Discurso del Presidente Calderón en la XXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Palacio Nacionmal, 21 de Agosto de 2008
Palacio Nacionmal, 21 de Agosto de 2008
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Diputada Ruth Zavaleta, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Señoras y señores titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas: Gobernadores y Jefe de Gobierno.
Señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo de Seguridad.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales, religiosas.
Señores representantes de los medios de comunicación.
Ciudadanos.
Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Diputada Ruth Zavaleta, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Señoras y señores titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas: Gobernadores y Jefe de Gobierno.
Señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo de Seguridad.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales, religiosas.
Señores representantes de los medios de comunicación.
Ciudadanos.
Señoras y señores:
Agradezco su asistencia a esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ha sido convocado para atender un asunto de la mayor urgencia y relevancia para la Nación.
Este Consejo es la instancia superior de coordinación en la cual estamos llamados a tomar los acuerdos necesarios para dar respuesta al reclamo más urgente de los ciudadanos: recuperar las condiciones mínimas de seguridad que requieren para vivir en paz.
Los ciudadanos nos exigen, con toda justicia, que las autoridades pongamos un freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades, la cual ha emprendido una ofensiva violenta contra la sociedad en su intento por mantener impune su actividad.
Hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos.
Además de nuestros propios errores u omisiones, México padece hoy las consecuencias de muchos años de indolencia o corrupción ante el cáncer de la criminalidad, que se fue enquistando en diversos órdenes o comunidades de la geografía nacional, hasta ser vista como parte nuestra vida cotidiana.
Este cáncer, ignorado en su génesis y desarrollo por largo tiempo, ahora amenaza el bienestar y el futuro de nuestras familias, y es un desafío para la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
No se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entendamos como ajenas. La verdad es que todos somos responsables.
Se trata de reflexionar y reconocer que la forma tradicional de combatir a la inseguridad ha sido insuficiente y que ha llegado la hora de actuar de manera mucho más coordinada y mucho más vigorosa entre nosotros y de cara a la sociedad.
Con todo, hoy contamos con nuevas herramientas para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Tenemos un marco jurídico que establece las bases para un sistema de procuración e impartición de justicia más eficaz.
Se trata de la recién aprobada Reforma Constitucional en Materia Penal que debe enmarcar la Estrategia Nacional de Seguridad que pusimos en marcha, a partir de su aprobación en este Consejo de Seguridad.
Esta Reforma nos permite a los tres órdenes de Gobierno y a los tres Poderes de la Unión, asumir la guerra frontal contra la delincuencia como lo que debe ser: un asunto de Estado, un asunto de seguridad nacional; frente a la tentación de ignorar o minimizar el problema de la inseguridad pública, debemos optar claramente por reconocerlo y encararlo con toda determinación.
Debemos hacerlo aplicando toda la fuerza del Estado con una estrategia integral y de largo aliento.
Una de las mayores causas de indignación y frustración entre los ciudadanos lo constituye la impunidad en la que actúan los delincuentes debida a diversos factores; uno de ellos, la incapacidad de las autoridades para realizar una eficaz investigación de los delitos, sea por falta de preparación, sea por falta de recursos o, incluso, por falta de compromiso verdadero para hacerlo.
Otra razón es que la grave impunidad que enfrentamos se vincula también al grado de encubrimiento o de franco involucramiento con el que cuenta la criminalidad en algunos cuerpos policiacos o en servidores públicos de distintos niveles, que por intimidación, la mayoría de las veces, o por cooptación en otras, ha dado paso franco a la acción de grupos criminales.
Es fundamental que el ya basta, expresado por la ciudadanía, lo sepamos traducir en acciones concretas, que restituyan la confianza en nosotros y en las policías encargadas de cuidarnos.
Debemos frenar a la delincuencia: un primer paso es sacarla de nuestra propia casa.
Un fenómeno que observamos es que los criminales, a partir de su incrementada capacidad de fuego y de la impunidad, pretenden tomar el control de zonas, ciudades, pueblos o regiones del país.
Es fundamental que diseñemos estrategias que nos permitan recuperar, en favor del Estado mexicano, el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes.
Por ello, es fundamental adoptar un nuevo modelo de formación policial en los tres Órdenes de Gobierno, para crear una nueva generación de policías, con elevados estándares de ética, profesionalismo y capacitación, que cuenten, además, con las mejores tecnologías y el mejor armamento para combatir al crimen.
Ese nuevo modelo, debe permitirnos depurar, profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiacos, para contar nuevamente con policías confiables para gobernantes y para gobernados.
Policías que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes, que combatan a la delincuencia y no se hagan cómplices de ella o la ignoren deliberadamente. Esta afirmación, que es tan elemental: policías que cuiden a los ciudadanos, es a la vez clave para el éxito o el fracaso de nuestro propósito común.
Adicionalmente, para ganar la guerra que la criminalidad ha desatado contra la sociedad, es fundamental que el Estado se provea de todos los instrumentos que le permitan adquirir superioridad técnica, logística o de armamento, para ello debemos replantearnos las capacidades de operación y de acceso tecnológico de las policías del país. En mi opinión, debemos avanzar mucho más rápido en consolidar el Sistema Único de Información Criminalística.
La lucha contra la delincuencia sólo se puede ganar con información precisa, con inteligencia construida a partir de esa información, con estrategia integral y con inteligencia policial.
Escalar el armamento con el que puedan contar policías, de quienes nos hayamos asegurado de su confiabilidad y aumentar los recursos presupuestales destinados a la seguridad en los tres Órdenes de Gobierno.
Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas en las investigaciones criminales para resolver los delitos, terminar con la impunidad y combatir a la delincuencia más eficazmente.
Por otra parte, tenemos que replantear el trabajo público a partir de una política de prevención social del delito, mucho más audaz, mucho más activa y mucho más eficaz.
Esta batalla la tenemos que ganar, no sólo persiguiendo a los criminales, sino evitando que nuestras familias, que ciudadanos, que los jóvenes, sean presa fácil de sus intereses; la tenemos que ganar recuperando espacios públicos que hoy están en poder de la delincuencia, defendiendo nuestras escuelas, a los niños y a los jóvenes de la delincuencia, librándolos de las drogas, del vandalismo.
Proporcionarles, también, oportunidades de superación, de deporte, de entretenimiento y de trabajo en zonas de mayor vulnerabilidad al delito.
Un elemento clave que ha estado ausente de nuestras consideraciones y políticas es la participación de los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos ocupen el espacio de participación al que tienen derecho y que reclaman, y que no se los hemos proporcionado adecuadamente.
Hoy se requiere no sólo policías que vigilen a los ciudadanos, sino paradójicamente, por la situación a la que hemos llegado, también ciudadanos que vigilen a las policías.
Necesitamos ciudadanos que nos ayuden a recomponer el tejido social destruido por la delincuencia y cuya carencia a la vez es campo propicio para su expansión y para mayor criminalidad.
Ciudadanos que denuncien la corrupción en los gobiernos, y que nos proporcionen información de quiénes son y qué hacen los criminales que los acosan a diario.
Y, además, posibilitar que hagan y entreguen esta información sin que corra riesgo su integridad física y la de su familia.
Esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados entre nosotros; mucho menos puede ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas.
Tampoco puede ser producto de la improvisación. La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo en donde encuentre la plena coordinación de nosotros, a fin de atender sus demandas más sentidas en seguridad pública.
Es por ello que, en cumplimiento del deber de Presidente de la República, hemos impulsado una lucha frontal contra organizaciones criminales para enfrentar con firmeza y determinación este mal, porque sabemos que lo que está en juego es el presente y el futuro de México.
Sin embargo, sólo podremos ganar la guerra a la delincuencia y al crimen si contamos con el compromiso y la participación de todos y cada uno de quienes conformamos el Estado mexicano y sus órganos representativos, los órganos de Poder y los niveles de Gobierno.
El desafío es indiscutible e inaplazable. No tenemos tiempo que perder ni esfuerzo o recursos que escatimar.
Hoy, la situación que vive la ciudadanía nos exige y nos convoca a todos: al Ejecutivo Federal, al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, a las autoridades y congresos estatales, a los cabildos y presidentes municipales, a los partidos políticos, al sector productivo, a los empresarios y a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las asociaciones religiosas, a las instituciones académicas y a todos los ciudadanos, a fin de concretar acciones concretas para enfrentar la delincuencia.
Por eso hemos sido convocados por el empuje de la ciudadanía y por eso hoy convocamos a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En esta Sesión de Consejo tenemos oportunidad de formalizar los primeros compromisos concretos que nos permitan atender la urgente tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Construir un acuerdo que contribuya a la integralidad de la Estrategia Nacional de Seguridad, un acuerdo que contemple políticas para la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la readaptación social; que tenga como prioridad la participación ciudadana, la generación de inteligencia policial y el empleo de modernas tecnologías en el combate al delito.
Que contemple la modernización de la legislación en la materia, el establecimiento de mecanismos para el control de confianza de los miembros de las policías y las instituciones de seguridad y justicia.
Así, este Acuerdo Nacional propone que asumamos, entre muchos otros, compromisos en temas de vital importancia como los siguientes:
Que los tres órdenes de Gobierno tomemos medidas contundentes y marcadas por plazos perentorios para la depuración y certificación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Que diseñemos y pongamos en práctica una estrategia nacional antisecuestro y la formación de unidades estatales especializadas sobre este delito o el fortalecimiento de las muchas que ya existen en el país.
La creación de nuevos centros federales de readaptación social de alta seguridad con módulos especiales para secuestradores.
El fortalecimiento del Sistema Único de Información Criminal para contar con inteligencia policial y tecnología.
El diseño de sistemas que permitan la ubicación en tiempo real de teléfonos móviles utilizados por los delincuentes para sus actividades.
Un sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales o locales, en seguridad y procuración de justicia; mejores instrumentos de denuncia anónima, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de recompensa.
Medidas para la prevención, como la recuperación organizada de espacios públicos, la protección de escuelas y comunidades educativas, y la prevención y el tratamiento de adicciones.
El Acuerdo Nacional busca formalizar el compromiso del Poder Legislativo para dictaminar y resolver, en el ámbito de su competencia, iniciativas que permitan poner en práctica reformas al Sistema de Seguridad y Justicia Penal, o establecer legislaciones tales como una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es fundamental que los medios de comunicación también se sumen a esta lucha por un México más seguro, y permitan que los contenidos que difunden fortalezcan la cultura del respeto a la legalidad, de la denuncia y de la prevención del delito y eviten la difusión de programas que hagan apología del mismo.
Finalmente, uno de los elementos torales de este Acuerdo propone la creación de un observatorio ciudadano que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de nuestro compromiso para que sea la sociedad misma, los ciudadanos, quienes den seguimiento puntal a nuestras acciones y reconozcan o sancionen a las autoridades que cumplan o no con sus tareas.
Más allá de divisiones de competencia, todos los actores debemos unirnos en lo esencial.
Debemos coordinarnos para enfrentar de raíz la espiral de violencia que ha envuelto de miedo a muchas de nuestras comunidades.
Debemos unirnos para recuperar el control que el Estado nunca debió ni debe perder sobre su territorio.
Hay que hablar claro, la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le fue brindando la impunidad; impunidad que se ha abierto camino en medio de nuestras insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas.
Impunidad que, aprovechándose de una mala entendida división de competencias entre autoridades y Órdenes de Gobierno, ha encontrado el camino a sus anchas para delinquir.
Impunidad que se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas o de investigar, o de procurar o de impartir justicia.
Impunidad que ha avanzando, plaza por plaza, debido al miedo, a la intimidación y por desgracia, también, a la corrupción, en algunos casos, de autoridades o quienes han decidido darle cobijo a los delincuentes.
Por ello, no debemos olvidar que la función misma de la autoridad es actuar con la mayor diligencia en la tarea de servir a los ciudadanos.
Como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía.
Señoras y señores:
De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones. Debe quedar claro que este Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es una respuesta de Estado con compromisos concretos que requieren ser verificados en su cumplimiento en el tiempo, es una respuesta a un reclamo justo, cuya atención no podemos posponer más.
El futuro de México depende en gran medida de la capacidad que hoy mostremos para construir los acuerdos, y el día de mañana para seguir con una estrategia constante, perseverante, permanente, para recuperar la seguridad perdida en el país.
Con unidad México vencerá al flagelo de la delincuencia, porque somos más, muchos millones más quienes estamos dispuestos a luchar por la seguridad de nuestros hijos y por el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a vivir en una Nación de libertades, de orden, de legalidad y de paz.
Yo estoy seguro de que con unidad, los mexicanos vamos a construir el México seguro y libre de violencia que queremos para nuestras familias y que queremos legar a las generaciones por venir.
Sea éste el principio de un gran esfuerzo nacional, un gran esfuerzo de Estado, para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Bienvenidos y enhorabuena.
Este Consejo es la instancia superior de coordinación en la cual estamos llamados a tomar los acuerdos necesarios para dar respuesta al reclamo más urgente de los ciudadanos: recuperar las condiciones mínimas de seguridad que requieren para vivir en paz.
Los ciudadanos nos exigen, con toda justicia, que las autoridades pongamos un freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades, la cual ha emprendido una ofensiva violenta contra la sociedad en su intento por mantener impune su actividad.
Hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos.
Además de nuestros propios errores u omisiones, México padece hoy las consecuencias de muchos años de indolencia o corrupción ante el cáncer de la criminalidad, que se fue enquistando en diversos órdenes o comunidades de la geografía nacional, hasta ser vista como parte nuestra vida cotidiana.
Este cáncer, ignorado en su génesis y desarrollo por largo tiempo, ahora amenaza el bienestar y el futuro de nuestras familias, y es un desafío para la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
No se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entendamos como ajenas. La verdad es que todos somos responsables.
Se trata de reflexionar y reconocer que la forma tradicional de combatir a la inseguridad ha sido insuficiente y que ha llegado la hora de actuar de manera mucho más coordinada y mucho más vigorosa entre nosotros y de cara a la sociedad.
Con todo, hoy contamos con nuevas herramientas para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Tenemos un marco jurídico que establece las bases para un sistema de procuración e impartición de justicia más eficaz.
Se trata de la recién aprobada Reforma Constitucional en Materia Penal que debe enmarcar la Estrategia Nacional de Seguridad que pusimos en marcha, a partir de su aprobación en este Consejo de Seguridad.
Esta Reforma nos permite a los tres órdenes de Gobierno y a los tres Poderes de la Unión, asumir la guerra frontal contra la delincuencia como lo que debe ser: un asunto de Estado, un asunto de seguridad nacional; frente a la tentación de ignorar o minimizar el problema de la inseguridad pública, debemos optar claramente por reconocerlo y encararlo con toda determinación.
Debemos hacerlo aplicando toda la fuerza del Estado con una estrategia integral y de largo aliento.
Una de las mayores causas de indignación y frustración entre los ciudadanos lo constituye la impunidad en la que actúan los delincuentes debida a diversos factores; uno de ellos, la incapacidad de las autoridades para realizar una eficaz investigación de los delitos, sea por falta de preparación, sea por falta de recursos o, incluso, por falta de compromiso verdadero para hacerlo.
Otra razón es que la grave impunidad que enfrentamos se vincula también al grado de encubrimiento o de franco involucramiento con el que cuenta la criminalidad en algunos cuerpos policiacos o en servidores públicos de distintos niveles, que por intimidación, la mayoría de las veces, o por cooptación en otras, ha dado paso franco a la acción de grupos criminales.
Es fundamental que el ya basta, expresado por la ciudadanía, lo sepamos traducir en acciones concretas, que restituyan la confianza en nosotros y en las policías encargadas de cuidarnos.
Debemos frenar a la delincuencia: un primer paso es sacarla de nuestra propia casa.
Un fenómeno que observamos es que los criminales, a partir de su incrementada capacidad de fuego y de la impunidad, pretenden tomar el control de zonas, ciudades, pueblos o regiones del país.
Es fundamental que diseñemos estrategias que nos permitan recuperar, en favor del Estado mexicano, el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes.
Por ello, es fundamental adoptar un nuevo modelo de formación policial en los tres Órdenes de Gobierno, para crear una nueva generación de policías, con elevados estándares de ética, profesionalismo y capacitación, que cuenten, además, con las mejores tecnologías y el mejor armamento para combatir al crimen.
Ese nuevo modelo, debe permitirnos depurar, profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiacos, para contar nuevamente con policías confiables para gobernantes y para gobernados.
Policías que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes, que combatan a la delincuencia y no se hagan cómplices de ella o la ignoren deliberadamente. Esta afirmación, que es tan elemental: policías que cuiden a los ciudadanos, es a la vez clave para el éxito o el fracaso de nuestro propósito común.
Adicionalmente, para ganar la guerra que la criminalidad ha desatado contra la sociedad, es fundamental que el Estado se provea de todos los instrumentos que le permitan adquirir superioridad técnica, logística o de armamento, para ello debemos replantearnos las capacidades de operación y de acceso tecnológico de las policías del país. En mi opinión, debemos avanzar mucho más rápido en consolidar el Sistema Único de Información Criminalística.
La lucha contra la delincuencia sólo se puede ganar con información precisa, con inteligencia construida a partir de esa información, con estrategia integral y con inteligencia policial.
Escalar el armamento con el que puedan contar policías, de quienes nos hayamos asegurado de su confiabilidad y aumentar los recursos presupuestales destinados a la seguridad en los tres Órdenes de Gobierno.
Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas en las investigaciones criminales para resolver los delitos, terminar con la impunidad y combatir a la delincuencia más eficazmente.
Por otra parte, tenemos que replantear el trabajo público a partir de una política de prevención social del delito, mucho más audaz, mucho más activa y mucho más eficaz.
Esta batalla la tenemos que ganar, no sólo persiguiendo a los criminales, sino evitando que nuestras familias, que ciudadanos, que los jóvenes, sean presa fácil de sus intereses; la tenemos que ganar recuperando espacios públicos que hoy están en poder de la delincuencia, defendiendo nuestras escuelas, a los niños y a los jóvenes de la delincuencia, librándolos de las drogas, del vandalismo.
Proporcionarles, también, oportunidades de superación, de deporte, de entretenimiento y de trabajo en zonas de mayor vulnerabilidad al delito.
Un elemento clave que ha estado ausente de nuestras consideraciones y políticas es la participación de los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos ocupen el espacio de participación al que tienen derecho y que reclaman, y que no se los hemos proporcionado adecuadamente.
Hoy se requiere no sólo policías que vigilen a los ciudadanos, sino paradójicamente, por la situación a la que hemos llegado, también ciudadanos que vigilen a las policías.
Necesitamos ciudadanos que nos ayuden a recomponer el tejido social destruido por la delincuencia y cuya carencia a la vez es campo propicio para su expansión y para mayor criminalidad.
Ciudadanos que denuncien la corrupción en los gobiernos, y que nos proporcionen información de quiénes son y qué hacen los criminales que los acosan a diario.
Y, además, posibilitar que hagan y entreguen esta información sin que corra riesgo su integridad física y la de su familia.
Esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados entre nosotros; mucho menos puede ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas.
Tampoco puede ser producto de la improvisación. La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo en donde encuentre la plena coordinación de nosotros, a fin de atender sus demandas más sentidas en seguridad pública.
Es por ello que, en cumplimiento del deber de Presidente de la República, hemos impulsado una lucha frontal contra organizaciones criminales para enfrentar con firmeza y determinación este mal, porque sabemos que lo que está en juego es el presente y el futuro de México.
Sin embargo, sólo podremos ganar la guerra a la delincuencia y al crimen si contamos con el compromiso y la participación de todos y cada uno de quienes conformamos el Estado mexicano y sus órganos representativos, los órganos de Poder y los niveles de Gobierno.
El desafío es indiscutible e inaplazable. No tenemos tiempo que perder ni esfuerzo o recursos que escatimar.
Hoy, la situación que vive la ciudadanía nos exige y nos convoca a todos: al Ejecutivo Federal, al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, a las autoridades y congresos estatales, a los cabildos y presidentes municipales, a los partidos políticos, al sector productivo, a los empresarios y a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las asociaciones religiosas, a las instituciones académicas y a todos los ciudadanos, a fin de concretar acciones concretas para enfrentar la delincuencia.
Por eso hemos sido convocados por el empuje de la ciudadanía y por eso hoy convocamos a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En esta Sesión de Consejo tenemos oportunidad de formalizar los primeros compromisos concretos que nos permitan atender la urgente tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Construir un acuerdo que contribuya a la integralidad de la Estrategia Nacional de Seguridad, un acuerdo que contemple políticas para la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la readaptación social; que tenga como prioridad la participación ciudadana, la generación de inteligencia policial y el empleo de modernas tecnologías en el combate al delito.
Que contemple la modernización de la legislación en la materia, el establecimiento de mecanismos para el control de confianza de los miembros de las policías y las instituciones de seguridad y justicia.
Así, este Acuerdo Nacional propone que asumamos, entre muchos otros, compromisos en temas de vital importancia como los siguientes:
Que los tres órdenes de Gobierno tomemos medidas contundentes y marcadas por plazos perentorios para la depuración y certificación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Que diseñemos y pongamos en práctica una estrategia nacional antisecuestro y la formación de unidades estatales especializadas sobre este delito o el fortalecimiento de las muchas que ya existen en el país.
La creación de nuevos centros federales de readaptación social de alta seguridad con módulos especiales para secuestradores.
El fortalecimiento del Sistema Único de Información Criminal para contar con inteligencia policial y tecnología.
El diseño de sistemas que permitan la ubicación en tiempo real de teléfonos móviles utilizados por los delincuentes para sus actividades.
Un sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales o locales, en seguridad y procuración de justicia; mejores instrumentos de denuncia anónima, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de recompensa.
Medidas para la prevención, como la recuperación organizada de espacios públicos, la protección de escuelas y comunidades educativas, y la prevención y el tratamiento de adicciones.
El Acuerdo Nacional busca formalizar el compromiso del Poder Legislativo para dictaminar y resolver, en el ámbito de su competencia, iniciativas que permitan poner en práctica reformas al Sistema de Seguridad y Justicia Penal, o establecer legislaciones tales como una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es fundamental que los medios de comunicación también se sumen a esta lucha por un México más seguro, y permitan que los contenidos que difunden fortalezcan la cultura del respeto a la legalidad, de la denuncia y de la prevención del delito y eviten la difusión de programas que hagan apología del mismo.
Finalmente, uno de los elementos torales de este Acuerdo propone la creación de un observatorio ciudadano que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de nuestro compromiso para que sea la sociedad misma, los ciudadanos, quienes den seguimiento puntal a nuestras acciones y reconozcan o sancionen a las autoridades que cumplan o no con sus tareas.
Más allá de divisiones de competencia, todos los actores debemos unirnos en lo esencial.
Debemos coordinarnos para enfrentar de raíz la espiral de violencia que ha envuelto de miedo a muchas de nuestras comunidades.
Debemos unirnos para recuperar el control que el Estado nunca debió ni debe perder sobre su territorio.
Hay que hablar claro, la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le fue brindando la impunidad; impunidad que se ha abierto camino en medio de nuestras insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas.
Impunidad que, aprovechándose de una mala entendida división de competencias entre autoridades y Órdenes de Gobierno, ha encontrado el camino a sus anchas para delinquir.
Impunidad que se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas o de investigar, o de procurar o de impartir justicia.
Impunidad que ha avanzando, plaza por plaza, debido al miedo, a la intimidación y por desgracia, también, a la corrupción, en algunos casos, de autoridades o quienes han decidido darle cobijo a los delincuentes.
Por ello, no debemos olvidar que la función misma de la autoridad es actuar con la mayor diligencia en la tarea de servir a los ciudadanos.
Como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía.
Señoras y señores:
De la formalización y, sobre todo, del cumplimiento de este Acuerdo, dependerá que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza en la autoridad; los compromisos que aquí asumamos no constituyen una carta de buenas intenciones. Debe quedar claro que este Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es una respuesta de Estado con compromisos concretos que requieren ser verificados en su cumplimiento en el tiempo, es una respuesta a un reclamo justo, cuya atención no podemos posponer más.
El futuro de México depende en gran medida de la capacidad que hoy mostremos para construir los acuerdos, y el día de mañana para seguir con una estrategia constante, perseverante, permanente, para recuperar la seguridad perdida en el país.
Con unidad México vencerá al flagelo de la delincuencia, porque somos más, muchos millones más quienes estamos dispuestos a luchar por la seguridad de nuestros hijos y por el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a vivir en una Nación de libertades, de orden, de legalidad y de paz.
Yo estoy seguro de que con unidad, los mexicanos vamos a construir el México seguro y libre de violencia que queremos para nuestras familias y que queremos legar a las generaciones por venir.
Sea éste el principio de un gran esfuerzo nacional, un gran esfuerzo de Estado, para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Bienvenidos y enhorabuena.
