E pasado 7 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a EE UU de Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias Don Berna, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos de narcotráfico y lavado de dinero según la resolución de acusación No. 03 Cr 1188, dictada el 6 de octubre de 2003m en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE UU.
La petición de extradición de Don Berna se formalizó el pasado 10 de junio del 2005, en los mismos días en que la Fiscalía lo vinculó a un proceso por la muerte del diputado colombiano Orlando Benítez.
Por el bien de la Paz se condiciona la extradición.
Pues bien, esta semana el presidente Uribe suspendió la aplicación del pedido de extradición poniendo condiciones a Don Berna a que se comporte como “un monje".
Esa decisión provocó fuertes críticas tanto de Washington como de sectores colombianos que consideran que los narcotraficantes que se involucraron en el proceso de paz como paramilitares estaban recibiendo un tratamiento excesivamente benévolo.
Sin embargo, y ante la presión pública, ayer jueves, el gobierno de Uribe ordenó el traslado de Don Berna de la zona desmilitarizada donde se han desarrollado los diálogos, a una cárcel de máxima seguridad: la de Cómbita
Minutos después de conocer que el gobierno colombiano enviará a EE UU al jefe paramilitar Don Berna, si incumple los compromisos del proceso de paz con las Autodefensas, la embajada de ese país se mostró desilusionada, por cierto por primera vez en la era de Álvaro Uribe en relación con una solicitud de extradición.
La posición de EE UU
Es más, EE UU le recordó que el mismo gobierno colombiano ha señalado que la extradición no es tema de negociación. "Desde el 27 de abril de 2004 el Gobierno ha declarado y confirmado varias veces que la extradición no es tema de negociación con los paramilitares, así que no puede haber impedimento para la extradición de 'don Berna' por los graves crímenes de los cuales se le acusa", dice la embajada en un comunicado. Por lo que "Estados Unidos continuará demandando y presionando a favor de la extradición de todos aquellos quienes han violado sus leyes y perjudicado los intereses estadounidenses", dijo el embajador William Wood en un comunicado de prensa.
Además de que Washington se declaró "desilusionado" por decisión de condicionar la extradición; sin embargo, también el embajador William Wood consideró el cambio – el de llevarlo a una cárcel de seguridad- como "un paso importante y valiente" y dijo que aunque los jefes paramilitares se acojan a la ley de justicia y paz, sus actividades criminales serán castigadas.
La posición del Gobierno
El gobierno colombiano en voz de Sabas Pretelt, ministro del Interior y de Justicia, había explicado antes de conocerse el traslado que la negativa de entregar a los EE UU a un jefe paramilitar es una decisión autónoma, tomada para fortalecer el proceso de paz y que no afectaría la estrecha cooperación con su principal aliado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"Es una persona (Don Berna) que está en un proceso de paz, que está ayudando a salvar miles de vidas", explicó Pretelt, al recordar que en las zonas en donde operaban los paramilitares hay una notable disminución de la criminalidad y las masacres.
Y en efecto, el gobierno colombiano considera que Don Berna ha tenido un papel protagónico en el proceso de paz que deberá concluir el 31 de diciembre con la desaparición total de los grupos paramilitares creados por hacendados y ganaderos hace dos décadas para combatir a la guerrilla.
Las condiciones
Pretelt explicó que para mantenerse la suspensión de la extradición, Murillo debe tener "el comportamiento de un monje".
El presidente Álvaro Uribe, aclaró que Don Berna no será extraditado mientras cumpla con cuatro condiciones, a saber:
i) "Que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las AUC y contribuya a la participación de sus miembros en el proceso de paz.
ii) "Que abandone las actividades ilícitas.
iii) Que colabore efectivamente con la verdad, la justicia y la reparación en los términos establecidos en la ley 975 de 2005.
iv) "Que cumpla con las condiciones y procedimientos establecidos en esa Ley (Justicia y Paz)".
La extradición se hará efectiva en el momento en que incumpla esas condiciones.
Don Berna, es el segundo jefe paramilitar cuya extradición autoriza el gobierno pero simultáneamente la suspende. Anteriormente se hizo con Salvatore Mancuso, considerado el número dos de las AUC.
Estos son los Paramilitares en la mira de EE UU, según el periódico colombiano El Tiempo.
Salvatore Mancuso: Su extradición fue suspendida por el Gobierno mientras él continúe el proceso de diálogo con las AUC.
Vicente Castaño: Tiene un proceso en EE UU por narcotráfico. Pero todavía no ha sido pedido su extradición.
Hernán Giraldo: jefe de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ramón Isaza: No ha sido pedido en extradición pero su nombre está en la lista de grandes narcotraficantes.
Ramiro Vanoy: Alias Cuco, jefe del bloque Mineros, próximo a desmovilizarse.
Francisco Javier Zuluaga: Alias gordo lindo, jefe del bloque Pacífico. Ya se desmovilizó.
Víctor Manuel Mejía: El Mellizo, negociador de las AUC.
Leer el Editorial de El Tiempo:
El Tiempo, Octubre 3 de 2005
EDITORIAL: De Washington a Cómbita
Esta semana arrojó una nueva muestra de la desmesurada influencia de los Estados Unidos sobre nuestro país. La no extradición de ‘Don Berna’, la ‘desilusión’ pública del embajador Wood y la decisión de trasladar a aquel a Cómbita pusieron de presente que ciertas exigencias unilaterales del gran aliado del norte ponen a veces en aprietos al Gobierno colombiano.
Que Diego Fernando Murillo –alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’– es emblema del ‘narcoparamilitarismo’, pocos lo discuten. Si hay un símbolo del tránsito del narcotráfico puro y duro a la legitimidad de una franquicia de las Auc, es él. Nada raro que Washington lo tenga en la mira, que encabece la lista de extraditables ‘paras’ y que su presencia y la de personajes similares en la negociación despierte toda clase de dudas.
Pero, como se dice, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
‘Don Berna’ podrá ser todo lo narco que se le señala, pero es un interlocutor aceptado por el Gobierno en un proceso clave para Colombia. Al punto que, pese a sospechas fundadas de que, en plena negociación, habría ordenado matar a un político de Córdoba, no se lo sacó del proceso y se le dio una finca por ‘cárcel’.
Para nadie es un secreto que la negociación con los paramilitares tiene atravesada en el gaznate la papa caliente del narcotráfico. Además de recalcitrantes enemigos de la guerrilla y autores de delitos atroces, la sigla Auc congrega entre el 40 y el 60 por ciento del tráfico de cocaína en Colombia. ‘Don Berna’ dista de ser el único de sus jefes pedidos en extradición o en la lista de grandes narcotraficantes de Estados Unidos. Nombres como los de Vicente Castaño, ‘Cuco Vanoy’ y ‘Macaco’ también se pronuncian con reverencia en los círculos del negocio.
El Gobierno ha optado por declarar que la extradición no es negociable, y concederla, pero ‘congelarla’ mientras los involucrados colaboren con el proceso. Cuando estrenó la figura de la "extradición congelada", con Salvatore Mancuso, E.U. no dijo nada, al menos en público.
El reclamo del embajador viene en un momento particularmente complejo. Faltan las desmovilizaciones de los bloques más ligados al narcotráfico. La aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los jefes ‘paras’ está en una especie de limbo. El debate se centra en la urgencia de planes de reinserción coherentes para evitar que el retorno de miles de ex combatientes a la vida civil se convierta en paso a la delincuencia. La misión de la OEA parece en coma. El Alto Comisionado no solo incluye como parte de su "rosario de preocupaciones" la insistencia de Estados Unidos en la extradición, sino que, por primera vez, se pregunta en reciente columna, si su trabajo vale la pena.
No deja de ser paradójico que, mientras el aliado por excelencia le atraviesa el palo en la rueda de la extradición al proceso con los paramilitares, la Unión Europea, tradicionalmente más escéptica y distante, parece a punto de formalizar hoy, si no ocurre algo imprevisto, un respaldo, condicionado pero muy significativo, a la Ley de Justicia y Paz.
Hemos criticado el manejo a veces errático e improvisado que el Gobierno le ha dado al proceso con los paramilitares, y, entre otros, al tema del narcotráfico. Hemos señalado con preocupación la ausencia de mecanismos para garantizar que ese negocio ilegal también se desmovilice. Además de despojarlos de sus armas, para ‘desparamilitarizar’ al país, hay que quitarles a los jefes de las Auc los dineros con los que han construido sus redes de poder e intimidación local.
Pero bastante arduo es ya este proceso y demasiado costoso el compromiso colombiano en la guerra contra la droga como para que los Estados Unidos mantengan ante la extradición una obcecada y estrecha insistencia que no mide sus poco benéficas repercusiones para nuestro país y le quita al Gobierno colombiano el muy escaso margen de maniobra del que todavía dispone.
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