Sobre Cuba y Fidel

Breve historia de un malentendido/Rafael Rojas, historiador cubano, exiliado en México y premio Anagrama de Ensayo por Tumbas sin sosiego
Publicado en EL PAÍS, 13/06/2007;
Pronto hará un año de la convalecencia de Fidel Castro y este interregno, que aspira a la perpetuidad, ha provocado un intenso debate sobre el legado político de quien gobierna Cuba desde hace medio siglo. Debate intenso, decíamos, en vida del caudillo, pero que ha tenido lugar en la opinión pública internacional, no en la isla, donde sólo se publican alabanzas del Comandante en Jefe. En el último año, la literatura sobre Fidel Castro se ha reproducido a toda velocidad: han aparecido libros favorables, críticos y a medio camino entre ambas posiciones, como los de Ignacio Ramonet, Norberto Fuentes, Brian Lattel, Alain Ammar y Volker Skierka, y se han reeditado biografías recientes como las de Serge Raffy, Leycester Coltman, Robert E. Quirk y Claudia Furiati.
Quien se tome el trabajo de leer toda esa literatura biográfica deberá suscribir la premisa de que la figura de Fidel Castro está muy lejos de generar el positivo consenso que la prensa habanera le atribuye. El legado de un individuo que ha gobernado tanto tiempo una nación tiene a fuerzas que provocar enconadas disputas. Para permanecer en el poder durante cinco décadas se requiere de muchos colaboradores leales y, también, de muchos simpatizantes en el mundo. Pero semejante récord, en la política autoritaria occidental, no se logra sin una buena cantidad de víctimas. La “revolución” y el “socialismo”, como decía el Che Guevara en un texto referencial, es una “carrera de lobos, en la que solamente se puede llegar a la meta sobre el fracaso de otros”.
La inevitable disputa por el legado de Castro, en vida de Castro, resulta incómoda a muchos de sus defensores académicos. Una forma recurrente de cancelar dicho debate, sobre todo, en medios universitarios de Estados Unidos y Europa, es considerar al político cubano como un estadista “clásico” de la historia latinoamericana. ¿Qué significa ser un político clásico de alguna región del mundo en una época determinada? En el sentido representativo del término “clásico”, es evidente que Fidel protagonizó hitos de la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, como la insurrección contra Batista, Bahía de Cochinos en 1961, la Crisis de los Misiles en 1962, la proliferación de guerrillas en el continente, la sovietización de los años 70 y 80 o la desovietización de los 90. Pero “clásico”, además de representativo, significa fundacional, creador de un Estado nacional o, al menos, de un modelo político influyente y perdurable. En cuanto a lo segundo, digamos que, a pesar de su poderosa y todavía vigente influencia ideológica en la izquierda latinoamericana, el sistema político de la isla no ha sido demasiado innovador en términos institucionales, si se le coteja con el estalinista que aparece en la Constitución soviética de 1936. Dicho régimen ni siquiera ha sido reproducido por ninguno de sus aliados en el último medio siglo: ni por Allende o los sandinistas, ayer, ni por Chávez, Morales o Correa, hoy. En cuanto a lo primero, habría que comenzar por repetir una obviedad que, paradójicamente, no es admitida en muchos círculos académicos de los Estados Unidos y Europa: Fidel Castro no es el creador del Estado nacional en Cuba.
Las ciencias sociales en las democracias avanzadas se relacionan críticamente con sus respectivos gobiernos. Es natural que una personalidad latinoamericana como Fidel Castro, quien se presenta como “enemigo” de la democracia y el mercado occidentales, y, a la vez, como “víctima” del imperio, sea tratada con mezcla de condescendencia y paternalismo por sectores académicos e intelectuales del primer mundo. Lo que sí resulta inadmisible, a estas alturas del conocimiento histórico, es que a Fidel se le considere creador de un Estado nacional, como si antes de 1959 la isla hubiera sido una colonia o un protectorado norteamericano o como si antes de Castro la república cubana hubiera carecido de sus propios fundadores: José Martí, Máximo Gómez, Enrique José Varona, Tomás Estrada Palma, Manuel Sanguily o Juan Gualberto Gómez, por ejemplo.
En otros países latinoamericanos, como México o Argentina, importantes políticos del siglo XX, como Lázaro Cárdenas o Juan Domingo Perón, por ejemplo, no opacaron a políticos que los precedieron en el siglo XIX o XX, como Benito Juárez, Emiliano Zapata, Domingo Faustino Sarmiento o Hipólito Yrigoyen. En Cuba, sin embargo, el liderazgo de Castro parece borrar toda la experiencia política anterior y su figura apenas se relaciona con José Martí, en tanto profeta de la Revolución de 1959. ¿Cuál es el origen de esta tábula rasa? La explicación se halla no sólo en un liderazgo tan prolongado sino en el “renacimiento nacional” propuesto por aquella Revolución en su momento de mayor popularidad -nunca antes, ni siquiera en 1898, la isla había desatado tantas pasiones- y en el equívoco que, a partir de entonces, ha reproducido buena parte de la opinión pública mundial.
La idea de “malentendido”, utilizada por Siegfried Kracauer en sus estudios sobre la literatura y el cine alemanes, puede servir para captar el efecto distorsionante que ha tenido el Gobierno de Fidel Castro para la memoria histórica y la cultura política de la isla. En 1958, los cubanos padecían un régimen autoritario, iniciado seis años atrás con un golpe militar que interrumpió el ciclo constitucional, pero Cuba no era una colonia de Estados Unidos. Desde 1902, en Cuba existían instituciones republicanas -un Congreso, una Corte Suprema, gobiernos provinciales- y desde 1934 se había derogado la Enmienda Platt, que limitó la soberanía de la isla durante las primeras décadas postcoloniales. Cuba comerciaba entonces con decenas de países y la dependencia del mercado azucarero norteamericano, como reconocía por entonces el historiador Ramiro Guerra, era cada vez menor.
Sí, Meyer Lansky operaba en la isla, había casinos y prostíbulos, latifundios y compañías, pero de ahí a afirmar, como Vijay Prashad en su libro The Darker Nations. A People’s History of the Third World (2007), que Fidel Castro derrocó una dictadura establecida por Washington y la mafia, como si un político tan astuto como Fulgencio Batista y sus muchos partidarios en la isla fueran simples marionetas, es convertir el malentendido en ficción. Para refutar dicho equívoco no habría que remitirse al excelente libro de Frank Argote-Freyre, Fulgencio Batista. From Revolutionary to Strong Man (2006), sino al propio texto La historia me absolverá (1954) del joven Fidel Castro. Allí Fidel no habla nunca de Cuba como colonia, ni siquiera como neocolonia, un término que en los años 40 y 50 había caído en desuso entre los historiadores cubanos. Habla, sencillamente, de una nación soberana que ve perturbada su vida democrática por una dictadura militar:
Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.
Es significativo, por no decir trágico, que políticos que presumían de patriotas y nacionalistas, y que llegaron al poder gracias a su defensa de aquella República prebatistiana, tan pronto como en 1960 estuvieran dispuestos a sostener que antes de ellos sólo hubo en Cuba políticos vendidos y corruptos. Así, en los primeros meses de aquel año, llegan a La Habana Jean Paul Sartre y Charles Wright Mills y, sin haber leído a Ramiro Guerra o a Fernando Ortiz, se reúnen con los jóvenes y seductores Fidel y el Che, escriben ensayos con títulos como Huracán sobre el azúcar, gritan a los cuatro vientos que Cuba ha sido, hasta enero de 1959, una colonia azucarera de Estados Unidos y media humanidad les cree. En la soberbia de aquellos jóvenes, y no en los libros de historia de Cuba, hay que encontrar el origen del malentendido y la impunidad con que se jugó al renacimiento de una nación en el Caribe.
Tanta difusión ha tenido el equívoco en la opinión pública de las democracias occidentales y en las academias humanísticas del primer mundo que hoy muchos intelectuales de Estados Unidos se relacionan con Cuba como si la isla fuese, en verdad, una ex colonia norteamericana, fundada, como nación moderna, no por Martí en el siglo XIX, sino por Fidel Castro hace apenas unas décadas. En esas versiones de la historia contemporánea de Cuba, que tanto abundan en las más prestigiosas universidades del planeta y que lo mismo reproducen académicos altermundistas como Noam Chomsky que escritores refinados como Gore Vidal, el Gobierno de Fidel Castro termina siendo un producto idiosincrático de la política caribeña, una manera “cubana” de hacer política autóctona, que debe ser defendida con pasión frente a quienes desean la democratización de la isla. Para esos intelectuales, como para el propio Gobierno cubano, democracia es sinónimo de colonialismo.

El reto de los países musulmanes

El verdadero reto de los países musulmanes/Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi, primer ministro de Malaisia.
Tomado de EL PAÍS, 13/06/2007;
La división entre el mundo musulmán y Occidente se ha convertido en el gran asunto de nuestra época. Ha sucedido a la guerra fría como problema estratégico de interés mundial, Los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 y la invasión de Irak y Afganistán, así como la cuestión palestina, han creado la sensación de que existe un choque de civilizaciones.
El enfrentamiento entre el mundo musulmán y Occidente está teniendo enormes costes políticos, económicos y de seguridad en ambos lados. El coste humano es especialmente espantoso en el lado musulmán. Tanto a Occidente como los países musulmanes les interesa acabar con la confrontación, y todos debemos trabajar juntos para conseguirlo.
En la asamblea del Fondo Económico Islámico Mundial, celebrado en Malaisia, dirigentes musulmanes de países tan distintos como Pakistán, Kuwait e Indonesia me han permitido que les explicara mi visión de una nueva “Agenda Económica para el Mundo Islámico”, que debe ser una pieza central en nuestros esfuerzos para afrontar las raíces del malestar en nuestros países, ayudar a nuestros ciudadanos y, de esa forma, abordar las causas de descontento que constituyen el caldo de cultivo para el terrorismo.
La atención tan desmesurada que se presta a la relación política de los países musulmanes con Occidente puede hacer que desviemos la atención de otros problemas sociales y económicos todavía más importantes. El paisaje musulmán que se extiende desde Marruecos hasta Mindanao es más variado de lo que suelen imaginar los comentaristas occidentales. Existen países pacíficos, con una población acomodada, sana y culta. Por desgracia, son muchos más los países y las regiones que padecen subdesarrollo, pobreza y agitación.
Aproximadamente 31 de los 57 Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica figuran entre los países menos desarrollados, entre ellos los que ocupan los cinco últimos lugares de la lista. Los índices de desempleo son el doble de la media mundial, casi la tercera parte de la población es analfabeta y las mujeres sufren muchas desventajas. Este nivel de atraso y carencias económicas contribuye a alimentar todo tipo de males sociales y hace que sea más fácil reclutar terroristas.
El mal gobierno es una característica común a muchas zonas del mundo musulmán. La opresión política, la violación de los derechos civiles y políticos y la corrupción aquejan a muchos países. También forman parte del paisaje musulmán el extremismo y la militancia, debido a factores en gran medida internos, pero también, a veces, externos.
Lo que hace falta es un firme compromiso común de erradicar la pobreza, el analfabetismo y el desempleo en los países musulmanes. Ésas son las auténticas amenazas tanto para el mundo musulmán como para el occidental. Si la gente siente que hay oportunidades económicas y determinación, tendrá muchas menos probabilidades de dejarse seducir por los grupos terroristas.
El mundo islámico se enfrenta a numerosos retos y debe abordarlos como es debido. Los más graves son los retos internos, y a ellos hay que prestar la mayor atención. Los países musulmanes deben hacerse responsables de su propio destino si quieren obtener el respeto necesario que les permita ocupar una posición digna en la comunidad internacional. Mientras no sean económicamente fuertes, políticamente viables y socialmente resistentes, seguirán marginados del resto del mundo, vulnerables a la explotación, la división y la dominación.
El desarrollo, por tanto, debe ser una prioridad absoluta para todas las comunidades y todos los países musulmanes. No se trata sólo de mejorar los niveles de ingresos, la vivienda y las instalaciones sanitarias. Se trata también de lograr una sociedad educada e informada, un sistema político representativo que otorgue una voz real al pueblo, la desaparición de las peores desigualdades, una administración eficiente y honrada y el compromiso de establecer el imperio de la ley. No puede decirse que un país es desarrollado hasta que en él se consiga hacer respetar los derechos, dotar de poder a las mujeres, proteger a las minorías y erradicar la corrupción.
Occidente puede ayudar a los países musulmanes a alcanzar estos objetivos. Le interesa hacerlo, entre otras cosas, porque es la mejor forma de contrarrestar el extremismo violento y cerrar las divisiones que lo alimentan. Pero además ha llegado la hora de que otros dirigentes mundiales reconozcan que los musulmanes, en su mayoría, comparten sus esperanzas de un mundo próspero y pacífico. Los líderes musulmanes están empezando a asumir la responsabilidad de modernizar sus respectivas sociedades. Malaisia va a seguir dando ejemplo. Eso, y no el nihilismo del terrorismo internacional, constituye la forma más genuina de liberación, y pido a todos los líderes mundiales que le den su apoyo.

Un caso de la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar 7,8 millones de dólares a los familiares de 12 funcionarios judiciales asesinados en 1989.
Se trata de la mayor condena que dicho tribunal ha impuesto a Colombia.
La CIDH, determinó el pasado viernes 8 de junio que en el asesinato de 12 de los 15 miembros de una comisión judicial que investigaba la matanza de 19 comerciantes intervino un grupo paramilitar de ultraderecha apoyado por miembros del Ejército. El crimen se perpetró durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
La comisión judicial había emprendido la investigación del asesinato de 19 comerciantes en el poblado de Puerto Boyacá, Colombia, perpetrado en octubre de 1987. Los 15 miembros de la comisión, de los que tres sobrevivieron, fueron interceptados en el municipio de Simacota, a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, en enero de 1989.
El fallo de la Corte es de obligado cumplimiento.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad, como ha sucedido en otras ocasiones, pero aún debe completar la investigación sobre esa matanza para juzgar a los autores. El Estado deberá pagar la indemnización a los familiares de las víctimas y pedirles perdón en un acto público.
Los funcionarios judiciales asesinados fueron los jueces Pablo Beltrán Palomino y Mariela Morales Caro y 10 funcionarios del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.

¡Aguas!

Peligros del © en la era digital/Wouter Tebbens, fundador y coordinador general del proyecto SELF (Science, Education and Learning in Freedom), que promociona el software libre en la educación Tomado de LA VANGUARDIA, 14/06/2007;

Hace unos meses, el director de una pequeña escuela de un pueblo de los Urales fue noticia en todo el mundo. En el 2005 su escuela invirtió en 16 ordenadores para iniciar a sus alumnos en la era digital. Estos ordenadores llegaron con el software de Microsoft preinstalado aunque aparentemente algunos no disponían de licencia. Por ello ha sido juzgado por piratería y se ha enfrentado a una pena de hasta cinco años en Siberia y 266,000 rublos (unos 8,000 euros) de multa.
Esta historia debe leerse en un doble contexto. Por un lado, dada su inminente entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Rusia quiere demostrar que se toma en serio la aplicación de las leyes antipiratería cuando se estima que el 83% de los usuarios en este país no disponen de licencia. Por otro lado, Microsoft lanza una advertencia al mundo: copiar software sin licencia es ilegal y arriesgado.
Si analizamos más a fondo esta historia, surgen de inmediato cuatro cuestiones clave sobre la ley del copyright o derechos de autor en la era digital, así como sobre el uso de software propietario en las escuelas. Por software propietario se entiende cualquier programa informático con limitaciones de uso, estudio o mejora. En concreto, el software propietario no suele dar acceso al código fuente y, por lo tanto, no permite ser estudiado ni mejorado.
Primero: ¿qué estamos enseñando en la escuela?, ¿por qué enseñamos a nuestros hijos a utilizar el ordenador exclusivamente con el software de Microsoft? Tal situación de monopolio, a escala mundial y fomentada desde las escuelas, no tiene precedente. Del mismo modo que no se enseña a pintar con colores de una única marca, tendríamos que exigir que no se enseñe a usar el ordenador y acceder a internet con las herramientas de un solo proveedor.
La segunda pregunta que nos plantea esta historia es: ¿dada esta situación, quién puede pagarse la entrada a la era digital? Este profesor, con un sueldo aproximado de 150 euros, y su escuela, con un presupuesto acorde, posiblemente no. Pagar por el software en la era digital es como pagar para poder hablar. En un contexto de monopolio por parte de un software propietario, esto implica que sólo los ricos pueden, una vez más, hablar. Una gran parte del mundo queda, pues, excluida de este privilegio. Esto resulta todavía más paradójico si tenemos en cuenta que el coste para reproducir el software se ha reducido prácticamente a cero.
La tercera pregunta que es importante hacerse es: ¿quién es responsable o quién está detrás de la aplicación de la ley del copyright? Nuestra historia es, en este sentido, paradigmática. Por un lado, Gorbachov escribió una carta a Bill Gates pidiendo clemencia hacia el pobre director y Putin salió en defensa de los consumidores indefensos. Por otro, Microsoft respondió que ellos no tienen
nada que ver con la aplicación de las leyes antipiratería. Más allá de declaraciones publicitarias, esta situación nos enseña que debemos tener cuidado con las leyes que creamos. Porque a través de determinadas leyes podemos llegar a construir un mundo sin verdugos aparentes (aunque obviamente, en este caso, estaban detrás la ley y el sistema judicial ruso, laOMCy con ella las grandes corporaciones como Microsoft) pero sí víctimas.
Cuarto y último: ¿es la violación del copyright un crimen? Su penalización implica criminalizar a la mayoría de la población, puesto que, de hecho, muchos de nosotros hemos descargado alguna vez fotos, vídeos, música o software protegidos por copyright.
Dejando de lado las cuestiones prácticas, hay una cuestión de principio: el copyright impide el copiar y compartir. Penalizar el copiar y compartir implica, en el fondo, compartimentar y limitar el conocimiento. Sólo adquiriendo los conocimientos de otros, podemos llegar a crear nuevas ideas. Si prohibimos el copiar y compartir, limitamos, por tanto, el saber e inventar. De estas cuatro preguntas se desprende que el software, como muchos otros instrumentos del saber y del comunicar, debería ser por definición libre. Libre quiere decir libre de usar, estudiar, copiar y mejorar. Ésta es, de hecho, la alternativa que representa el software libre. Lejos de ser una quimera, el software libre ofrece ya todas las aplicaciones necesarias, de ofimática y sistemas de gestión empresarial a aplicaciones educativas, para poder trabajar
y participar en la era digital.
Pero que nadie se equivoque: el software libre no es software de beneficencia.
Hay mucha gente que gana dinero con él, pero no vendiendo productos sino servicios. Bajo la filosofía del software libre los programas son ofrecidos libremente, pero para crearlos, adaptarlos o mejorarlos se necesita tiempo y especialistas. Este tipo de economía, que favorece por definición a la pequeña empresa local, se enfrenta a la resistencia de las grandes empresas multinacionales y con ellas de la OMC.
Volviendo a la historia con la que empezábamos este artículo, el juez ha acabado absolviendo al profesor y el Gobierno ruso ha pagado los 8.000 euros para cubrir las licencias de software. Pero la pregunta es: ¿qué va a hacer este profesor cuando tenga que renovar sus ordenadores? O ¿qué van a hacer sus estudiantes con lo aprendido? ¿Invertirán varios sueldos en una licencia, dejarán de usar ordenadores por no poder pagarla, copiarán y usarán ilícitamente el software propietario o se lanzarán al software libre? El tiempo dirá. Depende de nosotros que todo el mundo pueda participar en la era digital sin necesidad de convertirse en infractor o criminal.

Amnistía, la Curia vaticana y el aborto

La Curia Vaticana anunció que retirará la ayuda económica que ofrecía a la organización Amnistía Internacional (AI) después de que esta institución haya decidido apoyar el aborto.
El cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontifico para la Justicia y la Paz, dijo en una entrevista concedida al semanario estadounidense “National Catholic Register” que la “Iglesia católica dejará de financiar a Amnistía Internacional debido al cambio de posición decidido”.
Y es que -supuestamente-, en su Conferencia nacional anual, celebrada recientemente en Edimburgo, los cerca de 400 miembros británicos de Amnistía Internacional expresaron con un voto la decisión de comprometerse en la despenalización del aborto, y en la promoción de servicios de apoyo a los programas de control demográfico, que incluyen la legalización y el acceso gratuito al aborto.
El cardenal denunció los “lobbies” internacionales que trabajan a favor del aborto y la propaganda que promueven en el marco de lo que Juan Pablo II llamaba “la cultura de la muerte”.
“Es sumamente grave que una organización tan valiente como Amnistía Internacional ceda a las presiones de estos “lobbies””, lamentó el purpurado italiano.
En 1996, la Santa Sede tomó una medida similar contra UNICEF, el fondo de Naciones Unidas para la Infancia, después de que también adoptara la decisión de promover el aborto en ciertas circunstancias.
Por su parte la sección italiana de AI rebatió las críticas de Martino alegando que la organización "no ha recibido nunca financiación del Vaticano o de organizaciones que dependan de la Iglesia Católica".
AI a través de un comunicado, recordó que en su estatuto internacional se declara "independiente de gobiernos, partidos políticos, iglesias, confesiones religiosas, organizaciones, entes y grupos de cualquier género".
Asimismo, señaló que la política de AI en materia de aborto tiene su origen en la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Entre otras cosas, define que reclamará a los Estados "garantizar el acceso a los servicios legales y seguros para el aborto a todas aquellas mujeres cuyo embarazo se deba a una violencia sexual o a incesto, o en caso de que conlleve un riesgo para su vida o su salud". No obstante, señala el comunicado que AI "no llevará a cabo ninguna campaña general en favor del aborto o de su legalización general" ni tampoco juzgará "si el aborto es justo o injusto".

AI precisa que "en abril de 2007 la organización adoptó una política propia acerca de algunos aspectos específicos relacionados con el aborto". AI realizó una amplia consulta entre sus secciones en diferentes países y concluyó que, como organización humanitaria, deberá ocuparse del aborto, fenómeno frecuentemente relacionado con la violencia contra las mujeres.
Si bien AI no fomenta campañas a favor del aborto, sí solicita a los Estados que garanticen la posibilidad de recurrir a esta practica cuando la salud de la mujer es en peligro o en casos de violencia e incesto. Además, pedirá que sea "despenalizado" en aquellos países en los que se aplican penas de cárcel por haber abortado o haber intentado abortar.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen unos 45 millones de embarazos no deseados y unas 70,000 mujeres mueren al abortar en condiciones poco seguras.

La Iglesia católica, por su parte, considera el aborto como un "asesinato" aun en el caso de que se practique tras una violación. El aborto supone considerar como enemigo "al bebé que está en el vientre de su madre, como algo que se puede destruir", afirma el cardenal Martino.

Para el Vaticano hay cuestiones absolutamente innegociables. La condena del aborto sin paliativos es una de ellas. Y sobre eso no hay posibilidad ni de diálogo ni de tolerancia.