... Y encima, los desaparecidos/Reportaje
José Gil Olmos, reportero.
Revista Proceso, No. 1646, 18/05/2998;
La desaparición forzada de personas “es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana”, dice el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Felipe Calderón. Y aclara que su labor es ayudar a que los eperristas Edmundo Reyes y Alberto Cruz, desaparecidos hace ya casi un año, sean presentados con vida.
Cuando está por cumplirse un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero y el gobierno de Felipe Calderón iniciaron un diálogo a través de la Comisión de Mediación, cuyo único fin es que los eperristas sean presentados con vida.
El 25 de mayo de 2007 los dos militantes del EPR fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca y hasta ahora ninguna autoridad se ha responsabilizado de su desaparición. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Ulises Ruiz, se han culpado mutuamente de este hecho.
Tanto el EPR como los exguerrilleros que integran la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) sostienen que el Ejército tiene en su poder a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Su certeza se basa en lo siguiente: los operativos militares realizados en entidades donde se presume que existen bases eperristas, las versiones de dos soldados que dijeron haberlos visto en el Campo Militar Número Uno, y en varios mensajes electrónicos de un grupo que asegura tener a los insurgentes.
Sobre este caso la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en curso algunas investigaciones, que la Comisión de Mediación podría solicitar como parte de su trabajo. “Seremos una comisión con iniciativa, no nos quedaremos con lo brazos cruzados”, señaló en entrevista el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la instancia ciudadana.
Silencio culpable
El 2 de junio de 2007 el EPR dio a conocer que el 25 de mayo, en una “acción fortuita”, la policía de Oaxaca detuvo a sus dos militantes y que los mantuvo durante 10 días en las instalaciones de la procuraduría estatal, donde fueron torturados “hasta causarles fracturas”. Después de eso, afirmó el grupo guerrillero, Reyes y Cruz fueron entregados a los mandos de la Octava Región Militar.
El 25 de julio siguiente, en un nuevo comunicado emitido desde Veracruz, el EPR denunció por primera vez que sus dos miembros permanecían detenidos en instalaciones del Ejército.
Varias semanas después, el 9 de agosto, llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.
De acuerdo con el exguerrillero Felipe Edgardo Canseco, integrante de IDP, uno de los militares les dijo que vio cuando Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez entraban por la puerta donde se encuentra la Policía Militar, y que había escuchado que los torturaban todos los días. Además, les informó que en el mencionado campo militar se reforzaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones de información.
En entrevista con Proceso, Canseco dice que estos hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron los militares en nuestra oficina. El general no negó ni afirmó nada, pero nos dijo que no tenía jurisdicción sobre la Policía Militar. Añadió que lo único que está cerca de la puerta 1 del Campo Militar Número Uno es esta corporación, de la cual se encarga directamente el secretario de la Defensa. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”, dice Canseco.
Después de esa denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sociales que demandaron la aparición con vida de los eperristas, el 14 de agosto de 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del Campo Militar Número Uno a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que confirmaran que los guerrilleros no estaban ahí. No encontraron nada.
Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido versiones en el sentido de que los dos eperristas están en manos del gobierno de Ulises Ruiz. Se asegura que el responsable del operativo en el que los detuvieron fue Jorge Fernando Franco Vargas, cuando era secretario de gobierno en Oaxaca. Ahora es líder estatal del PRI, pero se le señala como organizador de un equipo especial de policías ministeriales que actuaba al margen de las propias autoridades, pero con la anuencia del gobernador.
En el marco de una reunión de gobernadores priistas realizada el martes 6 en la Ciudad de México para discutir la reforma energética, el mandatario oaxaqueño dijo que no haría caso a “chismorreos y señalamientos infundados”. Sin embargo, esa noche fue sorpresivamente a la Secretaría de Gobernación para reclamarle al titular, Juan Camilo Mouriño, que se estuviera señalando a funcionarios de su gobierno como los responsables de la desaparición de los dos miembros del EPR. Dijo que estaba dispuesto a colaborar para que todo se aclarara.
En este ambiente de tensión, Canseco sostiene que lo único claro es que “un grupo de algún organismo del Estado mexicano retiene a los miembros del grupo insurgente”. Además, acusa a ese organismo de haber “filtrado” la versión de que él y Francisco Cerezo Cruz estaban negociando secretamente con el gobierno la liberación de los hermanos Cerezo, a cambio de detener las acciones del EPR.
Maniobras de distorsión
Ante la posibilidad de un diálogo entre el EPR y el gobierno de Felipe Calderón, el pasado 24 de abril comenzó a circular un correo electrónico en el que un grupo anónimo aseguró que tenía en su poder a los dos eperristas desaparecidos. El mensaje se publicó incluso en algunos medios de comunicación.
Los remitentes del correo se presentan como “justicieros” de las familias de los policías ejecutados por los mandos históricos del EPR y afirmaron que el líder de la guerrilla, Tiburcio Cruz, ya estaba negociando con el gobierno a fin de que se pusiera en libertad a sus hijos Antonio y Héctor Cerezo, que están en la cárcel bajo la acusación de atentar con bombas contra sedes bancarias en 2001.
Según ese grupo de “justicieros”, los negociadores del EPR son Francisco Cerezo y su tío Felipe Edgardo Canseco, exmilitante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), y quien estuvo preso durante siete años por sedición.
Entrevistado por este semanario, Felipe Edgardo Canseco niega que sea “negociador” del EPR y sostiene que el rumor desatado forma parte de una “guerra sicológica, de desinformación” que puso en marcha el gobierno y cuyo único objetivo es sembrar dudas.
“Jamás he sido representante ni militante del EPR, ni mucho menos negociador, porque no tengo vínculos con este grupo insurgente ni con ningún otro. Esa versión, manejada por el grupo de inteligencia del gobierno, es totalmente distorsionadora”, afirma.
Precisa que, a raíz de la crisis que se generó por la desaparición de los dos miembros del EPR, los expresos políticos de IDP fueron “requeridos” por múltiples corporaciones de seguridad. “Pero –indica– fuimos muy claros en manifestar que nosotros éramos absolutamente ajenos al EPR y a cualquier grupo insurgente, que no éramos negociadores ni mensajeros; acudíamos sólo para exigir la presentación con vida de los dos desaparecidos”.
En entrevista, ocho integrantes de IDP revelan que en agosto y septiembre del año pasado se reunieron cuatro veces con funcionarios y mandos del Ejército. Las dos primeras fueron con el subsecretario Tomás Ángeles Dahauare –hoy retirado– en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dos más a las que asistió el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos.
El exguerrillero Hermenegildo Torres Cruz, quien acudió a la primera reunión con el general Ángeles, dice que el principal deseo del militar era enviar un mensaje a Tiburcio Cruz para pedirle que detuviera los bombazos. “Nos dijo que quería una plática con el EPR, pero nosotros le insistimos que nuestra organización era política y legal, que no pertenecíamos al EPR”, dice Torres.
Puntualiza: “La preocupación de Valdés era cómo decirles a los del EPR que no siguieran poniendo bombas y explicarles que el gobierno federal no tenía a sus compañeros. El mensaje que quería darles era que estaban en la mejor disposición de encontrarlos, pero que dieran una tregua”.
A su vez, el director del Cisen les advirtió a los integrantes de IDP que era mejor para todos que hubiera esa comunicación a fin de establecer una tregua, porque había “grupos duros” que estaban dispuestos a actuar y a “nadie le convenía que se soltaran los guamazos”, comenta Torres.
Cuando los exguerrilleros reiteraron que no tenían contacto con el EPR, los representantes del gobierno pidieron que por lo menos escribieran un correo y lo enviaran a la página electrónica del grupo armado. Así lo hicieron ellos, pero nunca hubo respuesta: el EPR decidió cancelar su página en internet y anunció que ese no era el conducto para establecer el diálogo, comenta Felipe Edgardo Canseco.
“Ellos (los funcionarios federales) insistían en que querían hablar con Tiburcio Cruz, a quien identifican como el mando mayor del EPR, y nosotros les dijimos en todo momento que no éramos el conducto” adecuado, asevera el exmiembro del PROCUP.
La última de esas cuatro reuniones se realizó a mediados de septiembre de 2007. Sin embargo, Canseco dice estar seguro de que la información expuesta en esos encuentros fue filtrada al grupo autor de los correos electrónicos y que dice tener en su poder a los dos eperristas.
A la pregunta de quién les proporcionó la información confidencial, Canseco responde: “Nadie puede tener acceso (al contenido de las reuniones) más que ellos. Sólo el círculo más restringido del Consejo Nacional de Seguridad, en el que están los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, el Cisen y la Procuraduría General de la República. Son los únicos”.
El diálogo
Durante ocho meses el gobierno de Felipe Calderón y el Ejército buscaron dialogar con los mandos del EPR, pero fue el pasado 24 de abril cuando el grupo armado se mostró dispuesto a ello. Sin embargo, puso como condición que el contacto se realizara a través de una Comisión de Mediación integrada por el obispo Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el antropólogo Gilberto López y Rivas, además del Frente Nacional contra la Represión, que designó como representantes a la senadora Rosario Ibarra y al exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el abogado Enrique González Ruiz.
El viernes 8 por fin se acordó iniciar el diálogo. El gobierno aceptó escuchar los “planteamientos de estas personalidades a fin de ir avanzando en condiciones de confianza recíproca y creciente entre las partes”.
Sin embargo, en un comunicado del 12 de mayo pasado, el EPR precisó que no entablaría conversaciones directas sino a través de la Comisión de Mediación. Aclaró que esto no significaba una rendición y denunció que el gobierno de Calderón estaba buscando crear “chivos expiatorios” para salir al paso en el tema de los guerrilleros desaparecidos.
Dos días después la comisión se reunió con el subsecretario de Gobernación, Abraham González, para iniciar el proceso.
En entrevista, González Ruiz señala que el funcionario de Gobernación fue respetuoso, pero aclaró que la Comisión de Mediación no será “mirón de palo”, sino que se mantendrá activa y planteará iniciativas en su tarea de coadyuvante.
Entrevistado por Proceso el miércoles 14, después del primer contacto con la parte oficial, González Ruiz aclara que el interés del EPR y de la propia comisión se limita a colaborar para que los dos guerrilleros sean presentados con vida y no iniciar un proceso para que el grupo guerrillero deponga las armas, como pretende el gobierno de Felipe Calderón.
Insiste el abogado en que el papel de la comisión es actuar como una especie de árbitro, lo que le impide asumir una posición. Sin embargo, dice, sí puede condenar la desaparición forzada de personas como un mecanismo para la aplicación de la “justicia”.
“Esto –añade– es un crimen de lesa humanidad. No tenemos duda de que es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana. Eso sí queremos decir con toda firmeza y convicción: que se erradique de manera definitiva esa práctica. Lo hemos dicho durante 30 años y lo seguiremos exigiendo porque es una práctica muy enraizada en el ejercicio del poder.”
