Cárceles: castigo sin rehabilitación/Elena Azaola
Publicado en El Universal, 30 de mayo de 2009;
Lo que hoy ocurre en nuestras prisiones, desde los motines hasta las fugas, pasando por el deterioro de condiciones de vida ya de por sí insoportables e infrahumanas, no es sino el resultado de políticas criminológicas que privilegian el enfoque punitivo mientras que descuidan partes igualmente importantes para poder tener resultados eficaces en la reducción de la incidencia delictiva.
Una política criminológica integral supone una estrategia jurídica y social basada en decisiones de políticas públicas que se orientan a responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del fenómeno criminal, entendido en toda su extensión. Abarca tanto al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, como a todas las políticas de intervención social de control (Bermudez Tapia, 2007, Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Ecuador, núm. 1, mayo, 31-37).
No obstante que numerosos países, como México, han optado por una política criminal que hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de la criminalidad, diversos estudios han mostrado que dicha política, que durante la última década ha significado el encarcelamiento en masa en contra de los excluidos, no ha producido los resultados prometidos.
Así, por ejemplo, un estudio efectuado en Brasil aplicó modelos matemáticos para estimar los efectos del encarcelamiento y mostró que los niveles de criminalidad son prácticamente insensibles al tamaño de la población carcelaria.
Otras estimaciones realizadas en el Reino Unido señalan que apenas existe 1% de reducción de las tasas de criminalidad por cada aumento de 15% en la población carcelaria. Las evidencias en favor de esta conclusión son innumerables. Holanda y Francia, por ejemplo, tuvieron 12% de aumento en las tasas de la criminalidad durante la década de los 90, siendo que Holanda encarceló en el mismo periodo a 20 veces más delincuentes que Francia. Situaciones similares hicieron que, en noviembre de 2002, los gestores penitenciarios de 44 países del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, concluyeran que el número de presos en cada nación estaba determinado por las respectivas políticas criminales y no por las tasas de criminalidad.
A una conclusión similar han arribado otros estudios, como los de Tonry y Frase (Oxford University Press, 2001), que demostraron que cada sociedad puede escoger, por varias razones, el número de presos que admite tener, sea que tenga altas tasas de criminalidad o no. Se observa, por ejemplo, que Finlandia, Canadá y Alemania escogieron disminuir drásticamente sus poblaciones carcelarias sin que ello tuviera ningún impacto en su dinámica criminógena.
Otros estudios también han mostrado el éxito que han tenido diversos países que apostaron por penas distintas a la prisión, como el trabajo comunitario o la aplicación de modelos de justicia restaurativa, para sancionar los delitos no graves.
Las políticas criminológicas vigentes hoy en día nos han hecho creer que es preciso librar una “guerra contra el narcotráfico” e incluso una “guerra contra los delincuentes”. Ello equivale a decir contra toda la ciudadanía con potencial de ser “criminalizada” que, como sabemos, es la gran mayoría por el hecho de ser pobres. Se sataniza, así, a los antisociales, como ha dicho Chivigny (Chevigny, Paul (2002), La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidós).
Y, mientras que la aplicación discrecional del control social suele ser severa sobre los vulnerables, permite, en cambio, que los privilegiados se eximan a sí mismos del respeto de la ley.
En suma, lo que prevalece tanto en México como en Latinoamérica son las políticas que privilegian el enfoque punitivo y que permanecen impermeables al cúmulo de evidencias producidas por la experiencia internacional y por los estudios científicos.
Lo que se requiere para enfrentar el lamentable estado de nuestras prisiones es elaborar políticas criminales mucho más orientadas y articuladas con las políticas sociales y con un énfasis mucho más acentuado en la prevención. Planteamos, junto con numerosos especialistas, que la crisis penitenciaria es el resultado de una política criminal equivocada y del relativo abandono de programas efectivos de rescate social, particularmente de los que deberían dirigirse a los jóvenes.
eazaola@ciesas.edu.mx
Investigadora del CIESAS
Una política criminológica integral supone una estrategia jurídica y social basada en decisiones de políticas públicas que se orientan a responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del fenómeno criminal, entendido en toda su extensión. Abarca tanto al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, como a todas las políticas de intervención social de control (Bermudez Tapia, 2007, Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Ecuador, núm. 1, mayo, 31-37).
No obstante que numerosos países, como México, han optado por una política criminal que hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de la criminalidad, diversos estudios han mostrado que dicha política, que durante la última década ha significado el encarcelamiento en masa en contra de los excluidos, no ha producido los resultados prometidos.
Así, por ejemplo, un estudio efectuado en Brasil aplicó modelos matemáticos para estimar los efectos del encarcelamiento y mostró que los niveles de criminalidad son prácticamente insensibles al tamaño de la población carcelaria.
Otras estimaciones realizadas en el Reino Unido señalan que apenas existe 1% de reducción de las tasas de criminalidad por cada aumento de 15% en la población carcelaria. Las evidencias en favor de esta conclusión son innumerables. Holanda y Francia, por ejemplo, tuvieron 12% de aumento en las tasas de la criminalidad durante la década de los 90, siendo que Holanda encarceló en el mismo periodo a 20 veces más delincuentes que Francia. Situaciones similares hicieron que, en noviembre de 2002, los gestores penitenciarios de 44 países del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, concluyeran que el número de presos en cada nación estaba determinado por las respectivas políticas criminales y no por las tasas de criminalidad.
A una conclusión similar han arribado otros estudios, como los de Tonry y Frase (Oxford University Press, 2001), que demostraron que cada sociedad puede escoger, por varias razones, el número de presos que admite tener, sea que tenga altas tasas de criminalidad o no. Se observa, por ejemplo, que Finlandia, Canadá y Alemania escogieron disminuir drásticamente sus poblaciones carcelarias sin que ello tuviera ningún impacto en su dinámica criminógena.
Otros estudios también han mostrado el éxito que han tenido diversos países que apostaron por penas distintas a la prisión, como el trabajo comunitario o la aplicación de modelos de justicia restaurativa, para sancionar los delitos no graves.
Las políticas criminológicas vigentes hoy en día nos han hecho creer que es preciso librar una “guerra contra el narcotráfico” e incluso una “guerra contra los delincuentes”. Ello equivale a decir contra toda la ciudadanía con potencial de ser “criminalizada” que, como sabemos, es la gran mayoría por el hecho de ser pobres. Se sataniza, así, a los antisociales, como ha dicho Chivigny (Chevigny, Paul (2002), La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidós).
Y, mientras que la aplicación discrecional del control social suele ser severa sobre los vulnerables, permite, en cambio, que los privilegiados se eximan a sí mismos del respeto de la ley.
En suma, lo que prevalece tanto en México como en Latinoamérica son las políticas que privilegian el enfoque punitivo y que permanecen impermeables al cúmulo de evidencias producidas por la experiencia internacional y por los estudios científicos.
Lo que se requiere para enfrentar el lamentable estado de nuestras prisiones es elaborar políticas criminales mucho más orientadas y articuladas con las políticas sociales y con un énfasis mucho más acentuado en la prevención. Planteamos, junto con numerosos especialistas, que la crisis penitenciaria es el resultado de una política criminal equivocada y del relativo abandono de programas efectivos de rescate social, particularmente de los que deberían dirigirse a los jóvenes.
eazaola@ciesas.edu.mx
Investigadora del CIESAS
