El caso de Guillermo Zuany trasciende la falla institucional; representa una grieta donde la soberanía nacional, la inteligencia extranjera y el crimen organizado colisionaron en la sombra.
La interrogante sobre si la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de las operaciones de la CIA en Chihuahua no es solo un dilema político, sino un punto ciego para la rendición de cuentas.
Por un lado, la versión vertida desde la clandestinidad por el exfiscal busca distribuir la responsabilidad hacia la cúspide del poder estatal. Argumentar que la máxima autoridad ejecutiva estaba al tanto resulta tácticamente conveniente para una defensa mediática; sin embargo, carece —hasta el momento— de sustento probatorio documental o ministerial público.
