Günter Grass no siempre guardó silencio/Klaus Wagenbach, editor y escritor alemán.
Tomado de El País, 16/05/2007;
Traducción de Martí Sampons
Hace unas semanas cayó en mis manos un sobre negro con el título Monografía de Grass. Contenía diez hojas en las que yo había tomado apuntes para una monografía sobre Günter Grass.
Supe de inmediato dónde y cuándo había sido: en el verano de 1963 en una casa de vacaciones de los suegros de Grass, en el Tesino. Entonces éramos muy amigos y, además, yo fui durante algunos años su editor. Aunque en aquel tiempo era ya un autor conocido y traducido a muchos idiomas, no existía todavía ninguna biografía. Así que me concedió varias entrevistas y tomé notas, pero sólo llegamos hasta 1953. El proyecto quedó interrumpido porque poco tiempo después abandoné la editorial y fundé la mía propia.
Leyendo estas notas, me encontré con algo totalmente inesperado: “La mayoría de la clase se alistó en la Marina (también G.), pero acabó en los tanques. G. acabó en un regimiento blindado de las SS. Primero Dresde, luego Checoslovaquia y las landas de Lüneburg. Enero/febrero del 45, orden a la compañía de marchar primero sobre Silesia, luego (Grupo Steiner, SS) el primer ataque sobre Berlín, marzo/abril”.
Fue una gran sorpresa para mí.
Hasta ese momento parecía claro que Grass había ocultado haber servido en las SS. Incluso él mismo pensaba que en su autobiografía (Pelando la cebolla) lo relataba por primera vez. El Frankfurter Allgemeine Zeitung utilizó esta confusión para publicar un titular en primera página. Hubiera sido posible aclarar esta confusión con aquellas viejas declaraciones, en las que Grass se había expresado sin tapujos hasta mediados de los años sesenta sobre su participación en las Waffen-SS. Además, las entrevistas que yo le hice iban a hacerse públicas.
Pero a los periodistas (conservadores), no les interesaba todo esto. Preferían denigrar a una mente libre (de izquierdas). Fue una “primicia”. Y la prensa internacional la publicó. No sólo hay demasiados reaccionarios en el mundo, sino también demasiados parricidas y demoledores de monumentos.
Pero queda, sin embargo, la pregunta de por qué Grass dejó de hablar de sus tres meses en las Waffen-SS a partir de mediados de los sesenta. Había aparentemente dos motivos:
1. Aproximadamente hasta mediados de los años sesenta, Günter Grass podía confiar en que cualquier alemán, por proximidad temporal o generacional, sabía perfectamente que los nazis habían reclutado a soldados al final de la guerra ante la derrota inminente. A simples soldados. Daba casi lo mismo si se trataba de “auxiliares de artillería antiaérea”, de “Volksturm” o de “Waffen-SS”. Además, Grass (como mucha gente en Danzig y entre ellos sus compañeros de pupitre) quiso en un principio alistarse en la Marina. Pero ésta había dejado prácticamente de existir en esta época, así que acabó en los tanques, y consiguió sobrevivir por su cuenta.
Después, Grass ya no podía contar con estas ideas asumidas (algunos poemas de Interrogado de 1967 muestran cómo Grass tuvo que aceptar también este hecho). Pero de ninguna manera porque entre los estudiantes aparecieran oradores de duras convicciones, que exigían de sus mayores unas biografías fuera de sospecha que ellos mismos todavía no podían tener. Sino, sobre todo, porque en los dos decenios posteriores al final de la guerra, otros se habían encargado (con éxito) de negar su propio pasado y de enmendarlo. E incluso algunos lograron mediante una decisión judicial (cosa no muy difícil a partir de entonces, puesto que después del 45 ningún juez nazi fue suspendido de funciones) que no se les declarase cómplices sino tan sólo simpatizantes, como ocurrió con el que más tarde fue el presidente de la patronal, Schleyer. Para este fin, éste hizo creer que tenía tres categorías menos de oficial de las SS. Este “alto funcionario” volvía a estar bien colocado.
2. Fue sólo a partir de los años sesenta cuando empezó a difundirse en Alemania la dimensión real del papel criminal de las SS, principalmente a través del proceso de Auschwitz, iniciado de manera significativa por un repatriado: el valeroso fiscal general del Estado de Frankfurt Fritz Bauer. Este proceso dividió Alemania entre ciudadanos que se avergonzaban de ello y otros que lo negaban.
Grass empezó a avergonzarse bastante antes, y yo puedo certificarlo. En sus viajes a Polonia llegó a ver un documento terrible, el llamado Informe Stroop. Se trataba de algo parecido a un álbum de fotos con el título de Ya no hay barrio judío en Varsovia, en el que el general Jürgen Stroop relataba el exterminio del gueto de Varsovia. Este documento se publicó en 1960, a iniciativa de Günter Grass, en su editorial.
Entretanto, han aparecido en todo el mundo imágenes horribles que todos conocemos. Y el caso de un nuevo ataque a Günter Grass en el Spiegel de hace unas semanas ilustrado con una de estas imágenes, como si un airado adolescente de diecisiete años, encargado de cargar los cañones, tuviera algo que ver con el exterminio del gueto de Varsovia, forma parte de la actual y evidente falta de criterio histórico.
El texto mencionado iba sin embargo más allá de la falta de criterio histórico. Era uno de los muchos intentos de socavar la integridad moral de las personas, imputando errores que se han cometido en edad escolar. Así, estos periodistas no desenmascaran a nadie, sino más bien ocultan sus propias biografías, su aburrimiento, su esnobismo y su desconocimiento de la política, para acabar pareciéndose de una manera inquietante a izquierdistas dogmáticos y puritanos.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
16 may 2007
Fuego amigo
Este lunes 14 de mayo el líder estatal del PRD y precandidato a la gubernatura, Cristóbal Arias Solís, exigió a la PGR y al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel investigar los nexos del senador perredista Leonel Godoy con el crimen organizado.
Dice una nota de a agencia APRO-Proceso que Arias Solís, demandó también indagar a los exprocuradores Miguel Ángel Arellano Pulido y Lucila Arteaga, así como al actual titular de la PGJE, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Lo anterior luego que el sábado 12 de mayo agentes de la PGR detuvieran en Morelia al primer comandante de la Ministerial, Jehová Cortés, quien de chofer de Leonel Godoy “brincó” a jefe policiaco.
Cristóbal Arias señaló que “no me cabe la menor duda que deben ser investigados, pero de quien no me cabe la menor duda es de Miguel Ángel Arellano Pulido, quien recibe órdenes de su jefe político.
“Esto no quiere decir que los demás estén exentos, supongo que los habrán de llamar a comparecer, pero creo que debería abrir su propia investigación” la Procuraduría local.
Sostuvo también que el exprocurador Miguel Ángel Arellano debería pedir licencia como diputado federal y someterse a una investigación. “Eso ayudaría en mucho al esclarecimiento sobre estos hechos bochornosos, que colocan en el centro de atención a un precandidato al gobierno del estado del PRD”.
Incluso exhortó al propio Godoy Rangel para que renuncie al Senado y rinda su testimonio ante las autoridades judiciales.
En tanto La PGR solicitó y obtuvo del Juzgado Décimo de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal arraigo de 90 días para Jehová Cortés López y Arturo Guillen Delgado, presuntamente vinculados con la organización de Carlos Rosales Mendoza (a) “El Tísico”, operador del “Cártel del Golfo” en el estado de Michoacán, y por el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, equipo de comunicación e indumentaria policial.
Dice un comunicado de esa dependencia que "Arturo Guillén Delgado fue detenido en posesión de una escopeta, un arma de fuego, tres cargadores, cuatro cartuchos y un par de cachas metálicas en la calle Paseo de la Caoba, en la colonia Prados Verdes, en Morelia; además, le fueron asegurados tres teléfonos celulares, una base de teléfono, un radio y una cámara fotográfica. Jehová Cortés López, primer Comandante de la Policía Ministerial en el estado de Michoacán, cuando fue detenido se le aseguraron una escopeta, dos armas de fuego, cuatro cargadores para AR-15, cartuchos útiles de diferentes calibres, así como cinco gorras con insignias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cinco pantalones negros tipo comando, cinco chamarras con insignias de la PGJE, dos videocámaras, cinco chalecos antibala, un overol negro, una placa metálica con insignias de la PGR, cinco grabadoras de cinta para scanner, un pasaporte, 11 mil 50 pesos, tres tarjetas bancarias y 50 panfletos de la “Familia Michoacana”.
Pablo Cesar Carrillo publicó el siguiente reportaje el pasado 3 de enero de 2007 en el periódico Excelsior; describe muy bien lo que sucede en Michoacán.
Edil propone...
Y narcos disponen
Por: Pablo César Carrillo / Enviado
Nuevo Excelsior, 03/01/2007
TURICATO, Michoacán.— El presidente municipal de Turicato, José Vázquez Piedra, un profesor metido a la política, estaba en su oficina el último día de septiembre, cuando sonó el teléfono. Contestó y reconoció esa voz. Era el presunto narcotraficante Ramiro Castañeda, quien es señalado como lugarteniente del cártel del Milenio y jefe de la mafia en la región.
—Si no puedes pagar el "peaje" hijo de la chingada, renuncia. Y vete de aquí —le dijo, a bocajarro.
—Yo de plano no puedo. No puedo darles todo el presupuesto —contestó el edil, titubeante.
—Bueno, vas a entender o te partimos la madre cabrón —advirtió Castañeda.
—Yo estoy tratando de jalar, pero no puedo. No tenemos ni para la nómina...
Los narcotraficantes habían comenzado a cobrar "peaje" a los funcionarios de primer nivel del municipio para enfrentar una crisis de dólares. A cada uno le quitaban 10 mil pesos de su sueldo desde principios de año y ahora les exigían 2 millones de pesos de un jalón.
—Acuérdate nomás que tienes familia cabrón. Tienes hermanas, Chivo —le gritó Castañeda.
El presidente municipal trató de ser rudo y le contestó en el mismo tono:
—Tú también acuérdate que tu hermana trabaja en el municipio. Acuérdate que la metimos a trabajar porque tú lo pediste, y aquí está con nosotros.
El presunto narcotraficante se mostró enfadado.
—¡Me vale madres, cabrón! Tienes que pagar el "peaje". Y si no puedes, renuncia ya. O mañana no amaneces. Mañana no amaneces.
Le colgó el teléfono.
El otro poder
Los narcotraficantes controlan el municipio de Turicato desde hace 15 años.
De hecho, cuando José Vázquez Piedra ganó la candidatura en el PRD, tuvo que ir con ellos a pedirles el aval para ser presidente municipal. Todos los candidatos deben ir con ellos, sean del PRI, del PAN o del PRD, aseguró José. Los narcos palomean a los aspirantes.
"En el 2004 fui con Ramiro y le dije: ‘gané la interna en el PRD y quiero ser presidente municipal’. Y me dijo: ‘está muy bien, échale ganas’. Yo sabía que ellos me podían decir: ‘ábrete, va otro, ¿O quieres tener broncas’. Pero sí me dieron el aval", recordó. Así funciona la política en los municipios dominados por el narco. José Vázquez afirmó que así es en Aguililla, en Churumuco, en Tepalcatepec, en Apatzingán y en Turicato, sólo que las autoridades estatales y federales no lo quieren reconocer. Pero es una realidad que ya no se debe esconder, dijo. "Los candidatos deben pedir el aval del narco, casi de la misma forma en que se pide el aval del partido".
José Vázquez hizo su campaña y ganó la elección constitucional. El PRD arrasó en los comicios y desde el primer día inició la presión de los narcos. Antes de la toma de posesión, el 1 de enero del 2005, Ramiro Castañeda fue con José Vázquez y le dijo que él nombraría al jefe de la Policía y al director de Obras Públicas. Le dio los nombres de funcionarios que debían estar en la alcaldía. "No te preguntan. Te ordenan. Te dicen: ‘nombra a fulano y mete a zutano’. Y ya", recordó el presidente municipal. "Si no lo haces, te matan y ya".
Desde el principio, José Vázquez perdió el control de la policía. Los Castañeda pusieron a un director y contrataron a 50 elementos que estaban a sus órdenes. Hacían sus rondines por órdenes de ellos, y protegían cargamentos de mariguana. "Yo ni sabía dónde andaban. Ni me pedían permiso", platicó el presidente. "Nomás me venían a decir que habían sacado un camión de mariguana o que estaban cuidando una pista. No duerme uno ni tranquilo".
José Vázquez, apodado El Chivo, se sentía secuestrado. No podía tomar decisiones y ellos hacían lo que querían. Lo mismo le había pasado al anterior alcalde, Salvador Barrera Medrano, y a sus tres antecesores. Los narcos tenían cinco administraciones dominando el gobierno, afirmó.
Al principio fue sólo Policía y Obras Públicas, pero después "ya querían todo". Querían sacar dinero de los programas y le quitaban recursos a las obras. La situación se agravó el año pasado, cuando los narcos sufrieron una crisis de ingresos. En Estados Unidos ya no pagan igual la mariguana y dejaron de enviar las pacas de dólares, así que los traficantes comenzaron a buscar dinero aquí, en Michoacán. "Nos empezaron a cobrar ‘peaje’, y también a los empresarios", explicó José Vázquez. La Coca Cola tenía que dar cuota para distribuir sus productos, igual la Bimbo, Sabritas y Ricolino. Y nadie se atrevía a decirles que no.
El presidente municipal quedó acorralado. Los tenía adentro y no podía sacarlos. Le exigían dinero y no podía cumplirles. Le pedían colaborar y no entendían razones. Pensó que podía defenderse, pero ellos tenían el control de la policía.
"El gobierno quedó rebasado", dijo José Vázquez, con gesto de asombro. Los narcos son: el otro poder.
Más vale "aquí corrió..."
Por lo mismo, el día que Castañeda lo amenazó por teléfono, José Vázquez mejor se fue del pueblo. Abandonó su cargo de presidente municipal y se escondió en una zona segura: Morelia, una ciudad dominada por el cártel del Golfo, la competencia, un territorio donde aquellos nunca se meterían. Pidió una cita con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y, en la Casa de Gobierno, le platicó su historia.
Le dijo que ellos mandan en el municipio, que tienen tomado el edificio de la tenencia de Puruarán, que tienen infiltrados en el ayuntamiento, que tienen a todos los policías a sus órdenes, que los agentes cuidan los camiones que salen cargados de mariguana, que los policías vigilan también una pista clandestina de aterrizaje, que el director de Obras era el supervisor interno... que no podía con ellos. "Le expliqué todo al gobernador", recordó Vázquez. "Y él me dijo: ‘pide una licencia’". El 2 de octubre, José Vázquez pidió una licencia al ayuntamiento por 15 días con el argumento de que estaba enfermo. Cuando se vencieron los 15 días, pidió otra por un mes. En esos días, tres de sus colaboradores cercanos fueron "levantados" por los narcos. El 18 de octubre, un vehículo con torreta interceptó al secretario del Ayuntamiento, Marcos Segundo, y al tesorero, Gabriel Manrique. Se los llevaron por caminos de tierra y los encerraron en una casa, con los ojos vendados y los pies atados.
Después los sacaron en la madrugada y los llevaron por unas brechas. Los bajaron de una camioneta y los tiraron en el campo. Ahí, un hombre les puso una metralleta en la cabeza y les dijo: "No los queremos ver en Turicato. Lárguense si no quieren ser ejecutados".
Antes de soltarlos, el hombre les advirtió: "la próxima vez, se mueren". Al ser liberados, los funcionarios dejaron el estado y se escondieron en la Ciudad de México durante 15 días, sin intenciones de volver. Después se dieron cuenta que el síndico del PRD, Héctor Chávez Calvillo, también fue "levantado". Sólo que, al parecer, él no tuvo la misma suerte. Hasta el momento, no lo han encontrado.
Con el miedo en el bolsillo
El 16 de noviembre, el alcalde José Vázquez entró otra vez al municipio, protegido por unos 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del estado. Días después, llegó el Ejército Mexicano.
Los narcos salieron corriendo. Ramiro e Ignacio Castañeda escaparon; los policías se fueron con todo y armas; el director de Obras ya no se presentó a trabajar; y Flavio fue capturado.
José regresó a su oficina y asumió por fin el control del municipio. El problema fue que el Ejército llegó dos días y se fue, dejando sólo a 15 policías estatales. Los funcionarios de hecho temen que los narcos vuelvan de un momento a otro.
"Esta es la oportunidad de recuperar los municipios de Michoacán", dijo el presidente municipal. "Tenemos que reconocer que ellos los tenían. Y el Ejército debe quedarse para que no regresen los narcos". El edil decidió concluir su mandato el 31 de diciembre de 2007, pase lo que pase. "A mí me puso el pueblo y no un solo hombre", les dijo a sus empleados hace dos semanas, durante la comida de Fin de Año.
Aunque en realidad, gobierna con miedo. José Vázquez trabaja rodeado de policías. Si tiene que salir de la presidencia, lo siguen los agentes. Si va a su casa, lo cuidan. Si está en el despacho, ellos están afuera. Si sale, ellos salen. Y en la bolsa del pantalón carga una pistola Beretta calibre 25, cargada, lista para ser disparada.
"Aquí la traigo, por si acaso", dijo, acariciando su pistola negra reluciente. "Ya no les tengo miedo. Si me quieren matar, la voy a tener que usar".
Cuna de los Castañeda
Junto con los municipios de Aguililla, Churumuco, Tepalcatepec y Apatzingán, Turicato forma parte de la zona con mayor influencia del narcotráfico en Michoacán:
El municipio de Turicato está ubicado en una zona montañosa en Tierra Caliente, al sur de Michoacán. Es un pueblo de casas blancas y tejas coloradas de 36 mil habitantes que vive primordialmente de las remesas de los migrantes y de la producción de azúcar.
Ahí creció la Gavilla de los 30, un grupo de sicarios y narcotraficantes que operó en la región durante años y que es el antecedente de Los Castañeda.
Los hermanos Ramiro, Ignacio y Ramón Castañeda se presentan como aguacateros, pero operan una organización de traficantes, pistoleros y sicarios. Trabajan para el cártel del Milenio, aunque también han estado con el cártel del Golfo.
Uno de los hermanos, Ramón, fue ejecutado hace un par de meses en el penal de Mil Cumbres, en Morelia. El otro, Ramiro, controla la región desde los años 90.
Los Castañeda son intermediarios del narcotráfico. Se dedican a comprar mariguana a todos los productores de la droga y la mandan a Estados Unidos. Ellos no siembran, sino que compran y la transportan hasta la frontera.
Los Castañeda comenzaron en el crimen organizado bajo las órdenes del narco Alfredo Méndez, un hombre que desapareció del mapa. Nunca se supo si Méndez fue levantado, o si murió, o si huyó.
Los Castañeda siempre han metido mano en el ayuntamiento. Su representante en esta administración era el director de Obras Públicas, Leopoldo Torres.
Él daba órdenes a todos los funcionarios y les pedía firmar cheques. Su frase favorita es: “Si no te alineas, te voy a pasar el rodillo”, contó el alcalde José Vázquez.
“De inmediato lo reportaba y los narcos te llamaban para amenazarte. Nadie se atrevía a contradecirlos”, relata. “Se metían armados a mi oficina sin permiso. Les decían a los demás: ‘sálganse, déjenme hablar con este cabrón".
Dice una nota de a agencia APRO-Proceso que Arias Solís, demandó también indagar a los exprocuradores Miguel Ángel Arellano Pulido y Lucila Arteaga, así como al actual titular de la PGJE, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Lo anterior luego que el sábado 12 de mayo agentes de la PGR detuvieran en Morelia al primer comandante de la Ministerial, Jehová Cortés, quien de chofer de Leonel Godoy “brincó” a jefe policiaco.
Cristóbal Arias señaló que “no me cabe la menor duda que deben ser investigados, pero de quien no me cabe la menor duda es de Miguel Ángel Arellano Pulido, quien recibe órdenes de su jefe político.
“Esto no quiere decir que los demás estén exentos, supongo que los habrán de llamar a comparecer, pero creo que debería abrir su propia investigación” la Procuraduría local.
Sostuvo también que el exprocurador Miguel Ángel Arellano debería pedir licencia como diputado federal y someterse a una investigación. “Eso ayudaría en mucho al esclarecimiento sobre estos hechos bochornosos, que colocan en el centro de atención a un precandidato al gobierno del estado del PRD”.
Incluso exhortó al propio Godoy Rangel para que renuncie al Senado y rinda su testimonio ante las autoridades judiciales.
En tanto La PGR solicitó y obtuvo del Juzgado Décimo de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal arraigo de 90 días para Jehová Cortés López y Arturo Guillen Delgado, presuntamente vinculados con la organización de Carlos Rosales Mendoza (a) “El Tísico”, operador del “Cártel del Golfo” en el estado de Michoacán, y por el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, equipo de comunicación e indumentaria policial.
Dice un comunicado de esa dependencia que "Arturo Guillén Delgado fue detenido en posesión de una escopeta, un arma de fuego, tres cargadores, cuatro cartuchos y un par de cachas metálicas en la calle Paseo de la Caoba, en la colonia Prados Verdes, en Morelia; además, le fueron asegurados tres teléfonos celulares, una base de teléfono, un radio y una cámara fotográfica. Jehová Cortés López, primer Comandante de la Policía Ministerial en el estado de Michoacán, cuando fue detenido se le aseguraron una escopeta, dos armas de fuego, cuatro cargadores para AR-15, cartuchos útiles de diferentes calibres, así como cinco gorras con insignias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cinco pantalones negros tipo comando, cinco chamarras con insignias de la PGJE, dos videocámaras, cinco chalecos antibala, un overol negro, una placa metálica con insignias de la PGR, cinco grabadoras de cinta para scanner, un pasaporte, 11 mil 50 pesos, tres tarjetas bancarias y 50 panfletos de la “Familia Michoacana”.
Pablo Cesar Carrillo publicó el siguiente reportaje el pasado 3 de enero de 2007 en el periódico Excelsior; describe muy bien lo que sucede en Michoacán.
Edil propone...
Y narcos disponen
Por: Pablo César Carrillo / Enviado
Nuevo Excelsior, 03/01/2007
TURICATO, Michoacán.— El presidente municipal de Turicato, José Vázquez Piedra, un profesor metido a la política, estaba en su oficina el último día de septiembre, cuando sonó el teléfono. Contestó y reconoció esa voz. Era el presunto narcotraficante Ramiro Castañeda, quien es señalado como lugarteniente del cártel del Milenio y jefe de la mafia en la región.
—Si no puedes pagar el "peaje" hijo de la chingada, renuncia. Y vete de aquí —le dijo, a bocajarro.
—Yo de plano no puedo. No puedo darles todo el presupuesto —contestó el edil, titubeante.
—Bueno, vas a entender o te partimos la madre cabrón —advirtió Castañeda.
—Yo estoy tratando de jalar, pero no puedo. No tenemos ni para la nómina...
Los narcotraficantes habían comenzado a cobrar "peaje" a los funcionarios de primer nivel del municipio para enfrentar una crisis de dólares. A cada uno le quitaban 10 mil pesos de su sueldo desde principios de año y ahora les exigían 2 millones de pesos de un jalón.
—Acuérdate nomás que tienes familia cabrón. Tienes hermanas, Chivo —le gritó Castañeda.
El presidente municipal trató de ser rudo y le contestó en el mismo tono:
—Tú también acuérdate que tu hermana trabaja en el municipio. Acuérdate que la metimos a trabajar porque tú lo pediste, y aquí está con nosotros.
El presunto narcotraficante se mostró enfadado.
—¡Me vale madres, cabrón! Tienes que pagar el "peaje". Y si no puedes, renuncia ya. O mañana no amaneces. Mañana no amaneces.
Le colgó el teléfono.
El otro poder
Los narcotraficantes controlan el municipio de Turicato desde hace 15 años.
De hecho, cuando José Vázquez Piedra ganó la candidatura en el PRD, tuvo que ir con ellos a pedirles el aval para ser presidente municipal. Todos los candidatos deben ir con ellos, sean del PRI, del PAN o del PRD, aseguró José. Los narcos palomean a los aspirantes.
"En el 2004 fui con Ramiro y le dije: ‘gané la interna en el PRD y quiero ser presidente municipal’. Y me dijo: ‘está muy bien, échale ganas’. Yo sabía que ellos me podían decir: ‘ábrete, va otro, ¿O quieres tener broncas’. Pero sí me dieron el aval", recordó. Así funciona la política en los municipios dominados por el narco. José Vázquez afirmó que así es en Aguililla, en Churumuco, en Tepalcatepec, en Apatzingán y en Turicato, sólo que las autoridades estatales y federales no lo quieren reconocer. Pero es una realidad que ya no se debe esconder, dijo. "Los candidatos deben pedir el aval del narco, casi de la misma forma en que se pide el aval del partido".
José Vázquez hizo su campaña y ganó la elección constitucional. El PRD arrasó en los comicios y desde el primer día inició la presión de los narcos. Antes de la toma de posesión, el 1 de enero del 2005, Ramiro Castañeda fue con José Vázquez y le dijo que él nombraría al jefe de la Policía y al director de Obras Públicas. Le dio los nombres de funcionarios que debían estar en la alcaldía. "No te preguntan. Te ordenan. Te dicen: ‘nombra a fulano y mete a zutano’. Y ya", recordó el presidente municipal. "Si no lo haces, te matan y ya".
Desde el principio, José Vázquez perdió el control de la policía. Los Castañeda pusieron a un director y contrataron a 50 elementos que estaban a sus órdenes. Hacían sus rondines por órdenes de ellos, y protegían cargamentos de mariguana. "Yo ni sabía dónde andaban. Ni me pedían permiso", platicó el presidente. "Nomás me venían a decir que habían sacado un camión de mariguana o que estaban cuidando una pista. No duerme uno ni tranquilo".
José Vázquez, apodado El Chivo, se sentía secuestrado. No podía tomar decisiones y ellos hacían lo que querían. Lo mismo le había pasado al anterior alcalde, Salvador Barrera Medrano, y a sus tres antecesores. Los narcos tenían cinco administraciones dominando el gobierno, afirmó.
Al principio fue sólo Policía y Obras Públicas, pero después "ya querían todo". Querían sacar dinero de los programas y le quitaban recursos a las obras. La situación se agravó el año pasado, cuando los narcos sufrieron una crisis de ingresos. En Estados Unidos ya no pagan igual la mariguana y dejaron de enviar las pacas de dólares, así que los traficantes comenzaron a buscar dinero aquí, en Michoacán. "Nos empezaron a cobrar ‘peaje’, y también a los empresarios", explicó José Vázquez. La Coca Cola tenía que dar cuota para distribuir sus productos, igual la Bimbo, Sabritas y Ricolino. Y nadie se atrevía a decirles que no.
El presidente municipal quedó acorralado. Los tenía adentro y no podía sacarlos. Le exigían dinero y no podía cumplirles. Le pedían colaborar y no entendían razones. Pensó que podía defenderse, pero ellos tenían el control de la policía.
"El gobierno quedó rebasado", dijo José Vázquez, con gesto de asombro. Los narcos son: el otro poder.
Más vale "aquí corrió..."
Por lo mismo, el día que Castañeda lo amenazó por teléfono, José Vázquez mejor se fue del pueblo. Abandonó su cargo de presidente municipal y se escondió en una zona segura: Morelia, una ciudad dominada por el cártel del Golfo, la competencia, un territorio donde aquellos nunca se meterían. Pidió una cita con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y, en la Casa de Gobierno, le platicó su historia.
Le dijo que ellos mandan en el municipio, que tienen tomado el edificio de la tenencia de Puruarán, que tienen infiltrados en el ayuntamiento, que tienen a todos los policías a sus órdenes, que los agentes cuidan los camiones que salen cargados de mariguana, que los policías vigilan también una pista clandestina de aterrizaje, que el director de Obras era el supervisor interno... que no podía con ellos. "Le expliqué todo al gobernador", recordó Vázquez. "Y él me dijo: ‘pide una licencia’". El 2 de octubre, José Vázquez pidió una licencia al ayuntamiento por 15 días con el argumento de que estaba enfermo. Cuando se vencieron los 15 días, pidió otra por un mes. En esos días, tres de sus colaboradores cercanos fueron "levantados" por los narcos. El 18 de octubre, un vehículo con torreta interceptó al secretario del Ayuntamiento, Marcos Segundo, y al tesorero, Gabriel Manrique. Se los llevaron por caminos de tierra y los encerraron en una casa, con los ojos vendados y los pies atados.
Después los sacaron en la madrugada y los llevaron por unas brechas. Los bajaron de una camioneta y los tiraron en el campo. Ahí, un hombre les puso una metralleta en la cabeza y les dijo: "No los queremos ver en Turicato. Lárguense si no quieren ser ejecutados".
Antes de soltarlos, el hombre les advirtió: "la próxima vez, se mueren". Al ser liberados, los funcionarios dejaron el estado y se escondieron en la Ciudad de México durante 15 días, sin intenciones de volver. Después se dieron cuenta que el síndico del PRD, Héctor Chávez Calvillo, también fue "levantado". Sólo que, al parecer, él no tuvo la misma suerte. Hasta el momento, no lo han encontrado.
Con el miedo en el bolsillo
El 16 de noviembre, el alcalde José Vázquez entró otra vez al municipio, protegido por unos 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del estado. Días después, llegó el Ejército Mexicano.
Los narcos salieron corriendo. Ramiro e Ignacio Castañeda escaparon; los policías se fueron con todo y armas; el director de Obras ya no se presentó a trabajar; y Flavio fue capturado.
José regresó a su oficina y asumió por fin el control del municipio. El problema fue que el Ejército llegó dos días y se fue, dejando sólo a 15 policías estatales. Los funcionarios de hecho temen que los narcos vuelvan de un momento a otro.
"Esta es la oportunidad de recuperar los municipios de Michoacán", dijo el presidente municipal. "Tenemos que reconocer que ellos los tenían. Y el Ejército debe quedarse para que no regresen los narcos". El edil decidió concluir su mandato el 31 de diciembre de 2007, pase lo que pase. "A mí me puso el pueblo y no un solo hombre", les dijo a sus empleados hace dos semanas, durante la comida de Fin de Año.
Aunque en realidad, gobierna con miedo. José Vázquez trabaja rodeado de policías. Si tiene que salir de la presidencia, lo siguen los agentes. Si va a su casa, lo cuidan. Si está en el despacho, ellos están afuera. Si sale, ellos salen. Y en la bolsa del pantalón carga una pistola Beretta calibre 25, cargada, lista para ser disparada.
"Aquí la traigo, por si acaso", dijo, acariciando su pistola negra reluciente. "Ya no les tengo miedo. Si me quieren matar, la voy a tener que usar".
Cuna de los Castañeda
Junto con los municipios de Aguililla, Churumuco, Tepalcatepec y Apatzingán, Turicato forma parte de la zona con mayor influencia del narcotráfico en Michoacán:
El municipio de Turicato está ubicado en una zona montañosa en Tierra Caliente, al sur de Michoacán. Es un pueblo de casas blancas y tejas coloradas de 36 mil habitantes que vive primordialmente de las remesas de los migrantes y de la producción de azúcar.
Ahí creció la Gavilla de los 30, un grupo de sicarios y narcotraficantes que operó en la región durante años y que es el antecedente de Los Castañeda.
Los hermanos Ramiro, Ignacio y Ramón Castañeda se presentan como aguacateros, pero operan una organización de traficantes, pistoleros y sicarios. Trabajan para el cártel del Milenio, aunque también han estado con el cártel del Golfo.
Uno de los hermanos, Ramón, fue ejecutado hace un par de meses en el penal de Mil Cumbres, en Morelia. El otro, Ramiro, controla la región desde los años 90.
Los Castañeda son intermediarios del narcotráfico. Se dedican a comprar mariguana a todos los productores de la droga y la mandan a Estados Unidos. Ellos no siembran, sino que compran y la transportan hasta la frontera.
Los Castañeda comenzaron en el crimen organizado bajo las órdenes del narco Alfredo Méndez, un hombre que desapareció del mapa. Nunca se supo si Méndez fue levantado, o si murió, o si huyó.
Los Castañeda siempre han metido mano en el ayuntamiento. Su representante en esta administración era el director de Obras Públicas, Leopoldo Torres.
Él daba órdenes a todos los funcionarios y les pedía firmar cheques. Su frase favorita es: “Si no te alineas, te voy a pasar el rodillo”, contó el alcalde José Vázquez.
“De inmediato lo reportaba y los narcos te llamaban para amenazarte. Nadie se atrevía a contradecirlos”, relata. “Se metían armados a mi oficina sin permiso. Les decían a los demás: ‘sálganse, déjenme hablar con este cabrón".
La CNDH y el Ejército en Michoacán
Comunicado de la CNDH
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, presentó ayer martes 15 de mayo hoy a la opinión pública un Informe Preliminar sobre los hechos ocurridos en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, así como en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con motivo de los operativos militares en contra del crimen organizado, y reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la CNDH, algunos militares incurrieron en violaciones de suma gravedad a los derechos humanos de personas de la población civil.
Soberanes Fernández subrayó que se presumen atentados en contra de la integridad física y sexual de cuatro mujeres menores de edad, además de dos casos de tortura, así como detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, cateos ilegales, atentados a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público.
Manifestó que la CNDH está de acuerdo con la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, dadas las circunstancias a que se ha llegado por los desbordamientos de la violencia; sin embargo, ésta debe ajustarse a los principios sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, así como al orden jurídico vigente.
El presidente de la CNDH subrayó que a diez años de creada la Policía Federal Preventiva no ha logrado ser el instrumento que requiere la sociedad y lógicamente ahora se padece el descuido en la lucha contra el crimen organizado que se dio en el anterior sexenio. “Estamos pagando esos costos”.
Explicó que esta conferencia de prensa tuvo un doble propósito, tanto informar a la sociedad sobre las indagatorias de la CNDH sobre los hechos, como para evitar que continúen estas conductas. “Para que sepan los soldados que están siendo vigilados, que la población está consciente de ello y que nosotros pendientes de todo ello, como una medida preventiva y evitar así posteriores violaciones a derechos humanos tan graves como las que se han presentado”.
Destacó que la CNDH no acepta complacencia alguna con las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco propone o secunda voces que piden la limitación de las garantías individuales de la población con la falsa idea de que tal medida permitiría a las autoridades operar más enérgicamente contra el crimen organizado.
“Las conductas indebidas y atropellos que señalamos son una señal que la sociedad mexicana no puede ignorar. Estamos a tiempo de evitar que casos como éstos se repitan; a tiempo de frenar a quienes atentan contra personas indefensas escudándose en el poder de una institución del Estado”, aseguró.
Tras informar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha colaborado con la CNDH y sus mandos han expresado un compromiso de respeto a la justicia, puntualizó que esta actitud refleja al mismo tiempo esperanza y evidencia que no se pueden tolerar actos violatorios de los derechos fundamentales de ninguna persona encuadrada en el servicio público desde las fuerzas armadas.
Acompañado por la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Soberanes Fernández expresó su certeza de que la verdad fortalece la democracia; no así cualquier forma de silencio o encubrimiento, que la haría retroceder.
Explicó que la presencia temporal y la acción de elementos de las fuerzas armadas en tareas de combate a bandas del narcotráfico plantea diversas dificultades que deben analizarse y resolverse a cabalidad; sin embargo, al entender y asumir que esa presencia es necesaria dadas las circunstancias especialmente graves de los desbordamientos criminales, se requiere hacer un claro deslinde que haga muy nítida la obligación de todo el personal encuadrado en las filas militares y de las corporaciones policíacas, de ceñirse al cumplimiento de las órdenes de mando y conducirse siempre conforme a derecho.
Soberanes Fernández dijo que en los casos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo las autoridades señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos son la Sedena, la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República, por lo que desde el momento en que se recibió la queja se solicitaron medidas cautelares tanto a la PGR como a la Sedena, para proteger la integridad y seguridad de los habitantes de la región. Indicó que la Sedena aceptó dichas medidas, no así la PGR, que argumentó no haber participado en los hechos.
Respecto de las menores víctimas de probables agravios sexuales (tres de 17 años y una de 16), dio a conocer que en su queja afirmaron no saber cuántos días las tuvieron con la cara cubierta y las golpearon; que les dieron a oler alguna sustancia que les produjo profundo sueño; que se les amenazó con tomar represalias contra sus familiares en caso que de que se quejaran y detallaron otras conductas de naturaleza sexual presuntamente perpetradas por personal militar.
El Ombudsman nacional reveló que visitadores de la CNDH localizaron a las madres de las agraviadas el 11 de mayo de este año y en el pantalón de mezclilla de una de ellas se localizó una mancha blanquecina amarilla; la prenda está bajo el resguardo de esta Comisión Nacional y se han tomado muestras para su correspondiente estudio médico clínico de laboratorio.
Resumió que hasta el día de ayer se recibieron 52 quejas, de las que se advierte que 10 personas presentan lesiones que fueron certificadas por peritos médicos de la CNDH como de las que tardan menos de 15 días en sanar, y en dos casos los agraviados presentan lesiones que hacen presumir que fueron víctimas de tortura.
En cuanto al caso Apatzingán, la CNDH inició queja de oficio, además de siete quejas que ha recibido este organismo nacional y 25 actas circunstanciadas recabadas por su personal actuante.
Dio a conocer que personal del Programa de Agravio a Periodistas de la CNDH certificó el estado físico y de salud del camarógrafo Russell Jurel Pérez Díaz, quien declaró haber sido agredido por soldados en la ciudad de Morelia, mientras desempeñaba funciones periodísticas.
Soberanes Fernández señaló que la CNDH está en espera de los informes que solicitó a las autoridades e hizo un llamado a los ciudadanos a conocer y defender sus prerrogativas. Dijo que la mejor garantía de que los derechos humanos serán respetados está en manos de los ciudadanos conscientes e informados, capaces de denunciar los abusos de la autoridad.
Reiteró que los ciudadanos cuentan con el respaldo y la atención de la CNDH y que ante cualquier queja que se reciba se defenderán los derechos de los agraviados con toda convicción en la fuerza de la ley. Hasta ahí el cmunicado ficial de la CNDH www.cndh.org.mx
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió de inmediato un comunicado No 43, que dice: "de conformidad con el artículo 21 Constitucional, esta secretaria se mantendrá pendiente de los resultados de las investigaciones, para que sean las autoridades competentes quienes se pronuncien por lo que a derecho proceda. En el supuesto caso de que se encuentren pruebas fehacientes en contra de algún elemento del Ejército, la Procuraduría General de Justicia Militar, consignara los probables responsables, exigiendo el máximo castigo con todo el rigor de la ley. En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar, pero de a misma manera, si los órganos juridiscionales resuelven que no se incurrió en ilícitos, se exigirá respetar la determinación".
El asunto esta en las primeras planas de todos los diarios.
¡Informe macizo!: Ciro Gómez.
Dice el periodistas Ciro Gómez Leyva en Milenio Diario que “un incompleto, el trabajo de la CNDH luce macizo. Más le vale al ombudsman José Luis Soberanes que así sea. De lo contrario tendrá que entregar su renuncia. Si apuntó de esta forma y en este momento al Ejército y las pruebas se evaporan, nada justificaría su permanencia hasta el 30 de noviembre de 2009.
El Ejército respondió rápido y bien: “En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar”. Y en Los Pinos se escuchó una voz en el mismo sentido. Un pelotón de violadores, un par de torturadores, no alcanzan a pervertir a un ejército. La mesa está servida, pues, para que el comandante supremo y el general cuatro estrellas digan que la guerra contra el hampa se tiene que librar y ganar, pero que un solo muerto inocente, una sola vejación pasada por alto, una violación no castigada, valen más que la cabeza de todos los capos juntos. La razón de Estado no puede amparar la brutalidad.”
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, presentó ayer martes 15 de mayo hoy a la opinión pública un Informe Preliminar sobre los hechos ocurridos en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, así como en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con motivo de los operativos militares en contra del crimen organizado, y reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la CNDH, algunos militares incurrieron en violaciones de suma gravedad a los derechos humanos de personas de la población civil.
Soberanes Fernández subrayó que se presumen atentados en contra de la integridad física y sexual de cuatro mujeres menores de edad, además de dos casos de tortura, así como detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, cateos ilegales, atentados a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público.
Manifestó que la CNDH está de acuerdo con la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, dadas las circunstancias a que se ha llegado por los desbordamientos de la violencia; sin embargo, ésta debe ajustarse a los principios sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, así como al orden jurídico vigente.
El presidente de la CNDH subrayó que a diez años de creada la Policía Federal Preventiva no ha logrado ser el instrumento que requiere la sociedad y lógicamente ahora se padece el descuido en la lucha contra el crimen organizado que se dio en el anterior sexenio. “Estamos pagando esos costos”.
Explicó que esta conferencia de prensa tuvo un doble propósito, tanto informar a la sociedad sobre las indagatorias de la CNDH sobre los hechos, como para evitar que continúen estas conductas. “Para que sepan los soldados que están siendo vigilados, que la población está consciente de ello y que nosotros pendientes de todo ello, como una medida preventiva y evitar así posteriores violaciones a derechos humanos tan graves como las que se han presentado”.
Destacó que la CNDH no acepta complacencia alguna con las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco propone o secunda voces que piden la limitación de las garantías individuales de la población con la falsa idea de que tal medida permitiría a las autoridades operar más enérgicamente contra el crimen organizado.
“Las conductas indebidas y atropellos que señalamos son una señal que la sociedad mexicana no puede ignorar. Estamos a tiempo de evitar que casos como éstos se repitan; a tiempo de frenar a quienes atentan contra personas indefensas escudándose en el poder de una institución del Estado”, aseguró.
Tras informar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha colaborado con la CNDH y sus mandos han expresado un compromiso de respeto a la justicia, puntualizó que esta actitud refleja al mismo tiempo esperanza y evidencia que no se pueden tolerar actos violatorios de los derechos fundamentales de ninguna persona encuadrada en el servicio público desde las fuerzas armadas.
Acompañado por la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Soberanes Fernández expresó su certeza de que la verdad fortalece la democracia; no así cualquier forma de silencio o encubrimiento, que la haría retroceder.
Explicó que la presencia temporal y la acción de elementos de las fuerzas armadas en tareas de combate a bandas del narcotráfico plantea diversas dificultades que deben analizarse y resolverse a cabalidad; sin embargo, al entender y asumir que esa presencia es necesaria dadas las circunstancias especialmente graves de los desbordamientos criminales, se requiere hacer un claro deslinde que haga muy nítida la obligación de todo el personal encuadrado en las filas militares y de las corporaciones policíacas, de ceñirse al cumplimiento de las órdenes de mando y conducirse siempre conforme a derecho.
Soberanes Fernández dijo que en los casos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo las autoridades señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos son la Sedena, la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República, por lo que desde el momento en que se recibió la queja se solicitaron medidas cautelares tanto a la PGR como a la Sedena, para proteger la integridad y seguridad de los habitantes de la región. Indicó que la Sedena aceptó dichas medidas, no así la PGR, que argumentó no haber participado en los hechos.
Respecto de las menores víctimas de probables agravios sexuales (tres de 17 años y una de 16), dio a conocer que en su queja afirmaron no saber cuántos días las tuvieron con la cara cubierta y las golpearon; que les dieron a oler alguna sustancia que les produjo profundo sueño; que se les amenazó con tomar represalias contra sus familiares en caso que de que se quejaran y detallaron otras conductas de naturaleza sexual presuntamente perpetradas por personal militar.
El Ombudsman nacional reveló que visitadores de la CNDH localizaron a las madres de las agraviadas el 11 de mayo de este año y en el pantalón de mezclilla de una de ellas se localizó una mancha blanquecina amarilla; la prenda está bajo el resguardo de esta Comisión Nacional y se han tomado muestras para su correspondiente estudio médico clínico de laboratorio.
Resumió que hasta el día de ayer se recibieron 52 quejas, de las que se advierte que 10 personas presentan lesiones que fueron certificadas por peritos médicos de la CNDH como de las que tardan menos de 15 días en sanar, y en dos casos los agraviados presentan lesiones que hacen presumir que fueron víctimas de tortura.
En cuanto al caso Apatzingán, la CNDH inició queja de oficio, además de siete quejas que ha recibido este organismo nacional y 25 actas circunstanciadas recabadas por su personal actuante.
Dio a conocer que personal del Programa de Agravio a Periodistas de la CNDH certificó el estado físico y de salud del camarógrafo Russell Jurel Pérez Díaz, quien declaró haber sido agredido por soldados en la ciudad de Morelia, mientras desempeñaba funciones periodísticas.
Soberanes Fernández señaló que la CNDH está en espera de los informes que solicitó a las autoridades e hizo un llamado a los ciudadanos a conocer y defender sus prerrogativas. Dijo que la mejor garantía de que los derechos humanos serán respetados está en manos de los ciudadanos conscientes e informados, capaces de denunciar los abusos de la autoridad.
Reiteró que los ciudadanos cuentan con el respaldo y la atención de la CNDH y que ante cualquier queja que se reciba se defenderán los derechos de los agraviados con toda convicción en la fuerza de la ley. Hasta ahí el cmunicado ficial de la CNDH www.cndh.org.mx
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió de inmediato un comunicado No 43, que dice: "de conformidad con el artículo 21 Constitucional, esta secretaria se mantendrá pendiente de los resultados de las investigaciones, para que sean las autoridades competentes quienes se pronuncien por lo que a derecho proceda. En el supuesto caso de que se encuentren pruebas fehacientes en contra de algún elemento del Ejército, la Procuraduría General de Justicia Militar, consignara los probables responsables, exigiendo el máximo castigo con todo el rigor de la ley. En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar, pero de a misma manera, si los órganos juridiscionales resuelven que no se incurrió en ilícitos, se exigirá respetar la determinación".
El asunto esta en las primeras planas de todos los diarios.
¡Informe macizo!: Ciro Gómez.
Dice el periodistas Ciro Gómez Leyva en Milenio Diario que “un incompleto, el trabajo de la CNDH luce macizo. Más le vale al ombudsman José Luis Soberanes que así sea. De lo contrario tendrá que entregar su renuncia. Si apuntó de esta forma y en este momento al Ejército y las pruebas se evaporan, nada justificaría su permanencia hasta el 30 de noviembre de 2009.
El Ejército respondió rápido y bien: “En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar”. Y en Los Pinos se escuchó una voz en el mismo sentido. Un pelotón de violadores, un par de torturadores, no alcanzan a pervertir a un ejército. La mesa está servida, pues, para que el comandante supremo y el general cuatro estrellas digan que la guerra contra el hampa se tiene que librar y ganar, pero que un solo muerto inocente, una sola vejación pasada por alto, una violación no castigada, valen más que la cabeza de todos los capos juntos. La razón de Estado no puede amparar la brutalidad.”
El Juez Falcone y el combate al narco en México
Falcone, la política y el narcotráfico/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excelsior, miércoles, 16 de Mayo de 2007
Los hechos de violencia relacionados al combate al narcotráfico emprendido desde el inicio de esta administración han generado muchas reacciones de todo tipo, pero llaman la atención las de algunos políticos, que demuestran una ignorancia casi absoluta sobre el tema, incluso en aquellos que han tenido cargos importantes durante largos años en el ámbito ejecutivo y legislativo, federal y estatal, pero también la de otros que terminan poniendo de manifiesto que existen intereses comunes que preferirían que no fueran alterados por la actual estrategia. Me recordaba ayer mi amigo Fred Alvarez al juez Giovanni Falcone, un hombre que fue determinante para desarticulación de la Mafia en Italia, que terminó siendo asesinado por esa organización pero que estableció una serie de mecanismos y de operaciones que marginaron seriamente, luego de un periodo de altísima violencia, a la propia organización criminal. Falcone estuvo en México en 1990 para ofrecer una serie de conferencia que, entonces, fueron literalmente para iniciados, sobre un tema, el combate al crimen organizado que ni siquiera estaba de forma constante en los medios, pero que en Italia era, como en nuestro caso hoy, el centro del debate político. Por cierto, Falcone no era un hombre de derecha o un “represor”: era un simpatizante del partido comunista italiano y, a diferencia de muchos de nuestros políticos o medios que se dicen de izquierda, precisamente por eso creía que era tan importante el combate al crimen organizado y su desarticulación para la consolidación democrática de su país.
Decía en aquellas conferencia de 1990, que fueron reeditadas por la PGR en 1995, que hasta entonces, la acción del Estado contra la mafia había sido “emotiva, episódica y fluctuante, motivada sólo por la impresión suscitada por un dato criminal o del efecto que un particular acto de gobierno puede ejercer sobre la opinión pública”. Y agregaba que en la lucha contra la mafia “la parálisis ha estado en todos los frentes. La clase dirigente, sabiendo de los problemas y de las dificultades de todo género relativas a un ataque frontal a la Mafia, sin tener, además, una garantía de éxito inmediato, ha comprendido que en el presente tendría todo que perder y poco que ganar si se empeña en el terreno del enfrentamiento. Ha pretendido, en consecuencia, hacer frente a un fenómeno de tal gravedad con los usuales golpes en caliente, sin una movilización general duradera que implique a todo el aparato represivo, y sin el apoyo de la sociedad civil”. Cuando se modificó la estrategia y se realizó un combate frontal contra la Mafia, encabezado por Falcone, se incrementó también la violencia: “el aumento de la eficacia, dijo en México en 1990, de la acción represiva estatal y el de la importancia de aquello que está en juego en cada una de las acciones y al final, el aumento absolutamente comprobable de la violencia criminal, ha provocado que cualquier funcionario que moleste sea inmediatamente puesto bajo la mira. Es así como se han iniciado y aún continúan hasta nuestros días estos asesinatos”.
Las analogías contra nuestra actual situación son casi todas. El Estado mexicano mantuvo una actuación “emotiva, episódica, fluctuante” en la lucha contra el narcotráfico. Muchos sectores (incluso eso mismo me dijo el presidente Calderón cuando lo entrevisté sobre el tema el 18 de enero pasado), opinaban que no se ganaba nada y se perdía mucho encarando esa lucha y entonces proponían, y todavía proponen, que se den sólo “golpes en caliente, sin una movilización general duradera”. Ante la eficacia del inicio de los operativos, han cambiado las reglas del juego y el narcotráfico, en lugar de tratar de “convivir con el Estado”, como lo hacía antes, ahora ha generado “un aumento absolutamente comprobable de la violencia criminal” y cualquier funcionario que moleste es puesto “bajo la mira. Es así “como se han iniciado y aún continúan hasta nuestros días estos asesinatos”. Con un agregado: la diferencia que hace Falcone de los distintos tipos de organizaciones criminales de este tipo en Italia: una cosa, decía es la Mafia, que es un organización muy estructura y con estrategias centralizadas y claras y otra la actividad de la Camorra o la Andrangheta (la primera napolitana y la segunda originaria de Calabria), “en las que existe una verdadera dispersión de sus células criminales, lo que crea una alarma social sumamente crítica, pues dichas células están en permanente lucha unas con las otras y todo esto crea una serie de gravísimos hechos de sangre”: ¿existe alguna diferencia respecto a nuestra situación actual?
El punto fundamental en todo esto es que el Estado no podía, como ocurrió en Italia a fines de los 80, continuar ignorando el fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico. Y como también sucedía en ese país, ya sea por ignorancia o por interés, una parte de la clase política rechazaba esa estrategia e incluso buscaba explicar la lucha contra la mafia como una continuación del combate contra las Brigadas Rojas y sostenían que eran, en realidad, acciones represivas encubiertas. Era lógico que actuaran así porque, cuando Falcone y sus sucesores desmantelaron el andamiaje de la Mafia, se confirmaron los nexos de ésta con el poder, sobre todo en los ámbitos locales pero también federales y una parte de la clase política quedó expuesta y ello provocó una profunda renovación en la misma.
El combate contra el crimen organizado tiene, aún, muchas insuficiencias. Sobre todo le falta establecer, como etapa inmediata, un intenso trabajo social en las áreas de influencia del narcotráfico, que el actual gabinete del ramo, lento y burocratizado, no parece en condiciones de realizar. Pero lo único que no se puede hacer, es simplemente claudicar y volver al pasado, a la actuación “emotiva, episódica, fluctuante” como algunos actores políticos lo están planteando.
Publicado en Excelsior, miércoles, 16 de Mayo de 2007
Los hechos de violencia relacionados al combate al narcotráfico emprendido desde el inicio de esta administración han generado muchas reacciones de todo tipo, pero llaman la atención las de algunos políticos, que demuestran una ignorancia casi absoluta sobre el tema, incluso en aquellos que han tenido cargos importantes durante largos años en el ámbito ejecutivo y legislativo, federal y estatal, pero también la de otros que terminan poniendo de manifiesto que existen intereses comunes que preferirían que no fueran alterados por la actual estrategia. Me recordaba ayer mi amigo Fred Alvarez al juez Giovanni Falcone, un hombre que fue determinante para desarticulación de la Mafia en Italia, que terminó siendo asesinado por esa organización pero que estableció una serie de mecanismos y de operaciones que marginaron seriamente, luego de un periodo de altísima violencia, a la propia organización criminal. Falcone estuvo en México en 1990 para ofrecer una serie de conferencia que, entonces, fueron literalmente para iniciados, sobre un tema, el combate al crimen organizado que ni siquiera estaba de forma constante en los medios, pero que en Italia era, como en nuestro caso hoy, el centro del debate político. Por cierto, Falcone no era un hombre de derecha o un “represor”: era un simpatizante del partido comunista italiano y, a diferencia de muchos de nuestros políticos o medios que se dicen de izquierda, precisamente por eso creía que era tan importante el combate al crimen organizado y su desarticulación para la consolidación democrática de su país.
Decía en aquellas conferencia de 1990, que fueron reeditadas por la PGR en 1995, que hasta entonces, la acción del Estado contra la mafia había sido “emotiva, episódica y fluctuante, motivada sólo por la impresión suscitada por un dato criminal o del efecto que un particular acto de gobierno puede ejercer sobre la opinión pública”. Y agregaba que en la lucha contra la mafia “la parálisis ha estado en todos los frentes. La clase dirigente, sabiendo de los problemas y de las dificultades de todo género relativas a un ataque frontal a la Mafia, sin tener, además, una garantía de éxito inmediato, ha comprendido que en el presente tendría todo que perder y poco que ganar si se empeña en el terreno del enfrentamiento. Ha pretendido, en consecuencia, hacer frente a un fenómeno de tal gravedad con los usuales golpes en caliente, sin una movilización general duradera que implique a todo el aparato represivo, y sin el apoyo de la sociedad civil”. Cuando se modificó la estrategia y se realizó un combate frontal contra la Mafia, encabezado por Falcone, se incrementó también la violencia: “el aumento de la eficacia, dijo en México en 1990, de la acción represiva estatal y el de la importancia de aquello que está en juego en cada una de las acciones y al final, el aumento absolutamente comprobable de la violencia criminal, ha provocado que cualquier funcionario que moleste sea inmediatamente puesto bajo la mira. Es así como se han iniciado y aún continúan hasta nuestros días estos asesinatos”.
Las analogías contra nuestra actual situación son casi todas. El Estado mexicano mantuvo una actuación “emotiva, episódica, fluctuante” en la lucha contra el narcotráfico. Muchos sectores (incluso eso mismo me dijo el presidente Calderón cuando lo entrevisté sobre el tema el 18 de enero pasado), opinaban que no se ganaba nada y se perdía mucho encarando esa lucha y entonces proponían, y todavía proponen, que se den sólo “golpes en caliente, sin una movilización general duradera”. Ante la eficacia del inicio de los operativos, han cambiado las reglas del juego y el narcotráfico, en lugar de tratar de “convivir con el Estado”, como lo hacía antes, ahora ha generado “un aumento absolutamente comprobable de la violencia criminal” y cualquier funcionario que moleste es puesto “bajo la mira. Es así “como se han iniciado y aún continúan hasta nuestros días estos asesinatos”. Con un agregado: la diferencia que hace Falcone de los distintos tipos de organizaciones criminales de este tipo en Italia: una cosa, decía es la Mafia, que es un organización muy estructura y con estrategias centralizadas y claras y otra la actividad de la Camorra o la Andrangheta (la primera napolitana y la segunda originaria de Calabria), “en las que existe una verdadera dispersión de sus células criminales, lo que crea una alarma social sumamente crítica, pues dichas células están en permanente lucha unas con las otras y todo esto crea una serie de gravísimos hechos de sangre”: ¿existe alguna diferencia respecto a nuestra situación actual?
El punto fundamental en todo esto es que el Estado no podía, como ocurrió en Italia a fines de los 80, continuar ignorando el fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico. Y como también sucedía en ese país, ya sea por ignorancia o por interés, una parte de la clase política rechazaba esa estrategia e incluso buscaba explicar la lucha contra la mafia como una continuación del combate contra las Brigadas Rojas y sostenían que eran, en realidad, acciones represivas encubiertas. Era lógico que actuaran así porque, cuando Falcone y sus sucesores desmantelaron el andamiaje de la Mafia, se confirmaron los nexos de ésta con el poder, sobre todo en los ámbitos locales pero también federales y una parte de la clase política quedó expuesta y ello provocó una profunda renovación en la misma.
El combate contra el crimen organizado tiene, aún, muchas insuficiencias. Sobre todo le falta establecer, como etapa inmediata, un intenso trabajo social en las áreas de influencia del narcotráfico, que el actual gabinete del ramo, lento y burocratizado, no parece en condiciones de realizar. Pero lo único que no se puede hacer, es simplemente claudicar y volver al pasado, a la actuación “emotiva, episódica, fluctuante” como algunos actores políticos lo están planteando.
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