La santa Sede informó este sábado 13 de abril que ha enviado una “nota verbal” a la embajada de Francia ante la Santa Sede, tras una “presunta decisión” de un tribunal civil contra el Cardenal Marc Ouellet, prefecto emérito del Dicasterio para los Obispos, en un caso relacionado a la expulsión de una monja de su instituto religioso.
La Santa Sede explicó además que “el Cardenal Marc Ouellet efectivamente ha conducido una visita apostólica en el Instituto de las Dominicas del Espíritu Santo (Dominicaines du Saint Esprit)” a la que pertenecía Sabine de la Valette.
El purpurado realizó esta visita apostólica, “cumpliendo un mandato pontificio”, es decir una orden del papa Francisco, con la ayuda de dos visitadores: el benedictino Jean-Charles Nault y la monja cisterciense Maylis Desjobert.
“A la conclusión de tal visita, se han adoptado una serie de medidas canónicas respecto a la señora Sabine de la Valette, incluida su dimisión del instituto religioso”.
De acuerdo a varios medios locales, lo que habría generado la visita apostólica fueron las denuncias de la ex religiosa desde 2011 sobre “graves abusos y hechos” en el instituto, lo que generó una serie de tensiones en su interior, según refiere la abogada de la exmonja, Adeline Le Gouvello.
Y ese detalle, aunado a la decisión de Francia de incluir en la Constitución el derecho al aborto amenaza con dañar las relaciones entre Francia y la Santa Sede..
El cardenal Marc Ouellet fue condenado por el tribunal civil de Lorient a pagar solidariamente varios cientos de miles de euros junto con una orden religiosa por haber difamado y dejado en la calle de un día para otro a la monja francesa Marie Ferreol. Después de treinta años de honorable servicio en la comunidad de los Dominicos, debido a su orientación conservadora, la hermana Marie se encontró sin recursos, completamente sola, expuesta al escarnio. Había sido juzgada por el enviado papal -tribunal interno de la Iglesia-, tras una inspección vaticana
La Santa sede replicó: «una posible sentencia del Tribunal de Lorient podría haber planteado no solo cuestiones relevantes relacionadas con la inmunidad, sino que, de haberse pronunciado sobre la disciplina interna y la pertenencia a un instituto religioso, podría haber constituido una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos".
Es la primera vez que un cardenal es llamado a responder solidariamente por un tribunal civil por una decisión interna de la Iglesia. Detrás de esta dura reacción hay el temor de que se pueda crear un peligroso precedente capaz de abrir una brecha para las causas de indemnización relacionadas con la pedofilia.
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