Grabaciones en Colombia

La Casa de Nariño reaccionó severamente a la publicación de una interceptación telefónica en la que se escucha al presidente Álvaro Uribe reclamándole de manera enérgica a Luis Fernando Herrera Zuluaga, un ex funcionario de Palacio, por una denuncia de corrupción que hizo el periódico EL TIEMPO en abril pasado.
Tal como lo publicó ese diario, Raúl Grajales Lemus, el otrora poderoso empresario del Valle, acusó a Herrera Zuluaga, conocido como la 'Mechuda', de exigirle 15 millones de dólares a cambio de que no fuera extraditado.
"Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada -dice el presidente Uribe en la cinta revelada anoche por Noticias Uno-. Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica".
En la conversación, el primer mandatario también le exige a la 'Mechuda' -que se presentaba como asesor para la imagen del Presidente- que le diera la cara tanto a los reporteros de EL TIEMPO como a la Fiscalía General para que explicara su conducta y el porqué le habría solicitado al hoy fiscal General, Mario Iguarán, cuando era viceministro de Justicia, que le diera en administración los bienes incautados a Grajales.
El comunicado señala que la conversación telefónica "refleja la actitud intransigente contra la corrupción que predica y practica el Señor Presidente".
La Casa de Nariño también advierte que dicha grabación y su filtración a los medios de comunicación "constituye una acción punible, que se agrava al poner en peligro la estabilidad y seguridad del Estado".
La revista Semana publica:
Escuche en Semana.com el histórico regaño presidencial.
Fecha: 12/09/2007 - El Gobierno Nacional solicitó este domingo al Fiscal General, Mario Iguarán, que “investigue con celeridad quién y por qué ha grabado conversaciones telefónicas del presidente de la República”. Se trata de una llamada telefónica revelada por Daniel Coronell, en su más reciente columna de SEMANA. En ella, Uribe regaña al fotógrafo Luis Fernando Herrera Zuluaga por haber intentado extorsionar en la cárcel a Raúl Grajales, sindicado de lavado de activos. Escuche el polémico audio en la columna de Coronell titulada ‘Gente con estrella’. En la columna, Coronell afirma que “allí en Palacio, Grajales conoció un personaje muy particular. Su nombre es Luis Fernando Herrera Zuluaga, pero muchos lo llaman ‘la mechuda’ o ‘mechudo’. ‘Mechudo’ estuvo vinculado laboralmente a la Presidencia de la República, desde el comienzo del primer gobierno del presidente Uribe”. Explica el columnista que “esas funciones las cumplió hasta el 19 de marzo de 2003, pero después de su renuncia siguió frecuentando la sede presidencial y a algunos de sus visitantes, entre ellos Raúl Grajales” Y que a “la cárcel de Palmira, según Grajales, 'Mechudo' fue a extorsionarlo. Asegura que después de mencionar sus contactos con la Fiscalía y la DEA le pidió 15 millones de dólares para evitar su extradición. Grajales denunció en una carta el chantaje”.
Gente cn estrella
Coronell recuerda que cuando “la Unidad Investigativa de El Tiempo publicó el caso, la reacción del Presidente fue llamar a Herrera y mandar a grabar la comunicación para dejar constancia de su disgusto. Es tan evidente que se estaba grabando desde el teléfono de Palacio, que antes de empezar la comunicación se alcanza a oír la agitada voz de la secretaria del mandatario, diciendo en voz baja: ‘A mí me va a dar un ataque’”. En opinión del periodista Coronell, la grabación fue hecha intencionalmente desde el teléfono de Palacio y una de las pruebas es la expresión del presidente Uribe en tal sentido. Sin embargo, en Casa de Nariño consideran todo lo contrario. Y por eso la exigencia a la Fiscalía para que de inmediato investigue quién y con qué intención hizo la grabación. “La conversación que circula en algún medio de comunicación, aunque refleja la actitud intransigente contra la corrupción que predica y practica el señor presidente, llegó ilegítimamente a conocimiento del público”, añadió el escrito divulgado este domingo. COMUNICADO DE LA CASA DE NARIÑO
1. El Gobierno Nacional solicita al Fiscal General de la Nación, que se investigue con celeridad quién y por qué ha grabado conversaciones telefónicas del Presidente de la República.
2. Esa sola conducta y la filtración a la prensa, constituye una acción punible, que se agrava al poner en peligro la estabilidad y seguridad del Estado.
3. La conversación que circula en algún medio de comunicación, aunque refleja la actitud intransigente contra la corrupción que predica y practica el Señor Presidente, llegó ilegítimamente a conocimiento del público. Los autores de ese hecho deben ser descubiertos y sancionados con toda energía. Bogotá, diciembre 9 de 2007.
Tras la revelación, por parte de Semana.com, de una grabación con la voz del Presidente en el que éste regaña de manera muy fuerte a un ex empleado de Palacio, dirigentes de la coalición de gobierno creen que sólo los organismos de seguridad tienen la tecnología para haber ‘chuzado’ a Uribe.

El Trio que cambio el mundo

El Presidente, el Papa y la Primera Ministra -ayer y hoy/Ramón Pérez-Maura
Publicado en ABC, 10/12/2007;
Hace ya casi cuatro lustros desde que Ronald Reagan abandonó la Presidencia de los Estados Unidos. Margaret Thatcher le siguió apenas dos años después. En este tiempo ha sido bastante común oír cómo ellos dos, con la ayuda imprescindible de Juan Pablo II, fueron capaces de derribar el comunismo y dar a Occidente una gran victoria. Pero nadie hasta ahora se había tomado el trabajo de hacer una meticulosa reconstrucción de cómo fue esa relación. Aún más, a muchos les debe de molestar sobremanera que se recuerde hogaño el reto que Occidente tenía ante sí y cómo tres grandes dirigentes fueron capaces de plantar cara y vencer.
En su fascinante libro «El Presidente, el Papa y la Primera Ministra. Un trío que cambió el mundo», editado en España por «Gota a Gota» y que José María Aznar presenta hoy, John O´Sullivan lanza un mensaje que por desgracia es extremadamente actual: hasta que llegó el trío Reagan, Juan Pablo II y Thatcher al poder, Occidente estaba convencido de la supuesta superioridad militar y moral de los soviéticos. Y ante ese tipo de certeza, lo más sencillo -incluso lo más lógico- es rendirse. Pero el nuevo trío no estaba por la labor.

Turquía

Los sonidos de la marcha turca/Slavoj Zizek, filósofo esloveno y autor, entre otros libros, de Irak. La tetera prestada.
Publicado en El País, 09/12/2007;
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Hace tres meses, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, aconsejó al mundo que se preparase para la guerra contra el supuesto programa nuclear de Irán. Esta afirmación causó enorme revuelo, y las mayores críticas se centraron en lo que sir John Holmes, responsable del organismo de Naciones Unidas para los refugiados, llamó el “estigma iraquí”: el escándalo de haber utilizado las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak como excusa para la invasión de ese país. ¿Por qué íbamos a creer ahora a Estados Unidos y sus aliados, que tan brutalmente nos habían engañado entonces? Y de hecho, los servicios de inteligencia norteamericanos dicen ahora que no existe tal programa nuclear iraní.

Personas con discapacidad

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizará en México una encuesta sobre discapacidad, la cual se pretende que esté lista antes de 2010.
Según cifras del INEGI, que datan de 2003, en México 2.3 millones de personas tiene alguna discapacidad, pero con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud 10% de la población tiene una capacidad diferente.
Según el Conapred se estima que en el país en realidad más de 10 millones de personas presentan alguna discapacidad, pero no se tienen cifras ni estadísticas recientes que puedan corroborar esta información.
Derechos de las personas con discapacidad/ Xabier Etxeberria
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 10/12/2007;
El 10 de diciembre se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido la base decisiva de la que han ido emergiendo convenciones diversas que, especificando con más detalle determinados derechos, tienen más densidad jurídica, al obligar a su cumplimiento a los Estados que las firman, al obligar en concreto a que se incorporen a su sistema legal. En la explicitación de estas convenciones (y de otros documentos internacionales) se nos muestran dos dinámicas. En la primera, pensando en la población en general, se desarrollan determinados derechos de todos y se hacen más obligantes para los Estados. En la segunda, lo que se busca es especificar los derechos que conciernen a algunas poblaciones en concreto (mujeres, niños, indígenas, migrantes, minorías étnicas, etcétera).
En estas líneas, como celebración de este aniversario de la Declaración Universal que quiere ser estímulo para su cumplimiento, pretendo resaltar una de estas convenciones, la de los ‘Derechos de las personas con discapacidad’. Fue aprobada el 13 de diciembre de 2006, hace casi justo un año, y se abrió el plazo para que la firmaran los Estados el 30 de marzo de este año. Como puede verse, se trata de una convención muy reciente, por cierto, el primer tratado de las Naciones Unidas del siglo XXI.
La verdad es que esta convención puede alardear de logros formales relevantes. Es el tratado que con más rapidez se ha negociado, se ha aprobado por consenso, y, además, el mismo día de la apertura de firmas lo hicieron unos 80 Estados, entre ellos España, habiendo ascendido este número, a mediados de octubre, a 117. Pero, desgraciadamente, ante estos datos tan positivos nos toca ser precavidos. Frente a exigencias de justicia que se imponen palmariamente a todos, cuando se logra que se fije la atención pública en ellas (lo que puede costar, lo que de hecho ha costado muchísimo para el caso de las personas con discapacidad), las proclamas correspondientes se asumen con rapidez -son políticamente correctas-. Pero si el ‘dicho’ -la Convención- resulta entonces razonablemente claro, el ‘hecho’ -su cumplimiento- puede hacerse esperar. Peor aún, puede tomarse lo dicho con toda solemnidad como excusa para no pasar al hecho, incluso cuando estamos ante un tratado obligante. El recordatorio que hago aquí pretende, precisamente, ser un pequeño acicate para que esto no ocurra.
Lo primero que se nos impone ante esta convención es considerar que nos afecta a todos. Porque el riesgo de convenciones específicas como ésta es que se consideren reservadas para la población inmediatamente concernida; en nuestro caso, las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones y profesionales de atención a ellas. Ahora bien, no se trata sólo, que también, de que esta población concernida sea muy amplia, partiendo del dato de que las personas con discapacidad suponen el 10% de la población. Tampoco sólo de que todos estamos abiertos a la posibilidad de la discapacidad (baste pensar en las que tienen su origen en accidentes de automóvil). Se trata, decisivamente y aunque sea más difícil, de ser conscientes de que todos los derechos de todos nos afectan a partir de nuestra común solidaridad humana y, específicamente, a partir de las exigencias de justicia que emanan de ella. Los derechos de las personas con discapacidad, concretados en esta convención, se cumplirán únicamente cuando las instituciones públicas y el conjunto de la ciudadanía cumplan sus deberes.
Una segunda consideración general que me parece pertinente es la siguiente. Cuando se formula una convención pensando en un sector específico de la población, no se plantea solamente adaptar a ese colectivo concreto los derechos generales de todos, aunque también se tenga presente esto. Implícitamente se confiesa que esos colectivos han sufrido históricamente un no reconocimiento en sus derechos como humanos. Para probarlo, basta caer en la cuenta de la correspondencia existente entre este tipo de convenciones y las poblaciones históricamente marginadas. Pues bien, esto también es cierto para las personas con discapacidad: la convención que detalla sus derechos debe ser percibida como denuncia, latente pero firme, de la general y constante vulneración de derechos que han sufrido (y siguen sufriendo).
Entrando ahora, muy escueta y parcialmente, en el contenido de la convención que nos ocupa, quiero resaltar un concepto clave en ella: el de la autonomía o autodeterminación de la ciudadanía. Las personas con discapacidad son reconocidas como ciudadanos, y como tales tienen derecho al disfrute de su autonomía tanto en el ámbito privado de la intimidad y la vida civil como en el ámbito público.
Se dirá, ante ello, que la discapacidad es precisamente disminución de capacidad de autonomía, plasmada de modos diferentes en función del tipo de discapacidad (física o motórica, sensorial, intelectual). Observación delicada, porque históricamente ha derivado en la sustitución de la autonomía por el paternalismo, con el correspondiente quebrantamiento de derechos. Ante ello, distintos colectivos de personas con discapacidad se han rebelado hasta el punto de plantear un enfoque diferente desde la categoría de ‘diversidad funcional’.
Asumamos, de todos modos, y de arranque, la observación en cuestión. Habrá que tener presente en ese momento que esta convención nos recuerda, al hablar de ‘barreras sociales’, que la discapacidad no depende sólo de determinadas condiciones personales psicofísicas, sino que también discapacita la sociedad, cuando pone obstáculos evitables para el ejercicio de la autonomía. La primera exigencia que se nos plantea entonces es quitar esas barreras, no propiamente a través de ’sistemas especiales’ para los discapacitados, sino a través del ‘diseño universal’ de productos, servicios y entornos, que tienen que estar hechos de tal modo que todos puedan utilizarlos, sin que se precisen diseños especializados. Cabe pensar en ‘ajustes razonables’ a modo de adaptaciones para las personas con discapacidad, pero concibiéndolos como complemento y sin que supongan una carga desproporcionada para los afectados.
Las barreras que discapacitan no son sólo materiales, por ejemplo, aquellas con las que se topan en su movilidad quienes tienen una discapacidad física. Son también inmateriales. Pensemos en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Me consta del dueño de un bar que indicó a un monitor de personas con esta discapacidad, con cierta vergüenza pero a la vez con contundencia, que no las llevara a su bar, porque le ‘espantaban a la clientela’. Ese señor puso en ese momento una barrera para la accesibilidad de la autonomía, discapacitó allá donde no había discapacidad. Pero no debe olvidarse que la puso porque la ponían sus clientes, el ‘ciudadano corriente’. Si, por continuar con este ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual se les quitan estas barreras inmateriales, si se hacen diseños universales -por ejemplo, de lectura fácil- en diversos productos y servicios, si se les ofrece una educación lo más inclusiva posible orientada a la autodeterminación en la interdependencia, con ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando los apoyos complementarios necesarios, su autonomía, su condición de ciudadanía, se realizarán del modo máximo posible, muy superior al clásico enfoque paternalista centrado en una protección que corta alas. Pues bien, la convención citada nos empuja a avanzar por este camino, no como un anhelo sino como un derecho, y pensando, por supuesto, en todas las personas con discapacidad.

Las ONGs en España

Las ONG, bajo la moda de la sospecha/Salvador García-Atance e Ignacio Garralda, presidentes de la Fundación Lealtad
Publicado en EL PAÍS, 10/12/2007;
Cada vez que una ONG tiene problemas serios se genera una cierta inquietud social. Algunas veces, esta inquietud refleja únicamente los prejuicios de aquellos que rechazan la actividad de las entidades del llamado Tercer Sector [grupo de asociaciones y fundaciones que se dedican a la acción social y a la ayuda al desarrollo]. Son personas que creen que, en el mejor de los casos, una institución sin fines de lucro es necesariamente una máquina de despilfarrar recursos. Suelen llamar a las ONG “organizaciones gubernamentales” por las subvenciones que éstas reciben, aunque se quedan sorprendidos cuando se les señala que las empresas privadas reciben subvenciones infinitamente superiores y nadie las considera empresas públicas.
Otras veces, esos problemas sirven simplemente para justificar la inhibición a la hora de colaborar con las ONG.
Sin embargo, en muchas ocasiones, esa inquietud es genuina y constructiva. Para tener conocimiento de una actividad institucional como la de las ONG, éstas deben rendir cuentas a la sociedad de forma transparente. Es más, esa rendición de cuentas es necesaria para que las ONG progresen. En el sector privado, la combinación de la competencia y el mercado hacen que las empresas que no son eficientes desaparezcan. El mismo papel ejerce el sistema democrático con el sector público. En el Tercer Sector, el principal mecanismo de progreso y eficiencia es el escrutinio de los donantes, los voluntarios, los medios de comunicación y la sociedad en general. Ese escrutinio sólo es posible con una completa y transparente rendición de cuentas.
¿Son nuestras ONG transparentes?
Muchas lo son a título individual, otras no tanto. La rendición de cuentas y la transparencia son más útiles cuando permiten la comparación entre ellas, y, por tanto, la elección. Desde ese punto de vista, las administraciones públicas (como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Asuntos Sociales, etcétera) tienen sistemas estructurados de seguimiento para las entidades a las que subvencionan. La Coordinadora de ONG de Desarrollo y otras agrupaciones de ONG tienen códigos éticos y de conducta. E iniciativas privadas e independientes, como la Fundación Lealtad, tratan de generar información homogénea y accesible a los donantes.
No existe, sin embargo, un registro único de fundaciones y asociaciones no lucrativas. Las peripecias del donante que trata de obtener información de algunos de los muchos y diversos registros públicos son legendarias. Baste decir que uno de los principales registros de asociaciones exige que el interesado envíe una solicitud por fax detallando el motivo por el que se quiere la información y previo pago de 10 euros puede ser autorizado a acudir a tal registro. También hasta hace poco, un registro público autonómico consideraba no pública la información financiera de las instituciones registradas.
El sector público debería crear un registro único on line de asociaciones y fundaciones con información contable homogénea. Sería, sin duda, una de las formas más eficientes de ayudar al Tercer Sector. En España este sector está integrado por miles de instituciones (aunque el número relevante se acerque a las 1.500), que manejan un presupuesto agregado de unos 1.700 millones de euros, movilizan más de un millón de voluntarios y emplean decenas de miles de personas.
¿Cuál es, en consecuencia, la situación de las ONG españolas? Las conclusiones extraídas de la experiencia de la Fundación Lealtad, que se basa en el análisis de más de 100 instituciones que gestionan un presupuesto total de 700 millones de euros, es la siguiente:
1. Las ONG españolas tienen un grado muy alto (más del 85%) de cumplimiento conjunto de los principios de buenas prácticas. Además, ese porcentaje aumenta cada año, lo cual demuestra una buena capacidad de mejora y aprendizaje.
2. Las ONG son las instituciones mejor valoradas por parte de los ciudadanos españoles, porque son capaces de movilizar el espíritu solidario y filantrópico tanto de personas físicas como de empresas. El espíritu filantrópico, en algunas ocasiones, hace que haya ONG que no consideren necesario la rendición de cuentas, lo cual perjudica su capacidad de progreso y su eficiencia.
3. Un tercio de las ONG analizadas incumple el principio del buen funcionamiento del órgano del gobierno, ya sea este un patronato o una junta directiva. Los órganos de gobierno están a menudo compuestos por personas poco comprometidas con la institución, que no asisten a las reuniones o que figuran nominalmente. En ocasiones, los órganos de gobierno se reducen a una o dos personas, líderes carismáticos, sin que existan prácticamente decisiones colectivas. En varios de los recientes casos de ONG con problemas (como Intervida), éstos han sido generados por la falta de control sobre el líder de la organización.
4. Un 30% de las ONG analizadas no tiene su financiación suficientemente diversificada, dependiendo excesivamente de un solo donante.
5. Los mensajes publicitarios de algunas ONG pueden inducir a error. El ejemplo paradigmático son las campañas de Anesvad, en las que se urgía a los donantes a ayudar -”no se demore, mañana podría ser tarde”-, mientras la organización tenía en cuentas corrientes e inversiones financieras cantidades superiores a los 30 millones de euros.
El atraer la atención de los posibles donantes y colaboradores no puede estar por encima del rigor de los mensajes y de la exigencia de coherencia de éstos con las prácticas de la organización. Este rigor también es necesario en las televisiones que ofrecen espacios a las ONG para captar fondos, sin explicar cómo las han seleccionado o si son las ONG las que han pagado por esa publicidad (caso muy frecuente).
Es particularmente delicada la forma de comunicación de las organizaciones que se dedican al apadrinamiento de niños, ya que en ella conviven mensajes publicitarios de una gran pulcritud y rigor (recordando que los fondos destinados al apadrinamiento del niño no van directamente a éste sino a la comunidad donde vive) con otros mensajes en los que el donante tiene la impresión de que su aportación la recibe directamente el niño, lo cual no es cierto.
6. Las ONG deben ser respetuosas con la voluntad de sus donantes. Son ejemplares los casos protagonizados por Intermón Oxfam, que paralizó sus proyectos en Irak ante la inseguridad en el país, comunicando esta decisión a sus donantes y solicitando su consentimiento para destinar los fondos de esta emergencia a la crisis de Burundi; y por Médicos sin Fronteras, que en la catástrofe del tsunami estimó haber recibido fondos más que suficientes para sus actividades previstas en la región y pidió a sus donantes que destinaran sus aportaciones a otras emergencias.
7. Las ONG no siempre cuentan con una planificación de sus actividades, lo que hace que en ocasiones capten fondos sin tener identificados los proyectos donde gastarlos.
¿Cómo podemos ayudar a la mejora del funcionamiento del Tercer Sector?
Los donantes, siéndolo responsablemente. En primer lugar, debemos informarnos sobre a quién donar; en segundo lugar, debemos seguir mínimamente el destino de nuestra donación.
El sector público, creando un registro único on line de todas las asociaciones y fundaciones que existen en nuestro país.
Las propias ONG, tratando de eliminar dos prejuicios: la solidaridad no está reñida ni con la eficacia ni con la eficiencia; y no todo lo que tiene ánimo de lucro es malo. La actividad empresarial es positiva para la sociedad y la colaboración entre ONG y empresas es, en general, buena para ambas partes.

Conferencia de Medina Mora

Según el procurador mexicano Eduardo Medina Mora, alrededor de 10 mil millones de dólares en efectivo salen al año desde EU hacia México como producto del tráfico de drogas. "Hay un flujo muy importante de dinero desde Estados Unidos a México que no tiene otra explicación que el tráfico de drogas. La estimación conjunta que hemos realizado con la DEA y otras agencias de ese país nos ubican en el nivel de 10 mil millones de dólares al año en efectivo que cruzan desde Estados Unidos a México", señaló.
En una conferencia de prensa con medios extranjeros, pidió que Washington "haga su parte" en el combate al tráfico de drogas que pasa desde México hacia ese país, donde se registra el mayor consumo mundial por volumen de estupefacientes.
El funcionario destacó la bilateral Iniciativa Mérida, que prevé equipamiento y ayuda monetaria estadunidense para México, estimada en mil 500 millones de dólares en tres años, pero consideró que lo "más importante es la corresponsabilidad" y que "cada país haga lo que le corresponde".