Fernando Gómez Mont, llamó a concebir la agenda de gobierno como la suma de visiones y voluntades, pues en una sociedad moderna y democrática no hay cabida para la autarquía como costumbre ni para la violencia como fuerza.
Entrevistado en el marco de la conmemoración del 97 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, en la sede del Archivo General de la Nación, sostuvo que "éste es el compromiso que hoy ofrece el presidente de la República" Felipe Calderón Hinojosa.
El compromiso es fortalecer sus instituciones, incorporar a todos sus actores, ser respetuosos, ser tolerantes, hacer coincidir nuestras motivaciones personales con las necesidades sociales, detalló el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La democracia se nutre de la confianza ciudadana en la eficacia de la política, por lo que la indefinición, la mezquindad y el oportunismo nunca son, en el largo plazo, estrategias redituables en el quehacer político, ni son formas honestas de encarar la encomienda del servicio público, abundó.
Por otra parte, el secretario ofreció "buena fe y seriedad" en la interlocución que mantiene con los partidos políticos y afirmó que mientras esté al frente de esa dependencia, cumplirá con sus responsabilidades "con un sentido de trabajo y seriedad".
"Lo que ofrezco es buena fe y seriedad de interlocución con todos los partidos políticos", externó.
En el acto estuvo acompañado por la Comisionada para el Desarrollo Político de la Segob, Blanca Heredia Rubio; el oficial mayor de la dependencia, Manuel Rodríguez, así como por Teresa Sada de Madero y Lucila Garza de Madero, sobrinas-nietas de Francisco I. Madero
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Hoy, a cien años de la Revolución, lo recordamos en la certidumbre de que el futuro de la patria será indisociable del ideal democrático que él vislumbro.
Madero fue fundamentalmente un hombre de paz. Sus convicciones y su talante lo acercaban más al trabajo político, a la construcción de ciudadanía, que al campo de batalla. El levantamiento armado no fue nunca, desde su óptica, la alternativa idónea; fue la única salida posible ante la autarquía, la intransigencia y la represión. La Revolución fue inevitable porque el régimen buscó en la opresión el mecanismo para ignorar la necesidad de transformarse, para postergar los cambios que se sabían necesarios.
l antirreeleccionismo, como ya lo he dicho en otros espacios, no pugnaba por limitar a un solo periodo de ejercicio todos los cargos de elección popular. En concreto, esta restricción no se planteaba para los legisladores.
El lema de "sufragio efectivo, no reelección" fue un llamado a derribar una estructura que concentraba el poder en el Ejecutivo, y que había devenido dictatorial e inmóvil; eran las palabras que daban expresión y contundencia a la exigencia de no tolerar más que la voz de un solo hombre se impusiera sobre la voluntad de una nación entera, de no incorporar nuevas visiones, nuevas alternativas en la consolidación de realidades.
El lema y el ideario de Madero indudablemente tienen y seguirán teniendo vigencia en el México contemporáneo.
El asesinato del Presidente Madero, junto con su Vicepresidente José María Pino Suárez, aquí, en este Palacio de Lecumberri, marcó uno de los periodos más oscuros de nuestra vida como nación. Una época en la que la violencia suplantó a la política con un costo económico y social, pero sobre todo humano, incalculable. La fuerza no debe ser el mecanismo para zanjar diferencias, ni para resolver el disenso; mucho menos el crimen la vía para alcanzar el poder. Los mexicanos hemos aprendido esta lección histórica y hemos sido muy cuidadosos con ella.
Construir ciudadanía y buen gobierno siguen siendo tareas que no ejercemos a plenitud. En gran parte, porque los incentivos institucionales no están suficientemente alineados para propiciar la participación ciudadana y la corresponsabilidad política.
A lo largo de las últimas décadas, los mexicanos nos apropiamos plenamente de la reivindicación que fue el núcleo de la lucha de Madero: el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes. Sin embargo, hoy advertimos una creciente impaciencia en la ciudadanía para que esta conquista se cristalice con mayor equidad; en la erradicación de los privilegios que inhiben el potencial de nuestra economía; en la aplicación irrestricta de la ley sobre aquellos pocos que persisten en recurrir a la violencia.
La vigencia de Madero es indiscutible a la luz de las exigencias democráticas de nuestra ciudadanía.
Algunos ciudadanos manifiestan hoy insatisfacción con una clase política que sienten ajena, en cuya agenda no reconocen la propia y cuya atención no saben atraer. El reclamo no se debe desoír, su atención no se puede postergar. Debemos reconocer que, a 100 años de la revolución, México nuevamente requiere una transformación profunda y que hoy existen los mecanismos para impulsarla por la vía institucional.
Esta transformación puede darse por la vía del fortalecimiento de nuestra democracia. No hay quién se beneficie de la parálisis y el desencanto, del desprestigio de la política como medio para solucionar controversias.
La democracia se nutre de la confianza ciudadana en la eficacia de la política; confianza que sirve de activo fundamental para todo gobierno y para todo partido. Por lo mismo, la indefinición, la mezquindad y el oportunismo nunca son, en el largo plazo, estrategias redituables dentro del quehacer político, ni son formas honestas de encarar la encomienda del servicio público.
En el Gobierno del Presidente Calderón hemos asumido el reto de acelerar los cambios necesarios para que el país conjugue mejores realidades. Todo gobierno se nutre de la retroalimentación con sus ciudadanos, de conocer el impacto de sus acciones en las distintas experiencias.
En días pasados, el país ha volteado su vista a la problemática de inseguridad en Ciudad Juárez. La estrategia de combate al narcotráfico que busca como objetivo final la reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad pública y la modernización de nuestro sistema de impartición de justicia, se fue concatenando con problemáticas sociales profundas y de diversa índole.
La descomposición social y la falta de confianza en la autoridad, entre otras urgencias, han logrado movilizar a la ciudadanía para exigir el derecho de vivir su realidad sin miedo. El gobierno ha atendido a este llamado y ha escuchado a los juarenses para que, entre todos, podamos delinear estrategias más eficaces y más exitosas.
Tenemos la convicción de la necesidad de incorporar la visión ciudadana a la transformación de una realidad compartida.
Pero no debemos esperar que la desesperación motive a la ciudadanía, que sea la crisis la que marque las adecuaciones en el camino. El objetivo de todo gobierno democrático debe ser cumplir con las expectativas de sus ciudadanos a tiempo.
Para ello, el primer paso debe ser escuchar sus demandas y generar un vínculo de retroalimentación. En ese entendido, el Ejecutivo federal propuso en diciembre pasado una iniciativa de reforma política orientada a fortalecer la incidencia ciudadana en la agenda pública y a facilitar la toma de decisiones políticas desde la construcción de acuerdos.
La iniciativa de reforma contempla la incorporación constitucional de la figura de candidaturas independientes y de iniciativa ciudadana. Estos mecanismos posibilitan una democracia más participativa, una ciudadanía más activa. El reconocimiento de la pluralidad democrática nos obliga a permitir el ejercicio de poder político a los ciudadanos que, sin sentirse plenamente representados por ninguno de los partidos, tengan el respaldo ciudadano para competir por un cargo de elección o promover una iniciativa legislativa.
Por otro lado, creemos que la aprobación de la ciudadanía pasa por fortalecer los mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas.
La elección consecutiva de legisladores actúa en ambos sentidos, ofreciendo los incentivos para que los legisladores atiendan las demandas de su electorado y para que los ciudadanos supervisen dicha atención.
Reitero en este espacio que la prohibición para la reelección legislativa no fue un principio revolucionario. Por el contrario, fue un mecanismo de concentración del poder alrededor del Presidente que se incorporó hasta 1933 al texto constitucional, mismo que, hasta entonces, lo había permitido buscando fortalecer al Congreso y generar un contrapeso efectivo a la figura presidencial.
Por otro lado, la iniciativa contempla figuras que permitan construir mayorías legislativas definidas por el electorado o acordadas de cara a la ciudadanía.
Así funciona la segunda vuelta presidencial. En caso de darse la segunda vuelta, al volverla concurrente con la elección legislativa, se ofrece la oportunidad del electorado de otorgar un apoyo fuerte o un contrapeso fuerte al Presidente. Por otro lado, fortalece a las fuerzas políticas minoritarias, dada la necesidad de construir acuerdos con los punteros.
Estos apoyos deberían darse de cara a la gente y serán sustentadas por el periodo previo de debate profundo de las alternativas propuestas al electorado. Creemos que la segunda vuelta presidencial puede dar mucho más madurez a nuestra democracia.
En este tenor también se contempla la reducción del Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, buscando volver más visible el trabajo de los legisladores y más eficiente el desempeño de los legisladores en su conjunto. Creo que nadie cuestiona que no se necesitan más servidores públicos, sino mejores. Concentrar su desempeño puede favorecer precisamente eso.
Otra propuesta considerada es elevar el umbral para mantener el registro como partido político y, así, mantener el acceso a los privilegios asociados a este estatus.
Hay quien ha interpretado esta propuesta como un intento de cerrar los espacios de participación, siendo que en ningún momento se cuestiona la entrada, que, de hecho, se amplía a los ciudadanos sin apoyo partidista. Lo único que se vuelve más estricto es la condición para erogar gastos del erario público, buscando que los partidos tengan un arraigo sólido en la ciudadanía para que así se justifique.
Existe además la idea de facultar a la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas de ley en ámbitos propios a su competencia. La motivación es el reconocimiento del grado de conocimiento en la materia y la restricción es que se requiere el mismo número, los mismos ocho votos, con los que se generan mayorías calificadas en el pleno para promover estas iniciativas.
Por otro lado, en el terreno de la relación entre poderes, se ha planteado otorgar al Presidente de la República la facultad de vetar total o parcialmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, superando la incertidumbre que pudiera estar asociada a largos plazos de indefinición por la ausencia de consenso en torno a temas particulares.
Asimismo, se considera pertinente facultar al Ejecutivo federal para presentar dos iniciativas legislativas preferentes por cada primer periodo ordinario de sesiones. Esto no busca anular el proceso legislativo, sólo obliga a la definición de la Cámara en torno a temas que se consideren de especial apremio para la agenda pública.
Este proceso, reitero como lo he repetido en ya varias ocasiones, no debe entenderse como un intento por fortalecer unilateralmente el poder del Presidente; sólo es una opción para superar la indefinición y la inactividad, creando mecanismos de asignación de responsabilidades transparentes para los ciudadanos.
Así, la reforma política puede ser un elemento importante en la concreción de un proyecto nacional más democrático, más incluyente, más equitativo, más responsable. Desde la redefinición de las reglas de participación se pueden superar rezagos en sus resultados que han urgido atención ya desde hace varias décadas.
Queremos subir el volumen a la voz ciudadana para que pueda enunciar sus demandas; queremos darle fuerza al poder ciudadano para que pueda exigir su atención y queremos reestructurar el sistema político para que no se pierda de vista, que, por encima de la pluralidad, debe haber concordancia en el compromiso de impulsar a México hacia el crecimiento equitativo y la plenitud democrática.
La motivación de promover esta reforma, y aquéllas que el país requiere, es una convicción democrática respetuosa de los espacios que corresponden a los Poderes de la Unión y a los distintos órdenes de gobierno y fuerzas políticas.
El mecanismo de concreción será escuchar las voces que respondan a la invitación de participar desde sus propias convicciones, atenderlas, incorporarlas, legitimarlas.
La generación del Bicentenario que hoy recuerda la vida de Don Francisco I. Madero tiene hoy la oportunidad de dar vigencia a su legado. Hoy debemos concebir la agenda de gobierno como la suma de visiones y voluntades. En una sociedad moderna, en una sociedad democrática no hay cabida para la autarquía como costumbre, ni para la violencia como fuerza.
Éste es el compromiso que hoy ofrece el Presidente de la República. El compromiso de fortalecer sus instituciones, de incorporar a todos sus actores, de ser respetuosos, de ser tolerantes, de hacer coincidir nuestras motivaciones personales con las necesidades sociales.
Este país nunca ha sido una nación vencida por sus retos y no es parte de nuestra identidad el serlo. Hoy el reto se nos presenta de frente, es nuestra responsabilidad vivir a la altura de nuestro momento histórico y superarlo. La invitación a hacerlo es sincera y explícita, confiamos en que la respuesta a ella lo será también.
Gracias
Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la ceremonia del XCVII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, realizada en el Archivo General de la Nación.
México, D. F., a 22 de febrero de 2010 | Discurso
Son pocas las figuras que logran trascender su lugar y su tiempo como lo hizo Madero; figuras que personifican valores universales; figuras que pueden crear espacios de encuentro para individuos, para generaciones, para ideologías y corrientes de pensamiento disímbolos.
Hoy, a 97 años de su muerte, rendimos homenaje a Don Francisco I. Madero, al hombre que supo identificar la necesidad de cambio; que exhortó a la Nación a construir su futuro desde la libertad y la democracia; al revolucionario; al político con visión y con principios. Hoy, a cien años de la Revolución, lo recordamos en la certidumbre de que el futuro de la patria será indisociable del ideal democrático que él vislumbro.
Madero fue fundamentalmente un hombre de paz. Sus convicciones y su talante lo acercaban más al trabajo político, a la construcción de ciudadanía, que al campo de batalla. El levantamiento armado no fue nunca, desde su óptica, la alternativa idónea; fue la única salida posible ante la autarquía, la intransigencia y la represión. La Revolución fue inevitable porque el régimen buscó en la opresión el mecanismo para ignorar la necesidad de transformarse, para postergar los cambios que se sabían necesarios.
l antirreeleccionismo, como ya lo he dicho en otros espacios, no pugnaba por limitar a un solo periodo de ejercicio todos los cargos de elección popular. En concreto, esta restricción no se planteaba para los legisladores.
El lema de "sufragio efectivo, no reelección" fue un llamado a derribar una estructura que concentraba el poder en el Ejecutivo, y que había devenido dictatorial e inmóvil; eran las palabras que daban expresión y contundencia a la exigencia de no tolerar más que la voz de un solo hombre se impusiera sobre la voluntad de una nación entera, de no incorporar nuevas visiones, nuevas alternativas en la consolidación de realidades.
El lema y el ideario de Madero indudablemente tienen y seguirán teniendo vigencia en el México contemporáneo.
El asesinato del Presidente Madero, junto con su Vicepresidente José María Pino Suárez, aquí, en este Palacio de Lecumberri, marcó uno de los periodos más oscuros de nuestra vida como nación. Una época en la que la violencia suplantó a la política con un costo económico y social, pero sobre todo humano, incalculable. La fuerza no debe ser el mecanismo para zanjar diferencias, ni para resolver el disenso; mucho menos el crimen la vía para alcanzar el poder. Los mexicanos hemos aprendido esta lección histórica y hemos sido muy cuidadosos con ella.
Construir ciudadanía y buen gobierno siguen siendo tareas que no ejercemos a plenitud. En gran parte, porque los incentivos institucionales no están suficientemente alineados para propiciar la participación ciudadana y la corresponsabilidad política.
A lo largo de las últimas décadas, los mexicanos nos apropiamos plenamente de la reivindicación que fue el núcleo de la lucha de Madero: el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes. Sin embargo, hoy advertimos una creciente impaciencia en la ciudadanía para que esta conquista se cristalice con mayor equidad; en la erradicación de los privilegios que inhiben el potencial de nuestra economía; en la aplicación irrestricta de la ley sobre aquellos pocos que persisten en recurrir a la violencia.
La vigencia de Madero es indiscutible a la luz de las exigencias democráticas de nuestra ciudadanía.
Algunos ciudadanos manifiestan hoy insatisfacción con una clase política que sienten ajena, en cuya agenda no reconocen la propia y cuya atención no saben atraer. El reclamo no se debe desoír, su atención no se puede postergar. Debemos reconocer que, a 100 años de la revolución, México nuevamente requiere una transformación profunda y que hoy existen los mecanismos para impulsarla por la vía institucional.
Esta transformación puede darse por la vía del fortalecimiento de nuestra democracia. No hay quién se beneficie de la parálisis y el desencanto, del desprestigio de la política como medio para solucionar controversias.
La democracia se nutre de la confianza ciudadana en la eficacia de la política; confianza que sirve de activo fundamental para todo gobierno y para todo partido. Por lo mismo, la indefinición, la mezquindad y el oportunismo nunca son, en el largo plazo, estrategias redituables dentro del quehacer político, ni son formas honestas de encarar la encomienda del servicio público.
En el Gobierno del Presidente Calderón hemos asumido el reto de acelerar los cambios necesarios para que el país conjugue mejores realidades. Todo gobierno se nutre de la retroalimentación con sus ciudadanos, de conocer el impacto de sus acciones en las distintas experiencias.
En días pasados, el país ha volteado su vista a la problemática de inseguridad en Ciudad Juárez. La estrategia de combate al narcotráfico que busca como objetivo final la reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad pública y la modernización de nuestro sistema de impartición de justicia, se fue concatenando con problemáticas sociales profundas y de diversa índole.
La descomposición social y la falta de confianza en la autoridad, entre otras urgencias, han logrado movilizar a la ciudadanía para exigir el derecho de vivir su realidad sin miedo. El gobierno ha atendido a este llamado y ha escuchado a los juarenses para que, entre todos, podamos delinear estrategias más eficaces y más exitosas.
Tenemos la convicción de la necesidad de incorporar la visión ciudadana a la transformación de una realidad compartida.
Pero no debemos esperar que la desesperación motive a la ciudadanía, que sea la crisis la que marque las adecuaciones en el camino. El objetivo de todo gobierno democrático debe ser cumplir con las expectativas de sus ciudadanos a tiempo.
Para ello, el primer paso debe ser escuchar sus demandas y generar un vínculo de retroalimentación. En ese entendido, el Ejecutivo federal propuso en diciembre pasado una iniciativa de reforma política orientada a fortalecer la incidencia ciudadana en la agenda pública y a facilitar la toma de decisiones políticas desde la construcción de acuerdos.
La iniciativa de reforma contempla la incorporación constitucional de la figura de candidaturas independientes y de iniciativa ciudadana. Estos mecanismos posibilitan una democracia más participativa, una ciudadanía más activa. El reconocimiento de la pluralidad democrática nos obliga a permitir el ejercicio de poder político a los ciudadanos que, sin sentirse plenamente representados por ninguno de los partidos, tengan el respaldo ciudadano para competir por un cargo de elección o promover una iniciativa legislativa.
Por otro lado, creemos que la aprobación de la ciudadanía pasa por fortalecer los mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas.
La elección consecutiva de legisladores actúa en ambos sentidos, ofreciendo los incentivos para que los legisladores atiendan las demandas de su electorado y para que los ciudadanos supervisen dicha atención.
Reitero en este espacio que la prohibición para la reelección legislativa no fue un principio revolucionario. Por el contrario, fue un mecanismo de concentración del poder alrededor del Presidente que se incorporó hasta 1933 al texto constitucional, mismo que, hasta entonces, lo había permitido buscando fortalecer al Congreso y generar un contrapeso efectivo a la figura presidencial.
Por otro lado, la iniciativa contempla figuras que permitan construir mayorías legislativas definidas por el electorado o acordadas de cara a la ciudadanía.
Así funciona la segunda vuelta presidencial. En caso de darse la segunda vuelta, al volverla concurrente con la elección legislativa, se ofrece la oportunidad del electorado de otorgar un apoyo fuerte o un contrapeso fuerte al Presidente. Por otro lado, fortalece a las fuerzas políticas minoritarias, dada la necesidad de construir acuerdos con los punteros.
Estos apoyos deberían darse de cara a la gente y serán sustentadas por el periodo previo de debate profundo de las alternativas propuestas al electorado. Creemos que la segunda vuelta presidencial puede dar mucho más madurez a nuestra democracia.
En este tenor también se contempla la reducción del Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, buscando volver más visible el trabajo de los legisladores y más eficiente el desempeño de los legisladores en su conjunto. Creo que nadie cuestiona que no se necesitan más servidores públicos, sino mejores. Concentrar su desempeño puede favorecer precisamente eso.
Otra propuesta considerada es elevar el umbral para mantener el registro como partido político y, así, mantener el acceso a los privilegios asociados a este estatus.
Hay quien ha interpretado esta propuesta como un intento de cerrar los espacios de participación, siendo que en ningún momento se cuestiona la entrada, que, de hecho, se amplía a los ciudadanos sin apoyo partidista. Lo único que se vuelve más estricto es la condición para erogar gastos del erario público, buscando que los partidos tengan un arraigo sólido en la ciudadanía para que así se justifique.
Existe además la idea de facultar a la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas de ley en ámbitos propios a su competencia. La motivación es el reconocimiento del grado de conocimiento en la materia y la restricción es que se requiere el mismo número, los mismos ocho votos, con los que se generan mayorías calificadas en el pleno para promover estas iniciativas.
Por otro lado, en el terreno de la relación entre poderes, se ha planteado otorgar al Presidente de la República la facultad de vetar total o parcialmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, superando la incertidumbre que pudiera estar asociada a largos plazos de indefinición por la ausencia de consenso en torno a temas particulares.
Asimismo, se considera pertinente facultar al Ejecutivo federal para presentar dos iniciativas legislativas preferentes por cada primer periodo ordinario de sesiones. Esto no busca anular el proceso legislativo, sólo obliga a la definición de la Cámara en torno a temas que se consideren de especial apremio para la agenda pública.
Este proceso, reitero como lo he repetido en ya varias ocasiones, no debe entenderse como un intento por fortalecer unilateralmente el poder del Presidente; sólo es una opción para superar la indefinición y la inactividad, creando mecanismos de asignación de responsabilidades transparentes para los ciudadanos.
Así, la reforma política puede ser un elemento importante en la concreción de un proyecto nacional más democrático, más incluyente, más equitativo, más responsable. Desde la redefinición de las reglas de participación se pueden superar rezagos en sus resultados que han urgido atención ya desde hace varias décadas.
Queremos subir el volumen a la voz ciudadana para que pueda enunciar sus demandas; queremos darle fuerza al poder ciudadano para que pueda exigir su atención y queremos reestructurar el sistema político para que no se pierda de vista, que, por encima de la pluralidad, debe haber concordancia en el compromiso de impulsar a México hacia el crecimiento equitativo y la plenitud democrática.
La motivación de promover esta reforma, y aquéllas que el país requiere, es una convicción democrática respetuosa de los espacios que corresponden a los Poderes de la Unión y a los distintos órdenes de gobierno y fuerzas políticas.
El mecanismo de concreción será escuchar las voces que respondan a la invitación de participar desde sus propias convicciones, atenderlas, incorporarlas, legitimarlas.
La generación del Bicentenario que hoy recuerda la vida de Don Francisco I. Madero tiene hoy la oportunidad de dar vigencia a su legado. Hoy debemos concebir la agenda de gobierno como la suma de visiones y voluntades. En una sociedad moderna, en una sociedad democrática no hay cabida para la autarquía como costumbre, ni para la violencia como fuerza.
Éste es el compromiso que hoy ofrece el Presidente de la República. El compromiso de fortalecer sus instituciones, de incorporar a todos sus actores, de ser respetuosos, de ser tolerantes, de hacer coincidir nuestras motivaciones personales con las necesidades sociales.
Este país nunca ha sido una nación vencida por sus retos y no es parte de nuestra identidad el serlo. Hoy el reto se nos presenta de frente, es nuestra responsabilidad vivir a la altura de nuestro momento histórico y superarlo. La invitación a hacerlo es sincera y explícita, confiamos en que la respuesta a ella lo será también.
Gracias
