El escándalo por el malware pegasus/ Fred Alvarez Palafox

El escándalo por el malware pegasus/ Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez

Revista Código Topo de Excélsior, 3 de julio de 2017 país 24-29
El lunes 19 de junio el periódico The Ney York Times publicó en español e inglés un reportaje sobre espionaje a un grupo selecto de periodistas y dirigentes de organizaciones sociales opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN); fue la nota del del día y de la semana.
La noticia generó una gran expectativa y los medios le dieron vuelo: Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families
https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article

Y es que el  reporte  del Times revela una serie de ataques dirigidos contra un selecto grupo periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, mediante el uso del  malware (del inglés “malicious software”) Pegasus, elaborados por la empresa NSO Group.

 Precisa que "el 24 de agosto de 2016, los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el método de infección del Pegasus gracias al activista Ahmed Mansoor, defensor de derechos humanos radicado en los Emiratos Árabes Unidos.
Agrega el rotativo que entre los objetivos del "programa" "se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez-; un economista y su esposa que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción -Juan Pardinas y Alexandra Zapata-, del Instituto Mexicano para la Competitividad-; dos de los periodistas más influyentes de México -Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola-; una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía - Stephanie Brewer-, y un adolescente, Emilio el hijo de Aristegui, entre otros.
Agrega el informe que "desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. (NSO Group); las  agencias son la PGR, el Cisen y la secretaría de la Defensa Nacional, como ya los habían documentado desde hace meses medios como el mismo Times, la BBC, Reforma, El Nuevo Herald y el semanario mexicano Proceso..
En efecto, el malware Pegasus se infiltra fácilmente en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto".
O sea, toda nuestra vida se convierte en publica, para los escuchas.


Pero el uso del Pegasus como sabemos es muy caro.  Por ejemplo para espiar a diez usuarios de equipo como iPhone el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares. Es decir 115 mil dólares por usuario, una fortuna.

El reportaje del NYT fue elaborado por tres reporteros; Azam Ahmed, Nicole Perlroth y Paulina Villegas. Sin embargo, la base de la investigación se basó en el  reporte "Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México", dado a conocer también el mismo día que se publicó la noticia en el Times y fue elaborado por Citizen Lab, Artículo 19 México, R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC.
https://articulo19.org.
Se debe precisar  que el reportaje del Times no afirma que  el responsable del espionaje es el gobieno mexicano, sólo subraya que adquirió ese equipo desde hace años a un costo elevadísimo.
Dice una nota de Reforma del 12 de septiembre de 2016 que la PGR "compró en la Administración de Jesús Murillo Karam el software de espionaje Pegasus".. Agrega que a principios de septiembre el Times "informó que el Gobierno de México pagó 15 millones de dólares por este sistema de intercepción desarrollado por la empresa israelí NSO Group, aunque no precisó la institución responsable de adquirirlo."
Agrega la nota sin firma que "autoridades de la Administración federal informaron que la PGR de Murillo fue la que contrató el software y que no fue una sola compra, sino dos: en 2014 y el año pasado.
 Indicaron que la segunda entrega se hizo poco después de que Arely Gómez asumiera el cargo, aunque el contrato ya estaba finiquitado desde antes de la salida de Murillo."
Reforma precisa que "especialistas y consultores en la materia apuntaron que NSO Group tiene un solo distribuidor autorizado en México: son dos empresarios socios que tienen compañías registradas en Panamá y proveen refacciones para las aeronaves de la Marina.
Una de las cabezas de esta compañía, apuntaron, vive en México al menos desde los años 90 y proveyó de equipos de espionaje al Gobierno de José Murat en Oaxaca en la década pasada."
NSA Group

En efecto, la empresa NSO Group es la proveedora de software de vigilancia para gobiernos de todo el mundo; tiene su sede en Herzliya, en los suburbios al norte de Tel Aviv.  Fue fundada en el 2010 y se describe a sí misma como líder de la “guerra cibernética”; no tiene un website propio y mantenía una presencia discreta, hasta hace pocos tiempo..
Fue fundada 2010 gracias al financiamiento y experiencia de la Unidad de Inteligencia 8200, que pertenece a las fuerzas armadas de Israel. Hace un año estaba valuada en más de mil millones de dólares, pero nos dicen que fue vendida a un grupo de capital privado de San Francisco, California. Un informe de Citizen Lab dijo que NSO Group fue vendida en 2014 a un grupo de capital privado de San Francisco, Francisco Partners Management LLC. Una llamada de averiguación a ese grupo llevó a que un portavoz de NSO Group, Zamir Dahbash, llamara a Bill Marczak, uno de dos investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto que descubrieron el software espía..
El ofreció un comunicado que decía que la misión de la empresa es “ayudar a hacer del mundo un lugar más seguro”, y solamente vende sus productos a agencias gubernamentales autorizadas para ayudarlas a “combatir el terrorismo y el delito”. NSO Group no opera ninguno de sus sistemas, dijo, solamente vende el software. ( Véase "Puede espiarlo su iPhone? Descubren sofisticado programa espía"/ TIM JOHNSON, tjohnson@mcclatchydc.com en El Nuevo Herald, 29 de agosto de 2016).
El software en México fue adquirido por el gobierno de México a través de  la empresa  mexicana Balam Soluciones de Seguridad, de la cual son socios Asaf Israel Zanzuri y Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa. ( http://www.balam-security.com/nosotros.html), y dado a conocer por Proceso en mayo de 2016 como parte de la investigación internacional Panama Papers.
La noticia del Times tuvo una reacción inmediata.
El mismo día, la Presidencia de la República a través de un funcionario menor -Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales- emitió una carta dirigido al Times negando haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Ese mismo día el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, divulgó en su cuenta de Twitter la carta en español  de Millán Valencia que deslinda al gobierno federal de la operación de espionaje masivo; asegura que no existen "pruebas" de que los intentos por intervenir los teléfonos de periodistas.
En el comunicado, la Presidencia asegura que es respetuosa de la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, por lo que condena cualquier esfuerzo por vulnerar esos derechos. Sobre el reclamo de los afectados, el comunicado pide que presenten una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
"El respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", se lee en la misiva dirigida al Times y que dio a conocer Los Pinos.
De inmediato hubo una denuncia ante la autoridad correspondiente, es decir a la PGR.
Un día después, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong fue cuestionado sobre el tema en una atropellada conferencia de prensa realizada en Culiacán Sinaloa.
Justo ante la presencia física de  un colectivo de periodistas y familiares de personas desaparecidas en el auditorio del Palacio de Gobierno en Culiacán el secretario respondió a la pregunta de la reportera del semanario Riodoce: -¿cómo puede el Gobierno de la República deslindarse de que no usaron este programa, siendo que es un programa que solamente los gobiernos pueden utilizarlo?
La respuesta del secretario fue categórica:  "rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs.
Dio a entender que ese equipo -El Pegasus- se usa para perseguir al crimen organizado pero nunca para perseguir periodistas y defensores de los derechos humanos. "Nosotros rechazamos el que de parte del gobierno se estén ocupando estos (el software), cualquier instrumento para seguimiento o espionaje a algún medio de comunicación".
Precisó que "lo que se tiene en investigación es por parte del Estado Mexicano es para dar con los criminales, como lo ha demostrado este gobierno, en el que como ningún otro en la historia se ha dado con los más peligrosos, los más complejos en su búsqueda, y que hoy están siguiendo un proceso, extraditados algunos de ellos, y por supuesto algunos que han caído en el proceso de detención."
Aseguró que la tecnología que su Administración ha adquirido es para la seguridad interna, para generar condiciones de seguridad, y jamás ha sido mal utilizada para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y otros personajes.
"Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones", señaló Osorio Chong.
En el mismo sentido el presidente EPN señaló un día después que se condena "cualquier intervención que se tenga en la vida privada de cualquier activista o periodista".
Reunión en San Lázaro
Ese mismo día -martes 20- la Fiscalía Especial inició la investigación por presunto espionaje a periodista, así lo dio a conocer el fiscal de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez Del Pozo después de una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados encabezados por la diputada Brenda Velazquez (PAN).
Al término de la reunión el funcionario detalló que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación derivada de una denuncia. "La investigación es por el delito que se presenta, que se presentó, por la intervención de comunicaciones y por la intervención de equipos de cómputo y sistemas, que son los delitos que se plantean en la denuncia y en la ley al respecto. Pérez del Pozo, reconoció en esa reunión que el gremio periodístico enfrenta "una compleja situación y grandes riesgos en su labor".
Horas después de la reunión San Lázaro la PGR emitió un comunicado:  el 986/17, fechado ya el 21 de junio de 2017:
 "Con relación a las notas publicadas en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, la Procuraduría General de la República informa:
La FEADLE abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente.
En relación con la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, la FEADLE garantiza el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes.
Como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera  este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.
A su vez, investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención. La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones.."
Plan de Investigación criminal de la Fiscalía.
El lunes 26 d junio, el C. Fiscal presentó un ruta para abordar el tema,. Envío el siguiente mensaje a medios:
"La importancia que representa para la PGR  el que equipos de telefonía de periodistas y defensores de derechos humanos hubieran sido intervenidos -en sus comunicaciones privadas, así como accesados de manera ilícita a sistemas y equipos de informática-  ha hecho que se desarrolle el siguiente plan de investigación Ministerial, mismo que ahora les compartimos de manera general, dadas las diligencias en curso:

1. El caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dada esa experiencia internacional. Para ello, se ha organizado un grupo de apoyo técnico que estará conformado por:

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado  en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas.
• La Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido.
• La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
• El expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.
• Y se pedirá al Buro Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos su colaboración.

2. El Ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas al “Citizen Lab” de la Universidad de Toronto.

3. Se declarará a todas las empresas que han vendido equipos (como se dijo en el primer comunicado) que posibilitan la intervención de comunicaciones en México, con las capacidades que han señalado las y los periodistas y defensores de derechos humanos, a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y, si en su caso, algunos de estos equipos hubieran llegado a entidades distintas a dependencias públicas. De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales.

4. Con apoyo en el artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se estará solicitando a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus. La ley establece que estos registros se conserven durante dos años.

5. Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otros similares. ( O sea a todos los gobiernos locales, casi todos ellos tienen tecnología para espiar).
6. Todas las personas que han señalado de manera formal o mediáticamente que sus equipos móviles han sido intervenidos estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware.

7.- Finalmente, les informamos que todas las medidas cautelares solicitadas a esta institución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNSH) ya han sido cumplidas, desde el 24 de junio, y se continuará trabajando estrechamente con esta Comisión. 
Los hechos vertidos en la prensa son serios y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en México puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que la Ley les otorga.

La investigación está en curso.

Por su atención, muchas gracias.", dijo el joven fiscal.
Muchas voces se han expresado sobre el tema.
La CNDH dijo que sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos solicitó al gobierno se abstenga de emplear este software o cualquier persona "contraviniendo el orden jurídico constitucional".
También el Ombudsman pidió que en caso de ya haber obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla, y que sea valorada su legalidad.
También se expresó desde el presidente de la República- con una declaración desafortunada- pasando por vocero de Los Pinos, el secretario de Gobernación, y legisladores y dirigentes de  todos los partidos políticos.
Todos queremos saber que pasó, ¿hubo espionaje deliberado, por qué y de parte de quien? 

Por eso es bienvenida las medidas cautelares y la investigación de la autoridad.
Pero acá entre nos sinceramente no creemos que llegue hasta las ultimas consecuencias; es decir que alguien sea culpable del espionaje..
Nadie está o ha estado en la carcel por ese delito.
El tema es tan difícil que el joven fiscal especializado está pidiendo ayuda internacionales, casi casi es un trabajo para el FBI.
Pero la embajada de EU dijo que ellos no han recibido ninguna petición de ayuda..., por lo menos no lo habían hecho el martes 27 de junio..
¿Y las pruebas?
Tal y como lo dijo el rotativo norteamericano no hay pruebas definitivas de que el gobierno mexicano sea responsable; sabemos que Pegasus no deja rastros.
Lo único cierto es que sabemos quien produce el software y quien hizo las compras, además del dinero que gastaron.
Nos han dicho la empresa que sólo vende el software a gobierno y para perseguir a la delincuencia organizada.
El espionaje ha sido una constante en los últimos gobiernos, pero hoy se vuelve más complejo por el uso de tecnología de ultima generación.
De muchas investigaciones sobre espionaje que ha iniciado la autoridad nunca se ha culpado nadie, los caso son muchos..
Hace años espiaron a entonces líder del Senado de la República,  Manlio Fabio Beltrones y la investigación del Ministerio Publico no arrojó nada. Nadie fue detenido; el asunto quedó en el olvido.
También grabaron al publirrelacionista Carlos Olmos conversando con la profesora  Elba Esther Gordillo y otros más y hasta lo publicaron en un  libelo que circuló hace muchos años denominado ¿Elba de Troya o Lady Macbeth Gordillo?
Nadie se escapa, ni siquiera el presidente de la República.
Recordemos que el gobierno de EU espió a través de una de sus agencias la NSA al Presidente Felipe Calderón y a muchos jefes de Estado, así lo dio a conocer hace años Edward Snowden, la información fue revelada a la revista alemana Der Spiegel. 
Pero -ojo- también espía el crimen organizado para servir a sus intereses particulares.
¿Realmente el Pegasus sólo se vende a gobierno o pueden adquirirlo particulares?
Creo que el tema del espionaje es un buen negocio de muchas personas.
Del espionaje nadie se salva y lo más grave es todos lo hacen impunemente.
Seguramente la fiscalía intentará realizar una gran investigación para dar con los culpables que señala el Times, pero con todo respeto, me atrevo a apostar un libro que no castigaran a nadie.
¡A nadie!
 Es más no saben hoy quién fue.
Quizá el periodismo de investigación encuentre pruebas más contundentes.
Sabemos que el Pegasus no deja huella.
El asunto es que el tema contaminó el ambiente.
Al margen.
El posicionamiento de EPN. Cuatro días después de las del Times el presidente  Enrique Peña Nieto hizo una serie de declaraciones confusas y equívocas que acabaron por avivar la indignación frente al escándalo.
En Lagos de Moreno, Jalisco, improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de espionaje. “Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”, afirmó.
De inmediato, varias organizaciones se le fueron encima.
Incluso el corresponsal de The New York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”. Poco después, Ahmed redactó otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.
Después en una entrevista Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo porque “Peña Nieto improvisó, no leyó sus tarjetas”.

Lo que quizo decir.
El propio presidente Peña Nieto tuvo que rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta es la indicación que he dado.
“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y respeta las voces críticas”.
EPN puntualizó en entrevista que dio “indicaciones a la Procuraduría General de la República para que dé curso y dé seguimiento, y lo haga de la manera más acelerada posible, a las denuncias que se presentaron sobre supuestas o presumibles intervenciones que tuvieron algunas personas que han presentado denuncia ante la Procuraduría”, y para que investigue “si hay quienes, fuera de alguna entidad pública y de manera ilegal, están teniendo intervención sobre la vida privada de alguna persona”.
Reiteró: “somos un Gobierno que respeta la libertad de expresión, respeta el sentir, la manera de pensar de cada ciudadano, esté o no del lado del Gobierno, pero siempre hemos sido respetuosos”.
¿Quién es el Fiscal?

Fue nombrado el 10 de mayo de 2017 directamente por el Procurador General de la República, Doctor Raúl Cervantes Andrade,.

Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago, EU:

Antes des ese cargo fue director  de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la PGR: director en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 

Cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia.