Huyó de Venezuela, teóricamente, Ortega estaba bajo vigilancia después de que el Gobierno de Nicolás Maduro la señalara como enemigo público número uno y prohibiera su salida del país
La huida de Ortega coincide con sus denuncias sobre los vínculos entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la constructora brasileña Odebrecht.
El actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a Luisa Ortega Díaz de ser la “autora intelectual” de las muertes y heridos de las últimas semanas.
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Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de
6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes en 2018, el mayor presupuesto en la historia; los partido gastarán más de un millón de pesos por hora.
Claro que no e un a ocurrencia sino que está basado en la ley; el 30 por ciento será distribuido entre los partidos de forma igualitaria y el 70 por ciento restante en función del porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior.Al PRI se le asignarán mil 689 millones; al PAN, mil 281; al PRD, 773; a Morena, 650 millones; al PVEM, 578 millones; a Movimiento Ciudadano, 537 millones; a Nueva Alianza, 419 millones; al PESl, 398 millones; y al PT, 376 millones.
Ah! y para las candidaturas independientes habrá un total de casi 43 millones de pesos.
En comparación con el del 2000, implica un alza del 150 por ciento real.
Las reacciones son varias.
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Las columnas Políticas hoy, domingo 20 de agosto de 2017
Templo Mayor/Reforma
UENTAN que varios panistas andan preocupados tras la apertura de candados en el PRI que le permitiría a ese partido postular como candidato presidencial al titular de Hacienda, José Antonio Meade.
Y ES QUE el funcionario, quien ha trabajado con administraciones tanto del blanquiazul como del tricolor, tiene un perfil que puede resultarle atractivo a quienes suelen votar por el PAN.
ADEMÁS, en su reciente asamblea, los priistas agregaron a sus documentos básicos conceptos como la economía social de mercado y el combate a la corrupción a través de la iniciativa 3de3, entre otros guiños a una clase empresarial que se ha confrontado con el actual gobierno.
DE AHÍ que en el panismo andan nerviosos por la posibilidad de que, mientras su cúpula busca negociar un Frente Amplio acercándose a la izquierda, los priistas pudieran rebasarlos por la derecha.
SI EN EL 2018 Movimiento Ciudadano pierde el registro, el dueño de esa franquicia política, Dante Delgado, podría iniciar una nueva carrera en el Cirque du Soleil... como equilibrista.
MIENTRAS el líder de los naranjas camina por la cuerda floja hacia una posible alianza electoral, un grupo de sus huestes lo jala para un lado, y otro, justo en sentido contrario.
UNOS insisten en que deben sumarse al frente que proponen la perredista Alejandra Barrales y el panista Ricardo Anaya, poniendo sobre la mesa el capital político de la figura más fuerte en su partido: el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro.
PERO otros opinan que deben volver a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, como en el 2006 y el 2012. A ver si Delgado logra encontrar a su media naranja electoral... sin que su partido se desgaje.
POR ENÉSIMA ocasión, en el PRD decidieron posponer una reunión de su Consejo Nacional en la que se decidiría el relevo en la presidencia y la secretaría general de ese partido.
EL HECHO es que Alejandra Barrales todavía no se va en pos de la candidatura perredista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero varios de sus compañeros ya comenzaron a levantar la mano para ocupar su lugar al frente del partido del sol azteca.
SE SABE que están más puestos que un calcetín Ángel Ávila, de la tribu Nueva Izquierda (Los Chuchos); Vladimir Aguilar, de Foro Nuevo Sol, y Camerino Márquez, de Alternativa Democrática Nacional (ADN)... más los que se acumulen de aquí a que los perredistas logren ponerse de acuerdo para reunirse.
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Liderazgo. A unos días de que inicie el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, al PRI le toca encabezar las mesas directivas de ambas cámaras. Ya se barajan varios nombres y cabe la posibilidad de que por la de Diputados presida Jorge Carlos Ramírez Marín, político con arraigo partidista, pero también un profundo conocedor de las tareas parlamentarias, y en la de Senadores permea la probabilidad para el queretano Enrique Burgos, conciliador y buen compañero, discreto en su trabajo y reconocido por su trayectoria política. Ambos saben bien la responsabilidad que es sacar adelante pendientes de iniciativas de ley, pero, sobre todo, estarían en un año electoral de trascendencia en la vida política y de la democracia del país.
II. Indignada. La senadora Martha Angélica Tagle, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), expresó su inconformidad por el alto presupuesto asignado para el financiamiento público a los partidos políticos, cercano a seis mil 700 millones de pesos. Afirmó que los partidos están cada vez más alejados de los motivos para los que fueron creados, que es representar los intereses de la sociedad en el Congreso, por lo que estiman que “es dinero tirado a la basura, mal invertido”. Además, enfatizó en la participación de fuentes oscuras de financiamiento. Pero eso sí, de lo que reciben se gastan hasta el último centavo. ¿O no?
III. Amargados los otros. Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que México requiere un gobierno responsable y honesto, que no sólo promueva y fomente el crecimiento económico, sino que además lo haga realidad. “México necesita la pasión, esperanza y alegría de los panistas, porque llegó la hora de demostrar que somos un gran país”, afirmó la panista. Cierto, pasión por lo que emprenden, como los moches, tradición de arraigo; esperanza, como la que aún conserva la propia Zavala, a quien su partido apenas contempla; y la alegría de aquellos panistas en Brasil 2014, ¿los recuerda?
IV. Los blanditos. Algo falla al momento de aplicar la justicia, porque no podemos explicarnos que los jueces se pongan del lado de los criminales al ejecutar las condenas. La Fiscalía General de Tabasco informó que un juez federal del Décimo Circuito ordenó la liberación de Juan Vicente Hernández León, un padre acusado, en abril de 2016, de manosear a su propia hija de 5 años, y cuyo caso tiene aún indignada a la sociedad. Argumentó que la niña “no se quejó” cuando hubo tocamientos. Además, hay otro caso en el que otro juez liberó a tres asaltantes que apuñalaron a una mujer; aparte de robarla, le perforaron el hígado y un riñón. Es lamentable lo que pasa. Se desangra la justicia mexicana.
V. Indefensos. Instantes de pánico vivieron jugadores y asistentes a un partido de basquetbol del Campeonato Nacional Sub-15 en Aguascalientes, cuando dentro de las instalaciones se desató una balacera. Jugadores, árbitros y asistentes tuvieron que correr al escuchar las detonaciones de arma de fuego. Sicarios que viajaban en un automóvil con placas de Estados Unidos intentaron asesinar a un hombre de Tijuana, quien se encontraba observando el partido de su hijo. Mucho trabajo tiene el gobernador de la entidad, Martín Orozco Sandoval. Balaceras, robos, asesinatos y las autoridades se la viven posando en las fotos “regalando” útiles escolares.
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La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior
El regreso del “dedazo”
La piedra angular del sistema presidencialista mexicano fue la facultad metalegal del Presidente de la República de designar a su sucesor. El popularmente llamado “dedazo”.
“No se mueve ninguna hoja de la política, si no es por la voluntad del Señor Presidente” (con mayúsculas, por supuesto) fue la frase que resumió el poder absoluto de los presidentes mexicanos hasta antes de julio del año 2000, cuando los electores decidieron que el candidato del PRI, el del Presidente saliente, no fuera el nuevo Presidente.
Pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus militantes no iban a aceptar perder el poder tan fácilmente. Han sido muy hábiles y muy habilidosos, y hoy saben que nuevamente el Presidente de la República tiene el control absoluto del partido y, por lo tanto, de la designación de su candidato a la Presidencia de la República. Así fue, así será nuevamente.
Enrique Peña Nieto es el único priista que ha sido candidato presidencial y Presidente de la República sin haber sido designado por su antecesor. Su candidatura fue producto de un pacto entre los gobernadores priistas que en 2011 eran parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La experiencia les dijo a los gobernadores priistas de entonces que necesitaban de la unidad partidista que antes les daba el dedo presidencial; pragmáticos, decidieron impulsar e imponer a su partido una candidatura pactada entre ellos, en ausencia del “dedazo”.
Peña Nieto era gobernador del Estado de México; otro gobernador de ese tiempo que sigue en la primera línea de la política nacional se llama Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo y actual secretario de Gobernación. Ellos y todos los demás gobernadores (convertidos en “presidentitos” estatales durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes políticamente no les debían nada ni tenían por qué seguir eso que ellos conocen muy bien como “la línea”) recobraron en la Conago lo que llamaban la “disciplina partidista”.
Apostaron a la disciplina, a la unidad y a la estructura partidista para recuperar la Presidencia de la República y lo consiguieron. Aprendieron la lección y hoy la vuelven a poner en práctica. Saben que el control del PRI lo tiene el Presidente de la República, su jefe nato como lo llamaban antes, y será él quien tenga la decisión final.
Hoy, a diferencia del tiempo del absolutismo presidencial, el candidato del PRI tiene que pasar la prueba de las urnas y no necesariamente ganará la Presidencia de la República. Hoy, sea como sea, hay competencia electoral y así lo demuestran las tres más recientes elecciones presidenciales. La de 2018 será similar.
Entonces, los priistas apostarán a la unidad interna y a la estructura partidista que, pese a quien le pese, sigue siendo la mayor y más afinada del país. Su reciente asamblea nacional es muestra contundente de ello y parece que la oposición, toda, no se dio cuenta de ese potencial o quedó pasmada frente a él. Las presuntas rebeliones y exigencias internas quedaron absolutamente sofocadas… como antes. Los priistas de hoy, como los de antes, incluso los que se dicen opositores, saben quién reparte los cargos.
Además, en el proceso electoral del próximo año el PRI tendrá a su disposición la fuerza política y los recursos —al viejo estilo, con métodos “modernos”— de al menos 15 gobiernos estatales que se sumarán como antes a la “cargada”.
¿Quién será el candidato? Es pronto para especular. Es probable que su nombre sea el último en conocerse. El PRI podrá esperar a conocer el nombre del candidato del frente electoral que buscan el PAN y el PRD o el de los candidatos de estos partidos y cómo afectará o beneficiará cualquiera de esas decisiones al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Con o sin frente opositor, el Presidente de la República seguramente escogerá como candidato al que más convenga a la victoria de su partido que, de producirse, será también personal. El presidente Peña Nieto ya ha mostrado ese pragmatismo, inclusive en decisiones electorales. Hace seis años, como gobernador del Estado de México (recuérdese que el Presidente de la República era panista), escogió contra los pronósticos a Eruviel Ávila como candidato a la gubernatura de la entidad, por sobre Alfredo del Mazo, y ganó. Para las recientes elecciones estatales, y contra lo esperado, ya como Presidente de la República, optó por el, en apariencia, desahuciado Alfredo del Mazo y ganó.
Seguramente, frente a la elección presidencial, Peña Nieto actuará con el mismo pragmatismo y sus correligionarios aceptarán el regreso del “dedazo” (y su consecuente “tapado”) como medio para lograr la unidad partidista y un probable triunfo en las urnas.
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De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
Tarifa cero, lo que falta…
La decisión de la Suprema Corte de validar la demanda de amparo promovida por Telcel cuestiona la supuesta autonomía y previsible respeto entre los poderes de la Unión.
Al margen del incuestionablemente elevado costo que, finalmente, tendrá para la población, para la economía familiar en especial, la decisión de la Suprema Corte de validar la demanda de amparo promovida por Telcel contra la disposición que le impedía cobrar a sus competidores (en el mercado de telefonía móvil) por el uso del último tramo de su red, lo verdaderamente grave del acuerdo adoptado en relación a la erróneamente llamada Tarifa cero (de interconexión) estriba en que, a decir de no pocos, cuestiona la supuesta autonomía y previsible respeto entre los poderes de la Unión.
Esto, no sólo porque el resolutivo pretenda ignorar la naturaleza de agente económico preponderante que, en razón de controlar algo más de 65% de su particular mercado, corresponde a la telefónica de Carlos Slim Helú sino, en esencia, porque contraviene e invalida una disposición —artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión— votada en su momento, y en uso de sus facultades por el Senado, en el marco de las llamadas reformas estructurales de inicio del actual sexenio.
Contraviene e invalida una disposición legislativa, adicionalmente, para dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que encabeza el cuestionado castillejista Gabriel Contreras, la facultad de definir si aplica o no, y en qué monto, la referida tarifa de interconexión, cuya improcedencia, en su momento, fue (presumiblemente) utilizada como gancho para atraer a no pocos consorcios nacionales y extranjeros que, tras realizar inversiones multimillonarias en el sector refieren, desde el miércoles, de cómo “a mitad del camino, el gobierno modifica reglas…” que, presumiblemente, les había garantizado se mantendrían intocables.
Y todo apoyado en el supuesto de que el Legislativo invadió facultades del IFT al incluir en la Ley una disposición como la referida Tarifa cero, una medida asimétrica que correspondía sólo al primero y no al Senado que, por su parte, explicó que (el proyecto Laynez) estaba dejando de lado lo expuesto en el Cuarto Transitorio del decreto de reforma que, de manera puntual, especifica que “el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicio de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Tan clara parece ser la percepción que sobre el punto mantiene la Cámara Alta que, incluso, desde la víspera de la sesión de la Corte en que se votó “con las conclusiones del proyecto que será discutido, se genera un riesgo adicional: el desdibujamiento del Congreso para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” o, más aún, “de continuar con este enfoque, pronto nos encontraremos con que el Poder Legislativo, electo democráticamente, no tiene facultades para legislar en materias específicas o sobre sectores de la economía fundamentales para la promoción de un mejor desarrollo”.
Un diferendo éste que, si bien parece concluido, dará aún mucho de qué hablar…
ASTERISCOS
* Otro tema que, a contrapelo de lo que se piensa dará aún mucho de qué hablar, es el del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, sobre cuya responsabilidad, en la muerte de dos personas incluso, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza sigue sumando detractores: senadores de todos los partidos que se dicen engañados por la dependencia, los más recientes. Se verán el martes…
* Concluidos los trabajos de la primera ronda de conversaciones orientadas a modernizar el Tratado de Libre Comercio, ayer, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal confirmó que el segundo encuentro será en la capital del país entre el primero, día del (Quinto) Informe presidencial y el 5 de septiembre próximos. Luego irán a Canadá…
Veámonos aquí mañana, con otro comentario De naturaleza política.
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Generosos e Interesados/Eduardo Caccia
Reforma
Bastante sacudido está el mundo luego de las tremendas formas en que grupos radicales han expresado su odio por quienes no son como ellos, por los que no creen en lo que creen ellos, por quienes tienen un color de piel distinto, su odio siempre latente como parte de la condición humana, reprimido temporalmente y que ahora, con la puerta abierta por quienes se supone que tendrían que ser los cancerberos, derrama sangre inocente para sembrar el terror en Barcelona, en Charlottesville, en Cambrils.
El antagonismo social no sólo está alimentado por líderes como Trump que ven la vida como un sistema de confrontación permanente, también por la reconfiguración del orden mundial en cuanto a política y economía. Los procesos de globalización han derribado fronteras y han fomentado una convivencia inédita. Nadie odia lo que no conoce. El mundo hipercomunicado ha expuesto la existencia de los otros y, aunque para muchos representa una oportunidad, para otros (los nacionalistas) representa una amenaza. Ante ello el discurso es la construcción de muros, el radicalismo que rechaza la integración y que, en su nivel más grave, está dispuesto a sacrificar su vida.
¿Por qué los extremistas ven una amenaza en los otros? A riesgo de ser simplista diré que tienen miedo de perder privilegios. Pensemos en los que votaron a favor del Brexit o quienes se oponen a la migración (incluso legal) en EU, generalmente son grupos que ven en el Estado una fuente de beneficios (subsidios, empleo, seguridad social y pública). Ven sus beneficios diezmados; el Estado tendrá menos recursos para repartirles. Su lógica está guiada por un interés en tomar y recibir, no en dar.
En Dar y Recibir, por qué ayudar a los demás conduce al éxito, Adam Grant expone lo que ha aprendido de estudiar miles de organizaciones (es totalmente aplicable a la sociedad en general). Dice que en las empresas hay un grupo de personas que están siempre viendo qué pueden sacar de los demás, son los Interesados, los que "no dan brinco sin huarache", los que abusan de ti si te dejas, los que a pesar de ser simpáticos y muy sociables, hacen daño. Existen también los que piensan en ayudar a los demás todo el tiempo, los Generosos, quienes muchas veces anteponen su satisfacción por los demás. Finalmente, en medio, los Equitativos.
Sus hallazgos son interesantes. Usualmente los de peor desempeño son los Generosos. ¿Son los Interesados los mejores? No. Ah, entonces ¿los Equitativos? Tampoco. No nos vayamos con la finta, los Generosos figuran también como los de mejor desempeño. Un Generoso hace mejor a la organización pero necesita de ayuda. Grant da tres recomendaciones para tener una cultura donde los Generosos florezcan. Primero, hay que protegerlos. Cuando estos no son valorados, se van apagando. Segundo, fomenta una cultura para pedir ayuda. Pedir ayuda es algo que cuesta trabajo a todos. Para que haya una cultura de generosidad debe fomentarse el pedir ayuda, el Generoso debe saber que lo correcto es dar pero también recibir. Y tercero, no basta con reclutar generosos, estos tienden a ser nulificados ante un solo Interesado, hay que eliminar la conducta de los Interesados o bien separarlos de la organización.
Para Grant, hay 4 cuadrantes para medir a las personas. Los Agradables/Generosos, como la Madre Teresa, los Desagradables/Generosos, como el Dr. House (no es simpático pero tiene un talento con el que salva vidas), los Agradables/Interesados, como los partidos políticos en México (tienen cara de ser agradables, fingen interesarse en ti, ciudadano, pero en el fondo buscan su propio interés, y por cierto están de fiesta porque toman de nosotros una cifra récord millonaria) y los Desagradables/Interesados, como Trump.
Para una mejor sociedad es muy sugestivo el que debemos neutralizar el daño que hacen los Interesados y fomentar que haya más Generosos. Los extremistas son por naturaleza Interesados, nada más dispuestos a tomar, no a dar. Ante ellos conviene recordar las palabras de Golda Meir: "La paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos que lo que nos odian a nosotros". El mundo se debate ante ideologías opuestas, sí, pero en el fondo la lucha es entre Generosos e Interesados.
Ser Equitativo ya no es suficiente.
@eduardo_caccia
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Economía de la extorsión/Juan E. Pardinas
Reforma
Hace poco más de un año, Luis de la Calle escribió una serie de cuatro artículos con el mismo título que lleva este texto. Desde aquella primera lectura, con frecuencia me tropiezo con ejemplos y noticias que confirman la hipótesis de De la Calle: la extorsión se ha convertido en el principal freno a la inversión, el crecimiento y la productividad en México.
La economía de la extorsión tiene tres dimensiones. La primera es una actividad criminal químicamente pura, ejecutada por delincuentes organizados que cobran "derecho de piso" y venden protección a negocios formales e informales. La segunda categoría de la extorsión tiene muchas versiones y variantes, desde un franelero que cobra una renta por estacionar un coche en el espacio público hasta una organización magisterial que usa los bloqueos carreteros como medio de presión en sus negociaciones contractuales. En esta segunda versión de la economía de la extorsión es un individuo o grupo de personas, no necesariamente vinculados al crimen organizado, los que ejecutan amenazas para extraer rentas de particulares o directamente del presupuesto gubernamental. La tercera variante del negocio de la extorsión es el abuso del poder público para ordeñar a un particular inerme frente a un acto de autoridad.
Si la extorsión se convirtiera en una materia de estudio en las escuelas de economía o negocios, nuestro país sería un lugar perfecto para hacer estudios de caso sobre todas sus variantes y modalidades. Al caminar por la Ciudad de México y cruzar frente a un edificio o casa en construcción, con un ojo medianamente observador se pueden encontrar letreros de lámina que dicen: "Esta obra está totalmente controlada por el sindicato" fulano o mengano. Se puede suponer que ese "control total" sobre la obra implica costos adicionales sobre el proyecto arquitectónico. Ese sobreprecio es el impuesto sindical que disfraza a una extorsión.
La economía de la extorsión es uno de los grandes promotores de la economía informal. Para la empresa informal la extorsión es una especie de "ventanilla única" que resuelve muchos o todos sus problemas de sobrevivencia al amparo de la ilegalidad. En contraste, las empresas formales, sobre todo las medianas y pequeñas, tienen que padecer la extracción de rentas de inspectores de distintos niveles de gobierno. En cierto sentido, el empresario informal tiene mayor certidumbre en su relación con la autoridad. Con un buen coyote, gestor o líder de ambulantes que "aceite" la maquinaria, un tianguista resuelve sus "trámites y permisos".
La extorsión criminal florece a la sombra de un Estado fracasado. Los ciudadanos tienen certeza de que la autoridad no les ofrece garantías de proteger su integridad física y patrimonial, por lo que prefieren la "seguridad" de la protección criminal. La extorsión del franelero y los manifestantes que bloquean una carretera son consecuencia de una autoridad incapaz de imponer la ley.
La economía de la extorsión también envenena la vida democrática del país. El gasto en publicidad por parte de distintos niveles de gobierno, partidos políticos y candidatos es una forma de comprar protección reputacional.
¿Qué sería de la industria del periodismo impreso y electrónico, si los medios sólo pudieran recibir ingresos financieros de la venta de publicidad comercial y/o el pago de sus audiencias?
Lo más preocupante de este problema es cómo los mexicanos nos vamos acostumbrando a que la extorsión es ya una parte inevitable de vivir y hacer negocios en México. Nos acostumbramos las personas y se acostumbran las instituciones a estas reglas no escritas, pero funcionales, que nos han impuesto la delincuencia y la corrupción.
@jepardinas
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Justicia y cambio cultural/ Gerardo Laveaga, director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Reforma
El mayor desafío que enfrenta nuestro sistema penal acusatorio es, a no dudarlo, el cambio cultural. Se dice fácil. No lo es. Muchos de sus operadores, a lo largo y ancho del país, siguen creyendo que las figuras sólo fueron rebautizadas y siguen conduciéndose como en los viejos tiempos.
Al entrar a una agencia del MP o a un juzgado penal, no se advierte un solo vestigio del cambio... A quien albergue dudas, le bastaría repasar la audiencia inicial del ex gobernador Javier Duarte, donde ni el juez de control, ni el defensor, ni el agente del MP parecían darse cuenta de que estaban actuando bajo un nuevo modelo procesal.
En México, durante años, la policía se dedicó a espiar: quién se acostaba con quién y quién hacía negocio con quién. Los agentes del Ministerio Público, a practicar decomisos e interrogatorios, cuyas constancias apilaban en voluminosos expedientes. Los jueces, a verificar, sello en mano, si el MP había satisfecho los requisitos legales o no. El camino más rápido para todos era la prisión preventiva.
¿Resultado?: una ineficacia pavorosa. Para dar resultados, por tanto, el nuevo sistema no sólo exigirá de capacitación técnica la cual se puede proporcionar con relativa facilidad sino de un cambio de chip. Esto es lo endiabladamente complicado. Cuando se aprende un nuevo idioma en edad madura, la resistencia al cambio es inevitable y uno se empeña, inconscientemente, en seguir pensando en su lengua nativa. Con el nuevo sistema, pasa lo mismo.
El cambio cultural va a suponer, por tanto, que los policías entiendan que su investigación es la base del proceso. Si ellos fracasan al obtener las evidencias que permitan condenar y deben ser pruebas legítimas, el proceso se derrumbará.
Los agentes del MP tendrán que argumentar con destreza y construir una hipótesis bien urdida, que resista los embates del defensor. Necesitarán carpetas de investigación y no farragosas averiguaciones previas. Les hará falta imaginación.
Los jueces deberán asimilar, de una vez por todas, que son jueces y no inspectores de control de calidad. Juzgar no significa cotejar la Constitución o un código (tarea que podría realizar cualquier estudiante de preparatoria bien entrenado) sino adoptar resoluciones valientes, a partir del desencuentro adversarial.
El cambio cultural deberá llegar, finalmente, a la sociedad. Ésta debe entender que no todo asunto penal tiene que acabar con la prisión del inculpado. ¿La única forma de dar una lección a un raterillo que se robó un desodorante es fundirlo dos años en la cárcel? La experiencia internacional nos enseña que no.
Si quien dañó mi casa o robó mi reloj repara el daño, ¿para qué echar a andar una maquinaria que lo prive de su libertad? ¿No es mejor un acuerdo? Si quien cometió un delito grave reconoce su culpa y aporta evidencias para apoyar su declaración, ¿no merece que se le reduzca la pena, dado que ahorró tiempo y dinero al Estado? El nuevo sistema pretende que la mayoría de los conflictos se diriman a través de la mediación y los procesos abreviados.
Los perjudicados con el sistema lo mismo abogados que vivían de prolongar juicios, que burócratas a los que aterra la rendición de cuentas están promoviendo cuanto está en sus manos para frenarlo: reformas constitucionales, jurisprudencias que garanticen el retroceso, amparos... Tienen mucho que perder.
Pero la mayoría de los mexicanos tenemos mucho que ganar. Estamos ante un nuevo lenguaje y esto exige práctica y más práctica. Impulsemos el cambio cultural, que no sólo depende del gobierno, sino de los centros de trabajo, la empresa, la escuela, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación y la familia.
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Revista Proceso #2129, 20 de agosto de2017
El país, una gigantesca concesión/
MATHIEU TOURLIERE
El 13.5% del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras y vastas extensiones del Golfo de México se encuentran en manos de compañías que buscan extraer hidrocarburos. Además, 12 corporaciones operan la mayoría de los gasoductos que atraviesan el país y para 2029 el sector privado producirá la mayor parte de la electricidad en México.
Al percatarse de que la multiplicación de los megaproyectos se realiza sin tomar en cuenta las afectaciones a las tierras y a sus habitantes, la organización Geocomunes, que se dedica a la cartografía crítica, reunió información sobre los sectores minero, energético y de electricidad en México, y la plasmó en tres mapas temáticos.
De acuerdo con Mónica Piceno, integrante de la organización, los mapas del proyecto “Infraestructura para el despojo” exhiben cómo los nuevos actores e intereses privados acaparan zonas y recursos a costa de los territorios, del ambiente y las comunidades, y pretende aportar herramientas a los sectores afectados para oponerse a la privatización de sus territorios.
En el mapa sobre la extracción minera se aprecian manchas amarillas sobre 13.5% del territorio mexicano. Representan las 25 mil 506 áreas concesionadas al capital privado, que actualmente desarrollan en ellas mil 327 proyectos, la mayoría en la fase de exploración.
El oro es el metal más codiciado por las empresas mineras en México, pero sólo Goldcorp, de capital canadiense; Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, y Minería Frisco, de Carlos Slim, concentran la mitad del metal precioso extraído en el país. En 70% de los casos estas empresas extraen el oro en minas a cielo abierto, pese a los riesgos ambientales que implica ese método.
Según Geocomunes, extraer un gramo de oro implica mover un promedio de cuatro toneladas de roca y requiere 380 litros de agua, 43.6 kilovatios de electricidad –equivalente al consumo semanal de una familia– y 850 gramos de cianuro de sodio, un químico altamente tóxico.
Considera que los altos costos ambientales y sociales de la extracción de oro no se justifican, dado que en 2016, 60% de la demanda mundial de oro se destinó a la joyería, 30% a los bancos centrales para constituir reservas y sólo 10% se utilizó en los sectores industrial, médico y tecnológico.
En 2015 las empresas exportaron 14 mil 579 millones de dólares en minerales del subsuelo mexicano, mientras que las cuotas que pagan por las concesiones mineras son de 6.77 pesos por hectárea durante los primeros 10 años y 148 pesos por hectárea después de este lapso.
Además, las autoridades mexicanas dan un trato preferencial a las mineras. La Secretaría de Economía, que regula el sector, cierra los ojos ante los abusos denunciados por cientos de comunidades desde hace varios años, mientras el Servicio de Administración Tributaria cobró impuestos adicionales a sólo una de 10 empresas obligadas en 2015 (Proceso 2121).
Al ser considerada de “interés público”, la actividad minera tiene prioridad sobre algunas normas ambientales y 2.7 millones de hectáreas de territorio concesionado a empresas mineras se encuentran en zonas clasificadas como Áreas Naturales Protegidas, sobre todo en Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chiapas.
Territorios dañados
Según Geocomunes, la reforma energética implantada por Enrique Peña Nieto “ha acelerado la construcción de una nueva red de gasoductos a escala nacional, controlada principalmente por empresas privadas”.
En otro mapa del proyecto se ve el territorio mexicano atravesado por trazos de colores, que ubican los gasoductos construidos desde el año 2000 y la mayoría de los cuales conectan la red gasífera mexicana con la de Estados Unidos. Parte del gas importado se destina aquí a la generación de energía eléctrica, un sector también abierto a la iniciativa privada.
Sólo 12 empresas se reparten la mayor parte de los gasoductos. IEnova, filial mexicana del gigante estadunidense Sempra Energy, mueve la mayor cantidad de gas en el país: 7 mil 784 millones de pies cúbicos, que transitan cada día en sus 2 mil 744 kilómetros de gasoductos.
Presiden esa firma Carlos Ruiz Sacristán, cuya carrera política creció al amparo de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien lo nombró secretario de Comunicaciones y Transportes en 1994. En el sector privado formó parte del consejo de administración de OHL, la empresa española involucrada en varios escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto.
Geocomunes también cartografió las parcelas de territorio y mar territorial que el gobierno licitó o pretende licitar al capital privado en cuatro rondas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
En el mapa, gran parte de los territorios de estados con costas en el Golfo de México –desde Tabasco hasta Tamaulipas– aparecen tachadas, así como vastas áreas de agua. Según Geocomunes, las licitaciones de las cuatro rondas afectarán 274 municipios, la mayoría en Tamaulipas y Veracruz, además de 3 mil 89 núcleos agrarios.
En la región de la Huasteca-Totonacapan, en el norte de Veracruz, operan más de 2 mil pozos de fracturación hidráulica. Y a raíz de la reforma energética dicha zona, que forma parte de la cuenca Tampico-Misantla, tiene 17 áreas por licitar en la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Óscar Espino, oriundo de esa región e integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, asevera que la operación de los pozos provocó tensiones en el tejido social y lamenta que el gobierno mexicano fomentara la explotación de hidrocarburos en la zona sin consultar a las comunidades locales.
“Cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que operaban 2 mil 223 pozos de fracturación hidráulica en Veracruz, investigamos y descubrimos que ni una sola comunidad había sido consultada, que nadie sabía acerca de los químicos que utilizaba para la extracción ni los impactos ambientales de la misma”, deplora.
Añade: “En Papantla no sabemos cuánto gas se ventila de los pozos y el quemador se encuentra a 200 metros del kínder”.
De acuerdo con Espino, antes que una zona de licitación “somos territorios náhuatl, téenek y totonaca”. De igual manera, lamenta que varios pobladores de la región se vistieran “de zanahorias” –en referencia al uniforme que utilizan los trabajadores petroleros– en lugar de resistir contra la explotación de hidrocarburos no convencionales.
CFE pierde el monopolio
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también perdió el monopolio que tenía sobre la producción de energía eléctrica, porque el gobierno prevé que las dos terceras partes de ella sea producida por actores privados en 2029 (contra 47.8% en 2014).
Según Geocomunes, las consecuencias sociales serán negativas: “Aumentará la cesión de territorio y recursos a empresas privadas, incrementando también el número de actores, intereses y seguridad privada con los que las comunidades se enfrentarán para evitar ser despojadas”.
Actualmente la iniciativa privada –en particular las trasnacionales Gas Natural Fenosa, Grupo México e Iberdrola– opera 48 centrales de ciclo combinado, contra apenas 15 por parte de la CFE.
La organización rechaza el argumento según el cual la privatización del sistema eléctrico mexicano era necesario, porque las fuerzas del Estado son incapaces de responder a la demanda creciente de energía. El “excedente eléctrico” se destina en gran parte a los sectores industriales, “encabezados por el capital trasnacional”, apunta.
Ejemplo de ello, sostiene, es la modalidad de “autoabastecimiento”, a través de la cual un grupo de empresas se asocia para construir un proyecto eléctrico y se adueña de la energía producida, que puede enviar a sus propias fábricas y centros de actividad.
“Esta modalidad ha sido ampliamente aprovechada por oligopolios”, denuncia tras enlistar a los principales socios de las centrales de autogeneración eléctrica, entre ellos las cementeras Holcim y Cemex, la siderúrgica Ternium, las mineras Grupo México, Grupo Ferrero Minero e Industrias Peñoles, así como las embotelladoras Femsa y Pepsico.
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Revista Proceso #2129, 20 de agosto de2017
“Panama Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca/
MATHIEU TOURLIERE
En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.
Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.
Lozoya no lidió directamente con el despacho panameño: se valió de los servicios de Kalliopi Paky Houriet, una abogada del sector financiero, exvicepresidenta del Chase Manhattan Bank, experta en incorporación de sociedades offshore y una de las primeras clientas de Mossack Fonseca en Suiza.
Ese mismo año, en agosto, Houriet pagó 96 dólares con 30 centavos a Mossack Fonseca para costear el papeleo que realizó el despacho en el otorgamiento del poder de administración de la cuenta bancaria a Lozoya.
En 2012, Lozoya se incorporó a la campaña del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto como coordinador de asuntos internacionales. Cuando Peña llegó a Los Pinos, Lozoya se convirtió en director general de Pemex.
Altos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante la justicia de su país que otorgaron “propinas” por 10 millones de dólares a Lozoya, primero mientras formaba parte de la campaña de Peña Nieto y luego como director de Pemex, a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública, como lo exhibió la organización periodística Quinto Elemento Lab en un reportaje publicado en este semanario (Proceso 2128).
Según los brasileños, el dinero de las “propinas” transitó por sociedades fantasma del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, para terminar en cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, tres paraísos bancarios.
La semana pasada, Lozoya negó las acusaciones en su contra –las calificó de “chismes”– y amagó con demandar por difamación a quien las difundiera.
Nuevos documentos –que forman parte de la investigación global Panama Papers– muestran que Lozoya estaba familiarizado con las prácticas y la secrecía del inframundo offshore antes de integrarse a la campaña de Peña Nieto.
Los 11.5 millones de archivos de Mossack Fonseca fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a más de 100 medios de comunicación internacionales, incluido Proceso.
“Lozoya Austin, de Tlalpan”
Para los circuitos financieros, Paky Houriet tiene una identidad trasnacional: originaria de la ciudad griega de Sitia, consiguió la nacionalidad suiza y en 1997 se fue a los Estados Árabes Unidos, con un domicilio registrado en Dubái.
Paky conocía perfectamente lo más recóndito del sistema offshore. Un ejemplo: solventaba sus deudas con Mossack Fonseca a través de la sociedad Investment & Financial Consultants, S.A. que, a pesar de estar domiciliada en Ginebra, se instaló en Liberia en 1986, apenas un año después que el dictador Samuel Kanyon Doe organizara elecciones fraudulentas para legitimarse en el poder, con el beneplácito de la administración estadunidense de Ronald Reagan.
A diferencia del trato que reservaban a sus demás clientes, el tono que los empleados de Mossack Fonseca en Ginebra utilizaban con Paky rebasaba la cordialidad. “Hola mi dulce (…) un abrazo grande, grande”, le escribió uno de ellos, Ninotchka Cayuso, en 2010, en un intercambio de correos electrónicos que tenía la finalidad de conseguir una visa de residente panameña para la mujer, quien tenía entonces ganas de retirarse.
Este trato especial tenía una razón: en su correspondencia, los empleados del despacho panameño se referían a la mujer como “la primera clienta de (la filial de) Mossack Fonseca en Ginebra”. Desde 1993 Houriet acudió en numerosas ocasiones al bufete panameño para incorporar sociedades en distintas jurisdicciones offshore para el beneficio de sus clientes, muchos de ellos de origen griego.
Fue con esta familiaridad que el 23 de marzo de 2011 Houriet se comunicó con la oficina de Mossack Fonseca en Ginebra. En su correo electrónico pidió a los abogados que reunieran y enviaran por paquetería algunos documentos a la sede del bufete en Panamá.
Entre estos documentos, les pidió “un juego bancario completo, más una resolución bancaria en blanco y otra a nombre de la Sra. Kalliopi Houriet, de Dubái, UAE, y del Sr. Emilio Ricardo LOZOYA AUSTIN, de Tlalpan, México, FIRMANDO INDIVIDUALMENTE”.
Poco más abajo, precisó: “Por favor incluyan las facturas, el pasaporte de los directores y de Emilio Lozoya y mi pasaporte suizo en el paquete”.
En el correo, la mujer adjuntó una copia del pasaporte de Lozoya Austin, junto con dos facturas telefónicas emitidas a nombre de su padre, el político priista Emilio Lozoya Thalmann –amigo íntimo de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo sexenio fue secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal–, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques del Pedregal, en la delegación Tlalpan.
Los empleados del despacho se activaron y elaboraron una resolución del consejo directivo de Balerg Associates Inc., fechado el 28 de marzo de 2011.
Este documento indicó que la sociedad abriría una cuenta bancaria y una caja fuerte en un banco –dejaron el espacio en blanco para que Houriet lo llenara más tarde– y dieron un poder de administración a Houriet y Lozoya sobre las mismas.
El siguiente 6 de abril Houriet viajó a Panamá con el propósito de abrir dos cuentas bancarias, una de ellas para la sociedad Balerg Associates Inc., en Prival Security Inc., una filial del banco panameño Prival Bank, S.A.
En un correo electrónico enviado desde su teléfono celular, informó ese día que esperaba la respuesta de los bancos, pero indicó que “Giovanna de Prival aceptó”. Yakeline Pérez, empleada del despacho, le contestó que tenían los documentos “debidamente firmados para las sociedades”, mismos que le fueron entregados “en manos propias” el mismo día.
Los correos electrónicos sugieren que no hubo mayores problemas para la apertura de la cuenta bancaria.
Dos semanas después, el 20 de abril, el departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca procesó el perfil de Lozoya en su sistema de revisión global, para determinar si el hombre tenía antecedentes criminales o era un personaje políticamente expuesto. La búsqueda no arrojó resultados.
Lo más opaco
La sociedad formalmente titular de la cuenta, Balerg Associates Inc., era una sociedad de papel que Mossack Fonseca instaló en Panamá el 4 de enero de 2010 bajo la modalidad más opaca del sistema financiero: con acciones al portador.
En el esquema tradicional de las sociedades, las acciones se registran a nombre de sus dueños, lo que formaliza su condición de socios. En cambio, las acciones al portador no están vinculadas con ningún individuo: quien tiene el certificado de acciones es accionista en ese momento.
En febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera urgió a los países a prohibir las acciones al portador. En su informe global, el grupo consideró que, al garantizar el anonimato de los socios, estas acciones podían ser “utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo”.
En febrero de 2010, Paky Houriet compró las acciones de Balerg Associates Inc., a Mossack Fonseca y obtuvo un poder de administración; en paralelo, empleados del despacho continuaron en su función de “directores nominales” de la sociedad.
En otras palabras: en los registros de la empresa en Panamá, nunca aparecía el nombre de Houriet; mucho menos el de Lozoya.
El 3 de abril de 2016, cuando salió a la luz la investigación global Panama Papers, Proceso reveló que el pasaporte de Lozoya se encontraba en los archivos internos de Mossack Fonseca.
Horas después, Lozoya publicó un extraño desmentido en su cuenta de Twitter. Negó “categóricamente” haber “registrado o creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en ese país”.
Aunque matizó: “Es posible que cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional intentó crear esta estructura, lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”.
Llama la atención que en ningún momento el reportaje de Proceso mencionó la sociedad y la cuenta panameñas, mismas que Lozoya negó haber abierto.
Mossack Fonseca incorpora sociedades en jurisdicciones offshore con distintos propósitos –entre ellos el de detener cuentas bancarias–, pero no interfiere en las gestiones que hacen sus clientes con estas sociedades. En este caso, se desentendió del asunto después de liberar los documentos que autorizaban a Houriet a abrir una cuenta bancaria a nombre de Balerg Associates Inc., con un poder de administración adjudicado a Lozoya.
Lo cierto es que, durante los siguientes cuatro años, la mujer pagó a Mossack Fonseca por el servicio de “directores de papel” de la sociedad Balerg Associates Inc., a través de su entidad liberiana, como consta en las facturas que conservó el despacho. En diciembre de 2015, Houriet pidió a Mossack Fonseca que disolviera la sociedad.
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Revista Proceso #2129, 20 de agosto de2017
Caso Odebrecht, un expediente vacío en la PGR/JORGE CARRASCO A. Y PATRICIA DÁVILA
En medio del caso internacional de corrupción que tiene en los tribunales a expresidentes de Brasil y de Perú, así como a funcionarios de otros 10 países, la PGR y la Secretaría de la Función Pública apenas comienzan a integrar sus indagaciones sobre los señalamientos directos contra el exdirector general de Pemex. Hasta ahora cuentan con lo que se ha publicado en los diarios y con oficios burocráticos, afirma el abogado de Emilio Lozoya Austin, Javier Coello Trejo.
De acuerdo con la defensa del exfuncionario y documentos internos de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos por Proceso, el Ministerio Público no se ha movido gran cosa para indagar el papel de Pemex en el escándalo que desde hace ocho meses destapó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que involucra a la petrolera mexicana, según las investigaciones en ese país y en Brasil.
La PGR tiene una carpeta de investigación con oficios burocráticos de solicitud de información, recortes de periódicos, copias de tres contratos de Pemex con Odebrecht y declaraciones de 19 funcionarios de la empresa estatal, pese a que la justicia estadunidense califica el caso de corrupción trasnacional como el mayor de la historia.
Eso fue con lo que se encontró Emilio Lozoya Austin el jueves 17, cuando acudió a la PGR, a decir de su abogado, Javier Coello Trejo, y que lo llevó a declarar ante la prensa que no hay ni una sola prueba en su contra.
La PGR no ha tenido prisa por investigar y está a la espera de la información que le quieran dar los gobiernos extranjeros que investigan la trama internacional.
La lentitud de la procuraduría fue evidenciada por el mismo Lozoya en su afán de deslindarse del caso de corrupción en el que están implicados funcionarios de una docena de países y que ha derivado en procesos judiciales incluso contra los expresidentes Lula da Silva, de Brasil, y los de Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
En México, la escenificación ha reemplazado las investigaciones. El jueves 17 Lozoya y la PGR protagonizaron un acto anticlimático después de que los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, integrantes del colectivo de periodistas Quinto Elemento Lab, dieron a conocer en este semanario (Proceso 2128) los señalamientos de tres exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el exrepresentante de la compañía en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, sobre las supuestas “propinas” por 10 millones de dólares entregadas por la constructora al exfuncionario mexicano a cambio de que le otorgara contratos de Pemex.
Lo que ocurrió en la PGR confirma que el exdirector de la petrolera está a salvo en las indagatorias, como declararon a la prensa Lozoya y Coello Trejo después de presentarse a la audiencia. A pesar de que pidió desde mayo que lo citaran a declarar, Lozoya decidió acogerse al artículo 20 de la Constitución para no declarar nada al principio. Sólo iba por la carpeta de investigación.
Coello Trejo, subprocurador de la PGR en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue conocido como El Fiscal de Hierro, explica en entrevista que el citatorio les llegó el lunes 14, después de la publicación del mencionado reportaje en este semanario. Según él, comprobaron que en la carpeta judicial del caso Odebrecht no hay nada que implique a Lozoya.
Asegura que en la carpeta hay oficios “de hace dos o tres meses” en los que la PGR le pide información a Brasil, sin que haya respuesta. Dice que está la denuncia en la que Pemex le entrega a la procuraduría los contratos que firmó Pemex Transformación Industrial con Odebrecht.
“Lo que hay es una serie de notas periodísticas. Están las declaraciones de 19 funcionarios de Pemex y varios oficios de hace dos o tres meses en donde la PGR le solicita a la fiscalía de Brasil que le mande lo que exista dentro del proceso en contra de Odebrecht”. Pero hay un convenio de confidencialidad de la justicia brasileña con la constructora.
También hay peticiones de la PGR a los fiscales y procuradores de Perú y Colombia, “pero al día de la comparecencia, ninguno había contestado”. La PGR pretende saber si existen los mismos elementos de prueba y si hay alguna relación con Pemex, explica Coello Trejo.
Añade que los 19 funcionarios citados son quienes participaron en los estudios de análisis de costo, los titulares de varias áreas, así como los consejeros independientes. “A ellos –detalla– se les interroga sobre tres contratos; dos de ellos en Tula y otro que no se concretó”.
Añade que, en una declaración, “el Ministerio Público le pregunta a uno de los funcionarios que comparecieron si recibió instrucciones del licenciado Lozoya para otorgar dicho contrato, y contestó que no”.
MP bajo sospecha
Pese a la versión de su abogado, los señalamientos contra Lozoya siguieron llegando desde el extranjero. Al mismo tiempo que recibía el citatorio de la PGR, el lunes 14 se conoció información detallada sobre los alegados depósitos de Odebrecht a Lozoya a través de empresas offshore, según una publicación del periodista Raúl Olmos, de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Según la defensa de Lozoya, se trata de datos falsos que pueden ser objeto para una demanda por daño moral.
Experto en la creación de sociedades internacionales de inversión y mencionado en la revelación periodística global conocida como Panama Papers, en la que participó este semanario, Lozoya se ha presentado hasta ahora, de la mano de la PGR, como víctima de esos señalamientos, a falta de evidencia ministerial en México.
El 21 de diciembre del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había llegado a un arreglo económico con Odebrecht y su filial Braskem para pagar 3 mil 500 millones de dólares de multa por el caso más grande de soborno internacional en la historia.
Según la acusación, entre 2001 y 2016 Odebrecht pagó unos 439 millones de dólares en sobornos a cambio de obtener proyectos de construcción por mil 400 millones de dólares en 12 países: Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En la acusación radicada en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York se asegura que entre 2010 y 2014 Odebrecht hizo “pagos corruptos” por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos y esos sobornos le redituaron beneficios por más de 39 millones de dólares
Precisa que, en octubre de 2013, Odebrecht acordó sobornar “a un funcionario de alto nivel de una empresa mexicana estatal” a cambio de ayudar a la constructora para ganar un proyecto. Señala que entre diciembre de 2013 y finales de 2014 Odebrecht, “a través de su División de Operaciones Estructuradas”, pagó a ese funcionario 6 millones de dólares.
Los detalles de esos supuestos pagos a Lozoya fueron entregados por Luis Alberto de Meneses, como testigo colaborador, a la justicia brasileña, según la mencionada publicación de Proceso.
A pesar de las acusaciones desde el exterior, lo único evidente hasta ahora es la dilación de la PGR. Su titular, Raúl Cervantes Andrade, y el exdirector de Pemex, formaron parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, año en el que, según De Meneses, Lozoya Austin recibió dinero de la compañía brasileña. Lozoya fue encargado de asuntos internacionales, y Cervantes, de asuntos jurídicos.
Pasaron casi cuatro meses para que la PGR empezara a recabar información fuera del Ejecutivo federal. Fue hasta el pasado 4 de abril que el Ministerio Público Federal requirió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, informes sobre la presencia de la empresa brasileña en México.
En esa fecha el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales le envió un oficio al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF para indagar “con carácter urgente y confidencial… si la persona moral Constructora Norberto Odebrecht y/o alguna de sus filiales ha tenido contratos en alguna entidad de la República Mexicana, estatal o municipal”.
Así de general fue la petición hecha por la agente del Ministerio Público encargada de investigar el caso Odebrecht en México, Silvia Nathalie García Ocampo. Ella fue acusada por el abogado Paulo Díez de haberle sembrado un arma para detenerlo el 7 de septiembre de 2015, en el contexto de la confrontación del litigante con la constructora española OHL, de la que el exdirector general de Pemex fue empleado antes de incorporarse a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Un mes después, la inacción de la PGR fue exhibida por el propio Lozoya en una carta dirigida a Cervantes Andrade y firmada de recibido por la oficina del procurador el 16 de mayo de este año. En la misiva, que tiene el sello del despacho de Coello Trejo, el exdirector de Pemex aseguró que se dio por enterado de las investigaciones contra Odebrecht en México en el mes de abril por información pública y declaraciones de funcionarios gubernamentales.
Después de un repaso de su vida académica y profesional, en el que omitió su paso por OHL, Lozoya aseguró que estaba “ubicable y localizable” en la Ciudad de México, “a disposición de cualquier autoridad local o federal para cualquier acto en que se requiera mi presencia”. Además de los datos de sus abogados, da como referencia su actual trabajo como director general de Makech Capital, un fondo de inversión al que ubicó en Prado Sur 274, en las Lomas de Chapultepec.
A fin de aclarar su actuación como director de Pemex “y para evitar que se genere una persecución política en mi contra”, le pidió al procurador que lo citara a comparecer para comprobar “si existe en mi contra alguna imputación y en su caso el contenido de la misma” por el caso Odebrecht.
La PGR siguió sin actuar. Después de que Proceso difundió el domingo 13 la información que también circuló en Brasil sobre los señalamientos directos contra Lozoya por parte de tres exejecutivos de Odebrecht, el Ministerio Público Federal decidió citar a Lozoya el pasado jueves 17.
“Investigación administrativa”
En la víspera de su comparecencia, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de la exprocuradora Arely Gómez, dio a conocer que desde junio había iniciado “una investigación administrativa” contra Lozoya, a quien el aspirante independiente a la Presidencia, Emilio Álvarez Icaza, señaló de interceder para adjudicarle concesiones y proyectos a OHL.
Según la denuncia de Álvarez Icaza ante la SFP el 15 de mayo, presuntamente hubo “colusión, coalición y peculado” de funcionarios del gobierno federal, incluido Lozoya, a favor de OHL, y derivó en beneficios para la campaña del priista Alfredo del Mazo para gobernador del Estado de México.
Coello Trejo asegura que en el caso Odebrecht “los contratos fueron perfectamente otorgados. Todos creen que desde el inicio la obra fue adjudicación directa, pero no, hay una convocatoria en la que participaron 10 empresas.
“Pero allí el director de Pemex no tiene nada que ver, él es el director general. No es quien firma los contratos ni el que da visto bueno si se contrata o no. Son los consejos de administración de las subsidiarias cuando los montos de los contratos no exceden de cierta cantidad; cuando exceden tienen que ir al consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. En este caso, como fueron menos de 150 millones de dólares, el consejo de administración de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial, integrado por las secretarías de Hacienda, Energía, Economía, la Auditoría Superior de la Federación y los empleados de Pemex, como directores y gerentes, son quienes realizaron el trabajo”, explicó.
Al final quedaron tres empresas: ICA-Fluor, Saipem y Odebrecht, “pero sucede que no le dan el contrato a Saipem porque tenía problemas con obras que no había terminado, y de acuerdo con la ley no le puedes dar contratos a alguien que tenga contratos pendientes de entregar. Ica Fluor se baja de la licitación y la única que quedaba era Odebrecht, por eso el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó”.
Cuando la ASF y la SFP auditaron estos contratos y el procedimiento de asignación, no encontraron ningún problema, dice el litigante.
Sobre la experiencia de Lozoya para mover recursos a través de fondos de inversión, Coello dice: “Él fue miembro de consejos de administración de empresas mundiales, es una gente muy preparada. Pero eso no quiere decir que él haya abierto cuentas. Vivía en Estados Unidos y viene invitado por el licenciado Peña para unirse a su campaña en el aspecto internacional”.
Además, observa, “aquí viene un contrasentido entre lo que dice De Meneses y lo que leí en la revista Proceso, cuando dice: ‘Nosotros sabíamos que él iba a ser director de Pemex’. El mismo Lozoya no sabía eso.
–¿Pudo llegar ese dinero a la campaña presidencial?
–No hagamos juicios de valor, no especulemos, es nuestro presidente. Yo no tengo ninguna razón para pensar, ni siquiera imaginarme eso; no se hubiera arriesgado. Vivimos en un estado de derecho. Existen leyes, procedimientos. Lo que no se debe hacer es lapidar, denostar a una persona mientras no haya una prueba fehaciente, técnica y jurídica que lo acredite.
Insiste: “Esperemos a que la procuraduría investigue y no reventemos algo que lapida y acaba con un hombre. ¿Qué va a pasar si se determina que no hay dinero que le hayan entregado a él? Hasta ahora todo ha sido mediático. Por eso quiero una copia completa de la carpeta. Que investiguen quién sacó el dinero de la cuenta de destino y allí se acabó el caso”, asegura.
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Revista Proceso #2129, 20 de agosto de2017
Carta a Proceso
LA REDACCIÓNEn su calidad de apoderado legal de Emilio Lozoya Austin, el abogado Javier Coello Trejo envió a Proceso la siguiente carta de su representado, en relación con el reportaje que en portada se tituló “Los sobornos de Odebrecht. Testimonios en Brasil involucran a Lozoya”, publicado en la edición 2128 de la revista.
Niego categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios.
La información contenida en la nota carece de prueba documental alguna, y relata una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin, sobre supuestos hechos en los que participé, y empresas con las que supuestamente tengo relación. Asimismo señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé ni quiénes son, ni los he conocido.
Niego categóricamente estas aseveraciones.
Asimismo, suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir lo que sea a cambio de reducción de condenas.
He reiterado mi interés de que este tema sea investigado y sancionado, pero es lamentable que esto se lleve a chismes y acusaciones sin fundamento ni prueba.
Jamás he participado en actos de corrupción. La revisa Proceso ha mentido reiteradamente en este y otros temas, y jamás ha probado sus alegatos a mi persona.
Emilio Lozoya Austin
Respuesta, de los reporteros..
Como quedó asentado en la publicación del texto que en páginas interiores se tituló “Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos” (Proceso 2128), firmado por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic/Quinto Elemento Lab, este semanario no se ostenta como autor, sólo le dio cabida a ese trabajo elaborado por profesionales adscritos a la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
Cabe añadir que la función del periodismo es la de informar, por lo que es desproporcionado tratar a éste o a cualquier otro medio de comunicación como “parte acusadora” obligada a presentar “alegatos”, como se infiere de la carta del exdirector de Pemex.
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