Pifias y despilfarros durante su gestión en Pemex/JESUSA CERVANTES
Emilio Lozoya Austin ha guardado prudente silencio en torno a una serie de gastos ilógicos y absurdos durante su gestión como director de Pemex; nada dijo, por ejemplo, ni cuando la Auditoría Superior de la Federación documentó las pifias de un contrato multianual para la compra de 700 carros tanque a una empresa texana en mayo de 2013. El funcionario se mostró generoso y pagó un anticipo de 30% a la firma, que finalmente no entregó las unidades. Y aun cuando todo eso está documentado, nadie le ha pedido cuentas.
El escándalo que envuelve al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht–, representa sólo 36.5% de los millones de dólares que él le entregó a una empresa asentada en Texas para la construcción de 700 carros tanque, de los cuales sólo 15 se incluyen en el inventario de la petrolera.
Lozoya hizo esa inexplicable operación cuando estuvo en la dirección de Pemex. Y, a diferencia del caso Odebrecht –que se basa en señalamientos de tres exfuncionarios de la empresa brasileña–, estas irregularidades están documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pese a ello, el talentoso operador y favorito de Enrique Peña Nieto continúa intocable.
El 30 de mayo de 2013 –Lozoya tenía sólo cinco meses en el gabinete de Peña Nieto–, la petrolera autorizó un contrato multianual por 91 millones 295 mil 500 dólares para que Pemex Refinación comprara 700 carros tanque para transportar hidrocarburos destilados (gasolina) de las refinerías de Tula y Salamanca, así como para el desalojo de metales pesados.
Para realizar todos sus proyectos, así como para licitar y firmar contratos, Pemex requiere de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cuando la petrolera pidió esa autorización, el secretario de Hacienda era Luis Videgaray, quien avaló el proyecto bajo el número 1218T4M0036.
La empresa contratista se comprometió a entregar el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 los 700 carros tanque. Hasta ahora, según corroboró la ASF al realizar su auditoría financiera y de recepción de los bienes, sólo hay 15 de esos vehículos en la refinería de Tula, que ni siquiera están a nombre de Pemex, pues se mantienen bajo la tutela de la contratista.
El problema no es sólo la inexistencia de los carros tanque, sino que el entonces director de Pemex dio a la empresa 27 millones 359 mil 100 dólares como anticipo. Esa suma se perdió, según la ASF.
Filial de Pemex
Especialista en operaciones financieras, Lozoya Austin continúo la promoción de operaciones de Pemex a través de sus filiales en el extranjero, Pemex Comercio Internacional (PMI), las cuales no se rigen por las leyes locales y por lo mismo son difíciles de auditar.
A contracorriente, la ASF siguió la pista de la millonaria operación que inició Lozoya Austin a escasos cinco meses de haber llegado a Pemex. De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento 15-6-90T9K-02-0515, la ASF encontró que la justificación de Pemex Refinación ante la SCHP para lograr la autorización fue que:
“El carro tanque produce menor dióxido de carbono que el auto tanque, que este último es más costoso; existe baja disponibilidad de carros tanque en el mercado; se disminuiría la dependencia en el desalojo de productores de las refinerías; se obtendrían ahorros por bonos de carbono y se reduciría el costo de operación de Pemex Refinación.”
La ASF encontró que en el contrato se pactó un anticipo de 10%, pero Pemex, en su benevolencia, decidió darle 30% a la empresa, cuyo nombre no figura en el informe de la ASF, aunque se sabe que es Ethan Gas Oil, radicada en Texas.
Las fechas de entrega –30 de septiembre y 31 de octubre de 2015– no se pudieron cumplir, sostuvo Ethan Gas Oil, debido a un cambio en la norma internacional “DOT-111” (especificaciones para la construcción de carros tanque) por la DOT-117 que se publicó en mayo de 2015.
Así, según las nuevas normas los carros tanque construidos bajo la norma DOT-111 “no podrán circular en Estados Unidos y Canadá por no cumplir con los requerimientos de seguridad, por lo que, para estar en posibilidades de llevar a cabo el desalojo de combustóleo pesado para su exportación, Pemex Refinación y el proveedor acordaron, por medio de un memorándum de entendimiento, realizar los ajustes en el diseño y fabricación de las unidades”, según la auditoría.
En su informe a la ASF, Pemex sostiene que el proyecto autorizado por la SHCP, de poco más de 91 millones de dólares, había tenido cinco adecuaciones debido al cambio de la ya citada norma, “con lo que dicho importe se transfirió en su totalidad a otros proyectos debido a que el primero (el que fue autorizado para Pemex) se suspendió del 1 de agosto al 3 de noviembre de 2015”.
Sin embargo, los más de 27 millones de dólares ya habían sido entregados a la empresa.
“No obstante –indica el informe de la ASF–, de acuerdo con los registros contables a diciembre de 2015, el monto ejercido acumulado del proyecto ascendió a 358 millones 486 mil 300 pesos.”
En agosto de 2016, fecha de la auditoría, la cotización peso-dólar era de 13.10 pesos, lo que da los 27 millones 359 mil 100 dólares que Pemex entregó como anticipo a la empresa.
Si bien el contrato autorizaba un anticipo de 10%, Lozoya decidió entregarle 30%. En su verificación, la ASF pudo encontrar 15 carros tanque en la refinería de Tula, pero la empresa le aclaró que no son de Pemex, sino de la firma estadunidense, la cual, por cierto, se había comprometido a entregar 20 unidades por semana hasta completar las 700. Hasta ahora no ha cumplido.
Otro dato extraño fue la forma en que se realizó la licitación. Según Pemex, la contratación de una empresa mexicana “no era la opción idónea”, pues ello implicaría un retraso de 110 días debido a las reglas internacionales; además, tendría que pagarse la renta a dos empresas ferroviarias.
Así es que se decidió que PMI, mediante su filial Pemex Integrated Trade Systems Inc., lanzara la licitación internacional, con invitación restringida. La filial se cambió de nombre a Pemex Procurement International, Inc. (PPI), y fue la encargada de la licitación internacional. De las concursantes, sólo una –Ethan Gas Oil– pudo cumplir los requisitos, si bien fue la que presentó la cotización más alta.
La licitación tampoco contó con un testigo de la Secretaría de la Función Pública. La dependencia federal arguyó que, por tratarse de una filial de Pemex ubicada en Houston, Texas, “no se encontraba sujeta a las disposiciones normativas de la contratación (mexicanas)”.
A diferencia del presunto soborno a Lozoya por 10 millones de dólares por parte de Odebrecht, en el caso de los carros tanque la ASF pudo comprobar la entrega de más de 27 millones de dólares a la empresa texana.
El desastre que dejó
Cuando Emilio Lozoya Austin llegó a Pemex, la dependencia tenía asignados 13 mil millones de pesos para los gastos de sus oficinas centrales; al dejarla, en febrero de 2016, la demanda era de 67 mil millones de pesos, según el reporte que recibió el consejo de administración en su sesión de ese mes.
Recién llegado a Pemex, Lozoya firmó un contrato para las oficinas corporativas por 2 mil 445 millones de pesos para la adquisición de aviones, helicópteros y autos para ser utilizados en el combate al robo de hidrocarburos y basados en un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional. El documento se mantiene en reserva “por seguridad”.
Sin embargo, ante las innumerables quejas de que Lozoya utilizaba las aeronaves para viajar de la Torre de Pemex al hotel Camino Real –que está a 10 minutos en auto–, el PAN pidió a la ASF una auditoría especial.
De esa manera se supo que un helicóptero adquirido para combatir el robo de combustible fue utilizado 54 ocasiones desde la Torre GAN –donde están las oficinas de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México–, en Polanco.
Otras naves se usaron para trasladar a Lozoya a Bosques de las Lomas, al periódico El Financiero, el Hospital Militar, el Hospital Ángeles, Parque Bicentenario, Cuernavaca, Valle de Bravo, un hotel Hilton, el hotel ONE, Cancún, Huatulco, Acapulco, Zihuatanejo, Nueva York, San Antonio, Houston, Los Ángeles y Maine. En ninguno de estos lugares hay tomas clandestinas de hidrocarburos (Proceso 2107).
Pero no sólo fueron los viajes, también fue el remate de bienes, como el complejo petroquímico de Pajaritos al empresario Antonio del Valle, quien no sólo lo desapareció luego de la explosión por falta de mantenimiento, sino que después recuperó lo invertido; la aseguradora le pagó a él y no a Pemex por el siniestro.
El ingeniero José de la Cruz Chung, quien entre 2001 y 2003 se encargó de los trabajos de ampliación de la planta, mostró con documentos cómo desde el sexenio de Felipe Calderón se pactó su venta a Del Valle y su empresa Mexichem a 60% de su valor.
El 10 de septiembre de 2013, una vez que se saneó la planta Clorados III –que forma parte del complejo Pajaritos– entre 2001 y 2003, el gobierno pidió a la empresa Oxy Vinyls una evaluación de clorados y que su resultado se entregara a Del Valle para que éste pudiera hacer la oferta de compra, relata De la Cruz Chung (Proceso 2061).
La diputada de Morena y química extrabajadora de Pemex Rocío Nahle recordó que Pemex vendió en 250 millones de dólares a Del Valle, “cuando (el complejo) valía mil millones de dólares”.
Otro caso grave en el que estuvo implicado Lozoya como director de Pemex fue la compra de Agro Nitrogenados a uno de sus visitantes asiduos en los helicópteros de Pemex: Alonso Ancira, de Altos Hornos.
Agro Nitrogenados fue vendida por Pemex en 1992 a Ancira y a Xavier Autrey, pero cuando llegó Lozoya a Pemex se la recompró en 4 mil millones de pesos, a pesar de que tenía 14 años sin funcionar y se estaba derrumbando.
La ASF entró de nuevo a realizar sus indagaciones; el Consejo de Administración de Pemex sostuvo, en 2013, que se estaba ante la oportunidad de “invertir en una planta de fertilizantes que sería de gran rentabilidad”.
Según la ASF, Pemex pagó a Ancira y Autrey 3 mil 862 millones de pesos, pero lo que adquirió fue fierro viejo, según el avalúo hecho por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
“El nivel tecnológico se encuentra fuera de los parámetros aceptables (…) el grado de conservación general de los bienes se encuentra en un rango de regular a malo, e inclusive la maquinaria presenta faltas de algunas partes importantes.”
En noviembre de 2015 se determinó que 60% de los activos debía remplazarse y para la rehabilitación de Agro Nitrogenados, Pemex invirtió otros mil 200 millones de pesos.
Además de todo lo anterior, está la renta de 56 plataformas que Emilio Lozoya negoció para Pemex con sólo 14 empresas; entre ellas Oro Negro, del hijo de Francisco Gil Díaz, y del exdirector de Pemex, Luis Ramírez Corzo, exasesor de Lozoya. Esta empresa, a su vez, las rentó a Keppel Fels, con la cual Lozoya negociaba en Singapur el 31 de enero de 2013 mientras la Torre de Pemex se incendiaba.
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