El ejecutivo refiere que es necesario contar con una ley que norme el diseño, organización, operación y funcionamiento de la infraestructura penitenciaria, a la par de establecer criterios generales para que las instalaciones y el personal penitenciario sean los idóneos para aplicar el nuevo modelo de reinserción plasmado por la reforma de junio de 2008 al artículo 18 constitucional.
En el proyecto se plantea la operación de centros penitenciarios federales de seis niveles de seguridad, que van desde la mínima hasta la máxima y súper máxima, los cuales contarán con la aplicación de tecnologías para la supervisión y vigilancia de los internos.
Destaca que a través del Sistema Único de Información Criminal se llevará el control del registro de procesados y sentenciados en cada uno de los complejos, centros e instalaciones penitenciarias federales.
Del mismo modo, de los beneficios que correspondan a los sentenciados, con base en la información generada de los procesos legales correspondientes.
También llevará el control y vigilancia de la población sentenciada y procesada en libertad, así como de los servicios de atención a internos y familiares en torno a información relativa al proceso penal, sentencia o trámites realizados ante dicho órgano.
Propone impulsar un nuevo esquema legal que incluye al Poder Judicial a través de los Jueces de Ejecución que, en su caso, modifiquen y determinen la duración de la pena bajo el esquema del nuevo sistema penal acusatorio adversarial previsto en la Carta Magna.
Agrega que con la reforma propuesta, el Juez de Ejecución no sólo tendrá facultades para el otorgamiento de beneficios a los sentenciados, sino que procurará también la reparación del daño a la víctima del delito.
Contempla que un factor fundamental en el quehacer penitenciario para la reinserción del sentenciado a la sociedad, es a través de los ejes del trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte.
En este tenor, se prevé la figura de la industria penitenciaria como un mecanismo para consolidar actividades productivas e industriales en los complejos o centros penitenciarios federales, que coadyuven en la generación de oportunidades de empleo para los internos.
En su propuesta, el ejecutivo considera indispensable combatir la corrupción al interior de los centros penitenciarios federales y locales, para terminar con los privilegios que disfrutan algunos de los reclusos en perjuicio de la sociedad.
Advierte que de no actuar para ajustar la estructura de la administración penitenciaria a fin de que funcione eficaz y eficientemente, se corre el riesgo de perder la lucha contra la delincuencia organizada, además de poner en peligro la seguridad pública, la justicia, así como el desarrollo político, económico y social del país.
En este sentido, señala que es necesario reforzar la vigilancia para detectar y eliminar los mecanismos que permiten a los criminales seguir operando sus redes de delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, “esto incluye observar el comportamiento del personal encargado de la seguridad para castigar a quienes se corrompen y facilitan la operación delictiva intramuros”.
Para tal efecto, agrega, se requiere modernizar el Sistema Penitenciario con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los centros de reclusión y recuperar su sentido original como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados.
Menciona que si bien en junio de 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de justicia penal, con avances sustanciales para procurar la no reiteración de la conducta delictiva por parte de aquellos que delinquen y con la generación de una nueva figura procesal como es la del Juez de Ejecución, también lo es que otros temas de la seguridad pública siguen pendientes, particularmente, el Sistema Penitenciario.
En el documento, el ejecutivo señala que de acuerdo con datos registrados, a julio de 2009 la población de los 441 centros penitenciarios del país era de 218 mil internos, de los cuales 129 mil 513 contaban con sentencia, mientras que los restantes 89 mil 352 (40.83 por ciento) estaban sujetos a proceso.
Añade que la capacidad total instalada era de 167 mil 346 espacios, con un déficit de alrededor del 30.79 por ciento. Para julio de 2010, añade el documento, el Sistema Penitenciario se integró por 429 centros de reclusión, con una capacidad de 176 mil 911 espacios.
Al mes de enero del presente año, concluye, la sobrepoblación fue de 21.7 por ciento, lo que representa un déficit de 39 mil 501 espacios.
De inmediato el Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, la turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia para dictamen correspondiente.
