En una jornada marcada por el debate sobre los límites de la justicia y la protección de la democracia, la(SCJN redefinió las reglas del juego electoral para Chihuahua. El máximo tribunal determinó que el Congreso estatal debe actualizar su legislación para sancionar la injerencia extranjera y, al mismo tiempo, matizó el rigor de las sanciones directas contra candidatos por la intervención del crimen organizado.
El pleno ordenó a los legisladores locales subsanar una omisión en las recientes reformas promovidas por la gobernadora María Eugenia Campos, exigiéndoles incorporar la influencia extranjera como causa directa para anular unos comicios. A la par, los ministros validaron que la participación sistemática, grave y dolosa de la delincuencia en un proceso electoral es un motivo legítimo para invalidar los resultados de la elección.
