Berlusconi

Berlusconi busca la impunidad legal en Italia
El primer ministro anuncia una ley que impedirá juzgar a las altas autoridades
MIGUEL MORA - Roma -

Publicado en El País, 18/06/2008;
Tras un mes de luna de miel con los italianos, un índice de popularidad del 68%, mucho diálogo con la oposición e iniciativas legislativas (basuras, inmigración, seguridad ciudadana...) diseñadas para cultivar su nueva imagen de estadista, Silvio Berlusconi vuelve a sus esencias. En sólo 24 horas, desencadena una ofensiva contra jueces y fiscales, presenta decretos para bloquear los procesos en los que está imputado, irrita al presidente de la República, escandaliza a la oposición y es acusado de legislar para sí mismo violando la separación de poderes.
Tras mandar al Senado dos enmiendas que paralizarán durante un año los procesos de los delitos cometidos antes de 2002, fecha que cubre aquellos en los que él está imputado, Berlusconi ha enviado una carta abierta al presidente del Senado donde acusa a los "magistrados de extrema izquierda" de "inventar acusaciones fantasiosas" contra él, y en la que anuncia que está ultimando una ley, versión mejorada de otra declarada inconstitucional en 2004 (la llamada lodo Shifani), que impedirá juzgar a las cinco más altas autoridades del Estado mientras estén en activo.
Pero el ataque no se queda ahí. En su carta, Berlusconi escribe que el decreto ha sido "pensado por el bien de toda la colectividad", aunque admite que paralizará "uno entre tantos procesos intentados contra mí". Se refiere al caso Mills, y acusa a la juez y al fiscal de "usar la justicia con fines mediáticos y políticos", y de "estar supinamente inclinados a la tesis acusatoria". Ayer, sus abogados recusaron a la presidenta del tribunal milanés, Nicoletta Gandus.
En el centro del proceso contra Berlusconi está la acusación de haber ordenado el pago de 600.000 dólares (unos 387.000 euros) al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas off-shore de Mediaset, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro.
El clima de concordia queda hecho trizas. En el Senado, la oposición monta la primera bronca de la legislatura. Algunos portan carteles: "Impunidad para el primer ministro, tolerancia cero para los demás". Hay abucheos, y decenas de peticiones de palabra para obstruir la aprobación del decreto que incluye las enmiendas salva-Berlusconi.
El Partido Democrático, la Unión de los Demócratas Cristianos e Italia de los Valores aparecen unidos por primera vez. Antonio di Pietro declara que "Berlusconi está desplegando una estrategia criminal". El Partido Democrático habla de "golpe de mano" y la Asociación Nacional de Magistrados le acusa de "denigrar y deslegitimar a los jueces".
En el Quirinal, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, deja traslucir su indignación por el envío al Parlamento, sin consultarle, de las medidas para congelar los juicios. "Si hubieran estado en el decreto que me enseñaron, no lo habría firmado", declara. El conflicto institucional está servido.

Italia mía/ Editorial; El País,18/06/2008;

No hay novedad en el nuevo Berlusconi. Actúa como siempre. Ejerce la política como si fuera el presidente del consejo de administración de una empresa. Escucha a los miembros de ese órgano, pero hace y deshace a su gusto. Y en su propio beneficio, que es lo más grave. El primer ministro italiano ha vuelto al poder hace un mes y medio por tercera vez en menos de 15 años con los mismos prejuicios de antes y la desconfianza hacia la judicatura, que, sostiene, está en manos de magistrados de izquierda empeñados en arruinar su carrera.
Durante los dos anteriores mandatos eludió con hábiles artimañas los diversos procesos abiertos contra él por presunta colusión de sus intereses empresariales con el ejercicio del poder. Ahora pretende hacer lo mismo con el argumento de la existencia de un proyecto de ley de seguridad, que el Parlamento va a tramitar por vía de urgencia, con el fin de desatascar la parálisis de los millares de procedimientos judiciales sin resolver. La norma prioriza los procedimientos penales con cadena perpetua o más de 10 años de prisión, especialmente los que crean alarma social (mafia, terrorismo, violaciones). Y al mismo tiempo suspende por un año el desarrollo de juicios relativos a hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral, y que pueden ser castigados con penas de hasta 10 años de cárcel.
El proyecto podría justificarse si no fuera porque una de esas suspensiones atañe directamente a las vicisitudes siempre difíciles de Il Cavaliere con la justicia: el llamado caso Mills, abierto en marzo de 1997 y cuya sentencia en primera instancia podría dictarse en los próximos meses. Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado con 588.000 euros al abogado británico David Mills para que falseara su testimonio en dos juicios contra el actual jefe de Gobierno, celebrados en 1997 y 1998, por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Berlusconi fue absuelto, pero la fiscalía solicita ahora ochos años de prisión.
El líder del Pueblo de la Libertad hace bueno el pronóstico mordaz de Romano Prodi, su antecesor, de que salvo el papado, el político y magnate está dispuesto a comprar todo sin importarle si eso supone una violación al Estado de derecho de un país democrático como es Italia.

Nepal

Abolición de la monarquía en Nepal, ¿un nuevo fracaso?/Henry Kamen, historiador británico. Su último libro en español es Los Desheredados. España y la Huella del Exilio

Publicado en EL MUNDO, 17/06/2008;

Una de las primeras canciones que aprendí cuando empecé a ir a la escuela, en las estribaciones de los Himalayas, fue en nepalí y el tema era la felicidad del hombre. Cuando recuerdo la maravilla de aquellas montañas, donde no sabíamos de inviernos aunque cada mañana nos saludaba la espléndida visión de los picos perpetuamente nevados, tengo todos los motivos por estar agradecido de haber crecido allí. El paraíso, por supuesto, ha sido hace tiempo sustituido por la brutal realidad de la política. Hace casi un mes, la gente de Nepal celebró el establecimiento de una república que ahora suplanta a la monarquía tradicional. Es un momento histórico en la Historia mundial, señalando el final de la última monarquía hindú sobre la faz de la tierra y de la dinastía Shaha, que ha estado en el poder durante dos siglos y medio.
Todos los gobiernos del mundo, y también las Naciones Unidas, han enviado sus buenos deseos al nuevo Gobierno, y hay motivos para felicitarle. Nepal ha estado en conmoción durante demasiado tiempo. Un movimiento maoísta empezó sus actividades en la selva en 1996 y ganó impulso en 2001, después de los espectaculares asesinatos en el seno de la familia real. Los maoístas lidiaron una larga década de guerra civil con el deseo expreso de establecer una república comunista totalitaria y hubo un momento en que casi dominaron el 80% del territorio del país. Estimaciones aproximadas sugieren que más de 13.000 vidas, entre policías, terroristas y civiles, podrían haberse perdido desde que la crisis terrorista comenzó en 1996. Desde entonces, los maoístas, conocidos oficialmente como el Partido Comunista de Nepal (maoísta), han controlado efectivamente los acontecimientos. Salieron de la jungla en 2005, se convirtieron en políticos y pidieron el final de la monarquía. En las elecciones celebradas para elegir una Asamblea Constituyente, ganaron más de un tercio de los escaños, convirtiéndose en el partido mayoritario. Se espera que su líder llegue a ser el próximo primer ministro. Añadiendo la gran cantidad de votos que el Partido Comunista de Nepal (marxista-leninista) consiguió, los partidos comunistas controlan más del 56% de los 601 escaños que forman la Asamblea Constituyente. Curiosamente, un tercio de todos los delegados de la asamblea son mujeres. Entretanto, el ex rey abandonó la semana pasada su residencia oficial, el Palacio Narayanhity, en la capital, Katmandú.
Con justicia, uno puede preguntarse: ¿la abolición de la monarquía va a solucionar los problemas de los nepalíes? ¿Trae soluciones la abolición de cualquier monarquía? La experiencia de la historia pasada ha demostrado muy claramente que nunca las ha traído, y sólo ha agravado los problemas. Cualquiera que conozca algo del pasado de Europa sabe que la abolición de la monarquía inglesa en 1640 produjo un Gobierno militar, la abolición de la monarquía francesa en 1789 fue seguida por el terrorismo jacobino, la abolición de la monarquía rusa fue seguida por el establecimiento de una cruel y larga tiranía. En muchos países, como en Inglaterra y Francia, las monarquías fueron restauradas después de un vil período de sufrimiento. Podemos extraer la conclusión de que los políticos activistas que lideran el movimiento en contra de la monarquía nunca han sido capaces de ofrecer una buena alternativa. Su intención tal vez sea honesta, pero su propia incompetencia a menudo les traiciona llevándoles a cometer errores aun peores de los que cometió la monarquía.
Los españoles, por supuesto, están familiarizados con el tema, sobre todo en un año como éste, en el que están celebrando la ambigua historia de su propia monarquía y sus vicisitudes durante los difíciles años de 1808 a 1814. Si un erudito fuera a escribir la historia de la monarquía española desde el siglo XV en adelante, debería tomar en cuenta la persistencia del movimiento antimonárquico, el intento de asesinato contra Fernando el Católico, el desprecio público por Juana la Loca, la rebelión en contra de Carlos V, la indiferencia hacia Felipe II, el vilipendio a Felipe III, el desdén hacia Carlos II, el abierto rechazo a Felipe V y la ruina de todos los monarcas de España, desde Fernando VII en adelante. Desde su nacimiento como nación en 1808, España no dejó de instalar y desinstalar reyes. En 1808, Fernando VII obligó a su padre a abdicar, y algunos meses más tarde él mismo fue obligado a abdicar en favor de José Bonaparte. Fernando fue reinstalado en el trono en 1813, pero dejó un legado atroz dado que no tenía un heredero varón y los carlistas disputaban la sucesión. En 1868 prácticamente obligaron a su hija Isabel a abdicar, y la monarquía no fue restaurada hasta 1874, en la figura de Alfonso XII. En noviembre de 1930, Ortega y Gasset publicó un artículo en un periódico que terminaba con las palabras: «Delenda est monarchia» («Hay que abolir la monarquía»). Los escritores acogieron el fin de la monarquía con entusiasmo. Sin embargo, a la abolición de la monarquía española en 1931 le siguió una república de incompetencia y terrorismo, y una guerra y dictadura fascista.
Todo esto, desdichadamente, tal vez pronto ocurra en el caso de Nepal, un país pobre donde casi la mitad de los 25 millones habitantes es analfabeta, y una considerable mayoría vive con menos de un dólar al día. Todos los partidos políticos representados en la Asamblea difieren entre sí sobre qué tipo de sistema de Gobierno quieren, sobre la estructura federal para el país, su agenda económica y manera de asegurar los derechos de las minorías y grupos en desventaja. Con más de 50 grupos étnicos clamando por su parte, la tarea de redactar la constitución no será fácil. Entre los principales desafíos a que se enfrenta el país, mientras intenta sellar un proceso de paz, uno de los más complicados es resolver el destino de 20.000 antiguos combatientes maoístas, que se hallan actualmente en campos bajo la supervisión de las Naciones Unidas. La dirección maoísta quiere integrarlos en el Ejército nacional, pero es probable que el Ejército nepalí y los otros principales partidos se resistan con dureza.
Y después, por supuesto, existe la amenaza de la secesión. Los que han proclamado una república en Nepal no tenían mandato democrático para hacerlo. No ha habido ningún referéndum. De la misma manera, sin atender el proceso de consulta, algunos partidos regionales han amenazado con separarse de Nepal. El hombre que encabeza un partido de reciente formación que se asienta en la región contigua a la India declaró recientemente en una entrevista a un periódico: «Tenemos el derecho de declarar la independencia». La inestabilidad política en esta región, habitada por la gente madhesi, es intensa. Los intereses regionales y étnicos forman una considerable parte de la nueva Asamblea Constituyente; los partidos madhesi, por ejemplo, tienen 80 diputados.
¿Y qué será del rey Gyanendra? «Los políticos pueden permitirse pensar en sólo cinco años, pero yo tengo que ir más allá», se dice que ha declarado recientemente. No hay evidencia de cuán grande puede ser el apoyo a la monarquía. Los tradicionalistas piensan que, ya que la monarquía es una antigua institución al servicio de la unidad de Nepal, el Gobierno interino debería haber organizado un referéndum para decidir su destino. Algunas de las encuestas de los medios de comunicación señalan que la monarquía se ve como un factor estabilizador. Si los políticos lo enredan todo, lo cual no es improbable, habrá muchos que deseen apoyar la vuelta de Gyanendra como cabeza institucional y democrática del Estado.
El paralelismo con la España histórica es sorprendentemente similar. Incluso hoy un aspecto de dicho paralelismo no está fuera de lugar. Con un Gobierno incompetente en el poder que proclama que «no hay crisis económica», y una oposición incompetente que no puede ni siquiera mantenerse a sí misma, el único centro de estabilidad en la España de hoy es la monarquía. En un artículo escrito en 2004, el historiador Carlos Seco comentó: «Sólo la Monarquía -la inmensa suerte de poseer ese instrumento histórico- permitiría a los españoles una superación de los feroces odios cainitas aún vivos». Tal vez una monarquía reformada en Nepal podría desempeñar el mismo papel.

Liga Norte

Liga Norte: partido de lucha y de gobierno/Gianfranco Pasquino, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Bolonia y en el Bologna Center de la Johns Hopkins University. Traducción de Carlos Gumpert

Publicado en EL PAÍS, 16/06/2008;

En las elecciones italianas de los pasados 13 y 14 de abril, la Liga Norte dobló su porcentaje de voto, pasando del 4% al 8%, y obtuvo 2.640.000 de sufragios para el Senado y más de tres millones para el Congreso. En el Senado, sus 25 escaños resultan hoy decisivos para permitir al Gobierno encabezado por Silvio Berlusconi el disponer de una mayoría y poder llevar a cabo su programa político. Pero además de reforzarse en sus áreas de asentamiento tradicional del norte y el noreste de Italia, donde llegó a superar en ciertas zonas el 30%, convirtiéndose así en el partido más votado, la Liga penetró también en otras áreas -como Emilia-Romaña, donde alcanzó el 4% en la ciudad de Bolonia- que parecían sólidamente hostiles a su capacidad de propaganda.
Su notable éxito le ha permitido obtener cuatro ministerios en el Gobierno de Berlusconi: Interior, para Roberto Maroni; Política Agraria, para Luca Zaia; Reformas Institucionales, para su líder Umberto Bossi; Simplificación Legislativa, para Roberto Calderoli. Se trata de ministerios clave. Maroni tiene como cometido el mantener el orden público y posee competencias para afrontar temas como la criminalidad y la inmigración, a los que la Liga y su electorado dan una enorme importancia. Aunque sea una circunstancia menos conocida, la actividad agrícola continúa siendo económicamente muy significativa en el norte de Italia y el ministro Zaia tendrá que ocuparse, por ejemplo, del problema de las cuotas de producción, objeto de enfrentamiento con la UE. Dado que, al menos desde un punto de vista propagandístico, las Reformas Institucionales (y de manera especial, un federalismo no muy bien definido, que podría llegar incluso a ser fiscal) son una parte importante del programa propuesto por la Liga a los electores, Bossi intentará desempeñar indudablemente un papel activo e incisivo. En cuanto a la Simplificación Legislativa, el ministro Calderoli (que se hizo famoso por su camiseta antiislámica) intentará poner orden en las competencias legislativas del Estado y las regiones. El poder real, el que atañe a las cosas, adquirido por la Liga en este Gobierno de Berlusconi, es, por lo tanto, notablemente grande.
Las dimensiones de este aumento de adhesión a la Liga pueden sorprender. Sin embargo, debería resultar claro a estas alturas que la Liga es un movimiento político difuso, radicado en todo el norte de Italia y, sin duda, no anecdótico. Es necesario subrayar asimismo que su influencia electoral es transversal e interclasista, dado que proviene de todos los sectores sociales del norte y del noreste. El grueso de su electorado está compuesto por trabajadores autónomos y por pequeños empresarios muy activos y productivos, que también dan trabajo a los inmigrantes, si bien deslocalizan en ocasiones sus empresas hacia los países de Europa oriental. Además, aproximadamente un tercio del electorado de la Liga está compuesto por trabajadores por cuenta ajena y obreros descontentos de sus condiciones de trabajo en zonas económicamente muy prósperas.
Obviamente, la fuerza de la Liga depende en primer lugar de su capacidad para aprovechar la fractura territorial italiana. Es más, resulta realmente extraordinario cómo la Liga y sus políticos, dado que resulta difícil identificar a sus teóricos, han sido capaces de inventarse una macro-región. A diferencia de Cataluña, Padania, que es una zona económicamente rica y con un alto nivel de instrucción, no posee ninguna historia común, ninguna tradición compartida, no habla un único idioma, sino dialectos distintos, y presenta culturas políticas diferentes. Y con todo, la Liga ha conseguido imponerla como una entidad efectiva, separada y distinta del resto de Italia. Lo ha hecho con éxito, ofreciendo una alternativa al alcance de todos aquellos que, tras la caída del comunismo y una vez terminada la experiencia de la Democracia Cristiana, iban en busca de una nueva identidad política.
En cuanto ciudadanos residentes en el norte, resultó sencillo para ese electorado hallar identificación e identidad política y electoral votando por la Liga, que se presentaba como portavoz y garante de sus intereses, sus preferencias e incluso sus propias opciones vitales. En segundo lugar, la Liga ha sabido captar también en esa identificación territorial, revalorizándolos, todos los clásicos elementos de protesta de la población del norte en relación con la política romana, de manera especial contra la burocracia y los impuestos que sirven para transferir recursos en favor de las regiones del sur. La escandalosa crisis de la falta de recogida de basuras en Campania, una región (mal) gobernada por la izquierda durante 15 años, ha reforzado a buena parte de los electores del norte en su convicción de que las regiones del sur derrochan el dinero de los impuestos pagados en el norte.
En tercer lugar, la Liga enarbola una actitud crítica contra todos los partidos, contra la política en sí y contra el Estado unitario y centralizado, así como contra la Unión Europea y sus directivas. Se trata de una exigencia de mayor descentralización, que se traduce en demanda de autonomía y, en ocasiones, en la amenaza de una (imposible) secesión. También en este caso, la crisis de la compañía aérea Alitalia, que ha involucrado al aeropuerto milanés de Malpensa, cuyo tráfico aéreo se ha visto reducido en beneficio del aeropuerto romano de Fiumicino, ha llevado a pensar a los electores del norte que, una vez más, los políticos, en este caso del anterior Gobierno de centro-izquierda, favorecen los intereses de Roma. Incidentalmente, estas dos crisis están suponiendo la primera y difícil piedra de toque del Gobierno Berlusconi y de la influencia política de la Liga.
Por último, al haber nacido en buena medida como reacción ante la presencia de italianos meridionales en el norte y estar basada en un decisivo componente de identidad ligada al territorio, la Liga ha transferido parte de sus sentimientos xenófobos contra los inmigrantes, tanto los de África como los de los países de Oriente Próximo, en especial si se trata de musulmanes, así como los de algunos países europeos (rumanos y albaneses de modo especial), cuya tasa de criminalidad es objetivamente mucho más elevada que la media.
Explotando tanto la inseguridad efectiva como la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos, y no solamente del norte, así como la supuesta permisividad de la izquierda y la incapacidad de la política y del Estado para ofrecer soluciones concretas, la Liga ha recogido adhesiones suplementarias. Lo ha conseguido también demostrando que la televisión no es esencial para obtener votos, gracias a su presencia real en el territorio y a su manera de hacer política. Los candidatos y parlamentarios de la Liga son expresión específica de las áreas en las que resultan elegidos. Poseen habitualmente cierta relevancia social y en ocasiones también una biografía política que los hace conocidos para el electorado. Además de lo inadecuado del Estado y de la política italiana, su victoria electoral refleja tanto la existencia de un número excesivo de problemas sin resolver como su capacidad de explotar los miedos y el descontento de zonas y de conciudadanos que conocen a la perfección y desde hace tiempo.
Naturalmente, una vez que se entienden las razones de la atracción que la Liga ejerce sobre muchos sectores del electorado italiano, no se deriva de ello en absoluto que las soluciones propuestas por esta formación, a menudo simplificadoras, sean aceptables. En el ámbito del Gobierno liderado por Berlusconi, que también cuenta con una fuerte presencia de la ultraderechista Alleanza Nazionale, la lucha contra la delincuencia y una política más dura contra los inmigrantes van a ser, ya lo están siendo, temas prioritarios. Desde luego, no está nada claro que el Gobierno de Berlusconi tenga éxito, pero la Liga continuará explotando, por un lado, el papel llevado a cabo por sus ministros y, por otro, paradójicamente, el descontento de los ciudadanos contra ese Gobierno “romano” del que forma parte. Se caracterizará, imitando lo que hacía (o decía) en sus tiempos el Partito Comunista, como partido “de lucha y de gobierno”. La Liga Norte es un potente, y a veces grave, síntoma de la existencia de no pocos problemas italianos. No es, desde luego, su solución.

Relaciones México- EE UU

Las relaciones de Estados Unidos con México y Canadá durante el gobierno del presidente George W. Bush han sido "algo oscuras" debido a la concentrada atención estadounidense en la campaña contra el terrorismo, admitió este martes 17 de junio el subsecretario de Estado John Negroponte.

Dimitri Negroponte habló asi en el Foro de América del Norte que reunió en Washington DC a representantes de gobierno y empresarios de los tres países. "Esta administración ha puesto bastante prioridad en sus relaciones con Norteamérica", dijo. "Pero, algunas veces han tendido a ser algo oscuras mientras se manejaba la situación de alta prioridad que todavía tiene la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán".

"Esperamos que una vez que mejoren las situaciones en Irak y Afganistán, esa prioridad que hemos adosado a nuestras relaciones con Norteamérica tenga la oportunidad de lucirse un poco mejor de lo que hemos podido hacer en los últimos años", agregó.
Negroponte fue el segundo funcionario de más alto nivel en dos días que habla sobre la importancia de una mejor relación de Estados Unidos con México. En la víspera, el secretario de Defensa Robert Gates afirmó que en ese empeño Washington estaba dispuesto a trabajar "respetando y honrando la soberanía de cada país".

En charla con reporteros que cubriero el evento, Negroponte dijo que el gobierno estaba coordinando con la legislatura la aprobación incondicional de la iniciativa Mérida y "no tengo dudas de que vamos a lograrlo".

Al asegurar que detrás de la Iniciativa Mérida no hay “ningún interés por imponer nada” que afecte a la soberanía de México, Negroponte, se mostró aconfiado en que, al final, el proyecto de ley definitivo pasará “en términos aceptables para los dos países”.
Sin abundar sobre montos definitivos, ni especificar los cambios de lenguaje para eliminar los candados que obligarían a México a acometer cambios constitucionales, indicó que ha habido una evolución (del proyecto de ley) que se trabaja en comités del Senado y la Cámara de Representantes. “No lo he visto en su versión definitiva pero me han explicado que se ha adaptado el lenguaje” y hay mayor conciencia de los legisladores.
En tano, Thomas A. Shannon, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo también a reporteros que tanto en el Congreso como en México no se debería perder la perspectiva de que la Iniciativa Mérida "no es un programa de asistencia económica sino de cooperación".

La respuesta de Jorge al EPR

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

El EPR tiene quien le escriba
Publicado en Milenio Diario, 17/06/2008;

El pasado viernes 13 de junio, el EPR difundió un par de comunicados dedicados a un servidor. Es imposible contestarlos en su totalidad, tanto por lo extensos como por la falta de un hilo lógico entre todos sus capítulos y porque las especulaciones seudosociológicas y sicológicas de las que intenta hacer gala no tienen respuesta posible. Pero sí se deben especificar algunos puntos: mis críticas al EPR se basan en un punto central. No existe razón alguna para que una organización o grupo realice acciones armadas en México con el fin de tratar de hacerse con el poder. El EPR cae en hechos delincuenciales cuando implementa lo que denomina guerra popular prolongada.
Las diferencias de concepción, que hacen al EPR algo tan lejano a la sociedad, son innumerables. Si alguna vez hubieran leído a quienes idearon esa concepción de lucha política y militar (como los vietnamitas) se hubieran enterado de que la misma no está concebida para enfrentar a gobiernos democráticos. No es difícil, hubieran podido leer el libro del ChéGuevara, Guerra de guerrillas, un método, para saberlo. Y en México tenemos gobiernos democráticos, elegidos por voto popular, un sistema en el que participan todas las fuerzas, desde la derecha hasta la izquierda, y eso se aplica lo mismo al gobierno federal panista que al del DF perredista que al de Nuevo León del PRI. Hay un Congreso, funcionan (con todas las imperfecciones que se quiera admitir) las instituciones legislativas y las judiciales y plantear en ese contexto la lucha armada y mantener la misma lógica política durante décadas, como si nada hubiera cambiado en el país, es por lo menos una muestra de ignorancia.
Que, además, convierte ese accionar en hechos delincuenciales: dice el EPR que sus acciones son de autodefensa: pues no lo fueron ni el asesinato de los guardias de La Jornada hace años ni el bombazo en el estacionamiento de Plaza Universidad ni los ataques, con su secuela de civiles, militares y policías muertos, en Tlaxiaco y la Crucecita, en Oaxaca, en 1996 (acción que por cierto buscaba presionar al EZLN para no avanzar en los Acuerdos de San Andrés). Tampoco lo fueron los bombazos del año pasado en los ductos de Pemex. Dicen que no realizan secuestros, pero éstos siguen produciéndose y se encuentra plenamente documentada su participación en muchos, desde el de Alfredo Harp hasta el de Joaquín Vargas, pasando por el de Arnoldo Martínez Verdugo. Hablan de unidad, pero son más los militantes de grupos antagónicos y disidentes que han sido ajusticiados entre sus distintas corrientes que los caídos de esa organización en enfrentamientos con agentes de seguridad. Dicen que no tienen nada que ver con la APPO y otras organizaciones sociales y sus dirigentes están encabezando parte de esas movilizaciones. Afirman que tienen una dirigencia colectiva y que no hay decisiones personales, sin embargo, desde hace años el control de la organización se la disputan tres familias. Hoy mismo hay una profunda división entre los grupos oaxaqueños y los del centro del país y, en última instancia, sus documentos manifiestan que se gobiernan a través del centralismo democrático, lo cual implica una dirección vertical. Apuntan que todos sus militantes son parte de la estructura política y militar de la organización y puede ser cierto, por su debilidad estructural, aunque lo cierto es que el tipo de organización en la que trabajan tiene siempre un ala política, una militar y una legal.
Nunca he dicho que el EPR sea una organización del narcotráfico, pero sí que algunos de sus grupos y militantes han tenido ligas con éste, sobre todo en Guerrero y, particularmente, la escisión que conocemos como ERPI. Y esa posibilidad se acrecienta en la misma medida en que su concepción de la violencia y de las zonas de operación se superponen con la de los grupos del narcotráfico.
No creo que sea útil ni necesaria una supuesta negociación que no involucre la aceptación del EPR de convertirse en una organización política más que dispute, respetando las reglas del juego democrático, el poder por las vías legales, cuando éstas se encuentran abiertas para todos los que quieran participar en ellas. No creo que sea necesaria una negociación con el fin de establecer el paradero de dos de sus dirigentes presuntamente desaparecidos porque, como hemos dicho en éste y otros espacios, independientemente de la actividad que desarrollen, es obligación del Estado establecer qué sucedió con esas personas y, si cometieron delitos, iniciarles un proceso legal y juzgarlos. Y, si alguien los secuestró, sea o no desde el gobierno, el caso también debe ser castigado. Y el EPR tiene que aportar los elementos para esa investigación: no lo han hecho y esperan que el Estado, no sólo esclarezca qué sucedió con esos dos militantes, sino que, además, lo haga sin que se den, ni al Estado ni a los medios, los datos básicos para la indagatoria, incluida la acusación de que fueron secuestrados.
No sé si somos dos, tres o diez los periodistas que investigamos lo que sucede con el EPR, pero en todo caso la insistencia de ese grupo en calificar cualquier opinión que no les guste como parte de un andamiaje gubernamental y de inteligencia para intentar descalificarlos, es una muestra más de paranoia, ignorancia e incapacidad en cuanto a sostener un debate real. Y, finalmente, como preguntan en su comunicado, sí, he tenido, como muchos, familiares, amigos y conocidos que, en Argentina, Uruguay y Chile, sufrieron persecución, tortura y muerte por las dictaduras militares que asolaron a la región en los años setenta. Precisamente por eso sé de qué se trata una dictadura y en qué se diferencia de un gobierno democrático. Hoy México es la antítesis de lo que se vivió en esos años en América Latina. Y sé que la democracia, la libertad, los derechos individuales y los civiles van de la mano con la lucha política legal, no con juegos de guerra que terminan siendo manipulados por fuerzas más poderosas. Como ocurre hoy con el EPR.

Proderecho padre de la Reforma de Justicia Penal

Proderecho ¿padre? de la Reforma Judicial
Reforma judicial con sello gringo
Reportaje de Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz
Publicado en la Revista Proceso, 1633, 17/02/2008;
Esta semana en la Cámara de Diputados se discutirá la aprobación de la reforma judicial, cuya iniciativa incorpora planteamientos disímbolos: puntos de vista del Ejecutivo Federal, así como de legisladores de todos los partidos políticos y de organismos defensores de los derechos humanos.
El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”.Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados.
La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como “el corazón de la reforma”, fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.
El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado, desempeñó un papel importante como promotora de los cambios que modificarán 10 artículos de la Constitución.
Por medio de las empresas consultoras Management Systems International (MSI) y Management Sciences for Development (MSD), la USAID canalizó recursos para promover la reforma entre académicos y legisladores mexicanos. Uno de sus primeros resultados fue la creación del Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México (Proderecho), principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial. A fin de extender sus alcances, esta entidad promovió la creación de la red nacional a favor de un sistema de juicios orales y debido proceso legal.
En el sitio internet de Proderecho se dice que esa red está integrada por 65 organizaciones, entre ellas Coparmex, Renace, Grupo Reforma, Grupo Azteca, México Práctico y el Instituto Mexicano para la Justicia (Imej).
Renace es una asociación surgida en Monterrey para la defensa de imputados inocentes de escasos recursos; México Práctico promovió el voto para Felipe Calderón en 2006, y el Imej fue fundado, entre otros, por el recién fallecido articulista del Grupo Reforma Enrique Canales.
Entre los patrocinadores de Renace destacan la propia red nacional de juicios orales, Open Society –fundación del magnate George Soros–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

A partir de 2004, la USAID empezó a cabildear la reforma como parte de su proyecto “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia”. En su página web se indica que este programa consiste en “dar asistencia técnica a los esfuerzos de México para poner en práctica sistemas de justicia civil y penal más efectivos”. La agencia también busca crear centros de mediación patrocinados por los juzgados, cambiar los planes de estudios y elevar los estándares de la práctica de la abogacía.
De acuerdo con los reportes de la consultora MSI, en tan sólo tres años se dieron los primeros pasos de lo que será la transformación del sistema judicial y penal en el país, mediante el diseño y la aprobación de las reformas penales en Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Además, la empresa asesoró a legislaturas de otras entidades, capacitó a jueces penales en Chihuahua, colaboró para el establecimiento de un laboratorio forense en Ciudad Juárez y apoyó la creación de dos centros de mediación en Oaxaca.Avances A partir de enero pasado MSD se encarga del proyecto que de 2004 a 2007 fue administrado por MSI. Esta consultora afirma que durante ese período logró “mejorar la transparencia y justicia de los juicios penales, incrementó la confianza en la procuración de justicia y elevó el respeto al debido proceso, además de la protección de los derechos ciudadanos”.
Esas acciones, agrega, contribuyeron a la transición en México de un sistema inquisitorial, cerrado, escrito e ineficiente a uno acusatorio más eficiente, confiable y oral. Al final, dice, el resultado será “un sistema de justicia penal más responsable con menos violaciones al debido proceso y acceso a la justicia por parte de los sectores socioeconómicos más marginados”.
Para lograr su cometido, la USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una “iniciativa financiada” por esa agencia “y operada por MSD”. En esta nueva etapa del plan estadunidense, la consultora se concentrará en la puesta en práctica de temas como justicia restaurativa, justicia alternativa y reforma de códigos de procedimientos civiles y penales.Proderecho se presenta como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en “dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas”.
Su actual directora es Lucy Mery Tacher Epelstein, quien entre 2003 y 2004 estuvo al frente de MSI México. De 1999 a 2001 se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller. Ésta es una de las principales empresas de cabildeo en el mundo y promovió la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el gobierno de Vicente Fox, Tacher estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública).
Entre los expertos de Proderecho se encuentra el costarricense Daniel González, quien es el coordinador técnico de la organización. Desde 2005 está al frente de la asesoría para las modificaciones de la justicia penal en México. Durante 14 años estuvo a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica.
Otro de los integrantes de Proderecho es Carlos Ríos Espinosa, quien se desempeña como consultor y enlace con los legisladores, sobre todo con Camacho Quiroz, del PRI. Antes de sumarse a este proyecto Ríos se dedicó al tema de los derechos humanos. Fue visitador adjunto de la CNDH y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También se desempeñó como director de estudios sobre Seguridad Pública, Sistemas de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del PAN, y secretario de investigación del Instituto de la Judicatura Federal.
Proderecho desarrolló coordinaciones regionales. Por su perfil ligado a los empresarios de Monterrey sobresale Alejandro Ponce de León Gómez, consultor de la Presidencia de la República en materia de proceso penal en el gobierno de Fox. Durante nueve años fue director de Renace.
Sin extranjeros
Quien hizo posible las propuestas de Proderecho en el Congreso fue el exgobernador del Estado de México César Camacho. De acuerdo con Carlos Ríos, a finales de febrero de 2007 Camacho hizo suya la propuesta que Proderecho había presentado inicialmente como “una iniciativa ciudadana” en el Senado en noviembre de 2006.A pesar del financiamiento del USAID, Camacho niega cualquier intervención del Departamento de Estado. “Siendo uno de los que trabajaron el tema durante meses, confieso que nunca sostuvimos intercambio de impresiones con Estados Unidos. “Hubo una sola institución de corte extranjero que se acercó a ofrecer material y experiencias: el British Council. Ellos invitaron a los diputados a una simulación de juicio en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México”.
En la Cámara de Diputados otra de las impulsoras fue la legisladora de Convergencia Layda Sansores, cuya hija Layda Negrete Sansores, investigadora del CIDE, es asesora del Imej e integrante de la Red Nacional para los juicios orales. Otra investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, participó de forma activa en las discusiones públicas de la reforma. Hubo investigadores de otras instituciones como Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que elaboraron documentos para sacar adelante el dictamen de la reforma en el Congreso.
Destaca también Enrique Ochoa Reza, miembro de la red por los juicios orales y de México Práctico. Además, fue asesor en la Secretaría de Energía para “la apertura al sector privado del sector eléctrico”. Actualmente es el secretario particular de María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conocida cercanía con Calderón.
El senador del PRD Tomás Torres asegura que la iniciativa presentada por Calderón el 9 de marzo de 2007 al Senado detonó la construcción de la reforma; sin embargo, dice que el PRI operó para que no se le atribuyera de forma exclusiva a la Presidencia de la República un hecho de tal relevancia, no sólo porque ya había distintas iniciativas –incluida la de Proderecho–, sino porque el planteamiento del Ejecutivo Federal se concentraba en el fortalecimiento del sistema inquisitorial y represivo. “Venció la propuesta de sacar la iniciativa de Calderón (del Senado) y llevarla a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (Cenca). Así pasó a la Cámara de Diputados, pero el objetivo era realmente prestigiar la mesa de la reforma del Estado”, precisa Torres.
Además, plantea que en la mesa negociadora quienes influyeron en el diseño de la reforma fueron los diputados César Camacho, del PRI, y Andrés Lozano, del PRD, excolaborador del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas. El interés del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, era asegurar la inclusión de la figura de extinción de dominio, como quedó asentada en la modificación al artículo 22 de la Constitución. En ese tema fue más allá incluso de la propuesta de Calderón, pues logró que se puedan confiscar bienes aun cuando no haya sentencia de por medio. Fue por ello que el PRD se dividió: 44 de sus 127 diputados votaron a favor de la reforma judicial. Entre ellos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, el coordinador perredista, Javier González Garza, e integrantes de todas las corrientes del partido, incluidos diputados cercanos a Andrés Manuel López Obrador.
En el Senado participaron por el PAN Alejandro González Alcocer, Ulises Ramírez –actual consejero de la Presidencia de la República– y Alejandro Zapata Perogordo. Del PRI estuvieron Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y exgobernador de Hidalgo, así como Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo. Tomás Torres representó al PRD.
En las discusiones también intervinieron el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el entonces asesor jurídico de la Presidencia y actual subsecretario de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Incluso estuvo presente el gobierno del Distrito Federal por medio de Joel Ortega.
Las ONG
Los diferentes intereses derivaron en lo que organizaciones de derechos humanos definen como “un rompecabezas de excepciones a los derechos constitucionales”, además de que “abren la puerta a la arbitrariedad”.
Desde diciembre pasado, las organizaciones no gubernamentales Democracia, Derechos Humanos y Seguridad; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Red de Organismos Todos los Derechos para Todos y Todas, y Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos fijaron su postura ante la Cámara de Diputados.
Reconocieron que hay avances en el sistema acusatorio, pero alertaron sobre la vulnerabilidad en que quedarán distintas garantías individuales. En un informe publicado el jueves y que se titula Hacia el 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, el Centro Pro considera beneficiosas las modificaciones para un sistema acusatorio y oral, regido por la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación. También estima que son positivos la creación de jueces de control que se encargarán de revisar los actos del Ministerio Público durante la investigación, el fortalecimiento de la defensoría pública y la introducción a la Constitución de algunas garantías como la presunción de inocencia, contar con una defensa adecuada y el derecho a guardar silencio.
Sin embargo, el informe asegura que hay otros aspectos “que se traducirán en graves retrocesos en materia de derechos humanos”. En primer lugar cuestiona los allanamientos sin orden judicial y la elevación a rango constitucional del arraigo hasta por 80 días. En este último caso, Carlos Ríos, promotor de la reforma, reconoce que “se deberá hacer un seguimiento de su efectividad para que no lesionen derechos fundamentales y en todo caso pensar en su modificación”.
El Centro Pro señala que estará en la Constitución “un dudoso” criterio de la Suprema Corte para que la policía pueda allanar un domicilio sin orden judicial “en casos de flagrancia o riesgo de vida y la integridad personal”.Asegura que habrá dos sistemas de justicia: uno para la delincuencia común y otro para la organizada. En el primero habrá un proceso oral y acusatorio, con respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso; mientras que el segundo se basará en un proceso desigual con menos garantías y nula presunción de inocencia, como la privación de la libertad hasta por dos años sin sentencia, y la reducción de garantías en las extradiciones.
El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador General de la República, Sergio García Ramírez, asegura que la reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente, sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático y con la intención de ponerlo en marcha sean cuáles sean las consecuencias”.

Largo proceso legislativo

El día de hoy el Presidente Calderón firmó por fin el Decreto de Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.

Ha sido un proceso legislativo largo, por lo menos desde septiembre del 2006; antes en 2003,hubo una propuestas sobre el mismo tema del Presidente Fox.

Conviene señalar que el antecedente de la reforma actual no se debe a una sola iniciativa sino a varias -incluyendo el espíritu de la propuesta del Presidente Calderón de marzo del 2007;

Este ha sido el procedimiento:

Primero. El 29 de septiembre de 2006, el diputado Jesús de León Tello, (PAN), presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política; la Mesa Directiva acordó que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Segundo. El 19 de diciembre de 2006, los diputados César Camacho, Felipe Borrego Estrada, Raymundo Cárdenas Hernández y Faustino Javier Estrada González, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos PRI, PAN, PRD y PVEM, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución; la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia; poco después, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Tercero. El 6 de marzo de 2007, nuevamente el diputado César Camacho Quiroz (PRI) presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 16, 19 y 20; la iniciativa se turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Cuarto. El 29 de marzo de 2007, de nuevo César Camacho presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución; fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Quinto. 25 de abril de 2007, los diputados Javier González Garza y Raymundo Cárdenas Hernández, Ricardo Cantú Garza y Jaime Cervantes Rivera, y Alejandro Chanona Burguete y Layda Sansores San Román, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos PRD, PT y Convergencia, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos constitucionales 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; se turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Sexto. 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza, Andrés Lozano Lozano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Armando Barreiro Pérez, Francisco Sánchez Ramos, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adiciona los artículos 18, 21 y 104 de la CPEUM. La Mesa Directiva acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. Poco después se modificó el trámite y la Mesa Directiva ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Séptimo. En sesión celebrada el 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza, Andrés Lozano Lozano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Armando Barreiro Pérez, Francisco Sánchez Ramos, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 59-II-1-926, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Octavo. En sesión celebrada por la CD en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza, Andrés Lozano Lozano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Armando Barreiro Pérez, Francisco Sánchez Ramos, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Mesa Directiva acordó que se turnara a la Comisión de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 60-II-4-826, la Mesa Directiva modificó el trámite y ordenó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Noveno. Con fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza, Andrés Lozano Lozano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Armando Barreiro Pérez, Francisco Sánchez Ramos, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constititución; la iniciativa se turno a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Décimo. En sesión celebrada por la CD en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza, Andrés Lozano Lozano, Claudia Lilia Cruz Santiago, Armando Barreiro Pérez, Francisco Sánchez Ramos, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución; fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Décimo Primero.- El 12 de diciembre de 2007, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones de la CPEUM, turnándose al Senado de la República.
Ese día se dio un intenso debate de más de cinco horas, se aprobó en lo particular por 301 votos a favor y 94 votos en contra y cero abstenciones. La Presidenta diputada Ruth Zavaleta señaló: "aprobados los artículos 16 y 18 con las modificaciones presentadas por la comisión y aceptadas por la asamblea, y los artículos 17, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio, en términos del dictamen, por 301 votos. Mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto (...) Pasa al Senado para sus efectos constitucionales."
Décimo Segundo.- El jueves 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen.
Décimo Tércero: La madrugada del viernes 14 de diciembre, el pleno del Senado, aprobó por 72 votos en pro; y 20 en contra la reforma constitucional. Los senadores le hicieron algunos cambios de última hora, empero hubo oposición a otros, que para varios legisladores violentan los derechos humanos.
Al final el Senador Santiago Creel señaló: "En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución."
Décimo Cuarto.- El 1º de febrero de 2008 se recibió en Cámara de Diputados la minuta remitida, que fue turnada mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio y análisis de las modificaciones hechas por la colegisladora.
Décimo Quinto.- El jueves 21 de febrero fue presentado en primera lectura la minuta proyecto de dictamen de la reforma constitucional, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, dio el trámite de dispensa de primera lectura al dictamen previamente aprobado en comisiones por las bancadas del PAN, PRI y PVEM y el rechazo del PRD, PT y Convergencia.

Pero fue cuestionado el procedimiento legislativo. Justo cuando se dio entrada de primera lectura, el diputado Andrés Lozano (PRD) pidió que el texto fuera devuelto a comisiones porque era diferente al aprobado en comisiones.
Después de un posicionamiento de legisladores del PRD, el asunto fue votado por el pleno emitiéndose 126 votos en pro, 240 en contra y 6 abstenciones.
La Presidenta Zavaleta, dijo: "se mantiene el dictamen en el orden del día. En el punto del orden del día estaba incluida esta primera lectura, se va a mantener para poderlo votar."

Décimo Sexto. Estaba previsto que el martes 26 de febrero, se diera la segunda lectura, y votación en su caso del dictamen. Empero, los legisladores del PRI fueron sensibles de varias organizaciones sociales ante la posiblidad de violar los derechos humanos. Por lo que se retiró de la reforma Judicial la posibilidad de que las policías puedan entrar a un domicilio sin orden judicial; es decir, se suprimirá del párrafo 11 del Artículo 16 constitucional, que dice:
"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente."

Ese martes 26 de febrero, con el voto de 462 legisladores a favor, seis en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados se aprueba la reforma judicial tras suprimir el párrafo once del artículo 16 constitucional que posibilitaba el allanamiento policial sin la orden de un juez.

Segundo intento.
La minuta fue turnada ese mismo día al Senado -mediate oficio DGPL 60-II-3-1386-, a fin de que esa Cámara acepte las modificaciones hechas y pueda ser turnado para aval de los Congresos estatales, por tratarse de una reforma Constitucional.

¿Qué dice el Proceso legislativo?

La Constitución dice que: Si una iniciativa es modificada o rechazada por la cámara revisora, debe regresar a la cámara de origen.Si la cámara de origen acepta las modificaciones, se turna al presidente de la República para su promulgación en el Diario Oficial. Si la iniciativa es rechazada o no hay acuerdo en torno a las modificaciones sugeridas por la cámara revisora, la cámara de origen tiene derecho a un "segundo intento", es decir, a enviar por segunda vez la misma iniciativa a la cámara revisora. Empero, si el desacuerdo persiste, la iniciativa se archiva y no puede volver a presentarse dentro del mismo periodo ordinario de sesiones. En el caso de una reforma Constitucional debe agregrase antes de su publicación el aval de los congresos locales.

Décimo Séptimo.- El 26 de febrero de 2008, el Senado de la República recibió la minuta señalada y el Presidente de la Mesa Directiva ordenó se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, únicamente en lo que se refiere a la propuesta de modificación o eliminación del párrafo décimo del artículo 16.

Ese mismo día las comisiones unidas aprobaron el dictamen. Los senadores acordaron que se presente al pleno del Senado en la sesión del próximo martes 4 de marzo.

Décimo octavo:- 4 de marzo, el dictamen se aprueba en Primera lectura.

Décimo noveno.- 6 de marzo, el Presidente de la Mesa propone a la asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. Se aprueba.

El Presidente puso a consideración de la asamblea la parte relativa a la modificación aplicada por la Cámara de Diputados, consistente en suprimir un párrafo en el artículo 16 Constitucional.

Intervinieron los senadores: Roario Ibarra, del PT, quien presentó moción suspensiva, misma que resultó desechada por 67 votos en contra; 25 en pro. Después de varios oradores del PRD, PAN y el PT. La supresión del párrafo en el artículo 16 fue aprobada en los términos del dictamen por 73 votos en pro; 25 en contra.

Ese mismo día el Proyecto de decreto se turnó a las legislaturas de los estados.

El C. Presidente Santiago Creel señaló: "Aprobado en sus términos el dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política y los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos en lo dispuesto en el artículo 135 constitucional."

Vigésimo.- 17 de junio el Presidente Calderón firma el decreto.

Falta su publicación en el DOF.

El cardenal de Guadalajara

Los motivos del cardenal/ Roberto Blancarte

Publicado en Milenio Diario, Martes, 17 Junio, 2008;

En un gesto inusitado, hace unos días, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, “sugirió” a la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires –como si no tuviera nada que ver con ella– que “considere la posibilidad” de regresar los 30 millones de pesos que le donó el gobernador de Jalisco y que ya no reciba los 60 millones restantes prometidos por el mandatario panista. La tan repentina como inusual prudencia del purpurado sorprendió hasta a los propios miembros de la fundación citada. El tono moderado y comprensivo del cardenal contrasta por lo demás con el estilo bronco, autoritario y regañón que hasta hoy ha marcado sus intervenciones públicas.
El arzobispo de Guadalajara no acostumbra “sugerir”, sino más bien ordenar. No les pide a quienes dependen de él que “consideren la posibilidad” de hacer algo, sino que les dice qué hacer. Juan Sandoval Íñiguez tampoco acostumbra aceptar sus errores. Suele empecinarse en ellos. No recuerdo que haya dado marcha atrás a ninguna de sus posiciones o de sus proyectos. El ejemplo número uno de este característico empecinamiento es el famoso “santuario de los mártires” cristeros. Se trata de un enorme elefante blanco, construido en una época en la que los templos de ese tamaño se están vaciando o están siendo utilizados para el turismo y en la que las iglesias, al igual que todas las instituciones del país, resienten la escasez de recursos. Pero eso no le ha importado al cardenal; en lugar de dirigir los donativos de los fieles hacia las tan necesarias obras de beneficio para la comunidad, se empeña en construir el templo más grande de América Latina. Y como evidentemente no hay dinero que alcance para edificar esa nueva pirámide faraónica, pues el arzobispo ha tenido que echar mano de todo, incluido del dinero público, con lo cual tuvo como donantes cautivos en la práctica a evangélicos, mormones, Testigos de Jehová y por supuesto a los propios católicos, estuviesen o no de acuerdo con él. Todo eso por supuesto, con la complicidad del actual gobernador, quien usó el dinero de todos para quedar bien con su líder moral. En el fondo está un proyecto común que podemos definir como “neocristero”, porque busca recuperar la imagen e historia de esos luchadores contrarrevolucionarios, para consolidar un régimen local y regional opuesto a la laicidad del Estado mexicano.
La pregunta que nos podemos hacer es si este cambio de opinión que presenciamos, responde a una súbita comprensión de que se trataba de una acción abusiva, indebida y arbitraria, contraria a la libertad de creencia (porque nadie debe estar obligado a sostener materialmente las creencias de otros), o si es simplemente un gesto político, destinado a apaciguar las aguas que amenazaban con hundir al panismo yunquista en la región. La razón expuesta para este cambio de rumbo es que “la paz y la concordia en la sociedad deben estar por encima de cualquier otra cosa”. Lo cual es muy cierto. Pero significa, sobre todo, un reconocimiento de que las protestas fueron generalizadas, lo cual incluye a católicos y panistas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió más de siete mil quejas de ciudadanos. La Cámara de Diputados federal se movilizó para revisar las partidas otorgadas, las protestas arreciaron y el llamado góber piadoso tendrá que rendir declaración ante un juez de distrito para responder acerca de sus vínculos con el organismo beneficiario del donativo.
Evidentemente, el arzobispo de Guadalajara y el gobernador de Jalisco decidieron cortar por lo sano. Y qué mejor salida que “sugerir” a la fundación en cuestión que “considere” regresar el dinero mal habido. El cardenal aparece así como la persona prudente y conciliadora que no es, y el gobernador, en principio, se salva de las inspecciones presupuestales y de la función pública que inevitablemente se ciernen sobre él. Lo cual no está garantizado, pues es probable que las diversas investigaciones sobre la ilegalidad de las aportaciones sigan su curso.
Me niego a creer, sin embargo, en este acto de prudencia del cardenal. En primer lugar porque, es evidente, la decisión les ha sido básicamente “arrancada” tanto al cardenal como al gobernador. No veo, sinceramente, a estos dos personajes renunciando a la oportunidad histórica que ofrece la toma del poder por parte del integrismo católico en Jalisco, que les permite canalizar recursos a la Iglesia católica. Si la vía de los donativos directos se les cerró, prudentemente han aceptado la derrota, pero no veo nada en la trayectoria de ellos que nos permita pensar en una conversión a los principios de la laicidad. Intentarán, si los ciudadanos se lo permiten, nuevas maneras de canalizar recursos para alcanzar su mismo objetivo. En otras palabras, el proyecto neocristero sigue vivo. Su símbolo más conspicuo es el “santuario de los mártires”. Pero detrás de ese megatemplo hay más que megalimosnas o recursos desviados del erario público. Existe un proyecto político-eclesiástico de corte integrista, el cual pretende dar marcha atrás a una sociedad secularizada y a sus instituciones laicas.

blancart@colmex.mx

Guantánamo

El democráta Carl Levin, titular del Comité de Servicios Armados del senado de EE UU dijo este martes en Washington ue las técnicas agresivas aplicadas en Guantánamo "contra los detenidos, equivale a decir al mundo que tienen el sello de aprobación estadounidense". lo cual no es cierto.

Además, señaló "eso pone a nuestros soldados en mayor riesgo de sufrir abusos si son capturados". "También debilita nuestra autoridad moral y perjudica nuestros esfuerzos por atraer aliados a la lucha contra el terrorismo".
La audiencia de este martes es el primer vistazo que da el comité al origen de los métodos más agresivos utilizados en la prisión de Guantánamo en Cuba y Abu Ghraib en Irak, y de cómo el Departamento de Defensa examinó las decisiones políticas sobre los interrogatorios. Su revisión refleja el manejo de los detenidos por parte del gobierno, que incluye los interrogatorios del FBI y la CIA en prisiones secretas.

En tanto, el senador republicano Lindsey Graham dijo que el análisis legal que hizo el gobierno de George W. Bush sobre los detenidos y los ataques terroristas del 2001 "pasarán a la historia como algunos de los análisis más irresponsables y cortos de miras jamás suministrados a los militares y comunidades de inteligencia de nuestra nación".
Al preguntársele - señala una agencia de la AP- sobre la afirmación de Graham, el vocero de la Casa Blanca Tony Fratto respondió que "tenemos gran respeto por Lindsey Graham. No vamos a revisar cada opinión legal que ha sido emitida por este gobierno... Nuestra política ha sido lidiar con estos detenidos humanamente y extraer de ellos la información que podamos para proteger este país".

Y bueno, es evidente las equivocaciones de la administración Bush, basta le el siguiente reportaje publicado en The Miami Herald.

¡No era Taliban, se convirtió en Guantánamo!

Reportaje: publicado en Miami Herald

Guantánamo: Beyond the Law
Guantánamo became a terror training ground
Side-by-side with violent extremists at Guantánamo, low-level detainees are being built into new fighting machines. And they hate the United States

Centro de detención de Guantánamo se torna escuela de terroristas
TOM LASSETER / MCT

Publicado en español en El Nuevo Herald on line, martes 17 de junio de 2008;

Mohammed Naim Farouq era un bandido de Zormat, un distrito sin ley en el este de Afganistán. Se dedicaba al secuestro y la extorsión y controlaba su territorio con una banda de hombres armados que andaban en camiones con fusiles automáticos AK.
Soldados estadounidenses lo detuvieron en el 2002, aunque no tenía relaciones claras con el Talibán o Al Qaea. No obstante, cuando Farouq fue liberado al año siguiente del campamento de detenidos de Guantánamo -tras 12 meses de lo que califica de abusos y humillaciones a manos de los soldados estadounidenses- ya había establecido relaciones militantes de alto nivel.
De hecho, se había convertido en un líder talibán. Cuando la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados unidos dio a conocer en el 2006 una lista de los 20 militantes más buscados en Afganistán y Pakistán -con Osama bin Laden en el número uno- Farouq estaba en el lugar 16.

Una investigación de McClatchy Newspapers descubrió que en lugar de encerrar a terroristas, Guantánamo muchas veces engrosó sus filas al reunir a delincuentes comunes, reclutas, soldados rasos y hombres sin compromiso alguno con el islamismo radical -inspirando en ellos un odio visceral de Estados Unidos- y colocándolos en celdas vecinas a las de militantes radicales, quienes explotaron rápidamente las fallas del sistema de detención.
Los soldados, guardias e interrogadores en las bases de Estados Unidos en Bagram y Kandahar, en Afganistán, abusaron de muchos de los detenidos, que llegaron a Guantánamo llenos de ira contra Estados Unidos.
Los líderes del Talibán y Al Qaida en las celdas cercanas no perdieron tiempo en predicarles su interpretación ardiente del islam y la necesidad del la guerra santa islámica contra Occidente. Guantánamo se convirtió en una verdadera escuela de guerra santa con un consejo de notables que emitían fatwas, órdenes religiosas de cumplimiento obligatorio, a los otros detenidos.
El contraalmirante Mark H. Buzby, hasta hace poco el oficial al mando en Guantánamo, admitió que los altos líderes militantes ganaron influencia y control.
"Con una gama tan completa de líderes [del Talibán y Al Qaeda] aquí, ¿por qué no iban a continuar funcionando como organización?", dijo durante una entrevista telefónica. "Tengo que suponer que en Guantánamo hay una célula de Al Qaeda completamente funcional''.
Funcionarios afganos y paquistaníes han indicado también que sabían que Guantánamo estaba generando hornadas masivas de líderes militantes.
En un informe secreto del 2005 sobre 35 detenidos liberados de Guantánamo, la inteligencia de Pakistán llegó a la conclusión de que los hombres, que en su mayoría sufrieron "graves torturas físicas y mentales‘‘, según el informe, abrigaban "resentimiento y odio extremos contra Estados Unidos''.
El informe advertía que a menos que se tomaran medidas para rehabilitar a estos hombres, tenían el potencial para "convertirse en otro Abdullah Mehsud'', un ex detenido de Guantánamo que llegó a ser un alto jefe talibán en las áreas tribales paquistaníes que lindan con Afganistán. Mehsud se suicidó con una granada en julio pasado para no caer en manos de las tropas paquistaníes.
"Muchos de nuestros aliados combaten ahora a los estadounidenses porque si se tortura a alguien sin razón alguna, ¿qué se puede esperar?", dijo Issa Khan, un ex detenido paquistaní, en una entrevista en Islamabad. "Muchas personas que estaban en Guantánamo ahora son talibanes'', agregó.
Ex funcionarios del Departamento de Defensa aceptaron el problema al ser entrevistados, pero ninguno quiso hablar del tema abiertamente debido a las implicaciones: los funcionarios enviaron por error a Guantánamo a muchos hombres que no eran terroristas endurecidos, pero que cuando fueron liberados ya eran precisamente eso.
McClatchy solicitó infructuosamente comentarios sobre el tema a altos funcionarios del Departamento de Defensa. La funcionaria a cargo de asuntos de los detenidos en el Pentágono, Sandra Hodgkinson, rechazó peticiones de entrevistas incluso después de recibir una lista de preguntas.
No obstante, docenas de antiguos detenidos, muchos de quienes no querían hablar por miedo a que los militantes los tacharan de espías, describieron una red --a veces fragmentaria, a veces de una complejidad asombrosa-- que permitía a islamistas radicales ganar poder en Guantánamo:
* Los militantes reclutaban a nuevos detenidos ofreciéndoles ayudarlos a memorizar el Corán y estudiar árabe. Les impartían clases, llenas de su teología instigadora, entre las paredes de malla metálica de las celdas, del otro lado de una cerca durante el ejercicio o en bloques de menor seguridad, durante reuniones de grupo.
* Líderes del Talibán y Al Qaida designaban líderes de pabellón. Cuando había algún problema con los guardias, como alegaciones de insultos al Corán o registros violentos de detenidos, estos líderes reportaban a sus jefes si los hombres de su pabellón habían respondido con huelgas de hambre o tirándoles orine y heces fecales a los guardias. Los líderes superiores decidían entonces si debían ordenar huelgas de hambre a gran escala u otras protestas.
* Los líderes de Al Qaida y el Talibán en Guantánamo dictaban reglas que gobernaban el comportamiento de los detenidos. Estrechar la mano de las guardianes estaba absolutamente prohibido, los hombres debían rezar cinco veces al día y debían mantener al mínimo las conversaciones con los soldados estadounidenses.
La labor de reclutamiento y organización no termina en Guantánamo. Después que los detenidos liberados reciben la visita de militantes que tratan de cementar las relaciones formadas en la prisión.
"Cuando me liberaron, ellos [comandos talibanes] me dijeron que me les uniera para para pelear'', dijo Alif Khan, ex detenido afgano entrevistado en Kabul por McClatchy. "Me dijeron que debía mudarme a Waziristán'', un nido de talibanes en Pakistán.
tlasseter@mcclatchydc.com

The Miami Herald Posted on Tue, Jun. 17, 2008
Guantánamo became a terror training ground
BY TOM LASSETER
Mohammed Naim Farouq was a thug in the lawless Zormat district of eastern Afghanistan. He ran a kidnapping and extortion racket, and he controlled his turf with a band of gunmen who rode around in trucks with AK-47 rifles.
U.S. troops detained him in 2002, although he had no clear ties to the Taliban or al Qaeda. By the time Farouq was released from Guantánamo the next year, however — after more than 12 months of what he described as abuse and humiliation at the hands of American soldiers — he'd made connections to high-level militants.
In fact, he'd become a Taliban leader. When the U.S. Defense Intelligence Agency released a stack of 20 "most wanted" playing cards in 2006 identifying militants in Afghanistan and Pakistan — with Osama bin Laden at the top — Farouq was 16 cards into the deck.
A McClatchy investigation found that instead of confining terrorists, Guantánamo often produced more of them by rounding up common criminals, conscripts, low-level foot soldiers and men with no allegiance to radical Islam — thus inspiring a deep hatred of the United States in them — and then housing them in cells next to radical Islamists.
The radicals were quick to exploit the flaws in the U.S. detention system.
Soldiers, guards or interrogators at the U.S. bases at Bagram or Kandahar in Afghanistan had abused many of the detainees, and they arrived at Guantánamo enraged at America.
The Taliban and al Qaeda leaders in the cells around them were ready to preach their firebrand interpretation of Islam and the need to wage jihad, Islamic holy war, against the West. Guantánamo became a school for jihad, complete with a council of elders who issued fatwas, binding religious instructions, to the other detainees.
Rear Adm. Mark H. Buzby, until recently the commanding officer at Guantánamo, acknowledged that senior militant leaders gained influence and control in his prison.
"We have that full range of (Taliban and al Qaeda) leadership here, why would they not continue to be functional as an organization?" he said in a telephone interview. "I must make the assumption that there's a fully functional al Qaeda cell here at Guantánamo."
Afghan and Pakistani officials also said they were aware that Guantánamo was churning out new militant leaders.
In a classified 2005 review of 35 detainees released from Guantánamo, Pakistani police intelligence concluded that the men — the majority of whom had been subjected to "severe mental and physical torture," according to the report — had "extreme feelings of resentment and hatred against USA."
The report warned that unless steps were taken to rehabilitate the men, they had the potential of "becoming another Abdullah Mehsud," a former Guantánamo detainee who became a high-ranking Taliban commander in the Pakistani tribal areas bordering Afghanistan. Mehsud killed himself with a grenade last July to avoid being taken prisoner by Pakistani troops.
"A lot of our friends are working against the Americans now, because if you torture someone without any reason, what do you expect?" Issa Khan, a Pakistani former detainee, said in an interview in Islamabad. "Many people who were in Guantánamo are now working with the Taliban."
According to Afghan authorities, Mohammed Naim Farouq was a rural gangster, not a terrorist.
"He was with a group that was kidnapping people. It was a criminal group. It did a lot of extortion," said Attorney General Abdul Jabar Sabit, who interviewed Farouq in Guantánamo.
But, Sabit found, Farouq wasn't linked to the Taliban or al Qaeda when the Americans arrested him.
No more. Since Farouq was released from Guantánamo, the Defense Intelligence Agency said, he's had a relationship with al Qaeda and the Taliban and heads a group of Taliban militiamen.
"Naim was a very, very small guy before, but now that he's been released, he's a very big problem," said Taj Mohammed Wardak, a former Afghan interior minister who also served as the governor of Farouq's province. "It has a really bad effect when these men return to their communities."
Discussing the effect that Guantánamo had on him, Farouq measured his words.
"Why did the Americans treat me this way?" he said during an interview with McClatchy in Gardez. "I wanted to keep my district peaceful."
A NETWORK FOR RADICALIZING
In interviews, former U.S. Defense Department officials acknowledged the problem, but none of them would speak about it openly because of its implications: U.S. officials mistakenly sent a lot of men who weren't hardened terrorists to Guantánamo, but by the time they were released, some of them had become just that.
Requests for comment from senior Defense Department officials went unanswered. The Pentagon official in charge of detainee affairs, Sandra Hodgkinson, declined interview requests even after she was given a list of questions.
However, dozens of former detainees, many of whom were reluctant to talk for fear of being branded as spies by the militants, described a network — at times fragmented, and at times startling in its sophistication — that allowed Islamist radicals to gain power inside Guantánamo:
Militants recruited new detainees by offering to help them memorize the Quran and study Arabic. They conducted the lessons, infused with firebrand theology, between the mesh walls of cells, from the other side of a fence during exercise time or, in lower-security blocks, during group meetings.
Taliban and al Qaeda leaders appointed cellblock leaders. When there was a problem with the guards, such as allegations of Quran abuse or rough searches of detainees, these "local" leaders reported up their chains of command whether the men in their block had fought back with hunger strikes or by throwing cups of urine and feces at guards. The senior leaders then decided whether to call for large-scale hunger strikes or other protests.
Al Qaeda and Taliban leaders at Guantánamo issued rulings that governed detainees' behavior. Shaking hands with female guards was haram — forbidden — men should pray five times a day and talking with American soldiers should be kept to a minimum.
The recruiting and organizing don't end at Guantánamo. After detainees are released, they're visited by militants who try to cement the relationships formed in prison.
"When I was released, they (Taliban officials) told me to come join them, to fight," said Alif Khan, an Afghan former detainee whom McClatchy interviewed in Kabul. "They told me I should move to Waziristan," a Taliban hotbed in Pakistan.
Most of the 66 former Guantánamo detainees whom McClatchy interviewed were hesitant to talk about their religious and political transformations in prison.
Ilkham Batayev, a Kazakh, described his stay at Guantánamo in bitter, angry terms. "I learned the traditions of many people," he said. "Of course it changed me inside, but this is something private." He said that Arab detainees spent a lot of time teaching him Arabic and giving him lessons about the Quran.
Others said that fellow detainees showed them the path of fundamentalist Islam.
Taj Mohammed, an Afghan detainee, said that the time he spent at Guantánamo studying the Quran and discussing Islam with radicals helped him see the world more clearly.
"There were detainees who did not pray or who spoke with female soldiers," Mohammed said. "We stopped speaking with these men. Sometimes we beat them."
The U.S. government accused Mohammed of being a member of two insurgent groups in Afghanistan's Konar province and taking part in an attack on a U.S. military base.
Mohammed maintained that he was a shepherd. Mohammed Roze, an official with the Afghan government's peace commission in Konar province, said Mohammed was set up by a cousin with whom he was feuding.
U.S. ATTEMPTS AT SEPARATION BACKFIRE
American officials tried to stop detainees from turning Guantánamo into what some former U.S. officials have since called an "American madrassa" — an Islamic religious school — but some of their efforts backfired.
The original Guantánamo camp, Camp X-Ray, was little more than a collection of wire mesh cells in which detainees were grouped together without much concern for their backgrounds.
In April 2002, U.S. officials shifted the detainees to Camp Delta, which grew to include a series of camps organized by security level.
For example:
Camp One was for better-behaved detainees, who were given toiletry items such as toothpaste and shampoo and more time for outdoor exercise.
Camp Two was set up for cooperative detainees — especially those who helped interrogators — who still posed a high security threat to guards. They were given time in exercise areas, but were watched carefully.
Camp Three was a high-security facility where detainees spent most of their time in cells with steel mesh walls and little more than mattresses and copies of the Quran.
Camp Four was for the best-behaved detainees, and featured communal living spaces, librarian visits and lawns for soccer.
Camp Five resembled a U.S. maximum-security prison, with automatic sliding cell doors and a central guard station.
The idea was that detainees who presented graver threats and were uncooperative would be separated from those with looser ties to international terrorism.
What the plan overlooked — according to several detainees and a former U.S. defense official, who spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the subject — is that even midlevel al Qaeda members had been trained in resistance techniques, and that one of them was to avoid calling attention to yourself. An angry cabdriver from Kabul, in other words, may have been more likely to attack a guard and end up in Camp Three than an al Qaeda militant was.
As a result, some senior radicals ended up in Camp Four, free to preach their message of international jihad to petty criminals, Taliban conscripts and detainees who had little or no previous affiliation with Islamic militancy.
At times, detainee leaders would order other men to break camp rules so that the guards would send them to higher-security blocks, where they could carry messages from their leaders, said Charles "Cully" Stimson, who was the deputy assistant secretary of defense for detainee affairs from January 2006 to February 2007.
"The communications network there is like the communications network in any jail," Stimson said. "When Americans are in captivity, they respect rank. . . . I suspect it's no different down there."
Buzby, the Guantánamo commander, said that he, too, suspected that information flowed freely between militant leaders and their men at Guantánamo's camps.
"It would be foolish to not believe that there is a hierarchy of information being passed up and down the chain of command," Buzby said.
Abdul Zuhoor, an Afghan detainee who spent time in Camp Four, said that radical detainees used the system to their full advantage.
Zuhoor said he remembered watching groups of senior Taliban and Arab detainees meet in the exercise yard.
"They considered themselves the elders of Guantánamo," Zuhoor said in an interview in the Afghan town of Charikar. "They met as a shura (religious) council."
The group, Zuhoor said, acted in concert with others across Guantánamo to issue fatwas, which then were disseminated by detainees who were being moved to other areas for medical checkups, interrogations or transfers to higher-security blocks.
An attorney for one Arab detainee, who spoke on the condition of anonymity because he feared implicating his client, said his client told him at one point that he couldn't meet with his legal team anymore.
"He said there were five or six detainees who had assumed positions of leadership in the camp, and that he had to deal with them," the attorney said. "And they said that he would need a fatwa to continue speaking with us, to continue speaking with Americans."
The fatwa, the shura council told the attorney's client, couldn't come from just any imam; it had to be from a senior cleric in Saudi Arabia, a hotbed of fundamentalist Sunni Islam.
In June 2006, Zuhoor said, a Taliban member at Guantánamo bragged to him that there soon would be three "martyrs."
"The Arabs and some Taliban sat together and issued a verdict," Zuhoor said. "Three of the men volunteered to kill themselves to get more freedom for the other detainees."
The next morning, Zuhoor said, the news spread across Guantánamo: Three Arabs had committed suicide.
The Guantánamo commander at the time, Rear Adm. Harry Harris, called the suicides acts of "asymmetric warfare."

Diálogo Interreligioso

El diálogo interreligioso hoy, según Benedicto XVI
Discurso que pronunció Benedicto XVI a los participantes en la asamblea plenaria del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el 7 de junio pasado.
* * *
Eminencia;queridos hermanos en el episcopado; señoras y señores:
Me complace tener esta oportunidad de encontrarme con vosotros al final de la X asamblea plenaria del Consejo pontificio para el diálogo interreligioso. Extiendo mi cordial saludo a todos los participantes en esta importante reunión. En particular, agradezco al cardenal Jean-Louis Tauran sus amables palabras.
El tema de vuestra asamblea plenaria es: "Diálogo in veritate et caritate: orientaciones pastorales". Me alegra saber que durante estos días habéis tratado de llegar a una comprensión más profunda de la actitud de la Iglesia católica ante los miembros de otras tradiciones religiosas. Habéis considerado el objetivo más amplio del diálogo, que es descubrir la verdad, y su motivación, que es la caridad, en obediencia a la misión divina confiada a la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo.
En la inauguración de mi pontificado, afirmé que "la Iglesia quiere seguir construyendo puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones, para buscar el verdadero bien de cada persona y de la sociedad entera" (Discurso a las delegaciones de diversas Iglesias, 25 de abril de 2005: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 29 de abril de 2005, p. 2). A través del ministerio de los Sucesores de Pedro, incluyendo la labor del Consejo pontificio para el diálogo interreligioso y los esfuerzos de los Ordinarios locales y del pueblo de Dios en todo el mundo, la Iglesia sigue acercándose a los seguidores de las diferentes religiones.
De este modo expresa un deseo de encuentro y colaboración en la verdad y en la libertad. Como dijo mi venerado predecesor el Papa Pablo VI, la responsabilidad principal de la Iglesia es el servicio a la verdad, "la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo. Verdad que buscamos en la palabra de Dios"(Evangelii nuntiandi,78).
Los seres humanos buscan respuestas a algunos de los interrogantes existenciales fundamentales: ¿Cuál es el origen y el destino de los seres humanos? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué aguarda a los seres humanos al final de su existencia terrena? Todos tienen el deber natural y la obligación moral de buscar la verdad. Una vez conocida, están obligados a adherirse a ella y ordenar toda su vida de acuerdo con sus exigencias (cf. Nostra aetate, 1; Dignitatis humanae, 2).
Queridos hermanos, "caritas Christi urget nos" (2 Co 5, 14). El amor de Cristo es lo que impulsa a la Iglesia a acercarse a todos los hombres, sin distinción, más allá de los límites de la Iglesia visible. La fuente de la misión de la Iglesia es el amor divino. Este amor se revela en Cristo y se hace presente a través de la acción del Espíritu Santo. Todas las actividades de la Iglesia han de estar animadas por este amor (cf. Ad gentes, 2-5; Evangelii nuntiandi, 26; Diálogo y misión, 9).
Así pues, el amor urge a cada creyente a escuchar al otro y a buscar ámbitos de colaboración. Animo a los interlocutores cristianos en el diálogo con los seguidores de otras religiones a proponer, no a imponer, la fe en Cristo, que es "el camino, la verdad y la vida" (Jn 14, 16). Como afirmé en mi última encíclica, la fe cristiana nos ha enseñado que "la verdad, la justicia y el amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad" (Spes salvi, 39). Para la Iglesia, "la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia" (Deus caritas est, 25).
La gran proliferación de encuentros interreligiosos en el mundo actual requiere discernimiento. A este respecto, me complace constatar que durante estos días habéis reflexionado sobre las orientaciones pastorales para el diálogo interreligioso. Desde el concilio Vaticano II, se ha prestado atención a los elementos espirituales que tienen en común las diferentes tradiciones religiosas. De muchos modos, esto ha ayudado a construir puentes de comprensión más allá de los confines religiosos. Sé que durante vuestros debates habéis considerado algunas cuestiones de interés práctico en las relaciones interreligiosas: la identidad de los interlocutores del diálogo, la educación religiosa en las escuelas, la conversión, el proselitismo, la reciprocidad, la libertad religiosa, y el papel de los líderes religiosos en la sociedad. Se trata de cuestiones importantes, a las que deben prestar particular atención los líderes religiosos que viven y actúan en sociedades pluralistas.
Es importante destacar la necesidad de que estén bien formados quienes llevan a cabo el diálogo interreligioso, que para ser auténtico debe ser un itinerario de fe. Por tanto, ¡cuán necesario es que sus promotores estén bien formados en sus propias creencias y bien informados sobre las de los demás! Por esta razón, apoyo los esfuerzos del Consejo pontificio para el diálogo interreligioso encaminados a organizar cursos y programas de formación en el diálogo interreligioso para diferentes grupos cristianos, especialmente seminaristas y jóvenes que estudian en centros educativos terciarios.
La colaboración interreligiosa brinda oportunidades de expresar los ideales más elevados de cada tradición religiosa. Asistir a los enfermos, auxiliar a las víctimas de los desastres naturales o de la violencia, cuidar a los ancianos y a los pobres, son algunas de las áreas en las que colaboran las personas de las diferentes religiones. Animo a todos los que se sienten impulsados por la doctrina de su religión a ayudar a los miembros de la sociedad que sufren.
Queridos amigos, al concluir vuestra asamblea plenaria, os agradezco el trabajo que habéis realizado. Os pido que llevéis el mensaje de buena voluntad del Sucesor de Pedro a vuestras comunidades cristianas y a todos nuestros amigos de las otras religiones. De buen grado os imparto mi bendición apostólica como prenda de gracia y de paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Traducción distribuida por la Santa Sede