Los amorosos en ritmo de Reggae

En cumbia, la poesía de Sabines

Roberto Ponce

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

Y en ritmos de fusión, ska, danzonetes, ecos prehispánicos, flamenco, reggae, huaynos, huapangos, bolero y salsa... Se trata de una docena de temas realizados por el grupo Bronce Latino, cuyos integrantes cuentan la historia del disco Jaime Sabines para el mundo, que se presentará esta semana.

Además, en estas mismas páginas damos cuenta de otro disco y de otro grupo, Pico de Gallo, enfocado a la salsa, y se reseña el estreno de la “ópera periodística” Camelia La Tejana.

¿Cuán afortunada puede resultar la experiencia estética de oír interpretar poemas de Jaime Sabines tan memorables como Los amorosos, La luna o Tía Chofi... a ritmo de reggae y cumbia andina?

El resultado estará a la vista del público este viernes 19 de marzo, cuando la banda Bronce Latino y su cantautora, la vocalista Adriana Cervantes, presenten un espectáculo dancístico musical con los 12 temas del CD grabado por ellos de manera independiente: Jaime Sabines para el mundo (Producciones Aso/La tuza salvaje 012), en la Casa de Cultura que lleva el nombre del poeta chiapaneco, en avenida Revolución 1747, San Ángel, a las 18:30 horas.

A 10 años de haberse fundado en la ciudad de Oaxaca por Adriana y su compañero el músico Antonio Suárez, productor ejecutivo de dicho proyecto, Bronce Latino ha registrado siete discos de música sudamericana y amenenizado bailongos en largas giras por la República Mexicana, comprobando que la gente gusta de sus adaptaciones “inéditas” a la obra de Sabines.

Ella cuenta:

“En realidad nuestro mutuo cariño y respeto por Jaime Sabines data de hace ya unos 22 años, porque Toño y yo nos conocimos en el plantel número dos del Colegio de Bachilleres, en Bosques de Aragón; él estudiaba también en la Libre de Música y yo era actriz desde pequeña. Juntos elaboramos algunos ensayos y trabajos en torno a la poética de Sabines, con los versos de La luna.

“Sin embargo, no fue sino a partir de una visita que hicimos a Tuxtla Gutiérrez cuando retomamos aquel gusto de compartir nuevamente a Sabines. Eso fue gracias a la sugerencia del maestro Marco Antonio Orozco Zuarth, director de la casa Jaime Sabines de la capital chiapaneca, quien en 2008 nos propuso musicalizar tres o cuatro poemas célebres. Sabines había fallecido un 19 de marzo de 1999 y se cumplían 10 años, pero nos propuso que diéramos a conocer aquellos versos para las conmemoraciones, pero a nuestro estilo rítmico, con la cumbia andina e instrumentos sudamericanos como las zampoñas, el charango y el bombo legüero.”

Además de Los amorosos, La luna y Tía Chofi, el CD Jaime Sabines para el mundo incluye Con ganas de llorar, Juguetería y canciones (de Yuria 1967), Los he visto en el cine, No es que muera de amor, En la orilla del aire, Vuelo de noche, Frío y viento amanecen, Del corazón del hombre y Caprichos.

Adriana y Toño no abordaron inmediatamente la empresa, además de que sabían ya de un plan para grabar un CD a cargo de la vocalista Malena Durán; pero como Orozco Zuarth conocía que Bronce Latino había actuado exitosamente en foros de Indonesia, los animó con la promesa de promover su disco en teatros de Chiapas y México, apoyando un espectáculo escénico del grupo por el país y por el extranjero.

Relata Suárez:

“Para enero de 2009 comenzamos a grabar las ideas de aquellas cuatro canciones cuya melodía fue inspiración de Adriana y arreglos míos con Xabier (sic) Oswaldo Ortega, muy buen colega tecladista que había estado en orquestas como músico de Agua Nueva Tropical o Tacubana. Las terminamos en abril y entonces nos entusiasmó ir por más y grabar lo que terminaría siendo este CD Jaime Sabines para el mundo.”

Ritmos amorosos

Los riesgos de abordar a Jaime Sabines en cumbia fueron múltiples, refiere Adriana Cervantes:

“Fue bastante difícil, porque estamos acostumbrados en Bronce Latino a cantar letras que van rimando y frases melódicas que mantienen su métrica en un tempo constante, luego ya entrar con el coro y así una no se pierde.

“Pero nada de esto sucede con la poética de Sabines, pues se trata de versos libres. Tenía que enfrentarme al reto de seleccionar los poemas para que entraran en la métrica de una canción, sin alterar palabras; así iba imaginando las melodías llegando yo incluso a fragmentar un poema, aunque sin cambiar el verso. Acomodar así la versificación de Jaime Sabines en un tiempo dado fue de lo más difícil.”

Escoger fragmentos de los poemas resultó una decisión afortunada para saltar los escollos técnicos de las piezas.

“Todas las ideas de cómo cantar cada verso iban surgiendo a través de mis lecturas de los poemas. Me preguntaba: ¿qué siento exactamente, qué emoción me transmiten esos versos de Sabines? Porque a lo mejor alguna lectora más apasionada interpretaría aquellos sentimientos de una forma distinta, más profunda quizá, con otro estado de ánimo.”

Canta:

Los amorosos callan.

El amor es el silencio más fino,

el más tembloroso,

el más insoportable...

“Leí Los amorosos una, dos, muchas veces. Me sentaba en mi casa, solita en un rincón, con mi guitarra, y cuando les presenté mi primer intento melódico, a todos nos causó risa el resultado.”

Tercia Antonio Suárez:

“Las palabras cantadas sin rima como que evocaban una ronda infantil o una canción aglutinante para niños, pero como no había rimas se iban juntando o se amontonaban de manera forzada. Debimos madurar el tema y yo imaginé un estribillo, lo cual nos facilitó las cosas.”

Adriana Cervantes ríe:

“Tanto leí Los amorosos que, de pronto, me imaginé de un chispazo cómo debía ir el ritmo, y les dije a Toño y a los músicos: ‘¡Ya sé! Me gustaría que este poema de Los amorosos sea a ritmo de reggae!’ Así quedó, es un reggae.

“Y Tía Chofi nomás no nos salía, pero luego de probar mil maneras de interpretar la melodía, que si en balada, que si en rumba, el dueño del estudio agarró la guitarra y la tocó en huapango. Todos nos volteamos a ver y pensamos: ‘¡Claro, así va...!’”

En la grabación participaron con el dueto: Rafael Camarena Reyes, Abraham Sánchez Gómez (quenas, zampoñas), Carlos Canales (bajo eléctrico), Arturo Canales (requinto, quenas, charangos) y Xabier Oswaldo Ortega (bajo, teclados y voz).

“Jaime Sabines para el mundo es un trabajo al que le metimos todo nuestro corazón y mucho esfuerzo, estamos felices de haber invertido toda nuestra alma, porque es frecuente que un poeta mayor como él se musicalice con gran solemnidad. Nosotros hicimos lo nuestro por otro sendero, con ritmos de ska, danzonetes, ecos prehispánicos y flamenco, reggae, huaynos, huapangos, bolero, salsa y cumbia andina. Son temas inéditos en música de fusión.”

Cuando culminaron la grabación, Orozco Zuarth llegó desde Chiapas para anunciarle al dueto un par de malas noticias. Primera: Bronce Latino debía solicitar a los herederos del poeta los derechos por utilizar los poemas en su disco; segunda: el director de la casa Jaime Sabines de Tuxtla se retiraba del proyecto sin poder ayudarlos a difundirlo como había prometido por haber renunciado a su cargo. Entonces Bronce Latino decidió grabar el disco independientemente.

“Nos deprimió bastante escuchar aquello; pero a la larga fue muy positivo, pues conocimos a los herederos de Sabines, a quienes les pareció formidable nuestro disco y nos autorizaron con una enorme sonrisa usar los poemas. Estamos bastante agradecidos con una excelente persona que es la maestra Judith Sabines, por habernos brindado toda su simpatía y adhesión para promover el CD.”

Silencio cómplice

Silencio cómplice

Francisco Olaso

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

El Vaticano enfrenta un nuevo escándalo por pederastia en un coro alemán dirigido por el hermano del Papa. Mientras los testimonios de las víctimas salen a la luz, el propio Joseph Ratzinger podría ser cuestionado: durante cinco años, el internado donde se cometían los abusos estuvo bajo su jurisdicción como arzobispo de Munich y Freising.

BERLÍN.- Manfred van Hove tiene 65 años, pero aún recuerda bien al sacerdote Friedrich Z: “Tenía cara de cerdo y apestaba a cigarro“, declaró el lunes 8 al Welt Online.

En 1956, Manfred van Hove tenía 11 años, era alumno del Internado de Ettal y miembro de su célebre coro de niños, los Gorriones de la Catedral de Ratisbona (Regensburg, en alemán).

Van Hove acusa a Friedrich Z., entonces vicedirector del internado, de haberlo incluido como parte de un harén de púberes. “Nos hacía llamar bajo cualquier pretexto. Por ejemplo, que quería hablar sobre nuestras notas, y cuando uno estaba en su cuarto, muchas veces él nos desnudaba”.

El hombre acusa también a otro cura, Georg Z., de haber participado en los abusos. Van Hove ha dicho que demandará al obispado de Ratisbona para que le pague una compensación.

El Internado de Ettal tiene fama de ser uno de los mejores colegios de Alemania. Sus alumnos disfrutan de una extraordinaria educación musical. Su coro, mundialmente conocido, es el equivalente alemán a los Niños Cantores de Viena.

El internado está en un monasterio benedictino del siglo XV. El folleto con que se presenta asegura que, a pesar de ser una institución católica, de algo más de mil años de antigüedad, sus métodos y su orientación son modernos, y “no se pretende llevar a nadie a la santurronería; incluso aceptamos alumnos de confesión protestante”.

Hoy estas palabras suenan a publicidad hueca. A comienzos de marzo se hizo pública la acusación de los primeros exalumnos contra sus exmaestros, todos sacerdotes, por abusos sexuales y violencia corporal. El 2 de marzo, la fiscalía allanó el internado. Dos días más tarde, la revista Der Spiegel consultó al obispado de Ratisbona. Hasta entonces, a pesar del escándalo que se extiende desde enero a un número cada vez mayor de instituciones católicas en Alemania, este obispado había preferido guardar silencio. Der Spiegel contaba ya con testimonios de terapeutas del estado de Baviera, que han tratado a varias víctimas. Hombres como Manfred van Hove, quienes durante su niñez integraron el famoso coro y hasta hoy sufren el trauma del contacto con clérigos abusadores.

Un detalle nada menor hace el caso aún más grave: durante tres décadas, entre 1964 y 1994, periodo en el que se cometieron abusos, el director del coro fue Georg Ratzinger, el hermano mayor de Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI.

Joseph Ratzinger fue arzobispo de Munich y Freising entre 1977 y 1982. Bajo su jurisdicción estaba el obispado de Ratisbona.

En un parco comunicado en el Osservatore Romano y en una entrevista con la Radio de Baviera, publicados el viernes 5, Georg Ratzinger se limitó a afirmar que nada sabía sobre los casos de abusos. “Si hubiera sabido de los excesos, los habría denunciado”, dijo. Cuatro días más tarde, el 9 de marzo, admitió que él también había propinado bofetadas en la cara a los niños del coro. “Antes la bofetada era el modo de reaccionar frente a los errores o la merma intencional del rendimiento”, dijo. Sobre la práctica de golpes en el internado algo había oído, pero jamás supo sobre su dimensión. El hermano del Papa ratificó que nunca supo sobre casos de abuso sexual.

Castigos corporales

El compositor y director de teatro Franz Wittenbrink fue uno de los primeros exalumnos en hablar. Gran parte de su carrera y sus vaivenes llevan aún la marca de esa época. Hijo de empresarios católicos ultraconservadores, alumno del internado hasta 1967, su odio hacia lo vivido en ese sitio lo llevó por una errática carrera de mecánico, impresor, basurero, camionero y hasta militante comunista, para recalar, finalmente, en el teatro y la música.

Wittenbrink es uno de los pocos que se atreve a hablar en público sobre su caso. “Se trataba prácticamente de un sistema de castigos sádicos destinados a obtener placer sexual”, dijo el compositor durante una entrevista que Der Spiegel publicó el martes 6.

“El director del internado, Z, elegía entre nosotros a dos o tres niños y se los llevaba a su dormitorio”. Allí había vino tinto y los chicos se debían masturbar con él. “Todo el mundo lo sabía”, cuenta Wittenbrink. “Que el hermano del Papa, director del coro desde 1964, no estuviera enterado, es para mí inexplicable”.

Wittenbrink sugiere que esos abusos indujeron al suicidio a uno de sus compañeros en 1966, un año antes de terminar el bachillerato.

Otro exalumno del colegio, que no ha querido dar su nombre, dijo a la misma revista que, a finales de la década de los cincuenta, un sacerdote católico –al que sólo menciona con la inicial M– propinaba a los niños duros castigos corporales. Era usual que hiciera desnudar a los alumnos de ocho y nueve años en su cuarto, y les diera fuertes palmadas en el trasero. En algunos casos, de acuerdo con la víctima, hubo penetraciones.

Los testimonios de abusos se extienden ya a 20 de los 27 obispados alemanes. Da la impresión de que fueron guardados en un oscuro rincón de la memoria, y ahí se hubieran quedado, silenciosos. Pero ahora, desatada la catarsis, ésta crece día a día.

El Arzobispado de Munich encargó la investigación de lo ocurrido en el Internado Ettal al abogado Thomas Pfister. Éste se ha visto “inundado de correos electrónicos y cartas”, en su mayoría anónimos, provenientes de exalumnos.

Hasta ahora el número de víctimas asciende a 100 y las acusaciones recaen sobre 10 clérigos. “En su mayor parte, las acusaciones se refieren a castigos desmedidos y continuos que se acercaban a rituales sádicos”, informó el abogado durante una conferencia de prensa convocada por el obispado de Ratisbona.

Pfister habló de monjes que llevaban niños a su cama y de heridas provocadas por castigos corporales, que luego eran curadas en la enfermería del internado. El abogado habló de una cultura sistemática de hacerse de la vista gorda y silenciar los hechos.

A su lado, con cara de tensión antes que de vergüenza, el sacerdote Johannes Bauer confesó: “He sido parte de esto y he castigado de manera brutal y humillado a mis alumnos. Me avergüenzo profundamente”. El sacerdote confesó haber golpeado con violencia a sus alumnos en las nalgas. Dijo estar dispuesto a someterse a una terapia. Dos autoridades del colegio, su director, Maurus Kraß, y el abad Barnabas Bögle, renunciaron a sus puestos.

El 7 de marzo, el obispado de Ratisbona dio un informe en el que se admitían cinco casos de abuso sexual y violencia contra los alumnos. Uno cometido contra un seminarista en Leiden; los otros cuatro, contra miembros del coro. Los autores, un exvicedirector y el otro exdirector del internado, habrían sido condenados por la justicia en 1958 y 1971, respectivamente. Ambos murieron en 1984. Se trata, claramente, de los dos curas que Manfred van Hove y Franz Wittenbrink nombran como Friedrich Z y el director Z. Tras pasar dos años de cárcel, la iglesia trasladó a Friedrich Z a un internado de niñas en Suiza.

Otro de los inculpados es el sacerdote Magnus, muerto en 2009 a los 76 años. Sus víctimas lo culpan de forzarlos a compartir con él la ducha y de manoseos obscenos. El propio Magnus dio información bastante más comprometedora, pocos meses antes de morir, en un escrito titulado “Confesión”. Ahí contó que “los alumnos venían regularmente a mí, aun durante la noche, buscando un contacto corporal sexualmente estimulante que no impedí”. Describe abiertamente su preferencia por alumnos de 14 y 15 años. Por la noche se acostaban en la cama junto a él y dejaban que él los satisficiera.

El abogado Pfister menciona también a un sacerdote al que llama R, quien hizo su amante a una alumna de 16 años. En la computadora de otro cura se encontró pornografía infantil. Uno más ha sido denunciado por dos alumnos que lo acusan de abuso sexual supuestamente cometido en 2005. La iglesia envió a este clérigo a una terapia, pero no lo entregó a la justicia. Más tarde lo envió de urgencia a un convento benedictino en Sajonia. Estos casos no han prescrito. La fiscalía investiga.

“No se debe creer que el monasterio de Ettal de entonces es el mismo de ahora”, recalcó el abogado Pfister. Pero aceptar sin más los abusos sexuales de tres religiosos muertos y la moderada culpabilidad de otros pocos en activo se parece más a una cortina de humo que a la voluntad de esclarecer todos los casos. Nuevas acusaciones hacen sospechar que incluso en la escuela preparatoria para el ingreso al internado, que alberga a niños de nueve a 10 años, hay casos de abuso.

Juguetes sexuales

El obispado de Ratisbona se ha comprometido a entregar un informe preliminar, a finales de marzo, con los resultados de la investigación abierta la semana pasada. Por lo pronto, el internado comunicó que han enviado cartas a todos los exalumnos para pedirles que den su testimonio sobre los abusos sufridos.

A los casos de ultrajes en instituciones católicas se ha sumado el del internado laico del liceo Odenwaldschule, en el Estado de Hesse. Reconocido como uno de los mejores de Alemania, con un costo de más de 3 mil dólares mensuales, unos 25 alumnos han acusado a sus profesores de haberlos usado como juguetes sexuales.

Según la ley alemana, los delitos sexuales prescriben a los 10 años de cometidos. En caso de que la víctima sea un menor, la prescripción se extiende hasta 10 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, o sea, a los 28 años. Miembros de toda la clase política han expresado su intención de modificar la ley para extender dicho plazo a 30 años. El pedido encuentra apoyo dentro de la Iglesia católica, que ahora intenta moverse desde el incómodo lugar del acusado.

El camino de las víctimas es arduo. Los sentimientos bloqueados durante años se expresan en temblores, pesadillas, molestias estomacales o cardiacas. En el fuero interno el daño no prescribe fácilmente. “Yo tengo cuatro hijos”, dice Manfred van Hove: “¿Cómo les explico lo que pasó?”. El hombre todavía sueña con el cura Z. “Lo veo suspendido en el aire y con su boina vasca sobre la cabeza. Él sonríe apenas. Y yo me despierto”.

Manuel Espino en "Proceso"

La narcopolítica, una realidad

Patricia Dávila, reportera

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

El exdirigente nacional del PAN Manuel Espino expone en esta entrevista los riesgos que enfrenta Ciudad Juárez por la complicidad de algunos políticos con el narco, intenta desmentir los triunfalistas partes de guerra del gobierno y deplora la actitud intolerante de Felipe Calderón ante la crítica. Además, narra desde qué punto de vista escribió su libro más reciente, La guerra injusta de Ciudad Juárez.

En Ciudad Juárez, el presidente Felipe Calderón fracasó en su intento de combatir al crimen organizado, afirma el panista Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA.

“La estrategia implementada por el presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico parece más el reflejo de un plan de ‘complicidad’, una especie de ‘pitazo’ disimulado para alertar a los criminales. A los delincuentes se les ayuda a actualizar su inventario estratégico y se les da la señal para reestructurar sus organizaciones. Se les alerta para tomar ventaja”, señala.

Para él, hay transparencia en donde debiera existir la reserva de información y acciones discretas. En la guerra emprendida contra el crimen organizado, dice, se da a conocer la estrategia empleada en los operativos, el monto de lo incautado, a qué celda se lleva a un detenido y hasta el armamento que se utilizó; información que el gobierno no debe difundir porque sólo sirve a los criminales.

Entrevistado en sus oficinas de la ODCA, a un mes de concluir su gestión como presidente de ese organismo, Manuel Espino pone sobre la mesa su nuevo libro: La guerra injusta de Ciudad Juárez. Reflexiones y propuestas desde la trinchera ciudadana. En él describe la “guerra” emprendida por Felipe Calderón como “el conflicto que más sangre ha derramado sobre el territorio mexicano después de la Revolución”.

A dos años del arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), Ciudad Juárez vive con miedo. Muchas viviendas están abandonadas y destruidas por vándalos; se incrementó la pobreza, los secuestros crecieron en 5,000%, 60 mil familias emigraron a El Paso, Texas; 7 mil niños quedaron huérfanos a causa de los crímenes, miles de empresas y comercios cerraron y se perdieron 140 mil empleos. Sin embargo, la oferta de empleo ha disminuido un poco menos.

–¿Qué tanto empleo han generado los cárteles?

–No tengo la manera de medirlo; sin embargo, existen versiones de que hay una compensación. Es decir que los empleos perdidos se han compensado con la ocupación que ha ofrecido el crimen organizado.

–En su libro habla de las personas que buscan lucrar económica y políticamente con el sufrimiento de los juarenses…

–Políticamente, ningún partido está exento de lucrar con la tragedia de Juárez. Tampoco los tres niveles de gobierno. Un ejemplo claro se dio después de la masacre de los 14 estudiantes en Villa de Salvárcar, cuando el gobernador José Reyes Baeza notificó el traslado de los tres poderes a esta ciudad. La lectura inmediata fue que se debía a que era un año electoral. A los pocos días reacciona el presidente y, después de dos años de sordera, anuncia su visita. Fue tan precipitado que llegó sin agenda, sin propuesta, sin programas.

Lo grave, dice, es que de la misma forma inició Calderón la ofensiva contra el narco:

“Cuando él decide declararle la guerra al crimen organizado a mí me da mucho gusto; en el extranjero me jacté de tener un presidente valiente. Pero me equivoqué: di por hecho que tomó la decisión sobre la base de un diagnóstico que, también supuse, había definido entre el 2 de julio –día de la victoria electoral– y el 1 de diciembre –cuando tomó posesión–. Pensé que había dialogado con el gobierno de Estados Unidos y con el de Guatemala, con gobernadores, con alcaldes de las ciudades más importantes del país y con líderes de los sectores más representativos. Me resistí a pensar que el nuevo presidente de México estuviera improvisando una guerra.”

Según él, nunca imaginó que no se cumpliera una condición indispensable para declarar una guerra: la de hacer un diagnóstico que no sólo le permitiera conocer bien la situación sino, sobre todo, garantizar la victoria:

“¡Pero no! Fue simplemente una medida política, ahora lo creo así. Una decisión unilateral, porque no consultó con otros países, con nadie. Fue una decisión personal de Felipe Calderón. Quizá fue una respuesta a la presión que sobre él ejerció el cuestionamiento de su victoria. Una victoria que fue totalmente política.”

–¿Por qué Calderón no acepta dialogar con usted?

–No lo sé. Y él sabe que alguna opinión útil le puedo dar. Conoce de mi trabajo en Seguridad Pública, en Juárez, y de mi cercanía con algunos mandos militares. Además, Carlos Castillo Peraza me promovió para que fuera secretario de la Comisión de la Defensa Nacional y después el mismo Felipe intervino para que me nombraran presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.

En enero de 2007 Calderón convocó a Manuel Espino y le pidió su opinión sobre la labor realizada en los primeros días de su gobierno: “Fue favorable, sólo le externé una preocupación. Le comenté que me parecía innecesario que se vistiera de militar, porque eso mandaba una señal no muy agradable a los mexicanos. Era una señal muy fuerte, muy dura, del papel de presidente de la República”.

Añade: “La otra preocupación que le externé fue que él se pusiera al frente de la tropa, del operativo, que él personalmente le advirtiera a los criminales que iba tras ellos. Le dije que, en mi opinión, eso podía hacerlo el secretario de la Defensa Nacional o el de Seguridad Pública, pero no el presidente”.

Calderón preguntó por qué. Espino dice que le explicó:

“Es sencillo: en una confrontación directa con las bandas criminales se presentarán circunstancias que nos aconsejen disminuir el ritmo, detenernos, retroceder o modificar la ruta. Y tú le puedes ordenar al que pongas al frente del operativo que retroceda, que se detenga; ya sea por razones políticas, diplomáticas, por prudencia o por una precaución de carácter social. Puedes ordenar que lo haga el general o el abogado de la nación y no va a pasar nada. Pero a ti, al presidente, ¿quién te lo puede mandar? Si un día retrocedes o te detienes va a parecer que estamos perdiendo. Mi preocupación es que si sigues al frente no podemos dar marcha atrás, por el temor de que se perciba debilidad presidencial”.

Esta fue la última vez que Felipe Calderón dialogó con Espino.

A poco más de dos años de ese encuentro, Espino no ha cambiado de parecer: “Creo que lo que le dije tenía sentido. Hoy el presidente está atrapado en su propia estrategia y, conociendo su personalidad, también han de influir en él los cálculos de las consecuencias que podría traer, ahora, reconocer que hubo un error y tener que rectificarlo. Es más fácil decir: vamos bien, estamos fortaleciendo el estado de derecho y hemos deteniendo a muchos capos, como lo dijo en Japón. Y es verdad, pero en el saldo eso no pinta, en el balance final. Yo no tengo duda de que el gobierno está perdiendo la guerra contra el crimen organizado.

–Acaba de hablar de la personalidad del presidente. ¿Será capaz de reconocer que ya perdió, si no ha sido capaz de reconocer que se equivocó?

–Espero que tenga una actitud serena, reflexiva, de estadista; que haga una introspección y lo reconozca. La seguridad del país vale esa reflexión serena, con recta intención del presidente de México.

Intolerancia palaciega

Espino relata que después del 8 de diciembre, cuando difundió una carta abierta para exigirle a Calderón que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez” porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre” (Proceso 1728), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a los medios de comunicación en los que colaboraba para pedir que lo vetaran:

“Acabo de regresar de uno de ellos y querían invitarme nuevamente a colaborar. Les dije que lo consultaran con Gómez Mont. Me respondieron que no, que ya no tenía la fuerza de hace un año”. Evita decir nombres: “No quiero meterlos en problemas”.

–¿La carta se tomó como un ataque al presidente?

–Todo lo que no sea adular al gobierno o al presidente, en Los Pinos suele tomarse como una agresión. Se ha instaurado una actitud intolerante en la que el disenso es visto como un agravio. Incluso cuando he disentido con el gobierno sobre sus intromisiones en mi partido, ellos, a través de columnistas y editorialistas comprometidos con el poder, difundieron la versión de que Espino ataca al gobierno o al presidente. Eso es falso, pero en la semántica mental del gobierno eso es una agresión.

–¿En la semántica de Calderón?

–Del gobierno, incluido Felipe Calderón.

Sin embargo, este no fue el primer desencuentro. En mayo de 2008, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la PGR, declaró a los medios: “Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca”. Espino había convocado a una rueda de prensa para anunciar el Primer Foro Internacional sobre Seguridad, promovido por la ODCA, en Bogotá, Colombia. Ahí, un reportero preguntó su opinión sobre lo expresado por el titular de la PGR y él fue conciso: “No tengo la información que tiene el procurador para afirmar que vamos ganando la guerra. En lo que sí coincido con él es en que a mí tampoco me lo parece”.

Como respuesta, en una actitud “intolerante” –dice Espino–, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, manipuló la información para que pareciera que atacaba al gobierno. Además, Germán Martínez Cázares, entonces presidente nacional del PAN, prohibió a los 20 gobernadores y a los legisladores del PAN que asistieran al foro de la ODCA.

Injusticia y complicidad

Manuel Espino expone los motivos que lo llevaron a escribir el libro La guerra injusta de Ciudad Juárez: “En noviembre, uno de mis hijos cumplió años y a la fiesta, en nuestra casa, no llegaron dos de sus amigos. Los mataron en el camino. Eso generalizó la indignación. Y en una plática, con mis hijos y con amigos, decidimos que, en lugar de huir de Juárez, teníamos que hacer algo para cambiar la imagen de la ciudad.

Dice oponerse a la imagen de Ciudad Juárez que reporteros e investigadores de todo el mundo han difundido:

“Sólo revelan los informes forenses, los partes de guerra, las a veces exageradas descripciones de las masacres, las fotografías sangrientas”. Añade que ese material ha contribuido a deformar el rostro de una ciudad que no es violenta, sino que es la segunda más importante del mundo por su industria maquiladora.

“En mayo de 2008 le pedí al presidente que revisara y rectificara la estrategia. Iban 4 mil ejecutados; hoy ya son casi 17 mil. Bueno, 13 mil ejecutados después, le vuelvo a sugerir al presidente que rectifique. Puede concluir su gestión como un presidente exitoso, que tuvo la dignidad de reconocer un error y corregirlo, quizá ya no a tiempo, porque ya es demasiado tarde”, reitera.

–Usted señala en su libro que Juárez es un campo de concentración, en donde viven su propio holocausto; el señalamiento es muy grave.

–Sí, pero vivimos nuestro propio holocausto porque estamos esperando que nos toque. Nos preparamos para ser víctimas. En lugar de ir el fin de semana al cine o a un restaurante, hacemos reuniones familiares para calcular qué vamos a hacer el día que nos toque un secuestro, un homicidio, un asalto. Estamos en esa lógica y es injusto. Pero ahora los padres de familia pagan 5 mil o 15 mil pesos para que los delincuentes dejen llegar a su hijo a casa y regresar a la escuela al día siguiente.

–¿Hacia dónde va Ciudad Juárez? ¿Hacia un estallido social?

–No sé qué pueda generarse, pero hay gente que ya contrató a sus propios escoltas para cuidar a su familia y su patrimonio. Otros han puesto barricadas en sus colonias, alarmas en sus casas, y los de menos recursos tienen un bat o traen una navaja en el bolsillo por si se ofrece. La gente se está preparando para un fenómeno generalizado de violencia. No lo estoy adelantando, pero aquí no podemos descartar nada.

El 3 de julio de 2009 Espino recibió una carta en la que el presidente colombiano Adolfo Uribe le agradece “el respaldo al operativo que devolvió la libertad a 11 compatriotas (entre ellos Ingrid Betancourt) y tres cooperantes extranjeros secuestrados por las FARC. En contraste, lamenta, Calderón ni siquiera ha “hojeado” las 101 propuestas para la paz que surgieron del II Foro Internacional “Inseguridad, dolor evitable”, que se realizó en agosto de 2009 en Ciudad Juárez con la participación de 22 países.

A la falta de “voluntad” del presidente Calderón para reconocer el fracaso de la guerra, Espino suma otra inquietud: “Como juarense, tengo miedo de que en estas elecciones los gobiernos vayan a usar el tema de la violencia como bandera política a través de sus partidos”.

Se le pregunta entonces qué opina de que el PRI haya nombrado a Héctor Murguía como su candidato a la alcaldía de Juárez, después de que durante su gestión (2004-2007) la policía municipal estuvo bajo el mando del cártel de Juárez (incluso, Saulo Reyes, su secretario de Seguridad, fue detenido en El Paso, Texas, cuando trataba de pasar droga de esta organización y pretendió sobornar a agentes de la aduana.

–No tengo información corroborada, solo sé que durante su gestión nos dejó una ciudad invadida por el narcotráfico. El Teto Murguía es sinónimo de desconfianza para los juarenses.

–El diputado Manuel Clouthier habló de la protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

–No puedo asumir, como Clouthier, que el gobierno está en complicidad con el crimen organizado, porque eso implica hasta a Felipe Calderón ¡y ya sería el colmo! Que hay complicidades, sí, sería torpe negarlo, es evidente. Sin duda hay funcionarios implicados o que han implicado su actividad de gobierno con la de los criminales.

“Por eso digo que, tratándose del manejo de la información, parece que hay complicidad, porque bajo el argumento de informar a la gente de lo que se está haciendo, dan información a los medios y enteran a los criminales de cómo fueron los operativos, en dónde están detenidos los criminales, qué juez se va a encargar de su causa, en qué celda están encerrados… Hay funcionarios que saben que ventilar esta información ayuda a los criminales. Aquí no hay ingenuidad, hay complicidad.

–En Juárez se ha acusado a la procuradora, Patricia González Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, de dar protección al cártel de Juárez...

–Digamos que hay señales muy fuertes que hacen suponer complicidades de políticos de Ciudad Juárez con los criminales. La señal de que El Teto sea candidato a la presidencia municipal de Juárez es una de elllas. Del gobernador y la procuradora, no tengo información para afirmarlo.

–Juárez vive dos guerras paralelas: por un lado, se sospecha que la procuradora y el gobernador apoyan al cártel de Juárez, y por el otro hay informes que señalan la protección que el gobierno federal, a través del Ejército, brinda al cártel de Sinaloa…

–Es la misma guerra. En ella hay ciudadanos, políticos, empresarios, funcionarios de gobierno... y uno de los rasgos importantes es la narcopolítica. Hace más de un año empecé a dialogar con dirigentes de partidos y líderes sociales. Incluso, en agosto pasado, hablé con el gobernador del estado. Les pedí que consideráramos cancelar las elecciones en Ciudad Juárez. Les dije que las elecciones eran una oportunidad para que avanzaran los criminales, quienes iban a querer imponer, patrocinar y luego controlar a la ciudad a través del gobierno, porque ningún partido estaba exento de ese riesgo.

“Les dije que el Congreso podía determinar que no había condiciones para una contienda electoral, que era de alto riesgo efectuarla y corríamos el peligro de que el crimen organizado avanzara en la coyuntura electoral, pero me dijeron que no era posible. Ahora, con lo de El Teto, se incrementa ese riesgo.”

Afirma que en esta ocasión los cárteles financiarán las campañas políticas en Ciudad Juárez.

El general sin memoria

El militar que quiso olvidar
Juan Veledíaz, reportero, premio nacional de periodismo.
Publicad en la revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;
En 2005 falleció el general de división Salvador Rangel Medina, uno de los personajes centrales de la novela Guerra en El Paraíso, de Carlos Montemayor. Militar atípico, afecto a la escritura, comenzó una especie de memorias que suspendió al llegar a la década de los setenta, cuando manifestó su desacuerdo con la estrategia antiguerrillera del gobierno. En el libro El general sin memoria. Una crónica de los silencios del Ejército Mexicano, publicado por el sello Debate, de Random House Mondadori, Juan Veledíaz explora la causa profunda de ese silencio y reconstruye su biografía con testimonios y documentos que, además, arrojan luz en torno a secretos del Ejército que se mantuvieron guardados por más de medio siglo. He aquí una reseña escrita por el propio autor.
El diferendo reventó en junio de 1974, en los días más álgidos de la campaña militar contra la guerrilla y la población civil en la Costa Grande del estado de Guerrero, donde el general Salvador Rangel Medina se desempeñaba como comandante de la 27 zona en Acapulco. Testigos del episodio narran que, luego de tomarle una llamada telefónica a Hermenegildo Cuenca Díaz, entonces secretario de la Defensa Nacional, la voz de Rangel se elevó más de lo habitual, tanto que llegó a escucharse afuera de su oficina.
–¿Tiene usted una idea de cuántos civiles van a morir? –cuestionó Rangel–. ¡Cómo quiere que autorice cosas con las que no estoy de acuerdo! –reclamó al secretario, según el testimonio de allegados suyos que presenciaron el altercado.
Las diferencias de criterio sobre los métodos que el Ejército empleaba en el terreno para intentar acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas salieron a relucir desde los primeros días de diciembre de 1973, cuando llegó de comandante a Acapulco por orden del presidente Luis Echeverría. Su designación nunca fue del agrado del general Cuenca, con quien no se dirigía la palabra desde hacía décadas. Las diferencias entre ambos se traducían en una relación fría, distante. Rangel lo había reconfirmado en 1971, en los primeros meses del nuevo gobierno, cuando fue relevado del mando territorial en Durango y fue enviado “a la banca”, es decir, a disposición del Estado Mayor de la Defensa sin cargo ni comisión por órdenes del secretario. A partir de entonces sus allegados sabían que fue el presidente quien lo había sacado de la “congeladora” para darle mando de zona.
Desde que llegó al puerto, sus discusiones con Cuenca subieron de tono a raíz de las visiones confrontadas entre los dos. “El general Rangel Medina se opuso a los bombardeos, se opuso a una serie de acciones violentas que llevó a cabo el Ejército Mexicano en aquel entonces, según refieren libros, notas, reportajes; se opuso, (pues) no era la manera de poder capturar a una gavilla, decía; no era la manera de proceder, proceder como militares ni como mexicanos obligados a seguir un marco jurídico; no era la manera de hacer las cosas, según su entender”, recuerda uno de esos allegados.
La campaña militar en Guerrero se convirtió en el escenario –que hasta ahora había permanecido oculto– de esas visiones confrontadas acerca de lo que debería ser el uso de la fuerza armada para resolver conflictos.
Testimonios y documentos militares inéditos sobre Rangel y episodios diversos muestran a un militar “disidente” frente a la estrategia contra la guerrilla. Su formación era representativa de los ideales que cimentó la Revolución en las Fuerzas Armadas. Durante su carrera se caracterizó por buscar la cercanía con el pueblo al que, decía, el Ejército se debía. Privilegió el diálogo y la negociación antes que el uso de la fuerza. Ese era su estilo desde que en los años cincuenta y sesenta intervino, por órdenes presidenciales, para desactivar conflictos sindicales y estudiantiles y convencer a líderes guerrilleros, como Rubén Jaramillo, para que depusieran las armas.
En el gobierno de Echeverría, Rangel confrontó a la cúpula militar que había adoptado la doctrina proveniente de la Escuela de las Américas, aquella que tomó a la “guerra sucia” puesta en práctica en Vietnam –con su método de represión, tortura y desapariciones de civiles– como el referente para afrontar los problemas de la época.
Las reglas rotas
El escritor Marco Aurelio Carballo, entonces reportero del periódico Excélsior, dirigido en aquel tiempo por Julio Scherer García, recuerda que, en Guerrero, Rangel parecía un militar al frente de un ejército ajeno al conflicto. Por esos días de junio de 1974 Carballo estaba de enviado especial en Chilpancingo para cubrir el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa, “el camionero que luego fue gobernador”, quien fue capturado por la guerrilla cuando buscó un acercamiento con Cabañas para convencerlo de que depusiera las armas.
Desde la capital del estado, el reportero contactó vía telefónica a la comandancia militar de Acapulco, solicitó una entrevista con el general Rangel, y sin mayor trámite se la concedieron. El Ejército tenía entonces el control absoluto de la información y de los periodistas que cubrían el conflicto, patrullaba poblados y caminos, y en la carretera que comunicaba con el puerto instaló retenes escalonados.
Sin embargo, cuenta Carballo, al parecer había una orden previa para que él pudiera pasar por los puestos de control sin contratiempo alguno. Llegó a la zona militar y, sin mayor espera, fue llevado a la oficina del comandante. Lo recibió un hombre vestido de manera impecable, con su uniforme verde olivo bajo el que se distinguía una silueta delgada, pero fuerte: “… me dio una buena entrevista, sobre todo porque dijo varias frases. Una de ellas, ‘Si me lo ordenan, capturaré a Cabañas’, me llamó mucho la atención”.
Las declaraciones de Rangel, publicadas en la portada de Excélsior aquel miércoles 5 de junio, rompieron la “regla de oro” de la milicia según la cual ningún militar, salvo orden superior, puede declarar ante la prensa. Al general poco le importó esa regla: en sus dichos había un mensaje cifrado que iba más allá del malestar en el interior del Ejército por la manera en que el conflicto se estaba manejando y que dejaba entrever el papel “indefinido” que desempeñaba como comandante de zona, pues sus planes no eran tomados en cuenta.
Al día siguiente, el secretario manifestó que Rangel se había “extralimitado”, pues “asumió funciones que no le correspondían”, ya que sólo la Defensa o el presidente de la República podían opinar sobre “asuntos de tal naturaleza”.
Así, las diferencias entre uno y otro general comenzaban a hacerse públicas; semanas después, a principios de agosto, los dos militares se enfrascaron en otro altercado telefónico, que acabó en forma abrupta cuando Rangel colgó el auricular. Según un testigo, la discusión terminó con un recordatorio materno al titular de la Secretaría de la Defensa.
La tarde de ese mismo día Rangel redactó un radiograma, dirigido al presidente Echeverría, con copia al general Cuenca, donde solicitaba que lo relevara del mando por no estar de acuerdo, entre otras cosas, con la “evacuación de la población civil”. Comenzó entonces una persecución en su contra que inició con un proceso ante una corte militar; se le catalogó como un “apestado” dentro del Ejército, al punto de que incluso se estableció la prohibición de acercársele. Estuvo “congelado” hasta el fin del sexenio.
Con la llegada de José López Portillo al poder, fue rehabilitado en el mando de zona en Acapulco, lo que constituyó un hecho inédito en el Ejército, y su imagen creció ante la actitud que asumió frente a la “guerra sucia”.
El radiograma fue encontrado en el archivo privado del general Rangel Medina, quien murió a los 92 años de edad en una cama del Hospital Central Militar en diciembre de 2005, y forma parte de una serie de informes castrenses desconocidos hasta la fecha sobre lo ocurrido durante la guerra sucia en Guerrero. Por primera vez un general de tres estrellas, con una fuerte ascendencia dentro del Ejército, aportaba detalles de aquello que consideró “torpezas del mando” al referirse a la manera en que se conducían las operaciones contra la guerrilla en esa entidad. Fue el único militar en activo que en su momento advirtió que la actuación de las tropas tendría un costo muy alto para la institución frente a la sociedad.
Cuidadoso registro
Entre los documentos del archivo de Rangel están los informes elaborados a su llegada al puerto, cuando asumió la comandancia militar. A uno de esos reportes lo denominó Panorama que presenta la zona. Es un escrito de 10 fojas que redactó el 15 de diciembre de 1973; ahí consigna los testimonios que recogió en la zona serrana de Atoyac –comunidad distante dos horas de Acapulco, donde se estableció el puesto de mando del teatro de operaciones–, además de exponer un análisis social, político y militar que realizó para contextualizar el problema de la guerrilla.
Ahí apuntó que, como no era del agrado del general Cuenca, cuando recibió la comandancia de zona, no le fue proporcionado ningún tipo de información de inteligencia, por lo que tuvo que valerse de sus propios recursos para allegarse de información sobre lo que ocurría en el terreno. Anotó que las unidades que participaban en las operaciones estaban mal preparadas y no tenían una idea sobre la naturaleza del “enemigo”. Reveló que varios militares de distinto rango, como el comandante al que relevó, estaban al servicio de los caciques y narcotraficantes desde tiempo atrás, y contribuían al clima de terror que imperaba en la región al abusar de la población civil.
Rangel fue muy cuidadoso en el momento de registrar los asesinatos extrajudiciales, las torturas y las desapariciones atribuidas al Ejército. Nunca cita a sus colegas por sus nombres y da todo el crédito a los pobladores que le narran los sucesos. En uno de esos pasajes, posteriores a una emboscada de la guerrilla contra soldados cerca de la comunidad de Yerbasantita ocurrida en noviembre de 1973, el general escribió:
“Hace unos días aterricé en un caserío para que me orientaran por dónde me encontraba, y me pareció muy sospechoso y extraño que no obstante la presencia del helicóptero ninguna persona se acercara a verlo, como ocurre en cualquier ranchería, aun cuando observaba que salía humo de las chozas.
“Tras mucho tiempo de espera y una vez que despaché a otro lado al aparato, en busca de una escolta, vi pasar una persona que al llamarla resultó ser la autoridad del poblado. Identificado con él, me informó que la gente no salía por temor a que los federales los fueran a matar. Con su ayuda y en vista de que yo me encontraba solo, fue posible reunir al poblado frente a la escuela y tras escuchar los más graves insultos de hombres y mujeres y el llanto de numerosas familias, logré que me explicaran la causa de aquella actitud, sabiendo que unos días antes de mi arribo a la zona y a resultas de la emboscada sufrida por las tropas en Yerbasantita, habían arribado unas tropas a las que dieron alojamiento, y en pago, acusándolos de haber participado en la emboscada, sacaron a varios hombres de sus casas, incluyendo al evangelista del pueblo, dándoles muerte.
“Casi en vilo me condujeron hasta el sitio donde fue cometido el asesinato de aquellas personas que ninguna participación habían tenido y me mostraron las tumbas recién abiertas en el panteón del lugar. Unos días antes de la emboscada, habían pasado también la brigada o miembros de la brigada y les habían robado cuanto tenían.”
Perfil de una época
El general Rangel Medina era un militar atípico: le gustaba escribir y, además de la literatura, su pasión siempre fue la aventura. No tomaba ni fumaba, y practicaba deporte. Fue una de las fuentes que Carlos Montemayor utilizó para su novela Guerra en El Paraíso y trabó amistad con él desde los años ochenta. Su vida representó el prototipo de la medianía, pues vivió sin grandes lujos, aunque formó parte de la élite castrense durante más de 30 años; rechazaba la pompa de los homenajes institucionales; sentía inclinación por el servicio para ayudar a las poblaciones indígenas y a gente de escasos recursos. Formaba parte de la camada de oficiales que se graduaron en 1934 en el Colegio Militar, en aquella época en la cual llevó la batuta de la educación castrense el legendario general revolucionario Joaquín Amaro, fundador del Ejército moderno.
Parte de sus 49 años de carrera militar quedó narrada en un borrador de sus memorias, que dejó inconclusas. Su relato inicia cuando entró al Colegio Militar; registra sus vivencias como oficial de infantería en los treinta y cuarenta, décadas en que el Ejército dejó las asonadas para convertirse en la institución modelo sobre la que se cimentó el presidencialismo.
Abandonó el manuscrito cuando éste se refería a los setenta, la época en que se desempeñaba como comandante en Acapulco. Su trabajo no vio la luz pública debido a la “censura” impuesta por el alto mando del Ejército a mitad del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando la Secretaría de la Defensa era encabezada por uno de sus antiguos subordinados, el general Enrique Cervantes Aguirre.
Tiempo después se enteró de que el motivo para prohibir la publicación de sus memorias fue la manera en que “desmitificó” al general Joaquín Amaro y a Lázaro Cárdenas, dos referentes en la milicia mexicana. Tampoco fueron bien vistos los “usos y costumbres” del Ejército que registró y que exhibían por primera vez cómo era la vida en los cuarteles.
Causó mucha molestia el testimonio sobre su propia participación en actividades de control de movimientos sociales y acerca de su rol protagónico en las negociaciones mediante las que se buscaba que el líder guerrillero Rubén Jaramillo se desistiera de la lucha armada. Su paso como comandante del batallón 49 de infantería en Michoacán, al inicio de los años sesenta, quedó asentado como el primer registro de un jefe del Ejército en una campaña contra el narcotráfico.
A sus escritos los llamó Pláticas de un soldado. Decía que eran charlas informales sobre su experiencia de militar en servicio y nunca se preocupó por aclarar el léxico castrense ni por citar el nombre completo de sus contemporáneos. Siempre rechazó que se tratara de unas memorias, a pesar de que tenían un alto valor testimonial por el detalle con el que describía los rasgos de la personalidad de tres secretarios de la Defensa: Matías Ramos Santos (1952-1958), Agustín Olachea Avilés (1958-1964) y Marcelino García Barragán (1964-1970), de quienes fue cercano colaborador y “protegido”.
Interrumpió su relato cronológico cuando llegó el momento de abordar su estadía en Guerrero. De un día para otro puso en práctica “el olvido activo”, como se le conoce en el medio militar al recurso mediante el cual alguien “olvida” algo, no porque no sea importante, sino porque “es muy importante”. Mantuvo el silencio hasta el día de su muerte, y en su condición de militar en retiro nunca aceptó entrevistas para hablar del tema ni quiso recordar detalles de aquello que llamó “el show Cabañas”.
***
Los pueblos del silencio
Juan Veledíaz
Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;
En El general sin memoria, que comenzó a circular en estos días, el periodista Juan Veledíaz también relata la singular amistad que surgió entre Carlos Montemayor, fallecido el 28 de febrero pasado, y el general Salvador Rangel. Con autorización de Random House-Debate y del autor, publicamos un fragmento del libro.
Contemplar la quietud y la ausencia eran dos maneras de entrar en aquel silencio. Les ocurrió por separado cuando ambos visitaron los poblados desalojados durante la campaña contrainsurgente, en una ruta que al paso del tiempo parecía estar convertida en la geografía del olvido. Haber caminado por aquellos lugares silentes de la montaña detonó la amistad entre el general (Salvador) Rangel Medina y el escritor Carlos Montemayor. Sucedió con más de 10 años de diferencia; el militar los recorrió durante su segunda etapa de comandante de zona y tiempo después lo hizo el autor de Guerra en El Paraíso en la época en que realizaba las investigaciones de campo para el libro. “Me sorprendió que no había nadie en el pueblo, ni pollos ni gatos –dice Montemayor–; al general eso le atrae, le interesó la similitud con mi experiencia, porque a él le había ocurrido lo mismo”. Recuerda que conoció a Rangel en los años ochenta por intervención de dos de sus paisanos del estado de Chihuahua. La primera vez que lo vio fue en una comida; estuvo muy reservado y ya hasta después se soltó a platicar. “Eso es lo mismo que me pasó a mí –me dijo cuando comentamos la sensación de recorrer aquellos lugares”, rememora. Era como tratar de explicar lo que sucede en aquellos instantes en los que no sucede nada. Como intentar referir uno de esos grandes silencios que son abiertos y que la memoria fijó con el nombre de comunidades como La Peineta, El Molote, Agua Zarca, Cerro Prieto de los Pinos, Corrales de Río Chiquito, entre otra docena de poblados de la sierra de Atoyac que fueron “evacuados” por el Ejército.
En todos esos pueblos “agarraban parejito, sin tomarles declaración; ya después que se llevaron a varios señores dijeron que la comunidad iba a ser bombardeada, que se desalojara la comunidad. Y la gente nomás se salió con lo que pudo, con poca ropa. Nosotros nomás con dos cambios para salir lejecitos”, comenta María del Rocío Serrano Galeana, una mujer oriunda de Corrales de Río Chiquito, comunidad que fue evacuada en julio de 1974 por el Ejército.
Por esos días era una niña de 11 años cuando tuvo que dejar su casa y sus pertenencias en compañía de su madre y hermanos. Regresaron en diciembre del año siguiente, una vez que el Ejército había eliminado a Lucio Cabañas, y encontraron que los soldados se habían comido a todos los animales; algunas casas ya estaban desechas y otras las habían tirado por completo para cocinar con la leña que sacaban.
“Lo recuerdo como si fuera ahorita”, dice en medio de sollozos, antes de comentar que desde ese entonces se llevaron a su papá Mariano Serrano Zamora, quien está desaparecido. El bombardeo había sido a las afueras del pueblo, en las inmediaciones del cerro Mojileca, donde se presumía había un campamento guerrillero. Los habitantes regresaron al paso de los años a su comunidad, pero no la repoblaron por completo; de 300 personas que había entonces, hoy no rebasan las 40. Su relato es uno de los que fluyen una mañana de abril de 2007 en el centro de Atoyac, durante una entrevista colectiva con los integrantes de una de las asociaciones de desaparecidos que se han formado en este municipio de la Costa Grande de Guerrero. Se autodenominan Comité de Desaparecidos de la Sierra Cafetalera y los encabeza la señora Eleazar Peralta Santiago, una mujer de rostro moreno, delgada y enjuta, que se presenta como la presidenta y actúa como anfitriona de varios pobladores que viajaron durante varias horas desde sus comunidades en la sierra para plantear algo más que su testimonio.
“Ya no sabemos en quién confiar”, dice la señora Eleazar –hermana de Lucio Peralta Santiago, desaparecido en octubre de 1974–, mientras confiesa que después de tanto tiempo ya sólo les falta acudir a las oficinas del agua y de la luz para solicitar que les ayuden a localizar a sus familiares. “Estas largas que el gobierno nos da, no tienen nombre. Queremos que se nos diga clara y justificadamente si viven o están muertos. ¿Están muertos? A nosotros no nos ha quedado claro. ¿Qué fue de ellos? Que se dignen en decir dónde están”.
Las más de 25 personas reunidas en el patio de su casa tienen en común que sus familiares desaparecieron entre los años 1973 y 1974, algunos meses en los que Rangel se desempeñó como comandante de zona en Acapulco. El general es un personaje a quien nadie entre los asistentes recuerda –entre tantos que pasaron por aquí en esa época–; pero algunos de sus subalternos permanecen en la memoria de varios de los habitantes más de tres décadas después. Sobre todo si eran “amables con la gente”, como lo fue el mayor Javier Escobedo Corvera, un oficial graduado en operaciones en la jungla años atrás en la Escuela de las Américas y quien iba al frente de una sección –compuesta de 30 elementos– del batallón 27. O porque fueron “abusivos con todos”, como el capitán Maximiliano Barajas Cázares, un oficial que encabezaba una sección de fusileros del 50 de infantería.
“El mayor Escobedo era chaparro, medio blanquito. Tenía su pelo bien. El capitán Barajas sí era un hombre grande, trigueño, mal encarado, ése era el que mandaba golpear a la gente”, dice don Enrique Chame, un hombre bajito, con el pelo muy corto, de lentes y bastón que a sus 87 años de edad aparenta no ser mayor de 60. “Ya estoy en una edad tremenda”, dice mientras comienza a narrar que desde joven nunca tomó alcohol ni fue fumador. “Era músico, tocaba la guitarra día y noche, pero no era borracho. Y aquí me tiene, todavía”. Vivía en aquel tiempo en el Cacao, una comunidad cercana a Arroyo Oscuro, donde el Ejército tuvo, en 1972, su primera gran emboscada. Los soldados llegaron a su casa, recuerda, “porque tenía un corral bonito y tenía tres casas y ahí se metieron”. No sólo con él se quedaron; algunos de sus vecinos también se vieron copados por “guachos”, quienes de un momento a otro les dijeron: “Pues qué pues, aquí nos van a tener”. Ahí dormían, no los dejaron salir durante más de dos meses, se iban unos y llegaban otros, pero los que siempre permanecieron ahí fueron el mayor Escobedo y el capitán Barajas. “Ese Barajas fue malo, hasta a los mismos soldados de él los golpeaba”. Cuando lo detuvieron, rememora, fue porque lo confundieron con un señor llamado Enrique Chávez, a quien el Ejército buscaba por sospechas de que había intervenido en los ataques. Por los golpes y torturas, desde entonces quedó rengo. “Dilaté como más de dos meses o tres encerrado y no supe a dónde, oscuro, no supe (…) Me trajeron a mí y a un compadre mío, Isidoro Pérez; salimos los dos el mismo día como a las tres, pero a él lo agarraron y lo desaparecieron. Y a mí me sacaron de la casa como por engaño, una cosa así, como por guía, pues. Pero por de buenas a mí no me echaron al mar, porque echaron gente al mar a lo méndigo”.
Otros “guachos” eran los del 50, dice la señora Gregoria Tabares, una mujer de 73 años a quien los asistentes llaman Goyita. Recuerda que los soldados los obligaron por la fuerza a dejar sus casas en Cerro Prieto de los Pinos, los concentraron a todos en el Quemado, donde se dio la mayor redada de campesinos ocurrida entre los meses de agosto y septiembre de 1972.
“Decían que nosotros éramos bien mitoteros”, comenta cuando rememora lo que Lucio Cabañas y su gente decía de ellos. “Por eso nunca pasaron por el pueblo, porque decían que nosotros éramos chismosos.” Eso no importó a las tropas, que anunciaron cuando llegaron que así como habían dado de comer a Lucio, así les iban a dar a ellos. Nunca se les dio de comer mal, agrega; eran como 100 soldados y mataron gallinas, guajolotes, cerdos, hasta una vaca. Su nuera Guadalupe Sánchez tenía 11 años de edad cuando presenció cómo su padre Saturnino Sánchez García, quien vivía en silla de ruedas, fue hecho aparecer como uno de los seis “fusilados” por los soldados en los Piloncillos, cuando en realidad lo habían asesinado a quemarropa, durante la represalia por la emboscada de Arroyo Oscuro.
“Estamos cansados; damos el mismo testimonio y no pasa nada. La fiscalía no hizo nada; nos apoyaba con medicamentos, nos trajeron una psicóloga, pero no pasó nada, pienso que eso no ayudó en nada”, manifiesta la señora María Natividad peralta Mesino, oriunda de Rincón de las Parotas, cuando resume lo que han sido más de 30 años con su hijo Domitilo Barrientos desaparecido.
“Venía de Acapulco, lo detienen en el retén del Conchero. Él hacía milpa, era campesino, era presidente de la quinta del juego de pelota, no se metía con nadie. Porque no les dijo nada quizá por eso (se lo llevaron)”. Del medio centenar de historias de desapariciones forzadas que se escuchan en voz de los asistentes, queda un eco donde la tortura abrió heridas psicológicas irreversibles a varias personas, entre quienes está Enrique Chávez Fuentes, hijo de doña Virginia Fuentes Almazán, una señora de más de 80 años que en las últimas décadas ha visto cómo se ha deteriorado la salud mental de su hijo desde que fue liberado tras ser detenido por los soldados.

En voz de algunos asistentes se escucha que la mayoría de los pueblos abandonados no han vuelto a ser repoblados, algunos por su lejanía, como el Escorpión, el Sombrero o aquellos más distantes que sólo son identificables por su nombre que remite más a una expresión que a una comunidad, como Dios te Libre y El Quizá.
Montemayor dice que el general Rangel fue el militar que mejor le cayó durante todas sus investigaciones sobre aquella época. “Era un tipo excepcional, de una formación militar muy sólida, con espíritu castrense y de una integridad a toda prueba”. Recuerda que le contó haber recibido órdenes, cuando era comandante de zona en Durango, de acabar con el dirigente campesino Álvaro Ríos. Discreto, se negó. “No estudié en la academia militar para ser asesino”, le decía al escritor. Algunas de las instrucciones venían del general Marcelino García Barragán. “Me resistía a creer que era la voz de mi general García Barragán la que ordenaba hacer algo que no cabía”, comentaba. Al final intervino en su captura y lo entregó al Ministerio Público federal, quien lo acusaba de invadir tierras.
De sus charlas surgieron pasajes para la novela donde es uno de los militares que aparece como protagonista del relato que inicia en noviembre de 1972 y termina en diciembre de 1974. Cuando secuestraron a Rubén Figueroa, comenta, estaba todo listo para aniquilar a Lucio Cabañas; no se dio la orden, la decisión política era muy compleja. Lo ocurrido en Guerrero decía que no le pesó, él cumplió bien y nunca actuó contra sus principios, era un hombre muy íntegro. Después de que se publicó el libro, el general se abrió, empezó a tener más confianza para abordar otros pasajes. Como lo ocurrido en la masacre de campesinos de Aguas Blancas en junio de 1995. “Carlos, matar así como si fueran pollos… ¿qué les pasa?”.

Grupo Estado de México

Visos de impunidad

Álvaro Delgado, reportero

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.

Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.

Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:

“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.

Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.

Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.

“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.

“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”

Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.

–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?

–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.

“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al 2012.”

Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.

–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.

–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.

Todo para el mexiquense

La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.

Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.

“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año 2012.”

En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico 2010 a cambio de impedir alianzas del PAN con otros partidos.

“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”

Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.

Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.

“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”

–Salvo a los grandes grupos empresariales.

–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.

Recuerda:

“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”

Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.

–A confesión de parte, relevo de pruebas.

–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.

Calderón lo permitió

En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.

La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…

Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.

Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.

A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.

Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”

Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.

“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”

Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.

“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”

***

Sus fichas en San Lázaro

Esteban David Rodríguez

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

En su carrera hacia la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo activo de por lo menos tres decenas de diputados federales. Los legisladores peñistas, que ocupan cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas en la Cámara de Diputados, han obtenido para el gobernador del Estado de México un poder económico y político excepcional. Todo, bajo la coordinación de Francisco Rojas, quien sueña con el Palacio de Gobierno de Toluca tan intensamente como el cachorro del Grupo Atlacomulco sueña con Los Pinos...

Cuando Enrique Peña Nieto se presentó el 5 de noviembre del año pasado en San Lázaro con el fin de plantear sus pretensiones económicas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, una estampida de legisladores priistas –o peñistas– abandonó el salón de plenos para ir a recibirlo.

Una estampida similar, pero de miles de millones de pesos, salió 12 días después del Palacio Legislativo hacia el Estado de México, cuando los 34 diputados peñistas –incluidos el presidente y dos secretarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– consiguieron que el gobierno federal le destinara 93 mil 394 millones de pesos (7.3% más que en 2009), para ejercer en un año en que el Partido Revolucionario Institucional puede decidir que Peña Nieto será su vehículo para tratar de recuperar la Presidencia de la República.

El hecho es que ningún otro gobernador había conseguido en la Cámara de Diputados el grado de control que ha logrado el cachorro del Grupo Atlacomulco, quien desde hace casi dos años se promueve intensamente –mediante campañas mediáticas que lo mismo exhiben su obra pública que a su persona y a su acompañante– como la figura priista mejor posicionada.

El poder de Peña Nieto en el Congreso de la Unión proviene de que el priismo mexiquense aportó a la mayoría tricolor nada menos que 45 diputados federales 
–alrededor de 20% del grupo parlamentario del PRI–, y con ese argumento la bancada del gobernador mexiquense ubicó a sus operadores en cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas, mientras que el grupo del líder priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, apenas consiguió para su gente cuatro posiciones de ese tipo en San Lázaro.

Aunque el grupo de Beatriz Paredes logró que la mayoría de las carteras de coordinación quedaran en sus manos, desde el 20 de agosto de 2009 la diputación mexiquense había decidido, durante un cónclave realizado en Metepec, que el coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados fuera Francisco Rojas, quien se integró a la misma mediante una candidatura plurinominal y sabe que al palacio de gobierno de Toluca –al cual se ha dicho que aspira– sólo se puede llegar por el Paseo Tollocan.

Otra de las piezas centrales de Peña Nieto es Luis Videgaray Caso, diputado plurinominal que preside justamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asesor de Pedro Aspe Armella en la Secretaría de Hacienda durante la administración de Carlos Salinas, y de Jesús Reyes Heroles González en Banobras y en la Secretaría de Energía (Sener), funge ahora como enlace del gobernador mexiquense con la tecnoburocracia financiera conformada por figuras de la talla de Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz, Luis Téllez y Agustín Carstens.

Después de su paso por la Sener, Videgaray se fue a una de las empresas fundadas por Pedro Aspe, Protego Asesores Financieros en Banca de Inversión, de la que fue subdirector general (1998-2001), para fungir como director de finanzas a partir de 2002, año en que esta empresa participó en el Programa de Certificados Bursátiles del gobierno mexiquense.

En 2005, Videgaray ingresó al gabinete de Peña Nieto como secretario de Finanzas, Planeación y Administración, al mismo tiempo que era presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem).

Por aquellos tiempos, Protego –según su propia bitácora de transacciones– consiguió para el gobierno de Peña Nieto un “crédito simple” de 160 millones de pesos, otro “crédito de corto plazo revolvente” por 500 millones y se encargó del Refinanciamiento de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso Maestro –una operación que representó 570 millones de pesos–, además de renegociar la deuda mexiquense, que alcanzaba los 2 mil 500 millones de pesos.

En 2006, Protego fue adquirida por el grupo financiero estadunidense Evercore Partners, en 7 millones de dólares, pero el equipo de Aspe se asimiló a la nueva estructura, según el convenio de la operación.

De 41 años, licenciado en economía por el ITAM y con doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Videgaray es la estrella del peñismo en San Lázaro.

Pero otro peñista muy bien colocado es Andrés Massieu Fernández, quien fue director de Gestoría de la Presidencia de la República con Vicente Fox, y actualmente, como diputado federal plurinominal, cumple el rol de secretario de la estratégica Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Ocupó igualmente la dirección general de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de 2006 a 2009, donde tuvo vínculos con altos directivos de las televisoras, como el consejero de Televisa y tutor de Videgaray, Pedro Aspe Armella.

Muchos de quienes formaron parte del staff del gobernador Peña Nieto, es decir, asesores, consejeros, picaportes, fueron incorporados a la bancada peñista de la Cámara de Diputados, y con ellos el gobernador tiene al menos dos denominadores comunes: coincidencia generacional y prosapia política.

Tal es el caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado por el distrito número 1, con cabecera en Atlacomulco. Él es sobrino de Leopoldo Velasco Mercado, quien fue secretario general de Gobierno en la administración de Alfredo del Mazo González; primo de Marcela Velasco, secretaria de Desarrollo Económico de Peña Nieto, y hermano del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), Santiago Velasco Monroy. Portador de una maestría en administración pública, Eduardo Velasco Monroy se desempeñó, hasta 2009, como secretario particular del gobernador Peña Nieto.

Semejante tesitura alcanza el comunicólogo José Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza–, quien se aventuró como empresario periodístico en los años noventa con el lanzamiento, en Toluca, de Liberación, un diario con buena infraestructura que, sin embargo, tuvo una vida breve y casi inadvertida. Ahora es concesionario para la explotación de una banda radioeléctrica. Tiene 43 años, pero hizo carrera política local en los últimos tres, como subprocurador de Protección al Ambiente, como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense en Valle de Bravo, y como asesor en Mercadotecnia y Comunicación del gobernador Peña Nieto. Hoy es secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

En la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Peña Nieto tiene dos secretarías: una, con el exalcalde de Coacalco Héctor Guevara Ramírez, y otra con Alejandro del Mazo Maza –diputado suplente en funciones del Partido Verde e hijo del exgobernador mexiquense–, quien ocupa ya el asiento que tenía la “Juanita” Carolina García Cañón (PVEM), propietaria con licencia que también fue cuota del peñismo.

Fuera de la diputación federal mexiquense también hay peñistas leales, como el abogado regiomontano Felipe Enríquez Hernández, de 39 años, quien fue diputado del Congreso de Nuevo León y secretario particular del subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, Natividad González Parás, cuando Emilio Chuayffet despachaba en la oficina principal de Bucareli. En 2005, Enríquez se colocó como coordinador de Planeación Estratégica de la campaña de Peña Nieto por la gubernatura, y ahora es secretario de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, donde respalda las iniciativas de Videgaray.

Otro que no es mexiquense pero sí peñista es el diputado Héctor Aguirre Herrera, secretario de la Comisión de Transporte. Él es hijo del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y también a él se destinó la creación del puesto de jefe de departamento de Vinculación y Organizaciones Políticas en la Subsecretaría de Desarrollo Político –encabezada por Alejandro Nieto Enríquez– de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, el 12 de agosto de 2008. En mayo de 2009, Aguirre Herrera ya andaba en campaña allá en Acapulco.

Varios montielistas –como Peña mismo– trabajan en San Lázaro por la causa del gobernador mexiquense. Es el caso de Manuel Cadena Morales, aspirante vitalicio a la gubernatura mexiquense, excoordinador de campaña y exsecretario de Gobierno de Arturo Montiel, que ahora preside la Comisión Especial para Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en Procesos Electorales.

Una ficha más de Peña Nieto es el priista –y diputado gracias al Partido Verde– Juan José Guerra Abud. Fue secretario de Desarrollo Económico (1993-2000) del gobierno del Edomex en las administraciones de Chuayffet y César Camacho Quiroz, además de colaborador de la campaña de Arturo Montiel por la gubernatura en 1999. Hay quienes le llaman el “diputado Kenwoort” por su conocida cercanía con la industria de automotores y la confianza que le dispensa Samuel Means, presidente de Kenworth Mexicana, la armadora de camiones pesados dominante en el mercado nacional.

Guerra Abud encabezó durante casi una década (2001-09) la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), cuyo consejo ejecutivo está compuesto por los directores de las compañías fabricantes de camiones con subsidiarias en México. Es integrante del Consejo Mexiquense de Infraestructura desde 2007 y consejero de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple EFIM, S.A. En San Lázaro se desempeña como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –donde trabaja con los peñistas Videgaray y Felipe Enríquez–, y, para mayor satisfacción del priismo mexiquense, como coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde.

Los amarres

Cuando Peña Nieto fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense (2003-05) tuvo bajo su férula a algunos de los actuales diputados federales, como José Ignacio Rubí Salazar, quien fue alcalde de Ixtapan de la Sal y después se integró al gabinete peñista como secretario de Trabajo (2006-09). Rubí es hoy presidente de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro.

Uno más es el curtido Humberto Benítez Treviño, exprocurador general de la República, quien se ha quedado varias veces en la antesala de la gubernatura mexiquense y fue secretario de Gobierno en la administración de Peña Nieto hasta el primer trimestre de 2009. Actualmente preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Entre los miembros de aquella legislatura local puede contarse, asimismo, al actual diputado federal Felipe Borja Texocotitla, un exalcalde de Axapuxco que fue director general de Obras Públicas del gobierno de Arturo Montiel. Hoy forma parte del Consejo de Administración de la financiera privada Unión de Crédito Industrial y de Servicios Vallemex, S.A., de la cual es socio principal Abel Domínguez Rivero, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) desde 2006.

Esa central sindical, nacida en los años setenta en el Estado de México con el beneplácito y auspicio del gobernador Carlos Hank González –celebraba contratos en todos los estados del país–, se consolidó en los años ochenta como una de las principales clientelas gremiales corporativas del priismo mexiquense.

Leonel Domínguez Rivero –quien fue tres veces diputado local y dos veces federal, así como vicepresidente del Congreso del Trabajo federal– y su hermano Abel, originarios del municipio de Zumpango, fundaron esa central obrera. Además de sus propias cosechas de poder, la influencia de Leonel promovió la carrera política de Alberto García Cuevas, su yerno, quien llegó a secretario de Gobierno y a presidente del PRI en el Estado de México, en tiempos del virreinato de Arturo Montiel, para luego colocarse, con Peña Nieto en el poder, como subsecretario de Gobierno.

El 18 de noviembre de 2006, el gobernador Peña Nieto acudió a presentar sus condolencias a los deudos de Leonel Domínguez, en Zumpango, donde se ubica la que fuera finca de descanso del cacique gremial. Entre los dolientes se encontraba uno de sus hijos, el hoy diputado federal Raúl Domínguez Rex, oficial mayor de la CTC –su tío Abel es el secretario general– y secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara baja.

Pero fue el secretario general adjunto de esa organización, y presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, el abogado Amador Monroy Estrada, quien recibió un encargo directo del gobernador Peña Nieto: recuperar para el PRI el municipio de Tlalnepantla. Monroy –secretario general de la Federación de Trabajadores de Tlalnepantla desde 1980, así como del Sindicato de Trabajadores del Montaje, Construcción de Estructuras, Maquinaria y Transformación del Metal de la República Mexicana, entre decenas de gremios–, es uno de los secretarios peñistas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro. Los otros son Israel Ledezma Magaña, dirigente de la CROC y diputado por Cuautitlán, y Diego Guerrero Rubio (PVEM).

Otro activo sindical de Peña Nieto es Héctor Hernández Silva, dirigente oficialista del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a partir de 2006, gracias al impulso del gobernador mexiquense, quien lo ayudó a deshacerse de una fuerte disidencia dentro de esa organización, la cual tiene 80 mil agremiados. En las elecciones de 2009 fue operador electoral, y muy ocupado estuvo en la conformación de numerosas fórmulas distritales. Silva es secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En una de las secretarías de la Comisión de Economía, Peña Nieto dispone igualmente de José Luis Velasco Lino, exdirigente de la Coparmex en la entidad; en la de Desarrollo Social cuenta con Maricela Serrano, dirigente de Antorcha Campesina, y en la de Función Pública su grupo logró colocar a Cirino Valdés Hueso.

El coordinador de la diputación federal priista del Estado de México es Emilio Chuayffet, exgobernador de esa entidad y uno de los tutores políticos del actual gobernador mexiquense, junto con Arturo Montiel.

Sin cartera, pero con mando y reconocimiento, en la bancada peñista destacan: Alfonso Navarrete Prida, procurador de justicia transexenal Montiel-Peña Nieto (2001-2008) y secretario de Desarrollo Metropolitano de 2008 a 2009; Miguel Ángel Terrón Mendoza, exmagistrado de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, exalcalde de Metepec, secretario particular del presidente del PRI mexiquense en 1991 –es decir, de Montiel– y diputado federal suplente en funciones de éste durante la LV Legislatura, y Alfonso Mancilla Zayas, hijo del exalcalde de Naucalpan Sergio Mancilla Guzmán, coordinador de Vinculación Política de la campaña de Peña Nieto por la gubernatura en 2005, y jefe de la oficina de Compromisos del gobernador.

Tales son, entre otras, las fichas con las que juega Enrique Peña Nieto soñando en Los Pinos