Jueces y magistrados

Pues resulta que los jueces de distrito y magistrados de circuito -alrededor de 900- que sean suspendidos en el empleo por encontrarse bajo investigación podrán seguir percibiendo hasta 40% de su salario, señala un acuerdo -23/2007- publicado el miercoles 8 de agosto, en el Diario Oficia de la Federación por el Consejo de la Judicatura Federal.
Vale la pena leer el texto:
ACUERDO General 23/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el otorgamiento de percepciones a los servidores públicos suspendidos durante el curso de un procedimiento de responsabilidad administrativa o de un proceso penal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

Una opinión sobre la visita de Irene Khan

La brecha en los derechos humanos/Diodoro Carrasco
Tomado de Milenio Diario, 9/08/2007;

El viernes pasado recibimos en la Cámara de Diputados la visita de Irene Khan, la activista que hoy dirige la organización no gubernamental más importante a nivel mundial, Amnistía Internacional (AI). El encuentro resultó a la vez fructífero y motivante, pues se trata de una personalidad formada e informada, una mujer que no emite opiniones sólo para impactar en los medios, sino matizadas y reflexivas, más tratándose de una materia tan delicada como el respeto –o no– de los diferentes países a los derechos humanos.
La señora Khan manifestó de entrada su reconocimiento a la importancia estratégica de México y su gobierno en el apoyo a la causa de los derechos humanos en el mundo; la suscripción de los tratados internacionales en la materia son una clara expresión de ello. También reconoció el esfuerzo del Congreso mexicano para avanzar en cuestiones medulares para la protección a grupos vulnerables, como las recientes leyes en defensa de los niños, los migrantes y contra la violencia intrafamiliar. Además, señaló que el Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter las instituciones gubernamentales al escrutinio y la rendición de cuentas.
Sin embargo, la señora Khan no tuvo empacho en mostrar desde el principio su posición crítica con respecto a ciertas zonas del ámbito mexicano que le preocupan o que de plano desaprueba. Por ejemplo, lo que llamó la brecha entre el compromiso discursivo del gobierno mexicano con los derechos humanos y la manera como éste se materializa en los hechos.
Nuevamente, el caso emblemático de esta brecha sería Oaxaca, con su cadena de graves violaciones ocurridas durante el año pasado y el largo saldo de impunidad que aún perdura. Están también los hechos de Atenco y otros puntos de lo que pudiéramos llamar nuestra geografía de la represión. En su percepción, “el acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana”, y le llamó la atención que “aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad”, lo que demuestra la urgencia, dice, de atacar la impunidad y la pérdida de confianza en la justicia.
La activista manifestó estar consciente de las determinaciones que llevaron al gobierno federal a priorizar la lucha por la seguridad y contra el crimen organizado; incluso mostró comprensión ante el creciente papel de las fuerzas armadas en este combate. Pero señala que la prueba de toque de estas políticas públicas es el respeto a los derechos humanos, pues “una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos”, porque la seguridad se debilita cuando éstos no se respetan, afirmó.
En la reunión se expresaron amplias coincidencias sobre la necesidad de reformas que establezcan claramente el lugar de los derechos humanos en la Constitución de la República, y sobre las reformas necesarias al sistema de justicia penal. Hubo igualmente convergencias acerca de que los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los jueces, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de los derechos humanos; además, que los mecanismos de rendición de cuentas de las policías sean efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan generar confianza de parte del público.
La reunión con los representantes de Amnistía Internacional fue, a mi juicio –así como en general la visita que realizó a nuestro país-, muy útil. Sus entrevistas con actores institucionales y civiles le deben de haber proporcionado una visión panorámica del estado actual del país. ¿Qué me preocupa? Que en un país donde gradualmente se ha venido construyendo una cultura y una voluntad de respeto a los derechos humanos, por lo menos durante los últimos 15 años, pero donde persisten profundas desigualdades y asimetrías de todo tipo –sociales, económicas, políticas, regionales–, no es fácil jalar a un mismo ritmo, y resulta lamentable que por ciertas situaciones concretas se le juzgue genéricamente, sin los matices a que una realidad como la nuestra obliga.
Sin embargo, a propósito de la visión del país que queremos, el tema de fondo es, como lo ha sostenido el presidente Calderón: “Acabar con los círculos de impunidad, refrendando el compromiso gubernamental para garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos, como condición de nuestra democracia”. El respeto al federalismo no debe ser obstáculo para combatir la impunidad.

Why Terrorists Aren t Soldiers

Why Terrorists Aren t Soldiers/By Wesley K. Clark, the former supreme commander of NATO and a fellow at the Burkle Center for International Relations at the University of California at Los Angeles and Kal Raustiala, a law professor and the director of the Burkle Center
THE NEW YORK TIMES, 8/08/07;
THE line between soldier and civilian has long been central to the law of war. Today that line is being blurred in the struggle against transnational terrorists. Since 9/11 the Bush administration has sought to categorize members of Al Qaeda and other jihadists as “unlawful combatants” rather than treat them as criminals.
The federal courts are increasingly wary of this approach, and rightly so. In a stinging rebuke, this summer a federal appeals court in Richmond, Va., struck down the government’s indefinite detention of a civilian, Ali al-Marri, by the military. The case illustrates once again the pitfalls of our current approach.
Treating terrorists as combatants is a mistake for two reasons. First, it dignifies criminality by according terrorist killers the status of soldiers. Under the law of war, military service members receive several privileges. They are permitted to kill the enemy and are immune from prosecution for doing so. They must, however, carefully distinguish between combatant and civilian and ensure that harm to civilians is limited.
Critics have rightly pointed out that traditional categories of combatant and civilian are muddled in a struggle against terrorists. In a traditional war, combatants and civilians are relatively easy to distinguish. The 9/11 hijackers, by contrast, dressed in ordinary clothes and hid their weapons. They acted not as citizens of Saudi Arabia, an ally of America, but as members of Al Qaeda, a shadowy transnational network. And their prime targets were innocent civilians.
By treating such terrorists as combatants, however, we accord them a mark of respect and dignify their acts. And we undercut our own efforts against them in the process. Al Qaeda represents no state, nor does it carry out any of a state’s responsibilities for the welfare of its citizens. Labeling its members as combatants elevates its cause and gives Al Qaeda an undeserved status.
If we are to defeat terrorists across the globe, we must do everything possible to deny legitimacy to their aims and means, and gain legitimacy for ourselves. As a result, terrorism should be fought first with information exchanges and law enforcement, then with more effective domestic security measures. Only as a last resort should we call on the military and label such activities “war.” The formula for defeating terrorism is well known and time-proven.
Labeling terrorists as combatants also leads to this paradox: while the deliberate killing of civilians is never permitted in war, it is legal to target a military installation or asset. Thus the attack by Al Qaeda on the destroyer Cole in Yemen in 2000 would be allowed, as well as attacks on command and control centers like the Pentagon. For all these reasons, the more appropriate designation for terrorists is not “unlawful combatant” but the one long used by the United States: criminal.
The second major problem with the approach of the Bush administration is that it endangers our political traditions and our commitment to liberty, and further damages America’s legitimacy in the eyes of others. Almost 50 years ago, at the height of the cold war, the Supreme Court reaffirmed the “deeply rooted and ancient opposition in this country to the extension of military control over civilians.”
A great danger in treating operatives for Al Qaeda as combatants is precisely that its members are not easily distinguished from the population at large. The government wields frightening power when it can designate who is, and who is not, subject to indefinite military detention. The Marri case turned on this issue. Mr. Marri is a legal resident of the United States and a citizen of Qatar; the government contends that he is a sleeper agent of Al Qaeda. For the last four years he has been held as an enemy combatant at the Navy brig in Charleston, S.C.
The federal court held that while the government can arrest and convict civilians, under current law the military cannot seize and detain Mr. Marri. Nor would it necessarily be constitutional to do so, even if Congress expressly authorized the military detention of civilians. At the core of the court’s reasoning is the belief that civilians and combatants are distinct. Had Ali al-Marri fought for an enemy nation, military detention would clearly be proper. But because he is accused of being a member of Al Qaeda, and is a citizen of a friendly nation, he should not be treated as a warrior.
Cases like this illustrate that in the years since 9/11, the Bush administration’s approach to terrorism has created more problems than it has solved. We need to recognize that terrorists, while dangerous, are more like modern-day pirates than warriors. They ought to be pursued, tried and convicted in the courts. At the extreme, yes, military force may be required. But the terrorists themselves are not “combatants.” They are merely criminals, albeit criminals of an especially heinous type, and that label suggests the appropriate venue for dealing with the threats they pose.
We train our soldiers to respect the line between combatant and civilian. Our political leaders must also respect this distinction, lest we unwittingly endanger the values for which we are fighting, and further compromise our efforts to strengthen our security.

Medios, credibilidad y responsabilidad social

Un lector de esta bitácora -veo sorprendido en mi contador que son varias decenas por día-, me pide una opinión sobre la ética en el periodismo en el México de hoy.
Le comparto un texto que - creo sigue vigente- presente hace un par de años en una mesa redonda en la UNAM, junto con dos conotado periodistas.
Por cierto, el texto fue publicado por la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura coordinadamente con la Facultad de Derecho de la UNAM. Curiosamente no tengo ningún ejemplar. Empero, está en este espacio desde el siete de octubre de 2005.
Lo pongo nuevamente con muchos gusto.
Lástima que el lector sea anónimo.
Medios, credibilidad y responsabilidad social
Texto presentado en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, a 6 de octubre de 2005

"La información es demasiado importante como para dejarla en manos de los periodistas", Serge Halimi, redactor estrella de Le Monde Diplomatique y autor de Los nuevos perros guardianes (Periodistas y poder).

Agradezco la invitación, a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, concretamente a la comisión de Participación Ciudadana a participar en esta mesa; sobre el marco axiológico de los medios; en el marco del Parlamento; “El Binomio Derecho y Política Frente al desafío del 2006”.
Celebro compartir la mesa con dos distinguidos comunicadores de este país: Beatriz Pages Rebollar y Sergio Sarmiento.

En los últimos años parece haberse abierto un debate sobre el papel de los medios de comunicación -y sobretodo la credibilidad que merecen sus informaciones.Y es que ¡la credibilidad es el principal valor de un periodista!Además, el Trabajo periodístico conlleva una enorme responsabilidad social.

Conviene señalar que los trabajadores de los medios – yo soy sólo un aprendiz-,somos únicamente los depositarios profesionales del ejercicio de un derecho cuyos titulares son los ciudadanos que nos escuchan o nos leen.

Medios de comunicación libres e independientes son condición fundamental de cualquier democracia; libertad de expresión y democracia son conceptos que, desde los inicios del pensamiento liberal, han sido considerados como inseparables. Pensadores clásicos como Hume, Tocqueville y Stuart Mill, y autores contemporáneos como J. Habermas, han propuesto como núcleo central de su teoría de la democracia que el sustrato básico de la libertad del hombre lo constituye la existencia de una comunidad de personas racionales y bien informadas, capaces de pensar autónomamente.

Delimitar claramente los campos y reglas de juego deviene en una obligación del Estado de derecho – esta es una asignatura pendiente en México-, ya que si bien es cierto, las libertades de expresión e información gozan de la protección constitucional, según lo señala los artículos 6 y 7.

Pero como dice el investigador Ernesto Villanueva, “México tiene una regulación jurídica positiva con grandes dosis de polémica e ineficacia”… Pero ese no es el tema hoy, hay muchas iniciativas en el Congreso y varios trabajos que merecen la pena ser retomados para una urgente reforma.
Y también requiere ante todo el acuerdo de profesionales y empresas para establecer un código de ética exigible para aquellos que decidan asumirlo libremente. Es una tarea que incumbe, ante todo, a periodistas y empresarios de la comunicación. Es una necesidad profesional y empresarial en la que está en juego el futuro del oficio: la credibilidad la exigen los clientes, sean lectores, oyentes o televidentes.

¡Pero, ojo la ética no puede estar -como muchos lo creen- por encima del derecho!
Los medios de comunicación día con día han ido adquiriendo una importancia creciente en la vida de todas las sociedades, cualquiera sea esta. Podría decirse que a partir del episodio conocido como Watergate, conocimos las porquerías del poder en el país más poderoso del mundo, y concluyó el asunto, con la destitución del presidente Richard Nixon como resultado de la investigación de dos periodistas del diario The Washington Post: Carl Bernstein y Bob Woodward.Pero también el papel del periodista tiene enormes riesgos y si nos equivocamos hay que estar preparados para pagarlos.

¿Por que digo esto?

Voy a comentar dos casos - de muchos- de periodismo que simplemente se equivo; uno en un medio impreso y otro electrónico.

El Times e Irak: Una autocrítica

Un 26 de mayo de 1981 el profesor Karl Popper decía “debemos aprender que la autocrítica es la mejor crítica…, La crítica racional..., Debe ser guiada por la idea de acercarse en lo posible a la verdad objetiva.”.
Jamás imaginaría el autor de La Sociedad abierta y su enemigos, que justo trece años después, el 26 de mayo de 2004, el equipo de dirección del periódico The New York Times hizo lo que muchos debemos hacer cotidianamente, un ejercicio severo de autocrítica.

El poderoso diario neoyorkino publicó una reflexión sobre los errores cometidos en la cobertura del conflicto de la guerra en Irak. En total, se mencionó cinco artículos escritos entre 2001 y 2003 con informaciones sobre armas químicas, biológicas y nucleares.

El diario descubrió que las historias publicadas “dependían, en buena parte, de informaciones procedentes de un círculo de iraquíes disidentes, espías o en el exilio partidarios del cambio de régimen, gente cuya credibilidad ha sido sometida a un intenso debate público en las últimas semanas”.Tras haber repasado sus propios artículos, el rotativo dice haber detectado inexactitudes y errores en algunos de ellos, que estuvieron basados en afirmaciones a las que se dio excesiva importancia.

Por otra parte, informaciones que cuestionaban noticias ya publicadas quedaron relegadas a un segundo o tercer plano, cuando debían haber merecido la portada.

El diario reconoció que debían “haber sido más agresivos”, haber revisado las afirmaciones a medida que aparecían nuevas pruebas o se carecía de ellas; reconoce que los editores, que deberían haber examinado más escrupulosamente las informaciones de los reporteros y haberles exigido más escepticismo, estaban quizá demasiado ansiosos por publicar una noticia en exclusiva.

El asunto de la Mea culpa no terminó ahí. Cuatro días después, el lunes 31 de mayo, su defensor del Lector, Daniel Okrent, publicó un análisis no menos crítico. Afirmó que en las noticias relativas a las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, los lectores encontraron algunas historias alarmistas “basadas en revelaciones sin confirmar que, en muchos casos, eran las afirmaciones encubiertas por el anonimato de mucha gente con intereses creados”.

Aunque el Defensor del Lector menciona varios casos concretos, asegura que sería injusto culpar a periodistas específicos, y considera que “el fracaso no fue individual, sino institucional”; culpó de la situación a la necesidad de contar con información “exclusiva”, al tiempo que reclamó la reparación del daño. El periódico deberá elaborar una serie de artículos de investigación que revelen “no sólo las tácticas de aquellos que promovieron las informaciones sobre las armas de destrucción masiva, sino también cómo se utilizó al Times mismo para diseminar su astuta campaña”.

Lo que hizo el Times es de la mayor importancia, porque nos recuerda las normas básicas del proceso periodístico a la hora de difundir las noticias, debemos describir con exactitud loa hechos sin falsear, omitir, ni distorsionar la información.

El caso de Dan Rather y la CBS
Hace un año, principios de septiembre del 2004, a días de la elección presidencial en EE UU:, la cadena CBS de EE UU de repente creyeron estar ante un pequeño Watergate y desplegaron toda su capacidad, y el prestigio del connotado periodista Dan Rather, además de la fuerza del programa 60 minutos para ofrecer documentos en los que se cuestionaba el pasado militar del presidente Bush.Poco después de la emisión -8 de septiembre- de los memorandos varios expertos en la verificación de documentos señalaron detalles de los papeles divulgados que sugerían que habían sido falsificados. En concreto, la terminología militar empleada y por el tipo de escritura, ya que algunas de las letras tenían la forma de las modernas computadoras y no de las máquinas de escribir de comienzos de los años 70.

Pero la información fue reproducida una y otra vez lo que afectó los niveles de popularidad del presidente Bush en un momento difícil para su reelección.Pero a la CBS le salio el tiro por la culata; la bomba informativa contra Bush resulto ser un duro proyectil a la credibilidad de la cadena.Y es que no fue sino hasta doce días después que CBS News y Dan Rather dieron la cara en cadena nacional y dijeron: “lo siento cometimos un error de juicio., fuimos engañados por la fuente.”

Sin embargo, en la oficina presidencial no se dieron por satisfechos con las explicaciones de la televisora y pidieron que el asunto fuese investigado a fondo. Y es que el golpe a entonces candidato fue ¡durísimo!

Para tal efecto la CBS designó una comisión que investigó el asunto. Fueron nombrados el ex secretario de justicia Dick Thornburgh y al ex director general de la agencia AP Louis Boccardi.

Y en efecto, dos meses después, Dan Rather, anunció su retiro anticipado, y dos meses después, el 10 de enero del 2005, la Comisión concluía que el equipo de informativos no siguió los principios básicos del periodismo, no verificaron bien sus fuentes; además dieron una serie de recomendaciones para que esto no vuelva a suceder, a saber:

i) designar a un supervisor que vigile que se cumplan los estándares periodísticos y que dependa directamente del jefe de informativos, cuyo trabajo consistiría en investigar los reportajes, documentos y fuentes anónimas;

ii) cambiar la atmósfera de trabajo para que la presión por llegar antes que la competencia no propicie este tipo de errores de juicio;

iii) dar a conocer a los jefes la identidad de las fuentes confidenciales;

iv) y elegir siempre a jueces independientes para que analicen cualquier reportaje cuya veracidad haya sido puesta en cuestión.

Y por su parte la cadena anunciaba el retiro de cuatro periodistas, entre ellos tres jefes, Betsy West, vicepresidente de la CBS; Josh Howard, productor ejecutivo de 60 minutos; y Mary Murphy, además de la productora del reportaje sin fuente, Mary Mapes.

El retiro de Rather, de 73 años, sacudió al país y al mundo periodístico.

Y es Rather no era cualquier periodista, tenía una larga experiencia y era toda una institución. Había sido reportero estrella en la CBS en la mayoría de los grandes conflictos del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, desde la muerte del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo o los Balcanes, así como en la búsqueda de la paz en Sudáfrica y Medio Oriente hasta los taques del 11 de septiembre.

Era quien cubría la fuente de Casa Banca durante el escándalo Watergate que acabó con el presidente Nixon, después de las investigaciones periodísticas del Washington Post.

El caso de Rather es un efecto traumático del partidismo de los medios.

Al respecto José Carreño Carlón comento en su columna en La Crónica de Hoy- 24 de noviembre-, que “el descenso de Dan Rather del trono de conductor y director del noticiario de CBS parece un efecto traumático del partidismo de los medios. Involucrados con o contra causas, gobiernos, partidos o candidatos, sus protagonistas quedan expuestos al riesgo de otorgarles valor noticioso a versiones y materiales seudoinformativos o francamente ilegales provenientes de sus fuentes políticamente aliadas o afines.

Estos juegos peligrosos son práctica común en México. Con la diferencia de que aquí ni el medio ni el periodista se sienten deudores al menos de una disculpa por los quebrantos causados a los derechos informativos de lectores y audiencias”.

Tiene razón Pepe. El pedir perdón cuando nos equivocamos es un asunto de ética y de autocrítica, y habla muy bien de quien lo hace. ¡Muchas veces eso basta!

Llama la atención el discurso de ayer – 5 de octubre-, en la comida de la Cámara de la Radio y la Televisión del Presidente de la República, Vicente Fox, cuando reclama el documentar la verdad, dijo::“Hoy la democracia exige una nueva prensa, nuevos medios de comunicación plenamente abiertos, dispuestos a rechazar cualquier intento de retroceso a la censura, a la autocensura; dispuestos a rechazar cualquier arreglo en perjuicio de la imparcialidad.

La democracia necesita de una prensa profesional, ética, que privilegie la verdad, que confronte fuentes y que supere la mera especulación.La democracia necesita una prensa responsable que distinga entre lo privado y lo público, una prensa que vaya al fondo de los problemas más allá de las coyunturas, una prensa que evite la calumnia, que esté dispuesta a sostener y documentar la verdad.”Y creo que no falta razón al Presidente, pero ya que se metio en bretes debería haber dicho el nombre de los medios y periodistas que hacen ese tipo de periodismo tan nocivo a la sociedad.

Pero también los medios –salvo excepcuiones- no hacen nada para corregir esos “pecados”.
Sería bueno, que a falta de una legislación secundaria en el tema, por lo menos para casos específicos siguiéramos el ejemplo de la Comisión que investigó el caso de CBS y Dan Rather; mucho ayudaría a todos. Por lo menos para que ya no sucedan tan frecuentemente, o por lo menos, como lo hizo el Times en su autocrítica; decir "nos equivocamos".
Concluyó con una cita del escritor, periodista y editor del semanario Le Nouvel Observateur. Jean Daniel. Quien en 1999 escribió un artículo para el periódico El País, llamado Nuestra bella profesión: ahí señaló que “ninguno de nosotros, digo bien, ninguno de nosotros (periodistas y medios), ha pensado nunca que todas las verdades, sin excepción, debían ser dichas de todas ni, sobre todo, que fuera moral decirlas. Porque, con toda seguridad, en cada momento seleccionamos, diferenciamos, elegimos y dejamos de lado muchas cosas. Ésa es nuestra profesión. Queda saber qué dejamos de lado y por qué. Cuanto más exigentes somos, más tiempo pasamos diciéndonos que la decencia dicta no hurgar en la basura para ensuciar la vida privada de nadie, por muy ajeno que nos sea.

Nuestra ética profesional consiste en decidir a cada momento cuál es el punto a partir del cual tenemos el deber de informar a la sociedad sobre las faltas de algunos de sus miembros. En especial, tenemos el deber de decidir si tenemos suficientes pruebas en que basarnos cuando ponemos en tela de juicio una reputación.”