Elecciones en EE UU

Seis requisitos para que gane Clinton/Edward N. Luttwak

Publicado en La Vanguardia, 06/05/2008;

Traducción: José María Puig de la Bellacasa.

Obama continúa atrayendo a la elite y a los demócratas negros en tanto que Clinton atrae un mayor número de demócratas no pertenecientes a la elite. Una parte de estos últimos la prefiere y a otros les disgusta Obama; algunos afirman que votarán a McCain en noviembre si Obama es el candidato demócrata.
Como se cuida de recordar a todo el mundo, Clinton ha ganado en todos los estados más grandes que decidirán la elección en noviembre, a excepción del Estado que fue la cuna política de Obama, Illinois. Tal circunstancia ha brindado a Clinton una serie decisiva de victorias: California, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Por el contrario, la mayoría de delegados de Obama proceden de estados que probablemente votarán republicano en noviembre, según su costumbre habitual en todas las elecciones presidenciales desde 1988.
Parecería, en consecuencia, que los cuadros del Partido Demócrata podrían decidirse a intervenir para detener estas onerosas y destructivas primarias a fin de otorgar la nominación a Clinton. Ahora bien, es precisamente lo contrario de lo que está sucediendo: los cuadros del partido, junto a la elite demócrata, prefieren a Obama y temen las consecuencias si al primer posible presidente negro ¡le para los pies el propio Partido Demócrata!
Clinton aún puede ganar, pero únicamente si triunfa en seis diversos terrenos.
El primero es el dinero. La máquina de recaudación de fondos de Obama se puso en marcha desde un principio para obtener sumas pequeñas (alrededor de 50 dólares) procedentes de una gran cantidad de donantes, de modo que la campaña, posteriormente, ha podido aspirar a más. Clinton se centró en la recaudación de sumas de donantes más importantes, muchos de los cuales ya han aportado fondos del orden de 2.300 dólares. La organización de campaña de Clinton sigue enviándoles e-mails donde les pide que encuentren a su vez a nuevos donantes, aunque sin mucho éxito. A día 31 de marzo del 2008, Clinton había recaudado 194 millones de dólares, gastado 163 millones y disponía de 31 millones. Obama había recaudado 240 millones, gastado 189 millones y aún disponía de 51 millones. Esos veinte millones adicionales permitieron a Obama gastar más que Clinton en Pensilvania, concretamente en anuncios televisivos en proporción de 2 a 1, tal vez de 3 a 1. Obama perdió, pero Clinton no puede dormirse; ha de procurar contar no sólo con grandes donantes, sino con nuevos donantes. De hecho la organización de campaña de Clinton manifestó que había recaudado diez millones en 24 horas después de ganar en Pensilvania mediante el envío de mensajes por teléfono móvil y correo electrónico que pedían tan sólo 50 dólares, necesariamente procedentes de nuevos donantes. Si esto es así, Clinton hace buenos progresos, pero ha de recaudar otros 30 millones de dólares muy deprisa…
El segundo es el ímpetu. Clinton debe ganar en Indiana hoy 6 de mayo. Podría perder, porque Indianápolis cuenta con una significativa elite demócrata; al menos el 20% del electorado es negro, es un estado contiguo al de Illinois y pesa la influencia de la figura de Obama en los medios de comunicación. Si Clinton pierde en Indiana, queda fuera de competición. En cambio, si Clinton gana por un 10% o más, Obama quedaría seriamente tocado pero no se vería obligado a abandonar.
El tercero es la victoria sorpresa: Clinton aún derrota a la mística de Obama. El éxito ideal sería el logrado en las primarias de hoy en Carolina del Norte en razón de su dificultad: al menos el 50% de los votantes demócratas en las primarias son negros y en recientes primarias Obama ha logrado atraer el 90% del voto negro.
Actualmente, los sondeos de opinión dan a Obama un margen de victoria de al menos el 10%. Si Clinton puede reducir el margen de Obama hasta el 5% o cifra similar, podría considerarlo como una gran victoria sorpresa, que de hecho presionaría sobre los cuadros del partido. Clinton está gastando cuanto puede en anunciarse en Carolina del Norte y protagoniza numerosos actos de campaña; una opción realmente costosa porque en su caso Indiana es la próxima victoria necesaria.
El cuarto es persuadir a los cuadros del Partido Demócrata para que acrediten las dos primarias “ilegales” de Florida y Michigan que violaron las normas del partido. Hasta el presente, los asesores legales de Obama - primeras espadas jurídicas de Washington DC- y su equipo como tal han logrado atajar los intentos de computar como válidos los votos y delegados en los dos estados. Tanto la gobernadora demócrata de Michigan, Jennifer Granholm, como el gobernador republicano de Florida, Charlie Crist, han pedido que se computen los votos, aunque de momento sin éxito. La organización de campaña de Clinton sigue intentándolo y si los resultados de hoy son suficientemente buenos, los cuadros del Partido Demócrata habrán de dar al menos con una solución parcial.
El quinto es forzar otro debate en televisión. Corredor en cabeza y orador excelente (aunque menos ducho en el fragor del debate), Obama se ha negado a otro debate televisivo. El plazo para organizar otro debate antes de hoy era demasiado corto, pero a la organización de campaña de Clinton le conviene otro cara a cara porque a Obama le perjudica rechazarlo otra vez.
El sexto es el control de la economía. La mayor novedad desde el inicio de la campaña estriba en el giro de la economía estadounidense, desde un crecimiento impulsado por el consumo hacia un crecimiento cero y una posible recesión. Los votantes son sensibles, principalmente, al desempleo y el temor ante tal eventualidad, a la devaluación de sus viviendas que usualmente sirven de garantía y, de forma creciente, a la pérdida de ingresos reales debido al aumento de los precios del combustible y los alimentos.
Clinton se halla muy bien capacitada para demostrar que posee mayores conocimientos económicos que Obama o Mc-Cain y, factor más importante, se halla mejor situada para ofrecer soluciones convincentes porque puede recordar a los votantes cómo la Administración Clinton superó problemas muy similares en 1992. La fórmula mágica Clinton-Wall Street es nuevamente válida: reducciones drásticas del déficit federal que conducen a tipos de interés más bajos y consiguientemente a mayor inversión y mayor crecimiento, que a su vez generan mayores reducciones del déficit federal…
Clinton, hasta la fecha, no ha logrado explotar su ventaja. Sigue hablando de su determinación y voluntad de alzarse con la victoria. Pero si Clinton puede cambiar de tono para hablar sistemáticamente de la economía, tanto la elite como las actitudes populares hacia su candidatura podrían cambiar.
En este momento, Hillary Clinton sigue siendo la perdedora. Para convertirse en la ganadora ha de persuadir a una parte significativa de la elite demócrata que apoya apasionadamente a Barack Obama - tarea casi imposible- pero que aún reserva un estrecho paso a la victoria de una mujer que ha demostrado una determinación extraordinaria.

La conversación es entre dos

En la noche del mundo solo encuentran la fuente quienes tienen sed.

La cordialidad y la alegría deben preceder a cualquier norma ética: son obligaciones incondicionales" Robert Louis Stevenson concluía así su sermón de Navidad en la isla de Samoa en 1892.

Escribe Héctor Aguilar Camin en Mileno Diario (5/05/2008) -Luego de una conversación con Soledad Loaeza- y parafraseando a Robert Louis Stevenson (1850-1894) que:
*La conversación es el escenario y el instrumento de la amistad. Es el hablar armonioso de dos o tres personas.
*La conversación está exenta de la inmunidad paralizante del púlpito.

*No cabe ambición más noble que la de destacar en la conversación, mostrarse afable, alegre, tener un dato, una idea o un ejemplo para cada tema, desempeñar nuestro papel en el gran congreso universal, siempre reunido, donde día a día se traza el curso de la opinión pública.
*La literatura no es sino el reflejo de la buena conversación, pero se queda corta frente al original.
*La conversación es fluida, vacilante, busca y progresa. La palabra escrita fija, funda dogmas, deja moscas inamovibles en el ámbar de la verdad.
*Una buena conversación no se puede tener siempre que uno quiera. Los ánimos deben afinarse previamente en una suerte de obertura o prólogo.
*Una vez establecido el tema, cada uno de los conversadores se interpreta a sí mismo, como un instrumento. Hace afirmaciones, se justifica, se devana los sesos para dar con ejemplos y opiniones y los emite recién acuñados, para su propia sorpresa y para admiración de su interlocutor, su gentil adversario.
*Toda conversación es un festival de la ostentación. Cada uno acepta y alimenta la vanidad del otro.
*Conforme conversan, los conversadores rebasan los límites de su personalidad, crecen a la altura de sus pretensiones secretas. Se visten con palabras, viven durante un tiempo en un palacio encantado.
*Cuando la conversación termina, cada uno se va por su lado, resplandeciente todavía de vanidad y admiración, dejando nubes de gloria a su paso.
*La conversación debe avanzar mediante ejemplos, buscando lo pertinente, no lo expositivo. No debe alejarse de las líneas de lo humano, del nivel donde la historia, la ficción y la experiencia se cruzan y se iluminan entre ellas.
*El artista de la conversación sigue su corriente como un pescador los recovecos de un arroyo. Confía en el azar y se ve recompensado con la variedad, el placer y las cambiantes posibilidades de la verdad.
*La conversación es el más accesible de los placeres. No cuesta dinero, completa nuestra educación, funda y sostiene nuestras amistades, puede disfrutarse a cualquier edad y en casi cualquier estado de salud.
Hasta aquí Stevenson. Mi madre decía: “No hay mejor cura para cualquier cosa que un buen rato de conversación.
*Robert Louis Stevenson: La conversación y los conversadores, en Memoria para el olvido. Fondo de Cultura Económica/ Siruela, 2008.

El ciudadano cardenal Terrazas

El Gobierno del Presidente Evo Morales excluyó la participación de la Iglesia en el proceso de diálogo. Para el Gobierno bolivino, la Iglesia Católica quedó al margen de una mediación en un eventual diálogo entre el Ejecutivo y los prefectos de las regiones autonomistas, a raíz de que su principal representante, el cardenal Julio Terrazas, participara en el referéndum del 4 de mayo. "Nosotros esperábamos contar con la mediación de la Iglesia Católica para una negociación en los próximos días, pero lo cierto es que la Iglesia, por voluntad propia, ha dado un paso al costado y corresponde al Gobierno, a los prefectos y la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo", señaló el 5 de mayo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En efecto, el cardenal Terrazas había aceptado en marzo -tras reunirse con el presidente Evo Morales- que la Iglesia Católica facilitara el diálogo para resolver la crisis política.
Sin embargo, el cardenal votó en el referéndum del Estatuto Autonómico y, según Quintana, este es un "apoyo explícito a la ilegalidad".

La respuesta institucional no se hizo esperar, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) dio a conocer el 5 de mayo una nota ante la opinión pública, "en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, en sentido de que la Iglesia Católica quedaría inhabilitada de realizar su servicio de facilitación del diálogo, por el hecho de que el Cardenal Julio Terrazas haya ejercido su derecho al voto en el referéndum de Santa Cruz".

En la nota aclaratoria la CEB afirma que "el cardenal Julio Terrazas es ciudadano boliviano y cruceño y como tal tiene el legítimo derecho de ejercitar su voto". "Esta responsabilidad ciudadana -añade-- no es incompatible con su función de Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y líder de la Iglesia Católica".

Mm el problema del cardenal es que jugó de un lado. Cierto tiene sus derechos ciudadanos a salvo, pero no puede quitarse el cargo de Presidente de la CBP.

Camilo Mouriño, nuevamente

¿Mouriño al Congreso?

Su historial académico.

Columna Serpientes y Escaleras/Salvador García Soto

El Universal; 6/05/2008;

Juan Camilo, en rounds de sombra
La posibilidad de que Mouriño vaya a San Lázaro sería tenderle un puente de plata al dañado secretario de Gobernación. Además, Calderón tendría un elemento propio en el Congreso, lo que no ha sido hasta ahora Héctor Larios ni Santiago Creel
Como un boxeador que fue golpeado en la ceja y sangró profusa y escandalosamente, pero “no tuvo daño mayor” y “está entero”, así describen en el círculo cercano del presidente Calderón a Juan Camilo Mouriño. El secretario de Gobernación, sin embargo, da muestras evidentes de que, si bien opera algunas cosas y reapareció en las negociaciones sobre la reforma energética, no recuperó el nivel de posicionamiento que tuvo antes del duro golpe que le dieron por sus contratos familiares y se cayó completamente del nicho de la sucesión 2012, donde muchos lo habían colocado.
¿Cuánto le durará y qué tanto le sirve un responsable de la política interna al Presidente en esas condiciones? La pregunta ya tiene algunas respuestas en los escenarios de salida que ya se manejan para el inquilino de Bucareli. En el gobierno y el PAN ya trazan una ruta que sacaría a Mouriño de Gobernación sin que eso signifique que el Presidente ceda a las presiones de la oposición y del círculo rojo que hace unas semanas, en medio del escándalo por la firma de contratos como apoderado legal de las empresas de su familia en 2003, exigían o sugerían su renuncia.
Esa ruta coloca al actual titular de Bucareli como futuro diputado del PAN en 2009 y próximo coordinador parlamentario del blanquiazul en San Lázaro. Primero se pensó en la candidatura al gobierno de Campeche, sede del emporio familiar del Grupo Energético del Sureste (GES), pero él mismo desechó la idea de buscar la gubernatura y prefiere aparecer como factor de poder en la sucesión estatal que se definirá también el próximo año.
Después de aquellos ataques, tanto en Los Pinos como en el propio despacho de Bucareli tienen claro que la ruta hacia 2012, en la que muchos ubicaron a Mouriño, dentro de una atractiva y mediática terna, junto con el perredista Marcelo Ebrard y el priísta Enrique Peña Nieto, se canceló totalmente para el titular de Gobernación. Los problemas naturales que hubiera enfrentado por su origen español y su adoptada nacionalidad mexicana se magnificaron con el daño que dejó el escándalo político para Juan Camilo.
Fue “navajazo” el que le dieron los perredistas, dice un congresista del PAN, quien asegura que el ánimo del hombre de confianza del presidente Felipe Calderón se vio afectado después de aquel escándalo. “A partir de ahí se le acabó el espíritu protagónico y se refugió en las oficinas de Bucareli, optó por los eventos sociales en vez de las reuniones políticas”; pero en la medida en que su partido y sobre todo el Presidente lo cobijaron fue agarrando nueva confianza, y hoy se apoya en sus amigos senadores que lo ayudan a vincularse otra vez con los políticos y a mantener el nivel de interlocución que su cargo requiere.
La posibilidad de que Mouriño vaya a San Lázaro es una salida que ya promueven incluso en el despacho del encargado de la política interna. Saben que Juan Camilo no tendría ningún problema para lograr la coordinación parlamentaria del PAN, porque la designación de esa posición corresponde al dirigente nacional del partido, Germán Martínez Cazares, y éste a su vez buscará las designaciones que más interesen y convengan al presidente Felipe Calderón.
Juan Camilo ya fue diputado federal en la 58 Legislatura, justo donde conoció y se estrechó su relación personal y política con el presidente Calderón, que entonces coordinaba al grupo parlamentario panista.
Así que es muy probable que, en el estratégico segundo tercio de su gobierno, en la lógica de una Cámara de Diputados que se ve venir otra vez dividida y sin una mayoría para el PAN —y más bien con una mayoría simple del PRI que pronostican las encuestas—, el presidente Calderón opte por promover coordinadores parlamentarios de su total confianza. Juan Camilo Mouriño no sólo sería el hombre de Felipe Calderón en el Congreso, cosa que no han sido hasta ahora ni Héctor Larios ni Santiago Creel, sino que además el Presidente de la República encontraría la forma de tenderle un puente de plata a su cercano pero dañado secretario de Gobernación.

Historial académico de Mouriño, una incógnita más
Rosa Santana, reportera.

Agencia APRO

Campeche, Cam., 5 de mayo (apro).- La forma en que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, obtuvo la maestría en Administración, con especialización en Finanzas, por la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) es, igual que su nacionalidad, todo un enigma.
Y es que, inexplicablemente, las autoridades universitarias decidieron clasificar como “confidencial” el expediente académico del exjefe de la Oficina de la Presidencia.
Lo más que se sabe es que Mouriño curso la maestría de 1998 a 2000, cuando fungía como dirigente estatal del PAN y que la maestría que presume en su currículo la obtuvo siete años después, en 2007, ya como jefe de la Oficina de la Presidencia.
Personal académico de la UAC consultada por esta reportera comenta que durante el periodo que Mouriño cursó la maestría fue cuando más vigilada estuvo la universidad. Aunque la vigilancia en torno de su persona data de 1995, luego de que fue víctima de un secuestro.
No obstante, nadie en la universidad campechana sabe, a ciencia cierta, cómo, con qué trabajo y quiénes fueron los sinodales del actual secretario de Gobernación para obtener el grado de maestro en Administración, con especialización en Finanzas.
Ni siquiera la directora de la Facultad de Contaduría, Rosalinda Echavarría Sánchez. En entrevista con la agencia Apro, la académica asegura que Mouriño Terrazo cursó la maestría en Administración de 1998 a 2000; que el examen de titulación lo presentó apenas el semestre pasado, y que eligió la elaboración de una tesina como opción para obtener la maestría en Administración, con especialización en Finanzas.
Sin embargo, en la biblioteca central de la UAC no hay rastros de dicha tesina.
Echavarría Sánchez explica que la normatividad escolar ni fija ningún plazo para titularse en posgrado y reitera que Mouriño eligió la tesina como opción para titularse. Esta vía es el procedimiento más rápido para obtener el título.
Al preguntarle sobre el tema de la tesina que presentó Mouriño, la directora de la Facultad de Contaduría de la UAC responde, esquiva: “Él estudió una maestría con formación en Finanzas, luego su tema de tesis tenía que versar sobre lo que estudió, independientemente de la vida profesional, tiene que versar lo que estudió, no tuvo nada que ver con el actual empleo en el que está.”
--¿Pero cuál fue el tema?, insiste la reportera.
La catedrática universitaria responde: “No recuerdo el tema. Debe estar… yo los mando todos los ejemplares a la Biblioteca Central y ahí ya es acceso público. La verdad yo insisto mucho, hay ciertas informaciones que ya con la Ley de Transparencia no nos permiten proporcionar, no es porque se trate precisamente de él, para mí, él aquí es un estudiante más y así siempre se ha manejado, no hay concesiones absolutamente para nadie.
Subraya, así mismo, que aparte de la tesina, Mouriño presentó un examen oral.
--Entonces, ¿se puede saber la fecha de titulación?,
--Ese dato, la verdad… no tengo un dato exacto de la fecha en que se tituló.
--Sus sinodales, ¿quiénes fueron?
--Pues…. Ja, ja, ja…
--¿Su asesor de tesis? --se le pregunta.
Rosalinda Echavarría niega con la cabeza.
--¿El coordinador de posgrado?
--Él no da información si yo no autorizo. No es cuestión de triangular, es cuestión de respeto a la información personal.
-¿Aprobó por unanimidad?
--!Tiene el título! Eso es un dato confidencial que no puedo dar, ni de él ni de nadie. Ni por la Ley de Transparencia, la normatividad marca que el voto secreto.
--¿Fue un alumno brillante? --se le inquiere a la directora de la Facultad.
--Esos son datos que… creo que… todos los alumnos que estudian con nosotros desde que concluyen es que son brillantes pero de manera general --responde titubeante.
--¿Destacado? --se le insiste.
--Si era un alumno destacado --acepta, pero se resiste a divulgar la calificación del secretario de Gobernación.
--¿Más que el promedio?
--Para nosotros fue un alumno más --ataja. Y embiste impaciente: “Sí, sí fue un alumno destacado; sí, sí tuvo un excelente promedio; pero no nada más él estuvo en esta generación, y nosotros como Facultad, como institución, vemos alumnos, su función académica aquí, aquí lo que buscamos son alumnos independientemente a nivel licenciatura o a nivel posgrado que sean comprometidos con la institución educativa. Y a cualquiera, al gobernador, el presidente, el que sea que venga a estudiar aquí la exigencia es la misma.”
--¿Él sí era comprometido?
--Sí, como cualquier alumno. Sí, sí era comprometido, realmente sí. Pero nosotros como institución educativa, repito, sí somos muy exigentes. Eso lo puedo garantizar y como institución estamos acreditados en un programa de licenciatura, hemos logrado primeros lugares en Ceneval, por la exigencia que se tiene.
Argumentó que no puede revelar el promedio con el que se tituló el actual secretario de Gobernación porque “esos datos ya son muy personales” y como institución educativa no puede proporcionar porque hay una ley que le impide hacerlo.
--Paradójicamente la ley que aduce es la Ley de Transparencia y Acceso a la información.
--Allá se señala lo solicitado como dato personal. Y no es porque sea él, eh? De ningún alumno en general y alguien externo a él me venga a pedir información, no la damos.
--¿Se puede conocer su récord de asistencia?
-Aquí los alumnos deben cubrir 90% de asistencia para que puedan acreditar y concluir sus estudios. Insisto, él como cualquier otro alumno fue tratado de la misma manera.
tendiendo a la sugerencia de Echavarría Sánchez se buscó la supuesta tesina en la Biblioteca Central de la UAC, pero en los registros bibliotecarios no apareció ningún autor de apellido Mouriño.
La reportera solicitó, entonces, la información a través de la Unidad de Enlace de la UAC., pero ésta fue denegada.
La respuesta al folio 71, con el que se marcó la solicitud, fue que “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 4 Fracción IX, 27 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, no es posible otorgarle la información que requiere en razón de estar clasificada como confidencial de conformidad con los preceptos antes invocados.
“En razón de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, es pertinente señalar que la información solicitada encuadra en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 27 de dicha ley, máxime que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona al establecer en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”
“En razón a lo anterior, es claro que el Estado Mexicano ha consolidado el respeto a los datos personales y a su vez ha claramente delimitado en dicho precepto que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que cualquier contravención a ello debe ser considerado como actos autoritarios carentes de la legalidad que caracteriza a las acciones de los entes y dependencias del Poder Público.
"Por tal motivo, como se señala en líneas previas al consolidarse el derecho a la vida privada como garantía individual de primera generación, que únicamente pueden ser suspendidas en los casos y condiciones que la propia Constitución precisa, al no actualizarse ninguno de dichos supuestos, es de resolverse que no es posible acceder su solicitud.”

Se va Amérigo Incalcaterra

Incalcaterra se irá por presión oficial: ‘El País’

También la columna Templo Mayor de Reforma, publicó ayer:

EN EL SECTOR de los derechos humanos hay shock por la inminente salida de México de Amérigo Incalcaterra.
SE TRATA del representante en nuestro país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por lo que se anda diciendo, no se va por gusto.
SEGÚN ESTO, en su reciente visita a México, Louise Arbour, la jefa de Incalcaterra, recibió de parte del gobierno federal la petición para dicho relevo.
Nota de El Universal:

Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dejará el cargo en breve por presiones del gobierno mexicano, de acuerdo con el diario español El País
El Universal, 6/05/2008;

María de la Luz González, reporterax
Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dejará el cargo en breve por presiones del gobierno mexicano, de acuerdo con el diario español El País.
EL UNIVERSAL solicitó la versión de Incalcaterra, pero la OACNUDH, sin negar la información publicada por el diario español, manifestó que por el momento no podía corroborarla.
Fuentes de organizaciones no gubernamentales mexicanas confirmaron el relevo del funcionario, y adelantaron que se hará cargo de otra oficina regional de OACNUDH, posiblemente Sudáfrica, mientras funcionarios del sistema de Naciones Unidas comentaron que su salida es parte de la rotación normal en este tipo de misiones.
La información de El País asegura que la actitud crítica de Incalcaterra hacia temas de derechos humanos durante más de dos años que ha estado al frente de la oficina en México “incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible”.
La publicación sorprendió a representantes de organizaciones de derechos humanos que trabajan de manera cotidiana con el funcionario, algunos de los cuales confirmaron la versión de que, por su labor, había molestia en dependencias como las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Destacaron, sobre todo, la diferencia entre el desempeño de Incalcaterra, de origen italiano, y su predecesor, el sueco Anders Kompass (septiembre de 2002 a julio de 2005), a quien tocó desarrollar la primera etapa del Acuerdo de Cooperación Técnica entre México y OACNUDH, que incluyó la realización de un diagnóstico y un programa nacional de derechos humanos.
Incalcaterra llegó a México el 27 de octubre de 2005, procedente de la misión de Colombia y a diferencia de su antecesor fijó la postura de la OACNUDH sobre discriminación, pobreza, migración, indígenas, derechos de mujeres y niños, elecciones y participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con El País, fueron estas críticas, en artículos periodísticos o declaraciones, las que generaron molestia en círculos gubernamentales y un intenso cabildeo ante la Alta Comisionada, Louise Arbour, para relevarlo.
Activistas de derechos humanos afirmaron que el trabajo de Incalcaterra nunca rebasó los lineamientos establecidos en el mandato de la oficina, y que la presión para su salida, de confirmarse, sólo mostraría que hay una mayor cerrazón del gobierno.
“Amérigo tuvo una mayor cantidad de posiciones públicas sobre distintos temas, pero en todas había suficiente evidencia de las violaciones a derechos humanos; nunca rebasó los límites fijados por la Alta Comisionada”, aseguró Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos y todas (Red TDT).
Fabián Sánchez Matus, consultor independiente y ex director de la Comisión Mexicana para la

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que Incalcaterra se había convertido en un personaje incómodo.
En reuniones de la Comisión de Armonización Legislativa, el subsecretario (de la SRE) Juan Manuel Gómez Robledo manifestó su molestia con Incalcaterra.
“Nos dijo que lo iba a llamar a cuentas; que debía hacer su trabajo sin meterse en cuestiones internas de México, que era un asunto de soberanía, que el Estado mexicano debía resolver estos temas sin interferencias. Sé que también había molestia y reclamos en Gobernación y en la CNDH. (El ombudsman) José Luis Soberanes siempre se opuso a la apertura de la oficina y al trabajo que desde ahí se hace”.

Nota de Milenio,

Eugenia Jiménez y Alejandro Moreno, reporteros

Amérigo Incalcaterra, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2005, será relevado de su cargo en fechas próximas, en momentos en que entra en vigor el acuerdo de esa oficina y el gobierno mexicano, para darle a esta instancia mayor participación y facultad de crítica en las investigaciones sobre derechos humanos en México.

Organizaciones civiles consideraron que la salida de Amerigo, quien ha sido crítico del trabajo del gobierno federal en la materia, es una muestra de que la administración de Felipe Calderón sólo tiene este tema en el discurso, pero no en la práctica y se había convertido en un personaje “incómodo”.

La Oficina se instaló en México en 2002 bajo la representación de Andrés Kompas quien coordinó los trabajos del diagnóstico sobre este ámbito en el país, que se utilizó para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual no se logró implementar durante el gobierno de Vicente Fox.

No hay pronunciamiento oficial

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó fijar un posicionamiento sobre la repentina salida de Amerigo Incalcaterra como representante de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

José Luis Alcudia, director general adjunto de Comunicación Social de la dependencia, dijo que podría ser hoy cuando la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, que preside el ministro Alejandro Negrin, aclare la supuesta injerencia que tuvo el gobierno mexicano con la destitución del comisionado.

Responde la Cancillería:

COMUNICADO DE PRENSA
Martes 6 de Mayo de 2008 Comunicado 126

En relación con las notas aparecidas en varios medios nacionales, a propósito del traslado del Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para cumplir con una nueva comisión en otro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores se permite formular las siguientes precisiones:

1. La designación de sus representantes en los distintos países es facultad exclusiva de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2. Es una práctica común en el sistema de las Naciones Unidas, que los funcionarios internacionales sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo, como parte de un sistema normal de rotación. Cabe destacar que el representante en México de la Oficina citada, asumió sus funciones en octubre de 2005.

3. El gobierno de México reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y su mejor disposición por mantener una estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas en esa materia. Esta disposición se demostró nuevamente hace apenas tres meses, en ocasión de la visita oficial a nuestro país de la Alta Comisionada Louise Arbour, que se realizó el 6 de febrero a invitación del gobierno de México. En esa ocasión, se suscribió un nuevo acuerdo que garantiza la continuidad de la Oficina citada en México, así como la de los programas de cooperación que se deriven de este acuerdo, hasta 2012.

Más armas para Venezuela

Publicado el martes 06 de mayo del 2008, en El Nuevo Heral digital

(Hugo) Chávez amplía poder bélico
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald, 6/05/2008;

La política armamentista de Venezuela ha provocado reacciones internacionales. En Brasil, ex presidentes y diputados han expresado preocupación por una carrera armamentista en la región y altos oficiales estadounidenses han expresado alarma.
En medio de señales cada vez más fuertes de que puede perder posiciones clave en el escenario del poder regional, además de debilitar su popularidad, el gobierno del presidente Hugo Chávez promueve una concentración de poderío policial, militar y de combate sin precedentes que ha llevado al país a convertirse en el mayor importador de armas de Latinoamérica y el noveno en el mundo.
El gobierno venezolano no sólo ha aumentado el presupuesto militar a un nivel que no tiene comparación con el pasado, sino que también está reactivando cientos de miles de milicianos y reservistas para enfrentar a una supuesta invasión estadounidense. A la vez, organiza un cuerpo nacional de policía que tendría potestad de intervenir de manera casi ilimitada en los cuerpos policiales locales.
"Desde finales del 2004 Chávez ha desarrollado un plan importante de adquisición de armas, más orientado a un conflicto externo, como defender el país de un supuesto ataque de Estados Unidos'', afirmó Andy Webb-Vidal, analista de seguridad y defensa de Bogotá. Sin embargo, agregó Webb-Vidal, "es una posibilidad completamente remota'', lo que ‘‘deja la interrogante de para qué sirven estas compras''.
Según el analista, las adquisiciones pueden servir "para aumentar la capacidad bélica de Venezuela frente a países vecinos o aumentar las tensiones del alto mando militar venezolano, o ambas cosas''.
Conjuntamente con esos factores, las altas autoridades militares leales al mandatario venezolano endurecen la confrontación dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en un abierto intento por depurar los cuarteles y catalizar la salida de elementos institucionales opuestos a la politización del cuerpo armado en favor de los militares revolucionarios.
La situación en las FAN está tan caldeada por el descontento y las presiones de los oficiales chavistas que existen condiciones "preinsurreccionales'', principalmente entre los mandos militares medios, declaró recientemente el general retirado Raúl Baduel, opositor de Chávez e importante figura de referencia militar.
La política armamentista de Venezuela ha provocado reacciones internacionales. En Brasil, ex presidentes y diputados han expresado preocupación por una carrera armamentista en la región y altos oficiales estadounidenses han expresado alarma.
Los dos grupos milicianos organizados por el gobierno, el Frente Francisco de Miranda (FFM), fundado en el 2003, y la Guardia Territorial (GT), establecida en el 2005, recibirán una importante inyección de recursos, equivalentes al actual presupuesto militar.
La partida presupuestaria para la FAN este año ascendió a $4,000 millones, según cálculos del presupuesto oficial del Ministerio de la Defensa del 2008, pero pudiera ser mayor debido a los grandes ingresos que recibe el país con el alza en los precios del petróleo.
Entre el 2005 y el 2008 el gobierno ha anunciado compras y programas de asistencia militar a países latinoamericanos por unos $15,000 millones, reveló una investigación del Centro de Investigaciones Económicas, un grupo independiente con sede en Caracas.
Entre otras, el gobierno intentó secreta e infructuosamente adquirir un paquete accionario de $150 millones en una firma israelí que maneja sofisticados satélites espía, transacción que ahora se decide en un tribunal federal de Nueva York.
La compra de fusiles rusos AK pasaron de unos $71 millones entre el 2002 y el 2004 a más de $4,000 millones entre el 2005 y el 2007, indican cifras oficiales.
Venezuela también compró a Rusia 24 aviones de combate y 35 helicópteros, además de equipamiento y tecnología para instalar una fábrica que en el 2010 será capaz de producir unos 30,000 fusiles automáticos anuales.
Este auge armamentista ha llevado a Venezuela a ocupar uno de los primeros lugares a nivel mundial. Según el estudio más reciente del Instituto de Investigaciones para la Paz (SIPRI), con sede en Estocolmo, en el 2007 Venezuela fue el mayor importador de armamento en América Latina y el noveno en el mundo.
El informe del SIPRI indica que Venezuela obtuvo el 90 por ciento de sus insumos militares de de Rusia, un total de $1,310 millones entre el 2006 y el 2007, sin incluir los más recientes anuncios de adquisición de submarinos.
Otro proveedor fue China, con $41 millones en ventas. Siguiendo presiones de Washington, Israel, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Corea del Sur, Polonia, Suecia, Italia y Alemania suspendieron la venta de armamentos a Venezuela.
El gobierno venezolano registró un importante aumento en la compra de armamentos en el quinquenio 2003-2007: del lugar 56 en 1998, el año en que Chávez ganó sus primeras elecciones presidenciales, pasó al lugar 24 en el 2007 entre los países que más dinero gastan en armamentos, indicó el instituto sueco.
En Sudamérica, al igual que en Africa y el Levante, existe "una problemática falta de limitaciones tanto de vendedores de armas como de importadores activos'', indicó en el informe Siemon Wezeman, director del proyecto de Transferencia de Armamentos del organismo sueco.
El fenómeno ocurre en momentos que evidencias supuestamente contenidas en la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes, que murió en una operación comando del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, indican una estrecha cooperación con fines militares entre altos funcionarios chavistas y la guerrilla colombiana.
Según una serie de correos electrónicos entregados por el gobierno del presidente Alvaro Uribe a The Miami Herald, el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, pidió apoyo logístico y de entrenamiento en guerra de guerrillas, para enfrentar una eventual invasión norteamericana.
La carrera armamentista de Chávez ha provocado reacciones en Estados Unidos.
En enero pasado, durante una visita en Bogotá, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael Mullen, afirmó que la importación de gran cantidad de armamento por Venezuela causa‘‘una gran preocupación'' tanto en Estados Unidos como el resto de la región.
Mullen también criticó el "apoyo estratégico'' de Chávez a las FARC. "No creo que ayude a la estabilidad regional ni a la seguridad a largo plazo'', precisó.
En marzo, el jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Jim Stavridis, calificó de inexplicable la gran cantidad de armamento comprada por Venezuela en tiempos recientes, durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Congreso.
"Eso me preocupa. Parece ser un alto nivel de compras de armas. Esta es una región que no es proclive a la guerra'', señaló Stavridis.
"Sin duda Chávez está en un proceso de llevar la revolución bolivariana a otros países, por lo que la compra de armamento se convierte en algo peligroso para el continente y para los gobiernos que no comulgan con su doctrina'', dijo Rafael Huizi Clavier, vicealmirante retirado que fue Inspector General de la Fuerza Armada Venezolana

Más información en http://www.sipri.org/.

¿Contraofensiva?

Columna y reportaje, de un informe ¿confidencial? del General Oropeza Garnica.

¿Contraofensiva?

Un divisionario sospechosista, dice Marín.

Comenta Francisco Garfías en Excelsior en su columna Arsenal -y que le aseguran fuentes bien informadas- que "a partir de este martes se producirá la respuesta de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, a la investigación del gobierno federal sobre la supuesta existencia de una brigada blanca que persigue a opositores en esa convulsionada entidad.
"La contraofensiva, coordinada por Jorge Franco, ex secretario de Gobierno y hombre de todas las confianzas del gobernador, consiste fundamentalmente en responsabilizar al Ejército de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz".

¿Esta es parte de la contraofensiva?

Y a todo esto ¿donde está el Secretario de Gobernación?

¿Qué dice la Secretaria de la Defensa?

La novela continúa....,

Columna El Asalto a la Razón de Carlos Marín:

Milenio Diario, 6/05/2008;

Un general sospechosista
Por lo que él mismo reporta a “la superioridad”, se ve que la vena sospechosista del divisionario que hasta la semana pasada comandó la Octava Región Militar en Oaxaca, el general Alfredo Oropeza Garnica, no sólo ha desvirtuado la búsqueda de los responsables de las desapariciones de los dos guerrilleros que reclama el EPR, sino provocado lo que puede interpretarse como ofensa gestada en el Ejército contra la Secretaría de Marina.

Sorprende su gratuita “hipótesis de que posiblemente” (no aporta indicios probables) un sujeto apodado El Chucky es el responsable de cuanto delito se comete en Oaxaca. El aludido, a quien la sospechositis aguda del general define como “pederasta” y “homosexual”, se llama Jorge Franco, y fue secretario de Gobierno de Ulises Ruiz hasta cuando se agravó el conflicto con la CNTE y la APPO.

De la lectura de los partes del divisionario a la Sedena se desprende que Oropeza fue “alimentado” con intrigas del sucesor del Chucky en el cargo, Manuel García Corpus, a quien sólo su jefe Ruiz debe saber por qué lo sostiene como secretario de Gobierno.

Reportaje/ Carlos Marín

Documentos de la VIII Región Militar sobre los dos dirigentes que reclaman los eperristas
Implican al Ejército en desapariciones
En sus partes a la Sedena, el divisionario reseña sus encuentros con el actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, “fuente” que empujó las aprehensiones de oficiales de la Marina.
Milenio Diario, 6-Mayo-08;

Desde la semana previa a las capturas que hace dos viernes emprendieron agentes federales y tropas del Ejército en cuarteles de Oaxaca, la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el Ejército Popular Revolucionario fueron “desaparecidos” por soldados de la Octava Región Militar que comandó, hasta abril, el general Alfredo Oropeza Garnica.
Y desde el jueves reciente, sobre el escritorio del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, reposan dos carpetas informativas: una con los partes de Oropeza Garnica “a la superioridad” (la Secretaría de la Defensa Nacional), con intrigantes chismes del actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, y la hipótesis del jefe militar sobre la que parecen estar actuando las autoridades federales, en el sentido de que, “posiblemente”, el autor intelectual de las desapariciones de los guerrilleros Andrés o Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, es Jorge Fernando Franco Vargas, a quien apodan El Chucky, predecesor de García Corpus en el segundo cargo en importancia después del gobernador.
El documento enviado a Los Pinos dice que el 24 de mayo de 2007 fue la última ocasión en que, según Nadín Reyes, hija de uno de los desaparecidos, fueron vistos los eperristas en el hotel Del Árbol de la capital oaxaqueña.
La carpeta contiene fotografías impresas en papel bond, en las que aparecen transportes y tropas militares frente al hotel de referencia.
Diego Osorno publicó en MILENIO que ese día hubo una inspección militar en el sitio:
“En un minuto, el hotel Del Árbol quedó rodeado. Hummers, camiones y vehículos de la 28 zona militar se apostaron sobre la céntrica calzada Madero (…). Según el EPR, un día después fueron detenidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo, o Alberto Cruz Sánchez. Mediante un comunicado emitido el 5 de junio, el grupo guerrillero responsabilizó a la policía ministerial de Oaxaca y al Ejército…”.
Del contenido de las carpetas que Abraham González entregará hasta este martes a su jefe Juan Camilio Mouriño (¡“por el puente 1-5 de mayo”!), queda claro que el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fue un informante decisorio para que el general Oropeza Garnica orientara la persecución hacia Franco Vargas, hoy dirigente del PRI estatal.
Uno de los documentos data de finales de octubre de 2007 y es una obra conjunta de la delegación del Cisen en la entidad y la comandancia militar en Oaxaca. Concluye con ocho “observaciones” que sugieren los pasos a seguir, la última de las cuales reza:
Identificar la red de corrupción y lavado de dinero del grupo que encabeza Jorge Fernando Franco Vargas (se encuentra en Europa por sugerencia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz), así como su círculo pederasta y homosexualidad.
El aludido cayó de la Secretaría de Gobierno tras el estallido del conflicto con la CNTE y la APPO.
Lo de “pederasta”, dice a MILENIO Franco Vargas, es una insidia del general Oropeza Garnica, a partir de que su papá (abogado, ex procurador de Justicia de Oaxaca) representó a la escuela donde se dio un caso de probable abuso sexual a un menor, y lo de la “homosexualidad”, supone, porque el militar así cree entender “el cariño” que Ulises Ruiz le tiene a El Chucky.
Para Franco Vargas, a quien se apunta en los papeles como el principal operador de la “guerra sucia” oaxaqueña, los responsables de las desapariciones deben ser buscados en la Policía Ministerial, la Policía Judicial y la Procuraduría de Justicia estatales; en la delegación local de la Procuraduría General de la República y, sobre todo, en la Octava Región Militar.
En el informe que tiene la Presidencia se indica que, entre las diversas hipótesis del caso, ha sido notable el activismo del divisionario Juan Alfredo Oropeza Garnica, única autoridad “convencida” de que los autores principales del delito son Franco Vargas y dos oficiales de la Marina, los tenientes de Navío y Fragata (respectivamente) Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigieron las policías Ministerial y Preventiva cuando se supo de la desaparición de los guerrilleros.
La información se conoció después del asesinato del director de la policía bancaria, Alejandro Barrita, entre cuyas pertenencias inventariadas aparecieron elementos que apuntan hacia una “invención” del general Oropeza.
Los partes del general
Sin fecha, un informe (que parece haber redactado a principios de 2007) del comandante Oropeza Garnica dirigido a “esa superioridad” (la Sedena) relata que, por iniciativa del secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, se reunió con éste en las oficinas de la Octava Región, donde hablaron del problema CNTE-APPO, “desde los antecedentes con el ex gobernador José Murat, haciendo énfasis en el alto grado de corrupción administrativa que distinguió a ese gobierno”.
En esa reunión, García Corpus dijo que su predecesor en el cargo, Jorge Franco Vargas, El Chucky, prácticamente manejó discrecionalmente y fuera de los cauces institucionales al gobierno del estado, situación que se agravó por la ausencia del gobernador, quien abandona el estado de Oaxaca para participar en la campaña política del Lic. Roberto Madrazo.
Otras conclusiones a que llegó el general Oropeza después de escuchar al secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fueron:
—Considera el Lic. García Corpus, que es un error que el gobernador Ulises Ruiz no se haya deslindado todavía de Jose Murat, que inclusive este ultimo le prometió al C. Lic. Jesús Ángel Diaz Ortega, alias “Chucho Bolas”, quien fue presidente municipal de Oaxaca y actualmente se desempeña como director del Instituto de Vivienda, que el iba a suceder a Ulises Ruiz en cuanto cayera, haciendo esto mismo, con otros funcionarios, incluyendo al Lic. Franco Vargas, alias “El Chucky”, y al Lic. Heliodoro Diaz Escarraga, anterior secretario general de gobierno, por lo que las consecuencias no se hicieron esperar y fueron destituidos de sus cargos los dos últimos funcionarios mencionados.
—El Lic. García Corpus considera también que el conflicto de la APPO nunca se extendió al resto de las regiones, y que se presentó totalmente en forma local en la capital del estado, mencionó también que actualmente están interviniendo en el conflicto más de 2,000 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, aunque una gran cantidad de éstas son solo de membrete.
—El problema magisterial y de la APPO, en sus inicios, fue tratado como siempre lo había hecho el gobernador estatal, esto es, sobornando a los líderes con diversas cantidades de dinero, pero las negociaciones fallaron por la falta de tacto y habilidad política del C. Lic. Jorge Franco Vargas, quien se desempeñaba en esos momentos como secretario general de gobierno, influyendo en esto la ausencia del gobernador.
—Lo tardío de la intervención federal recrudeció el conflicto, ocasionando que se montaran en él elementos de organizaciones radicales e incluso armadas, como es el caso del grupo denominado Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), que radicalizaron el conflicto.
—Al permitir que las organizaciones radicales participantes en el conflicto se apoderaran de las estaciones de radio y televisión estatales, las autoridades provocaron que se exacerbaran los ánimos y se sacara a relucir el rencor social del pueblo que se siente marginado por los altos índices de pobreza, constatando que el mal ejemplo contagia a la población.
—El Lic. García Corpus, secretario general de gobierno, mencionó que se le atribuye al Lic. Jorge Franco Vargas, alias “El Chucky”, exsecretario general de gobierno, el haber dispuesto de $200’000,000.00 (doscientos millones de pesos), aunque el Lic. García Corpus no lo ha podido comprobar, para el pago en sobornos a los líderes de la APPO, con quienes llegaba a diversos acuerdos, y posteriormente el Lic. Franco Vargas los desconocía, por lo que los referidos lideres de la APPO lo calificaron de traidor, y fue por este manejo discrecional que hizo de los recursos en mención, lo que provocó que lo relevara del cargo el gobernador Ulises Ruiz.
—Otro aspecto que influye en el problema es el hecho de que exista una gran cantidad de funcionarios heredados por el gobierno de José Murat incrustados en el gobierno del Lic. Ulises Ruiz, como es el caso del Tte. de Fragata Manuel Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, al que se le involucra incluso en muchos de los actos ilícitos que se cometieron durante el conflicto magisterial-social; la Lic. Aurora López Acevedo, secretaria de Transporte Público, que ya para terminar José Murat su administración, expidió 16,000 concesiones para transporte publico (taxis y autobuses), y muchas de ellas las han estado clonado, lo que ha generado un megaproblema en todo el estado.
—De igual forma, José Murat dejó incrustados como proveedores de las diversas dependencias del gobierno estatal a los hermanos Samuel, Saúl y David Gurrion Matías, propietarios del grupo corporativo “Gurrion”, S.A. de C.V., de los cuales se tienen antecedentes en esta comandancia de región militar, en relación a que se encuentran involucrados en el crimen organizado.
—Existe actualmente un problema de carácter religioso en la entidad, debido a que un número considerable de sacerdotes que practican la Teología de la Liberación, constantemente tratan de subvertir a diversas comunidades marginadas que se ubican en las zonas serranas, haciéndose hincapié de que actualmente existen en el estado 8,000 comunidades indígenas, de las cuales 2,000 localidades presentan una población de menos de 2,500 habitantes y carecen de los servicios básicos, lo que las hace altamente susceptibles a la penetración ideológica de los sacerdotes mencionados.
—Es indudable que el gobierno del estado quiere un acercamiento con las autoridades militares de la VIII R.M., ya que anteriormente, por orden del C. Gral. Ricardo C. G. Vega García, no se tenia ningún tipo de relaciones públicas con el gobierno del estado, por lo que actualmente el gobernador del estado, esta mostrando interés en participar en la agenda de riesgos que semanalmente será revisada en este cuartel general, como quedó establecido en la reunión que se tuvo con el grupo “Oaxaca”, 21 Dic. 06, con la finalidad de restaurar integralmente los acuerdos institucionales con el gobierno federal.
Contra oficiales de la Marina
En otro informe, Oropeza Garnica reporta:
Desde el 7 sep. 2007 se ha detectado que en la Cd. de Oaxaca, Oax., un grupo de gente armada portando armas largas y cortas, uniformada de negro, con siglas en las camisetas de la “A.F.I.”, se dedica a realizar asaltos en diferentes lugares del área conurbada de la capital de Oaxaca (Bar La Habana, Bar La Rinconada, Bar El Encanto, Bar Parada del Carmen, Las amenazas al Dir. de Delincuencia Organizada de la Proc. Gral. de Just. del Edo.), este grupo utiliza tres vehículos: una Escape Ford color blanco, una Durango color negro y un Tsuru blanco, se tiene conocimiento que posterior a sus actividades ilícitas, escapan con dirección a Xoxocotlán y Santa Rosa Panzacola, tomando la ruta hacia la Cd. de México; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar el lugar en el que se ocultan.
…algunos informes no confirmados del Cisen y otras autoridades de seguridad pública del estado señalan que se trata de gente que adiestraba el grupo conocido como “Los Marineritos”, el cual es encabezado por los Ttes. de Navío José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes a pesar de ser ex funcionarios del gobierno estatal, siguen cobrando sus emolumentos en el citado gobierno, operando bajo la tutela del Lic. Jorge Franco vargas (a) “Chucky”, exsecretario general de gobierno.
Franco Vargas opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial del estado y una cantidad no precisada de elementos de la policía preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos, inicialmente operaban cuatro casas de seguridad (Bungalows “Los Cárdenas” en Av. Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coord. Gral. de Sgd. Pub. Vialidad y Transito Mpal. de Oaxaca, dom. en Calle Margarita Maza de Juárez No. 112, Col. Reforma; dom. Av. Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fracc. “Casas Geo” de Xoxocotlan, Oax., propiedad del Tte. Nav. Manuel Moreno Rivas y dom. en calle José López Alavés Esq. con Prolongación Naranjos, Col. Reforma, propiedad del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas).
Asimismo, se tiene la sospecha de que Franco Vargas maneja a varios asesinos, como el Prof. Rafael Vicente Rodríguez Enríquez (a) “Andrés”, vinculado al EPR y con antecedentes de secuestrador, posiblemente Franco Vargas tiene que ver con la detonación de los artefactos explosivos en Sears de Plaza del Valle el 1°/. Ago. 2007, así como el que no explotó y que fue colocado en la sucursal de Banamex ubicada en la esq. de las calles de Naranjo y Dalias, Col. Reforma de Oaxaca, Oax., ya que este individuo llegó al lugar de los hechos sin ninguna causa justificada y antes que cualquier autoridad, además, existe el dato proporcionado por un agente del Cisen, que cuando el personal militar recogió las armas a la policía ministerial de Oaxaca el día 8 dic. 2006, observó en las oficinas de dicha corporación otros paquetes de aspecto similar al colocado en la sucursal de Banamex (…)
Muchos de los políticos locales, así como el suscrito, no se explican el por qué del apoyo y confianza ilimitada del gobernador Ulises Ruiz Ortiz hacia el Lic. Jorge Franco Vargas, quien es hijo del ex senador Jorge Eduardo Franco Jiménez; cabe destacar que Franco Vargas es un individuo impulsivo y megalómano, quien maneja abundantes recursos económicos del estado, entre ellos de seguridad pública, directamente del “Fondo Federal de Apoyo”, del cual ha dispuesto de 4 millones de pesos, mismos que no ha podido justificar; asimismo, este ex funcionario quita y pone funcionarios estatales de acuerdo a sus intereses de manera recurrente.
De igual modo, se sabe que 40 vehículos pertenecientes a la Dir. Gral. de Sgd. Pub. del Edo., se encuentran a disposición de manera irregular del Lic. José Murat Casab y del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas, entre los cuales se encuentra el vehículo que corresponde al director de dicha dependencia y que emplea Vera Salinas, y el de espionaje electrónico, destacando que cuando la Auditoria Superior de la Federación inspeccionó al gobierno del edo. recientemente, se negó a presentarla por medio del director de dicha dependencia, haciéndolo él directamente.
Así también, la misma dependencia, al pasar revista a las policías de su personal y equipo, pero Franco Vargas logró la anuencia del gobernador para que no se concentrara la gente comisionada con él. Sus elegantes oficinas y teléfonos de las mismas (Av. San Felipe No. 321-A, Tel. 5200935), son pagados por el gobierno del estado, con recursos del “Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo”; existe una erogación entre 5 y 6 mil pesos por concepto de pago de teléfono, destacando entre los números telefónicos con los que mantiene comunicación los de Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana y del Sr. Evencio Nicolás Martínez Ramirez, procurador gral. de Just. del Edo.
El sospechosismo del general
En otro reporte, Oropeza Garnica señala:
Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio Franco Vargas y los dos Ttes. de Navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del gobierno del estado.
Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaria de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general.
A partir del año 2007, en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Costa hubo un incremento de la delincuencia organizada, mediante actividades de narcotráfico, amenazas telefónicas, secuestros y extorsiones, principalmente los fines de semana en contra de comerciantes y personas que cuentan con solvencia económica; lo anterior en virtud de que las bandas delincuenciales actúan con apoyo y complicidad de algunos policías ministeriales y agentes del ministerio público corruptos que se coluden y los protegen, además de la existencia de un poder fáctico dirigido por Jorge Franco Vargas “El Chucky”, y con la complicidad de 2 ex jefes policiacos con formación militar en la Armada de México, amalgamaron un grupo de policías ministeriales y preventivos del estado de Oaxaca, que se ocuparon durante todo el año pasado de realizar espionaje político, pero también de propiciar actividades delictivas clasificadas dentro de la delincuencia organizada, que han ocasionado reposicionamiento de los grupos delictivos, asesinatos, secuestros, extorsiones, levantotes y disputas por las plazas de narcomenudeo, en virtud de que los informes de inteligencia, dicen que estos sujetos vendieron las plazas al cartel del Golfo.
Como éstos, son múltiples los reportes “a la superioridad” inspirados por el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, creídos y estructurados por el divisionario a quien el gobernador de Oaxaca despidió la semana pasada con una cena.
México • Carlos Marín

Respuesta de Ciro al EPR

Respuesta al EPR por Ciro Gomez Leyva en su columna La Historia en Breve

Milenio Diario, 6/05/2008;

Acuso recibo del comunicado del EPR. Respondo:

1. Nunca he afirmado que la “detención-desaparición de nuestros compañeros fue una fabricación del PDPR-EPR”. He manejado la hipótesis de que pudo haber sido producto de una cooptación y una purga en la que podría haber participado el gobierno de Oaxaca. Hipótesis que me sigue pareciendo plausible.

2. Como no tengo pruebas de que alguien del EPR haya sido cooptado por el gobierno de Oaxaca, no lo he afirmado. Lo esbocé como conjetura. Si consigo las pruebas, las publicaré.

3. También como hipótesis he propuesto que hubo contacto entre ustedes y el gobierno federal en “las tuberías”. Lo sostengo, aunque, periodísticamente, no puedo demeritar la negativa categórica que ustedes hacen en este comunicado.

4. Tengo elementos para proponer, que no afirmar con rotundidad, que el gobierno federal ha cumplido el acuerdo de investigar exhaustivamente sobre el paradero de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.

5. Tres veces en menos de un año he difundido la versión de Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes, quien, al igual que ustedes, responsabiliza de la desaparición de su padre a “los cuerpos represivos del Estado mexicano”.

6. Jamás he cuestionado la “actitud política y moral” del EPR. Tengo por ustedes el mismo respeto periodístico que por otros grupos o personajes sobre los que escribo o comento. Periodísticamente, también, afirmé que sus atentados de julio y septiembre contra Pemex fueron actos terroristas. Lo ratifico.

7. Coincido con ustedes en los errores que puede tener mi análisis sobre la estrategia y la lógica del EPR.

Releeré y estudiaré este comunicado. Mi trabajo no es bordar historias de buenos y malos, sino informar y tratar de ayudar a comprender. Gracias. (fin de la columna).

¿Intimididatorio?

Dice Francisco Garfias en su columna Arsenal de Excelsior que "mas allá del contenido de la réplica ejercida por el movimiento armado, lo que los comunicados plantean es la carga intimidatoria que puede significar, para un informador, el hecho de que una guerrilla que vuela ductos le dirija expresamente un comunicado para “desmentirlo”.

"Le preguntamos a Ciro si sintió el texto como una amenaza. Esto fue lo que nos respondió: “A lo largo de este año me he cansado de repetir que cuando bordas en torno de un poder, y ese poder se inconforma, lo último que puedes alegar es que se te amenaza. Atiendo la crítica, como lo hago siempre que escribo o transmito sobre un sujeto, y el EPR es uno de esos sujetos”.
Agrega "A partir de este martes se producirá la respuesta de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, a la investigación del gobierno federal sobre la supuesta existencia de una brigada blanca que persigue a opositores en esa convulsionada entidad.
La contraofensiva, coordinada por Jorge Franco, ex secretario de Gobierno y hombre de todas las confianzas del gobernador, consiste fundamentalmente en responsabilizar al Ejército de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dirigentes del EPR, aseguran fuentes bien informadas."

¿Enemigos del Estado?

Enemigos” del Estado
Álvaro Delgado, reportero
Revista proceso No 1644, 4/05/2008;

El panista Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, estaba fuera de sí y, ante el estupor de los miembros de la misión internacional que da seguimiento a los crímenes contra periodistas en México, estalló contra Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc):
–¡Usted es enemiga del Estado!
–¿Yo soy enemiga del Estado?
–¡Sí, usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!
Era el lunes 21 de abril y, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), se discutía el asesinato –el día 7– de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, en Putla de Guerrero, Oaxaca.
Un día antes de que les fuera otorgado, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Orientación a la Sociedad, Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, afirmó que ambas eran sólo “amas de casa” y que habían sido asesinadas por razones ajenas a la actividad informativa.
“Como en Amarc documentamos el caso, yo me permití expresarle que para nosotros sí eran periodistas y que, por la información con la que contamos, se les había asesinado por las denuncias que hacían de violaciones y agresiones a mujeres, pero también por hablar sobre la autonomía del municipio”, expone Calleja.
Castro le preguntó, enseguida, si ella tenía copia de un “contrato” específico para acreditar que ellas eran periodistas. “Yo le contesté que no existe, hasta el momento, ningún ordenamiento interno en el país que pudiera definir qué es ser periodista. Lo que sucede en este país es que, de manera discrecional y arbitraria, cada autoridad lo va definiendo”.
En la reunión con la misión internacional de documentación sobre ataques contra periodistas y medios de comunicación, que entre el 19 y 26 de abril realizó una visita a México, el funcionario –a quien los panistas dan condición de prócer– alegó, además, que La voz que rompe el silencio era una estación de radio que ni siquiera cuenta con permiso.
“Indudablemente esa es una falta administrativa –aceptó Calleja–, pero eso no justifica el asesinato de las dos locutoras y, además, el Estado sigue sin garantizarle a los pueblos indígenas lo que el artículo segundo constitucional dice, en el sentido de que tienen el derecho a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación.”
Calleja, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) –que preside el panista Javier Corral–, relata: “Él ya estaba bastante enojado en ese momento y refirió que el lugar donde habían sido los asesinatos, en Putla de Guerrero, queda en un estado donde, dijo textualmente, ‘existe ese gobernador de ese partido que apoya y fomenta a las radios comunitarias’.”.
–Putla de Guerrero –le corrigió ella– no queda en el estado de Guerrero, sino en Oaxaca, señor subprocurador, y no teníamos conocimiento de que el gobernador Zeferino Torreblanca (del primer estado) apoye a las radios comunitarias.
–Bueno, bueno, en Oaxaca, en ese estado, ese gobernador de ese partido ayuda a que proliferen radios comunitarias.
–No, ese gobernador de ese partido no, porque en Oaxaca es donde hemos tenido las mayores agresiones a radios comunitarias. Y esas agresiones, además, han sido atraídas por la propia Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, con lo cual las radios comunitarias y la gente que trabaja en ellas han sido reconocidas por el propio Estado como periodistas.
Después de puntualizar que el gobernador era el priista Ulises Ruiz, Calleja le recordó a Castro que el propio Estado ha reconocido a las radios comunitarias, inclusive dotándolas de permisos, porque han demostrado el servicio social que prestan a las comunidades.
“Pero, mire, no se trata de pelearnos –concilió–. Nosotros lo que intentamos es aportar a que los crímenes y las agresiones no queden en la impunidad, sino que se encuentre a los culpables y sean castigados, como debe ser en un estado de derecho. No entiendo por qué nos trata como enemigos del Estado.”
Castro la interrumpió y fue cuando, ante el asombro de los representantes de las organizaciones internacionales y el fiscal especial para delitos contra periodistas, Octavio Orellana, le imputó la condición de “enemiga del Estado”.
Ya para entonces, Castro se mostraba iracundo ante los integrantes de la misión, uno de los cuales, Darío Ramírez –de la organización no gubernamental Capítulo XIX y el único mexicano junto con Calleja–, le pidió respeto. “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”, respondió el funcionario.
Reclamo a Calderón
El espectáculo ofrecido por Castro –consejero jurídico de la Presidencia de la República con Vicente Fox, cargo del que se separó momentáneamente para, como diputado, liderar el desafuero del entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador– y la acusación contra Calleja se tradujo en el envío de una carta de las organizaciones internacionales a Felipe Calderón para informarle de esos hechos y exigirle una “disculpa”.
“Los miembros de la misión internacional desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de dicha subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas.
“Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito, por lo que esperamos una explicación y una disculpa por parte del gobierno federal ante esta delicada situación.”
La carta a Calderón, enviada el viernes 2, está firmada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la Internacional Media Support (IMS), el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), Reporteros sin Fronteras, Artículo XIX y la AMARC, y estaba en curso la firma del resto de las organizaciones de la misión: internacional Press Institute (IPI), Rory Peck Trust, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la comunicación se detalla a Calderón que los integrantes de la misión sostuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, víctimas y sus familiares, así como entrevistas con autoridades estatales y federales, entre ellas con Castro, quien “condujo la reunión en un tono confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.
Ante el fiscal especial Octavio Orellana, quien apenas si habló, María Salazar, del Centro de Protección a Periodistas, preguntó sobre los avances en el caso de Brad Will, asesinado en Oaxaca durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Castro “le preguntó que si ella tenía claro la calidad migratoria de Brad Will cuando ingresó al país. Ella le dijo que no y él le respondió que como ciudadano, que ni siquiera se presentó ante el Estado mexicano como periodista, pero aun así ellos tenían el caso”, describe Calleja, quien asegura que Castro puso en entredicho la calidad de periodista de Will y del medio para el que trabajaba, Indymedia.
Castro también se mostró hostil con Sahara de Jong, del Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), con sede en Bélgica, quien le hizo ver la condición de México como país peligroso para los periodistas. “A ver, ¿tiene usted elementos concretos para venir a decir que México es uno de los países con mayores problemas para periodistas? Y a ver, ¿qué dicen de Cuba, a ver cómo está Cuba con la libertad de expresión?”.
De Jong le respondió a Castro que sí tenía elementos para afirmarlo; le entregó un documento, y le aclaró: “Yo estoy con autoridades mexicanas para hablar de México, no para hablar de Cuba. Entonces, lo que yo quisiera es que habláramos de México y de los casos concretos, porque por más que usted me diga que no está tan grave la situación, lo único que vemos es que no hay, por lo menos en la mayor parte de los asesinatos y agresiones a periodistas, casos resueltos”.
Castro depuso, momentáneamente, su conducta hostil y respondió que había voluntad del gobierno de atender los casos de los crímenes, como la federalización de los delitos contra periodistas, pero no dio más información de la que ya tenían las organizaciones. “Y concluyó la reunión. Ya no había ambiente para seguir”, dice Calleja, quien se acercó al funcionario para despedirse.
–No entiendo la actitud de usted. La verdad es que para nosotros es importante saber qué están haciendo ustedes, sobre todo porque creo que podemos aportar elementos para que los casos no queden impunes.
–¡Tú estás hablando de impunidad y no existe impunidad! –respondió Castro–. Y les contesté así, a ti y a Darío, porque son mexicanos. A los extranjeros les contesto bien.
La misión emitirá en un mes su informe sobre la visita que hizo a México y, tal como se dice en la carta enviada a Calderón, incluirá la acusación de Castro contra Calleja, quien lamenta la conducta de choque del funcionario. “Es sumamente preocupante que se nos vea como enemigos del Estado, porque a los enemigos se les puede eliminar”.

La disputa por Tijuana

La disputa por Tijuana
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Revista Proceso no 1644, 4/05/2008;

El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, suplió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en la solución de un conflicto político: el enfrentamiento entre el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y el comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, quien acusó a funcionarios judiciales y mandos policiacos de la entidad de tener vínculos con el narcotráfico. Para zanjar las diferencias, Galván reunió en sus oficinas a autoridades civiles estatales y federales. Unas horas después, estalló una sangrienta batalla entre grupos en pugna del cártel de los Arellano Félix. Aponte tenía razón: policías locales participaron en ese hecho.
TIJUANA, BC.– La complicidad con el narcotráfico de funcionarios judiciales y mandos policiacos de Baja California y de la ciudad de Tijuana –ambas gobernadas por el PAN– provocó un enfrentamiento entre dos aliados del presidente Felipe Calderón: el Ejército y el gobernador de esa entidad, José Guadalupe Osuna Millán.
Tal conflicto ocurrió en medio de la crisis que sufre el cártel de los Arellano Félix, la cual se ha reflejado en matanzas, robos y levantones realizados en las últimas semanas y en los que han participado miembros de las corporaciones policiacas estatal y municipal de Tijuana.
El general de división Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar –una de las más importantes del país, pues comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora– lanzó un misil: en una carta pública difundida el pasado 23 de abril, expuso 11 casos en los que elementos de las policías estatales y municipales estuvieron involucrados en la protección a narcotraficantes.

Al ofrecer los hechos y los nombres de los agentes, el general confrontó al procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez, quien, ante previos señalamientos de Aponte Polito, había pedido pruebas: “Aquí las tiene”, apuntó el general en su misiva.
De paso, señaló varios casos de víncu-los con el narcotráfico por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Sobre este último punto, la oficina en Tijuana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registradas acusaciones contra policías federales por los delitos de robo y extorsión. El semanario Zeta documentó en abril pasado que incluso han actuado con órdenes de cateo apócrifas. El coordinador de las fuerzas federales en el estado es el general José Antonio Guzmán Cueto.
El arreglo
El general Aponte –próximo al retiro– ha concitado apoyo social por sus operativos contra el narcotráfico y por las críticas a las autoridades estatales y municipales.
Por ejemplo, el 19 de febrero de 2007, durante una ceremonia por el Día del Ejército, anunció la ruptura con la administración del entonces gobernador Eugenio Elorduy, a la que responsabilizó de proteger al narcotráfico.
Tras la llegada del gobierno de Osuna Millán, concentró sus críticas contra la Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo de Moreno Manjarrez. En varias ocasiones declaró a la prensa local que no hacía nada para sanear a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial del Estado de elementos vinculados con la delincuencia organizada.
Luego, tal como lo hizo en Sinaloa hace dos años, cuando fue comandante de la IX Zona Militar, Aponte Polito estableció un programa de denuncia ciudadana en el que no participan los cuerpos policiacos.
Así, a partir de enero pasado puso a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas de la II Región Militar y habilitó tres direcciones electrónicas para recibir denuncias. Una de ellas contiene una clara crítica a las corporaciones policiacas: nosotrossivamos2zm@yahoo.com.mx.
La respuesta fue masiva. No era para menos: Baja California es el estado con mayor incidencia delictiva. Tan sólo en los primeros cuatro meses del año se han registrado cerca de 150 homicidios y más de 70 secuestros relacionados con la delincuencia organizada.
A partir de las denuncias ciudadanas el Ejército realizó diversos operativos. No siempre la información era verídica, pero logró decomisos importantes.
Con sus críticas y sus acciones, el general se había convertido como uno de los principales actores de la vida pública estatal.
Sin embargo, su citada carta pública desató una crisis política. Para solucionarla, el gobierno federal no recurrió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sino al secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván.
El pasado 25 de abril se realizó una reunión en las oficinas del general secretario en la Ciudad de México. Acudió no sólo el comandante de la II Región Militar, sino el gobernador Osuna Millán y sus principales colaboradores: el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, y el procurador estatal de Justicia, Moreno Manjarrez. También estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Mouriño, y de Seguridad Pública, García Luna.

La participación de los funcionarios en dicha reunión, así como el lugar en que ésta se llevó a cabo, fueron confirmados el pasado 30 de abril por el procurador Moreno Manjarrez durante una entrevista con el reportero.
Fue un hecho significativo: autoridades civiles acudieron a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa para resolver, bajo las directrices del general Galván, un conflicto político.
Allí se habría llegado a un acuerdo: un acto público que pusiera énfasis en la coordinación entre el Ejército y las autoridades civiles.
Así se hizo: el 29 de abril Osuna Millán encabezó un acto en la explana del Palacio Municipal de Tijuana en el que anunció la segunda etapa del Operativo Baja California. Al evento acudió el general Aponte Polito. Fue, en los hechos, un acto que utilizó el gobernador para mostrarse como la máxima autoridad formal del estado y disminuir la presencia pública del general Aponte.
A ese acto no acudió García Luna, a pesar de que la prensa anunció su visita. Lo hizo en su lugar Facundo Rosas, subsecretario de Inteligencia y Estrategia Policial de la SSP, quien informó que llegarán al estado más de 100 policías federales para apoyar el Operativo Baja California.
–¿Y cuántos elementos más del Ejército vendrán al estado? –preguntó el reportero al general Aponte Polito al término del acto.
El militar evadió: “Por seguridad no puedo decir cuantos elementos”. Y declaró que “esta es una ceremonia de unión, de fortaleza y de apoyo que va a brindar el Ejército”.
La batalla
En la madrugada del 26 de abril –apenas unas horas después del encuentro en las oficinas de la Sedena en la Ciudad de México–, dos grupos del cártel de los Arellano Félix sostuvieron un enfrentamiento armado en el bulevar Insurgentes, a la altura del fraccionamiento Arboledas de esta ciudad.
La razón: la disputa interna por el liderazgo de esta organización delictiva, la cual ha quedado diezmada por la muerte, el encarcelamiento y extradición de sus principales jefes.
Los hechos le dieron la razón al general Aponte Polito: en la balacera, en la que extraoficialmente hubo al menos 15 muertos, participaron cinco agentes de la Policía Ministerial de la entidad y 10 de la Policía Municipal de Tijuana, según reportó el semanario Zeta. Curiosamente, ambas corporaciones están al mando de militares. El director de la Policía Municipal es el teniente coronel Julián Leyzaola; el de la Policía Ministerial del estado, el general Florencio Cuevas.
Uno de los bandos en disputa habría intentado eliminar al menos a 40 sicarios de un grupo contrario, al que acusó de “calentar la plaza” con la ola de secuestros, robos y asesinatos que ha disparado aún más la violencia en el estado.
De acuerdo con información oficial obtenida por Proceso, Fernando Sánchez Arellano o Francisco Sánchez Arellano, alias El Ingeniero o El Fer, ordenó la ejecución. Este capo es al parecer hijo de Alicia Arellano Félix y sobrino de Benjamín, Ramón y Francisco Javier Arellano Félix. El primero de estos hermanos se encuentra encarcelado en La Palma, Estado de México; el segundo, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, y el tercero, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua.
En febrero pasado el general Aponte informó que las actuales cabezas de la organización son los hermanos Eduardo y Enedina Arellano Félix, quienes radicarían en la vecina ciudad estadunidense de Los Ángeles. Ubicó como segundos en la línea de mando, encargados de las finanzas de la organización, a Manuel Aguirre, El Caballo, y a Gustavo Rivera, El Gus o el P1, recientemente detenido en Baja California Sur.
En el siguiente nivel estaría El Ingeniero, quien parece perfilarse como líder máximo del clan. Sin embargo, enfrenta la resistencia de algunos miembros del grupo, en particular de Teodoro García Simental, alias El Teo o El Tres Letras.
De acuerdo con información policial a la que tuvo acceso este semanario, los grupos en pugna se dividen geográficamente el control de la ciudad: El este es dominado por El Teo, apoyado por los sicarios José Filiberto Parra Ramos, alias La Perra, y Raydel Rosalio López, alias Luis Alfonso Velarde o El Muletas, de quien se cree que estuvo en la balacera del 26 de abril. El oeste es controlado por El Ingeniero, quien cuenta con el apoyo de su lugarteniente Jorge Briseño, El Cholo.
Además, en cada una de las nueve delegaciones en que se divide la ciudad, la policía estima que hay entre 150 y 200 sicarios, quienes se encargan del trasiego y distribución de droga, del narcomenudeo y de la vigilancia de estas operaciones.
De acuerdo con esta información, El Teo no reconoce la autoridad de El Ingeniero. No le contesta ya las llamadas. Y por su cuenta intensificó sus operaciones, en especial el secuestro. Incluso, contra personas cercanas a quien apunta ser el heredero de la organización.
La mañana del 24 de abril, un día después de la carta del general Aponte Polito y dos días antes del enfrentamiento, fueron levantadas dos personas. Una de ellas fue identificada como hermano de uno de los síndicos del pasado gobierno municipal de Jorge Hank Rohn. El secuestrado, quien se encontraba en una casa de seguridad en el lado este de la ciudad, fue liberado violentamente al día siguiente por la gente de El Cholo.
Dos meses antes, un empresario también cercano a El Ingeniero fue secuestrado por el grupo de El Teo. Sánchez Arellano le preguntó a García Simental si lo tenía, pero éste le aseguró que no. Según los informes policiales, el empresario identificó como uno de sus secuestradores a un sicario que participó en la balacera de la madrugada del 26 de abril.
A principios de ese mismo mes, tres agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fueron asesinados. Según la información policial a la que tuvo acceso el reportero, ello significó un rompimiento de los acuerdos de El Ingeniero con la PGR.
En respuesta a las acciones de El Teo, El Ingeniero ordenó la movilización de más de 100 de sus hombres. El objetivo era una ejecución masiva. Pretendía acabar hasta con 40 sicarios del grupo contrario. Pero fue él quien sacó la peor parte: perdió a importantes colaboradores.
Según la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) en el enfrentamiento murieron 13 personas y 10 más resultaron heridas, varias de gravedad. Un cadáver más fue rescatado por uno de los grupos. Un número indeterminado huyó.
Hasta el pasado 30 de abril, la PGJE informó que sólo cuatro de los fallecidos estaban identificados –jóvenes de entre 21 y 25 años de edad– y que dos de sus policías estaban desaparecidos desde la madrugada de la balacera, por lo que había iniciado el proceso de su remoción.
Se trata de Eduardo Logan Rojas y José Valentín García Topete, quienes tenían seis y 13 años de trabajar en la PGJE, respectivamente, y pertenecían al Grupo Contra Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. En el lugar de la balacera se encontró un auto Chevrolet Malibú color blanco, propiedad de la procuraduría estatal y a cargo de Logan. La dependencia no informó del resto de los vehículos o de más policías involucrados.
Los 10 heridos quedaron detenidos. Cinco de ellos ya fueron trasladados al Centro Nacional de Arraigos de la SIEDO, pues desde el 30 de abril el caso está en manos de la PGR, en la Ciudad de México. La mayoría de los detenidos también son jóvenes veinteañeros, incluida Ana Jenisse Heredia, presuntamente vinculada con una de las células de los Arellano.
Los heridos fueron concentrados en el Hospital General de Tijuana, que durante cinco días dejó de dar servicio a la población. El nosocomio fue resguardo por el Ejército y policías de diferentes corporaciones, lo mismo que las instalaciones de la delegación de la PGR en Tijuana, donde varios de los detenidos hicieron sus primeras declaraciones.
El 29 de abril, el general Aponte Polito ofreció datos que revelan la magnitud del enfrentamiento: se aseguraron 12 fusiles AK-47 y cuatro R-15, así como 47 cargadores de diferentes calibres, 2 mil 238 cartuchos, tres camionetas, logotipos de la policía municipal y otros artículos utilizados por los uniformados, como cascos, chalecos antibalas y cargadores para radios.
El enfrentamiento, que se extendió a otros dos puntos de la ciudad, dejó en el principal lugar de los hechos más de mil 500 casquillos percutidos. Además, los sicarios utilizaron una veintena de vehículos en la refriega.
Se trató del hecho más violento registrado en Tijuana.
Desencuentros
En entrevista con Proceso, el procurador estatal Moreno Manjarrez, responde a los señalamientos del general Aponte Polito: “Me recriminaron que no estuviera metido en los operativos. Pero dije que lo mío no eran las tácticas, sino las investigaciones, los asuntos periciales y legales. Además, hice ver mi desacuerdo en la participación de los militares en la procuración de justicia”, dice.
Excolaborador del general Rafael Macedo de la Concha cuando éste fue titular de la PGR, Moreno Manjarrez asegura: “Me tocó ver los desencuentros entre civiles y militares. Ni en la procuración y menos en la administración de justicia debe haber participación de militares porque no son abogados. Cuando el Congreso del estado me preguntó yo hablé de esa inconveniencia. No sé si fue el detonante (del conflicto con Aponte Polito)”.
Cuando este general comenzó a hacer señalamientos sobre la connivencia de policías estatales con narcotraficantes, el procurador estatal respondía con una frase: “Quiero pruebas”.
El jefe militar le replicó con la misiva pública del 23 de abril en la que acusó a la policía estatal, así como a la municipal y federal, de complicidad con el narcotráfico.
Todavía más, al día siguiente difundió en la prensa local otra carta en la que señaló a Sonia Patricia Navarro, una de las asesoras de Moreno Manjarrez, como antigua colaboradora de narcotraficantes.
Durante la entrevista con Proceso, Moreno Manjarrez defiende a Navarro, pero informa que está por iniciar el proceso de remoción de la funcionaria, quien ha interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable por las acusaciones en su contra, sin señalar directamente al general Aponte Polito.
El procurador también se vio obligado a suspender de forma preventiva a tres agentes de la Policía Ministerial del estado: Macario Nakay Jiménez, Hernando Villegas Delgado y Martín Guzmán Montelongo, a quienes el general también señaló en su carta como cómplices del narco.
La separación fue anunciada por el general Florencio Cuevas, director de la corporación, al término del “acto de reconciliación” que se realizó en la explanada del palacio municipal de Tijuana.
A pesar de la violenta disputa del narco por esta plaza, el discurso oficial en ese acto mediático fue enfático: los hechos sangrientos son resultado de los operativos y “la coordinación” de los gobiernos federal, estatal y municipal para enfrentar al narcotráfico en la entidad.