PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2157, 4 de marzo de 2018..
Tras el asesinato de dos narcomenudistas en Ciudad Universitaria –un hecho que evidenció la vulnerabilidad en que se encuentra la máxima casa de estudios del país–, el rector Enrique Graue advierte: el país tiene que replantearse la política de drogas particularmente en lo que a mariguana se refiere. En entrevista dice que los narcomenudistas siempre han estado en el campus universitario y también habla de los avances de los últimos meses en esa materia. Incluso propone el uso lúdico de la cannabis. Sin embargo, admite que, por desgracia, el mercado de la droga siguen siendo los jóvenes.
El 23 de febrero, alrededor de las 15:30 horas se oyeron varias detonaciones de armas de fuego en el área de los frontones de CU. Ese día, como nunca antes, el recinto educativo más importante del país fue vulnerado.
Esa misma tarde Rectoría emitió un boletín en el que consignó la muerte de dos presuntos narcotraficantes durante una disputa entre dos cárteles de la droga que intentan posicionarse en el campus universitario.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, demandó al gobierno federal “un cambio general de la forma en que aborda el problema de la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico en México”. Y sentenció: “Lo que sucede en CU es sólo un reflejo de lo que pasa en cada colonia del país”.
La solución al “tremendo” índice de violencia alcanzado en México puede ser la liberación y la legalización de uso lúdico de la mariguana; incluso la UNAM prepara un foro interdisciplinario abordar el problema comenta Graue a Proceso desde la sala de juntas del edificio de Rectoría.
El 23 de febrero, un hombre de entre 23 y 25 años apodado El Güero y otro joven ofrecían drogas en la zona conocida como El Frontón cuando llegaron El Paquito, El Tortugo, El Víctor y El Niño Mariguano, quienes comenzaron a discutir con El Güero y su acompañante y luego comenzaron a golpearlos.
El Güero sacó un arma de fuego. El Niño Mariguano intentó repeler la agresión con una pistola calibre .25 pero se le encasquilló. Cayó abatido, mientras que El Paquito resultó herido.
El Tortugo y El Víctor salieron ilesos e intentaron trasladar al Paquito hasta un circuito universitario y esperar una ambulancia para que lo auxiliara; finalmente huyeron hacia el Metro Universidad.
Al día siguiente el diario Reforma informó que según la indagatoria CI-FCY/COY-1/UI-1C/D/677/02-2018, El Güero, quien vive en la colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, es quien le disparó al Niño Mariguano, David Eugenio Alvarenga Baeza, de 20 años, y al Paquito, Axel Gallo Vázquez, de 29, presuntos.
Los integrantes de la banda son dealers y presuntamente son gente de José Alejandro “N”, conocido como El H o El Hugo, a quien el Cártel de Jalisco Nueva Generación señaló como protegido de la Policía Federal y de la Policía de Investigación en una narcomanta colocada sobre Periférico Sur, en la colonia Progreso, delegación Álvaro Obregón, a principios de febrero.
La venta de droga en CU era controlada por El Paquito. Según Alberto Rivera Martínez, El Tortugo –uno de los dos detenidos el mismo 23 de febrero– El Paquito traía la droga de la delegación Tlalpan para distribuirla en CU.
Los detenidos declararon que el grupo de Los Güeros era tolerado y solía vender droga en el campus universitario, pero ese día El Paquito los corrió porque vendían sin su consentimiento. Con la detención del Tortugo, segundo del Paquito, el narcomenudeo en CU quedó acéfalo.
Un mensaje contundente
El 24 de febrero, en conferencia de prensa, el rector Graue aseguró que las Fuerzas Armadas no entrarán al campus universitario. Al día siguiente, durante el encuentro Pumas-Chivas en el Estadio Universitario, durante el descanso apareció en la pantalla gigante un mensaje electrónico con una sentencia lapidaria: “Fuera narcos de la UNAM”.
La edición de Gaceta UNAM del 26 de febrero abordó el tema en su portada: “No es tu amigo. Es un narco”, decía. En la contraportada reprodujo el mensaje del rector Graue sobre el tema.
El jueves 1 de marzo, la Gaceta incluyó en sus páginas fotos sobre mensajes escritos en lonas colocadas en CU tales como “¿Meterías un narco a tu casa?”; “Cada vez que compras droga en la UNAM todos lo pagamos”.
–¿Tratar de ocultar o minimizar el narcomenudeo en CU fue un error? –se le pregunta al doctor Graue.
–No, no, no. De ninguna forma se había ocultado. Es un problema nacional. El narcomenudeo existe en la universidad desde que los más viejos tienen recuerdos de ella, lo mismo que en todo el país. Los esfuerzos para atacar el narcomenudeo también son de las administraciones anteriores. Con el crecimiento de la inseguridad en el país y del narcomenudeo en la Ciudad de México, notamos un crecimiento de estas personas en el campus.
Señala que, durante el proceso de sucesión en Rectoría, incluso recibió instrucciones del secretario César Astudillo en el sentido de que era necesario diseñar estrategias para atacar el problema. En noviembre de 2015, dice, las relaciones con las autoridades de la Ciudad de México mejoraron.
Al año siguiente la UNAM analizó las posibles alternativas para atacar el problema; se identificó de manera gradual a presuntos narcomenudistas, incluso se presentaron las evidencias a las autoridades responsables de la seguridad pública, particularmente al gobierno local y a la PGR.
En marzo de 2017 ya había más de 15 dealers –vendedores de droga– detenidos. No obstante, los meses posteriores llegó más gente a cubrir los espacios porque los narcomenudistas han estado en el campus universitario siempre.
Puntualizaciones
“Tomé posesión en noviembre de 2015 –rememora el doctor Enrique Graue–. El narcomenudeo fue de las cosas que surgieron en el proceso de campaña a la Rectoría.
“A fines de 2016 comienzan las detenciones. De hecho, estamos muy conscientes de que existe narcomenudeo y uso de narcóticos en la universidad: Año con año hacemos la estadística del consumo de aquellos jóvenes que reconocen haber usado mariguana o alguna droga ilícita en el pasado o actualmente, porque el problema del consumo de drogas es nacional, va creciendo.
–A través del sistema de cámaras de videovigilancia tiene el control de lo que sucede en todos los espacios universitarios, quiénes operan, en qué momento entran, a dónde llegan, sus movimientos –se señala la reportera al rector de la UNAM.
Y añade: “Tenemos la información, porque el control del narcomenudeo no nos corresponde a nosotros; corresponde a las autoridades de justicia de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de la República”.
Señala que son cinco los principales puntos de venta de estupefacientes detectados: Las Islas, un área de venta muy dispersa, pues los narcomenudistas entran y salen; Los Bigotes, en las inmediaciones de Metro Universidad; Los Frontones; la Facultad de Filosofía, y la Facultad de Ciencias Políticas.
–Proceso se enteró que un grupo de narcomenudistas de Tláhuac intentó negociar con usted.
–Jamás me he reunido con ellos; tampoco me han amenazado.
–Oímos también sobre la probable introducción de armas de fuego a CU y nos advirtieron sobre el riesgo de enfrentamientos entre los grupos de narcomenudistas. Incluso se lo comentamos a la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. Ella nos respondió que no tenía esa información. ¿Ya tienen?
–Hemos querido identificar a quienes vienen armados a CU –cada día la ocupan 186 mil personas y otros 200 mil entran y salen–; sería imposible tener un detector de metales, aunque se ha planteado como una solución. Me parece que (los narcomenudistas) siempre estuvieron armados. Estos mundos oscuros así se manejan. Por eso no quise pedir el ingreso de policías armados a la universidad, sería un riesgo para la comunidad, primero, y un gravísimo riesgo para el país.
Acerca de los vigilantes de la UNAM que el año pasado se iban a poner a disposición de las autoridades por proteger o estar coludidos con los narcovendedores, Graue explica:
“Nunca pudimos documentar que hubiera un involucramiento de ellos. Hay imágenes donde no se les ve ‘incómodos’ con la presencia de narcomenudistas, pero eso no quiere decir que estén involucrados con ellos, por eso no se hizo nada al respecto”.
–El jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que desde 2001 hay operativos en las inmediaciones de CU y que a partir de 2015 los reforzaron. ¿El enfrentamiento a balazos del 23 de febrero pasado significa que falló el operativo?
–O que está funcionando, como quiera verlo. Es la primera vez que conozco que se ha detenido a más de una treintena de estos individuos en las afueras de la UNAM.
–¿Está satisfecho de la actuación de la Procuraduría capitalina y la PGR en cuanto a la atención a este problema?
–Estoy satisfecho en la medida en que usted quiera interpretar satisfacción. Si bien ha habido una buena colaboración, estoy insatisfecho en términos de que requerimos hacer más, requerimos reforzar toda esta colaboración y he pedido la colaboración tanto del jefe de gobierno como de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El mercado está en los jóvenes
La reportera consultó sobre el tema tanto a PGR como en la Comisión Nacional de Seguridad y ambas instancias respondieron oficialmente que no conocían del caso.
Sobre una radiografía de venta de droga en los campus de la UNAM, Graue comenta: “Existe narcomenudeo en todas las escuelas del sistema universitario; en bachillerato es menor; en las facultades, escuelas del área metropolitana, los institutos y en la FES (Facultad de Estudios Superiores) de Morelia es más bajo aun, y en las áreas de investigación prácticamente es inexistente. El narcomenudeo sobreviene cuando hay usuarios, cuando hay demanda; el mercado lamentablemente está en los jóvenes.”
Aclara: “No es privativo de la universidad, porque la venta de drogas está en todas las instituciones de nivel superior porque en todas hay demanda. De hecho, esto requiere un cambio general de la forma en que se aborda el problema de la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico. No es algo que pueda una institución de educación superior combatir sola”.
–¿La UNAM es el nervio más sensible de la sociedad?
–Sí, por eso se hace muy mediático, aunque no es un problema muy diferente a lo que se vive en el país: al contrario, es un reflejo. La muerte en un enfrentamiento de riña entre narcomenudistas se da a diario en cualquier colonia de la Ciudad de México, no se diga en las de Michoacán y Veracruz.
Explica por qué está insatisfecho con la actuación de las corporaciones policiacas: Les pedimos mayor presencia en las inmediaciones, mejor capacidad de respuesta, porque a veces algunos se van. CU es un reflejo de lo que sucede en el país. Se requiere un cambio en la estrategia contra el narcotráfico y la lucha por parte de las autoridades.
Van más de 150 mil muertes y la esperanza de vida de un hombre ha bajado por tanto homicidio de jóvenes. Ahora, este problema es de salud pública. El “tremendo” índice de violencia alcanzado en México, lo tenemos que reanalizar y rediscutir. ¿Cuál puede ser la solución? Quizá la liberación y la legalización de uso lúdico de la mariguana”.
Aunque advierte que este uso lúdico no debe registrarse en las instalaciones universitarias, ya que está comprobado que reducen el nivel de aprendizaje.
“El país tiene que replantearse la política de drogas particularmente en lo que a mariguana se refiere. No está demostrado que la mariguana es un paso necesario a drogas mayores. Pero, por qué sucede esto, por el contacto de los muchachos con los narcomenudistas. Empiezan comprándoles mariguana y luego les ofrecen otras drogas. Hay países que han logrado hacerlo, como Holanda y Uruguay. En Estados Unidos 10 o 12 entidades han legalizado la mariguana”.
Definitivo, concluye el rector Graue: “Necesitamos replantear la situación y creo que con eso disminuiría la lucha armada contra el narcomenudeo”.
Al término de la entrevista, el jueves 1, en el área de Las Islas alumnos y maestros se aglutinaban en torno a Rectoría para expresar su rechazo a la violencia en el campus universitario: “¡No más violencia en la UNAM!”, era su consigna.
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Revista Proceso # 2157, 4 de marzo de 2018..
En CU, hasta el personal de seguridad está en riesgo/ARELI VILLALOBOS
Luego del asesinato de dos presuntos narcomenudistas en instalaciones de Ciudad Universitaria, el 23 de febrero, integrantes del cuerpo de vigilancia de la UNAM revelan a Proceso que están “atemorizados” y bajo la “amenaza” de los criminales que ellos han detenido, pero que la autoridad libera. Sobre los recientes hechos violentos en el campus, integrantes de la comunidad universitaria coinciden en la necesidad de un programa integral en materia de seguridad, porque desde 1985, cuando se creó una comisión especial contra la delincuencia en la máxima casa de estudios, las medidas aplicadas sólo han sido reactivas.
El homicidio de dos personas por arma de fuego en instalaciones de Ciudad Universitaria, el pasado 23 de febrero, durante una riña entre presuntos narcomenudistas, desnudó lo vulnerables que son alumnos, profesores, investigadores e, incluso, el personal de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Integrantes de la comunidad universitaria, consultados por Proceso, coinciden en que la máxima casa de estudios del país carece de una política integral en materia de seguridad, pese a que sus esfuerzos formales por combatir hechos delictivos en su interior datan de 1985, cuando se creó una Comisión Especial de Seguridad en el seno de su Consejo Universitario (máximo órgano de autoridad colegiada), así como subcomisiones en la materia en cada una de sus facultades, escuelas e institutos.
Para el experto en temas de defensa y seguridad nacional Javier Oliva Posada, exacadémico del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, el problema está en que las acciones de las autoridades universitarias han surgido como “medidas reactivas” que son modificadas por el rector o los directores de las facultades en turno.
“Las medidas que se han tomado no son intensas, tampoco sistemáticas ni continuadas. Por otro lado, aterrizar políticas específicas de seguridad en la universidad es un procedimiento bastante complicado (…) no veo objetivos”, consideró el también excoordinador del diplomado Defensa y Seguridad Nacionales, de la FCPyS.
Tras asumir la Rectoría de la UNAM en noviembre de 2015, Enrique Graue Wiechers presentó su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, integrado por 17 programas estratégicos; en el último, apenas aborda el tema de la seguridad.
En cuatro líneas de acción y seis proyectos estratégicos, el rector plantea atender las necesidades de los laboratorios y talleres para prevenir accidentes en materia de protección civil, fortalecer la cultura de la prevención y del autocuidado, alumbrar espacios “críticos” de la universidad, fortalecer las capacidades de vigilancia, optimizar el sistema de transporte y continuar con el fortalecimiento de vigilancia en los alrededores de los campus mediante convenios con las autoridades. De ahí en fuera, no hay más planteamientos.
De acuerdo con una revisión que este semanario hizo de los reportes del exrector José Narro Robles –actual secretario de Salud–, que datan de 2008, y de los informes públicos de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, de 2013 a 2017, las principales acciones de seguridad en las dos últimas gestiones fueron la puesta en marcha de los programas Sendero Seguro y Transporte Seguro, la total renovación de los programas locales de protección civil, la aprobación de un programa de seguridad y protección civil para los periodos de asueto académico y vacaciones y la firma de convenios de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.
De esos esfuerzos destacó la creación, en diciembre de 2011, de una Agencia de Atención Especializada en Ciudad Universitaria.
Actualmente los programas Sendero Seguro y Transporte Seguro siguen vigentes. Sin embargo, la agencia especializada, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia capitalina, ubicada a un lado del Metro Universidad, en la delegación Coyoacán, cerró luego de que un policía de investigación disparó su arma contra un alumno, en noviembre de 2014.
El plan actual
Desde noviembre de 2015, la estrategia de seguridad de Graue Wiechers se ha basado en la “firma de convenios” para el incremento de patrullaje en los alrededores de Ciudad Universitaria, así como de los 14 planteles de bachillerato y los cinco campus de las Facultades de Estudios Superiores en Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza.
Además, en agosto de 2016 se compraron 30 vehículos de vigilancia, seis camionetas de doble cabina para utilizarlas en los cinco turnos de vigilancia de la UNAM, dos camionetas para el cuerpo de bomberos y de protección civil, 10 cuatrimotos para monitorear zonas consideradas “puntos rojos” y de difícil acceso, y se lanzó la aplicación PUMAPP, para denunciar delitos.
De acuerdo con una fuente cercana a la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, el hallazgo del cuerpo de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, atado por el cuello a una cabina telefónica, en mayo de 2017, fue un parteaguas para la actual administración del rector.
Desde entonces, específicamente en Ciudad Universitaria se puso en marcha un programa de 10 puntos que incluyen el control de acceso vehicular, la instalación de 700 luminarias y botones de emergencia, la renovación de las bases de vigilancia y el incremento de cámaras de seguridad. Aún no concluye la ejecución de todos los puntos de ese plan.
Además de Javier Oliva, Gustavo de la Vega Shiota, expresidente del Consejo de Sociólogos, e Imanol Ordorika Sacristán, director general de Evaluación Institucional, consideraron que para analizar hechos violentos como el del 23 de febrero es necesario tomar en cuenta la “naturaleza de la UNAM”, la extensión de Ciudad Universitaria (unas 730 hectáreas) y la facilidad con la que se puede entrar a sus instalaciones
“La UNAM hace lo máximo posible y se adapta ante cada situación que está viviendo, con esa posibilidad de mejorarlo todo. Uno no puede decir que la UNAM es como una isla en la que todo está bien. En el actual contexto de las políticas de seguridad, el Poder Judicial, la procuración de justicia y el comportamiento de los cuerpos policiacos ha sido completamente malo, es imposible pretender que la UNAM resuelva, como si fuera una isla, lo que afuera no se puede resolver por condiciones particulares.
“Como decía Barros Sierra, ‘la UNAM es el espejo del mejor México posible’, donde se muestran buena parte de las mejores cosas que hay en el país, pero también muchos de los defectos que ocurren en el país”, comenta Ordorika, también líder estudiantil y organizador del Consejo Estudiantil Universitario durante la huelga de 1987.
Los entrevistados coinciden en que atender el tema de seguridad es complejo; por ejemplo, según el artículo 16 del Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad de la UNAM, esta comisión debe atender asuntos relacionados con protección civil y de seguridad.
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y organizaciones estudiantiles comentan que hace falta la inclusión de alumnos y empleados en la toma de decisiones en materia de seguridad.
En entrevista, Ángel Cervantes, alumno de la Facultad de Derecho, y miembro de la Central de Estudiantes Universitarios, criticó la falta de inclusión de la comunidad estudiantil en las comisiones locales de seguridad, comentario que coincide con el de Héctor Maya Castro, integrante de la Comisión de Legislación Universitaria, del Consejo Universitario, y representante de los trabajadores administrativos y del STUNAM.
Maya Castro insiste en que el diálogo debe abrirse a toda la comunidad puma, y que, por ejemplo, se debería dejar participar a los administrativos en los Consejos Técnicos de las facultades, para registrar cómo cada sector universitario padece la inseguridad.
Temor en CU
Los integrantes del cuerpo de vigilancia de la UNAM son parte central de su esquema de seguridad. Al respecto, Maya y Ordorika critican su “estigmatización”, cuestionan la imagen que se ha propalado en medios de comunicación respecto de que estos empleados son cómplices o aliados del narcomenudeo.
Cifras obtenidas por este medio dan cuenta de que sólo hay 80 personas de seguridad en cada uno de los cinco turnos en que trabaja el cuerpo de vigilancia de la UNAM, es decir, 800 vigilantes están asignados para una población ambulante de 200 mil personas.
Fuentes que solicitan que no se revele su identidad, revelan que “gran parte” del gremio de vigilancia está “atemorizado” y “amedrentado”, especialmente por células de narcomenudistas, que regresan a confrontar y a amagar a los trabajadores cuando son puestos en libertad.
Incluso, uno de los entrevistados relata que hay casos en que al llegar al Ministerio Público los vendedores de droga acusan a los vigilantes de la UNAM de secuestro y violaciones a sus derechos humanos.
En este punto, Ordorika subraya la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la procuraduría capitalina, pues aseguró que la universidad “jamás” ha impedido el ingreso del Ministerio Público para investigar o realizar sus diligencias dentro del campus.
“La PGR y la PGJ-CDMX han sido omisas, enteramente deficientes e intencionalmente ausentes, por ejemplo, en la solución expedita y en el castigo al asesino de Lesvy. Para eso no hace falta tener policías armados en CU, hace falta que hagan bien el trabajo que tengan que hacer cuando entren a las instalaciones universitarias”, expone, a título personal.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de Seguridad de 2015, el más reciente donde se exponen cifras en materia de seguridad, de diciembre de 2007 a julio de 2015, la UNAM presentó dos mil 955 denuncias penales ante instancias de procuración de justicia federal y local.
El mismo documento da cuenta de que había 769 averiguaciones en trámite: 573 ante la PGR y 196 en procuradurías locales; 32% de las averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República correspondían a daño a patrimonio federal. Otros delitos que se enlistan son “uso de violencia”, robo, posesión de droga y acoso sexual.
Maya también pone énfasis en las condiciones laborales. El personal de vigilancia, sobre todo el de la categoría de operadores móviles, no cuenta con otro instrumento para hacer frente a los delitos que su “voz” para intentar disuadir a, por ejemplo, narcomenudistas y “eso es un elemento que favorece la entrada de delincuentes al campus”.
Sin embargo, dice que si bien en el Contrato Colectivo de Trabajo se establece que la UNAM tiene la obligación de dar a sus trabajadores todos los instrumentos necesarios para sus actividades, “el gremio no exige que se les arme o que se les forme para enfrentar a los delincuentes.
“No queremos que a nuestros vigilantes se les den aditamentos para que de manera directa puedan confrontar al delincuente; lo que estamos diciendo es que necesitan capacitación para que cuando detecten en flagrancia al delincuente, puedan saber qué hacer de manera jurídica”.
Oliva, Ordorika y Maya mencionan que urge un programa de profesionalización de los vigilantes que no sólo implique un salto en el tabulador de salarios, sino que se les capacite en materia legal, como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de derechos humanos, que se les den más responsabilidades y también se les exija un mayor grado académico. Actualmente se les pide como mínimo la secundaria.
Maya dice que el STUNAM desde hace tiempo tiene la propuesta de echar a andar un “Protocolo de Seguridad” en el que se establezca de manera clara cómo debe ser el proceder jurídico de estudiantes, académicos y sobre todo vigilantes, cuando encuentren que alguien está cometiendo un delito. “Un protocolo de seguridad ayudaría a saber cómo tiene que actuar la comunidad, los trabajadores, cuando ven a estas personas, que les digan qué tienen que hacer, porque ante estos escenarios tan difíciles nadie sabe cómo actuar”.
Así enfrentan al narcomenudista
Maya, representante del STUNAM en el Consejo Universitario, advierte que actualmente no se cuenta con un protocolo y que los trabajadores actúan con base en lo que ellos consideran pertinente.
“Lo que hacen cuando ven este hecho es que se comunican a la Dirección de Protección Civil y a la Dirección General de Servicios Generales para que lleguen y en mayoría cerquen el lugar y traten de disuadir en grupo al vendedor de droga para retirarlo. Si pueden, lo retiene para de manera inmediata llevarlo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que ellos a su vez lo remitan al Ministerio Público”.
El clima general de los universitarios es la oposición a la entrada de cuerpos policiacos y de cuerpos armados para combatir el narcotráfico en Ciudad Universitaria. De la Vega Shiota califica de “absurdo” optar por pedir la presencia de elementos de la Policía Federal o del Ejército, pues recordó que está comprobado que su ejercicio no termina con el problema, ha demostrado no tener capacidad para su combate y, por el contrario, deviene en violaciones a los derechos humanos y en más violencia.
También dice que la memoria de la universidad recuerda que cuando se ha dado la entrada de cuerpos castrenses o federales han resultado “experiencias muy tristes y desastrosas”.
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