Ecuador

¿Futuro inquietante?/ Ana Isabel Malo, catedrática universitaria en Ciencia Política y Constitucional, Cuenca, Ecuador
Tomado de LA VANGUARDIA, 27/05/2007;
El debate abierto en un país situado en la mitad del mundo y de la polémica se sitúa en la década de los noventa, cuando una acusada crisis reveló cifras alarmantes en los índices de pobreza, además de una marcada falta de credibilidad en las instituciones políticas. Más particularmente, en aquellas instituciones de origen partidista y en un proceso de dolarización que para muchos es todavía cuestionable a pesar de que en la práctica diaria esté aceptado por la mayoría de la población. Ecuador tiene una extensión de 256.370 km2,trece millones de habitantes, de los cuales se consideran indígenas un 6,1%, calificación que tiene un contenido de identidad y no racial. Su PIB per cápita es de apenas de 3.050 dólares.
En los últimos años desde el retorno a la democracia, ninguno de los presidentes electos ha podido acabar su periodo. Levantamientos populares descabezaron en tres ocasiones consecutivas a quienes el mismo pueblo había elegido democráticamente encargándoles la máxima administración del Gobierno en un país subrayadamente presidencialista. El resultado de esta inestabilidad jurídico-política caló hondamente en todos los sectores y desde los más variados escenarios políticos se propuso la elaboración de una nueva Constitución política como alternativa al mal endémico que nos aquejaba. Sin embargo, en aras de restituir la paz social, curiosamente ha sido cotidianamente violada la Carta Política para deponer a los primeros mandatarios. En todos los casos no se respetaron las disposiciones constitucionales expresas, so pretexto de que de lo contrario se estaría permitiendo que malos gobernantes fueran inadecuados transmisores y ejecutores de las necesidades y anhelos de la población.
El 6 de marzo del año en curso, una ajustada mayoría legislativa renuente a posibilitar un referéndum cuyo fin era buscar el pronunciamiento popular acerca de la instauración de una Asamblea Constituyente encargada de redactar la vigésima Carta Política en los 177 años de vida republicana de Ecuador decidió reemplazar al presidente del máximo organismo electoral (TSE) por haber convocado la consulta popular para el 15 de abril. Este organismo, en señal de un claro revanchismo político, destituyó a 57 diputados, arguyendo entre otros motivos la emergencia electoral. Sin embargo, a pesar de este paréntesis y de las constantes violaciones del orden jurídico vigente, la consulta se llevó a cabo en la fecha señalada y el respaldo para la conformación de una Asamblea Constituyente fue rotundo (81,7%).
Apenas un mes más tarde, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la destitución de los congresistas y restituía a sus curules a 51 de ellos. Como consecuencia, los magistrados constitucionales fueron removidos de sus cargos por el nuevo Congreso (conformado por los suplentes de los diputados cesados) con el argumento de que había concluido el periodo para el cual fueron nombrados, en un patético atentado contra uno de los principales derechos reconocidos por el constitucionalismo moderno: el debido proceso.
La nueva Asamblea Constituyente ha creado un sinnúmero de esperanzas en el conglomerado social. Sin embargo, es lógico colegir que a pesar de que después de unos cuantos meses Ecuador cuente con una nueva Carta Magna, ésta no puede asegurar un cambio radical, puesto que la sociedad sobre la cual va a regir seguirá siendo la misma, si bien, es deseable que a través de la futura Constitución se reflejen una gran cantidad de factores sociales no recogidos en la actual. En suma, no será posible convertirla en la panacea que cure y salve al Estado de todo mal potencial, enorme error en el que no debemos incurrir nuevamente. Al igual que otros vecinos latinoamericanos, Ecuador se ha caracterizado por la búsqueda de fórmulas mágicas y de personajes mesiánicos que le saquen de la dura realidad en la que se encuentra sumido. Untópico que se ha de considerar de manera profunda es la conformación de esta Asamblea Constituyente, pues conjuntamente quienes se manifestaron de acuerdo con ella votaron a favor de un estatuto previamente redactado por el Ejecutivo que señalaba entre otros el número de 130 asambleístas que la conformarían, seis de los cuales se elegirán en el extranjero entre el grupo de inmigrantes que se presenten y califiquen como candidatos para esta dignidad. Además se regulan aspectos como la duración de la Asamblea y la financiación de la campaña, que, en todo caso, será de manera exclusiva solventada por el Estado.
Algunos de los ejes que se han propuesto como fundamentales para la elaboración de esta nueva Constitución, que de ser aprobada en referéndum comenzaría a regir a finales del 2008, atañen a temas tales como la despartidización de los organismos de control, la descentralización efectiva del poder público tendente a conformar un sistema político autonómico en Ecuador - con el consecuente reordenamiento del mapa geopolítico del país-, la elaboración de una nueva legislación electoral que considere asuntos como la eliminación del origen partidista de los miembros de los organismos electorales, la posibilidad del sufragio facultativo para la integridad de la población, la posibilidad de que el presidente pueda por una sola vez disolver el Congreso cuando éste bloquee sus propuestas de cambio, y el planteamiento de un sistema económico diferente del actual, que ha sido calificado por el presidente Correa de nefasto y señaladamente neoliberal y excluyente.
La paradoja es que, en Ecuador, se pretende a la vez reescribir la historia y construir un nuevo horizonte político. Sin embargo, todos estos atropellos jurídicos no hacen más que avivar un constante interrogante para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué nos hace creer que respetaremos la nueva Constitución si para elaborarla estamos dispuestos a pisotear la que todavía hoy nos rige? Ojalá los ecuatorianos sepamos aprovechar adecuadamente la oportunidad que nos hemos brindado y construir una sociedad más justa y solidaria que encare este nuevo milenio.

Tragedia y delito

• Tragedia y delito/ Rafael Argullol, escritor.

Tomado de EL PAÍS, 27/05/2007;
Estos días se representa en Londres Rendición de cuentas. El procesamiento de Anthony Charles Lynton Blair por el delito de agresión contra Irak. Una audiencia pública. El autor del texto es Richard Norton-Taylor, periodista de The Guardian. La puesta en escena es de Nicholas Kent, un experimentado director con una larga trayectoria a sus espaldas. Como el título indica bien explícitamente, la idea de la obra es juzgar teatralmente a Tony Blair, todavía primer ministro británico, por su protagonismo en la guerra de Irak. Tanto el autor como el director han dejado claro en declaraciones públicas que su juicio teatral toma la delantera al juicio legal que Blair merecería por su participación en una guerra que consideran ilícita e injusta.
Se trata, por tanto, de un juicio teatral, sin valor jurídico alguno. Podría ser un puro panfleto político pero su estructura lo hace mucho más estimulante. Los impulsores de Rendición de cuentas (Called to account) confeccionaron una lista de 16 testimonios que declararían ante el ficticio tribunal. Para ello grabaron las opiniones de 16 personajes del mundo político reciente, implicados directa o indirectamente en el asunto de la guerra, que contribuyeran a una cierta equidistancia entre las distintas visiones. Hablaron, por ejemplo, Clare Short, ex ministra del Gobierno de Blair, o Richard Perle, presidente del Consejo de Políticas de Defensa de Estados Unidos, vehemente partidario de la intervención en Irak. El único de los requeridos que se negó a opinar fue José María Aznar, el ex presidente español, quien al parecer ni siquiera contestó a la petición.
En escena 16 actores interpretan a los 16 testimonios reales, ciñéndose en sus palabras al material previamente grabado. Evidentemente, los dos protagonistas son el fiscal y el abogado defensor, personajes también extraídos de la vida real. Philipe Sands, que impulsó la extradición de Augusto Pinochet, se ofreció a argumentar como fiscal mientras Julian Knowles, renombrado jurista que había intervenido en la defensa del dictador chileno, argumentaría como abogado del primer ministro. Dos actores profesionales se hacen cargo de las figuras de Sands y Knowles, cruzando brillantes alegatos a favor y en contra del teatralmente procesado Blair.
El resultado es una obra de teatro sumamente interesante, pues, aunque no oculta de qué lado está la simpatía -o la antipatía- de los autores, implica un notable esfuerzo de ecuanimidad. El fiscal es despiadado pero el abogado defensor protege con autoridad a Blair. Por su parte, los testimonios van desgranando las razones que conducen al drama de Irak. Cuatro años después todo es más turbio y más terrible. En las grabaciones preparatorias de Ajuste de cuentas se pone de relieve que nadie, ni los partidarios ni los detractores de intervenir en Irak, sospechaba que todo llegaría a ser tan turbio y tan terrible. Sobre todo llama la atención la falta de previsión de los partidarios de la guerra, incapaces de anticipar, ni mínimamente, el desastre que iban a provocar.
Pese a las cautelas y el empeño por dar una visión plural, Blair, como puede suponerse, queda malparado. Afortunadamente, los autores de la obra abandonaron su propósito inicial de someter a votación entre el público, al final de la representación, la condena o la absolución del ficticio procesado, algo que hubiera anulado por entero el equilibrio buscado. Ahora los espectadores escuchan, juzgan, absuelven o condenan con la eficacia de su imaginación, que es a lo que al fin y al cabo convoca una obra de teatro.
Con todo, ha habido voces críticas con el autor y director de Ajuste de cuentas alegando que si éstos han realizado una obra teatral es porque no han prosperado, de momento, las tentativas de procesamiento legal de Tony Blair. Seguramente están en lo cierto. Es muy probable que si, a estas alturas, Blair estuviera siendo juzgado -en Londres o en La Haya- por guerra ilícita, agresión y mentira los autores se hubieran ahorrado la puesta en escena de estas acusaciones. No hay teatro más crudo y directo que el que se ofrece en un tribunal de justicia.
Sin embargo, con frecuencia en la historia el tribunal de justicia ha tenido que ser llevado al teatro como único método contra la impunidad. ¿Cuántas veces el teatro ha sido el tribunal donde se han juzgado delitos que permanecían impunes? Tantas que casi podríamos afirmar que el teatro ha sido históricamente uno de nuestros grandes antídotos contra la tentación -política o simplemente humana- de impunidad.
Una de las obras primeras y más esenciales del teatro occidental, La Orestíada de Esquilo, acaba explícitamente con la intervención de un tribunal, el Aeropago, que juzga y absuelve a Orestes. Naturalmente, no hace falta la escenografía explícita de un tribunal para que el teatro se convierta, desde sus inicios, en un juicio de la conciencia. Los grandes argumentos de la tragedia griega dibujan juicios de este tipo. Antígona, Ayax o Edipo son arquetipos que integran con-flictos presentes en cualquier sociedad y que no siempre tienen una resolución legal. En las obras de Shakespeare sucede algo semejante. Macbeth es un implacable juicio contra la tiranía por parte de un escritor que, de acuerdo con lo que leemos en sus textos, pensaba que pocos tiranos llegaban a ser juzgados. Hamlet es, junto a todo lo demás, una declaración de resistencia a la impunidad.
A lo largo de su historia, el teatro ha representado y juzgado los delitos sin esperar a que éstos fueran representados y juzgados en la sala de un tribunal. En el siglo XX el cine, en la misma dirección, ha tomado el testigo del teatro. Todos sabemos que lo que se plantea en una obra de cine o de teatro no tiene ningún valor jurídico. Autores y espectadores deben ser conscientes de esto, pues de lo contrario se incurre en el engaño del panfleto político. Pero, aun no teniendo valor jurídico, alguna obra de arte puede llegar a tener un enorme impacto moral, en especial si se opone a la opacidad de los mecanismos de poder de una época.
Y esto es lo que en gran parte sucede con la guerra de Irak. No sólo se ha convertido en un desastre por lo realizado, sino muy especialmente por lo omitido. Que una violencia de esta envergadura -más de medio millón de muertos ya- esté precedida por la consagración de la mentira ha generado tal desconfianza que la única solución hubiera pasado por una profunda catarsis de las instituciones implicadas. Sin embargo, conocida y reconocida la mentira, los mentirosos, en lugar de rectificar, se han camuflado en las redes opacas del poder. Si Blair no hubiera mentido no existiría la obra de teatro Rendición de cuentas. Si, habiendo mentido, se hubiera disculpado de su mentira posiblemente tampoco existiría. Si hubiera un juicio en marcha, o al menos una comisión parlamentaria, para dirimir las responsabilidades del primer ministro británico, es muy probable que los espectadores no acudieran a las funciones del Tricycle Theater de Londres para ver la obra de Norton-Taylor y Kent. Pero como no se ha producido en la política la catarsis ha debido de producirse en el teatro. Como casi siempre.
¿Y en cuanto a los compañeros de Blair? Bush, no lo duden, antes o después será juzgado, si no en un tribunal sí en el cine, y en más de una película. A Aznar, pese a las tentativas de algunos, no creo que lleguen a juzgarlo legalmente. El propio Zapatero, su adversario, ya se ha opuesto, demasiado veloz en la complicidad del poder. Tampoco sé si a Aznar le dedicarán una obra de teatro o una película. Lo curioso es que desde hace tiempo, con sus incontinencias verbales, él mismo esté empeñado en juzgarse. Y quizá también en condenarse.

Sobre la acción de inconstitucioldad

Aborto en el DF: entre la legalidad y la imposición
Editorial de La Jornada, 27/05/2007;
La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de presentar una controversia sobre constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas sobre el aborto aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) revela el cariz autoritario del gobierno federal, que busca imponer sus convicciones a espaldas de este cuerpo legislativo y de la población de la capital.
En la ciudad de México, sin duda, el apoyo a dicha reforma legislativa, que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación, fue manifiesto. La sociedad civil, innumerables organizaciones no gubernamentales, partidos y muchos personajes de la vida política y artística del país se pronunciaron activamente para impulsar su aprobación. Por el contrario, las movilizaciones en contra, instigadas por organizaciones como Pro Vida y la Iglesia católica, tuvieron poca particiación.
Para varios especialistas en derecho constitucional es claro: los recursos promovidos por la PGR y la CNDH ante la SCJN son una muestra más de la posición dogmática de un gobierno de "derecha, clerical y fiel seguidor de las políticas que dicta el Vaticano".
Y es que, aseguraron, no existe ninguna violación al marco constitucional con las reformas aprobadas. Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo "no obligan ni invitan a nadie a abortar; además se aprobaron como parte de las competencias de la ALDF para crear tipos penales y despenalizar acciones, sin que se violente ningún marco constitucional".
Si bien reconoció que existe competencia legítima de PGR y CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad, "eso no quiere decir que tengan razón, y en este caso no la tienen porque la asamblea capitalina tiene facultades legítimas para legislar en materia penal y sobre tipos penales, ya que no se trata de un delito federal".
Agregó que la jurisprudencia de la SCJN no puede ser invocada, porque el objetivo de una controversia es demostrar que una normatividad es contraria a la Constitución, "pero no para poner en evidencia que no se está de acuerdo con una decisión legítima". Es decir, no existen motivos para que la resolución de la ALDF sea derogada.
Por otra parte, la decisión de la PGR y la CNDH no sólo atenta contra la independencia de poderes marcada en la Constitución y pone en duda la capacidad del Congreso y del gobierno locales para actuar conforme a sus propios planes, también es una afrenta para la mayoría de los ciudadanos, que apoyaron las reformas. No hay que olvidar que la acción es una imposición del gobierno federal que fracasó en el Legislativo del DF y en las calles y que ahora se traslada al terreno legal.
Para evitar casos como este y otros que afectan la competencia del gobierno capitalino y del Legislativo local, sería deseable avanzar en el proyecto de una reforma política en el DF, dotándola de su propia Constitución. Como señaló el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, es absurdo continuar subordinando a la ciudad en temas como el de la salud.

Palestina

Palestina: el triunfo de la sinrazón/Isabel Turrent
Tomado de Reforma, 27/05/2007;
La violencia que ha envuelto Gaza desde principios de mayo, no parecería ser un escenario adecuado para la publicación de un libro más sobre el conflicto palestino-israelí escrito por un abogado de la negociación pacífica y la moderación política. Los renovados choques entre Fatah y Hamas, las dos fuerzas que se unieron apenas en marzo para formar un gobierno de unidad nacional y establecer los cimientos para pacificar Gaza, podrían descalificar de entrada cualquier llamado a la no violencia. Sin embargo, Once Upon a Country es una lectura indispensable, precisamente en estas circunstancias. Para empezar, porque su autor no es un observador apasionado, pero ajeno, ni un participante extranjero en las negociaciones de paz, como muchos de los que han escrito recientemente sobre el conflicto palestino-israelí. Sari Nusseibeh es un palestino que nació y ha vivido gran parte de su vida en Jerusalén. Ha presenciado, ya sea como espectador involuntario e impotente, o como protagonista, el conflicto que desató la ocupación israelí hace casi exactamente 40 años, en junio de 1967.
El recuento de Nusseibeh es, por supuesto, mucho más que la historia del conflicto palestino-israelí. La primera parte es un largo relato, personal y cargado de añoranza, de la milenaria historia de su aristocrática familia y de su infancia del otro lado de "la tierra de nadie": la barrera que separaba al Jerusalén jordano del israelí. Pero la segunda parte del libro es la que es fundamental para entender cómo y por qué la sociedad palestina se ha sumergido en una violencia creciente teñida de fundamentalismos religiosos, que ha silenciado las voces moderadas y democráticas que Nusseibeh representa mejor que nadie.
Algunos vacíos distorsionan la historia reciente de la relación palestino-israelí (Nusseibeh olvida convenientemente, por ejemplo, que en 1948 fueron los países árabes los que atacaron al naciente estado de Israel). Pero el signo del libro es la objetividad. Es imposible no estar de acuerdo con Nusseibeh en su recuento de los errores que Israel ha cometido desde 1967 en los "territorios ocupados". Encarcelar a los activistas palestinos, por ejemplo, convirtió a las prisiones israelíes en escuelas donde se formaron líderes altamente politizados. Muchos de ellos optarían por la violencia después del fracaso de Oslo. Por lo demás, los servicios de seguridad israelí centraron su atención en los nacionalistas palestinos seculares y no pudieron ver el peligro que implicaba el fortalecimiento de organizaciones fundamentalistas como Hamas. Por último, la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados sembró la desesperanza en amplios sectores de la sociedad palestina, radicalizó a muchos de los jóvenes que se volverían carne de cañón de las organizaciones terroristas y contribuyó al fracaso de los acuerdos de Oslo.
El resto de los factores que han desembocado en la violencia son, sin embargo, responsabilidad de los palestinos. La Autoridad Palestina (AP) de Arafat, desperdició todas las oportunidades posibles para establecer un gobierno eficaz y una democracia plena. Arafat instauró un desgobierno centralizado, la corrupción y el dispendio sentaron sus reales en los territorios ocupados y el maquiavelismo y la ineficiencia administrativa de Arafat dividieron a los grupos que conformaban la AP y fortalecieron a organizaciones fundamentalistas como Hamas -un movimiento bien estructurado, con amplias redes de protección social.
Bajo la sombra de la Segunda Intifada, que estalló en el 2001, el recuento de Nusseibeh roza la tragedia. Israelíes y palestinos estuvieron a un paso de llegar a un acuerdo de paz en los meses anteriores. En Israel, la elección de Sharon en febrero impidió que las pláticas continuaran. Pero aún sin Sharon, Arafat difícilmente hubiera concluido un acuerdo. El epitafio de Nusseibeh es terminante: "Después de todos los años de lucha (Arafat), tuvo la oportunidad de conseguir mucho de lo que necesitaba; el resto lo hubiera logrado construyendo un moderno Estado de derecho. Pero decidió no hacerlo". Lo que siguió fue un estallido de violencia que costó la vida a cientos de palestinos. Una lucha inútil -en palabras de Nusseibeh- "un catastrófico pleito caótico, sin liderazgo, estrategia, o ideas; ...un ataque de locura ruinoso y sanguinario" -que abrió las puertas al triunfo electoral de Hamas en 2006, y al ciclo renovado de violencia que vive Gaza.
Una lucha que ha dividido a Fatah -entre quienes favorecen el gobierno de unidad nacional y quienes se oponen a él- fragmentado a los palestinos en facciones que siguen a caudillos políticos, militares o clánicos, y fortalecido a Hamas, destruyendo toda posibilidad de negociación de la alternativa que favorecen los palestinos moderados como Nusseibeh: la construcción de un Estado palestino junto a Israel. Quienes pretenden que la negociación con Hamas es posible, deberían leer la descripción que Sari Nusseibeh, que ha dedicado años a la docencia y es director de la universidad Al Quds, hace de los jóvenes adoctrinados por Hamas que asolaban a sus compañeros seculares. "Barbudos fanáticos, alimentados por el espíritu de Hamas, impedían cualquier asomo de libertad intelectual, acosando a todos aquellos que intentaban cultivarla. La gente sentía terror de hablar con libertad". Ese terror persiste. Muchos de los ataques que sufren los habitantes de Gaza, corresponden a la atmósfera opresiva del fundamentalismo islámico: en Gaza ahora, un joven puede pagar con su vida usar un arete y no traer barba. Sari Nusseibeh ha cumplido con la obligación moral de ser inteligente, justo y realista. Es una lástima que pertenezca a un grupo de palestinos en riesgo de extinción.
Correo electrónico: iturrent@yahoo.com

El Magreb

Al Qaeda en el Magreb/Lianne Kennedy, investigadora en el Combating Terrorism Center en West Point
EL CORREO DIGITAL, 26/05/2007):
Los atentados del pasado abril en Argel y las recientes revindicaciones de un Al-Andalus islámico han generado un caudal de especulaciones sobre el interés de Al-Qaida por extender su influencia en el Magreb. Aunque pueda parecer que los yihadistas están ganando posiciones rápidamente en el norte de África, existe una serie de factores que disminuyen la habilidad de los diversos grupos para coordinar sus actividades.
La decisión del argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) de cambiar su nombre por el de ‘Al-Qaida en el Magreb Islámico’ (AQM) es sólo el último paso en una transición que venía produciéndose por lo menos desde 2003. Las medidas antiterroristas del Gobierno argelino habían degradado significativamente la capacidad del GSPC de entrenar a sus activistas y ejecutar operaciones. Al mismo tiempo, el Acuerdo Civil impulsado por el presidente Buteflika -que permite a los militantes desmovilizarse sin enfrentarse a consecuencias legales- convenció a un buen número de miembros del grupo para regresar a la vida civil. Al GSPC no le quedó sino contemplar impotente cómo se reducía su base de apoyo, a medida que otros yihadistas volvían su atención hacia la insurgencia iraquí. Al borde de la desaparición, la organización buscó en su asociación con Al-Qaida la manera de dotarse de una nueva imagen y de atraer a una nueva generación de posibles reclutas.
Las razones de Al-Qaida para dar su beneplácito a esta relación son pragmáticas. En su estrategia, la yihad global tiene prioridad sobre la ‘guerra santa’ contra enemigos locales. Por ello, que un reputado grupo nacionalista como el GSPC reconozca el liderazgo de Al-Qaida mejora las credenciales de la red terrorista. La alianza permite al grupo de Bin Laden presentarse como una organización realmente global, capaz de combatir en diferentes frentes, y que representa los intereses de los musulmanes en todo el mundo. La declaración de fidelidad del GSPC reforzó también la posición personal de Ayman Al-Zawahiri y de Osama Bin Laden como líderes de Al-Qaida, en un momento en que gran parte de la yihad internacional parece estar fuera de su control directo. Que esta asociación vaya a aportar beneficio alguno a Al-Qaida está aún por ver. La reacción pública contra los últimos atentados ha sido negativa, e incluso los chats y foros yihadistas están divididos sobre si se pueden justificar las operaciones en las que hay musulmanes entre las víctimas.
La metamorfosis del GSPC ha desatado las alarmas a ambos lados del Atlántico, pero no debiéramos exagerar las capacidades de este grupo. Se ha discutido mucho sobre el aparente interés de Abu Musaab Abdelwadud, líder del GSPC-AQM, de unificar a los grupos magrebíes bajo su liderazgo, una pretensión poco probable. El GSPC no se situaba a la vanguardia del terrorismo internacional. Operaba más bien como una guerrilla clásica, buscando refugio en bastiones seguros en las montañas, con lo que la actividad del grupo salafista argelino tenía poco, o nada, en común con las operaciones de Al-Qaida en Irak u otros lugares. Las peleas internas entre los líderes del grupo eran legendarias, y son escasos los indicios de que Abdelwadud cuente con la capacidad de liderazgo necesaria para mantener su organización cohesionada; qué decir ya de la posibilidad de unificar bajo su mando a las otras redes que operan en el norte de África.
Numerosos yihadistas miran con desconfianza a los grupos argelinos, al considerarlos infiltrados por las fuerzas de seguridad. Por esta razón fundamental, no parece muy probable que AQM logre formar un supergrupo terrorista en el Magreb. Aún así, los atentados de Argel del pasado abril suponen un significativo cambio en las tácticas operativas del GSPC, que se separó del GIA (grupo yihadista que representa a su vez una escisión violenta del Frente Islámico de Salvación que ganó las elecciones argelinas en 1992) en 1998 con la promesa de no atacar a civiles. Al detonar dos coches bomba en una calle llena de gente, AQM parece haber dado la espalda a los principios fundadores del GSPC. Esta indiferencia hacia la vida de civiles tiene reminiscencias del GIA, cuyas brutales tácticas en los 90 fueron repudiadas no sólo por el pueblo argelino, sino por otros grupos terroristas de la época, incluido el propio Bin Laden.
Es instructivo recordar que las sangrientas tácticas de Abu Musab Al-Zarqawi, el difunto líder de Al-Qaida en Irak, empujaron a Al-Zawahiri y a otros miembros de la red de Bin Laden a criticar las operaciones en las que mataban a musulmanes, por lo que cabría cuestionar que los atentados de Argel hayan ayudado a los objetivos estratégicos de Al-Qaida. Por muy espectaculares que fueran, las bombas no tenían otra finalidad que anotar una protesta contra el Gobierno y reafirmar que AQM habla en serio cuando aspira a aumentar sus niveles de violencia. Pero el régimen argelino no dudará en desarticular un grupo que podría haber precipitado su propio fin con los atentados de hace siete semanas.
Para permanecer activas, las organizaciones terroristas están obligadas a reabastecer sus filas. El GSPC sufría un periodo de declive por la falta de apoyo popular, y es poco probable que AQM sea capaz ahora de reclutar activistas en Argelia, a no ser explotando los resentimientos locales. Es posible que la nueva estructura atraiga a jóvenes yihadistas que han viajado a Irak a combatir a las fuerzas estadounidenses. Esto supondría un desarollo preocupante, puesto que es de suponer que los insurgentes que regresan traerán consigo tácticas y procedimientos eficaces en el combate urbano. Estas nuevas técnicas causarían más víctimas civiles que el repertorio clásico del GSPC.
Los grupos yihadistas que operan en Marruecos, por el contrario, son organizaciones de base que no parecen estar dirigidas por influencias externas. Los yihadistas marroquíes aprovechan el descontento social para reclutar a jóvenes desencantados para sus misiones suicidas, y emplean la retórica de Al-Qaida para justificar acciones violentas que resultan repulsivas para la mayoría de la sociedad marroquí. Los activistas parecen provenir de instancias locales muy aisladas y, teniendo en cuenta la pobre ejecución de los atentados de Casablanca de mayo de 2003, no debieron de contar con ayuda ‘profesional’.
Es verdad que ha habido numerosos casos de agentes de Al-Qaida detenidos en Marruecos, y que muchos marroquíes han estado involucrados en actos terroristas en Europa; sin embargo, la amenaza que constituyen debería ser desagregada, no acumulada. Si bien la participación del GICM (Grupo Islámico Combatiente Marroquí) en atentados yihadistas en Europa está demostrada, no parece que la organización esté firmemente enraizada en Marruecos mismo. En este punto, por lo tanto, parece que la amenaza que supone para el país magrebí sigue siendo todavía de naturaleza interna más que internacional.
La protección de la sociedad y la derrota del enemigo terrorista exigen comprender que no todos los grupos yihadistas comparten objetivos y motivaciones. Las pautas de reclutamiento son diferentes, los perfiles operacionales son diversos, y existen importantes diferencias de parecer entre sus líderes. Todos estos factores abren ventanas de oportunidad para los profesionales del antiterrorismo que les permitirían aislar cada grupo para destruirlos uno a uno. Todas estas organizaciones son peligrosas, pero ninguna tiene la capacidad suficiente para amenazar la estabilidad de los gobiernos magrebíes. Exagerar el nivel de la amenaza sólo logra alimentar sus esfuerzos propagandísticos, atribuyéndoles más influencia de la que realmente tienen