Monumento al lavado de dinero

Misivas en la revista Proceso # 1784, 9 de enero de 2011;

Acerca de Monumento al lavado de dineroDe la Secretaría de Hacienda
Señor director:
En Proceso 1783, del pasado 2 de enero, se publicó un texto con el título Monumento al lavado de dinero y firmado por Jesusa Cervantes sobre el que encuentro necesario hacer las siguientes precisiones:
1. Es falso que el programa Cetesdirecto represente una “ventana” o un “monumento para el lavado de dinero”, y carece de todo fundamento afirmar que el programa “no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita”. Una somera revisión a los requisitos que pide el programa para que cualquier ciudadano se inscriba y pueda acceder a esta herramienta de ahorro segura y efectiva permitiría corroborar que Cetesdirecto se apoya en la infraestructura y controles que las instituciones de crédito están obligadas a cumplir y que se encuentran descritas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Basta mencionar que todos y cada uno de los clientes de Cetesdirecto deben ligar una cuenta bancaria a su nombre para poder invertir en los instrumentos del gobierno federal, y solamente con esa cuenta, que se encuentra plenamente identificada, se realizan transacciones de compra y se reciben los rendimientos, por lo que se forma un “circuito cerrado” que, aunado a que Cetesdirecto no recibe dinero en efectivo, permite tener un control de que los recursos invertidos corresponden a ciudadanos claramente identificados y que, además, tienen registro ante las autoridades hacendarias.
2. En el texto la autora afirma que “hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales”. Al respecto, es necesario aclarar que el programa Cetesdirecto no es una figura que opere fuera de lo que ya contempla la ley. Por sus características, Cetesdirecto se sujeta a las disposiciones que rigen a las instituciones de banca múltiple, como ocurre con cualquier otra inversión en instrumentos gubernamentales.
Así, cada cuenta de Cetesdirecto queda bajo una serie de obligaciones que señala la norma, entre las que se pueden citar: la integración y conservación de un expediente que permita la identificación del cliente, la verificación de las cuentas bancarias y productos financieros contra listas de personas asociadas a la comisión de actos u operaciones ilícitas, la elaboración de un perfil de operaciones, el seguimiento de las actividades del cliente y, en su caso, la emisión de reportes. Al estar dentro del sector bancario, cualquier operación sospechosa sería detectada a través de los mecanismos de supervisión que ya contempla la ley.
Cetesdirecto es un esquema que permite al ciudadano invertir en instrumentos gubernamentales que antes estaban limitados a los grandes inversionistas, y si bien su acceso es hoy sencillo y se ha apoyado en una tecnología amigable, no por ello está exento de los controles que rigen al sector bancario del país y que protegen el bienestar de las familias mexicanas, aspecto que un mínimo rigor periodístico hubiera podido corroborar.
A fin de que sus lectores cuenten con la información correcta, solicito a usted la publicación de la presente.
Atentamente
Érika Contreras Licea
Titular de la Unidad de
Comunicación Social y vocera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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 Respuesta de la reportera
 Señor director:
 Las afirmaciones que impugna la Secretaría de Hacienda no son imputables a la reportera, pues, como claramente se indica en el texto, fueron hechas por los especialistas en el tema de lavado de dinero y asuntos bancarios Edgardo Buscaglia y Mario Di Costanzo.
Respecto de que Cetesdirecto representa un monumento para el lavado de dinero, Buscaglia advierte que México no cuenta con los candados que tienen, por ejemplo, Italia y Estados Unidos, para garantizar que en este tipo de programas el dinero que hay en los bancos no provenga de “fuentes sucias”.
Y precisa que cuando no hay un proceso de contención donde se recurra a las auditorías tributarias –que son frecuentes en los sectores de alto riesgo– y no existen rastreos patrimoniales preventivos acompañados de la policía especializada, se trata de un sistema abierto como el de México, donde “la compra de bonos es el monumento a la oficialización de los dineros sucios”.
A la pregunta de si el programa Cetesdirecto puede prestarse al lavado de dinero, Buscaglia responde: “¡Claro que sí! Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están”.
En cuanto a la falta de reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales, fue el especialista en temas económicos y extrabajador de Hacienda Mario Di Costanzo, hoy diputado federal, quien manifestó: “Con este programa (Cetesdirecto), por la falta de reglas que eviten la compra de estos bonos gubernamentales por parte de la gente ligada al narco, parece que el gobierno se quiere beneficiar de esta economía”.
Atentamente
Jesusa Cervantes
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El reportaje


Monumento al lavado de dinero Jesusa Cervantes
Revista Proceso 1783, 2 de enero de 2011:
Analistas consultados por Proceso aseguran que la economía nacional está llena de recursos provenientes de actividades ilícitas y los sistemas financieros parecen diseñados especialmente para blanquear capitales. Por ello ven con desconfianza el programa federal cetes-directo, sobre todo porque, arguyen, permite a cualquier ciudadano comprar bonos gubernamentales a muy bajo precio para robustecer el gasto público. Edgardo Buscaglia, experto en asuntos de narcotráfico, considera que el programa anunciado por el presidente Felipe Calderón equivale a levantar un monumento al lavado de “dinero criminal”.

 La creación del programa federal cetes-directo –que permite la compra de bonos gubernamentales desde 100 pesos– prendió los focos rojos entre analistas que lo ven como una “ventana” para el lavado de dinero, pues el nuevo instrumento de deuda autorizado por Felipe Calderón no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita.
Al darlo a conocer el pasado 26 de noviembre, Calderón expuso que el programa “nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas (pues) a través de una página de internet cualquier mexicana, cualquier mexicano, puede ahorrar, puede invertir cantidades que eran impensables, desde 100 pesos y de manera fácil y confiable”.
De acuerdo con el nuevo esquema, los interesados en comprar Certificados de Tesorería (Cetes) por internet sólo deben presentar su Registro Federal de Causantes, así como su Clave Única de Registro de Población y la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales ni tampoco al uso discrecional de los recursos obtenidos por la venta de los bonos, con los que se pretende financiar “la estructura de gasto público”.
Esta forma de allegarse dinero –que funciona en países como Estados Unidos e Italia– llama la atención del investigador y analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, quien afirma: “La economía mexicana está inundada de dinero criminal”; el país, dice, tiene “un sistema diseñado para que se lave capital”.
Entrevistado por Proceso, el especialista comenta que el objetivo de la delincuencia organizada es legalizar su dinero, asegurarse de que las divisas que obtienen en sus negocios se “oficialicen”.
–¿El programa cetes-directo puede prestarse al lavado?
–¡Claro que sí! Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están.

El SAT, ausente

Desde Afganistán, donde realiza una encomienda para la ONU para impedir la penetración del crimen organizado en el país asiático, Buscaglia advierte que en el caso de México el SAT, encargado de fiscalizar los movimientos financieros, “brilla por su ausencia”; lo mismo sucede con los fiscales electorales, a quienes corresponde impedir que las precampañas y campañas sean financiadas con dinero sucio. “En México –dice– no hay una política orquestada o dirigida a frenar estos dineros”.
Un ejemplo de lo ineficaz que es el SAT es el de la verificación de empresas constituidas ex profeso para lavar dinero o que fueron fundadas con recursos ilegales. Es el caso de al menos seis firmas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio cuenta de ello en un reporte fechado el 17 de mayo de 2007.
De acuerdo con Buscaglia, la delincuencia organizada “celebra cuando paga impuestos. ¡Y qué mejor manera de hacerlo y limpiar su dinero que en programas del gobierno federal!”.
El “dinero criminal”, como lo llama, no sólo es el que proviene de la venta de drogas, sino que incluye otros 22 delitos de los que se obtienen divisas que luego se invierten en la construcción de caminos o en la creación de zonas turísticas, de juegos o en el sector inmobiliario, entre otros.
“Para evitar esto –detalla– se requiere que México someta a las empresas a auditorías tributarias cuando se trata de compañías de alto riesgo, como las de los sectores que mencioné.”
Esos son los candados que imponen otros países para asegurarse de que “los dineros que hay en los bancos no provienen de fuentes sucias”. Y menciona que los primeros países que pusieron estos diques fueron Alemania e Italia, que cuentan con cuerpos policiacos especializados; lo que no hay en México.
“Cuando tienes abierto esto, cuando no tienes un proceso de contención donde recurres a las auditorías tributarias –que son frecuentes en los sectores de alto riesgo– y realizas rastreos patrimoniales preventivos acompañados de la policía especializada; cuando tienes abierto todo este sistema, como ocurre en México, la compra de bonos es el monumento a la oficialización de los dineros sucios”, expone.
El proceso de contención para que el “dinero criminal” no se mezcle con el lícito no se ha aplicado en México.
Expone: “El sistema está diseñado para lavar dinero y el presidente Calderón lo sabe muy bien. Yo lo desafió a hacerlo, a implementar este proceso de contención y le llevamos a un equipo de la guardia italiana para que realice las auditorías tributarias
“(Si lo hacemos de esa manera) vamos a llegar hasta las campañas electorales, a conglomerados de medios de difusión, a empresas de construcción, inmobiliarias o farmacéuticas. Es ahí donde hay que hacer el trabajo y a partir de estas auditorías tributarias, a través de estos rastreos patrimoniales preventivos, se evitará que se lave una enorme cantidad de dinero.”

La inquietud de los banqueros

Edgardo Buscaglia regresa a su tesis de que la economía mexicana “está inundada de dinero criminal” que no sólo financia campañas políticas, sino que participa en contrataciones públicas o, a través de empresas, compra bonos”.
Pero la participación de esas divisas en la economía mexicana no para ahí, sostiene, y suma los fideicomisos de los que, dice, “son una pachanga patrimonial para los grupos criminales… Y ahí entran también lo bonos”.
Con esto, el también asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, trata de explicar que lo que ocurre con la economía en México es mucho más que la filtración del dinero del narcotráfico, y que cuando habla de “dinero criminal”, se refiere al producto de los otros delitos tipificados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.
Y los menciona: tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de inmigrantes, explotación sexual, incluida la de menores, tráfico ilegal de armas, tráfico de mercancías robadas y otros bienes, así como corrupción y soborno, fraude, falsificación de dinero, piratería, homicidios, lesiones corporales graves, secuestro, extorsión, falsificación y uso indebido de información confidencial o privilegiada, manipulación del mercado y, por supuesto, tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
“La gente no tiene conciencia de cuán criminalizada está la economía formal mexicana. Todos estos delitos están financiando actividades de inversión importantes en sectores muy específicos; el narcotráfico es el menor de los problemas.
“Lo que pasa es que se quiere caricaturizar al narco cuando los empresarios corruptos, los políticos, los oligopolios –que no son empresarios como los europeos, sino mafiosos– hablan de libre mercado; nada de eso es cierto. Su libre mercado no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto es dinero criminal”, sostiene Buscaglia.
Y reta a Calderón: si de verdad quiere atacar el lavado de dinero, arguye,  “que aplique las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de activos. Ahí te vas a dar cuenta de que los canales se van a bloquear, porque mientras por un lado el gobierno habla de atacar el lavado, por otro abre canales adicionales para facilitar el financiamiento del gasto público a través del dinero criminal”.
“México es un sistema diseñado para que se lave dinero… y luego se dedican a dar discursos todo el día para distraer a la población y la comunidad internacional; pero ésta se encuentra muy al tanto de lo que sucede.”
En la presentación del programa cetes-directo estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), Ignacio Deschamps. Buscaglia sostiene que en dicha agrupación están “inquietos” por el tema del lavado de capitales ya que “lo que les preocupa es que sus capitales estén mezclados con dinero criminal mediante operaciones bancarias.
“Están conscientes de esta situación por lo que están entrenando a su personal; incluso sus casas matrices han solicitado la asesoría de personal internacional y de la OCDE. Tienen claro que deben invertir dinero en este proceso. Hace 10 años se quejaban de tener que destinar capital para prevenir el lavado de dinero, pero ya han dejado de protestar. Ahora, si se ven involucrados, tienen fuertes sanciones civiles y penales y grandes multas.”
Buscaglia, quien recientemente asesoró a la AMB, que agrupa a los grandes bancos internacionales con presencia en el país, como Santander, Bancomer o Banamex, aclara que los grandes bancos están regulados y tratan de aplicar siempre las 49 recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero en sus sucursales, lo cual no sucede con las figuras del llamado sistema semibancario, que también opera en México y que es donde están las agrupaciones financieras dedicadas a apoyar el otorgamiento de créditos: las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles).
Ambas figuras, comenta, son “peligrosas en la medida en que no están sometidas a las 49 reglas del GAFI, no están sometidas a las auditorías”.
En México hay al menos 73 sofoles que se abrieron entre 1994 y 2006; de 2006 a 2009 se crearon mil 81 sofomes. De éstas, 100 son brazos de grandes compañías, 100 provienen del sector regulado y 881 son independientes.
El 1 de diciembre, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, alertó sobre el peligro que corren sofoles y sofomes de ser utilizadas por el crimen organizado para el blanqueo de capital por la escasa regulación que tienen. La supervisión hacia estas figuras financieras, a diferencia de la de los grandes bancos internacionales, es laxa por considerarse que son entidades de crédito que no captan dinero del público y por lo tanto no ponen en riesgo a los ahorradores.
Sobre el tema, Adalberto Palma, presidente de la Unión de Instituciones Financiera Mexicanas (Unifim) admite que a sus agremiados les preocupa que sus instituciones sean utilizadas para el blanqueo de capitales.
A la unión pertenecen agrupaciones como Banco Azteca, Femsa o Coppel, que además de operar como pequeños bancos se dedican a la transferencia de dólares de Estados Unidos; incluso tienen entre sus agremiados a varias sofoles y sofomes.
De acuerdo con la Unifim, todos sus agremiados cuentan con regulación. La preocupación porque el blanqueo de capitales se infiltre en la organización es tal, que el pasado 26 de noviembre tuvieron un seminario de “prevención de lavado de dinero”.
Palma sostiene que el blanqueo “es un problema de ética y de procedimiento. Sin duda una institución grande tiene mayores posibilidades de controlar los problemas que se le puedan presentar, pero eso no los excluye”. También comenta, en defensa de sus agremiados, que “nadie está exento de la amenaza del lavado; las grandes instituciones tienen un sistema de control que puede disminuir el problema”.
Palma advierte que en el caso de las pequeñas instituciones –como las de la Unifim– “el hecho de que no tengan reglas de control las hace más vulnerables en términos de no entender los procedimientos del lavado de dinero.

Sistema semibancario

El 3 de junio de 2010 el informe Estados Unidos-México. Estudio binacional de bienes ilícitos estableció que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavados por los cárteles de la droga en México y que la mitad pasa por el sistema financiero del país.
Al respecto, Ignacio Deschamps reconoció los datos del informe pero aclaró que cuando ese capital llega al sistema bancario ya es “lícito”. Señala: “Lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas lo pueden depositar legalmente en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.
Para algunos diputados federales, el sistema semibancario (donde están sofoles y sofomes) ya forma parte de la intrincada red del lavado de dinero y ahora hay que sumar posiblemente el programa cetes-directo.
Entre quienes sostienen lo anterior está el diputado petista Mario di Costanzo, quien trabajó en la Secretaría de Hacienda de 1984 a 1996 y es autor del libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México. En entrevista con Proceso, el legislador afirma que en el país se vive una “narcoeconomía” y “por las venas del sistema financiero circula dinero del narcotráfico”.
“Con este programa, por la falta de reglas que eviten la compra de estos bonos gubernamentales por parte de gente ligada al narco, parece que el gobierno se quiere beneficiar de esa economía y subsidiarse abriendo sus arcas al lavado”, afirma Di Costanzo.
Considera que el sistema llamado “de pitufeo” (que consiste en fraccionar las transferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas, cuyos titulares giran cheques hacia una cuenta concentradora) lo puede aplicar el crimen organizado en el programa cetes-directo.
“Sería una operación hormiga que podría aplicarse en este programa utilizando, por ejemplo, a un ama de casa, pues no hay regla que lo impida ni sistema que pueda detectarlo. Al no haber reglas, considero que lo que pretende el gobierno con esto es apropiarse de una parte, de un cachito de lo que se está lavando en el país.”

Ciudad Juárez, hoy

El Plan Juárez: cemento sin contenido social

Marcela Turati, reportera 

 Proceso # 1784, 9 de enero de 2010;

Se espera que en el primer aniversario de la matanza de 16 jóvenes deportistas en Ciudad Juárez el presidente Calderón inaugure obras que prometió el año pasado y que fueron incluidas en la estrategia Todos Somos Juárez. Pero se encontrará con una cruda evaluación de activistas y organismos civiles: aunque se han hecho muchas construcciones, no han sido acompañadas con programas de integración juvenil, participación ciudadana y atención a las víctimas de la que sigue siendo la ciudad más violenta del mundo. En suma, dicen, se han realizado costosas instalaciones “con demasiado cemento y con poco contenido social”.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Máquinas retroexcavadoras mueven sin cesar  montes de tierra. A unos metros, unos obreros colocan pasto sintético; otros cortan tiras blancas en forma de números que pegan sobre el que será un campo de futbol americano. Desde la cima, unos contratistas discuten por el pago de unas facturas, y otro ubica el sitio donde trasplantará unos árboles. 

La premura, según explican, se debe a que la obra debe quedar lista en dos semanas, cuando el presidente Felipe Calderón volverá a esta ciudad por el primer aniversario de la matanza de 16 estudiantes deportistas de la colonia Villas de Salvárcar.

Uno de los contratistas asegura que todo estará terminado para la fecha postulada, a pesar de que salta a la vista que las gradas resultaron insuficientes y que para tapar esa falla decidieron poner pasto sintético.

“Ya ve, así son las obras que se diseñan a 2 mil kilómetros de aquí”, dice encogiéndose de hombros el hombre enfundado en un abrigo oscuro, al referirse a las gradas de cemento que no abarcan el campo entero.  

En otras partes de la ciudad ya se materializaron en obras las promesas que el presidente Calderón hizo a los juarenses en febrero de 2010, dos semanas después de la matanza que colmó la paciencia ciudadana y provocó reclamos furiosos por la incapacidad gubernamental para detener tanta matanza. 

Una de esas obras está en la conflictiva colonia Plutarco Elías Calles. En uno de los montes de tierra, la estudiante de enfermería Brenda Jazmín Mendiola tiene su casa, y mientras restriega ropa enjabonada dentro de una lavadora inservible que usa a manera de cubeta, tiene como vista un parque nuevo con un tramo de juegos infantiles como gusanos multicolores, columpios confeccionados con llantas de colores, modernas bancas rojas, alumbrado alto, escaladoras amarillas, cancha de básquet y caminos alisados bajo el sello del programa Todos Somos Juárez. 

Aunque es mediodía, y en otras colonias los parques están llenos, el de la Plutarco está vacío. Brenda recuerda que el día de la inauguración el lugar estaba a reventar; de día tuvieron un torneo, pero en la tarde cambió el panorama: un quinceañero fue asesinado.

“Allá donde está la última banca, ahí mataron a un muchacho; estaba con su novia y sus amigas. Lo mataron unos que estaban en un carro oyendo música. Y la gente dejó de venir un tiempecillo. Yo tampoco salía, tenía miedo. Luego volvió la gente, pero ahora no salieron por el frío”, comenta la joven. 

Ese parque y otros ocho de la ciudad forman parte de los 160 compromisos del gobierno federal como respuesta al enojo ciudadano por el olvido y al sentido reclamo que hizo Luz María Dávila, madre de dos estudiantes asesinados, que le dijo al presidente que no era bienvenido, que parara la violencia. 

Desde el 17 de febrero de 2010 viajaron funcionarios del gobierno federal para organizar mesas de trabajo y preguntar a los ciudadanos qué faltaba; pese a que todo lo anotaron, no siempre hicieron caso a sus apuntes, porque ya llevaban un menú de 160 proyectos armados desde el DF: hospitales, escuelas, guarderías, parques, canchas deportivas, pavimentación de calles, afiliaciones al Seguro Popular y a Oportunidades. Nada sobre bajar las muertes, nada sobre atrapar asesinos y encarcelarlos.

“Grosso modo, son muy pocos los resultados obtenidos. Básicamente no ha sido lo que se esperaba a casi un año de implementado el programa. Todavía hay muchos puntos que no han avanzado y obstáculos que no se logran superar: el resultado final es que la inseguridad, los índices delictivos siguen elevados, y aunque el objetivo era bajarlos, no se logró”, opina, a un año de distancia, la doctora Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano.

Las cifras avalan su dicho: Si en 2009 fueron asesinadas 2 mil 658 personas en esta ciudad fronteriza, se llegó al récord de 3 mil 111 en 2010, cuando, por tercer año consecutivo, fue la ciudad más violenta del mundo, con 239 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“La intervención social trae algo de inversión, obra pública que hay que valorar, pero no van al fondo de la cuestión: si no atienden la corrupción ni la construcción de sistemas de justicia eficaces ni bajan la inseguridad ni abren el gobierno a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas ni se fincan responsabilidades legales a los servidores públicos incumplidos, no vamos a cambiar las cosas”, manifiesta Sergio Meza, coordinador general de la red de organizaciones Pacto por Juárez, que creó con participación ciudadana un plan estratégico de desarrollo para la ciudad.

A tropezones

Desde sus inicios, la estrategia Todos Somos Juárez, con la que se pensaba dar una respuesta a la ciudad en materia económica, social y de seguridad, comenzó con problemas y cuestionamientos. 

Meses antes de su presentación, era un plan integral que tomaba como modelo la intervención social que tuvo buenos resultados en la violenta ciudad colombiana de Medellín, retomado en México por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el gobierno municipal. 

Sin embargo, no soportó la rebatinga política, y cada secretaría de Estado (Economía, Salud, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación, PGR, Trabajo) se ocupó de reproducir sus programas preexistentes, así como a supervisarlos. A los ciudadanos que fueron convocados para definir el nuevo programa, pocas veces se les escuchó. 

Así, según las entrevistas realizadas por este semanario, se ampliaron hospitales y aumentó el número de camas, pero falta personal que atienda, ya que los médicos no quieren cambiar su plaza a Juárez. Fueron construidas prepas, pero no han sido recuperados los pandilleros que ya habían desertado, y faltan trabajos para los jóvenes. Se remozaron parques, pero no en todos ha habido trabajos para reconstruir la confianza ciudadana ni se ha vencido el miedo de la gente a salir a las calles. Se hicieron “corredores seguros” en las zonas más pujantes, pero continuaron las extorsiones a los negocios, y al menos 100 mil personas han abandonado la ciudad. No llegaron los agentes del Ministerio Público Federal solicitados, no hubo modificaciones al sistema de justicia, y los índices de impunidad siguen altos: menos de 5% de los crímenes son castigados.

La inversión federal estimada para la estrategia fue de 3 mil 383 millones de pesos. 

“En la Mesa de Seguridad Pública siempre dijimos que la estrategia de ocupación territorial era un fracaso y que habría que fortalecer la capacidad de investigación de las agencias del Ministerio Público y de la Policía Federal, así como hacer investigaciones, operativos ágiles y contundentes, y no los abiertos que afectan tanto a la población; advertimos que debía atacarse el lavado de dinero y la base financiera, porque si no, no se tocaría el fondo del problema y todo sería una pantalla. Pero no apreciamos ningún cambio”, dice Hugo Almada, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Agrega: “Aunque hay algunos buenos esfuerzos, la intervención tiene dos grandes problemas de fondo con los que es muy difícil lograr el resultado deseable: Mientras no se resuelva la situación de seguridad, es muy difícil que realmente los programas sociales tengan el impacto multiplicador deseable, y nunca hubo un plan que partiera de un diagnóstico adecuado de la ciudad”.

Por su parte, la doctora Chavarría, quien en varias reuniones exigió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detener los secuestros que sufren los médicos, señala que el programa Médico Seguro no fue cumplido completamente: sólo la mitad de los cuatro hospitales que reciben a heridos de bala tienen vigilancia permanente; al resto entran los sicarios a rematar a sus víctimas. Además, los secuestros a doctores aumentaron, así como los asesinatos. 

Vicios originales

Álvaro Sierra, periodista colombiano experto en narcotráfico, ha señalado que los programas de intervención social de Medellín tuvieron éxito porque partieron de una condición previa fundamental: la violencia ya había cesado. En Juárez la violencia continúa y los efectos de la intervención no se notan. Según Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, los programas allá fueron diseñados por los propios beneficiarios. 

“Aquí se empezó al revés: hay un montón de diagnósticos de la ciudad. ¿Por qué no establecieron un método para escoger proyectos que ya existían y por qué se quiere que responda a proyectos, algunos de ellos políticos, ya prefabricados?”, cuestiona el ejecutivo de la organización Pacto por Juárez, quien, sin embargo, aplaude la inversión federal en la ciudad porque ésta tiene rezagos históricos.

A pesar de que Juárez es la quinta ciudad más importante del país, con 1 millón 300 mil habitantes, recibe por habitante sólo 934 pesos de inversión federal, mientras que Tijuana capta mil 140, Chihuahua 1 mil 496 y Guadalajara 1 mil 739.

Laurencio Barraza Limón, de la Organización Popular Independiente (OPI), con 22 años de trabajo en las zonas populares, señala que faltó coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, y no se tomó en cuenta la experiencia de las organizaciones comunitarias.

“Cuando estuvo Calderón aquí, dijimos que había que innovar en lo social para un abordaje más fino de la realidad y para aprovechar los recursos. Tenían que haberse tomado en cuenta programas para atender a las víctimas, a los huérfanos, a los discapacitados por la violencia, y dirigir políticas hacia los jóvenes y niños, pero nos encontramos con que traían ya elaborados 160 puntos –sobre todo parques, escuelas–, que no estaban mal, pero era demasiado cemento y poco contenido social. Hacen falta las oportunidades económicas y de desarrollo social para los jóvenes, con el fin de que encuentren una alternativa al crimen organizado; es preciso trabajar de base en las comunidades y avanzar en la justicia”, considera. 

El activista explica que durante la inauguración del parque en la colonia Plutarco Elías Calles no se tomó en cuenta que esa zona históricamente ha sido disputada a muerte por cinco pandillas. “En el ánimo de tener la foto rápida y presumir acciones, convocaron a un partido abierto de fut al que asistió una cantidad de chavos interesados en participar, entre ellos varios grupos rivales, y el resultado fue que ahí murió un chavo de 15 años al que veníamos sacando del asunto de las drogas. El hecho complicó todo: 22 estudiantes de la secundaria dejaron de asistir a la escuela”, señala.

Por su parte, Lourdes Almada, integrante de la Mesa de la Infancia, se dice decepcionada por los resultados en el tema de la niñez y por la desatención de las familias que han sido víctimas de la violencia.

“El planteamiento en el tema de la infancia fue desde el principio en función de los programas que ya tenía cada dependencia y no a partir de la situación de emergencia: todo decidido desde el centro sin considerar la experiencia social. En vez de que el plan fortaleciera instituciones del gobierno federal en la ciudad o generara liderazgos, sólo se mandó gente desde el centro que cada semana iba y venía. Lo único que fortalecieron fue a la industria hotelera y a las aerolíneas”, sentencia.

Un ejemplo del fracaso fue la oferta de estancias infantiles aprobadas por la Sedesol, las que, de acuerdo con la socióloga, se construyeron “donde mismo, y no en las zonas de máxima violencia y pobreza”, porque las reglas de operación no permitían en otros sitios, a pesar de que la dependencia contaba con un diagnóstico que reconocía la ubicación de las zonas prioritarias.

Otra falla son los parques, también responsabilidad de la Sedesol, pues “se plantean como si por el hecho de llegar a construirlos se generara una convivencia distinta espontáneamente. No se tomó en cuenta a las organizaciones que trabajan en esas zonas porque se impusieron desde fuera, sin recuperar la historia, y terminaron siendo detonadores o activadores de conflicto”.

En el parque de la colonia Parajes del Sur, inaugurado en noviembre por el presidente Calderón, se ve a familias desafiando el frío. Unos adolescentes del equipo Buckanas que juegan una cascarita de futbol rápido dicen que entre todos defendieron el espacio de unos pandilleros que quisieron echarlos de sus canchas.

En cambio, en el parque de la Plutarco, donde hubo un muerto, comienzan a notarse grafitis, un columpio fue roto y un hombre ya intentó robarse el cableado de una lámpara. Los vecinos no saben si el parque sobrevivirá a unas fuertes lluvias, ya que lo construyeron donde confluyen varios arroyos que en otros años han ocasionado desastres. En una de las paredes se nota un grafiti que intentaron borrar: “Lárguense a chingar los soldados atte. Sud7”.

Desde una de las lomas donde fincó su casa el vecino Rafael Longoria, un hombre vestido de vaquero, mira el parque y dice: “No sé si los ingenieros conocían la presión del agua. Espero que el parque dure porque antes eso era un tiradero, y aunque hubo un muerto, pues ni modo; muertos hay donde quiera; por eso, después de unos días ya nos volvimos a arrimar al parque. Hemos tratado de mantenerlo, pero si los cholos deciden vandalizarlo no va a haber nadie para defenderlo”.

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La resistencia de los “nadie”

Marcela Turati

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Rubén Vázquez estaba harto de la sangrienta guerra entre las pandillas de su barrio. Para proteger a su familia colocó una puerta de triplay que resistió cachazos, garrotazos y puntapiés vandálicos. En la desesperación, bardeó su casa, enrejó ventanas y las forró con plástico para repeler pedradas. Contra los balazos sólo le quedaba rezar y tirarse con los suyos al piso. 

A partir de 2008, cuando la comezón asesina contagió a los jóvenes juarenses y los cárteles enrolaban sicarios por barrios periféricos como el suyo –afincados sobre dunas; las viviendas elaboradas con desperdicios–, él se sintió desolado. Hasta que tuvo una idea. 

Limpió un arroyo cercano, lo emparejó y despedregó, le pintó una larga raya blanca hasta formar un rectángulo e instaló unos fierros en cada extremo. Se puso un silbato al cuello e invitó, casa por casa, a los pandilleros enemigos a que disputaran el honor en la cancha improvisada. Ellos le tomaron la palabra: la Liga de Futbol Siglo 21 es un éxito. Mientras la delincuencia en la ciudad rebasa los límites de lo imposible (en tres años saltó de uno a siete asesinatos por día), la colonia Siglo 21 es ahora más segura. 

Este logro es posible gracias a jugadores como David Chavero, El Coreano, un veinteañero de ojos rasgados y tatuajes con letras orientales que lidera la pandilla Indios, una banda de cholos armados que el año pasado perdió a tres integrantes en la disputas territoriales. Por su bravura, cualquiera de los cárteles querría ficharlo, pero Vázquez se les adelantó y lo reclutó para el deporte. 

Sentado en el porche de la casa de los Vázquez, el capitán del equipo Indios sonríe al explicar su transformación: “Antes nomás andaba peleando el territorio, sólo subíamos pa’cá a agarrar de balazos a los de aquí, pero ahora ya hasta me saludan. Ya namás estoy esperando a que sea domingo para jugar”.

Don Rubén (como todos le dicen a Vázquez), su esposa Dolores y las vecinas que presencian la entrevista lo escuchan con respeto, ya no con desconfianza o miedo.

“Cuando no había equipo peleaba, me drogaba, asaltábamos, pensaba nomás en la venganza porque del barrio han matado a cinco o seis. Ya ahora pienso diferente, hago otras cosas, juego fut, cascareamos, venimos todos los domingos y busco trabajo en la maquila, pero está bien cabrón, no me agarran por los tatuajes y por no tener papeles de estudios”, dice con la mirada baja.

A su lado, Meni, otro de su tribu, agrega: “A como está de gacha la ciudad y ahora que ofrecen jale de sicario y 3 mil a la semana, con el deporte sí se despeja uno la mente para otras ideas, ya no piensa pura maldad”. 

El Coreano asiente. Su piel parece un códice en el que lleva escrito –en el brazo izquierdo– Estela en chino, su apodo en letras cholas, un dragón en el hombro derecho, una mata de mariguana en la axila, el nombre de sus hijos en el pecho, dos calaveras en el cuello y una araña en la espalda. Esos son sólo los tatuajes visibles; ocultos bajo la camiseta holgada porta otra decena de inscripciones y siete cicatrices de balazos.

“El día que me pusieron tres balazos, al día siguiente me vine a jugar”, festeja antes de concentrarse para leer la cartulina con el rol de juegos del próximo fin de semana: jugarán siete equipos de mujeres, 10 de niños y 16 de adultos, que llevan nombres como Resto del Mundo, Inter, Deportivo Chong y Blue Star, provenientes de cinco barrios vecinos.

“Los de Blue Star eran unos chavalitos bien drogadictos, andaban cayéndose por tanta aguaceleste. Una mamá los trae, me dice ‘don Rubén, no completé para el árbitro, ¿los deja jugar?’, y claro, el chiste es que dejen unas horas las drogas. Siempre pierden, la última vez 5-0, pero les regalé un trofeo chiquito y andaban bien gustosos”, narra satisfecho el creador de la liga, que entre semana es chofer de un camión que transporta a obreros.

Las reglas de su campo prohíben drogarse o emborracharse. Los tres mejores equipos de cada categoría ganan un trofeo (el más grande del tamaño de una puerta), otro se da de consolación y el portero menos goleado recibe unos tacos. Cada equipo paga 125 pesos por juego, que alcanzan para pagar a los árbitros y para que Vázquez pague en abonos los siguientes trofeos. 

Sábados y domingos, de siete de la mañana a siete de la tarde, don Rubén se planta en el campo para atajar cualquier conato de bronca, expulsar a quien se acerque con cervezas, animar a los muchachos para que inviertan en un uniforme en lugar de drogas y no pierdan la fe en hallar un empleo.

Una vecina chismosa cuenta que una regidora quiere apropiarse de la liga y los priistas presionan para que la rebauticen como “Liga César Duarte”, como el gobernador. Don Rubén, firme como árbitro, prefiere mantener a los políticos afuera de la cancha, expulsados.

“Así como crecieron en el deporte podrían crecer en un trabajo, pero no tienen oportunidades para salir adelante; como están tatuados no los contratan. Una oportunidad les hace falta”, lamenta, pues la ciudad se diseñó con escasas preparatorias para que los jóvenes pasaran su juventud en las bandas de producción de las maquiladoras, que tampoco los contratan. 

Desarraigar la violencia

Los días de sol, a las seis de la tarde, el parque Hidalgo se va llenando de niños y niñas que apagaron el Nintendo para reunirse ahí, a pesar de que la ciudad está en guerra. 

En tres años, 7 mil 434 personas han sido asesinadas en Juárez, entre ellas más de 100 infantes. 2010 fue el año más sangriento: se cometieron 3 mil 111 asesinatos, y junio fue un mes fatal que se inauguró con la muerte de Liliana, una niña de tres años rafagueada junto a su papá; al día siguiente, dos hermanos, de tres y cinco años, vieron cuando un comando levantó a su padre del auto familiar (luego fue decapitado) y su mamá se desangró en el asiento; el día 13, un niño de ocho años presenció la ejecución de su papá, y el 16 fue torturado hasta la muerte Fidel, de 10 años, con sus abuelos...

En el parque, a los pequeños valientes los espera un colectivo de jóvenes que les imparten lecciones de resistencia ciudadana, camufladas con actividades culturales. 

Un chavalo flaco les enseña a pararse de cabeza y contorsionarse sobre una alfombra vieja; una hiphopera bate sus tambores africanos con los más pequeños y supervisa a las niñas del hula-hula; un escritor entretiene a los noveles dibujantes que, de vez en cuando, pintan sangre y balaceras; un filósofo ameniza con música tecno y un pasante de medicina atiende a los niños raspados.  

“Nuestra intención es que salgan a la calle a jugar, sabemos que representa un peligro salir al parque –aunque dentro de la casa los papás no los aguantan–. Sólo así, saliendo a  jugar, sabiéndonos sujetos de cambio y ciudadanos, vamos a poder recuperar las calles”, explica el esfuerzo Susana Molina, una hiphopera, poeta, dibujante y malabarista conocida en el mundo artístico como Obeja Negra. 

Ella, hija de migrantes llegados a Juárez atraídos por el trabajo de las fábricas, hace notar que en el Colectivo Fronterizo “habemos jóvenes que soñamos más allá del trabajo esclavizante de las maquilas, al que estábamos destinados, o que no nos volvimos sicarios ni vendemos drogas, porque ésa es una salida fácil. Nosotros queremos crear y hacer propuestas, sabemos que no vamos a cambiar a Juárez, pero nos permitimos soñar a pesar de la realidad devastadora”.

Los fines de semana, su colectivo se reúne con otros de poetas, malabaristas, teatreros, raperos y djs, y visitan barrios peligrosos, donde pintan con esténciles poemas en las paredes, cuentan cuentos, danzan, en un intento de convencer a la gente de salir de su encierro y enseñarlos a apropiarse de los espacios públicos. 

Por esta labor no obtuvieron fondos del programa federal emergente Todos Somos Juárez. “Prefirieron invertirlo en pavimentar calles”, lamenta Obeja Negra, quien reclama en la canción Ninguna guerra en mi nombre, que interpreta con las otras tres integrantes del grupo Batallones Femeninos: 

…Mi gente no se rinde, nunca esperen cobardía, me han dado más fuerza pa’ seguir con cada día, y decirles a los malos, no han podido todavía, llego con un corazón de acero, alzo mi voz al viento por mi ciudad que quiero (…) vengo aturdida por parranda de balazos, suenan, retumban los cañonazos, es la actitud, el surco de mis pasos, ninguna guerra en mi nombre, genocida primer mandatario…

“Rudy” (nombre ficticio) era un niño rechazado por todos. Su papá y su mamá prefirieron las drogas a cuidarlo, sus familiares no quisieron adoptarlo. Vivió varias temporadas en el DIF hasta que lo adoptaron unos tíos con poca paciencia. Tiene 13 años, y todos los días, por agresivo, era expulsado del salón. Un día lo rescataron Las Hormigas, un grupo de mujeres que atiende a niños y niñas abandonados, descuidados por sus padres, expulsados de las escuelas, agresivos o traumados, y les enseñan a enderezar su destino.

Las Hormigas han atendido a niños con problemas de lenguaje, a quienes el maltrato les paralizó la lengua, a unos que sólo sabían morder, a otros “desconectados de la realidad” tras presenciar el asesinato de su papá o a sobrevivientes de masacres.

Las fundadoras de la organización son Linabel Sarlat y Elvia Villescas, dos exmonjas que –contrario a lo que decidió para ellas su congregación– quisieron compartir la vida con los más pobres y eligieron el barrio Anapra, una colonia afincada sobre el arenoso desierto, poblada por casas de cartón, sin agua y donde era frecuente hallar cuerpos de mujeres enterrados. “Creemos que la única manera de romper la violencia es haciendo un trabajo de raíz, logrando un cambio en cada persona”, dice Sarlat, la exmonja yucateca.

Un diagnóstico similar arrojó la investigación que hizo entre pandilleros la socióloga Teresa Almada, directora del Centro Casa Promoción Juvenil, quien detectó que comparten un perfil de abandono, son hijos de migrantes y vivieron desintegración familiar, violencia y deserción escolar entre los 11 y 12 años. 

Le impresiona tanto la facilidad con la que los maestros de secundaria expulsan a los adolescentes, cancelándoles las expectativas de futuro, que con otros profesionistas diseñó una escuela tolerante a los adolescentes rebeldes, a los damnificados por las heridas de infancia y a quienes les inculcaron la violencia en la casa, para demostrar que su futuro puede tener un desenlace distinto al previsto.

Otros proyectos como éstos se barajan en Juárez: unos proporcionan jeringas a quienes se drogan para que lo hagan en forma segura hasta que salgan de la adicción. Unos raperos intentan que la gente reflexione sobre su ciudad. Los integrantes de una parroquia imparten talleres de duelo a familias en las que algún miembro ha sido ejecutado. Terapeutas recorren colonias marginales para atender a las personas trabadas por la violencia. Las familias con personas desaparecidas crean redes de ayuda. Es la resistencia de los “nadie”. 

El ministro Presidente

Acotado por el conservadurismo

Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proces, # 1784, 9 de enero de 2010:

Los retos que deberá enfrentar el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, no se limitan a las relaciones del máximo tribunal con el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo: los mayores obstáculos le esperan en el Consejo de la Judicatura Federal, donde cuenta con escaso apoyo. Al parecer tampoco le será sencillo lidiar con ministros entre los que prevalece el conservadurismo y que podrían ponerle trabas a su empeño por promover un “Estado social de derecho, revertir la desigualdad social, mejorar los niveles de seguridad pública, abolir la impunidad…”.

 Dominada por el conservadurismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) neutralizó a su ministro de discurso más liberal, Juan Silva Meza, al elegirlo como presidente para los próximos cuatro años.

Varios ministros lo consideran “incendiario”, por lo que en dos ocasiones consecutivas impidieron que llegara al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación. Ya como tal, Silva Meza estará bajo la mira no sólo del pleno de ministros, sino de aquellos a quienes en su calidad de ministro molestó con sus votaciones, en especial algunos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y dirigentes del PRI.

Su tarea dentro del Poder Judicial será aún más difícil que las relaciones con el Ejecutivo y el Legislativo. Enfrentará los mayores retos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo que presidirá durante el próximo cuatrienio y al que llega con el respaldo de sólo algunos de sus integrantes.

El CJF se encarga de la supervisión, vigilancia y control de los juzgados y tribunales federales en todo el país. A últimas fechas se ha convertido en factor de discordia en el Poder Judicial, toda vez que jueces y magistrados están inconformes con las decisiones de tres de sus integrantes que no pertenecen a la carrera judicial.

Se trata de los representantes de la Presidencia de la República y del Senado: el exprocurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca –herencia del expresidente Vicente Fox–, el exsenador del PAN César Jáuregui, y el exdiputado federal del PRI Jorge Moreno Collado, impulsado por el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Ninguno de esos tres consejeros acudió a la sesión del martes 3 en que Silva Meza obtuvo y asumió la presidencia del máximo tribunal.

No fue gratuito que en su discurso de toma de posesión Silva Meza apelara a la unidad, pero también adelantara que en el CJF “nuestros jueces y magistrados, que si bien habrán de ser más exigidos, también habrán de ser más arropados”.

Ante las diferencias que privan al interior del Poder Judicial, en su propuesta de trabajo para el periodo 2011-2014 se refirió a la necesidad de estrechar la colaboración entre la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

El nuevo presidente de la Corte, de 66 años, tendrá que lidiar también con las presiones del TEPJF, cuya presidenta, María del Carmen Alanís, pretende llegar a la Corte como ministra o como presidenta de una sala electoral que eventualmente se abriría en el máximo tribunal.

La presencia del TEPJF se hizo sentir desde el momento mismo en que Silva Meza, abogado egresado de la UNAM en 1970, asumió la máxima representación del Poder Judicial. En primera fila estuvo Emilio Rabasa Gamboa, esposo de Alanís y asesor de la Corte. 

El Tribunal Electoral representa otra complicación más inmediata a Silva Meza: su yerno Diego Gutiérrez Morales es el secretario administrativo de esa institución y le reporta directamente al presidente de la Corte. Además, participa en la definición de criterios para el manejo administrativo del CJF.

Con Silva Meza se espera que la Corte tenga “un gobierno de jueces”, pues su grupo compacto estará integrado por representantes de la carrera judicial a la que pertenece desde hace más de tres décadas. Uno de sus primeros nombramientos fue el del secretario general de la Presidencia, el magistrado José Arturo Pueblita Pelisio, quien era presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ministros de carrera

 El mismo día de su elección, Silva Meza mostró abiertamente su preferencia por el predominio de los jueces en el control y decisiones del Poder Judicial. En su primera conferencia de prensa expresó que en una “lógica constitucional” los ministros de la Corte deben ser “preferentemente” de carrera judicial, “no porque sean mejores, sino simplemente porque tienen otro oficio”. Sin embargo, matizó: “Sé de excelentes ministros que no tenían carrera judicial”.

De esa manera, hizo saber a Felipe Calderón y al Senado que prefiere a un integrante del Poder Judicial como sustituto del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció en septiembre de 2010.

En diciembre pasado, el Senado rechazó una terna de magistradas propuesta por la Presidencia de la República. Por ello, Calderón deberá enviar una nueva propuesta para que la designación del undécimo ministro de la Corte ocurra en febrero próximo, al reiniciarse el periodo legislativo.

La votación con que Silva Meza obtuvo la presidencia de la Corte –nueve sufragios a favor y uno en contra– lo convierte en uno de los presidentes con más respaldo desde 1995, cuando empezó la Novena Época del máximo tribunal con la reforma judicial impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fuera del primer ministro del actual periodo Vicente Aguinaco Aguilar, quien tuvo el respaldo unánime en el pleno de ministros, ningún presidente de la Corte había logrado tanto consenso como Silva Meza. Su antecesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los de éste, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel, llegaron al cargo con votación dividida.

El único voto en contra de Silva Meza fue el de su permanente opositor y representante máximo del conservadurismo en la Corte, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, exregidor del PAN en Guadalajara y excandidato a diputado local en Jalisco por el mismo partido.

Aguirre Anguiano votó a favor de la ministra Margarita Luna Ramos, quien pronto se desmarcó de la competencia ante el pleno de ministros, pues no estaba registrada como candidata. El deslinde fue para evitar las críticas que recibió el ministro Sergio Valls Hernández, quien durante la elección de Ortiz Mayagoitia, hace cuatro años, a pesar de no tener posibilidades de competir votó por sí mismo. Fue el único voto que tuvo.

Silva Meza, quien estará en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2014, llegó solo a la elección luego de que José Ramón Cossío Díaz se retiró de la competencia mediante una carta pública, que además de sorpresa causó molestia dentro del máximo tribunal.

Moderación discursiva

Con una amplia estructura de apoyo en la Corte (Proceso 1769), hasta octubre pasado, Cossío se perfilaba como fuerte candidato a la presidencia; sin embargo, decidió despejarle el camino a quien ha sido su opositor incluso en el trabajo de la Primera Sala de la Corte, con el argumento de que “la incidencia jurisdiccional del presidente es limitada”.

A Cossío sólo le queda una oportunidad para aspirar al máximo cargo del Poder Judicial, pues su retiro de la Corte está previsto para diciembre de 2018. Ha dicho que prefiere seguir como ministro para crear criterios jurídicos que dedicarse a las “labores administrativas, presupuestales, políticas y protocolarias” del presidente, cuyo ejercicio judicial, expuso, “percibo acotado”.

Ante la falta de contrincantes, en las últimas semanas del año pasado Silva Meza fue sumando votos hasta obtener casi el consenso. Pero su capital político en la Corte se podrá diluir si el pleno de ministros –donde prevalece el conservadurismo– considera que pretende imponer su discurso personal como representativo de este órgano donde las decisiones son colegiadas.

La poca actividad jurisdiccional que tiene la presidencia de la Corte le dará poca oportunidad para innovar criterios. Pese a ello, como presidente podrá decidir votaciones en última instancia y buscará consolidar –según ha declarado– un Poder Judicial “sobrio y discreto”, independiente y que tenga como norma la austeridad y la transparencia.

En su primer discurso como presidente adelantó que intentará hacer cambios en la Corte: “Me queda muy claro que no es válido generar expectativas de renovación, de mejoramiento, para después caer en la autocomplacencia o en la simulación. En el cambiar para seguir igual”.

Para llegar al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación Silva Meza tuvo que moderar su discurso. Durante el proceso de elección, cuando compitió con Ortiz Mayagoitia, proponía, tajante, “un cambio de rumbo” en la administración y trabajo de la Corte, tanto en la operación como en la toma de decisiones. Incluso, favorecía la revisión de criterios jurisprudenciales adoptados por el máximo tribunal “en una época dudosamente democrática” del país.

Sin embargo, en la propuesta que presentó luego del desistimiento de Cossío, habló de “reorientación de los métodos operativo y decisorio” para que los ministros reduzcan sus tareas administrativas y el tiempo destinado a los asuntos jurisdiccionales no trascendentes, a fin de ocuparse sólo de los “realmente relevantes”. Además, propuso agilizar y transparentar las sentencias de la Corte. 

En esta ocasión ya no habló del contexto político del país, aunque en su discurso de toma de posesión aseguró que el Poder Judicial debe contribuir a la paz social en momentos en que “diversos fenómenos nacionales trastocan primordialmente la seguridad y tranquilidad de la sociedad”.

En su propuesta de trabajo también se refirió a un “Estado social de derecho” y a la “urgente necesidad de revertir la desigualdad social; de mejorar los niveles de seguridad pública, de abolir la impunidad y establecer la plena adopción y ejercicio de los valores de la democracia”. Además, pidió a los juzgadores “generar más orden, tranquilidad, estabilidad y paz sociales” a través de sus sentencias.

Su discurso se contrapone al de la mayoría de los ministros, que muy pocas veces mencionan el contexto social o político en sus intervenciones. Incluso, en casi todas las votaciones relacionadas con el tema de los derechos humanos se quedó en minoría, sobre todo cuando se trataba de establecer responsabilidades de funcionarios de primer nivel.

Así ocurrió en los casos de Juan Molinar Horcasitas y de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; de Fox y de Ulises Ruiz, por el conflicto social en Oaxaca en 2006; del exprocurador general de la República y actual embajador de México en Londres, Eduardo Medina Mora, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto por el conflicto en San Salvador Atenco, también en 2006, y del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por la detención de la periodista Lidia Cacho, en 2005.

Sus arremetidas contra los gobernadores priistas y el expresidente Luis Echeverría al votar en la Primera Sala de la Corte por la imprescriptibilidad del delito de genocidio le generaron el rechazo del priismo. Como responsable de la investigación del caso de Lydia Cacho, propuso que se realizara juicio político contra Mario Marín. En respuesta, priistas poblanos amenazaron con someterlo a la misma medida, con el argumento de que “se extralimitó” en su investigación.

La opinión de que Silva Meza rebasó sus funciones de investigación fue compartida por la mayoría del pleno de ministros, que no sólo lo orilló a dejar el caso, sino que estableció unas reglas que en la práctica anularon los alcances de las investigaciones realizadas por la Corte.

El PRI fue más allá y con el aval del PAN y el acuerdo de la mayoría de los ministros, mediante una reforma constitucional aprobada en diciembre pasado, le quitó a la Corte la facultad de investigación en los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Ortodoxia en lo penal

En sus 15 años como ministro, Silva Meza ganó fama de liberal en temas sociales como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y su derecho a la adopción, y sobre todo en materia de derechos humanos; no obstante también dejó clara su ortodoxia en materia de justicia penal.

Prueba de ello fue su negativa a concederle el amparo a la periodista Olga Wornat en el juicio emprendido desde Los Pinos contra ella y Proceso por Marta Sahagún. Junto con los ministros Valls Hernández y el fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo, en octubre de 2009 hizo mayoría de tres a dos en la Primera Sala de la Suprema Corte para negarle el amparo a la periodista. Wornat terminó por ser condenada a pagarle medio millón de pesos a la esposa de Fox por haberle incurrido “en una ilicitud” al hacer imputaciones más allá de la información que presentó.

El nuevo presidente de la Corte aplicó entonces el criterio sobre la caducidad de los juicios. Aunque calificó esa norma como “una institución odiosa”, votó contra Wornat con el argumento de que la periodista dejó pasar más de los 300 días establecidos por la ley para hacer alguna promoción dentro del juicio.

Se apegó a la ortodoxia a pesar de que los ministros Olga Sánchez Cordero y Cossío argumentaron que desde el momento en que la Corte atrajo los amparos solicitados por este semanario y Wornat, el criterio de la opacidad no podía operar, además de que cuando esa misma Sala consideró el caso como de importancia y trascendencia había cambiado su naturaleza procesal (Proceso 1719).

Con su voto, evitó que la Corte definiera los alcances del derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la responsabilidad civil por daño moral, que eran los temas implicados en el amparo solicitado por la periodista. Además, se dejó de lado la delimitación de responsabilidades de las empresas editoras y de los autores.   

No + sangre!

“No podemos callar más”
José Gil Olmos
proceso, 9 de enero de 2010;
Con el lema “¡No + sangre!”, este lunes 10 arranca una campaña nacional contra la violencia, que hasta el sábado 1 había cobrado 30 mil 197 víctimas en los últimos cuatro años. Promovida por el monero Eduardo del Río –Rius– y otros colegas suyos, esta nueva medida de protesta busca despertar la conciencia ciudadana y hacer que la gente deje de callar, porque, dice, “nos están llevando a un estado de importamadrismo”.
El 2011 comenzó con una imagen dantesca. Los primeros minutos del sábado 1 varias personas observaron cuando un grupo de hombres armados subieron a un puente peatonal de Monterrey y soltaron un cuerpo que quedó suspendido. Se trataba de una mujer que tenía una soga en el cuello, el torso desnudo y la cara ensangrentada; las huellas de tortura eran notorias.
Era la muerte 30 mil 197 derivada de la guerra que emprendió el presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado. De acuerdo con las estadísticas oficiales, cada día mueren ejecutadas 21 personas a causa de esta cruzada.
“Hay mucho descontento en el país; mucha gente encabronada, hastiada, desesperada, que se siente impotente ante la situación que estamos viviendo. Por eso se nos ocurrió que podríamos hacer algo para que esa gente pueda manifestar pacíficamente su descontento y frustración”, comenta Eduardo del Río, mejor conocido como Rius.
El monero expone que el lunes 10 arrancará la campaña nacional en la que él y varios de sus colegas invitarán a la sociedad para que coloque en un lugar visible de sus casas, oficinas o vehículos cartulinas o papeles con la leyenda “¡No + sangre!”.
Rius adelanta que la portada de la próxima edición de la revista El Chamuco y los hijos del averno traerá ese lema. El propósito es invitar a otros medios de comunicación, incluidas las estaciones de radio y televisión, para que convoquen a la ciudadanía a poner sus propias cartulinas en las que exijan un alto a la violencia.
Considerado como uno de los caricaturistas políticos más importantes del país, durante las últimas décadas Rius ha dejado plasmado su quehacer en cómics como Los Supermachos y Los agachados, y sus monos han sido publicados en varios medios, incluido Proceso.
Además, es autor de numerosos libros donde se lanza contra el sistema político mexicano (Su majestad el PRI, Los Panuchos, Desde los cristeros hasta Fox), el consumismo (La droga que refresca), el imperialismo yanqui (Vera historia del Tío Sam, La interminable conquista de México) y la religión (Manual del perfecto ateo, El mito guadalupano, El supermercado de sectas).
El jueves 6, La Jornada informó, con base en datos de la consultora Straffor, especializada en temas de seguridad nacional, que el año pasado el incremento de homicidios relacionados con el crimen organizado se incrementó entre 60% y 70% con respecto de 2009.
Durante la entrevista con este semanario, Rius insiste en la necesidad de que la ciudadanía exprese su malestar ante la violencia exacerbada que envuelve al país, sobre todo por la indefensión en que se vive. E insiste en que la campaña está más que fundamentada.
Dice que, aun cuando Calderón niega su responsabilidad por la violencia y el incremento de las muertes a raíz de su declaración de guerra al crimen organizado, la PGR admitió en diciembre pasado que en los últimos cuatro años suman 30 mil 196 las muertes vinculadas a esta violencia.
De ese total, 12 mil 456 ocurrieron entre enero y noviembre de 2010. El procurador Arturo Chávez Chávez declaró el 16 de diciembre que la mayoría de las víctimas cayeron por disputas entre los cárteles de las drogas relacionadas con el control de las rutas hacia Estados Unidos, y a raíz de los operativos realizados por el Ejército y elementos de la Policía Federal.
“Es lamentable este balance de muertes, pero también significa que ha habido un éxito mayor en atacar a las organizaciones criminales, que están más desesperadas”, justificó el funcionario.
La cifra podría ser mucho mayor, pues el procurador no consideró a los desaparecidos en el marco de la violencia generada por el narcotráfico en los últimos cuatro años.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) menciona que en esos cuatro años se reportaron 5 mil 397 personas extraviadas, la mayoría de Puebla, Estado de México, Coahuila, Distrito Federal, Chiapas, Hidalgo y Guanajuato.
Además, el director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, Tomás Serrano, declaró a El Universal el domingo 2 que el número de muertos sin identificar es de 8 mil 898 casos en todo el país. Sus edades, dijo, oscilan entre los 20 y los 60 años.
Las cifras son parciales, pues sólo incluyen datos proporcionados por las autoridades de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y el Distrito Federal de los dos últimos años, destacó Serrano. Aún así, los niveles de violencia más elevados son los del estado de Chihuahua, donde hubo 3 mil 766 homicidios ligados al crimen organizado durante el año pasado, según la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con esos datos, en Chihuahua fueron asesinadas 15 personas al día; 10 de esas muertes fueron atribuidas a grupos delincuenciales. Según las cifras de la FGE, 72% de los homicidios fueron motivados por los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado. De los municipios de esa entidad, el de Ciudad Juárez es el más violento, con 3 mil 186 asesinatos durante 2010.
La campaña ciudadana
Hay que hacer algo para mostrar el descontento social, “el encabronamiento que mucha gente tiene pero no sabe cómo mostrar”, insiste Rius: “Entonces se nos ocurrió que una forma podría ser elaborando y exhibiendo cartulinas donde aparezca esa frase: ‘¡No + sangre!’. Es un grito de desesperación”.
El lunes 10, todos los cartonistas que decidieron participar pondrán en sus respectivos trabajos ese lema. “Para mucha gente el participar de esta forma es muy importante; les hace sentir que están haciendo algo en vez de quedarse cruzados de brazos y echando madres; esperando que algún día les toque a ellos o a sus seres queridos el balazo.
“No tenemos patrocinadores políticos ni empresarios ni televisivos. Somos la pura ciudadanía que quiere hacer algo y que quiere ayudar a la otra ciudadanía que no tiene a su alcance medio alguno para manifestar su desencanto.”
–Hasta hora no se ha expresado mucho esta inconformidad social –se le comenta.
–Lo que pasa es que las televisoras se han encargado desde hace 50 años de crear varias generaciones de mexicanos apáticos, mal informados y han acabado por ver como natural lo que está pasando; piensan que mientras no les toque a ellos hay que seguir viviendo.
“Pero también hay muchos mexicanos que les preocupa el país, que afortunadamente no dependen de las grandes televisoras (para tomar alguna decisión) y que han creado una conciencia de que esto puede cambiar. Lo malo es que a veces caemos en la impotencia por no poder manifestar este descontento.”
Rius espera que haya una buena respuesta de la gente. “No importa, señala, que se sepa quién está a la cabeza; lo que importa es que la campaña tenga eco”.
–Usted y algunos moneros promueven esta campaña utilizando el humor.
–Sí. Nosotros tenemos esa posibilidad de descargar nuestra bilis y decepción con el humor. Como la mayoría de la gente no tiene esta posibilidad, se nos ocurrió darles un consejo para que salgan de esa impotencia y hagan algo. Lo más sencillo es que lo hagan por medio de cartulinas en sus coches, en sus casas, en sus centros de trabajo, en las escuelas, donde sea.
Por lo demás, “este gobierno ni siquiera es capaz de dar entrevistas a la prensa seria, a la prensa que no le favorece. ¡Jamás ha dado una entrevista! Entonces, como que se ha creado una división enorme entre el gobierno y los gobernados. La gente le tiene mucha desconfianza a los políticos porque ha visto que no sirven para nada; se llaman representantes populares pero no representan a nadie”.
Reitera que se trata de una manifestación pacífica de descontento y de deseo para que cambie esta situación:
“Estamos recurriendo a este modesto conducto para que la gente pueda expresar libremente y pacíficamente sus inquietudes y sus descontentos. Nos están llevando a un estado de importamadrismo. Ya no nos importa que hoy hayan sido ejecutadas 40 o 50 personas… Si al día siguiente se repite la misma cifra de muertos, la gente dice: ‘Bueno, ¿qué podemos hacer, si estamos atados de manos ante esta situación?’.
“Por eso nosotros queremos hacer algo y estamos invitando a distintos medios, como Proceso, que goza de la simpatía en muchos lados, a solidarizarse con nosotros; a sus lectores, para que manifiesten su encabronamiento de esta forma, la única que podemos ofrecer.”
Rius dice que estamos pasmados. “La gente ya tiene muchísimos problemas con las familias, con sus hijos, con las alzas desmedidas; la gente ya no sabe para dónde voltear. Y encima nos cae este chahuistle de una guerra que está provocando únicamente muertes de mexicanos que también tienen familia, que van a quedar abandonados”.
–¿Cómo va a empezar la campaña?
–Bueno, será con la aparición de la frase “¡No + sangre!” en la portada de la revista El Chamuco; vamos a procurar también que otros medios, como La Jornada, se sumen, así como los noticiarios de Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, escritores como Elena Poniatowska, analistas como Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, actrices como Jesusa Rodríguez, se sumen.
“Queremos que se incorporen a partir del lunes 10 y participen en radio, televisión. Y aun cuando lo vemos un poco difícil, vamos a hacerlo.”

Los errores del juicio

Los errores del juicioRosario Manzanos, reportera.

Proceso # 1784, 9 de enero de 2010; 
Como “indignante, burla y una violación absoluta de la Constitución” define el doctor Samuel González Ruiz el juicio oral en el que fue absuelto Sergio Rafael Barraza Bocanegra del homicidio de su pareja, la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Para el académico y especialista mundial sobre la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, el juicio, tal como se llevó a cabo, es una muestra clara de “hipergarantismo”, que da como resultado que se privilegien los derechos de los presuntos delincuentes sobre el de sus víctimas.

“Esto es un escándalo –señala–. Desde que se dieron las sentencias del caso, primero de absolución y después, a través de un proceso de casación, de culpabilidad, reporteros, investigadores y especialistas penales trataron de tener acceso a ellas y lo que pasaba es que estaban bajo llave. Fue hasta días pasados que se ha hecho público el proceso. Los documentos fueron escondidos deliberadamente a pesar de que la Constitución señala puntualmente que el proceso penal acusatorio es público. Esto de manera segura lo hicieron tanto el Poder Judicial de Chihuahua como la Procuraduría de Chihuahua”.

Apunta que son tres los documentos vitales para entender el juicio: primero la sentencia inicial de absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, alias El Pee Wee, la notificación que se le da a la señora Marisela Escobedo de la sentencia que, en su perspectiva, “posee la particularidad de reflejar el trabajo que hacen los jueces después de que estalla el escándalo. Se trata de un documento que no es normal, porque evidencia que ante lo que se dice en la prensa (los jueces) tratan de cubrirse lo mejor posible. Pero es un absurdo, sus argumentaciones no tienen sentido.

“Luego hay un tercer documento, fechado el 20 de mayo de 2010, es decir dos semanas después, en el que por presión del gobierno federal y el Ejecutivo estatal se elabora una sentencia de casación.”

Según González, los jueces solamente dieron como ciertos tres puntos: “que el acusado vivía en unión libre con Rubí Marisol Frayre Escobedo y que ella tenía 16 años; segundo, que tuvieron una hija de nombre Heydi Rubí; el tercero fue que en un basurero clandestino se encontraron 39 restos óseos que resultaron ser de Rubí Marisol.

“Pero si tú revisas los documentos de casación encontrarás algo muy interesante. De una declaración de más de cinco hojas de la señora Marisela Escobedo, los jueces hicieron un párrafo que sentencia: … sin embargo, estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho (el asesinato de Rubí), pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además no coincide  con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó que oyó decir al acusado en los últimos días del mes de agosto del año 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola. Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de esas versiones (golpes a la menor o disparos con pistola), el hoy acusado faltó a la verdad, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de dichas versiones.”

 González estalla: “Es una barbaridad que utilicen la propia declaración de Marisela Escobedo para absolver a Barraza Bocanegra, que además, como está comprobado en los videos del juicio oral, él mismo confesó su crimen después de la intervención final de Marisela Escobedo:

Lo expuesto por el acusado ante los Jueces de Primera Instancia, debidamente asistido por dos defensores públicos, dirigiéndose a la ofendida que recién le había reclamado la muerte de su hija, destacando que el procesado al quitarle la vida a su hija, también le había  destrozado el corazón a ella y a su familia, que no dejaba de reprocharse el por qué no intervino a tiempo para alejar a la menor de su lado, que la privó de la existencia de forma cruel y ni siquiera le permitió tener un sepulcro digno en el cual pudiera llorar su partida; luego cuestionó de manera enfática que dónde se encontraba Dios cuando Sergio Rafael le había arrancado la vida a su hija de la manera que lo hizo.

“Es por ello –dice González– que la declaración del procesado pidiéndole perdón a la señora Escobedo por el daño es clave: … Que al igual nadie lo va poder reparar, y al igual es cierto, que como tú decías dónde estaba Dios y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo.”

Para el doctor González, la implantación de los juicios orales en los estados de Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca, entre otros, ha acarreado muchos problemas. “Es algo que venimos explicando desde hace seis años, cuando el doctor Ernesto Mendieta Jiménez, el doctor Edgardo Buscaglia, el doctor Moisés Moreno y yo publicamos El sistema de justicia penal y su reforma. Teoría y práctica. Hace seis años sentenciamos que este tipo de circunstancias sucederían. No hace falta más que revisar  la cantidad de homicidios que se dan en Chihuahua. Y que no digan que yo lo inventé, porque lo bajé de la página de ese gobierno y lo publiqué antes de que lo borraran.

“De todos los homicidios que hubo en Chihuahua en 2008 sólo hubo dos sentencias, y en 2009, tres. La justicia no existe en Chihuahua.”

En su visión, este grave problema tiene raíz en la iniciativa de Albert Bimber (Sic, es Binder), el ideólogo del hipergarantismo, quien sostiene que el sistema de justicia penal le ha causado a la sociedad más daño que beneficios porque la prisión no sirve y porque persisten muchas injusticias. 

“Hay que entender que él es argentino y vivió bajo una dictadura militar. También Bimber le echa la culpa a los jueces de no haberle puesto un alto a Pinochet, y yo me pregunto cuándo un juez ha podido enfrentarse a un dictador. Entonces se crea un modelo en el cual los elementos para procesar a un indiciado son puestos de tal manera que anulan los poderes de la acusación; se trata de amarrarle las manos a la policía y al Ministerio Público. 

“Pregunta cómo les ha ido a los guatemaltecos con ese modelo de impartición de justicia. No saben qué hacer. La capacitación para los jueces en México vale 400 millones de dólares al año. Es un negocio que viola los derechos de las víctimas y la Constitución”, agrega.

Para González Ruiz, el juicio del homicida de Rubí Marisol Frayre tiene que ser estudiado y analizado porque refleja errores históricos y tendencias de aplicación de justicia que están hundiendo al país. “No tengo bola de cristal, todo lo que está sucediendo lo previmos hace seis años. Si esta tendencia continúa, no habrá posibilidad alguna para las víctimas. Ese es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez”.   

El caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo

Indolencia asesina/ Rosario Manzanos, reportera. 
Revista Proceso #1784, 9 de enero de 2010;

Prácticamente no hay en México quien desconozca la podredumbre del aparato de justicia nacional. Cuando en las barandillas de un ministerio público o un juzgado no se impone la indiferencia, lo hace la indolencia, la corrupción… El resultado: la impunidad. Un caso emblemático que compromete la viabilidad y eficacia no sólo de ese sistema de “procuración de justicia”, sino que pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano mismo, es la tragedia de una joven adolescente asesinada por su novio y de su madre, Marisela Escobedo, quien tras haber tomado el asunto en sus propias manos para esclarecer el homicidio y exigir justicia, acabó igualmente asesinada. Proceso consiguió acceder en exclusiva al expediente del caso, y el resultado es un reportaje estremecedor que revela cómo los engranajes de la delincuencia y de la burocracia gubernamental parecen sincronizarse para triturar ciudadanos.

Obtenidas por Proceso en exclusiva, las actas ministeriales del caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a tiros, el jueves 16 de diciembre,  a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, revelan que ella rastreó y vigiló al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, pero cuando pidió ayuda a las autoridades judiciales de su estado y de Zacatecas, así como a las federales, jamás obtuvo el apoyo para capturarlo.