4 mar 2018

Lo que México no pudo responder ante la CIDH

PROCESO 2157, 3 DE MARZO DE 2018
Lo que México no pudo responder ante la CIDH/RAFAEL CRODA
BOGOTÁ.- En plena sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Bogotá el pasado viernes 2, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto “está obligado a llegar a la verdad y a la justicia, y ese es el compromiso” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“¿El compromiso es dar con el paradero de los estudiantes?”, le preguntó desde la mesa de enfrente Mario Patrón, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos hace 41 meses en Iguala.
Ruiz Cabañas titubeó y volteó a ver a su izquierda al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, a quien le pasó la bolita: “Conteste usted, ¿no?”, le dijo con incomodidad, descolocado.

Y al fiscal no le quedó de otra más que agarrar al toro por los cuernos. Cuando comenzó a hablar, todos los que estaban en el salón del Hotel Tequendama de Bogotá, donde se realizaban las sesiones públicas de la CIDH, centraron sus miradas en él.

“Naturalmente –dijo Higuera en un tono suave y contenido–, yo creo que el objetivo primario, el único, el principal de una investigación de delitos es esclarecer lo acontecido, identificar responsables y proceder contra ellos. Naturalmente, en forma paralela atender a las víctimas. Creo que no se puede pensar en otra solución a los conflictos de esta naturaleza. Han sido planteados varios temas… perdón…”
Higuera fue interrumpido desde la mesa de enfrente por un hombre cuya voz se escuchó segura y estentórea. Era Mario César González, padre del normalista desa­parecido César Manuel González.
–Dígame una cosa –le dijo a Higuera–, ¿la meta es dar con el paradero de mi hijo?
–Naturalmente –respondió el funcionario–, es saber todo lo que ocurrió…
–O nada más es de boca para afuera –insistió el padre de César Manuel.
–Saber todo lo que ocurrió, don Mario, se lo digo con todo respeto, deslindar responsabilidades integralmente, sin excepciones y, naturalmente, que reciban ustedes todos los derechos.
–¿Van a dar con el paradero de los 43? –preguntó don Mario.
–Naturalmente, don Mario –respondió Higuera.
La relatora de la CIDH para México y presidenta de la sesión sobre el caso Ayotzi­napa, Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió al padre del normalista desaparecido dejar continuar al fiscal, quien desde hace un año y nueve meses conduce las investigaciones sobre los acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes.
Higuera continuó, pero no respondió lo que habían preguntado con insistencia a la delegación mexicana el abogado de los padres de los desaparecidos, Mario Patrón; los comisionados de la CIDH Francisco Eguiguren y Luis Ernesto Vargas Silva, y el propio don Mario, quien asistió a la sesión con una camiseta con el número 43 estampado en el pecho.
Eguiguren no ocultó su decepción y fue al grano. Preguntó a los representantes del gobierno mexicano qué está dificultando dar con el paradero de los estudiantes tres años y medio después de su desaparición, cuál es el obstáculo que impide llegar a ese objetivo y qué se piensa hacer para superarlo.
Y como Ruiz Cabañas había dicho que el gobierno de Peña Nieto está haciendo todos los esfuerzos para avanzar en la investigación y “muy pronto estaremos en capacidad de dar conclusiones”, Eguiguren le pidió plazos concretos.
–¿Cuándo se puede dar una respuesta concreta sobre el paradero de los estudiantes? –preguntó.
Ni Ruiz Cabañas ni el fiscal Higuera ni el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante; ni la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, que integraban la delegación mexicana en la sesión de la CIDH, pudieron responder esa pregunta.
Tampoco la que formuló el abogado de las víctimas, Mario Patrón, frente al ofrecimiento de Ruiz Cabañas de llegar a conclusiones del caso Ayotzinapa este mismo año:
“Nos da esperanza –dijo Patrón– escuchar que Ruiz Cabañas diga que este año concluirá la investigación. Nuestra pregunta expresa es si para ustedes concluir la investigación implica dar con la verdad y con el paradero de los estudiantes.”
Lo cierto es que el sexenio de Peña Nieto concluirá el próximo 30 de noviembre y que su gobierno parece empeñado en impedir que el caso Ayotzi­napa y la desprolija investigación de la “verdad histórica” –desacreditada por la propia CIDH– se “cuelen” a la campaña electoral.
Mario Patrón piensa que el gobierno mexicano está “administrando la investigación”, nadando “de muertito” hasta que acabe el sexenio.
El comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas Silva, dice a Proceso que esta sesión pública del caso Ayotzinapa en Bogotá fue “decepcionante”, por la sordera de los representantes del Estado mexicano.
“No contestan, todo lo evaden”, aseguró.

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