Iniciativa Mérida

Por unanimidad, con el voto de todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorto a los congresistas estadounidenses para que reconsideren su posición y no condicionen la estrategia de cooperación entre México y EE UU, denominada Iniciativa Mérida, para combatir a la delincuencia organizada.
Los diputados y senadores, integrantes de la Permanente, se sumaron al rechazo expresado por el gobierno federal a cualquier condicionamiento a cambio de ayuda para combatir al narcotráfico.
El acuerdo aprobado fue propuesto por el senador perredista José Guadarrama

EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Tiene el uso de la tribuna el señor senador Guadarrama, a nombre de todos los grupos parlamentarios, para presentar punto de acuerdo relativo a la Iniciativa Mérida.
-EL C. SENADOR JOSE GUADARRAMA MARQUEZ: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer la Secretaria de Relaciones Exteriores hizo pública la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar la Iniciativa Mérida en los términos en que ha sido aprobada preliminarmente por el Congreso de los Estados Unidos de América.
De esta forma el Gobierno Mexicano ha decidido dar el primer paso para declinar la asistencia solicitada al Gobierno del presidente Bush, y se ha pronunciado enfáticamente en contra de los condicionamientos unilaterales impuestos por los legisladores estadounidenses. Sin embargo, la cuestión de fondo prevalece. La delincuencia organizada tiene contra la pared al Estado Mexicano y hoy más que nunca la cooperación internacional constituye una herramienta indispensable para hacer frente a los estragos del narcotráfico y el comercio ilegal de armas.
Por tanto, resulta indispensable que el Poder Legislativo de nuestro país asuma un papel constructivo y defina una posición que contribuya a fortalecer la postura del Estado Mexicano.
Desde un primer momento, legisladores de distintas fracciones parlamentarias hemos cuestionado que el Ejecutivo pueda contraer a espaldas de la sociedad mexicana y del Congreso un conjunto de compromisos que han subordinado nuestra agenda con los Estados Unidos a los objetivos e intereses de los vecinos en materia de seguridad. De igual forma hemos denunciado la suscripción de la alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte por considerarla parte de un modelo de integración antinacional e incapaz de satisfacer las necesidades de los mexicanos.
No obstante, lo anterior, nunca hemos negado la importancia y la necesidad de estrechar e incrementar los mecanismos de cooperación entre México y los Estados Unidos en aras de hacer frente de manera conjunta a los distintos retos de nuestra agenda común. Por ello, creemos firmemente que nuestros países deben definir colectivamente una estrategia integral de combate a la delincuencia que otorgue la misma importancia a la lucha contra el tráfico de drogas, de armas y al consumo de sustancias ilegales en cada una de nuestras naciones.
La tarea debe ser compartida y cada uno de nuestros países debe asumir la responsabilidad que le corresponde en la atención de los distintos fenómenos delictivos que dan forma a nuestra compleja realidad. Las y los legisladores que integramos esta Comisión Permanente debemos tenerlo muy claro, el objetivo fundamental debe ser garantizar que la lucha contra la delincuencia organizada se desarrolle con todos los recursos posibles, y a partir de una estrecha coordinación entre las autoridades de ambas naciones.
Ahora bien, en la perspectiva de los legisladores estadounidenses, la Iniciativa de Mérida representa un paso más en nuestra asociación y constituye el comienzo de un nuevo tipo de relación. Desafortunadamente los condicionamientos impuestos unilateralmente no abonan al buen entendimiento, y se convierten en un obstáculo insalvable para arribar a un esquema de cooperación sustentado en la confianza y corresponsabilidad que debe caracterizar a nuestra relación. De ahí la importancia que tiene el anuncio hecho por la Secretaria de Relaciones Exteriores, y de ahí también la necesidad de que esta representación nacional emita un pronunciamiento contundente al respecto.
El próximo fin de semana tendrá lugar en la ciudad de Monterrey la Reunión Interparlamentaria entre México y los Estados Unidos, ahí, sin duda se abrirá una gran ventana de oportunidad para que los legisladores integrantes de la delegación mexicana aborden el tema y realicen una labor de sensibilización con sus contrapartes. Ha llegado la hora de que el congreso mexicano asuma el papel de interlocutor, interlocutor que le corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto, y precisamente en respaldo de esa delegación que asistirá al encuentro parlamentario bilateral, ponemos a su consideración, señor presidente, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su beneplácito ante el anuncio hecho por la Secretaria de Relaciones Exteriores en el sentido de que el Gobierno Federal no aceptará condicionamiento alguno a cambio de la ayuda que discuta el Congreso de los Estados Unidos en el marco de la aprobación de la estrategia de cooperación, denominada Iniciativa Mérida.
Segundo.- La Comisión Permanente reitera su rechazo a cualquier estrategia de cooperación bilateral que no reconozca la responsabilidad de ambos países en la atención de las diversas problemáticas inherentes al combate al narcotráfico, y se pronuncia a favor de diseñar una estrategia conjunta sin condicionamientos y con base en el reconocimiento de la igualdad y la corresponsabilidad entre ambos países.
Tercero.- Se exhorta a los legisladores integrantes de la delegación mexicana que asistirá a la XLVII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos a desarrollarse los próximos siete y ocho de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León a que promuevan ante sus contrapartes un marco de cooperación con nuestro país fincado en la responsabilidad compartida en la toma de decisiones coordinadas y en el respeto a la soberanía de ambas naciones.
Para tales efectos se propone a la delegación mexicana que asistirá a reunión interparlamentaria con los Estados Unidos promover la instauración de un grupo de trabajo bilateral permanente entre el Congreso Mexicano y el Congreso de los Estados Unidos a efecto de evaluar y discutir desde la perspectiva parlamentaria la estrategia de cooperación bilateral contra la delincuencia organizada.
Salón de Sesiones de la Honorable Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de junio de 2008.
Señor Presidente, dejo a usted el texto que pudimos consensar entre las distintas fuerzas parlamentarias de esta Comisión Permanente.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Y yo lo recibo con una enorme satisfacción para insertarlo íntegramente al Diario de los Debates. Como ha sido solicitado, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MONREAL AVILA: Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución, y se pone a discusión de inmediato.
-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
-Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Luego entonces está a la consideración del pleno. Esta presidencia informa que han solicitado el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval; el senador Gustavo Madero Muñoz; el diputado Alejandro Chanona Burguete; el senador Pablo Gómez Alvarez, y la senadora Amira Griselda Gómez Tueme.
Tiene la palabra el primero de los nombrados, el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
(Asume la Presidencia la C. Diputada Carbajal Méndez)
-EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC SANDOVAL RAMIREZ: Con su permiso, señora presidenta.
Compañeras y compañeros:
La Iniciativa Mérida, que originalmente se llamó Plan México, una segunda edición del Plan Colombia, estuvo mal hecho de principio a fin, tal parece que se pactó en la reunión entre el presidente Bush y Calderón en Mérida en marzo de 2007, y nosotros nos enteramos de esta iniciativa, ahora bautizada Mérida, en la reunión del nueve de junio en la interparlamentaria México-Estados Unidos en Austin, Texas, hace un año, exactamente; ahí el diputado Silvestre Reyes, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ahí fue cuando nos notificó que se estaba discutiendo este paquete en el Congreso Norteamericano.
Pero, hasta este momento nos habían negado que existiera tal Iniciativa, y nos fuimos informando poco, de tal modo que hemos llegado hasta este momento, en el cual la Cámara de Representantes le impuso condiciones, y luego, ahora el Senado le impuso otras; ahora van a integrar un Comité de Conferencia para darle la última afinada, y no sabemos bien, exactamente todavía cómo va a quedar.
Nuestra posición, es que lo mejor, es que ya la Iniciativa Mérida hay que darle cristiana sepultura; ya hay que erradicar esta Iniciativa Mérida. Y lo que necesitamos es otro tipo de acuerdos con los Estados Unidos.
Por ejemplo que, necesitamos llegar a un acuerdo con el Gobierno de los Estados; para el tráfico de armas que pasa por la frontera mexicana de Estados Unidos a México.
¿Qué es lo que nos dicen cuando hemos planteado este tema?
“Es que la enmienda, segunda de la Constitución de los Estados Unidos dice que: todo individuo tiene derecho a tener un arma”.
Y por lo tanto, lo que les pedimos es que ustedes, sus policías en México, capturen las armas, nos pasen la matrícula, nosotros investigamos, vemos quién es, y ya lo detenemos. O sea, ya todo pasado.
Esta sería una eficaz colaboración en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, más que la Iniciativa Mérida, que en sí misma, repetimos, no sabemos exactamente en qué estado está porque está en manos de esta Comisión Bicameral de la Cámara de Representantes y del Senado Norteamericano.
Por distintos motivos hemos estado rechazando estos condicionamientos, algunos los expresó la Secretaria de Relaciones Exteriores ayer en Medellín, Colombia; otros los dio el señor Mouriño, y otro lo hemos dado las distintas fracciones parlamentarias.
De tal modo, que el punto de acuerdo que se ha presentado, nos parece correcto en el sentido de que en la reunión próxima que se va a realizar este fin de semana en Monterrey, la 47 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, establezcamos un grupo mixto, una comisión de trabajo entre el Capitolo y el Congreso Mexicano, que permita discutir acciones efectivas.
También lo que necesitamos llevar en un planteamiento, es que el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, tiene que ser multilateral, tiene que darse en el marco de las convenciones y tratados internacionales que existen ya en naciones unidas, que existen en diversos organismos internacionales.
Es de manera equivocado, muy equivocado el que hagamos solamente un planteamiento bilateral, que además, pues estamos viendo en condiciones bastante onerosas para la parte mexicana.
De tal modo, pues que, en resumen, seríamos de la opinión de que esta Iniciativa Mérida ya le diéramos carpetazo, ya la diéramos por concluida en vista de que no tiene ninguna perspectiva de contribuir realmente a los objetivos al combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y planteemos otro tipo de medidas que sí pueden ser eficaces, repito e insisto, en por ejemplo, en el tema del tráfico de armas que cruzan de Estados Unidos a México.
Aquí también hay otra contraparte, porque las cifras son alarmantes. Se habla de que hay 64 mil armas que cruzan cada mes, estamos hablando de 2 mil armas diarias, que tiene que ver también con la corrupción en las aduanas mexicanas.
De tal modo que, un combate efectivo también requiere poner orden en casa; requiere que se haga una limpia, que se erradique la corrupción de los organismos encargados del combate al narcotráfico; que haga una policía nacional única, concluyo, señora Presidenta, y nos parece que estas serán las mejores contribuciones, que desde la parte mexicana haremos hacia el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos).
-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CARBAJAL MENDEZ: Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Madero Muñoz.
-EL C. SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ: Con el permiso de la Presidencia.
-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CARBAJAL MENDEZ: Adelante, senador.
-EL C. SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ: Gracias.
En este tema, es uno de los temas que generan un consenso plural entre los distintos grupos parlamentarios, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y es algo que debemos de valorar. El tema que nos ocupa atiende a uno de los grandes problemas que nos aquejan, que es el tema del narcotráfico.
Recientemente en mi Estado, el Estado de Chihuahua ha sobre salido a nivel nacional, como el Estado con mayor número de ejecuciones. Esto es impactante.
Déjenme decirles que estoy hablando, que en lo que va del año, llevan más de 400 ejecuciones. A lo mejor la cifra no nos dice mucho, y por eso quiero compararla con el siguiente Estado con el mayor número de ejecuciones en el país, que es Sinaloa, y la cuenta asciende a 190 ejecuciones. O sea, en mi Estado, más del doble que lo que ha tenido el Estado de Sinaloa en lo que va del año. De este tamaño es la magnitud del problema.
Y sin embargo, esta Iniciativa ha enfrentado un sinnúmero de tropiezos recientemente, precisamente por el intento de incluir una serie de condicionamientos que son inaceptables, inaceptables por todos. Y esto, creo que debe ser un señalar que debemos de mandar, de manera unívoca, conjunta, fuerte y determinada porque, las bondades que tiene la Iniciativa Mérida, no son el apoyo material, sino es la señal de corresponsabilidad que implica; el reconocimiento de que es un tema que debe de ser abordado de manera multilateral.
No esas tentaciones de volver a los esquemas de que el Gobierno Norteamericano calificaba al resto de los países del mundo su comportamiento, y en función de ello, podía o no otorgarles un reconocimiento, es algo que no debe permitirse.
Y en ese sentido, tenemos una oportunidad. La próxima Reunión Interparlamentaria, diputados y senadores de nuestro país, participaremos en una reunión de trabajo el próximo fin de semana con diputados y senadores de nuestro vecino país. Y ahí debemos de aprovechar esta reunión para establecer precisamente que es importante un compromiso de reconocimiento; que parte del problema está en la gran demanda que tienen los estadounidenses por las drogas.
Y otro problema fundamental, es el gran abastecimiento de armamento indiscriminado que se está dando a lo largo de toda la frontera y que llegan a nuestro país armamento cada vez de mayor poder de fuego y más sofisticado.
Estos dos temas son un dato fundamental que debemos de comentar con los legisladores para buscar soluciones conjuntas.
Yo creo que aquí, lo único que difiero de mi compañero, el diputado Cuauhtémoc, es que yo no propondría el carpetazo. El carpetazo, aquí lo único que salen ganando son los narcotraficantes.
Lo que debemos de buscar son las fórmulas, las fórmulas adecuadas y respetuosas, en donde reconozcamos la corresponsabilidad en el problema y en la solución, y de esta manera avanzar en el combate a este cáncer que nos aqueja, y que es el cáncer del narcotráfico.
Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. (Aplausos).
-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CARBAJAL MENDEZ: Gracias, senador Madero.
-Hace uso de esta tribuna el diputado Alejandro Chanona Burguete.
-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE: Con el permiso de la presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores, desde luego venimos a sumarnos al punto de acuerdo, que aspiro a que sea aprobado por unanimidad, porque, sin duda, la posibilidad de asistir la delegación mexicana a la edición cuadragésima séptima de esta interparlamentaria, que ya se acerca a ser una interparlamentaria cincuentona.
Vale mucho la pena, en un contexto, de por un lado ya se definió el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, el señor Barack Obama, y bueno, el otro lado está el señor McCain, y como todo proceso, vale la pena que nosotros valores, quiénes podrían ser nuestros mejores aliados, en la delegación de los Estados Unidos, valorando que ellos mismos tienen visiones distintas de la relación actual con México, y de lo que acompaña a esta interparlamentaria.
Pero voy a punto. El tema de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida tiene exactamente la contradicción fundamental de lo que nos distancia cada año, con la delegación estadounidense del Congreso de aquel país.
Ellos anteponen ya, desde el 2001, la seguridad y su lucha antiterrorista a nuestro afán de prosperidad y desarrollo. Y da la impresión, que ellos vienen como representantes del Gobierno de los Estados Unidos, no como legisladores, y nosotros vamos, muchas veces divididos también por las diferencias que acompañan a una pluralidad como la que está aquí presente, y unos defienden aparentemente al gobierno en turno y otros vamos en contra, según sea la coyuntura.
Bueno, eso es una oportunidad privilegiada, en donde vamos tratando de convencerlos del error que cometieron. Ellos, en la Cámara de Representante y en el Senado, estarán aprobando, ya se habló del proceso legislativo, un documento en donde nos quieren agarrar por todos lados, para prestarnos, donarnos, otorgarnos o financiarnos, en la Iniciativa Mérida, con 350 millones de dólares.
Si perdemos la perspectiva, parecería una disputa por, yo diría por 3,500 millones de pesos, y no vale la pena.
Por una razón. Porque los recibamos o no, la corresponsabilidad será convencerlos de que en ambos lados del Río Bravo, tengamos que legislar, en mutuo respeto, para combatir el narcotráfico, con o sin los 350 millones de dólares, con o sin la iniciativa.
Y en ese sentido, hay que hablarlos con mucha franqueza. Porque tengo la impresión, de que ellos mismos se equivocaron cuando sacaron en el documento, que los Estados Unidos harían todo por coordinarse con el Congreso mexicano, para sacar adelante la iniciativa y quienes lo hemos leído a fondo, va mucho más allá de los derechos humanos. Se mete con la supervisión de las policías, el balance militar, los techos para cuando se les daría a los militares, consultas a la secretaria de Estado, puede ser secretario en la próxima, es una, de veras, es un documento preocupante, porque evidentemente nos meten a aparador.
Ellos siguen con su visión objetiva, la seguridad, a su resguardo fronterizo, y nosotros estamos obstinados en convencerlos que primero viene el desarrollo y la prosperidad de México, si queremos un futuro regional, y luego vendría su opción por las medidas de supervisión, que están en dicho documento.
Qué… creo que tendríamos que hacer. Este documento nos da el aval para que nos pongamos de acuerdo, todos los miembros de la delegación, y hagamos exhortos muy puntuales a nuestras contrapartes en materia seguridad, pero también tenemos que hacerle observaciones en materia de competitividad, en materia de migración, en materia de seguridad, inclusive energética, en fin, ya valoraremos ahí, pero sí es importante que ellos valoren una cosa fundamental. Mientras no prodiguen reciprocidad al Congreso mexicano, no puede haber responsabilidad compartida y por lo tanto yo creo que tendríamos que exhortarlos, uno, a que se comporten como poder autónomo; no como voceros del Gobierno de los Estados Unidos; y dos, hagámosle un exhorto para que valoren si retiran sus condicionamientos y podemos fundar una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos, para beneficio de ambas naciones. No quiero acabar de juzgar allá, tengo una visión crítica de cómo están mandando las cosas, y creo que con esto podríamos avanzar muy, muy cabalmente, en una coyuntura, donde insisto, no está el horno como para bollos.
Muchísimas gracias, por su atención. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Gracias a usted, don Alejandro.
Don Pablo Gómez, tiene usted el uso de la voz. En tiempo y en forma, hasta por cinco minutos, para que se explaye.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas legisladora, ciudadanos legisladores: El texto que se propone, parece que consensa un punto de vista común, de la Comisión Permanente. Pero yo quisiera agregar algunas otras cosas que no están incluidas en el texto. Y que probablemente no sean más que opiniones particulares, no consensuales de la Comisión Permanente, es decir, de todos los partidos.
Me parece que la Iniciativa Mérida fue un error. En cierta forma quizá provocada por una ingenuidad, una falta de visión global del Gobierno, en relación con los nexos entre México y Estados Unidos, en ésta y en otras materias.
Estados Unidos no le da nada a nadie, sin unas condiciones. Pero a diferencia del Ejecutivo, que puede llegar a acuerdos no públicos con otro gobierno, el Congreso de Estados Unidos que es quien autoriza las erogaciones, no puede hacer eso. Entonces lo tiene que incluir en el acta, es decir, en la ley que autoriza tales erogaciones.
Y esa es la situación que tenemos. Por un lado no conocemos las condiciones impuestas por el Ejecutivo de Estados Unidos al mexicano. Puesto que si ésas no son públicas, los congresos de ambos países tampoco las van a conocer.
Pero si conocemos la manera en cómo lo entienden los senadores en los Estados Unidos.
Es decir, oficiales, como ellos les llaman, del Gobierno de Estados Unidos tienen que supervisar, en qué condiciones, quiénes y cómo se van a usar los aparatos, los instrumentos, las armas, que está donando o que estaría donando el Gobierno de Estados Unidos a México.
Y la administración, la fiscalización de la administración de todo ese material, lo tiene que hacer el Gobierno de México- dice el Senado de Estados Unidos- en consulta con el secretario de Estado de los Estados Unidos.
“El personal de Estados Unidos realizará observaciones periódicas, y la revisión del uso del material entregado”. Dice el acta de asistencia exterior de 1961, o sea, una ley que ya existe, y que condiciona al Gobierno de Estados Unidos. En esas condiciones, el Ejecutivo mexicano llega a un trato con el señor Bush, sin darse cuenta, quizá, o dándose cuenta, pero disimulando, la existencia de leyes en Estados Unidos, especialmente el acta de asistencia al exterior, que le impone al gobierno de Estados Unidos la obligación de supervisar la asistencia entrega a otros países.
Mientras el gobierno de Estados Unidos no admita que las relaciones con México y los pactos con México tienen que ser sobre la base de otro esquema, de que la colaboración no es supervisable por el gobierno de los Estados Unidos, estos esquemas van a seguir teniendo el mismo problema.
Yo creo que el Ejecutivo mexicano pues debería de hacer un esfuerzo para darse cuenta de la realidad.
Claro, no es esa su característica.
Cuando declara la guerra al narcotráfico en Estados Unidos están muy contentos, pero saben que esas guerras ni se pueden ganar ni se pueden perder, que no es propiamente una guerra, que los estados lo que hacen son acciones para el control del narcotráfico, no para la eliminación del narcotráfico.
Proponerse la eliminación del narcotráfico es despegar los pies de la tierra, pero kilómetros.
Por qué el Ejecutivo mexicano lo hace, es como una arenga.
Es por razones propagandísticas y políticas que le impiden decir la verdad y tomar el problema tremendo del narcotráfico, pues de la manera en que hay que asumirlo.
Entonces, claro, los Estados Unidos muy contentos nos pueden dar 350 millones, iban a ser 500, y luego supervisar de qué manera se van a usar, quiénes lo van a usar.
Y quiero decir también aquí entre paréntesis una cosa, señor presidente.
Yo estoy de acuerdo con la crítica que se hace, en el Senado de Estados Unidos, donde se condena la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado mexicano, y también con que los militares, presuntos responsables de homicidios, no comparezcan en tribunales civiles, violando la Constitución de México, que dice que cuando un ilícito cometido por un militar esté involucrado un civil, será los tribunales civiles quienes conozcan la causa. Eso dice la Constitución de México y los militares no quieren aceptar, nunca han querido aceptar el imperio completo de esas normas. Ese es un problema que tenemos pendiente.
Pero no estoy dispuesto a admitir que habida cuenta de esa parte correcta de la crítica, también dicen ellos que la policía en México es corrupta, lo que nosotros sabemos mejor que ellos, claro.
Que a partir de esa crítica, termino presidente, para que no se oiga la campana, que es correcta la utilicen como instrumentos de injerencia en lo asuntos internos del país, porque esas violaciones de derechos humanos son un asunto interno de México que tiene que resolver México sin la policía estadounidense.
Entonces, claro, nos ponen contra la pared. Por lo cual tenemos nosotros que agregar una acción enérgica e contra de violaciones de derechos humanos que algunos interpretan esta crítica como un apoyo a los narcos. Bueno, es que ya están de plano en el derecho penal del enemigo, pero bien instalados, que es el permiso para violar todas las garantías de quien sea con tal de eliminar a los enemigos en una guerra, pero caer en eso es olvidarse de principios fundamentales de carácter garantista a los que no debemos renunciar en ningún momento. Por eso no nos afecta que nos acusen incorrectamente.
De estarle haciendo el caldo gordo a los narcos cuando criticamos la acción indebida de la autoridad en las actividades de combate al narcotráfico.
Por lo cual votemos esto, esta tarde, presidente, usted lo debe de saber, las comisiones del Senado que dan seguimiento a esta cuestión de Mérida va a tener una reunión, la de Justicia, con el propósito de ver un informe oficial y hacer los comentarios respectivos en relación con esto que me parece que no debe continuar; o se cambian las bases de relación en un convenio completo, suficiente, claro, público, negociado, abierto, o no se puede sobre la base de la ley estadounidense de la asistencia al exterior, continuar haciendo convenios con el gobierno de los Estados Unidos que involucren cuestiones de carácter material.
Por su atención muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Muchas gracias, don Pablo Doña Amira Gricelda Gómez Tueme, que con tanto entusiasmo ha pedido el uso de la voz, es su turno.
-LA C. SENADORA AMIRA GRICELDA GOMEZ TUEME: Gracias, presidente.
Compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna a reiterar el planteamiento de mi fracción parlamentaria, el PRI, que hace justamente 15 días se pronunció en una cooperación sin condicionamientos por parte de Estados Unidos. Esa intervención fue del senador Mario López Velarde, hace 15 días.
La Iniciativa Mérida, planteada por el Ejecutivo Federal, y que evidentemente el mandatario estadounidense respaldó en todos sus términos, tenía un objetivo inicial muy puntual: la cooperación sin condicionamientos. Por eso es que era imprescindible que su servidora viniera a esta tribuna a manifestarse porque la revisión que ha realizado el Congreso norteamericano, que evidentemente el condicionamiento que ha planteado, coincido con mis compañeros legisladores con la propuesta de punto de acuerdo del PRD, con los planteamientos del senador Pablo Gómez, que es inaceptable.
Por eso sugiero, como lo ha manifestado aquí el senador Gustavo Madero, que en la próxima reunión Interparlamentaria, que representa indudablemente una oportunidad para reiterarles a nuestros homólogos congresistas norteamericanos que el planteamiento inicial de la Iniciativa Mérida era de cooperación sin condicionamientos para llegar a un objetivo que beneficie a ambos países, sin vulnerar algo que es importantes para todos nosotros: la soberanía mexicana.
Desde esta tribuna quiero reiterar el respaldo absoluto al gobierno mexicano para que defienda con dignidad la soberanía y la toma de decisiones que compete únicamente a los mexicanos en materia de combate a la delincuencia organizada. Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Habiéndose agotado la lista de oradores, pregunte la secretaría a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MONREAL AVILA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Ya directamente, en virtud de que ya se agotó la lista de oradores, ya no preguntamos si está suficientemente discutido, vamos a preguntar directamente si es de aprobarse.
-LA C. SECRETARIA DIPUTAD MONREAL AVILA: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada.
-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
-Aprobada la propuesta, señor Presidente.

Texto de Amerigo Incalcaterra en Proceso

Derechos humanos: puro discurso/Amerigo Incalcaterra
Publicado en la revista Proceso No. 1647, 25 de mayo de 2008;

El 23 de mayo último, el italiano Amerigo Incalcaterra, quien fungió como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abandonó el país en medio de versiones en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón presionó para que se marchara. Desde su llegada a México en octubre de 2005, Incalcaterra fue crítico del gobierno federal por sus omisiones y fallas en materia de derechos humanos. A continuación presentamos un texto suyo, entregado en exclusiva a Proceso, en el que expone un duro diagnóstico sobre el caso mexicano.
Hasta el día de hoy el Estado mexicano ha recorrido un camino muy importante en el reconocimiento de los derechos humanos. Entre otras cosas, ha logrado que tomen un lugar relevante en el discurso y en el espacio público, al grado de que al día de hoy forman parte de lo políticamente correcto.
Sin embargo, si se mira con cierto detenimiento la realidad, resulta que por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación a los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos.
La encrucijada consiste, por lo tanto, en saber si el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto están dispuestos a asumir el reto de implementar los estándares internacionales de derechos humanos y convertirlos en realidades tangibles en la vida diaria que viven millones de personas en México, o bien, dejar que se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas, pero sin que se realicen los esfuerzos necesarios para que se conviertan en detonadores capaces de transformar, por las vías institucionales, las realidades injustas que afectan la vida de las personas y las estructuras que marginan y excluyen a sectores importantes de la población.
De no asumir adecuadamente el reto de la implementación, se corre el riesgo de caer sin remedio en el camino del discurso vacío en el que se asumen compromisos y se hacen grandes declaraciones de buenas intenciones, pero en el que se carece de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de los derechos. Paradójicamente, el discurso de los derechos, lejos de promover transformaciones estructurales más justas y equitativas, terminaría por reforzar el status quo.
Ante todo, habría que evitar que la brecha que separa el discurso de los derechos de la realidad de su ejercicio se ensanche de tal manera que se pierda toda conexión entre uno y otra. El análisis sobre la situación de los derechos quedaría fracturado en dos posiciones, en las que, por un lado, estaría un discurso autocomplaciente y hermético ante cualquier reclamo y, por otro, una realidad que clama justicia pero que no encuentra los espacios adecuados para hacerse escuchar y para desahogar sus reivindicaciones. Ello podría generar que grupos marginados, al no encontrar las vías jurídicas y políticas adecuadas para hacer valer sus demandas, se movilicen y provoquen una mayor tensión social. La situación se puede agravar aún más si esta tensión es aprovechada por grupos ilegales que buscan desestabilizar al país y minar las instituciones del Estado.
Hay que partir del hecho de que, en las últimas dos décadas, México ha tenido avances sumamente importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, también es necesario reconocer que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la mayoría de los avances se han dado en el plano normativo e institucional, sin que esto signifique necesariamente que tales avances se traduzcan en logros concretos de manera que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos humanos.
Así, pues, la cuestión central de la implementación se subdivide en dos retos específicos: primero, en cómo lograr que los compromisos asumidos en la esfera internacional sirvan de palanca transformadora del andamiaje jurídico protector de derechos humanos a nivel nacional; segundo –y sin duda el paso más importante–, en cómo lograr que las instituciones y las normas puedan ser empleadas por las personas para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado asume en materia de derechos humanos.
En relación con el contexto o marco de implementación de los derechos humanos quiero destacar dos notas que no pueden pasarse por alto: las profundas asimetrías que existen entre la población en el ejercicio de los derechos humanos y la existencia de ciertos problemas estructurales en el país que desencadenan diversos contextos de violación a los derechos humanos.
Asimetrías
En México coexisten muchas realidades contrastantes. Las asimetrías de poder, la iniquidad en la distribución de la riqueza, la persistencia de rasgos culturales discriminatorios y el mantenimiento de privilegios para ciertos grupos de la población se traducen en un desigual acceso a los derechos humanos de parte de los sectores de la población.
El telón de fondo es el de las asimetrías que existen en el ejercicio de estos derechos; por un lado, personas que por su situación económica y social o por sus condiciones personales pueden ejercer casi sin ningún problema sus derechos; por otro, personas que por el simple hecho de haber nacido en una determinada región del país, por formar parte de un grupo que sufre discriminación o por sus condiciones sociales y económicas tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos para poder disfrutar de sus derechos.
Problemáticas estructurales
Otra nota que define el contexto de los derechos humanos es la existencia de ciertas problemáticas ampliamente generalizadas que en sí mismas implican ya una violación a los derechos humanos, pero que a la vez, su persistencia genera diversos contextos de violación a los derechos humanos. En su plan de acción 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, identificó que en el mundo existen seis obstáculos de esta naturaleza; pobreza, discriminación, conflictos armados y violencia, impunidad, déficit democrático y debilidad de las instituciones del Estado. En el caso de México, la pobreza –vinculada a la desigualdad y a la discriminación–, la impunidad y las restricciones a la libertad de expresión, constituyen tres causas estructurales a partir de las cuales se generan diversas situaciones de violación a los derechos humanos.
Para poder superar dichas problemáticas y asumir el gran reto de la implementación es necesario centrar la atención en aquellos déficit o debilidades estructurales que obstaculizan la plena realización de los derechos humanos, especialmente los de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad y discriminación. La identificación de estas problemáticas permite enfocarse en aquellas tareas que quedan pendientes en la agenda de derechos humanos.
Orden jurídico insuficiente
Debido a ciertas limitaciones internas y deficiencias en la manera en que reconoce los derechos humanos, la Constitución mexicana no permite ser aprovechada al máximo por las personas y los grupos en su afán por defender estos derechos. Para que la Constitución pueda recobrar todo su potencial y su máxima eficacia jurídica como norma fundamental protectora de derechos humanos es necesario avanzar en una reforma integral estructurada en torno a los siguientes ejes: la transformación del marco conceptual a partir del cual la Constitución reconoce los derechos humanos; el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, y el reconocimiento del principio pro personae; el reforzamiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación; el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, poniendo especial énfasis en su carácter universal y en el establecimiento de mecanismos adecuados para su exigibilidad y justiciabilidad; la introducción de la perspectiva de género, y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para proteger los derechos humanos.
Mecanismos débiles
Se requiere fortalecer el papel del Poder Judicial como garante de los derechos humanos de las personas. Sobre todo, el sistema de justicia en México presenta muchos obstáculos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan exigir sus derechos.
La creación de un sistema de instituciones nacionales ha paliado esta problemática; sin embargo, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de algunas agrupaciones locales, los organismos públicos defensores de esos derechos se encuentran generalmente en una situación precaria. La eficacia de éstos depende en gran medida del grado de legitimidad y aceptación que logran frente a la ciudadanía. Para ello es fundamental no sólo que se garantice su autonomía e independencia desde un punto de vista formal, sino que también se garanticen otros aspectos fundamentales, como la coherencia de su trabajo con los estándares internacionales en la materia, su cercanía con los grupos en situación de vulnerabilidad, su apertura y transparencia, su capacidad de coordinar su actividad con las organizaciones civiles y la pluralidad de sus integrantes.
Por otra parte, hablar de los mecanismos de protección de los derechos humanos implica necesariamente abordar el problema de la impunidad. En este rubro quedan pendientes problemáticas de gran calado, entre éstas los feminicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, así como las perpetradas en el marco de la guerra sucia, las agresiones en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Las mejores medidas para evitar que estos hechos se perpetúen es que el Estado asuma adecuadamente el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como el deber de reparar los daños causados a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos.
Omisiones
A pesar de algunos esfuerzos encomiables como el Programa Nacional de Derechos Humanos (2004-2006), las políticas públicas a nivel federal y estatal no han incorporado a fondo una perspectiva en este rubro. Un signo muy positivo es que al tema se le haya otorgado un papel central en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012); también el que actualmente se esté preparando un nuevo programa nacional en la materia coordinado por la Secretaría de Gobernación. Estos esfuerzos deben estar enmarcados en una verdadera política de Estado en derechos humanos, entendiendo que las políticas públicas son las mejores vías para cristalizar las obligaciones que asume el Estado al respecto.
La sociedad civil
Sin duda, el panorama no podría estar completo sin el análisis de la labor que realiza la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos humanos. Las organizaciones que los defienden han jugado un papel central tanto en el señalamiento de situaciones y problemáticas como en el acompañamiento y defensa de casos específicos de violación a estas garantías ciudadanas. Las organizaciones han logrado profesionalizarse e incrementar sus capacidades para desempeñar un papel estratégico en ámbitos cruciales como el legislativo, así como en el diseño e implementación de políticas públicas e, incluso, en el litigio estratégico. Un elemento central es que han sabido aprovechar muy bien los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para fortalecer sus acciones a nivel nacional.
Cultura incipiente
En México el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo. Los principios y valores que subyacen en él no se han arraigado en las prácticas y concepciones de la población; incluso se puede decir que en general existe un gran desconocimiento y confusión del papel que éstos desempeñan en la sociedad. Más todavía, en la cultura mexicana existen valores y hábitos contrarios a estos derechos, como el machismo, la intolerancia, el autoritarismo, el racismo o clasismo y la corrupción, entre otros. Por ello, el reto es continuar promoviendo los derechos humanos, lo mismo en el ámbito de la educación formal que en la informal. También debe buscarse llegar a sectores que por lo general no participan en el movimiento pro derechos humanos.
Cooperación internacional
Por último, debo mencionar que en todos los tratados internacionales de derechos humanos se destaca el aspecto de la cooperación internacional como un recurso para fortalecer el respeto a estos derechos en el ámbito nacional. La idea que subyace en el fondo es simple: aunque el principal responsable de los derechos humanos es el Estado, se asume, primero, que ningún Estado tiene un récord impecable en su protección; y, segundo, que los Estados necesitan de otras instancias internacionales para impulsar los cambios necesarios.
El establecimiento de la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde precisamente a la necesidad y demanda de los propios Estados de contar con un aliado que aproveche la experiencia internacional que los asista en la implementación de los estándares de derechos humanos. A través de los años, y no sin serias dificultades, la Oficina del Alto Comisionado ha comprendido que la mejor manera de hacer cambios en la realidad es trabajar a nivel local, de manera conjunta con los Estados, mediante tareas de observación, protección y cooperación técnica.
En este ámbito México es reconocido como un pionero. Hasta hoy es el único país que, a pesar de no estar inmerso en un conflicto armado, solicitó la presencia permanente de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio. Necesariamente, el trabajo de la Oficina tiene que ser distinto al que realiza en otras partes del mundo, dado que México cuenta con las instituciones, recursos económicos y capacidades humanas adecuadas para enfrentar las problemáticas de derechos humanos.
En febrero pasado, la Alta Comisionada Louise Arbour visitó el país. Vino a firmar con el Estado mexicano un mandato que definiría las labores de su Oficina en este país. Este mandato dota de fundamento y clarifica las actividades que la Oficina ya venía desarrollando; además, abre la posibilidad de que –en la medida de sus posibilidades humanas y económicas– esta Oficina se comprometa más en las tareas de seguimiento, protección y promoción de los derechos humanos.
Corresponde a las autoridades y a la sociedad civil debatir y plantear cómo desean aprovechar la presencia de la Oficina en territorio mexicano. Debo aclarar que su objetivo es servir a las personas que habitan en México, brindar asesoría y cooperar con las instituciones nacionales, así como acompañar a la sociedad civil en el proceso de implementación de los derechos humanos.
Para lograrlo, la Oficina debe conocer cuál es la situación en materia de derechos humanos, así como dar seguimiento profesional a las situaciones que se presenten en este rubro, proveer de información, y sobre todo colaborar y advertir de los retos que afectan a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, el Estado en su conjunto tiene que entender con más amplitud la labor que realiza la Oficina en México. No se entendería la presencia de la Oficina si ésta no ejerciera un mandato amplio, si no pudiera elevar a la opinión pública las problemáticas existentes para que las fuerzas vivas de la sociedad mexicana puedan tener elementos suficientes para elaborar respuestas integrales y participativas; si en definitiva no pudiera servir como motor que fomente el cambio. La Oficina no tiene vocación de perpetuidad, sólo estará un tiempo determinado en el país; de ahí la importancia de que se aproveche al máximo esta oportunidad que la comunidad internacional está ofreciendo al país.
La Oficina está llamada a fomentar el diálogo y la participación de la sociedad civil con las autoridades, a levantar los temas que requieren ser debatidos públicamente para poder avanzar en la implementación de los derechos humanos y a detonar los cambios y proyectos capaces de transformar las estructuras y situaciones que impiden a todas las personas ejercer sus derechos humanos.
México puede pasar de las palabras a los hechos. Para ello es necesario dar un giro de 180 grados a nuestra manera de pensar los derechos humanos. Debemos sacarlos de los grandes foros, de los discursos grandilocuentes, del laberinto diplomático. El verdadero ejercicio de estos derechos se construye desde abajo, en las comunidades, en los grupos marginados. Debemos dotarlos de herramientas para que sean ellos los que exijan y defiendan sus derechos humanos; debemos construir las vías institucionales adecuadas para dar respuestas efectivas. l
Carta a Proceso en el número 1648, 1 de junio:

Acerca de“Derechos humanos: puro discurso”
De Liliana Valiña

Señor director:
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desea agradecerle por la publicación del texto elaborado por el señor Amerigo Incalcaterra en Proceso 1647.
Al mismo tiempo, deseo manifestar nuestra sorpresa e inconformidad con el título que Proceso unilateralmente decidió darle a dicho texto. El título original y bajo el cual la Oficina había enviado el texto a la revista que usted dirige es Derechos Humanos en México: la encrucijada entre las palabras y los hechos. La Oficina considera que el título elegido por Proceso, Derechos Humanos, puro discurso, no refleja adecuadamente el contenido del texto ni la posición asumida en el mismo.
La Oficina confía en que en el siguiente número de la revista Proceso se haga la aclaración correspondiente en relación al título original del texto publicado.
Sin más por el momento, agradezco su disposición y le envío un cordial saludo.
Atentamente
Liliana Valiña
Representante a.i. en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Respuesta de la Redacción
Proceso aclara a sus lectores que en este como en otros medios impresos la elaboración de los títulos –que es un derecho y una potestad de toda publicación– se apega a criterios como la brevedad, la claridad y la congruencia. El título elegido, Derechos Humanos: puro discurso, no sólo es más claro y breve que el original, sino que refleja con mayor veracidad el espíritu o sentido de lo escrito por Amerigo Incalcaterra, quien, como puede confirmarse en el texto publicado (páginas 20 a 25), escribió:
(…) Por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación a los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos.
La encrucijada consiste, por lo tanto, en saber si el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto están dispuestos a asumir el reto de implementar los estándares internacionales de derechos humanos y convertirlos en realidades tangibles en la vida diaria que viven millones de personas en México, o bien, dejar que se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas…
De no asumir adecuadamente el reto de la implementación, se corre el riesgo de caer sin remedio en el camino del discurso vacío en el que se asumen compromisos y se hacen grandes declaraciones de buenas intenciones, pero en el que se carece de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de los derechos.
(…) México puede pasar de las palabras a los hechos…

Programa de Derechos Humanos 2008-12

Propuesta de Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente

De las Diputadas Alliet Bautista Bravo, Maricela Contreras, Sonia Noelia Ibarra Franquez y Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se publique el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión espera que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 establezca acciones concretas para la Administración Pública Federal que contribuyan a eliminar los obstáculos estructurales que impiden la vigencia efectiva de los derechos humanos y que se respeten los estándares más altos de protección en la materia.
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación envíe para su conocimiento, el Ante Proyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 que será presentado al Ejecutivo Federal, así como la versión final aprobada por el Ejecutivo.
CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, como instancia coordinadora de la elaboración del Ante Proyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, presente por escrito a esta Soberanía del mecanismo de distribución del gasto del próximo año fiscal contemplado para la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Exposición de Motivos
Con la adopción de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, los Estados se comprometieron a diseñar un Plan Nacional de Acción que identifique medidas concretas que les permitan mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.
En México, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006, fue el primer ejercicio del Gobierno Federal para contar con un Plan de Acción. Sin embargo, éste distó mucho de cumplir con todos los objetivos, pues únicamente contaba con acciones en materia de derechos humanos para la Administración Pública Federal, no consideraba presupuesto para su implementación, era sexenal y ni siquiera contó con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo anterior, al inicio del actual sexenio, algunas organizaciones de la sociedad civil inmediatamente solicitaron iniciar los trabajos de elaboración del "nuevo" Programa Nacional de Derechos Humanos, recuperando los elementos exitosos del proceso pasado y evitar la repetición de situaciones que dificultaron la elaboración e implementación del mismo.
Por su parte, el Ejecutivo Federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se comprometió a considerar la instrumentación de un Programa para fortalecer el respeto a los derechos humanos, a través de acciones preventivas de capacitación y concientización de los servidores públicos, así como la adopción de sanciones contra quienes incurran en violación a los derechos humanos.
Sin embargo, no fue sino hasta septiembre del 2007, que en respuesta a sus constantes demandas, la Secretaría de Gobernación emitió un acuerdo para iniciar los trabajos de elaboración del Ante Proyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
Es de nuestro conocimiento que los trabajos del Ante Proyecto se encuentran a punto de concluir, y que de conformidad con el Acuerdo, una vez finalizados, la Secretaria de Gobernación lo someterá a la consideración del titular del Ejecutivo Federal.
Para las Diputadas que suscribimos el presente Punto de Acuerdo, es motivo de preocupación que el Titular del Ejecutivo no se haya pronunciado respecto de la importancia de dicho programa así como de las acciones futuras que se iniciarán para su implementación.
Sin duda, con los antecedentes que existen, el Anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos, está obligado a retomar todas las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2004-2006, en el Primer Informe de Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, las emitidas por la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
Estamos conscientes de que los retos en materia de derechos humanos son enormes, por ello, aplaudimos toda aquella iniciativa que a través de la participación plural y abierta entre organizaciones de la sociedad civil y actores estatales promueva acciones que impacten en la vigencia de los derechos humanos en México.
Consideramos que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, debe cumplir con los estándares más altos de protección en materia de derechos humanos y que en el caso de que contribuya a eliminar, de manera real, los obstáculos que impiden el pleno goce de estos, debe contar con recursos presupuestales para garantizar su implementación.
Finalmente, reiteramos que estaremos pendientes al trabajo que realice el Ejecutivo Federal en materia de derechos humanos para garantizar que no se implementen medidas regresivas y que se reconozcan y sean vigentes todos los derechos humanos, pero especialmente, para los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por ello, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se publique el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión espera que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 establezca acciones concretas para la Administración Pública Federal que contribuyan a eliminar los obstáculos estructurales que impiden la vigencia efectiva de los derechos humanos y que se respeten los estándares más altos de protección en la materia.
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación envíe para su conocimiento, el Ante Proyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 que será presentado al Ejecutivo Federal, así como la versión final aprobada por el Ejecutivo.
CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, como instancia coordinadora de la elaboración del Ante Proyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, presente por escrito a esta Soberanía del mecanismo de distribución del gasto del próximo año fiscal contemplado para la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Salón de sesiones 4 de junio de 2008
Dip. Alliet Bautista Bravo
Dip. Maricela Contreras Julián
Dip. Sonia Noelia Ibarra Franquez
Dip. Ruth Zavaleta Salgado

Combate al tráfico de armas

Propuesta de Punto de Acuerdo

MARÍA SERRANO SERRANO, Senadora de la República de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta H. Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que ordene a la autoridad competente refuerce la estructura y funcionamiento de las aduanas terrestres, aéreas y marítimas con el objeto de evitar el ingreso y contrabando de armas que van a parar en la mayoría de las ocasiones a manos de la delincuencia organizada.
CONSIDERACIONES
En la madrugada del martes 27 de mayo se registró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal Preventiva, el Ejercito Mexicano y los sicarios del narcotráfico que arrojó un saldo de siete agentes muertos y cuatro lesionados, uno de ellos de gravedad, que después murió así como dos jóvenes que fueron ejecutados previamente por delincuentes a sueldo del narcotráfico.
Los hechos se iniciaron alrededor de las 11 de la noche del lunes 26 en las inmediaciones de la colonia Rubén Jaramillo, donde un grupo de sicarios asesinó a los dos jóvenes. Tras la ejecución de estas dos personas los delincuentes se dieron a la fuga y durante su huída fueron interceptados por agentes federales y militares, iniciándose así, una persecución que concluyó en una casa -llamada de seguridad por los delincuentes- ubicada en la colonia Benito Juárez.El ejército tuvo que hacer uso de tanquetas para poder ingresar a dicho inmueble.
En el interior de la casa fueron asegurados siete fusiles AK-47, 36 cargadores, 4 cargas de disco y 25 cajas de cartuchos de 20 unidades cada una.La delincuencia organizada ha demostrado reiteradamente tener una capacidad de fuego impresionante, que desafía a la que tienen las fuerzas de seguridad, se compone de subametralladoras automáticas FN Herstal p90 que penetra blindajes a 200 metros de distancia, ametralladores Browning y ametralladoras Barret que pueden traspasar vehículos blindados o derribar aeronaves, así como lanzacohetes RP G-7, que destruyen tanques y derriban helicópteros.
Prueba de ello es la declaración que hiciera el Comisario General de la Policía Federal Preventiva, Rodolfo Cruz López, en la cual acepta que en los hechos registrados el 27 de mayo en Culiacán las fuerzas policíacas fueron superadas en número de personas y que los gatilleros contaban con más parque que ellos. De igual forma admite que en ese operativo hubo un error de logística por parte de los elementos de la Policía Federal Preventiva.
Ante estos sucesos el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ha declarado que "vamos a enfrentar el fenómeno con todas nuestras capacidades. He ordenado que se suba más gente en términos de despliegue territorial, más unidades de inteligencia, pues vamos a sumar capacidades y vamos a fortalecer lo que hoy tenemos de operaciones en Sinaloa".
Sin embargo, estas acciones no serán suficientes.

Mientras exista un mercado negro de armas sofisticadas al alcance del mejor postor, y que se abastece permanentemente por el contrabando proveniente de las fronteras del norte y sur de nuestro país, las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad se verán superadas en su capacidad de fuego por la delincuencia organizada, por ello, es urgente que el Ejecutivo Federal refuerce el control sobre las aduanas terrestres, aéreas y marítimas con el objeto de evitar el ingreso de armas que van a parar a manos del narcotráfico; igualmente, se propone que para fortalecer está medida se solicite a nuestros países vecinos que adopten medidas similares que conduzcan a políticas coordinadas de carácter internacional para reducir el mercado negro de armas en la región.
La lucha contra la delincuencia organizada exige acciones firmes y de largo plazo, pero estás acciones indudablemente deben ser consecuentes con la plena vigencia del Estado de Derecho, ya que como lo ha señalado el Presidente Felipe Calderón "El desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y patrimonio seguros.Ningún Estado democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad".
En las tareas que se llevan a cabo para el urgente restablecimiento del Estado de Derecho han perdido la vida muchos elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, por lo que es justo reconocerles los actos de valentía en que ofrendan la vida propia con tal de proteger a miles de sinaloenses de bien. Esto muestra la necesidad de dotarlos de mejor armamento, adiestramiento, así como otorgarles condiciones de vida digna para poder contar con una fuerza pública capaz de hacerle frente a la enorme capacidad en logística y armamento del crimen organizado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Exhórtese respetuosamente al Presiente de la República para que le ordene a la autoridad competente se refuerce la estructura y funcionamiento de las aduanas terrestres, aéreas y marítimascon el objeto de evitar el ingreso y contrabando de armas que casi siempre van a parar a manos de la delincuencia organizada, y para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se establezcan los mecanismos necesarios de carácter internacional con nuestros países vecinos para impedir el funcionamiento del mercado negro de armas en la región.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente de la H. Congreso de la Unión a 03 de junio de 2008.

Plataforma México

Comunicado de Interpol

Mexico to link its databases with INTERPOL’s in unique new partnership

03 June 2008

The Mexican platform integrates all police databases related to public security.Police in all INTERPOL’s 186 member countries will soon be able to access criminal information from Mexico as a result of an innovative new partnership agreed between Mexico and INTERPOL.
Within two months, Mexico will make its police databases available to all INTERPOL member countries by linking up its Plataforma México (Mexican platform) to I-24/7, INTERPOL’s secure global police communications system.
The link means that Mexico will automatically populate INTERPOL’s databases on wanted persons, stolen and lost travel documents and stolen motor vehicles as it updates its own databases. In addition, when a Mexican police officer interrogates a national database, he will seamlessly view INTERPOL data at the same time.
The offer was made during a visit to INTERPOL’s General Secretariat by a Mexican delegation, headed by José Francisco Niembro González, Mexico’s Undersecretary for Evaluation and Development at the Secretariat for Public Security, accompanied by Ricardo Gutiérrez Vargas, the head of INTERPOL’s National Central Bureau for Mexico.
'Sharing this valuable information with other countries is essential for making police intelligence effective worldwide. It will give Mexico improved access to INTERPOL services, and will give police in other countries access to information about Mexicans to assist their investigations,' said Undersecretary José Francisco Niembro González.
The 'Mexican platform' is a technological telecommunications and information system that integrates all police databases related to public security, so that police and judicial officials have all the information needed to prevent and fight crime in a cohesive manner.
'This is an example of the unique role that INTERPOL can play in international policing. Police worldwide need the information in INTERPOL’s databases to fight transnational crimes, and Mexico is ensuring that it is supporting this need for its own officers and for those in other countries,' said Jean-Michel Louboutin, INTERPOL’s Executive Director for Police Services.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir y su época/Lidia Falcón, abogada

Publicado en EL PERIÓDICO, 25/05/2008;

Francia exhibe, con su conocida pomposidad, su reconocimiento a Simone de Beauvoir, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años, en una serie de actos de homenaje que ocuparán todo el 2008. No cabe duda de que se lo merece. Simone fue una magnífica escritora, y este mérito se suele esconder al destacar sus ideas feministas, que se consideraron rompedoras dada la época en que ella escribió. Nos hallábamos en la posguerra europea y con el viento de muerte de la segunda guerra mundial se habían enterrado las grandes teorías feministas y liberadoras de la última mitad del siglo XIX y la primera del XX.

Si no hubiera sido por el cataclismo que supuso la contienda, Simone y su obra no hubiesen podido ser consideradas tan revolucionarias. La Europa de los años 40 y 50 había olvidado las teorías de Saint-Simon y Fourier y los experimentos de Owen, con sus falansterios y sus fábricas cooperativas, y, por supuesto, la sacrificada labor de Flora Tristán, y en plena guerra fría no quería ni oír hablar de la obra de Alejandra Kollöntai, con su hermosa defensa del amor libre y del amor juego, en la construcción de una sociedad soviética igualitaria y feminista. Pero no solo en los países que habían llevado a cabo sus revoluciones floreció un pensamiento rebelde a las convenciones burguesas que asfixiaban a las mujeres, que pervertían el amor y que consignaban la propiedad privada de los hijos a favor del padre.
ESPAÑA, DESDE Concepción Arenal, en el siglo XIX, ve la eclosión de escritores y políticos que tratan con liberalidad el grave problema de la sujeción de la mujer a las normas religiosas y conservadoras más asfixiantes. Y en esta hermosa labor de denuncia y de rebeldía contamos con muchas mujeres que se atrevieron en la España retrógrada heredada del infausto reinado de Fernando VII a opinar, a escribir y a defender públicamente las ideas liberales, anarquistas, feministas y comunistas que exigían la igualdad entre el hombre y la mujer, y que denunciaban, con enorme valor, las terribles injusticias que se cometían en nuestro país contra la mitad de la población.

Desde Regina de Lamo, mi abuela, que nació en 1870 y cuya labor cooperativista y feminista quedó olvidada bajo el terror fascista, hasta Margarita Nelken, el plantel de políticas y escritoras que en España teorizaron con buen sentido y visión vanguardista sobre los retos del feminismo es enormemente abundante para un país que a finales del siglo XIX tenía un índice de analfabetismo del 80%. Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent, Clara Campoamor, Carlota O’Neill, María Telo son algunos de los muchos nombres que deberían ser motivo de homenajes y reconocimientos en nuestro país, por su obra literaria y ensayística y por su dedicación a una de las tareas más justas en beneficio de toda la humanidad: la igualdad entre todos los seres humanos. Carmen Karr y su revista Feminal plantearon en Barcelona todos los temas del feminismo que se desarrollaron después, y mucho más avanzadas que Simone de Beauvoir, en su formulación de las ideas feministas, fueron Federica Montseny, Regina de Lamo y Carlota O’Neill.

Pero España no les rendirá el homenaje que Francia está brindando a Simone. Porque España se caracteriza por su cainismo, tan dolientemente denunciado por Unamuno. Aquí antes reconoceremos el mérito de un extranjero que el de un español, y mucho menos el de una española. Así ha sido posible que en la exposición que se ha organizado en el Museo de Historia de Catalunya, sobre Dones: camins de llibertat, aparezcan Christine de Pisan y Olimpia de Gouges y las sufragistas inglesas y americanas, y no se dedique ni un párrafo a la revista Vindicación Feminista ni al Colectivo Feminista y el equipo de heroínas que la llevamos a cabo con bastante más peligro y esfuerzo que el que hubo de invertir Simone de Beauvoir en la elaboración de su obra.

Por supuesto, las teorías feministas que se formularon en España entre los años 60 y 90 del siglo XX superan con mucho los tímidos intentos de El segundo sexo, pero no han tenido acogida en esa exposición, en la que tanto el Colectivo Feminista como el Partido Feminista y la Organización Feminista Revolucionaria, como mi obra La razón feminista, han desaparecido de la historia de Catalunya, allí donde nacieron y se desarrollaron con el ímpetu y la riqueza de pensamientos y contenidos que en esa época contuvo el feminismo.
HAY QUE añadir que en España las ideólogas y escritoras no solo escribían, sino que se arriesgaban a llevar a la práctica sus teorías. Y, así, fundaban revistas que se ocupaban de todos los temas de la actualidad del momento, con una riqueza de información escrita y gráfica que otras muchas no poseían, y creaban grupos y partidos y se presentaban a elecciones, contra toda posibilidad, invirtiendo en tales propósitos sus escasos recursos económicos, su tiempo, su energía y su pasión. Experiencias que nunca llevó a cabo Simone de Beauvoir, siempre protegida por el entorno familiar y clasista y la inmensa presencia de Jean-Paul Sartre.

Pero ni Carmen Alcalde, ni Marisa Híjar, ni yo, ni Vindicación Feminista, ni el Colectivo Feminista ni el Partido Feminista, recibiremos nunca los homenajes que se le tributan a Simone. Para eso tendríamos que ser francesas.

Misha Glenny

This xenophobia reveals the power of organised crime/Misha Glenny, the author of McMafia: Crime Without Frontiers

THE GUARDIAN, 21/05/08):
As film critics at Cannes get their first look at Gomorrah, about the Naples organised crime syndicate the Camorra, the malign influence of this group has set fire to the city, literally and metaphorically. For years, it has been dumping rubbish and toxic waste brought in from northern Italy on lucrative contracts in and around residential areas. Now Neapolitans, fed up with the stench and filth, are setting fire to this garbage indiscriminately, provoking a crisis of public health for the ambulance and firefighting services.
If this inferno were not enough, mob violence has erupted against the Gypsy, or Roma, population huddled in squatter camps on the outskirts of Naples. Ministers have accompanied these appalling attacks by demanding the deportation of some Roma and the re-establishment of border controls in violation of the EU’s Schengen agreement. Naples is Italy’s disgrace and Europe’s shame. And in a rare recognition of a real emergency, the prime minister, Silvio Berlusconi, is convening a cabinet meeting in Naples this morning to address the problems that decades of political neglect and criminal activity have wrought there and in the wider Campania region.
The latest trouble began last week after a Roma woman had allegedly attempted to abduct a child near the Roma camp in the rundown district of Ponticelli. A mob attacked the camp, driving away 1,000 Gypsies living in and around railway arches. According to witnesses, members of the local Camorra family encouraged local people to join in the mayhem. Some local commentators have argued that the Camorra was merely implementing a more forceful version of the roundup of petty foreign criminals ordered by the government.
A virulent xenophobia has infected large parts of Italy in the last year. Last autumn, migrants from the EU newcomer Romania were attacked as suspected criminals amid calls for their deportation. A significant minority of Romanians are Gypsies (already used to ruthless discrimination back home).
The identification of the Roma as the wellspring of crime has proved a useful diversionary tactic for the Camorra in advance of today’s cabinet meeting. It has deflected attention from the real source of social chaos in the city: the Camorra itself.
Ponticelli is home to a market known as the Bronx that is one of the main outlets for illicit goods and services in Naples, a city plagued by heroin and cocaine usage. There is some evidence that the Camorra had clashed with Roma in a minor turf war in the Bronx.
The Camorra is one of the world’s most powerful crime syndicates. In the 1990s, it eclipsed the Sicilian mafia after the latter had overreached itself in murdering the anti-mafia campaigners Paolo Borsellino and Giovanni Falcone. The killings triggered a popular backlash that enabled law-enforcement agencies to launch a campaign that came close to eradicating the mafia.
However, the mafia’s demise proved hugely beneficial to other crime groups in southern Italy, notably the ‘Ndrangheta in Reggio Calabria, and the Sacra Corona Unita in Puglia. But the biggest winner was the Camorra. With an extensive international network and effective control over the port of Naples, the Camorra hoovered up much of the import and export of cocaine and heroin that the Sicilians had dominated.
Revenue from narcotics and counterfeit goods imported from Asia has boosted the Camorra’s ability to subvert governance. Successive cabinets under Berlusconi and his predecessor, the former EU commission president, Romano Prodi, have sat back as Camorra families have corrupted virtually every district council in Naples. The process, described so well by Roberto Saviano, the courageous author of Gomorrah, has led to a virtual kleptocracy.
The European commission is currently weighing up draconian penalties against Bulgaria for its failure to deal with organised crime and the influence it wields over public life. But when it comes to Italy, Brussels has always applied double standards. Cracking the whip over a weak accession state such as Bulgaria is easy. But the EU appears scared of threatening similar measures against Italy. If Berlusconi’s government fails to adopt serious measures against the Camorra in Naples, the time has come for the EU to take as tough an approach to Italy as it does to Bulgaria. It is simply outrageous that Naples is suffocating under a blanket of smoke and xenophobia generated by an organised crime syndicate that Rome refuses to challenge.

Bolivia

El laboratorio boliviano/Michel Wieviorka, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Publicado en LA VANGUARDIA, 04/06/2008;

El auge de las diferencias y especificidades culturales y religiosas en todo el mundo suscita interés, pero también tensiones e inquietudes. Y cuando queremos reflexionar sobre las respuestas capaces de aportar un enfoque imparcial y mesurado sobre este fenómeno, pensamos espontáneamente en ciertos países de instructivo ejemplo; empezando por Canadá, donde se inventó el multiculturalismo y por Quebec en particular, donde un filósofo (Taylor) y un historiador (Boucher) presiden una Comisión sobre el “acomodamiento razonable”, iniciativa destinada a conciliar en la práctica los valores universales y el reconocimiento de las identidades particulares.
Se trata de comparar experiencias como la de Francia, hostil al multiculturalismo, y la de Gran Bretaña, mucho más abierta a las distintas comunidades. Es menester prestar atención además a los debates anglosajones de filosofía política planteados entre “liberales” (que sólo quieren oír hablar de individuos en la esfera pública) y “comunitarios” (que abogan por el reconocimiento de las identidades particulares en la misma esfera). Por lo demás, solemos atender preferentemente a las sociedades más ricas, del norte, occidentales.
Sin embargo, otras experiencias son también merecedoras de análisis. En Latinoamérica, por ejemplo, se reafirman identidades indias que zarandean al orden establecido y reclaman su atención en un marco en el que prácticamente se hacía caso omiso de su existencia. El caso de Bolivia resulta especialmente impactante al respecto.
En pocos años, en efecto, la faz del debate político ha cambiado por completo. Mucho después de la Revolución de 1952, se seguía prescindiendo de las poblaciones indias como tales. Para aludir a ellas se hablaba de los campesinos, no de aimaras o quechuas. Un racismo denso extendía sus alas sin que fuera cuestionado en ningún momento. Las poblaciones indias sufrían menosprecio y maltrato en la medida en que dominaba la imagen de una sociedad de blancos y mestizos mucho más homogénea que la actual, en relación con la cual llega a hablarse de más de 30 grupos culturales distintos.
Las movilizaciones indias, desde los años ochenta, han modificado profundamente la imagen del país sobre sí mismo. En diciembre del 2005, la elección de Evo Morales, líder de los cocaleros o productores de coca - quien subrayaba enérgicamente su identidad india- a la presidencia de Bolivia no sólo garantizaba el reconocimiento pleno de los indios, sino que también daba fe de su acceso al nivel político más elevado.
Este avance extraordinario ha acabado con el silencio que rodeaba el racismo: es motivo de debate público. El auge de las identidades indígenas ha generado un nuevo ámbito de problemas, sobre todo teniendo en cuenta que un censo en el 2001 midió el peso específico de los grupos indígenas, suscitando vivas polémicas: ¿qué pensar de los mestizos, identidad que muchos toman como factor de referencia? ¿O de los negros, a los que no se suele tener en cuenta? ¿No pesa sobre el país una amenaza de fragmentación cultural, etnicización, incluso radicalización? ¿No agudiza las tensiones regionales el proyecto de un Estado multinacional dominado por mayorías indias, sobre todo en el este, en la provincia de Santa Cruz cuyas autoridades organizaron el pasado 4 de mayo un referéndum ilegal para reforzar sus veleidades autonómicas y debilitar el poder central o, más bien, a quienes lo detentan?
Las tensiones, pues, están a la orden del día. Buena parte de la población, inquieta, teme los peligros de la violencia racial, civil y política mientras se radicaliza la oposición entre el Gobierno neopopulista de Evo Morales y la derecha, sobre todo regional.
Las cuestiones económicas y sociales no son ajenas a este endurecimiento de la situación. Bolivia, al acabar con la invisibilidad de las poblaciones indias e inaugurar el debate sobre el racismo, ha entrado en una nueva era. Este país pobre, alejado de los grandes centros de poder, resulta ser paradójicamente uno de los más principales e interesantes, a escala mundial, para quien quiera reflexionar sobre los problemas del diálogo intercultural y sobre las formas que revisten tanto el racismo como el antirracismo en la actualidad.

China

China necesita una amnistía olímpica/WANG DAN, uno de los dirigentes del movimiento democrático de Tiananmen en 1989, pasó casi siete años en una cárcel china. Desde 1998 vive exiliado en EE UU. Este artículo está adaptado del libro China's Great Leap: The Beijing Games and Olympian Human Rights Challenges [El gran salto de China: los Juegos de Pekín y los retos olímpicos de derechos humanos].

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

PublicAdo en El País, 04/06/2008;

El terremoto de Sichuan y los próximos Juegos Olímpicos de Pekín son quizá los acontecimientos más importantes de la China contemporánea desde las protestas y la matanza de la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, hace hoy 19 años. Ahora que China se dispone a presentarse ante el mundo después de un devastador desastre natural, ha llegado el momento de que los líderes chinos se olviden de las viejas heridas y ofrezcan una amnistía olímpica a todos los presos políticos y a quienes nos vimos obligados a partir al exilio por expresar pacíficamente nuestras opiniones. Sólo entonces el pueblo chino podrá trabajar unido para construir una nueva China sobre las ruinas de una tragedia nacional y aparecer ante el mundo como una nación respetuosa de los derechos dentro y fuera de sus fronteras.
En 1993, yo fui uno de los 20 disidentes puestos en libertad en el marco de la primera ofensiva china de relaciones públicas para asegurarse la celebración de los Juegos Olímpicos. Salí de la cárcel un mes antes de que el Comité Olímpico Internacional llegara a Pekín en una visita de inspección. Como es natural, me alegré de quedar libre, pero también comprendí que estaban utilizándome como moneda de cambio. Me dejaron salir, pero siguió habiendo muchos otros encarcelados por expresar de forma pacífica sus convicciones.
En 1993, y de nuevo en 2001, apoyé públicamente la candidatura olímpica de China, porque creo que los Juegos pueden ser un incentivo para mi país y una gran oportunidad para que el pueblo chino entre en contacto con el mundo. Estoy convencido de que China debe desarrollar una sociedad civil fuerte, y una forma de hacerlo puede ser que la comunidad internacional se acerque y entable un diálogo con nuestro pueblo.
Como muestra mi propio caso, los Juegos Olímpicos ofrecen una oportunidad poco frecuente para garantizar la liberación de numerosos disidentes chinos que aún permanecen en prisión. No obstante, cuando la primera candidatura olímpica no triunfó, volvieron a detenerme y condenarme por "subversión". Entre las "pruebas" en mi contra figuraba el haberme matriculado en un curso de historia por correspondencia que ofrecía la Universidad de California.
Por fin, en 1998, fui exiliado a Estados Unidos junto con otro disidente, Wang Juntao, en un intento de apaciguar a la opinión pública norteamericana e internacional en vísperas de la visita del presidente Clinton a China para celebrar una cumbre.
En las dos ocasiones en las que China presentó su candidatura olímpica, mi esperanza era que los Juegos tuvieran un efecto catalizador sobre la parálisis política del país. El pueblo chinono es su Gobierno. Desde 1989, mi país y sus habitantes han cambiado mucho. Sin embargo, el Gobierno ha cambiado verdaderamente poco. Los numerosos disidentes que hoy siguen entre rejas constituyen una tragedia nacional y una humillación política.
En las dos ocasiones en que presentó su candidatura a los Juegos Olímpicos -la primera frustrada, la segunda exitosa-, Pekín se comprometió solemnemente ante el mundo a mejorar la situación de los derechos humanos. Pese a ello, los autócratas que controlan el Partido Comunista Chino -la única fuerza política a la que se permite actuar desde 1949- siguen aplastando cualquier voz que se levanta para exigir los derechos humanos más esenciales.
Para distraer la atención de esta historia de represión, el Gobierno chino está intentando usar los Juegos Olímpicos con el fin de propagar un nuevo modelo económico de salto adelante y un nacionalismo estrecho como bandera. Creo que, por desgracia, la generación que creció durante la Revolución Cultural ha perdido la capacidad de comprender lo que verdaderamente significa ser patriota y amar a su país. El fervor nacionalista no puede sustituir a un sistema de gobierno abierto, transparente y democrático.
En China hay todavía mucha gente que cumple largas penas de prisión por actividades que son un compromiso político normal en casi todo el resto del mundo. El sistema penitenciario chino retiene a miles de presos políticos, aunque el número exacto no se conoce porque el Gobierno no proporciona cifras oficiales. Se calcula que 300.000 ciudadanos chinos han sido enviados a campamentos de reeducación mediante el trabajo en todo el país, a menudo por actividades políticas.
No obstante, incluso en los rincones más oscuros de China se ven atisbos de luz. La explosión de informaciones sobre la tragedia humana del terremoto en los medios nacionales chinos -pese a los esfuerzos iniciales del Gobierno por controlarlas- puede ser el anuncio de un cambio sísmico en el tratamiento de los medios de comunicación por parte de las autoridades.
Igual que para recuperarse del terremoto será necesaria una gran tarea de reconstrucción, los Juegos Olímpicos pueden ayudar a restablecer la confianza de la población en el Gobierno. Un primer paso fundamental sería dejar en libertad a los ciudadanos chinos que hayan sido detenidos sin haber infringido ninguna ley y permitir a los que hemos tenido que exiliarnos que volvamos y disfrutemos de los Juegos Olímpicos en nuestro país.
Han pasado 19 años desde la carnicería de Tiananmen. Ahora que quedan pocas semanas para el inicio de los Juegos en China, es el momento de que el Comité Olímpico Internacional, las empresas patrocinadoras, los dirigentes mundiales, los atletas y los aficionados al deporte de todo el mundo pidan al Gobierno chino que deje en libertad a los presos políticos y permita a los exiliados regresar, por fin, a casa.
Pekín debe cumplir sus promesas y hacer realidad su potencial en materia de derechos humanos para que el pueblo chino sea el auténtico vencedor de los Juegos Olímpicos de Verano de este año de 2008.

Del Comando Central de ELN

Tras la muerte de Tirofijo, el Comando Central del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso que de manera "urgente" intercambien y "sumen" ideas sobre el movimiento insurgente colombiano. La propuesta está contenida en un mensaje del comando central del ELN, fechado el 26 de mayo desde "las montañas de Colombia", y divulgado en el sitio de internet Voces de Colombia, que difunde comunicados y notas de esa agrupación rebelde, la segunda mayor del país.

Carta al Secretariado de las FARC-EP
HOMENAJE AL COMANDANTE MARULANDA
Camarada Alfonso Cano,
Camaradas todos del Secretariado y del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Camaradas militantes y combatientes Farianos.
Hoy nos unimos a Ustedes como Ejército de Liberación Nacional, para rendir un sentido y respetuoso homenaje al camarada y comandante Marulanda, que ha partido a la dimensión superior, para continuar en la batalla como símbolo imperecedero de la lucha guerrillera, bolivariana y latinoamericana.
Siempre será poco todo cuanto se diga de un dirigente, que consagró toda su vida a la causa de la Liberación Nacional y el Socialismo, en las más difíciles condiciones de la guerra, donde de verdad es muy difícil ser conductor auténtico, valiente y digno.
Ante su memoria y la de los demás dirigentes guerrilleros y luchadores populares, reafirmamos altivos el compromiso revolucionario.
No pudo el enemigo mostrar al comandante Marulanda, como muerto en combate, partió cuando su vida se apagó de manera natural, esta es otra muestra de fortaleza del movimiento guerrillero colombiano.
En el ELN estamos seguros, que la partida del comandante Marulanda o de cualquier otro dirigente Fariano, no mella su capacidad ni sus lineamientos estratégicos, muy por el contrario, comprometen más a quienes recibieron de él y de ellos sus enseñanzas y su ejemplo en el camino de la causa revolucionaria y socialista.
Saludamos la designación del camarada Alfonso Cano como máximo conductor de las FARC y estamos seguros de lo acertada de esta determinación democrática, dentro de su organización insurgente.
Los retos para remontar las dificultades que hoy vivimos al interior del movimiento insurgente colombiano y la urgencia de solidificar la unidad guerrillera, estamos seguros que estarán en la agenda de Ustedes como una prioridad, lo cual nos estimula y fortalece para continuar la lucha.
Seguros estamos que los dirigentes de las FARC reafirmarán el espíritu que expresó el comandante Marulanda, en su carta dirigida el 5 de Diciembre de 2005 al primer comandante del ELN Nicolás Rodríguez, en la que dice:
“Si hemos hablado con nuestros enemigos de clase, por qué no hablamos nosotros como combatientes por una misma causa, aunque utilicemos métodos diferentes en el trabajo revolucionario”.
La profunda crisis e ilegitimidad del gobierno de Uribe, exige al movimiento guerrillero, de manera urgente, intercambiar ideas y sumarlas a otras búsquedas de una salida política donde el pueblo y la nación sean los protagonistas.
Camaradas del Secretariado, camaradas Farianos, la campaña mediática orquestada por el gobierno colombiano contra el movimiento guerrillero y popular, delineada con asesores imperialistas, tiene sus grandes debilidades en la mentira, la manipulación y el irrespeto; el terror no deja campo a la libre expresión de los contradictores del régimen, mañana habrá luz y la verdad terminará imponiéndose.
Las banderas de los héroes y mártires guerrilleros ondean al lado de las de los revolucionarios del continente y el mundo, ellas son parte vital de nuestro referente de fidelidad, lealtad y firmeza.
Gloria siempre al camarada Manuel Marulanda.
¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás liberación o muerte!
Comando Central del ELN
Montañas de Colombia
Mayo 26 de 2008.
Fuente: Cedema.org

Mexico at the Brink: NYT

Mexico at the Brink

Critica NYT tímido apoyo de EE UU México en lucha antidrogas
El "tímido" paquete de apoyo propuesto por la Casa Blanca y reducido por el Congreso para apoyar la lucha antidrogas en México muestra que Washington no entiende el tamaño del peligro o sus propias responsabilidades, sostuvo hoy un editorial de The New York Times.

En su editorial Mexico at the Brink ("México al Borde") y dedicado al debate sobre la Iniciativa Mérida, el influyente matutino sostuvo que las "sangrientas batallas" de la guerra contra las drogas amenazan rebasar al gobierno de México.
"La decisión del presidente Calderón de confrontar a los traficantes muestra gran valor y un sólido entendimiento de la amenaza que representan para su país. Pero parece estar rebasado... México no puede lidiar la batalla solo", señaló.
"Ambos gobiernos necesitan trabajar, urgentemente, para rescatar un paquete de ayuda y la cooperación. La amenaza para México, y para este país, es demasiado peligrosa", señaló.
The New York Times salió así al paso del debate sobre la llamada Iniciativa Mérida luego que el secretario mexicano de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo consideró "inaceptables" las condiciones de reformas legales y judiciales en México a cambio del paquete de asistencia.

El Times reconoció que cualquier paquete estadunidense de apoyo requiere un "monitoreo estrecho" para asegurar que no sea despilfarrado y que los reportes de abuso no se escondan bajo el tapete.
"Pero ni la Administración ni el Congreso han hecho ningún esfuerzo por vender esas condiciones a funcionarios mexicanos", lamentó.
El diario consideró asimismo los fondos como insuficientes dada la responsabilidad de Estados Unidos como consumidor de drogas y fuente de las armas usadas por los carteles, así como la necesidad de combatir las redes de narcóticos dentro de Estados Unidos.
Por otra parte el rotativo señaló que México no requiere sólo equipo militar cuando sus necesidades más urgentes incluyen desarraigar la corrupción, entrenar a la policía y un sistema judicial justo y competente para enjuiciar a narcos o policías que hayan cometido abusos.

Editorial en ingles:

The New York Times, June 4, 2008
Editorial: Mexico at the Brink
The War on Drugs may be fading from memory north of the Rio Grande, but south of the river, bloody battles are threatening to overwhelm Mexico’s democratically elected government. The timid assistance package proposed by the Bush administration and pared down by Congress suggests that Washington doesn’t grasp either the scale of the danger or its own responsibilities.
President Felipe Calderón’s decision to take on the traffickers shows great courage and a sound understanding of the threat they pose to his country. But he seems to be in over his head. More than 4,000 people, including about 450 members of the police department, have been killed in drug-related violence since he took office a year and a half ago. Just last month, four top security officials were gunned down in Mexico City, including the acting chief of the federal police.
Mexico cannot wage this battle alone. Its police forces are ill equipped, ill trained and riddled with corruption — and clearly no match for the drug barons, with their enormous wealth and firepower. President Calderón’s decision to turn to the military is understandable, but the army is not trained for the policing and intelligence tasks or for dealing with the civilian population. Human rights advocates are already accusing the army of abuses.
The United States has a clear interest and a clear obligation to help. This country is the main market for the methamphetamine cooked in Mexican labs and the cocaine moving through Mexico from the Andes. It is also the source of the traffickers’ weapons. And no fence will stop the gun battles from moving across the border.
The Bush administration is right to acknowledge the shared threat and the common responsibility. But the three-year, $1.4 billion aid package it proposed doesn’t do the job. It is too small, notably so when compared with the billions the cartels earn in the United States. And far too much of the aid is military hardware when Mexico has other more urgent needs.
Above all, Mexico needs help rooting out corruption and creating a well-equipped, well-trained and respected civilian police force. The Mexican police need help improving their skills in forensic investigations, prison security and witness protection. And Mexico needs a transparent, fair and competent judiciary to prosecute traffickers as well as officials and members of the police who have been bought by the traffickers or are guilty of human rights abuses.
Any aid would have to require close monitoring to ensure that it is not squandered and that reports of abuses are not swept under the rug.
Washington’s role does not end there. Mexico has no hope of defeating the traffickers unless this country is also willing to do more to fight the drug war at home — starting with a clear commitment to stop the weapons smugglers and to do more to take on the narcotics networks on the American side of the border.
Unfortunately, rather than bolstering aid to Mexico, Congress is shrinking it. The House approved a first installment of only $400 million, not the $500 million requested by the White House. The Senate approved only $350 million. Both have also attached sensible human rights conditions — but neither the administration nor Congress has made any effort to sell those conditions to Mexican officials. Some of Mr. Calderón’s aides are now suggesting that they might reject the help. After years of blaming each other, the United States and Mexico are finally ready to fight the traffickers together. Both governments need to work, urgently, to salvage the aid package and that cooperation. The threat to Mexico, and this country, is far too dangerous.