El discurso matutino sobre el "caso Sinaloa" empieza a mostrar las costuras del desgaste. Con el debido respeto que reviste la investidura, señora Presidenta, da la impresión de que las palabras pronunciadas en el Salón Tesorería ya no encuentran eco ni en los propios pasillos de Palacio Nacional.
Tras veinte días de un asedio retórico en el que se le exigió a Washington poner sobre la mesa las pruebas que sustentan los señalamientos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó hoy trazar un matiz. Recurrió, en un ejercicio de equilibrismo diplomático, a la teoría de la reciprocidad: argumentó que exigir evidencias es una práctica bilateral ordinaria, similar a cuando México solicita una extradición y el vecino del norte demanda el estricto cumplimiento de los requisitos legales.
Sin embargo, el paralelismo resulta forzado. Equiparar los tecnicismos burocráticos de un trámite judicial común con el pasmo político frente a imputaciones que rozan la seguridad del Estado, no es más que un laberinto de palabras. Mientras el Ejecutivo insiste en trasladar el peso completo de la trama a los escritorios de la Fiscalía General de la República, como si la legalidad pudiera congelar el tiempo, el reloj de la terca realidad sigue su marcha implacable.
