipo de la gobernadora, que a la postre ha triunfado, al menos dentro del PRD, sobre Monreal. El territorio que este controla disminuirá si el PRI pierde por tercera vez.

Cajón de Sastre

No cabe desdeñar el gesto político del gobernador José Reyes Baeza Terrazas de trasladar los poderes (él decide por los tres) de Chihuahua a Ciudad Juárez. Los habitantes de esa ciudad, todos, no sólo los accionistas y ejecutivos de las empresas maquiladoras cuya seguridad está en permanente riesgo; y no sólo los empresarios de todo tamaño que son víctimas de extorsión (practicada hasta por agentes policiacos), sino la gente común, todos, demandan actos de autoridad legalmente fundados y llevados adelante que les devuelvan la tranquilidad, y nada mejor que realizar esos actos en el terreno mismo donde son necesarios. Pero si se recuerda que hace casi un año, el 22 de febrero de 2009, el propio gobernador fue blanco de un atentado donde murió uno de sus guardianes, sería grave que el Ejecutivo añada su propio riesgo a los de la ciudad-mártir.

miguelangel@granadoschapa.com