Carta de Manuel Anzaldo

A propósito del asunto de Acteal
Otra vez con motivo de Acteal“…avanzamos, Sancho,… avanzamos”
Hace muchos años, en 1994, casi toda una generación decidió hacer caso omiso de las barrabarasadas que estaban sucediendo. Era tan cruel el acto de falsificación, la burda maniobra, que parecía incomprensible que la realidad fuera tan surrealista. Uno mas de los milagros chiapanecos, A saber, puertos sin barcos, aeropuertos sin aviones, carreteras que van a ninguna parte, guerras sin batallas.
El fin justificaba los medios, derrotar un estado autoritario que se ufanaba de su resistencia. Por lo menos eso aparentaba. Aunque se mantuvo siempre en los limites de lo razonable. No afectó a intelectuales, ni a la propia clase política. Ni a las masas, ni a los trabajadores, ni los mercados. Solo indios muertos.
Qué cómodo. Y echarle la culpa a un estado cada vez más bocabajeado de las consecuencias de esa sinrazón. El Estado se desposeyó o lo desposeímos, el hecho es que la representatividad, la credibilidad, su propia justificación moral de pacto social, se vino al suelo, se enlodó. Claro no faltaron las buenas ayudas, su corrupción interna se vió multiplicada por los asesores y consejeros que hicieron lo propio para enseñarle a comercializar la poca pureza que tenían los representantes populares, los que la tenían.
Pero la mente siniestra de construir un crimen que sólo le perjudica al propio estado, es poco menos que brillante en su atrocidad. Y eso nos ha detenido. Que crimen serán capaz de cometer si de manera tan abyecta cambian la historia y repiten hasta hartarse mentiras, falsedades, que solo porque el gran hermano televangelista lo repite con sus dos pulpos pretenden que se les crea.
Los curas vinieron a destruir una enorme cultura, a sangre y fuego, trajeron el genocidio y la división, con su religión totalitaria y facciosa. Ahora despotrican para que creamos que los restos bautizados y pervertidos son la única historia posible. Y ellos sus garantes eternos.
No es verdad que había nadie orando en la ermita porque así lo dicen las pruebas existentes. Estaba ocupada por dos enormes pilas de ropa usada traída por la cruz Roja a las 9 de la mañana para regalarla a la población. Y las fotos fueron exhibidas en la Jornada, si mal no recuerdo. De la misma manera que tampoco la Masacre es un acto aislado, fue un hecho preparado, compitieron en las diferentes regiones a ver donde se cometían los crímenes más horrendos, descabezados en Tila, muertos en la hoguera en Ocosingo, guerra de baja intensidad entre el propio pueblo campesino indígena.
Por supuesto que no estuvieron solas esas facciones, sería demasiado mérito, grupos de todos los colores, evangélicos, bien intencionados oportunos, incluso mercenarios y los “restos del naufragio”, que tomaron la escena chiapaneca como botín y construimos, curas-zapatistas, gobierno-grupos armados, organizaciones campesinas-partidos, etc. un caldo donde alguien cocinó la masacre.
La realidad no se divide en buenos y malos, sino en mucho mas que eso, también hay actores, victimas y responsables, cada uno con sus gradaciones.
No hubo declaraciones sustanciales que esclarecieran que sucedió exactamente, si revisamos el expediente son declaraciones facciosas y contradictorias. Nunca los testigos declararon solos, siempre aleccionados y de una manera tan contradictoria que nunca queda en claro el relato exacto. Al extremo que las reconstrucciones posibles son tantas como declarantes. Claro todos asesorados por el Frayba. Había una guerra declarada entre fuerzas paramilitares, ambas, arbitrarias, crueles, despóticas, ambas. Señorzuelos de la guerra, educados en las recién llegadas películas violentas. No uno, muchos enfrentamientos, todos los días, ya era una situación de guerra cotidiana. El zapatismo tuvo la virtud de abrir los pueblos a la cultura occidental, incluyendo a los dvd, los cd y su demagogia y mentira.
Era trágico ver las fotos de los milicianos zapatistas o los pojwanej, entrenando disfrazados de ninjas, matándose fabricando bombas caseras. Armados hasta los dientes, según ellos, aprendiendo a usar radiotrasmisores, auspiciados por los tontos útiles de siempre. Aquellos que verdaderamente creen en la necesidad del cambio y solo les quedó la esperanza de la salvación cristiana, con los “pobres”, aunque sea enajenados. Y solo los condujeron a un enfrentamiento estéril, con fines aviesos, ajenos a sus intereses verdaderos, ajenos a su cultura.
Por eso destruyeron la ermita. Por eso construyeron su santuario, para que no quedaran rastros de su enorme crimen. Por eso no se hace una investigación pública, participativa, donde se esclarezcan las verdades o mentiras dichas. Y seguir cosechando mieles de las tempestades. Enarbolando un discurso milenarista y vengador, tronante como el Jehová castigador desde las tablas de la ley.
Han traído de testigos a todos sus compadres y comadres, a sus cuncas, a sus iguales, ha engañado a cuantos jóvenes se han dejado, se han comercializado en el mas puro estilo de las telenovelas mexicanas, solo que sin el final esperado.
Que pasó, muchos no lo sabemos aunque vivimos todo desde muy cerca, imaginamos historias increíbles, ellos si lo saben, aquellos que reunieron a la gente engañada para recibir regalos de navidad, mientras azuzaban a los pojwanej a atacar al campamento zapatista de Acteal. Los mismos que amontonaron los cadáveres en un sitio de manera tan dantesca.
¿Qué sucedió realmente en Acteal?
Los “defensores” ya estaban también bastante descompuestos, toda la sociedad chenalhoe estaban destruyéndose, sin que nadie hiciera nada, pero este crimen es tan terrible, tan absurdo que tiene una historia que ocultan detrás de escándalo estruendoso. Ciertamente fue posible precisamente porque todo mundo se decía amarrado por la Ley de Concordia y Pacificación. Antes de la Masacre muchas comisiones del Ejido de los Chorros y de los diferentes poblados los buscaron, a Samuel Ruiz, a sus colaboradores, abordaron al Sub Marcos en el Carmen, hicieron antesalas en Oventic y se realizaron infinidad de reuniones, con ellos precisamente el Frayba, la Diócesis, y el trato fue siempre peor que perros, ningún caso, ningún respeto a la lucha campesina, a los éxitos campesinos. Se buscó a las organizaciones nacionales, el CNI, el FZLN, y ninguna respuesta obtuvieron.
Con Diego Fernández de Ceballos se reunió una comisión especial de Los Chorros, recibiendo las seguridades de su atención y solo para que tomara un vuelo especial para ir a informar a Albores y negociar su gestión. Claro que también se acudió al gobierno, al estatal y al federal, reuniones con las autoridades de la VII Región militar, hasta a los observadores que venían a los eventos del EZLN y a los zapatours se abordaban buscando interlocutores para resolver los problemas de Chenahó.
Acteal fue parte, es cierto, de una ofensiva generalizada por arrebatar el triunfo campesino indígena, que aprovechó la insurrección zapatista para detonar su propia revuelta y fue aplastada, destruida por ese mismo zapatismo y esas organizaciones paralelas faccionales y ruines, las cuales, en efecto, aún existen y aún se enfrentan en Chiapas, cada vez más descompuestas. Y también está inscrito en una resistencia sorda y permanente contra esa misma Iglesia, que ahora rebautizada con muchos nombres y denominaciones siguen luchando por desproveer a las comunidades de su cultura y someterlos al imperio de la sinrazón cristiana. Una resistencia que también ha sido manipulada por tirios y troyanos, trágicamente.
Y continúan tergiversando la historia y se atreven a decir que porque un juez los juzgó todos son culpables. Que atropello, que falacia. Si en algún momento fueron respetables, solo demuestran que no es así. Mentirosos a sabiendas, asesinos, perversos e inteligentes. Claro que hay inocentes y se ha demostrado una y otra vez, el poder judicial ha tenido demasiado miedo de ellos y su poder. Preferible enlodarse otro poco, al cabo son indios y mantener acotado el “problema”, un enfrentamiento con las jerarquías, las ONG’s bautismales y los intelectuales de renombre es cosa impensable. Y como bien se dice en la cárcel, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Nuevamente ensañándose con los débiles, por subalternos, pero victorioso, porque la guerra y la masacre que querían que se estableciera en Chiapas nunca prosperó y difícilmente prosperará, al parecer ya se les pasó su tiempo, nuevamente.Y esa es su rabia, que al igual que los necon, su contraparte, y los halcones de todas las layas, aquí también se les está llegando su hora. El juicio de la historia llega aunque tarde y a veces a destiempo y no quiere decir tampoco que sea obligación incluso que llegue.Claro que hay respuestas y cada vez son más. No hay plena transparencia, ni participación, pero hay cada día mayor información.
Como mencionara el P. Concha hay un procedimiento internacional, también hay un mandato de ley y una fiscalía especial en funciones que ha lograda importantes avances pero muy poca difusión. Pero esa sería la mejor respuesta a la polémica. Una verdadera investigación plural, civil, ciudadana, profesional, de los hechos, no la demagogia retórica sino la respuesta racional.
Manuel Anzaldo Meneses

La Santa Sede ante la ONU

Las Naciones Unidas deben promover el respeto a los tratados afirmó el observador vaticano Migliore en la Asamblea General Monseñor Migliore.
El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, el pasado 26 de octubre en la 62 Asamblea General, en su intervención sobre el primado de la ley en el ámbito nacional e internacional.
«El papel de Naciones Unidas en la creación y aplicación de los tratados internacionales es fundamental. Asegurando que los principios de libre consenso, de la buena fe y del ‘pacta sunt servanda’ (los pactos deben ser respetados), esta organización garantiza que las relaciones entre los estados estén reguladas por tratados internacionales aplicables, y guiadas por la razón, la justicia y negociaciones honestas, en lugar de por el miedo, la fuerza o la manipulación».
«A la hora de hacer respetar estos tratados, Naciones Unidas debe ser un árbitro neutral y debe respetar la intención y el deseo de las partes. Un sistema de tratados que resulte opaco o no fiable para los estados miembros, puede minar el fundamento del primado de la ley y disminuye la credibilidad y la legitimidad de Naciones Unidas, como promotora y garante del derecho internacional», explicó.
El arzobispo Migliore indicó que algunos estados no tienen la «capacidad técnica de afrontar todas sus obligaciones internacionales».«La asistencia técnica a estos países es por tanto de fundamental importancia, si se deben respetar el derecho internacional y los tratados», dijo.
En cuanto al terrorismo, el arzobispo observó que «el primado de la ley es a veces difícil de aplicar a terroristas que tienen poco respeto a la misma o no lo tienen en absoluto». «Los estados no deben tomar medidas contrarias a los principios que les dan legitimidad mediante el primado de la ley».
El arzobispo Migliore subrayó que la delegación de la Santa Sede cree que hace falta continuar el debate sobre el modo de tratar con estados u organizaciones que cometen crímenes contra la humanidad. «Ulteriores progresos se han hecho también en el documento sobre Resultados de la Cumbre Mundial con el que, entre otras cosas, todos los estados miembros afirmaron la responsabilidad internacional colectiva de defender a las poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad, y su voluntad de actuar de modo oportuno y decidido a este fin, a través del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos se revelan inadecuados, y es evidente que las autoridades nacionales no logran hacerlo».
«Mi delegación cree que hace falta proseguir el debate y la codificación jurídica en esta línea, en la que la soberanía no se entiende como un derecho absoluto, que se usa como escudo contra la implicación exterior, sino como responsabilidad no sólo de defender a los ciudadanos sino de promover su bienestar», comentó.
«Mediante la creación de normas, arbitrio de disputas legales, e instituciones de salvoconductos, sobre todo cuando los estados fracasan en su tarea defensiva, la organización de las Naciones Unidas está llamada a ser un foro propulsor para el primado de la ley en cada rincón del planeta», concluyó.
Fuente: Agencia Zenit

FARC y ELN ¿hacia una alianza?

El gobierno colombiano señaló su preocupación por el interés que percibe en la guerrilla del ELN de establecer una alianza militar con las FARC, y advirtió que ello pone en duda la voluntad del grupo de avanzar hacia un proceso de paz con la mediación de Venezuela.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, dijo a radio Caracol que los jefes del ELN ''parecen muy interesados en recuperar una unidad de acción militar'' con las FARC. ''Esperamos que haya voluntad política por parte del ELN porque nos preocupa que más bien tome una actitud dilatoria, pues en su página web insiste sistemáticamente en que con este gobierno no se puede avanzar, y que más bien trate de aprovechar la apertura de este escenario en Venezuela para colgársele a las FARC'', indicó.
Restrepo consideró que ''es un momento oportuno para'' pasar del diálogo exploratorio -que se lleva a cabo en Cuba desde finales de 2005- a una negociación formal con cese de hostilidades.
El ELN, fundado en 1964 bajo el influjo de la revolución cubana, y las FARC, surgidas ese mismo año pero de ideología marxista, se asociaron en 1987 junto a otros grupos rebeldes formando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en la cual concertaron acciones armadas y tentativas de paz.
La asociación se disolvió en 1993 tras el fracaso de negociaciones con el gobierno colombiano en México y ambos grupos siguieron operando de forma independiente, aunque luego realizaron algunas acciones conjuntas.
Actualmente el ELN tiene unos 5,000 combatientes y las FARC cerca de 17,000, según cifras oficiales.
Fuente: periódico El Nuevo Herald on line.

Sobre los aseguramientos a Zhenli Ye Gon

• Versión de la comparecencia que sostuvo el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, ante las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República; 30/10/2007;

Senador Alejandro González Alcocer, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Secretario de la Comisión de Justicia, Senador Tomás Torres Mercado, Secretario de la Comisión de Justicia, Señoras y Señores Senadores Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de este Honorable Senado de la República y, posteriormente, al ser ratificado en la responsabilidad de Procurador General de la República, asumí el compromiso de que el Ministerio Público de la Federación se convirtiese en un garante de la legalidad, de la aplicación de la ley y del derecho de todos a la seguridad.
Para honrar este compromiso ha sido fundamental sumar esfuerzos con otras dependencias del Ejecutivo Federal, con gobiernos estatales y municipales, así como estar en constante comunicación con los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. Estos meses se han caracterizado por una lucha frontal emprendida por el Estado mexicano en contra de la delincuencia organizada, para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y devolver a los mexicanos su tranquilidad y seguridad.
Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, la delincuencia organizada representa una seria amenaza para la seguridad y el bienestar de los mexicanos y constituye una realidad global que por tanto es una preocupación central de todos los gobiernos y demanda nuevas modalidades de cooperación multinacional, orientadas, entre otros propósitos, a desarticular los nodos de generación de valor de las redes delincuenciales. Hoy, acudo con mucho gusto a esta Comisión de Justicia para hacer de su conocimiento, tal y como se me ha requerido, las determinaciones de la Institución del Ministerio Público de la Federación en relación con los bienes asegurados a partir de la ejecución de la orden judicial de cateo en el domicilio ubicado en Sierra Madre número 515, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal y que concluyeron con la declaratoria de abandono en los términos dispuestos por el artículo 22, párrafo tercero, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182-A, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales.
Las acciones de aseguramiento y abandono se enmarcan en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que se otorgan al Agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIDCS/114/2007 (antes PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006), en la que se investigan delitos contra la salud relacionados con el narcótico conocido como pseudoefedrina y sus derivados.
De esta investigación han sido ya consignadas diversas personas quienes enfrentan un proceso penal ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Las citadas acciones ministeriales son las siguientes:
1. Acuerdo de aseguramiento de numerario nacional y extranjero. El 17 de marzo del presente año, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, determinó el aseguramiento del numerario nacional y extranjero materia de este informe.
2. Notificación personal. El 18 de marzo de 2007, se notificó el referido acuerdo de aseguramiento de manera personal a los inculpados Tomoiyi Marx Yu, Alejandro Becerra Turral, Erick Raymundo Campos, Francisco Javier Zertuche Vázquez, Geovani Delgado González, Zhu Wei Yi, Arturo Rubio Valdez, Ye Yong Ping y Fu Huaxin.
3. Notificación por edictos en el Diario Oficial de la Federación.
El 9 de abril de 2007, se notificó el aseguramiento del numerario a Zhenli Ye Gon y/o propietario, y/o interesado y/o representante legal, mediante edicto publicado en el órgano de difusión referido. En la citada notificación se hizo la prevención a que se refiere el artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarían abandono a favor del Gobierno Federal.
4. Notificación por edictos en el periódico de circulación nacional.
El día 4 de abril de 2007, se notificó el aseguramiento a Zhenli Ye Gon y/o propietario, y/o interesado y/o representante legal, mediante edicto publicado en el Diario “El Sol de México”, realizando las prevenciones a que se refiere el numeral 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales.
5. Diligencia de puesta a disposición del SAE del numerario. Una vez cumplida con la metodología legal prevista en los artículos 182, 182-A, 182-G y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales y 3º de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el Agente del Ministerio Público en su calidad de autoridad transferente, el día 23 de marzo de 2007 inició el trámite de transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes respecto del numerario asegurado para su administración.
6. Recepción de acta de transferencia por parte del SAE.
El 4 de mayo de 2007 se concluyó el trámite de transferencia al SAE respecto del efectivo en moneda nacional y euros asegurados; con relación al numerario en dólares se concluyó el trámite el 14 de mayo de 2007 mediante la recepción de parte del SAE, del documento denominado “Acta Administrativa para formalizar la transferencia de numerario asegurado en dólares americanos proveniente de la Procuraduría General de la República relacionado con la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006”. Es de hacerse notar que el numerario se puso a disposición del SAE en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. mediante depósito bancario, pues así lo dispone el numeral 182-G, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales.
7. Declaratoria de abandono del numerario a favor del Gobierno Federal.
El artículo 182-A señala que si los interesados, propietarios o representantes de los bienes asegurados no manifiestan lo que a su derecho convenga dentro del término de 90 días naturales, dichos bienes causan abandono a favor del Gobierno Federal. En el caso, en virtud de que no se recibió promoción del día 10 de abril (día posterior al de la última notificación) al 8 de julio del presente año, por disposición del citado precepto legal el numerario causó abandono a favor del Gobierno Federal. El abandono se notificó personalmente al señor Rogelio de la Garza González, quien fue autorizado para oír y recibir notificaciones en la averiguación previa mediante promoción del señor Zhenli Ye Gon presentada el día 10 de julio de 2007; además se hizo notificación mediante edictos el día 18 de julio de 2007.
8. Oficio de notificación al SAE respecto de la declaratoria de abandono de numerario a favor del Gobierno Federal.
Con fecha 13 de julio de 2007 y mediante oficio 5776/2007,dirigido al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se hizo de su conocimiento que los bienes habían causado abandono a favor del Gobierno Federal, en términos del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales.
9. El señor Zhenli Ye Gon presentó demanda de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 182, 182-A y 182-Q del Código Federal de Procedimientos Penales, y contra los actos de aseguramiento y abandono del numerario, así como sus respectivas notificaciones. La demanda de amparo fue turnada a la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien la radicó con el número 718/2007, y previno a la parte quejosa para que realizará la ratificación de la demanda (en virtud de existir dos demandas de amparo anteriores con firmas claramente distintas), así como para que aclarara los actos reclamados por ser imprecisos. Con fecha 21 de agosto de 2007, la citada Juez determinó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo desechar la demanda de amparo, en virtud de la que la misma es notoriamente improcedente por haberse interpuesto fuera del plazo a que se refiere el numeral 21 de la Ley de Amparo, por carecer de interés jurídico sobre el dinero al no acreditarlo como suyo, por no haberse agotado los medios de impugnación ordinarios en el caso de las notificaciones que reclama, y por ser válida la notificación personal hecha al autorizado por él designado y las notificaciones por edictos de fechas 4 y 9 de abril del año que transcurre.
La señora Tomoiyi Marx Yu presentó también demanda de amparo reclamando los actos mencionados en el numeral que antecede, la cual se radicó en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, cuyo titular acordó desechar dicha demanda por carecer la quejosa de interés jurídico.
10. La Junta de Gobierno del SAE instruyó que el numerario fuera donado a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Poder Judicial de la Federación, en partes iguales. Como se aprecia, en el caso la Procuraduría General de la República ha cumplido estrictamente con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Es importante destacar que las anteriores acciones están fundadas en el artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “no se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables”. Por su parte, el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales que obliga al Ministerio Público a asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes que pudieran tener relación con éstos. Además, se dio cumplimiento estricto a lo que dice el artículo 182-A, párrafo último, del mismo ordenamiento adjetivo que dice: “En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal”, y al haber transcurrido dicho término como se ha visto en las anteriores consideraciones la consecuencia establecida por la ley era la declaratoria de abandono realizada el día 9 de julio de este año.
También resultó aplicable el depósito bancario realizado por la Procuraduría General de la República, durante el tiempo que va del aseguramiento a la declaratoria de abandono, pues así lo dispone el numeral 182-G del Código Federal de Procedimientos Penales. Y es relevante decir que de acuerdo con lo señalado por el numeral 182-Q, parte final, del mismo ordenamiento, los bienes declarados en abandono no son objeto de decomiso, por la obvia razón de que con antelación y ante el silencio de los interesados los bienes pasaron al patrimonio del Gobierno Federal, siendo la Junta de Gobierno del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados, quien determinó que el numerario fuera donado a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Poder Judicial de la Federación. Senadoras y Senadores de la República: En todo tiempo la Procuraduría General de la República ha actuado con estricto apego a derecho, orientando sus acciones a hacer prevalecer el Estado de Derecho, y con la firme intención de hacer frente a un fenómeno como la delincuencia organizada, cuyo soporte financiero ha sido minado en forma relevante con las acciones de aseguramiento y abandono de los bienes mencionados. Estamos seguros que en esta lucha contamos con el apoyo de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pues no podemos permitir que se inapliquen figuras legales como el abandono, que abren al Estado Mexicano una ventaja en relación con las estructuras criminales.
Precisamente ese fue el sentido de las modificaciones legales y constitucionales respecto al abandono, y es nuestra obligación cumplir con este mandato legal y evitar que, como ha sucedido en el pasado, los bienes no puedan ser utilizados a favor de las mejores causas de los mexicanos e, incluso, que mediante argucias se pretenda por las organizaciones criminales recuperar ese dinero. Creo que es momento de que todos, en aras del interés general de la Nación, fortalezcamos un frente común contra el crimen organizado, utilizando todas las herramientas que nos proporcionan las leyes vigentes, sin perjuicio de trabajar en el constante mejoramiento de las mismas, para tener normas jurídicas aún más sólidas, en esta lucha que es por todos los mexicanos. Muchas gracias