15 oct 2006

Corea del Norte

El Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU) aprobó este sábado 14 de octubre por unanimidad la resolución que impone sanciones a Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.

La resolución fue leída por el presidente de turno del Consejo, el embajador de Japón, Kenzo Oshima, antes de su adopción por parte de los 15 estados miembros del máximo órgano de decisión de ONU.

El texto suaviza las inspecciones de los barcos que salen o van con destino al país asiático, que figuraban en una versión redactada por EE UU y circulaba desde el viernes por el organismo. En la resolución aprobada, esa provisión se deja al albedrío de los países que pudieran ser afectados, y en su aplicación se excluye todo recurso militar.

En el documento se aminora también el embargo de los productos químicos en los flujos comerciales con el régimen de Pyongyang, la otra exigencia presentada por China, vecino y principal aliado de Corea del Norte, para apoyar el documento.

Ambas condiciones fueron hasta el último minuto objeto de negociación después de que el embajador chino en la ONU, Wang Guangya, se mostrara contrario a medidas que perjudiquen a los países limítrofes y "puedan afectar la estabilidad de la región".

Guangya expresó la necesidad de evitar "provocaciones" que disparen la espiral de tensión con Corea del Norte, que había advertido previamente que consideraría una "declaración de guerra" la aprobación de sanciones por el Consejo de Seguridad.
Y es que China no quiere que el régimen de Kim Jong-il se derrumbe y no le falta razón, primero porque Corea del Norte es un dique frente a los 30,000 soldados de EE UU desplegados en Corea del Sur; segundo, si el régimen norcoreano se hunde, Pekín teme una avalancha de refugiados que no está dispuesta a acoger.
Pero si el Gobierno de Hu Jintao condenó enérgicamente la realización de la prueba atomica a pesar de que los dos países son aliados desde hace más de medio siglo, y ha aceptado castigar a su vecino. Pero no ha querido que las sanciones sean excesivas.
China es el principal suministrador de energía y ayuda alimentaria a Corea del Norte, y es considerado el país que más puede influir en Kim Jong-il para que regrese a la mesa negociadora y ponga fin a sus ambiciones atómicas.
El día de ayer, el embajador de Corea del Norte en la ONU, Pak Gil Yon, tras la adopción de la resolución dijo: "la República Popular Democrática de Corea rechaza como injustificable la resolución 1718, y si EE UU aumenta su presión lo considerará una declaración de guerra y continuará tomando medidas de respuesta".

La resolución 1818 exige que el régimen de Pyongyang suspenda de manera inmediata sus actividades nucleares, y prohíbe la venta o transferencia a Corea del Norte de cualquier tipo de material relacionado con armas "no convencionales".

También prevé el bloqueo aéreo a ese país e impide la exportación de artículos de lujo.

Además, se exige que el país asiático reanude sin reservas ni condiciones previas las conversaciones a seis bandas —las dos Coreas, China, Rusia, EU y Japón— sobre su programa atómico, suspendidas desde noviembre de 2005. Y se insta, asimismo, a que acate de inmediato el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
Artículos sobre el tema:
El círculo del mal/Vicente Palacio y Mario Esteban; subdirector y coordinador de Asia-Pacífico del Observatorio de Política Exterior Española (Opex) de la Fundación Alternativas
Tomado de EL PAÍS, 15/10/2006

En muchas películas de serie B, los buenos llegan tarde al lugar del crimen. Desafiando a sus enemigos, el inefable Kim Jong Il ha protagonizado un primer ensayo nuclear en el subsuelo de su miserable país, Corea del Norte. El mismo hecho de que el mundo no sepa si se ha tratado realmente de una deflagración ordinaria o atómica, añade un matiz surrealista a la trama. Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), advierte que 40 países disponen de la capacidad tecnológica para desarrollar armamento nuclear en breve. En esta escalada, ¿quién es el siguiente? ¿Japón, Corea del Sur, Taiwán quizá? ¿Egipto o Arabia Saudí? ¿Algún país africano? Más allá: ¿Brasil?

Muy atrás queda el equilibrio de poder de 1968, cuando los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -EE UU, la Unión Soviética, China, Reino Unido y Francia- firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Este acuerdo respondió a la situación concreta del enfrentamiento bipolar de la guerra fría. Ya entonces el planteamiento en sí era absurdo: congelar ad aeternum el statu quo nuclear para los cinco grandes, en aras de la paz mundial. No tardaron mucho otros países en hacerse con la bomba, entre ellos India (1974), Israel (en algún momento de esa década) y Pakistán (1998), con la ayuda de las mismas potencias que habían sellado ese pacto.
La fragilidad del régimen nuclear actual se debe a tres factores fundamentales. El primero es el dudoso principio sobre el que se asienta. ¿Es razonable, seguro o creíble, que los ocho países citados posean armas nucleares -quizá hasta doscientas, en el caso israelí- mientras sus vecinos carecen de los mismos instrumentos disuasorios? Esta simple pregunta, que tanto escándalo causa a nuestros biempensantes de Occidente, no puede obviarse. Al final, como ocurre en todo conflicto, tenemos que reconocer al otro y abandonar un doble rasero que sólo puede mantenerse por la fuerza. El segundo factor es que nadie cumple lo pactado por falta de voluntad política: los más fuertes exigen no proliferación, y los débiles exigen desarme. El artículo VI del Tratado vincula muy claramente estos dos pilares al establecer el compromiso de entablar negociaciones con el horizonte de un “completo desarme”. Por supuesto, los grandes no sólo no lo llevan a cabo - más allá de deshacerse de unos miles de ojivas anticuadas- sino que algunos, como EE UU, investigan en nuevas armas nucleares tácticas. El tercer pilar del TNP es el disfrute de la energía nuclear para usos pacíficos, a partir del enriquecimiento de uranio, un procedimiento sujeto a las verificaciones del OIEA. En este aspecto la lógica del doble rasero se muestra con toda su crudeza. En función de criterios ideológicos y geopolíticos, y de su percepción de las amenazas, Washington acoge como aliados a potencias nucleares que no han firmado el TNP -de nuevo, Israel, Pakistán e India- mientras obstruye el programa nuclear con fines civiles de un signatario de dicho acuerdo, Irán.
En marzo pasado, en plena ofensiva en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el programa de Teherán, el presidente Bush firmaba un acuerdo de cooperación nuclear con India, que permitirá a ésta no sólo beneficiarse de transferencia tecnológica, sino mantener su arsenal atómico, a cambio de algunas garantías y de un acercamiento estratégico y económico. Esta nueva política socava las bases del TNP, e introduce dos riesgos. Uno es que Rusia y China favorezcan con acuerdos similares a Irán, Pakistán, u otros. El resultado sería un parche con el que se integraría de facto en el club nuclear a países de confianza, ofreciendo diversos incentivos en cada caso. Pero incluir a nuevos socios en el club, además de violar el Tratado, abre la puerta a nuevos villanos en busca de ventajas por la vía de los hechos consumados. El otro riesgo es que los amigos de hoy pueden convertirse en los enemigos de mañana -basta recordar a Sadam Hussein y al Sha de Persia-. ¿Qué garantiza que India u otro país en la región seguirá siendo un aliado dentro de una década? El tercer factor es, en fin, la pervivencia en esta historia de oscuros personajes y entramados fuera de control, provenientes de la guerra fría. Corea del Norte, aislada, en decadencia total, es un caso aparte, una mina abandonada pero activa. Muy poco que ver con Irán, un país al alza que aspira a convertirse en potencia regional de Oriente Medio y que alberga tantas luces como sombras.
El ensayo norcoreano supone un gran fracaso de la diplomacia internacional lastrada por la línea dura de Washington y su doble rasero, y nos confirma dos cosas. Primero, una política nuclear ad hoc no funciona a la larga en ausencia de un planteamiento consensuado y coherente. Segundo, las sanciones económicas -como las puestas en práctica por EE UU para ahogar al régimen norcoreano- tienen, bajo ciertas circunstancias, un efecto negativo multiplicador. Detrás de la nuclearización de Corea del Norte y de Irán está el temor de sus dirigentes a ser derrocados desde el exterior. Con precedentes como los de Afganistán e Irak, ése es el modo de disuasión más efectivo frente a la Estrategia de Seguridad Nacional de Bush.

¿Cómo salir de este círculo del mal?
En mayo de 2005, la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación fracasó por los bloqueos estadounidense, egipcio, e iraní. Entonces, una Posición Común presentada por la Unión Europea, la de mayor espíritu constructivo, llegó tarde. Ahora es preciso intentarlo de nuevo.
En primer lugar, Europa y EE UU deben coordinarse mejor respecto a dos actores clave: China y Rusia. China tiene las llaves del conflicto norcoreano y de Asia Oriental; pero las utiliza a su manera, abriendo y cerrando puertas con parsimonia. Rusia es un gran enigma con una llave averiada: un retorno de Ucrania o Bielorrusia al club nuclear sería fatal. Pero el mayor reto estriba en mantener alejado el material sensible y la tecnología de las redes terroristas no estatales. Si Corea del Norte quisiese lanzar un ataque nuclear contra EE UU, ¿lo haría a través de uno de sus misiles Taepodong 2, o a través de Al Qaeda? Sobre Irán, tenemos que ser optimistas; hay historias de conversiones de villanos mucho peores a base de incentivos -así la Libia de Gaddafi- y más si poseen importantes recursos energéticos. En cuanto al mencionado acuerdo con India, aún pendiente de ratificación por el Congreso norteamericano, Europa debería presionar para que Nueva Delhi e Islamabad firmen el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares.
Corresponde a EE UU liderar en Naciones Unidas un nuevo régimen consensuado, sin dobles raseros, donde impere la legalidad sobre la subjetividad política. Tal vez, un relevo presidencial en 2008 y el destierro de los neocon lo haría posible. Por su lado, la UE debería fijar una política nuclear común de aquí a la próxima Conferencia de Revisión del TNP en 2010. Ojalá que, para entonces, este thriller no haya terminado bruscamente.

Negociación: la única salida/Por Pablo Bustelo, investigador principal (Asia-Pacífico) del Real Instituto Elcano

Tomado de EL PAÍS, 15/10/2006

El anuncio de Pyongyang de que llevó a cabo, el pasado 9 de octubre, una prueba nuclear ha provocado reacciones de todo tipo. Conviene descartar, de entrada, las menos y las más alarmistas. En el momento de redactar estas líneas, todo parece indicar que se ha tratado en efecto de una detonación nuclear, aunque de una intensidad, parece ser, inusualmente pequeña. Así, Corea del Norte posee ya tanto bombas nucleares como misiles, pero se cree que no domina todavía, afortunadamente, la técnica necesaria para miniaturizar las primeras, convertirlas en cabezas nucleares e instalarlas en los segundos.
Esta prueba nuclear es una manifestación evidente de la locura a la que ha llegado un régimen aislado y plagado de problemas. El razonamiento de Pyongyang no se sostiene: ha afirmado que la prueba era necesaria como elemento imprescindible de disuasión ante un eventual ataque estadounidense. Lo cierto es que sus fuerzas militares convencionales ya cumplen sobradamente esa labor. No parece además que Washington, aunque quisiera, sea capaz en estos momentos de abrir un segundo frente bélico, adicional al de Irak y Afganistán. Ha habido por tanto otras razones: quizá la visita del primer ministro japonés a Seúl, la elección de un diplomático surcoreano al frente de Naciones Unidas, el fracaso de las pruebas de misiles de julio, etcétera.

En cualquier caso, es un salto cualitativo, que busca intensificar al extremo el chantaje nuclear, con miras a obtener concesiones en forma de levantamiento de sanciones, garantías de seguridad, ayuda o reconocimiento diplomático.
La prueba nuclear es, además, la expresión de un fracaso colectivo. La ambivalencia de la Administración Bush (apoyada en buena medida por el Gobierno japonés), que en los últimos años no ha aclarado si su objetivo era evitar un nuevo Estado nuclear o bien provocar un cambio de régimen, es en buena parte responsable de la situación actual. Por su parte, la apuesta china, surcoreana y rusa por el acercamiento a Pyongyang y el mantenimiento del statu quo ha quedado seriamente maltrecha.

Pero, sobre todo, la prueba va a tener graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en Asia oriental y, por extensión, en el mundo. En primer lugar, puesto que crea un nuevo Estado nuclear en una zona inestable, podría provocar, en un efecto dominó, la nuclearización de Corea del Sur y Japón. Si Tokio empieza a debatir seriamente el dotarse de armas nucleares y no digamos si finalmente lo hace, la reacción de China podría ser imprevisible. En segundo término, la prueba podría facilitar la transferencia de armamento atómico o de conocimientos nucleares de Pyongyang a otros Estados o, lo que es peor, a grupos terroristas, atraídos por la demostración de fuerza. El historial de proliferación de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte (a Pakistán, Irán, Siria, etcétera) no es precisamente tranquilizador. En tercer lugar, la prueba nuclear demuestra el fracaso de las conversaciones a seis bandas (China, las dos Coreas, EE UU, Japón y Rusia), que hasta ahora eran consideradas esenciales por constituir el único foro multilateral de diálogo con el régimen de Kim Jong Il. Por último, la crisis, especialmente si se agrava, podría tener efectos económicos nocivos en Corea del Sur y sobre todo Japón, que se está recuperando tras muchos años de estancamiento.
La reacción de la comunidad internacional no es nada sencilla. La opción militar -invasión o ataques quirúrgicos- debería ser descartada. Corea del Norte tiene un millón de soldados, una imponente fuerza de artillería, cientos de misiles y un buen número de aviones de combate. En cuanto a los bombardeos de precisión, no se sabe a ciencia cierta dónde están las instalaciones nucleares o de lanzamiento de misiles. Hay riesgo de fugas radiactivas. Y la respuesta de Pyongyang podría ser gravísima: sin ir más lejos, Seúl está al alcance de la artillería norcoreana y Tokio es vulnerable a sus misiles.
Las sanciones, aunque inevitables, no suscitan unanimidad en cuanto a su contenido. China y Corea del Sur no quieren provocar un derrumbe del régimen. Pekín no desea perder el tampón entre su frontera oriental y las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Tendría además que acoger a cientos de miles de refugiados norcoreanos. Seúl no está en condiciones de hacer frente a una reunificación desordenada de la península. Además, las sanciones (económicas, financieras, diplomáticas, etcétera) pueden ser sencillamente ineficaces, al aplicarse sobre un régimen aislado y autárquico desde hace años, salvo que afecten al soporte vital del país, esto es, a su comercio con China y Corea del Sur y a la ayuda energética y alimentaria de Pekín y Seúl.
Así que debería imponerse una solución pacífica y diplomática a la crisis. Para tal fin, Washington tendría que declarar solemnemente que no tiene intención de invadir o atacar a Corea del Norte ni de propiciar un cambio de su régimen. China y Corea del Sur, por su parte, deberían reducir (pero no cancelar) su comercio y su ayuda alimentaria y energética. Acto seguido, la comunidad internacional debería hacer una oferta que Pyongyang no pueda rechazar, basada en la adopción de medidas simultáneas por ambas partes.

El objetivo final de la comunidad internacional debe seguir siendo el mismo que el de los últimos años: el desmantelamiento completo, comprobable y definitivo de los programas nucleares de Corea del Norte. Cualquier otra cosa prolongaría o agravaría el conflicto.

Elecciones en Francia

Un manuel para las elecciones francesas/Dominique Moisi, fundador y asesor especial del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, y catedrático del College of Europe, en Natolín, Varsovia

Tomado de EL PAÍS, 14/10/2006
El ya fallecido primer ministro británico Harold Wilson solía decir sarcásticamente que “una semana es mucho tiempo en política”. Por tanto, en las 30 semanas que faltan, más o menos, para las próximas elecciones presidenciales francesas, cualquier predicción hecha hoy podría invertirse una y otra vez antes de la votación. No obstante, dos candidatos emergen como claros y constantes favoritos en los sondeos de opinión: Nicolas Sarkozy, en la derecha, y Ségolène Royal, en la izquierda. Tienen más en común de lo que pueda parecer, ya que ambos hablan de una ruptura con el pasado a la vez que encarnan una forma de continuidad.

Para Sarkozy, la “ruptura” refleja unas opciones tanto mundanamente tácticas como profundamente personales. Los 12 años de mandato de Jacques Chirac, junto con la tradición francesa de alternancia en el poder, apuntan a una victoria de la izquierda. El posicionarse como el candidato que plantea una marcada ruptura con la impopular política actual es el único modo de eludir ese destino. Esto se refleja en la postura abiertamente pro estadounidense de Sarkozy, un acto de valentía política en una Francia en la que el antiamericanismo alcanza cotas elevadas. El mensaje de Sarkozy es que Chirac y Villepin tenían básicamente razón al oponerse a la aventura militar de EE UU en Irak, pero que su estilo fue desastrosamente erróneo. Por tanto, aunque su profunda admiración por los “valores estadounidenses” es sincera, no implica que acepte al presidente George W. Bush. Eso tranquiliza también a la comunidad empresarial francesa, que quedó conmocionada por la rimbombante oposición de Dominique de Villepin a Estados Unidos cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Chirac.
En Francia, Sarkozy ha dirigido su mensaje principalmente a los jóvenes, haciendo un llamamiento patriótico a los valores del trabajo y la disciplina, una revolución contrarrevolucionaria. La revolución que debe superarse es la de mayo de 1968, cuyos líderes y partidarios, según Sarkozy, tal vez perdieran políticamente ante de Gaulle, pero debilitaron profundamente a Francia a lo largo de las décadas posteriores con su énfasis en “valores falsos”. Por el contrario, el rebelarse contra la generación de los padres y redescubrir posiciones morales tradicionales salvará a Francia, un mensaje que es perfectamente válido para cuestiones como la educación y la inmigración, que posiblemente dominen la campaña electoral.
En el caso de Royal, el significado de “ruptura” es más evidente y manifiesto. Pretende ser la primera presidenta de la República Francesa. Para alcanzar esa meta, prefiere hacer hincapié en su “esencia”, para contrarrestar así la insistencia de Sarkozy en su historial como hombre “emprendedor”. Su llamamiento al electorado es sencillo: “Soy mujer, y nunca habéis probado con una mujer, así que sed modernos y hacedlo ahora”. Ocultándose tras la originalidad (en la política presidencial francesa) de su sexo, Royal ha evitado concretar un programa detallado. Cuando se ve presionada por periodistas inquisitivos que le exigen una mayor precisión sobre su programa político, su línea de defensa, muy eficaz (hasta el momento) ha sido: “¡No se atrevería a hacerme esa pregunta si no fuera una mujer!”. Por tanto, el programa de Royal es su popularidad. En política exterior, sólo podemos hacer conjeturas sobre cuáles serían sus prioridades. En lo que concierne a Europa, parece tan “agnóstica” como Sarkozy, quien, al igual que ella, personifica a una nueva generación de líderes “poseuropeos”. En materia de valores, Royal también parece representar una ruptura con mayo de 1968, con su insistencia en la disciplina y la familia.

Según las encuestas de opinión ciudadana, Royal es la clara favorita de la izquierda, y el único candidato capaz de derrotar a Sarkozy. Goza de un apoyo especialmente fuerte entre el electorado femenino. Para el Partido Socialista, que está ansioso por volver al poder pero que todavía no se ha recuperado de la humillante derrota de Lionel Jospin en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2002, la cuestión es si puede permitirse resistir la oleada de opinión ciudadana favorable que Royal tiene detrás.

En opinión de los numerosos adversarios que Royal tiene entre los líderes y militantes socialistas, la dominación de los medios de comunicación en el proceso político está conduciendo a la mediocridad: las cualidades necesarias para salir elegido se están volviendo prácticamente incompatibles con las necesarias para gobernar. Según los detractores socialistas de Royal, la hollywoodización de la política de la que Royal se beneficia conlleva un nuevo planteamiento en el que los líderes siguen y los seguidores lideran. Pero pueden verterse las mismas críticas contra Sarkozy.

Además, ambos candidatos personifican la continuidad -con el lado gaullista de Chirac en el caso de Sarkozy y con François Mitterrand en el de Royal- y la ruptura a partes iguales. Royal reivindica abiertamente el legado de Mitterrand mientras busca la legitimidad, y el rechazo de Sarkozy al legado de Chirac guarda más relación con la forma que con la esencia. Hasta cierto punto, se puede ver a Sarkozy como un Chirac con más, mientras que Royal es claramente una Mitterrand con menos. Cuando los electores decidan en la primavera de 2007, tal vez su elección dependa más de consideraciones negativas que positivas, como ocurrió en 2002, cuando Chirac hizo frente al odioso nacionalista Jean-Marie Le Pen en la segunda ronda. Igual que en 2002, el ganador el año que viene será aquel que menos disguste o atemorice al electorado. Pero, sea como fuere, la personalidad prevalecerá sobre los programas.

Morofobia




En Abril de 1609, Felipe III firmó el decreto que prácticamente desaparece de España a miles de gente dedicados, en su mayor parte, al cultivo de las tierras: los moriscos.
El decreto de expulsión era una copia fiel de la de los Reyes Católicos contra los judíos en 1492.
De repente miles de personas fueron echados de su país por la sencilla razón de que eran diferentes: hablaban otra lengua, tenían otras costumbres y adoraban al mismo dios de forma distinta.
¡Fue un acto barbaro!
Los moriscos son los mudéjares que en 1502 fueron obligado por la Corona de Castilla a convertirse al cristianismo. Morisco en su sentido más propio es pues el cristiano nuevo de moro, converso de moro o nuevamente convertido.
La profesora Ángeles Ramírez, (EL PAÍS, 08/10/2006) dice que “la idiosincrasia de la islamofobia en España tiene su base en la morofobia, y se encuadra en el odio al moro."
Agrega que "para el historiador Eloy Martín, se hace patente desde nuestro descubrimiento colonial de Marruecos, a últimos del XIX y primeros del XX, pero sobre todo, durante el Protectorado español en Marruecos (1912-1956) hasta la independencia del Sáhara. Marruecos se orientalizó, y la imagen negativa del marroquí, del moro, apuntalada por las relaciones coloniales, se extendió al conjunto de la población arabo-musulmana. Las características que históricamente se achacaban al marroquí eran la pereza, crueldad, lascivia, deslealtad, fanatismo, etcétera, y para el caso de las mujeres, básicamente la ignorancia y la sumisión, porque estos estereotipos estaban generizados. Y estas imágenes se refuerzan con la inmigración...."
Recomiendo el siguiente artículo:
Moros en la costa/Ángel López García-Molins, catedrático de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia
Publicado en EL PAÍS, 14/10/2006;
Curioso lo que está pasando. Hasta hace bien poco, España -junto con Sicilia- era el único país de Europa Occidental en el que el mundo musulmán formaba parte del imaginario colectivo: los “moros” (para entendernos: empleo la denominación étnica popular, la cual, contra lo que se suele decir, no era peyorativa en el origen, pues alude simplemente a la provincia romana de Mauritania), estaban presentes en las conversaciones de todos los días, en las frases hechas y en los refranes. Del marido machista se decía que era un moro. Cuando se podía hablar, es que no había moros en la costa. Cuando alguien hacía promesas exageradas, es que estaba prometiendo el oro y el moro. Ahora resulta que los “moros” amedrentan a todo un pequeño país del norte de Europa porque a unos dibujantes se les ocurre ofender al Profeta, ponen contra las cuerdas al mismísimo Vaticano cuando al Papa se le va la mano en los recursos retóricos y hasta impiden el estreno de una ópera de Mozart.
Y digo que es curioso porque, contra lo que cabría esperar, nuestras reacciones están siendo tan hipócritas e histéricas como las de todos los demás. Hipócritas, en la medida en que las cataplasmas verbales, siempre políticamente correctas, de los comunicadores españoles tan apenas logran encubrir el desprecio racista que la cultura musulmana sigue suscitando entre nosotros. Histéricas, porque tras el presunto respeto a sus costumbres, lo que suele haber es miedo, un miedo que sin el 11-S y, sobre todo, sin el 11-M, no habría llegado a producirse. Lo último que nos faltaba por oír es la noticia del desfile de las comparsas de los cristianos de Alcoi en Nueva York: sin moros visibles, pero con moros bien presentes en el pensamiento. Naturalmente, para el espectador americano lo que queda no es el supuesto respeto a los moros sino la constatación de que los hispanos vienen de Europe y son unos europeans como todos los demás: cristianos de pura cepa.
Malo es edificar la convivencia sobre mentiras, pero peor aún es hacerlo sobre medias verdades. Al fin y al cabo, las mentiras acaban por descubrirse, mientras que las verdades parciales, como no dejan de ser ciertas en la parte que les toca, no lo hacen nunca. Digamos unas cuantas cosas a las claras. Toda esa historia de la convivencia ejemplar entre moros, cristianos y judíos en la España medieval es un puro cuento: hubo una convivencia culturalmente fructífera, pero unos ganaron y otros perdieron. Por eso, en 1492 salieron expulsados los judíos y en 1609, los moriscos. No sé si en esta España de las autonomías, algunas con proclividades exclusivistas, se es suficientemente consciente de que las naciones y nacionalidades que cada día se están reivindicando lo son porque sus antepasados echaron a los moros. Así de simple: Asturias, Castilla y Cataluña no existen desde tiempo inmemorial ni gracias a la clarividencia de sus artífices míticos respectivos, los condes don Pelayo, Fernán González y Guifré el Pilós: existen porque estos y los que les sucedieron mataron a muchos moros y los fueron acorralando cada vez más al sur. También es verdad que en Capadocia, en Siria y en Egipto había cristianos -aún quedan, bastante acorralados- y que allí fueron los “moros” los que los machacaron, con que más vale dejarse de paños calientes y aceptar que la historia la escriben siempre los vencedores.
Aquí mismo acabamos de celebrar el Nou d’Octubre y la entrada de Jaume I en València con la asepsia habitual, sólo turbada por algún cafre que la emprende a palazos con sus correligionarios cristianos por un quítame allá esas pajas idiomáticas. Pero hombre, que el rey no llegó en el Euromed como turista, que para conquistar el cap i casal tuvo que derrotar a los moros y no precisamente con la play-station. Es sorprendente que algo tan obvio como que venimos de los cristianos se quiera escamotear en una imposible neutralidad multicultural. No se me malinterprete: por supuesto que Europa es una sociedad laica, pero lo es porque el cristianismo -Lutero y los ilustrados mediante- logró evolucionar políticamente hacia el laicismo. Y si los países musulmanes todavía no lo son es porque el Islam no ha seguido dicho derrotero histórico. De nuestro pasado no deberían extraerse consecuencias interesadas en el plano educativo (toda esa historia de la asignatura de Religión), pero dejar de sacarlas en lo cultural me parece irresponsable, cuando no suicida. Francia es un régimen republicano, yo diría que irreversible, mas Francisco I y Luis XIV serán para los franceses siempre los buenos y (nuestros) Carlos I y Felipe II los malos: ¡qué le vamos a hacer!
Vuelvo a las fiestas de moros y cristianos, tan valencianas, aunque no sólo (existen en todas las regiones del este peninsular: en Jaén, en Jumilla, en Alcázar de San Juan, en Lleida, en Ainsa). Creo que unas celebraciones en las que los antiguos enemigos desfilan tan ufanos en medio del jolgorio, no sólo son un bien de interés turístico, sobre todo deberían verse como un foro de intercambio cultural impagable. ¿Que están llenas de anacronismos? Por supuesto, para eso son fiestas populares y no una tesis doctoral. Pero esos moros con puro en la boca, esas bayaderas con movimientos insinuantes, aunque no reflejen lo que hoy es el otro, sí representan un caso rarísimo en el Occidente moderno de aceptación de la alteridad. Como todo el mundo sabe, hasta ahora, en Ontinyent, en Alcoi, en Calp, en Elda, se valora más ser moro que cristiano. El día que los moros de verdad, los que nos recogen la fruta, también formen parte de alguna comparsa -y si es de cristianos, mejor- ya no nos preocupará tanto que haya moros en la costa porque sabremos que han venido de invitados y no de invasores. ¿O qué quieren, que sigamos mirándonos unos a otros de soslayo y que, a no tardar mucho y aprovechando la disparatada pretensión de Al Qaeda cuando habla de recuperar Al-Andalus (¡), aparezca en España un partido que, como el Vlaams Belang, alce la bandera electoral de la expulsión de los moriscos?

Nueva Ley antiterrorista en EE UU


El presidente George W. Bush firmó este viernes 13 una ley dirigida a impedir que los terroristas puedan introducir armas de contrabando dentro de los 11 millones de contenedores que entran a los puertos de EE UU.

El proyecto de ley de seguridad fue aprobado por el Congreso dos semanas antes de que los legisladores salieran para la campaña de las elecciones legislativas del 7 de noviembre.
La nueva ley autoriza el desarrollo de equipos de inspección de alta tecnología, a fin de que en las aduanas sean revisados los contenedores sin ser abiertos, así como la extensión de funciones de la Oficina Nacional de Detección Nuclear, encargada de evitar el ingreso de material considerado una amenaza atómica.
Empero, la nueva ley sólo pone por escºrito muchas cosas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han hecho desde el el 11-S.

Al promulgar la ley el presidente norteamericano recordó que la semana pasada firmó el plan de gastos del DHS que otorga un pago inicial de 1,200 millones de dólares para 370 millas de muros, barreras físicas y tecnología para la seguridad fronteriza. "El Congreso también aprobó un proyecto de ley que autoriza la construcción de unas 700 millas de barda doble a lo largo de nuestra frontera sur. Voy a promulgar esa medida", expresó.
Sin embargo, sostuvo: "Seguiré trabajando con el Congreso para aprobar una reforma migratoria integral que proteja a nuestro país, aplique nuestras leyes y sostenga nuestros valores".
Agregó que desde que inició su mandato hasta ahora se han duplicado los fondos de seguridad fronteriza de 4,600 millones de dólares a 9,500 millones de dólares. "Hemos incrementado la cifra de agentes fronterizos de nueve mil a poco más de 12 mil. Hemos actualizado la tecnología y la infraestructura a lo largo de la frontera. Hemos detenido y deportado a más de seis millones de personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos. Se trata de un progreso importante, pero nos queda mucho trabajo por hacer".
Sin embargo, pese a los adelantos citados por la Administración, grupos pro inmigrantes y legisladores de ambos partidos coinciden en que la inmigración indocumentada y sus secuelas no podrán enfrentarse de manera efectiva sin una reforma integral que aborde la situación migratoria de los 12 millones de indocumentados en el país y que establezca un plan de trabajadores temporales que absorba futuros flujos migratorios.
Y es curioso pero, aunque Bush dice apoyar la reforma integral no intervino con el Congreso de mayoría republicana que, previo al receso, se concentró en medidas de seguridad. La única medida independiente que aprobó fue, de hecho, la del muro fronterizo.
Es un asunto de politica electorera.

¡Lástima!

Este es el comunicado de la Casa Blanca
President's Statement on H.R. 4954, the "Security and Accountability For Every Port Act of 2006"
Today, I have signed into law H.R. 4954, the "Security and Accountability For Every Port Act of 2006," or the "SAFE Port Act" (the "Act"). The Act strengthens the Government's ability to protect the Nation's seaports and maritime commerce from attack by terrorists.
The executive branch shall construe provisions of the Act that purport to require executive branch officials to submit recommendations for legislation to the Congress, including section 201, in a manner consistent with the President's constitutional authority to recommend for the consideration of the Congress such measures as the President judges necessary and expedient and to supervise the unitary executive branch.
The executive branch shall construe provisions of the Act, including subsection 401(c) and subsection 2(d) of the Act of March 3, 1927, as amended by section 402 of the Act, that purport to make consultation with congressional committees a precondition to execution of the law, to call for but not mandate such consultation, as is consistent with the Constitution's provisions concerning the separate powers of the Congress to legislate and the President to execute the laws.
The executive branch shall construe subsection 301(h)(2) of the Customs Procedural Reform and Simplification Act of 1978, as amended by section 403 of the Act, which purports to give a subordinate official within the executive branch authority to prevent an action by the superior official to whom the subordinate official reports, in a manner consistent with the President's constitutional authority to supervise the unitary executive branch.
The executive branch shall construe section 709 of the Act, which purports to direct the President to perform the President's duties "acting through" a particular officer, in a manner consistent with the constitutional authority of the President to supervise the unitary executive branch.
The executive branch shall construe as advisory provisions of the Act that purport to direct or burden the conduct of negotiations by the executive branch with foreign governments, international organizations, or other entities abroad, that purport to direct executive branch officials to negotiate with foreign governments or in international organizations to achieve specified foreign policy objectives, or that purport to require the executive branch to disclose deliberations between the United States and foreign countries. Such provisions include subsections 205(d) and (i) and 803(b) of the Act; subsection 431(b) of the Homeland Security Act of 2002, as amended by section 301 of the Act; and subsection 629(h) of the Tariff Act of 1930, as amended by section 404 of the Act. Such provisions, if construed as mandatory rather than advisory, would impermissibly interfere with the President's constitutional authorities to conduct the Nation's foreign affairs, participate in international negotiations, and supervise the unitary executive branch.
GEORGE W. BUSH
THE WHITE HOUSE,
October 13, 2006.