Columna PLAZA PÚBLICA / Miguel Ángel Granados Chapa
Fernando Gómez Mont
Publicado en Reforma (www.reforma.com)11 noviembre 2008 Sería insano para la República que un secretario de Estado aprovechara su función para vengarse de agravios recibidos como particular. Nadie espera que Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación a partir de ayer, obre en tal sentido ante Ricardo Salinas Pliego. Pero como responsable gubernamental de vigilar el contenido de los medios electrónicos y sancionarlos cuando infringen la ley, el nuevo huésped del Palacio Covián no podrá alegar ignorancia respecto de cómo se conduce TV Azteca, que con Televisa forma el duopolio que domina la televisión abierta.
Para que hoy se tenga presente la conciencia de Gómez Mont acerca del modo en que Salinas Pliego maneja una concesión en ese campo, reproduzco íntegra la carta abierta que el entonces abogado litigante, miembro del despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, dirigió al presidente de TV Azteca, que se explica por sí misma y está fechada apenas el 26 de abril de este año:
"El día de ayer fui advertido a través de su representante, el señor Joaquín Arrangoiz, que sería vilipendiado en las pantallas de TV Azteca si mi despacho aceptaba el patrocinio profesional de un determinado asunto en contra de dicha televisora. En la noche se cumplió tan valiente oferta."Esta circunstancia me obliga a hacerle las siguientes precisiones:
"1. El abuso de poder que significa utilizar las pantallas de dicha televisora para servir a sus intereses muy particulares no es nuevo y cada vez resulta más patético. El carácter social del medio de comunicación que usted controla cotidianamente se ve traicionado por tan arbitrario proceder. Frente a su arrogancia le respondo con el desprecio, frente a la pobreza de sus recursos le ofrezco sinceramente mi compasión.
"2. Mientras usted, señor Salinas, está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger lo que usted estima como su dinero, yo estoy dispuesto a asumir cualquier costo por defender mi honor.
"3. Mientras que usted sólo busca capitalizar en su provecho a sus relaciones personales, yo estoy hecho a honrar las mías. Eso lo saben de sobra mis amigos y nuestros clientes. Le aclaro que no desempeño cargo ni comisión alguna en el gobierno federal y que la independencia que caracteriza el ejercicio de la firma a la que pertenezco, no está supeditada ni potenciada por relación alguna con el poder.
"4. Como bien recuerda, fue usted quien, amparado en su relación equívoca con la pareja presidencial, en el año 2003 ordenó impunemente la agresión a las instalaciones y al personal del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Nosotros, bajo el amparo de la ley y la justicia de nuestra causa, resistimos exitosamente una más de sus arbitrariedades. Hoy, como entonces, nuestra competencia profesional se construye sobre tales fundamentos.
"Pero no tema, señor Salinas, a esta fecha no se nos ha solicitado el patrocinio del asunto que tanto le afecta. Le deseo suerte a quien lo acepte. Seguramente tendrá la razón".
La carta concluyó con una posdata dirigida a Arrangoiz: "Joaquín, recuerda que quien con lobos se junta, a aullar se enseña".
Salvo que el presidente Calderón ignorara esta circunstancia y que Gómez Mont no se la hiciera presente, el nombramiento del secretario de Gobernación indicaría un cambio de actitud ante las televisoras, que antes fueron capaces de forzar el despido de Santiago Creel de la dirección del grupo senatorial panista y ahora reciben -por lo pronto TV Azteca- un rudo golpe al menos en términos de imagen: no se les consultó el nombramiento o no pudieron evitarlo.
Naturalmente, no es una nueva postura de Calderón ante el duopolio lo que explicaría la designación de Gómez Mont. El sorpresivo nombramiento, conservado en la discreción hasta que se hizo público a las ocho de la mañana de ayer, puede ser explicado desde distintos miradores. Por un lado, la afinidad de sus familias, integrantes de las generaciones en que militar en el PAN era un esfuerzo no siempre coronado por el éxito. Luis Calderón Vega y Felipe Gómez Mont compartieron luchas si bien desde diversas posiciones y con distintos resultados: Calderón fue un militante de a pie (que al cabo de sus días renunció a un PAN que ya no se parecía al que le mereció la entrega de su vida), mientras que Gómez Mont fue diputado federal tres veces y mantuvo un próspero despacho de derecho penal con Raúl F. Cárdenas, que fue rector de la Escuela Libre de Derecho.
Una segunda razón para nombrar al secretario de Gobernación fue la tardíamente adquirida conciencia de que gobernar sólo con los miembros de un círculo estrecho cancela o disminuye la visión y adopción de criterios nuevos, no surgidos de la ceguera de taller. Al mismo tiempo, designar a Gómez Mont sirve para satisfacer a quienes desde dentro del partido deseaban el ingreso de un panista que honrara la historia del partido sin perderse en el pragmatismo de la última hora. Si bien Gómez Mont no ignorará que depende de quien lo nombró y le debe lealtad (que es prenda que Calderón espera en grado extremo de sus colaboradores), lo cierto es que el carácter y la trayectoria del sucesor de Juan Camilo Mouriño permitirán al Presidente tener un interlocutor y no sólo un ejecutante de sus instrucciones.
Volveremos a reflexionar sobre las razones políticas, independientemente de las personales, que no podemos conocer porque corresponden al fuero interno de Calderón. Señalemos por ahora, en cambio, el lastre más evidente de Gómez Mont, que es su inexperiencia en tareas ejecutivas.
Cajón de sastre
El levantón perpetrado ayer en una congregación del municipio de Navolato, Sinaloa (cuyo alcalde estuvo a punto de ser asesinado la semana pasada) guarda semejanzas con la captura de 12 de las 24 personas que sacadas de su domicilio en Huixquilucan el 9 de septiembre aparecieron ejecutadas el 12 siguiente. En ambos casos se trata de jornaleros sin vinculación con el narcotráfico, que habían llegado a la Ciudad de México, o a aquella población sinaloense sólo en busca de trabajo honrado como albañiles o jornaleros agrícolas. En ambos casos quienes los arrebataron de sus domicilios, donde vivían en situación precaria, parecían ser miembros de corporaciones policiacas. Pero no sólo parecían, puesto que ya está probado que en el municipio mexiquense el jefe de la operación era un comandante de policía. En el noroeste, el delito de ayer lo cometió un comando de hasta 100 sicarios que viajaban en un convoy de hasta 20 vehículos, con la apariencia de practicar una detención policiaca.
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Segob/Jorge Alcocer V.
Reforrma, 11 noviembre 2008).- La llegada de Fernando Francisco Gómez Mont Urueta al cargo de secretario de Gobernación tiene diversas interpretaciones, la primera y más evidente es que, con su decisión, el presidente Felipe Calderón rompe el círculo de campaña y se adentra en la experiencia de integrar un gabinete para los siguientes cuatro años.
Por vez primera en los ochos años que el partido blanquiazul acumula en Los Pinos, un panista de prosapia y trayectoria previas a las mieles de la victoria arriba a la titularidad en el Palacio de Covián.
El nuevo secretario es hijo de Felipe Gómez Mont, en dos ocasiones diputado federal (1952-1955 y 1958-1961), y hermano de dos mujeres de larga trayectoria durante la brega de eternidades: Esperanza, quien fue la primera delegada panista en Benito Juárez, Distrito Federal, y María Teresa, biógrafa de Manuel Gómez Morin; su hermano Miguel es director general de Fonatur.
Por decisión propia, en 1995 Fernando suspendió su participación activa en la política para dedicarse al ejercicio de su profesión como abogado, asociado a Julio Esponda y Alberto Zinser. Antes había cursado una trayectoria partidista breve e intensa; fue representante ante la Comisión Federal Electoral (1988) y luego ante el IFE. Diputado federal en la LV Legislatura (1991-1994); regresó a la política partidista hace unas semanas al ser invitado por Germán Martínez como integrante del CEN de su partido.
Político y litigante al que une estrecha amistad con Diego Fernández de Cevallos, reconocida por este último, y también con Antonio Lozano Gracia, ex titular de la PGR, y Juan Miguel Alcántara Soria, este último actualmente subprocurador en la PGR.
El nuevo inquilino de Bucareli es reconocido como un especialista en derecho penal, tanto por su práctica como por sus estudios; en el ejercicio de su profesión fue abogado de CNI-Canal 40 en el conflicto con TV Azteca, cuyas repercusiones se extendieron hasta hace unos meses, pues apenas en abril pasado Gómez Mont publicó una carta abierta denunciando amenazas de un testaferro de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora del Ajusco. No es un dato menor que con ese antecedente, el presidente Calderón haya optado por el ex diputado, pues entre las tareas que tiene encomendadas una no menor es la relación entre el gobierno y los medios de comunicación.
Pero esperemos a que el nuevo secretario anuncie sus primeras decisiones antes de aplaudir o silbar. En lo inmediato, las designaciones que haga de sus más cercanos colaboradores darán pistas sobre si el Presidente le entregó su confianza o solamente la oficina; en el primer caso, Gómez Mont podría impulsar la reestructuración orgánica de la Segob, pues hay evidencias más que suficientes de que la actual no es funcional para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades que tiene conferidas.
Dos asuntos merecen atención: uno es el papel de la Segob y de su titular en materia de seguridad pública (diferentes a los que debe cumplir para la seguridad nacional) y la otra es la relación con los poderes Legislativo y Judicial, de naturaleza emparentada pero diferente.
Desde la creación de la SSP (2001) no se ha logrado establecer una relación funcional y armónica entre las dependencias involucradas en esa crucial tarea; el titular de la Segob sigue operando como cabeza de sector, aunque carece de los instrumentos legales y operativos para ejercer esa función. Si bien es cierto que seguridad pública y nacional han quedado vinculadas de manera muy estrecha, por la situación imperante en la primera, es necesario precisar las responsabilidades y tareas que a cada dependencia y funcionario corresponden, clausurando el laberinto que prevalece desde hace años, y afinando la relación entre la Segob y el Cisen.
El otro se refiere a la relación con el Congreso de la Unión, que amerita un replanteamiento orgánico. La salomónica decisión de partir la original Subsecretaría responsable de esa función en dos áreas debilitó la capacidad de ambas, al extremo que el responsable del desarrollo político, pieza clave en el trato con los partidos y por ende con los grupos parlamentarios, hace años que está reducido al ceremonial cívico, a la realización de encuestas y estudios, y a la formal coordinación con el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
No es de menor importancia repensar las tareas de las otras Subsecretarías. La de Gobierno ha perdido interlocución con los poderes locales y ayuntamientos; la de Población, Migración y Asuntos Religiosos es un muégano; la de Normatividad de Medios fue privada de sus instrumentos y tareas esenciales, desde que la pareja presidencial se las llevó a Los Pinos; finalmente la de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos hace tiempo que dejó de ser el vínculo presidencial con la Corte, mientras que la protección y promoción de los Derechos Humanos son tareas confiadas, constitucionalmente, a la CNDH y demás órganos autónomos en la materia.
Romper las inercias y replantear de manera integral las facultades e instrumentos de la gobernación pueden ser la clave para el éxito o fracaso del nuevo secretario.
