Pide diputado del PRD investigación independiente, con expertos nacionales y/o extranjeros, para investigar presunto espionaje contra periodistas y activistas
La investigación sobre el presunto espionaje contra periodistas y activistas de derechos humanos, debería hacerse por un órgano independiente e incluso internacional, afirmó el diputado Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.
“La denuncia ante la PGR de poco o nada serviría, ya que si el espionaje lo realizó alguna entidad del gobierno federal difícilmente se actuará en contra de los responsables”, señaló en un comunicado.
“Si se trata de alguna organización ajena al gobierno, la que realiza el espionaje, tampoco es garantía de que se realice una investigación a fondo, porque lo único que se evidenciaría es la ineptitud de la actual administración pública para defender los derechos e intimidad de los ciudadanos”, aseveró.
Ojeda Anguiano consideró necesaria la integración de una comisión independiente compuesta por expertos nacionales y/o extranjeros que se encargue de las pesquisas.
“Si hay voluntad de realmente investigar y deslindar responsabilidades, el propio gobierno federal debería ser el promotor de una investigación independiente para esclarecer estos lamentables hechos, donde fueron violentados los derechos humanos de quienes fueron intervenidos”,
En otro comunicado, la diputada Lluvia Flores Sonduk (PRD) apuntó que el Congreso de la Unión tiene la obligación de ser uno los coadyuvantes en la investigación y llamar a los titulares de las dependencias involucradas a que rindan cuentas de los hechos y asuman las responsabilidades que les corresponden.
También dijo que poca atención se ha puesto en la responsabilidad que tienen los mandatarios estatales, quienes, consideró, igual que el gobierno federal, están obligados a informar sobre los servicios de espionaje que tienen contratados, con qué empresas y montos, además de responder a las acusaciones que los señalan como responsables.
Explicó que “si bien se sabe, por reportes periodísticos, de que algunas entidades adquirieron equipos de espionaje, los gobernadores insisten que no cuentan con dichos equipos y que no espían a nadie, situación que es difícil de creer”.
La también secretaria de la Comisión de Comunicaciones dijo que “es claro que el gobierno federal y las entidades federales deben contar con equipos de espionaje, pero debe ser para investigar a grupos de narcotraficantes y al crimen organizado, no para hostigar a los críticos y opositores al gobierno en el poder”.
#
Hacia la integración de un expediente: PAN
Por otro lado, la bancada del PAN presentará un plan de trabajo a fin de integrar un expediente de investigación para identificar a los probables responsables del espionaje digital y telefónico contra periodistas, activistas, políticos e investigadores, afirmó su coordinador, Marko Cortés Mendoza.
En un comunicado, dijo que, a través del diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el PAN asumió ese compromiso.
Se pretende “darle al Poder Legislativo un poder que no ha ejercido, es decir, que los diputados y senadores de la República contribuyan a la investigación de un presunto delito cometido por el PRI-gobierno”, expusó.
Cortés Mendoza señaló que en breve se realizarán las comparecencias con altos funcionarios del gobierno, ante los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que informen bajo protesta de decir verdad sobre el uso de los aparatos de intervención, particularmente la utilización del malware conocido como Pegasus.
A partir de estas entrevistas, añadió, se debe integrar un expediente de investigación sobre el espionaje telefónico.
Apuntó que deben quedar identificadas “las intervenciones de las agencias gubernamentales, las partidas presupuestales, el uso que se haya dado a los programas, así como los protocolos para determinar los objetivos específicos hacia los cuales dirigir la intervención”.
“En México no pudimos ser capaces de descubrir lo que sí logró el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, con sede en Toronto, Canadá, el cual confirmo que buscaron intervenir equipos de comunicación de manera ilegal, por medio del malware Pegasus a periodistas, activistas, políticos de oposición e investigadores de instituciones públicas que son críticos del gobierno o que investigaban la corrupción de los funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo el legislador del PAN.
Consideró que la conducta de las autoridades hoy está en tela de juicio por la muy probable violación a los derechos humanos, contemplada no sólo en las leyes mexicanas, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El diputado panista expuso que la respuesta que hasta ahora han dado las autoridades para conocer más sobre el espionaje descubierto “simple y llanamente es evasivo, insuficiente y no creíble, buscando ocultar un delito grave”.
“La información sobre los equipos no debe ser reservada por el Estado, se debe transparentar completamente, por tratarse de un asunto de interés nacional y de probables violaciones graves a los derechos humanos”, abundó.
Cortés Mendoza dijo que los panistas rechazan y condenan cualquier forma de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, así como diversos actores políticos de oposición.
“La propuesta que estamos haciendo a los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad busca desterrar cualquier forma de espionaje ilegal y esperamos la voluntad política de las demás fuerzas políticas para alcanzar el objetivo”, añadió.
Fuente: Comunicado de San Lázaro...,2 y 3 de julio
#
Hacia la integración de un expediente: PAN
Por otro lado, la bancada del PAN presentará un plan de trabajo a fin de integrar un expediente de investigación para identificar a los probables responsables del espionaje digital y telefónico contra periodistas, activistas, políticos e investigadores, afirmó su coordinador, Marko Cortés Mendoza.
En un comunicado, dijo que, a través del diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el PAN asumió ese compromiso.
Se pretende “darle al Poder Legislativo un poder que no ha ejercido, es decir, que los diputados y senadores de la República contribuyan a la investigación de un presunto delito cometido por el PRI-gobierno”, expusó.
Cortés Mendoza señaló que en breve se realizarán las comparecencias con altos funcionarios del gobierno, ante los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que informen bajo protesta de decir verdad sobre el uso de los aparatos de intervención, particularmente la utilización del malware conocido como Pegasus.
A partir de estas entrevistas, añadió, se debe integrar un expediente de investigación sobre el espionaje telefónico.
Apuntó que deben quedar identificadas “las intervenciones de las agencias gubernamentales, las partidas presupuestales, el uso que se haya dado a los programas, así como los protocolos para determinar los objetivos específicos hacia los cuales dirigir la intervención”.
“En México no pudimos ser capaces de descubrir lo que sí logró el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, con sede en Toronto, Canadá, el cual confirmo que buscaron intervenir equipos de comunicación de manera ilegal, por medio del malware Pegasus a periodistas, activistas, políticos de oposición e investigadores de instituciones públicas que son críticos del gobierno o que investigaban la corrupción de los funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo el legislador del PAN.
Consideró que la conducta de las autoridades hoy está en tela de juicio por la muy probable violación a los derechos humanos, contemplada no sólo en las leyes mexicanas, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El diputado panista expuso que la respuesta que hasta ahora han dado las autoridades para conocer más sobre el espionaje descubierto “simple y llanamente es evasivo, insuficiente y no creíble, buscando ocultar un delito grave”.
“La información sobre los equipos no debe ser reservada por el Estado, se debe transparentar completamente, por tratarse de un asunto de interés nacional y de probables violaciones graves a los derechos humanos”, abundó.
Cortés Mendoza dijo que los panistas rechazan y condenan cualquier forma de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, así como diversos actores políticos de oposición.
“La propuesta que estamos haciendo a los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad busca desterrar cualquier forma de espionaje ilegal y esperamos la voluntad política de las demás fuerzas políticas para alcanzar el objetivo”, añadió.
Fuente: Comunicado de San Lázaro...,2 y 3 de julio
No hay comentarios.:
Publicar un comentario