Punto de Acuerdo en el Congreso

Con el voto en contra del PAN, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta al Presidente a instrumentar estrategias para fortalecer las corporaciones policiacas y evitar el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
El dictamen fue elaborado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia que el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, y fue elaborado en base a la propuesta presentada por el Diputado Humberto Zazueta del PRD del Estado de Guerrero.
DICTAMEN QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL EJERCITO MEXICANO EN LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ANTECEDENTES.
1.- El pasado 16 de mayo, fue presentada en sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo de mérito, misma que recibió como trámite pertinente por parte de la Mesa Directiva el turno a esta Primera Comisión para que fuera dictaminada.
2.- El Legislador autor de la proposición, en síntesis señala:
-Que ante la creciente ola de violencia que padece nuestro país se han tenido que instrumentar diversas acciones de parte del Ejecutivo Federal para combatirla, mismos que, como en su momento lo anunció su titular, era de esperarse tendrían el efecto de generar más violencia por parte de las organizaciones criminales.
-Que el hecho de saber que la respuesta de las bandas de narcotraficantes reaccionarían con violencia no exenta al Gobierno Federal de su responsabilidad ante los fracasos de sus operativos, ya que los tibios golpes que han dado las autoridades presentan respuestas de mayor magnitud, como ejecución de comandantes de la policía local o federal, así como de miembros de bandas rivales, aunado a que las instancias de seguridad pública, procuración e impartición de justicia aún están a cargo de personas que en pasadas administraciones han demostrado su ineficacia.
-Que dentro de este escenario ha destacado la intervención, dentro de esta Administración Federal, del Ejército mexicano en funciones policiales que le corresponden a las autoridades civiles.
-Que en el último diagnóstico que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace a nuestro país se recomendó en materia de seguridad pública la separación de las tareas de seguridad y justicia de las de naturaleza militar, a fin de separar a los militares de tareas policiales y desmilitarizar a la sociedad, a fin de no delegar sus funciones a las fuerzas armadas.
-Que el Ejecutivo Federal, además de desatender esa recomendación, decretó la creación de un grupo de élite dentro del Ejercito para realizar funciones de seguridad pública.
-Que dicho elementos han provocado que en diversas zonas del país se vivan verdaderos estados de excepción, suspensión de facto de las garantías, lo que puede provocar el debilitamiento de la institución del Ejercito, ante la ausencia de de un correcto funcionamiento de las policías de investigación, de prevención y protección.
-Que el ejemplo más claro se tiene en los hechos registrados en Carácuaro, Michoacán, en donde después de ser asesinados miembros del Ejército, el posterior despliegue de batallones del Ejercito y las denuncias de desaparición forzada de personas, se presentaron casos de tortura, incomunicación, detenciones arbitrarias y cateos ilegales.
Lo que motiva a los proponente a exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instrumente estrategias para fortalecer las policías de investigación, prevención y protección para evitar el despliego del Ejercito en funciones de seguridad pública.
CONSIDERACIONES.
1.- Esta Comisión esta conciente del grave problema que representa el combate a la delincuencia organizada, derivado de las reacciones violentas que han tenido contra la población y diversos servidores públicos que han perdido la vida victimas de estos criminales. De la misma forma reconoce que el Gobierno Federal ha desplegado diversos esfuerzos para hacer frente a las bandas de delincuencia organizada a lo largo del territorio nacional.
Sin embargo, los integrantes de esta Comisión también deben expresar su preocupación ante los pocos resultados palpables en la sociedad de la multiplicidad de operativos y estrategias de seguridad pública desplegadas por el Ejecutivo Federal y su gabinete de seguridad pública, lo que pone en duda la eficacia y eficiencia del personal a cuyo cargo se está poniendo la garantía de seguridad de la población.
En ese sentido, es evidente que simultáneamente al combate al crimen organizado el Estado no debe perder de vista que debe recuperar la credibilidad y seguridad en sus instituciones fundamentales y, sobre todo, garantizar la seguridad a sus habitantes en todo el territorio nacional.
La institución del Ejército mexicano es de las pocas que han preservado un nivel aceptable de credibilidad, frente a otras instituciones gubernamentales que han sido seriamente dañadas por la corrupción, poco profesionalismo y eficacia en el ejercicio de sus funciones.
A la seguridad pública, como uno de los fines del Estado, se debe acceder por los medios adecuados, para no sacrificar en el camino el valor social e histórico de nuestras instituciones, ni mucho menos la vida de su población, que en muchas ocasiones es la menos responsable de la ineficacia de las fuerzas policiales.
La intervención del Ejército en funciones de seguridad pública ha cobrado dimensiones mesiánicas, al grado que se le ha considerado en algunos medios como la única solución al problema de la seguridad; sin embargo, ello ha provocado que el Gobierno posponga la necesaria labor de preparación y profesionalización de los cuerpos policiales de investigación, prevención y protección, relegándolos o nulificándolos en sus actividades para ceder el paso a las fuerzas del Ejército mexicano.
Lo que materialmente ha provocado que la población sea vez rodeada de retenes militares, enfrentamientos entre el Ejército y bandas de la delincuencia organizada y la sustitución de cuerpos policiales completos por fuerzas del Ejército mexicano.
Ante ello, esta Comisión considera importante que la intervención del Ejército mexicano en labores de seguridad pública cambie de óptica. Que deje de ser el único medio para llegar al fin de la seguridad pública, que recobre sus actividades propias en materia de protección a nuestro territorio y soberanía nacional y que, en su caso, se cuente únicamente con su respaldo logístico, político y legal para el efecto de que las Fuerzas Policiales Federales, Locales o Municipales, de naturaleza eminentemente civil, recuperen mediante programas de adiestramiento su profesionalismo, eficacia y eficiencia en el servicio.
3.- No pasa desapercibido para esta Comisión, al emitir sus consideraciones, el criterio aislado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 1/96, en el que establece que es constitucional la intervención del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea en labores de seguridad pública, bajo el rubro de "EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN)"; pero, en la que también aclara que, si bien, puede ser constitucional su intervención, la misma sólo puede estar avalada por una causa justa, ajustada a derecho, bajo los requisitos señalados en la norma y sin que ello implique el incumplimiento del Ejecutivo Federal en el resto de sus obligaciones en materia de seguridad pública.
La experiencia histórica es incuestionable al respecto, las Fuerzas Armadas deben, en la medida de lo posible, mantenerse estrictamente replegadas a sus funciones exclusivas de seguridad nacional y defensa de la soberanía, así fuera legal su participación en las labores policiales De las fuerzas civiles. Precisamente por ello, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la misma acción de inconstitucionalidad 1/96, consideró que la participación del Ejercito en las labores civiles de seguridad pública obedecen a un criterio estrictamente potestativo de la autoridad civil y dentro de marco constitucional y legal del Estado. De tal suerte que, en estricto derecho, la autoridad militar en ejercicio de estas funciones esta subordinada a la autoridad civil. Al efecto, resulta altamente ilustrativa la tesis que contiene el criterio referido, misma que se cita a continuación:
"Registro No. 192082
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 552
Tesis: P./J. 36/2000
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión "disciplina militar" no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVII/96), se publique como jurisprudencial, con el número 36/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil."
Por las anteriores razones, esta Comisión considera que la proposición en estudio no contradice disposición constitucional ni legal alguna, ya que no pretende cuestionar si es legal, o no, la intervención del Ejército mexicano en labores policiales de la autoridad civil, sino exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que fortalezca las instituciones civiles policiales para ir excluyendo la intervención de las Fuerzas Armadas en estas actividades de seguridad pública.
En mérito de lo antes expuesto, esta Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar estrategias de fortalecimiento de las policías de investigación, prevención y protección a fin de evitar el despliegue del Ejército mexicano en tareas civiles de seguridad pública.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 22 de mayo de 2007.

La libertad de expresión tiene limites: SCJN

Comunicado de la SCJN
LA LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA NO VIOLA LA LIBERTAD DE PRENSA: PRIMERA SALA
México, D. F., 23 de mayo de 2007.
La Ley sobre Delitos de Imprenta no es inconstitucional a pesar de que haya entrado en vigor antes de la Constitución Federal de 1917 y, por lo tanto, no viola la libertad de prensa, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Consecuentemente, dicha legislación no contraviene expresamente con la Carta Magna, de acuerdo con jurisprudencia de este Alto Tribunal.
Lo anterior lo resolvieron los ministros de la Primera Sala de la SCJN, al fallar el amparo directo en revisión, en el que el quejoso impugnó el artículo 1º. de la Ley sobre Delitos de Imprenta, al argumentar que reduce y altera los límites de la garantía de libertad de prensa, además de ser inconstitucional por el hecho de haber entrado en vigor antes que la Constitución Federal de 1917.
Al respecto, los ministros puntualizaron que el artículo 1º de la Ley sobre Delitos de Imprenta, al proteger el honor y reputación de una persona de cualquier manifestación o expresión, esto es, de la libertad de expresión de otro sujeto, no excede el límite del respeto a la vida privada, establecido en el artículo 7º constitucional.
Durante la sesión de la Primera Sala, los ministros señalaron que por vida privada se entiende aquella parte de la vida humana que se desarrolla a la vista de pocos o que constituye la vida personal y particular.
Es decir, es el ámbito privado reservado para la propia persona del que quedan excluidos los demás, a reserva de la voluntad de cada individuo de compartir dicho ámbito.
De lo anterior deriva el derecho fundamental a la vida privada y a la intimidad, que consiste en que los individuos no pueden ser molestados por persona o entidad alguna respecto a su vida privada.
Por este motivo, la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que el derecho de expresión, aun cuando es un derecho fundamental y protegido constitucionalmente en la Carta Magna, no es ilimitado, y es en los propios artículos 6º y 7º en donde se establecen los límites a tal libertad; esto es, la moral, los derechos de tercero, el respeto a la vida privada y la paz pública.
Así, cuando se afecta el honor de una persona con una expresión, se afecta su vida privada, por lo que al protegerse el honor y reputación de una persona, se protege su vida privada, pues tales factores son parte integrante de la misma.
Los ministros establecieron que el honor y la intimidad es parte del derecho a la vida privada. Ello, en virtud de que la intimidad se constituye con los extremos personales de la vida y del entorno familiar.
En tanto, aclararon que el honor es el aprecio y estima que una persona recibe en la sociedad en que vive, el cual se vincula directamente con la dignidad y, por tanto, con su vida privada, pues de afectar ese aprecio o estima, ésta no sólo tendrá un impacto estrictamente social, sino también en la vida privada.

Severo golpe a Turquía

Una fuerte explosión en el centro de Ankara, en Turquía causó ayer al menos seis muertos y más de 70 heridos. En un primer momento, las autoridades turcas atribuyeron el origen a un accidente; posteriormente reconocieron que se trataba de un atentado terrorista; una bomba fue colocada cerca de la principal parada de autobús de la plaza de Ulus.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que visitó el lugar de la explosión con su número dos, el ministro de Asuntos Exteriores, Abdulá Gül, calificó los hechos de "acción terrorista". Erdogan aseguró que uno de los fallecidos era paquistaní. Ocho de los heridos eran también empresarios de esa nacionalidad que participaban en la feria internacional de armamento que se celebra en la capital turca.

La policía investigaba ayer si el atentado pudo deberse a la acción de un terrorista suicida.
La guerrilla separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que se alzó en armas contra el Gobierno hace 25 años, suele desencadenar campañas de atentados con bomba en las principales ciudades turcas durante la temporada turística. El año pasado se produjeron sucesivos ataques terroristas en localidades de la costa turca entre junio y agosto.

Según fuentes policiales citadas por la cadena NTV, el explosivo utilizado podría ser del tipo A-4, usado generalmente por el PKK.
Grupos próximos a la nebulosa de los partidos de la ultraizquierda turca cometen también ocasionalmente atentados con bomba, aunque suelen tener como objetivos a las fuerzas de seguridad.

En junio de 2004, una explosión en Estambul causó la muerte de cinco personas antes de una visita del presidente de EE UU, George W. Bush.
Pero, tras la guerra de Irak, Turquía ha sufrido los embates del terrorismo integrista de Al Qaeda. En noviembre de 2003, 62 personas murieron en una oleada de cuatro ataques suicidas, que en apenas dos semanas golpearon intereses occidentales (el Consulado británico y un banco con sede en Londres) y dos sinagogas de Estambul.
Turquía se encuentra desde hace un mes en una grave crisis política ante el bloqueo de la designación del islamista Gül como presidente de la República.

Los turcos han sido convocados a unas elecciones legislativas anticipadas el próximo 22 de julio. Lo de ayer es parte de la crisis.

Recomiendo el texto de Antonio Elorza de hoy en El País. (la foto es de la hermosa mezquita azul en Estmbul).

Turquía: ni 'sharía' ni golpe/ Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Política.
Tomado de El País, 23/05/2007;
Tal vez el indicio más claro del fondo reaccionario que anida en la personalidad política de Nicolas Sarkozy haya sido su terminante toma de posición contraria al ingreso de Turquía en la Unión Europea. Fue el único momento del debate con Ségolène Royal en que el hoy presidente utilizó un estilo agresivo. En su última aparición electoral en Saboya volvió a insistir: era europeo y decía no al ingreso de Turquía, que está en Asia (¿y Estambul?). Para concluir que el ingreso turco supondría "la muerte de Europa".
Es preciso destacar el riesgo que representa tan áspera toma de posición en los momentos actuales, cuando Turquía se encuentra sumida en una crisis política y de identidad sobre cuya salida resulta difícil hacer pronósticos optimistas. Nadie debe olvidar el fuerte nacionalismo turco, que ya desde hace algún tiempo viene incubando la oposición a una Europa reacia a admitirla. Una asociación económica sólo puede ser aceptada si tras un largo periodo de negociaciones, turcos y representantes europeos se muestran acordes en esa solución. El no de entrada tendrá pésimas consecuencias.
Ante todo por la posición geoestratégica y por la influencia creciente del islamismo en la sociedad y en la política turcas. La coincidencia en el seno de Europa de Turquía y de sus enemigos históricos supondría alejar el riesgo de un enfrentamiento armado que no ha dejado de planear en las últimas décadas sobre el área del Egeo, en especial desde la invasión de Chipre en 1974. El problema chipriota sigue vivo, está la cuestión de las aguas territoriales de Grecia y los incidentes menudean en la zona. Con Turquía en la vía de Europa la tensión será menor y, en sentido contrario, el repliegue turco hacia el aislamiento, acompañado de la frustración, incrementaría el peligro. Algo que Europa no puede permitirse.
La evolución interna del islamismo turco tampoco debe ser desdeñada. Hasta su expulsión del Gobierno por los militares hace ahora diez años, el islamismo político en Turquía se encontraba dirigido por Necmettin Erbakan, decidido partidario de la "asiaticidad" de Turquía. En cambio, los renovadores hoy al frente del movimiento, los yenilikçiler, el firme y discreto Tayyip Erdogan, y su inseparable Abdulá Gül, el que habló de conciliar el velo y la minifalda, tenían claro que el país no podía situarse al margen de Europa, única garantía del acceso de la mayoría de los turcos a niveles cada vez más altos de bienestar económico. Es un punto a tener en cuenta al enjuiciar la crisis de estos días: el islamismo turco es un movimiento plural, sometido a una oscilación pendular entre la tentación de ortodoxia y su paso al conservadurismo social, y que hasta ahora se ha mostrado sensible a las presiones externas.
Por otro lado, el ingreso o la articulación satisfactoria de Turquía en o con Europa supondría contar con un país dotado de grandes recursos económicos, culturales y militares en relación con el área más conflictiva del planeta. Sería al mismo tiempo puente, cauce y muralla. De ahí la apuesta, demasiado ingenua, tan frecuente entre nosotros, por la consolidación política del islamismo turco de corte supuestamente moderado, que abriera la posibilidad de una ejemplar y duradera conciliación entre islam y democracia.
En fin, y por encima de todo, se encuentran los intereses de la propia Turquía, amenazada, según muestran las recientes tensiones políticas, de un alto riesgo de desgarramiento interno. La europeización plena de Turquía en nada estorba a su condición de país de mayoría musulmana. Es más, garantiza la convivencia pacífica de un amplio sector de la Turquía urbana dispuesto a profundizar en formas de vida propias del resto de Europa, con quienes en medios rurales, en Konya, o en los viejos barrios de Estambul optan por una práctica de tipo integrista, con aquellos que concilian con éxito islam y modernidad, y, por fin, permite respirar a unas minorías aun hoy en posición difícil, desde los millones de semiocultos alevíes a los residuos de los grupos tradicionales cristianos. El crecimiento económico y la integración cultural, que no asimilación, podrían convertir en realidad irreversible el proyecto de Kemal Atatürk, fundamento -no el islam- de una deseable homogeneización nacional turca. Y el laicismo de Kemal en nada llevaba a introducir en Turquía, como aquí ha escrito Alí Bayramoglu, "una discriminación comparable a la que han sufrido históricamente los negros" (sic). "Una nación sin religión está condenada a desaparecer", advierte Kemal en 1932. Otra cosa es un poder que impone la religión como norma suprema de la vida de los ciudadanos.
Un recorrido atento por Estambul permite apreciar la existencia de esas fuerzas centrífugas, cuyo enfrentamiento resultaría inevitable de no impulsar la convergencia de las mismas en el marco de una evolución progresiva, ligada de un modo u otro a Europa. Caminando hacia el interior de la ciudad intramuros, más allá de la mezquita de Selim, la ciudad se convierte en un simulacro de Kabul, con las mujeres envueltas en negro y las barbas afganas, contrapunto de los turcos plenamente europeos de la otra orilla del Cuerno de Oro. Entre ambas se encuentran esas clases medias prósperas que compran en las tiendas de moda islámica moderna, en la avenida cercana a la mezquita del Conquistador, en torno a la emblemática "Tekbir" , con sus estrategias de mercado propias de un capitalismo agresivo, al servicio de una estricta fidelidad a la ortodoxia del vestido. Sería una óptima ilustración de lo que representa el islamismo de Erdogan.
Las elecciones de 2002 ilustraron el éxito de la fórmula, y nadie hubiese encontrado extraño que el AKP, el partido de Erdogan, lograse ahora repetir un éxito que entonces fue arrollador en número de escaños, casi los dos tercios, pero no tanto de votos, un 3%. Lo que hizo sonar la alarma entre los laicos fue la pretensión de ocupar una presidencia de la República que ha venido actuando hasta ahora como garante del principio kemalista de laicidad que sigue siendo un componente crucial del orden constitucional turco. A la vista de esta insistencia, adquieren otro significado las cautelas de Erdogan al no seguir adelante con sus proyectos de castigar el adulterio de ambos sexos, restringir la venta de alcohol, oficializar los centros de enseñanza islámica (iman hatip) o introducir el velo en los centros públicos. En contra de lo que piensan desde una ceguera voluntaria nuestros progresistas a la violeta, el velo, emblema de la subordinación femenina, encaja mal con la libertad propia de las instituciones democráticas. Tal contención habría sido entonces una actitud forzada, en espera de que un islamista al frente del Estado elimine los riesgos de veto, lleve el mandato coránico de cubrir los cabellos de la mujer al palacio presidencial, antesala de su generalización en la esfera pública, y designe al jefe del ejército.
Hay que recordarlo: nada limita en Turquía la práctica de la fe religiosa ni el cumplimiento de las normas de vestido islámicas, salvo en los edificios públicos. El intento de ampliar el castigo del adulterio supone un aviso de que el triunfo del islamismo con monopolio de las instituciones puede en cambio desembocar en el regreso siquiera parcial de la sharía, con las consiguientes restricciones a la libertad individual de todos. Hace poco más de diez años, antes de aquella famosa cita sobre las mezquitas que son "nuestros cuarteles" y los minaretes "nuestras bayonetas", Erdogan comparó la democracia a un recorrido por ferrocarril, donde la estación de llegada era otra. La desconfianza de los laicos se encuentra así del todo justificada, más aún con el intento de reformar a toda prisa la Constitución con las elecciones ya convocadas. Por otra parte, la retórica de la Alianza de Civilizaciones en nada ha mejorado el trato dado por el Gobierno a ortodoxos, armenios y alevíes. ¿Erdogan "islamo-demócrata"? Ojalá.
Lo que no vale es acudir al tópico del imposible retroceso en las libertades. Tal fue el mensaje tranquilizador al resultar elegido Ahmadineyad en Irán, y la renovada persecución de las mujeres por el vestido o el mechón de pelo prueba lo contrario. Por ahora en Estambul los inicios son modestos: prohibición del bikini en la publicidad. En este momento crítico, el camino hacia Europa constituye para Turquía una necesidad y una política islamista con su carga de interferencia en la vida social, sólo serviría para dar argumentos a quienes como Sarkozy expresan frente a Turquía una ciega actitud de rechazo.

Gira del Presidente Calderón

Con 27 votos a favor y ocho abstenciones (del PRD), este miércoles 23 de mayo, el pleno de la Comisión Permanente, aprobó el dictamen por el que se autoriza al Presidente Felipe Calderón se ausente del territorio nacional del 2 al 10 de junio de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una Visita de Trabajo a la República Italiana con actividades en la Santa Sede (3, 4 Y 5 de junio); una breve escala a la República Francesa (5 de junio); una Visita de Trabajo al Reino de Bélgica (5 y 6 de junio), actividades con instituciones de la Unión Europea; una Visita de Trabajo a la República Federal de Alemania (6 y 7 de junio); la participación en el diálogo ampliado de la Cumbre del Grupo de los Ocho (8 de junio); y una Visita de Trabajo al Reino de Dinamarca (8 y 9 de junio).
En el cuerpo del dictamen se señala que la visita de trabajo a Italia “tiene como objetivo impulsar una relación privilegiada con ese país, que desde el inicio de la administración de Romano Prodi ha reasumido su papel de liderazgo en el escenario europeo e internacional, y mostrado especial interés en fortalecer sus vínculos con las naciones de América Latina.
Ahí se reunirá con el Presidente de la República, Giorgio Napolitano, con el Presidente del Consejo de Ministros, Romano Prodi y con el Presidente del Senado Italiano, Franco Marini.
Se agrega en el dictamen que el Presidente “sostendrá un encuentro con altas autoridades italianas especialistas en la lucha contra el crimen organizado, encabezadas por el Ministro de Justicia de Italia, Clemente Mastella, en el que se abordarán los temas de lavado de dinero y la ingeniería financiera que conlleva; la prevención y el combate a la delincuencia organizada en sus aspectos jurídicos, operativos, de investigación, así como los métodos que han resultado exitosos en Italia en la lucha contra la mafia y el control del tráfico de estupefacientes.”
El ministro centrista Clemente Mastella, informó ayer que en ese encuentro estarán presentes el procurador nacional antimafia, Piero Graso, además de los jefes antimafias de Roma, Milán, Napoles y Palermo.
Visita a la Santa Sede
También, el dictamene menciona "que las actividades oficiales en la Santa Sede se realizarán en vísperas de la conmemoración del 150 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
"En su encuentro con el Papa Benedicto XVI, tiene contemplado hacer un repaso del estado de la relación..
Además el Presidente Calderón), se reunirá con el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone "al que reiterará, de acuerdo con la Iniciativa, el interés del gobierno mexicano por seguir uniendo esfuerzos con el Estado Vaticano en la promoción de los temas prioritarios de la agenda internacional, tales como la defensa de los derechos humanos, el desarme y la no proliferación nuclear, la protección de los migrantes y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio."
Una recomendación:
Los legisladores que dictaminaron el decreto acordaron “recomendar” al Pleno de la Comisión Permanente que se solicite al Ejecutivo que, una vez que concluya l gira, “se informe a este órgano legislativo del resultado de los mismos.”