La PGR (ahora Fiscalía) guardó casi dos años la investigación por robo de hidrocarburos contra el General Eduardo León Trauwitz, y una veintena de funcionarios quienes fueron denunciados desde el 27 de marzo de 2017 por el abogado Jorge García Adriano en representación de tres militares que afirman ser testigos de los ilícitos, pues estaban adscritos a la subdirección a cargo del General.
Según información del Gobierno federal, la querella se presentó por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación.
Es decir, fueron convocados un año, 9 meses y 23 días después de que se presentó la querella en la PGR del Gobierno de Peña. (nota de Abel arajas, Reforma).
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Le salió bien la jugada a Fox...!
ya tiene -el y Martha-, seguridad de nuevo; ocho militares a su servicio.
El quid es que mintió....Lástima.
Iban escoltas a boda; Fox denuncia comando
Un hombre y una mujer que viajaban armados a bordo de un vehículo intentaron ingresar al rancho del ex Presidente Fox, localizado en la comunidad de San Cristóbal en Guanajuato.
Aunque Fox aseguró en su cuenta de Twitter que un comando intentó entrar a su domicilio, personal de seguridad privada que resguarda las propiedades del panista señaló que en realidad se trató de una pareja de escoltas que se acercó al acceso privado por equivocación.
Según el personal de vigilancia consultado por REFORMA, (información de Jorge Escalante )las personas arribaron en una camioneta alrededor de las 10:00 horas y se detuvieron donde se localiza un retén de seguridad.
Los guardias de aquel sitio se acercaron a la pareja y observaron que portaban armas.
Al ser cuestionados, los sujetos indicaron que trabajaban como escoltas de una pareja de novios que contraería nupcias en el Centro Fox.
El personal de seguridad indicó que en el rancho no se celebraba ninguna boda y pese a que los sospechosos insistieron en buscar el evento, tras recibir negativas, regresaron por el mismo lugar donde ingresaron.
Más tarde, se confirmó que una pareja de novios se había hospedado en el hotel boutique ubicado en la comunidad San Cristóbal...
Horas después, por tarde, Fox utilizó sus redes sociales para reportar que un comando armado trató de ingresar a su vivienda e hizo responsable de su seguridad y la de su familia al Presidente Andrés Manuel López Obrador,...
De inmediato, el PresidenteLópez Obrador ordenó que una guardia de ocho elementos del Ejército resguarden la seguridad de sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón.
@lopezobrador_
He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen.
16:37 - 6 abr. 2019
Le salió bien la jugada en Twitter al Presidente Fox....
Tatiana Clouthier, aseguró que el expresidente Vicente “Fox no soportó vivir fuera del presupuesto” a pesar de que se la pasa criticando y denostando al presidente Andrés Manuel López Obrador.
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¿Y dónde quedó el EMP?
La decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al Estado Mayor Presidencial benefició a algunos de sus integrantes, pero afectó a la mayoría.
Al último Jefe de la corporación, Roberto Miranda, le dieron una agregaduría militar en España por dos años, al tiempo que otros de sus altos mandos fueron asignados a zonas militares, direcciones administrativas de la Defensa Nacional o puestos relevantes.
En contraste, cientos de uniformados dejaron sus áreas de especialización en ese órgano para incorporarse a batallones de la Policía Militar o en departamentos donde prácticamente no hay actividad.
Los pilotos que estaban a cargo de las 20 aeronaves presidenciales prácticamente están en la inactividad, pese a su experiencia internacional, por lo que van a sus oficinas a cumplir un horario de trabajo de 7:00 a 15:00 horas. (Nota Érika Hernández.Reforma).
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Las columnas políticas hoy, 7 de abril de 2019-Templo Mayor/Reforma
EN EL TEMA de la iniciativa para incrementar el número de ministros en la Suprema Corte queda claro que la cantidad es muy importante... pero también lo es la calidad.
PORQUE, si las ternas en las dos elecciones de nuevos ministros que le ha tocado proponer a Andrés Manuel López Obrador son un indicador, la cosa se puede poner color de hormiga.
Y CON ESO de que al Presidente le gusta repetir candidatos hasta que se los aprueben -o hasta que le toca decidir a él- hay quienes anticipan que en las nuevas ternas se verá a dos "renegadas" a quienes la toga ya se les negó dos veces.
SE TRATA de las morenistas Loretta Ortiz y Celia Maya, quienes sirvieron de comparsa en diciembre y en marzo cuando fueron elegidos Juan Luis González y Yasmín Esquivel. ¿A poco las propondrá oootra vez? Es pregunta sin repetición.
QUIEN anda con el Jesús en la boca es el ex alcalde de Hermosillo Manuel Ignacio Acosta, pues trae bronca tanto con sus compañeros priistas como con sus adversarios morenistas.
EN EL PRI le reprochan haber facilitado con su -mala- gestión la derrota tricolor en la capital sonorense. Y por el lado de Morena, le quieren cobrar cuentas que dejó pendientes en la alcaldía.
DE HECHO, la senadora morenista Lilly Téllez, quien trae la mira puesta en la gubernatura, ya lo agarró como bandera y quiere que "Maloro" sea llevado ante la justicia.
INCLUSO legisladores sonorenses presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, debido a que la Auditoría Superior de la Federación emitió 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra del ex alcalde quien, casuaaalmente, se fue a vivir a Estados Unidos.
VAYA PLEITAZO traen las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México y la mayoría de Morena en el Congreso mexiquense.
LOS DIPUTADOS morenistas impulsan una reforma, dicen, para transparentar el uso de recursos de la UAEM (sí, la misma que fue protagonista de la Estafa Maestra) y hacer democrática su vida interna.
EN CONTRASTE, la gente del rector Alfredo Barrera acusa que se trata de un ataque contra la autonomía universitaria, que se ignoró a la comunidad escolar y que sólo busca darle el control político de la institución a Morena.
Y DADO QUE las universidades estatales son auténticos cotos de poder político, ya se habla de que los morenistas podrían replicar el modelo en otros estados... como Hidalgo, donde Gerardo Sosa Castelán encabeza la llama "Sosa Nostra" en la UAEH.
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BAJO RESERVA /EL UNIVERSAL
El próximo round de la 4T contra los bancos
Aunque todo parezca miel sobre hojuelas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los bancos, veremos que tal les cae a estos últimos el nuevo programa para bajar las comisiones que cobran a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, quienes transfieren remesas a sus familiares en México. El mandatario, nos dicen, reforzará al Bansefi con más sucursales para que el cobro de remesas pueda realizarse en todo el país. Si bien el programa ya había sido anunciado, hasta López Obrador ahora no se veía el impacto, cosa que cambiará próximamente, nos aseguran. Así que si los bancos no le bajan a las comisiones a las remesas, la 4T les quitará parte del pastel.
** Andan distraídos en la Sedena
Nos comentan que quien debe de revisar y actualizar la información en su página web es la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos detallan que en su portal oficial, en el apartado de la biografía del general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, no aparece su fotografía, sino una silueta negra Y por si no fuera poco, al momento de que un usuario da clic a uno de los dos símbolo de Twitter, éste no nos redirige a la cuenta oficial de su titular, sino a la de ¡Salvador Cienfuegos Zepeda, el ex secretario del Ejército en la administración pasada! ¿Qué pasó, señores? Por si no se habían dado cuenta, desde el 1 de diciembre del año pasado hubo cambio de general.
¿Se cancela el horario de verano?
Uno de los alfiles parlamentarios de Andrés Manuel López Obrador, el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, inició una iniciativa que deroga el Horario de Verano, para estas fechas del año próximo. Y nos hacen ver que los astros se alinean a favor de esta idea, ya que en el Congreso de la Unión, Morena tiene la mayoría simple para reformar leyes. Además, el Presidente de la República, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, perdió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que reclamaba por el cambio de horario. Es decir, no habría ninguna razón para pensar que la iniciativa será rechazada.
Se manifestó 5 años, hasta que lo quitaron
Si usted llega a la Secretaría de la Función, al pararse en la entrada notará que falta algo y alguien. Se trata del inquilino que durante 5 años vivió en la explanada que está a la entrada de la institución y que se instaló ahí bajo el argumento de que le robaron una patente. Se trata del sonorense Javier Escantilla que instaló su casa de cartón en la dependencia y ahí vivió hasta que llegó la 4T. Y es que en la Función Pública no solamente arrasaron con mucho más de un centenar de empleados, también con el manifestante que, a decir de la vigilancia, lo quitaron por la fuerza un fin de semana. ¿No que no había "represión" en la 4T?
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SACAPUNTAS /EL HERALDO DE MÉXICO)
** Anuncio de AMLO y Bachelet
Importante informe presentarán, el próximo martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet: Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma Ata. Entre otros miembros del gabinete, asistirán el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Salud, Jorge Alcocer; y los titulares del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y del IMSS, Germán Martínez Cázares.
** Calderón salió ganando
Ganón salió el ex presidente Felipe Calderón, por el caso de su antecesor, Vicente Fox, quien acusó que un grupo armado intentó entrar a su casa en Guanajuato. Sin demora, el presidente López Obrador instruyó al secretario de Defensa, Cresencio Sandoval, formar un grupo de seguridad para el guanajuatense, y otro para el michoacano. O sea, les regresa la seguridad.
** El debate que viene
Otro jaloneo anunciado en la Cámara de Diputados: la Reforma Laboral. La propuesta que se pretende discutir esta semana dejó fuera el tema del outsourcing, es decir, la subcontratación para evitar el pago de prestaciones. La bancada del PRI, de Rene Juárez, adelantó que van por su eliminación, y lo primero debe estar incluido en la iniciativa.
** Campaña vigilada
Un equipo de vigilancia a las elecciones en Puebla se formó entre autoridades federales y locales para atender de inmediato indicios de irregularidades por parte de los candidatos y partidos. El grupo lo encabeza la Fepade, de José Agustín Ortiz Pinchetti, y el lunes difundirá un primer reporte de anomalías.
** Señal de amistad
Nos comentan que la visita del rector de la UNAM, Enrique Graue, a la Universidad de Salamanca, España, en días pasados, se tomó como reconciliación diplomática. El mexicano inauguró allá la Semana de la UNAM y destacó la colaboración que, por años han mantenido ambos países y sus universidades.
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Frentes Políticos/Excelsior...
1. Prepotencia. Uno de los funcionarios capitalinos que no debería estar ahí es Miguel Ángel Monroy, subdirector de finanzas del Metro, quien, con una actitud prepotente, increpó a un usuario que se quejaba de las condiciones en las que funciona este transporte público, y a jalones le quería quitar sus documentos. En un video se observa cómo, además, los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) llegan corriendo a su auxilio para detener al ciudadano. Pero no fuera la delincuencia que está en los andenes protegida por los policías, a la que no tocan ni con el pétalo de una rosa. Si el proyecto de Morena fracasa, será por sujetos como Monroy. Nada ha cambiado. Tarea para Claudia Sheinbaum.
2. Gobernador de salva. Vestidos de blanco, ciudadanos exigieron justicia y paz en San Luis Potosí y anunciaron que seguirán convocando a más movilizaciones hasta que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad. Ciudadanos y diputados locales del PVEM, PRD y Morena demandaron mayor seguridad y que cese la escalada de violencia en la entidad. La Marcha por la Paz reclamó una mejor actuación de las instancias de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno y de la Fiscalía estatal. ¿De qué se quejan? Si Juan Manuel Carreras, gobernador de la entidad, dice que la ciudadanía puede evitar ser víctima de secuestros virtuales “con no contestar el teléfono”. Plop.
3. A lo suyo. Los criminales en este país se deben estar desatornillando de risa. La solución a los problemas de seguridad en todo el territorio mexicano no termina de gestarse. Ahora, el Partido de la Revolución Democrática anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el Presidente de la República decida poner a un mando militar al frente de la Guardia Nacional, pues se trataría de una violación a la Constitución. Los perredistas exigen un mando civil. Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del sol azteca en el Senado, insistió en el mando civil. La tardanza es oro molido para los criminales. Síganle. Lo que urge es que se acabe la violencia. ¿No lo sienten?
4. Punto y aparte. Puebla es uno de los estados emblema para el Partido Acción Nacional. Junto con Querétaro y Guanajuato, llevan años consolidándose, pero esta vez todo indica que el partido guinda, Morena, rompería la tendencia azul en el estado del huachicol. Y es que el panismo no convence rumbo a esta nueva elección extraordinaria. Por el momento, con Enrique Cárdenas, Acción Nacional apenas reúne un 17 por ciento de las preferencias, según una encuesta local. Las métricas apuntan como líder a Miguel Barbosa, quien vencería en la elección extraordinaria con un alto porcentaje de las preferencias. Por otra parte, el priista Alberto Merino tiene posibilidades nulas.
5. Avaricia. Sin importarles abandonar la encomienda para la que fueron elegidos, tres regidores panistas de Baja California pidieron licencia, con lo que suman nueve los ediles que dejan el Ayuntamiento de Tijuana, la mayoría para incorporarse a la campaña electoral 2019, en busca de la reelección. Los regidores Elvia Rangel García, Karina del Real Orona y Rogelio Palomera Hernández pidieron licencia para ausentarse de sus labores por un periodo de dos meses. Forman parte de la planilla presentada por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro ante el Partido Acción Nacional, aspirando a reelegirse para continuar al frente de la administración municipal por dos años más. Hay personas que no tienen vergüenza o que tienen una imagen sobrevalorada de sí mismas y una vez que han llegado, les cuesta soltar el poder. Espejito, espejito: ¿cumplieron con sus responsabilidades? O simplemente saltan por un hueso.
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Futurismo por poder, ahora en Querétaro
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
• Gilberto Herrera no quiere militar en Morena.
Si bien continúa a la espera de ser ratificada por parte del Senado, la nominación de Carlos Peñafiel Soto como nuevo embajador de México ante el gobierno de la República Dominicana representa, sí, un abierto reconocimiento a la labor que ha realizado el empresario-político en Querétaro, se asemeja más a una mal disimulada maniobra “de posicionamiento” de quienes más cerca operan de López Obrador, de cara a los comicios ¡de junio de 2021!
Una maniobra orientada a posicionar al superdelegado federal, el cuestionado senador con licencia Gilberto Herrera Ruiz, quien, aún sin formar parte de Morena (al que llegó, literal, por la puerta de atrás), aspira no sólo a convertirse en el nuevo mandamás del partido en la entidad, sino, en su momento, en el candidato del oficialismo guinda a suceder al (también cuestionado) gobernador panista en funciones, Francisco Domínguez Servién.
Y ello, se entiende, con apoyo desde el gobierno, “de Gabriel García Hernández, el oscuro, aunque sin duda eficaz operador, exsecretario de Organización de Morena y actual coordinador de delegados estatales (32) y regionales (264) de la administración en particular”, así como de un buen número de afines a éste que operan desde el interior del partido del gobierno y, obvio, al exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que, se afirma ahora en los altos niveles del gobierno queretano, poca o nula relación tiene con el mandatario en turno y/o sus colaboradores.
Es verdad que, desde que se conociera su inclusión en la lista de superdelegados, Herrera ha sido objeto de señalamientos y reclamos por parte de una militancia que no ve bien su resistencia a incorporarse a las filas de Morena como militante activo y, más, su expresa decisión de operar “lejos de los actuales”, independientemente de que con ello se afecte la aplicación de programas sociales en particular o, incluso, la concreción de acuerdos con la Federación a fin de definir el flujo de recursos a la entidad.
A decir de quienes mejor entienden lo que ocurre en la “compleja” realidad política queretana, no deberá pasar mucho tiempo para que sea el propio partido-gobierno, sus dirigencias a nivel nacional y estatal, quien aporte las evidencias necesarias para sustentar lo que ahora parece un escenario en construcción o desechar la versión, aunque, en opinión de no pocos, “los cimientos de cara al futuro (electoral) por venir están más que puestos”. Al tiempo, entonces.
Asteriscos
* Duro golpe asestó el Tribunal Estatal Electoral de Durango a la pretensión del superdelegado federal Enrique Novelo de imponer candidato a la alcaldía capitalina, pues al avalar la candidatura común del petista Alejandro González Yáñez por Morena-PT y Verde, dejó fuera al expriista Otniel García, a quien aquél impulsaba.
* Creciente malestar de la ciudadanía veracruzana, que, ante la apatía del gobierno estatal, que lidera Cuitláhuac García, ve crecer la inseguridad y, en particular, el secuestro, que, denuncia, aumentó 259% en el primer bimestre del año, 103.8%, el robo a negocios y 162.5%, los feminicidios. Grave.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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Nueva biografía del poder/Enrique Krauze
Reforma 07 Abr. 2019
"¿Cómo titulará su libro?", me dijo Octavio Paz una plácida tarde, en su departamento de Paseo de la Reforma. "Aún no lo sé -le respondí-. En México, por desgracia, la psicología presidencial se vuelve destino nacional. Nuestra historia es, ¿cómo decirlo...? Una biografía del poder". "¡Ahí está!", dijimos ambos. Así encontré el título del libro.
La edición definitiva en español (Planeta, 2017) engloba bajo ese título tres obras escritas a lo largo de quince años: Siglo de caudillos (sobre el siglo XIX), Biografía del poder (sobre los caudillos y jefes revolucionarios) y La presidencia imperial (sobre los césares mexicanos de 1940 a 1997). No incluí la segunda parte del sexenio de Ernesto Zedillo, que abrió claramente la transición democrática en México. Tampoco los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque, con todos sus errores (que fueron inmensos), el poder que acumularon esos presidentes no fue absoluto. Por ello, no podía hablarse ya de una "biografía del poder".
En el epílogo a esa edición comparaba los últimos veinte años con la era del PRI, que creía superada. Recojo algunos puntos: "En el México de la presidencia imperial, el presidente tenía inmensos poderes (políticos, económicos, militares, diplomáticos) que detentaba constitucionalmente. Los poderes formales (Congreso, Suprema Corte, los gobernadores, los presidentes municipales) dependían del presidente. Los burócratas, buena parte de los obreros sindicalizados y las uniones campesinas congregadas en el PRI se subordinaban al presidente. Los empresarios y la Iglesia seguían las directrices del presidente. Las empresas descentralizadas y paraestatales obedecían los lineamientos del presidente. La Hacienda Pública y el Banco de México se manejaban discrecionalmente desde Los Pinos. Los medios de comunicación masiva eran soldados del presidente. Sólo algunos periódicos, revistas y casas editoriales eran independientes".
¿Cuál es la situación actual? Si bien la independencia del Banco de México se sostiene, lo mismo que la frágil autonomía de la Suprema Corte, con uno que otro matiz, la vuelta al pasado es casi completa.
A continuación señalaba: "México ha cambiado porque adoptó los valores y principios de la democracia liberal. La Presidencia Imperial ha desaparecido. El presidente sólo puede hacer uso (bueno o malo) de sus poderes constitucionales. Hay genuina división de poderes: el Congreso es independiente y la Suprema Corte es autónoma. El Federalismo se ha vuelto real: los gobernadores son sus propios dueños y, si hacen un uso 'imperial', corrupto e impune de su poder local, corren el riesgo (que no ocurría antes) de que la prensa los denuncie y la justicia los llame a cuentas. Los grupos empresariales gozan de una autonomía que no tenían entonces, la Iglesia actúa sin ataduras, lo mismo que los medios masivos".
¿Cuál es la situación actual? El marco republicano y federal se ha desdibujado tanto como la autonomía de los grupos u organizaciones. Con un agravante: en el siglo XX los presidentes no eran dueños de su partido ni actuaban como caudillos. López Obrador es dueño de Morena y apela a un liderazgo carismático.
En aquel epílogo (que releo con nostalgia) agregaba: "Ahora un instituto ciudadano autónomo (no el gobierno) maneja las elecciones. Más de un millón de personas intervienen en el conteo y la supervisión del proceso. La oposición es mayoritaria. La ejercen el PAN, Morena, el PRD y otros partidos. Y la ejercen revistas, periódicos, estaciones de radio, comunicadores, periodistas, académicos, intelectuales, grupos de la sociedad civil y las redes sociales, ese ejército creciente, multitudinario, anárquico, muchas veces intolerante, que sin embargo sirve a la libertad. Y ya no sólo la oposición se ha vuelto cosa de todos los días: también la crítica, que está en todas las conversaciones y es elemento esencial de cualquier democracia".
¿Cuál es la situación actual? El Instituto Nacional Electoral se mantiene, lo mismo que ciertas instituciones, medios y voces independientes. En las redes hay una creciente presencia crítica. Pero todos están en la mira del poder -de sus redes y medios-, que actúa como una Santa Inquisición. La libertad, ese valor absoluto, está amenazada.
Finalmente, advertía el peligro de entregar nuestro destino a una persona, dotándola de un poder absoluto. El desenlace ocurrió. En las urnas, el ciudadano decidió contra sí mismo. Vivimos una nueva biografía del poder.
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Antes de que cante un ganso/Luis Rubio
Reforma, 07 Abr. 2019
Al inicio de este siglo, Rusia se encontraba ante una encrucijada. El fin de la guerra fría había abierto ingentes oportunidades, pero su proceso de transición -de una economía controlada, centralizada y sin propiedad privada a una de mercado- había sido desastroso. En lugar de que se dispersara la propiedad entre millones de familias y potenciales empresarios, las enormes industrias soviéticas habían sido tomadas por un grupo de plutócratas que vendían los recursos públicos, comenzando por el petróleo, como si fuesen propios. Para 1998 las contradicciones del proceso de privatización y ajuste habían resultado incontenibles, provocando una de esas crisis financieras que los mexicanos habíamos conocido. La resaca llevó al poder a quien hasta la fecha sigue siendo el mandamás, Vladimir Putin, quien, con enorme habilidad, reconcentró el poder y sometió a los llamados oligarcas.
Armado de un nuevo plan y del control centralizado del poder, Putin reorganizó la economía y restableció la estabilidad económica, ganándose con ello el apoyo popular. Siguieron grandes cambios, ideas y proyectos para reactivar la economía y transformar la base productiva, intentando alejarla de su (casi) única fuente de riqueza, el petróleo.
Años después, quien fuera primer ministro, Viktor Chernomyrdin, evaluó lo logrado: "Esperábamos lo mejor pero las cosas resultaron como siempre". ¿Acabará igual la "cuarta transformación"?
El punto de partida para el gobierno de AMLO es que todo lo que se hizo de los ochenta para acá está mal. Todo es corrupto, nada sirve y quienes lo condujeron son unos traidores. Los nombres varían, pero la tonada es la misma: el país estaba mejor cuando estaba peor. Un cartel fuera de un restaurante lo resume de manera impecable e implacable: "Estamos peor, pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora que estamos mal, pero es verdad".
El gran plan del gobierno es fácil de discernir: concentrar el poder, echar para atrás todas las reformas -hasta lo posible- que se avanzaron a partir de 1982 y, con ello, recrear el nirvana que existía en los setenta para, quizá, que el presidente se pueda reelegir. No es un plan complicado, aunque el manejo político con que se conduce lo aparente. El objetivo es claro y avanza paso a paso. Las tácticas van modificándose, pero el proyecto medular es consecuente.
Lo relevante es que una amplia porción de la población está convencida de que el proyecto vale la pena y que el presidente lo está conduciendo sin conflictos de intereses y sin miramiento. El que la economía vaya de bajada, el consumo se esté estancando (o disminuyendo) y las finanzas públicas puedan experimentar problemas en el futuro mediato a nadie parece importar. La mayoría de la población está hipnotizada, creyendo que es posible lograr lo que uno quiere sin tener que trabajar o construirlo. El presidente está convencido de que con sólo desearlo se consumará. Si algo camina mal, todo se resuelve -o ataja- con el ungüento de más transferencias a clientelas y la identificación de culpables en calidad de chivos expiatorios.
Dado que los causantes del desastre que evidencia la pujanza de la clase media (y de un país que, con todos sus defectos, avanzaba) son aquellos que tuvieron alguna participación en la función pública en los últimos treinta años, la cantera de potenciales conservadores, fifís y traidores es literalmente infinita. Si a eso se agregan todas las empresas -y sus empleados- que son cada vez más productivas y exitosas, el potencial para identificar a los causantes de ese desastre nacional del que tan orgullosos estamos tantos (y que es el sustento de la economía), es doblemente infinito.
No cabe ni la menor duda de que el país padece de muchos males y que la suma de un cambio tecnológico incontenible con una economía global (casi) totalmente integrada hace muy difícil resolver todos los problemas de un tajo. Igual de cierto es que la solución no radica -no es posible- en la concentración del poder o la revitalización del cadáver de Pemex, pues el problema se encuentra en el rechazo al futuro que se manifiesta en la incapacidad del gobierno -de este y todos los anteriores desde hace medio siglo- para llevar a cabo una reforma educativa que privilegie el aprendizaje en la era digital sobre el chantaje sindical. El proyecto político es transparente, pero la diferencia entre los sesenta y el presente es que la economía está abierta y eso altera todas las premisas.
Dice un querido amigo que "México jamás será un país civilizado y desarrollado, por lo menos, no en los próximos 100 años" porque en lugar de construir un consenso que permita decisiones con amplio apoyo, "el gobierno privilegia la discordia y la polarización, armas estratégicas en su arsenal de destrucción del presente. Lo que sí seremos en breve -en menos de lo que canta un ganso- es un país menos civilizado, menos desarrollado, más salvaje, más injusto, más polarizado, con más encono y menos deseable...". Al día de hoy, más del 70% de la ciudadanía le da a AMLO el beneficio de la duda. La experiencia del último medio siglo es menos generosa: cuando se rompen los equilibrios fiscales, políticos y de la civilización, las crisis no tardan en llegar.
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Ensalada de señales/Eduardo Caccia
Reforma, 07 Abr. 2019
El experimento me funcionó como si lo hubiera ensayado decenas de veces, la realidad es que era la primera vez que lo intentaba. Momentos previos a un partido de futbol de uno de mis hijos, un grupo de papás tomó la bandera de nuestro equipo y se dispuso a clavarla en el césped, gesto muy común en San Diego, California. Yo traía mi cámara fotográfica y les grité (en inglés, pues eran norteamericanos): "¡Pónganse como los soldados!". Con asombrosa coordinación el grupo de unos seis individuos se congeló emulando la estatua conmemorativa de la victoria norteamericana en Iwo Jima. Los papás expresaban en su rostro una sonrisa idéntica.
Con secreta satisfacción tomé la foto para la posteridad (la de mis pensamientos) y con el tiempo se volvió parte de mi argumento la importancia de observar y entender el concepto de "código cultural". Cuando aquellos papás escucharon mi grito, de su memoria sacaron la imagen que su sistema social les ha inculcado desde niños. De haber pretendido que a mi comando uno de aquellos padres tomara la bandera, se envolviera en ella y simulara un brinco al vacío, aún estaría esperando que eso sucediera. Sin duda el significado que tiene la asociación soldados-bandera es distinto para los gringos que para los mexicanos.
La sociedad se rige por leyes y por instrucciones no escritas (la costumbre, las tradiciones), para ello debe producir significados, materia prima de la cultura, que les dan relevancia o no a los hechos. Los negocios también son productores de significados y símbolos; las marcas, el logotipo (su signo distintivo), su nombre, los colores, las formas, son símbolos sujetos a la significación del mercado. Comunicar con símbolos ajenos a una cultura es suicida, pero ir a favor del código cultural es como usar la fuerza del viento a tu favor. Mi atesorada fotografía es una prueba.
En las carreras de negocios falta un tornillo que no viene en la caja: una dosis de semiótica, la disciplina que estudia la creación de significados y su difusión entre individuos y grupos. Pero también falta en el ejercicio de gobierno. Cambiar el código cultural, es decir, reprogramar a la sociedad mexicana, implica hacer una sustitución simbólica de las prácticas que se quiere erradicar. Si actualmente pagar una "mordida" para no ser multado o dar un "moche" para ganar un contrato con el gobierno, significan "no pasa nada", "todos lo hacen", "así funcionan las cosas", habría que cambiar el significado a "tienes consecuencias", "sólo unos pocos corruptos lo hacen", "deshonraré a mis hijos", etcétera.
Las señales son portadoras de significados. Veo contradictorios los nobles fines del gobierno federal -particularmente acabar con la corrupción- con las señales que ha lanzado, especialmente el no castigar a los corruptos que tanto se señalaron desde la contienda electoral. Necesitamos resignificar el concepto de ley y de justicia en México si pretendemos realmente combatir la impunidad. Quizá no estoy entendiendo la jugada maestra del Presidente pero avalar la impunidad no ayuda a combatirla. Lo mismo aplica para la transparencia. Que la gran mayoría de las compras gubernamentales no se hagan vía licitación pública es un símbolo contrario a las prácticas de transparencia. El que la rentabilidad de una futura refinería no sea importante para el Presidente quizá signifique que estamos ante un nuevo significado de rentabilidad, bajo nuevos códigos.
Dado mi origen chilango, durante muchos años me irritaba escuchar la expresión tapatía "ocupo" como sinónimo de "necesito". Me sentía dueño de la verdad y con el deber de corregir: "ocupar es la presencia física en un espacio". Entender de semiótica me llevó a la conclusión de que el símbolo que es la palabra "ocupo" es correcto para el grupo social que le ha dado el significado de "necesito". Y así podríamos hablar de infinitos ejemplos en todo el país y de nación a nación. Nuestro comportamiento está fundamentado en un simbolismo arbitrario. La vida es una ensalada de señales.
La semiótica nos deja en posición de entender al otro, nos enfrenta con la posibilidad de que nuestra significación no coincida con cierto grupo, nos hace humildes, incrementa la empatía, nos despoja de la arrogancia de sentirnos dueños de la verdad.
@eduardo_caccia
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Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
"De Presidencia", la orden de no confrontar a la CNTE/JESUSA CERVANTES
El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores, pues retiraron a la policía del lugar.
Durante 10 días la Cámara de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon sus nueve accesos, impidiendo las sesiones ordinarias. El recinto de San Lázaro entró en crisis.
El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500 diputados entraran caminando por la escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados conforme a la ley, e incluso permitir la injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien desoyó la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dio marcha atrás al operativo policiaco que abriría a los legisladores el paso a sus curules en San Lázaro.
No obstante, un alto funcionario de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Sheinbaum que no desplegara el operativo solicitado, a fin de evitar la represión a los maestros de la CNTE.
La contraorden
El 20 de marzo, un contingente de la CNTE bloqueó la Cámara de Diputados para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero en comisiones y después en el pleno, pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía siendo punitiva.
Los siguientes dos días, 21 y 22, San Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo el recinto fue objeto de negociaciones, bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y les permitieron sesionar para aprobar el dictamen. Pero éste no les gustó a los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.
En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema de los bloqueos a la justicia federal, con lo que consiguió un amparo para evitar la inacción del presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes movilizaciones de la CNTE.
Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.
De hecho, el primer día del bloqueo Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por el recinto y la seguridad de diputados y empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:
“Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00”, informó en las redes sociales el 20 de marzo.
Luego emitió otro mensaje: “Se ha mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos impulsando el análisis de dictamen de la reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro: abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.
Pero los bloqueos siguieron. Su día más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.
De acuerdo con el relato de uno de los coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que “era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación de los maestros se diera sin problemas, y por el otro se custodiara el acceso de los diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.
Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron. De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.
Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que el acuerdo fue establecer un camino por la puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y empleados. Pero esto no funcionó:
“Los maestros se acercaron y hubo un choque frontal con la policía –continúa el legislador–. En ese momento, del otro lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía para que se retirara.”
–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los coordinadores parlamentarios.
–No, el único escrito que firmó Porfirio fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.
Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos afines al gobierno) coincidieron en que la orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno de ellos– y pidió que retirara a la policía capitalina para evitar más choques; pidió que todo fuera con diálogo”.
Otro de los consultados revela que un alto funcionario de la Mesa Directiva les explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio, pero “la jefa de Gobierno se comunicó con el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza pública, que se privilegiaría el diálogo”.
Ante el retiro de la policía y los reclamos de la oposición, Delgado Carrillo intentó restablecer el paso y empezó a operar políticamente, “pero le hablaron desde la Secretaría de Gobernación y también le habló el jefe, y le dijo que no, que todo sería mediante el diálogo, nada de policías”, revela una diputada que participa en las reuniones de Jucopo.
A partir de ese momento, Muñoz Ledo fue más directo en sus mensajes de redes sociales. Llamó a los profesores a que dejaran de hacer bloqueos, pero señaló: “Con la actitud de no permitir que se apruebe la nueva reforma educativa, la CNTE estaría apoyando la reforma de Peña Nieto”.
Al día siguiente, 27 de marzo, los maestros dieron una tregua y permitieron la sesión donde se aprobó el dictamen de la nueva reforma a cambio de que se les mostrara. Y no les gustó, por lo que restablecieron el bloqueo.
Muñoz Ledo endureció su posición. Dijo que seguiría impulsando “las vías pacíficas y democráticas con el magisterio, pero también denunciaré ante las autoridades competentes cualquier delito que se cometa”.
Por la noche, la oposición le solicitó a Muñoz Ledo, mediante un comunicado, que cancelara la sesión del 28 de marzo y que sus legisladores no acudieran al día siguiente.
El bloqueó continuó ese día y el PAN se radicalizó, anunciando que demandaría la destitución de Muñoz Ledo.
El presidente de la Mesa Directiva les recordó a los panistas que la sesión se suspendió a petición de los partidos opositores, incluido el PAN. Entonces fue más contundente: “Optaré por el diálogo y la razón ante radicalismos de la CNTE y el golpismo de los panistas”.
“El gobierno no cumplió”
El PRI ve como responsable de la crisis en la Cámara de Diputados al gobierno. El PRD y MC acusan a la Mesa Directiva y a la Jucopo de no haber operado. A este último punto se sumó el PT. Para el PAN el único responsable es Muñoz Ledo.
En el noveno día de bloqueos, cinco partidos –PRI, PES, MC, PRD y PVEM– exigieron una explicación: “El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, debe dar una explicación de las gestiones realizadas ante los gobiernos federal y de la Ciudad de México, y la negativa de éstos a garantizar el orden público”.
La explicación se daría el 2 de abril, en la Conferencia para los Trabajos Parlamentarios, donde confluyen la Mesa Directiva y la Jucopo. De acuerdo con los asistentes, consultados por separado, Muñoz Ledo dijo que no se violó el recinto porque nunca entraron los maestros, y algunos opositores argumentaron que sí, porque estaban bloqueando el recinto.
El coordinador de la bancada del PRI, René Juárez, presentó su “respeto y consideración” a Muñoz Ledo y enseguida soltó: “Aquí sí está clara una cosa: la mesa cumplió y el gobierno no. Debemos deslindar estas responsabilidades. Aplicar la ley no es represión”.
El priista añadió que ante el conflicto ningún partido estuvo a la altura: “Hay un hecho, hoy somos rehenes de la CNTE y hay que ver cómo solucionarlo. Los métodos de la CNTE son inaceptables; tenemos que hacer una ruta para cubrir lo que le corresponde a cada nivel de gobierno”.
Un día antes, en la reunión de la Jucopo, el PAN pidió la destitución de Muñoz Ledo por considerar que no impidió la parálisis legislativa. Ningún partido lo secundó, y en cambio respaldaron al presidente de la Mesa Directiva. El representante del PVEM argumentó: “Son nuevos tiempos donde nada será por la fuerza, sino por la razón, (pero) hay una fuerza, la CNTE, que no entiende la razón, y tenemos que construir las formas para esta nueva época”.
El mismo día René Juárez ofreció una fórmula para salir del atolladero. Aceptó que el gobierno de López Obrador ha hecho “cosas muy buenas”, pero “también se ha equivocado”; luego propuso pedir a la CNTE un documento con sus demandas, después presentarlo a cada fracción y regresarlo a la coordinadora con los puntos en los que hay consenso.
Se trata, añadió, de mantener la negociación: “En lugar de la indefinición de si votaremos o no la reforma en este periodo, démosle la garantía a la CNTE de que será en un extraordinario; así se regulariza la Cámara y se da un mes más de negociación con la CNTE.
“Como priista propongo este método, porque ojalá que le vaya bien a este gobierno y ojalá que todos evitemos las descalificaciones, por eso no podemos apoyar la posición del PAN de destituir a Muñoz Ledo.”
Luego Juárez sorprendió a varios: “Muchos priistas que votamos por esta cosa, hoy sabemos que fue un error… Yo voté por la reforma educativa y me equivoqué, porque no podemos estar poniendo una espada punitiva sobre la cabeza de los maestros”.
El PT, a través de su coordinador Reginaldo Sandoval, dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad y lo que correspondía a su partido es “ahuyentar el peligro de la represión, y eso no tiene nada que ver con pedir la cabeza de Muñoz Ledo”.
El también petista Gerardo Fernández Noroña calificó al PAN de “temerario” por su pretensión de destituir al presidente de la Mesa Directiva:
“Ha hecho las cosas políticamente correctas y ha actuado en función de su responsabilidad. No siempre estamos de acuerdo, pero imagínense que hubiésemos atendido, que los 500 diputados entráramos por las escalinatas; eso iba a ser un desastre, se lo dije; pero siempre ha velado por la integridad y el recinto.”
A su vez la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, aclaró en los encuentros privados del 1 y 2 de abril: “No se puede decir que quienes pedimos la normalización de las actividades estamos llamando a la represión. Son cosas distintas. Busquen las formas, porque en campaña sabían que al ser gobierno tendrían que ejercer sus facultades constitucionales”.
El coordinador morenista Mario Delgado concluyó: “No habrá ningún acto de represión sobre movimientos sociales y la reforma educativa no se va a subir hasta que no se termine la negociación con la CNTE”.
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Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
Guerra por las audiencias y la publicidad Obús legal de INRA contra Radio Centro/
ÁLVARO DELGADO
La guerra por las audiencias y el pastel publicitario en radio ya tomó cauce legal. El detonante: la entrevista de Proceso (No. 2213) con Juan Aguirre Abdó, director de Grupo Radio Centro, quien acusó a INRA de beneficiar en sus mediciones a los noticiarios de Radio Fórmula en detrimento de los producidos por su empresa. Ahora, Luis Mercader, director de INRA, anuncia a este semanario que interpuso una demanda contra la compañía de Aguirre.
“¡Si alguien empieza a difamar le tenemos que callar la boca!”, exclama Luis Mercader, director de la empresa INRA, quien ya demandó por difamación y daño moral al presidente y al director del Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez y Juan Aguirre Abdó, por acusarlo de corrupción en la medición de audiencias de los noticiarios radiofónicos presuntamente para beneficiar a Grupo Radio Fórmula.
Indignado, Mercader advierte que está obligado a responder judicialmente a las imputaciones de los directivos del Grupo Radio Centro: “Aunque los señores Aguirre crean que pueden decir lo que quieran y como quieran, hay veces que no se puede”.
Y el estado de derecho existe, afirma, para sancionar a quienes acusan sin pruebas: “A ver, si dices eso, demuéstralo. Si no lo demuestras estás difamando, y si estás difamando estás cometiendo un delito. Así se simple”.
La decisión de Mercader de ir a los tribunales contra los Aguirre la tomó tras la entrevista de Proceso con Aguirre Abdó, quien afirmó que INRA beneficia deliberadamente en sus mediciones a los noticiarios de Radio Fórmula en detrimento de los de Radio Centro, en particular los de Carmen Aristegui y Julio Hernández López.
“Nosotros no podemos permitir que el señor esté difamándonos, yendo sin ton ni son en contra de nuestra imagen”, añade el empresario, puesto bajo escrutinio por los Aguirre, a su vez criticados por Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, entre otros conductores de Radio Fórmula.
Mercader cita las expresiones de Aguirre Abdó en la entrevista con el reportero publicada la semana pasada, sobre todo el diálogo en el que el directivo asegura que INRA favorece a Radio Fórmula porque su relación “va más allá de ser suscriptor”.
“–¿A qué se refiere como ‘más allá’?
“–A que hay una colusión de algún tipo para favorecer a los noticiarios de Radio Fórmula.
“–¿Deliberadamente manipula los resultados?
“–¡Sí, por supuesto, claro que sí, abiertamente!
“–¿Es una forma de corrupción?
“–Sí, es una forma de corrupción, normalizada desde hace años por ambas empresas. Es hora de terminar con esa simulación.”
Mercader responde: “¿De dónde saca él que desde hace años tenemos colusión con Radio Fórmula? ¡Que lo pruebe! Si nadie oye a Ciro Gómez Leyva, nadie oye a Carmen tampoco, ni nadie oye a Beteta, ni nadie oye a W Radio ni a Carlos Loret de Mola”.
Y ante el emplazamiento de los Aguirre de someterse a una auditoría independiente para verificar sus mediciones, que chocan con las de Ipsos, la empresa que trabaja para Grupo Radio Centro y coloca a Aristegui como la líder en la radio, insiste en que INRA ha sido auditada y trabaja profesionalmente.
“Los radiodifusores son terribles, en el sentido de que les interesa mucho su programación y que invierten mucho dinero en los conductores. El día en que cualquiera de ellos descubra que nosotos estamos manipulando, dándole más o menos a otro, nos crucifican.”
Vamos a tribunales: Aguirre
Con sus declaraciones a Proceso, Aguirre Abdó sacudió al sector de la radiofusión de México. INRA, acusó, adultera sus mediciones de audiencia y a eso obedece, dijo, que las cifras obtenidas por Ipsos sean tan diferentes.
El ejemplo más claro de ello, aseguró, es que el noticiario matutino de Aristegui está en primer lugar de audiencia, según Ipsos, pero INRA la coloca en el lugar 23 y le asigna el liderazgo a Gómez Leyva, Beteta y López-Dóriga.
Ocurre lo mismo con los noticiarios que conduce Julio Hernández en Radio Centro, que INRA coloca en el lugar 29, pero Ipsos ubica en el tercer lugar y a aquél en el sitio número 16. “En realidad un periodista sin antecedentes en radio le está metiendo una goliza, en términos de audiencia, a López Dóriga”, aseguró.
Enterado por el reportero de las demandas por daño moral y difamación contra él y su padre, quienes no habían sido notificados de ellas hasta el viernes 4, Aguirre Abdó responde a Mercader:
“Será muy placentero poder acreditar ante los tribunales la verdad de nuestros dichos, sería histórico para la industria de radiodifusión en nuestro país.”
La demanda de Mercader contra Aguirre Gómez, el presidente del Grupo Radio Centro, tiene como antecedente la acusación que hizo en mayo de 2018 contra INRA en el sentido de que era “una empresa corrupta”, porque recibe dinero de Radio Fórmula y Radio Mil, como aseguró en entrevista con Aristegui.
–¿Corrupta porque hace manipulaciones? –preguntó ella.
–Porque recibe dinero de los radiodifusores que se dejan.
–¿INRA recibe dinero de Fórmula y Radio Mil?
–A mí me han pedido dinero a través de directores artísticos, a través de gerentes y directores. Es vox populi en toda la República y en la Ciudad de México. Es (INRA) una institución corrupta y desprestigiada.
La acusación se originó después de que Grupo ACIR, Imagen Radio, MVS, NRM Comunicaciones, Televisa Radio y Grupo Radiofórmula acusaron, en un desplegado, que Radio Centro, a través de su locutor Antonio Esquinca, ofreció dinero en efectivo “por contestar favorablemente encuestas de audiencias de radio… recalcando que entre más escriban en esos diarios que escuchan dicha emisora, más dinero recibirán”.
Mercader recuerda esa acusación de Aguirre en su contra y también la acción que dio lugar al desplegado de los competidores de Radio Centro, porque se pagaba dinero para elevar la audiencia de manera artificial medida por Nielsen e IBOPE, que trabajaban para Radio Centro.
“Eso se llama corrupción –rebate–. Eso se llama un factor exógeno que incide en la medición de audiencias en una investigación. Eso se llama tener poca ética. Y ellos lo hicieron.”
Dedicado al estudio de las audiencias desde hace 30 años y accionista de INRA desde 1985, Mercader dice que los Aguirre están molestos porque pensaban que, al contratar a Aristegui, de inmediato sería la líder de audiencia, pero la colocaron en una estación que era musical y juvenil, para volverla hablada y de noticias.
“Ellos arrancan con Carmen Aristegui en 97.7, y esperan resultados inmediatos. El radio es un hábito. El hábito es algo que se establece con el tiempo, no en un mes o dos meses”, subraya.
El problema, además, es que “Carmen compite con la propia Carmen”, porque ella ya tenía mucho tiempo en internet y sus oyentes no migran a la radio, menos cuando pueden escucharla a la hora que quieren y sin espacios comerciales.
–¿Eso explica que los resultados que ellos esperaban tener casi de inmediato resultaran ser distintos?
–Claro. De hecho nosotros estamos revisando los estudios de febrero y hemos visto que Carmen aumentó rápidamente: del 25 anda en el 19 (en rating). Aumentó seis lugares de un mes a otro. Pero tiene cinco meses.
–Y no se muda el auditorio habituado a escucharla en internet a sintonizarla en la radio.
–Exactamente. Difícilmente el que ya la había sintonizado en internet se va ir a radio, porque internet tiene ventajas. En la radio te circunscribes a un horario, y la otra es que ese horario es el más competitivo de todos: hay alrededor de 35 noticiarios distintos.
“Entonces si yo pongo un noticiario en una estación juvenil y quiero que al siguiente mes o dos meses ya esté en primer lugar, eso no se lo cree ni él (Aguirre Gómez). Es imposible.”
Sin embargo, después de que Aristegui inició su noticiario en esa estación en octubre, ya está en los primeros lugares de audiencia, según el propio Mercader, quien aclara que hay varias medidas, entre ellas el rating, que es el porcentaje de audiencia, y el “alcance”, que son las personas se expusieron al medio por lo menos una vez en un periodo de tiempo determinado.
Interrogado sobre cuántas personas escuchan a los principales conductores matutinos de noticias en el Valle de México, las cifras de INRA llaman la atención. En la medición de enero, en la tabla de todos los niveles socieconómicos y de todas las edades, Aristegui Noticias ocupó el primer lugar con 144 mil 970 personas de “alcance”.
Le siguió Beteta con 140 mil y en tercer lugar Gómez Leyva con 129 mil. “Es más alto el rating de Radio Fórmula, pero el alcance más alto es el de Carmen, le va muy bien”, dice Mercader.
Sobre las discrepancias entre las mediciones de INRA y las de Ipsos, el especialista critica a éste, no sólo porque tiene menos de un año de hacer estos estudios, sino porque tiene un método “experimental”, no como las entrevistas que su empresa hace.
Según él, Ipsos usa teléfonos celulares con una aplicación para obtener información, pero hay un sesgo, dice, porque las clases altas no suelen aceptar formar parte de un pánel de estudio ni los más pobres tienen teléfonos inteligentes.
“No creo que gente de nivel alto haya aceptado la aplicación ni creo que el nivel más bajo tenga un smartphone que permita ponerle la aplicación. Ese estudio no se conoce muy bien cómo funciona. Yo supongo que lo están tratando de hacer de la mejor manera.”
–¿Puede ser propenso a la manipulación?
–Muy, muy posible de manipular.
Deloitte exhibe a INRA
Sin embargo, Carlos de Zúñiga, director de Ipsos Connect Media, quien hace los estudios de audiencia para Radio Centro, rechaza la imputación: “En realidad no hay nada manipulable”.
Explica que, al igual que INRA, Ipsos tiene un método estadístico que selecciona una muestra de población en hogares del Valle de México, a la que además de entrevistarla la invitan a formar parte de un panel de personas con teléfono celular. Sí hay quien se niega, como es normal, pero se le sustituye.
“Una vez que esa persona acepta, nosotros le mandamos un link para que descargue la aplicación. Cuando la persona lo baja, le pedimos tres cosas: El teléfono debe tener batería, tiene que trerlo consigo todo el tiempo y al menos una vez al día se debe conectar a Wi-Fi para que no use sus datos y para que cuando se conecte la aplicación automáticamente nos mande toda la información recabada. Esa información es, literal, unos y ceros.”
Se trata de huellas auditivas captadas por el micrófono del teléfono, que se abre cinco veces por minuto, sin importar cuál es la fuente del sonido. Y cuando se conecta a Wi-Fi se envían al servidor, donde se comparan con las huellas auditivas de las 59 estaciones de radio del Valle de Méxio.
“Entonces la posibilidad de alterarlo no existe. Los datos pasan de nuestra aplicación a nuestra base de datos en Londres y de ahí al reporte. No hay entrevistadores, supervisores, codificadores, capturistas. No existe todo ese tipo de personal. Aquí va directo al servidor. El sistema genera automáticamente.”
Pese a que, en efecto, ese sistema tiene menos de un año de aplicarse en México, sostiene que ha demostrado ser eficaz para medir audiencia, como lo hace en otras partes del mundo, pero también se somete a permanentes auditorías.
Por eso De Zúñiga insiste en que, ante las discrepancias en sus respectivas mediciones de audiencia, INRA debe también ser sometido a una auditoría independiente.
Mercader responde que su empresa ha sido auditada por varias firmas y por el Consejo de Investigación de Medios, en el que participan radiodifusores, publicistas y anunciantes.
“Somos una empresa que ha sido auditada por Deloitte, Ernst and Young, por la UNAM y por la norma del Consejo de Investigación de Medios, con el que ya estamos gestionando una nueva auditoría con su nueva norma”, asegura Mercader.
Sin embargo, la firma Deloitte desmintió en 2008 que haya auditado a INRA, como esa empresa difundió en la publicación NEO El Marketing de los negocios en junio de ese año, según consta en una carta enviada a la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, fechada el 10 de junio de 2008.
“Respecto a esa publicación, es importante indicar que no llevamos a cabo ninguna auditoría o diagnóstico en abril de 2008, como lo indica la publicación, por lo que la descripción del trabajo, resultados e información ahí descrita no cuenta con nuestra aprobación para su publicación y no forma parte de nuestros informes de observaciones y hallazgos”, dice la carta, de la que Proceso tiene copia.
Firmado por el entonces director de Deloitte, Armando Montiel, el documento añade: “Debido a que no realizamos una auditoría del Mediómetro ni sobre el control interno de INRA, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, no expresamos opinión alguna sobre los mismos”.
Sobre el asunto, el director de Operaciones de INRA, Gabriel Mercader, precisa que la empresa fue auditada durante cinco años por el Consejo de Investigación de Medios: “Desde 2007 hasta 2012 INRA se auditó y se certificó con la norma del Consejo Nacional de Medios. Durante ese ciclo de auditorías y certificaciones, Radio Centro estuvo participando como miembro del consejo que es”.
Al respecto, Carlos de Zúñiga afirma que las auditorías al trabajo de medición de audiencias deben ser permanentes. “Esto es como los ductos del petróleo: hay que tener medidas constantes, porque si yo me audité hace 10 años, ahora puedo hacer las cosas diferente y nadie se entera. La certificación no es para toda la vida”.
Ipsos, asegura, se somete a auditorías anuales por ISO 9000 y a auditorías internas cuatro veces al año, así que su metodología estadística y sus procesos están debidamente certificados.
Pero también está dispuesto a una auditoría independiente, como debe estarlo INRA, “para que todas las empresas que nos dedicamos a medir audiencias podamos mostrar el certificado constante. Es como la verificación vehicular: si verificaste el semestre pasado, tienes que verificarte en el actual”.
El director de Ipsos concluye defendiendo sus mediciones que colocan a Aristegui en el liderazgo de audiencia en la radio en el Valle de México, y a Julio Hernández López, Julio Astillero, en línea ascendente. Rechaza que, como dice Mercader, tome largo tiempo cambiar los hábitos de la audiencia: “¡Es es un mito, una falacia! La gente cambia instatáneamente si algo no le gusta o le gusta”.
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Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
Descifrando a AMLO, el político/AGUSTÍN BASAVE
El mundo de la política es habitado por una legión de fulleros y un puñado de soñadores. Pero esta minoría no puede darse el lujo de mantener sus sueños a salvo del pragmatismo, porque sin sagacidad y sin afán de mando jamás podría hacerlos realidad. ¿Qué distingue entonces a unos de otros? Que mientras unos persiguen prioritaria e inescrupulosamente su propio beneficio otros procuran el platónico bien común. Pero le pongan o no bridas a su astucia, todos aquellos que llegan a gobernar han de hacer gala de ella, so pena de incumplir sus anhelos y anular sus designios.
Andrés Manuel López Obrador es, además de idealista, maquiavélico. Si no fuera un habilidoso hombre de poder no se habría embarcado exitosamente en una tercera candidatura presidencial. Yo prefiero al AMLO que contendió en 2006 al que lo hizo en 2018 –porque aquel fue más selectivo en sus alianzas, porque estoy cierto de que con la misma selectividad habría ganado el año pasado, cuando el viento social sopló a su favor, y porque pienso que habría sido un mejor presidente sin el encono que incubó hace trece años, tras de ser víctima de un sucio proceso electoral– pero mi preferencia es irrelevante. Lo que ningún analista objetivo puede soslayar es el hecho de que AMLO es un pícaro jugador de carambola que juega siempre a dos o tres bandas, una en aras de sus principios y las demás –a menudo marcadas por interpósitas personas– perpetuadoras de su dominio político.
Veamos. La mayoría de sus decisiones esconden, bajo el propósito declarado, un cálculo electoral. Van tes ejemplos: 1) crear la figura de los “superdelegados” pretende combatir el burocratismo y la corrupción, pero también maniatar a los mandatarios estatales y perfilar a sus sucesores; 2) imponer la austeridad a los órganos autónomos, a la sociedad civil y a los partidos busca destinar más recursos a los programas sociales, pero también remover escollos a la 4T, por cierto mediante una singular innovación respecto del pasado inmediato: si Peña Nieto enriquecía a sus contrapesos para cooptarlos, AMLO los empobrece para debilitarlos; 3) impulsar la revocación de mandato tiene el propósito de apuntalar la democracia participativa, pero también poner a AMLO en la boleta del 2021 para darle más votos a sus candidatos. Rechazar todo esto sería tan ingenuo –o tramposo– como negar que los abucheos a los gobernadores son parte de una estratagema para socavar a las autoridades locales y propiciar la imagen de un primer mandatario magnánimo sin el cual no puede haber gobernabilidad.
La clave para entender el proyecto alternativo de nación de AMLO es su visión alternativa de la cosa pública. Para él, los equilibrios creados por el federalismo, los otros Poderes de la Unión y las autonomías tenían sentido cuando el Palacio Nacional era usurpado por tecnócratas, en medio de la corrupción rampante del periodo neoliberal, pero hoy constituyen un estorbo. Más aún, tengo para mí que AMLO no cree estar reeditando las artimañas que en el siglo pasado construyeron la hegemonía del PRI porque en el fondo no concibe a Morena como un partido sino como un entero, a la usanza callista, o mejor, como el movimiento y la correa de transmisión de quienes quieren cambiar a México (dicho sea de paso, yo no preveo la reelección de AMLO, pero sí vislumbro la tentación de un maximato). Privilegiar al morenismo, pues, no es para él desnivelar la cancha: es aplanar el terreno en el que se edificará la 4T. Los adalides que poseen la certeza de que la verdad y la historia están de su lado no tienen que mentir para faltar a la verdad.
Cuando el idealismo se hace gobierno y se mide en términos de redención los ardides truecan en deberes. Y cuando muchos de los diques contra una presidencia caudalosa son cotos de corrupción, la misión hace encarnar el autoritarismo. Todos los líderes desean obediencia, pero solo los autoritarios parten maniqueamente las aguas, estigmatizan al disidente y arrojan al opositor a la hoguera de las redes sociales (por eso, porque en las conferencias mañaneras el Poder Ejecutivo se erige también en judicial, AMLO prefiere sentenciar a “los conservadores” ahí y no seguir el cauce legal que desemboca en los juzgados). Así, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción de que hablaba Weber se confunden. Nada ha de detener la epopeya; dudar o reconsiderar son flaquezas imperdonables. He aquí el riesgo que enfrentamos. No es tanto que el poder excesivo corrompa –doy por bueno que AMLO es incorruptible– cuanto que en ausencia de límites democráticos el desacierto del poderoso que libra una justa épica puede causar males épicos. Y es que la ambición de AMLO no es vulgar pero sí es enorme.
Concluyo con el factor temperamental: al idealista y al pragmático hay que sumar al luchador. AMLO se forjó en la lucha social, y son el choque y la polarización los que lo llevaron a donde está, no el diálogo ni la conciliación. Aunque su razón le exija prudencia ante su nueva circunstancia, su pasión le dicta la actitud que lo encumbró (véase su pulsión polarizadora en la pifia diplomática del video en que pide a España que se disculpe, una chispa sobre el pasto social secado por el racismo mexicano). ¿Cómo se conjura el peligro? Con la comprensión de que el imperativo es dividir el poder, no el país, y que lo único que conviene acopiar es la conciencia de que también un presidente honesto y bienintencionado, y astuto y sagaz, puede equivocarse y dañar a México si no hay algo que lo obligue a pensar bien o incluso a enmendar sus decisiones. Sí, como hizo el Senado en el caso de la Guardia Nacional.
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Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
La fractura de Morena en BC puede costarle la gubernatura/OLGA ARAGÓN...
El proceso electoral en Baja California, que se inició el último domingo de marzo y en el cual seis candidatos buscan sustituir al gobernador panista Francisco Vega –uno de los mandatarios más impopulares–, se realiza en un escenario de desmoronamiento de los partidos políticos. Analistas locales consultados por Proceso ponen el acento en la fractura de Morena, que optó por el empresario Jaime Bonilla en lugar de Jaime Martínez Veloz, quien ahora compite arropado por el PRD. Con esa maniobra, dicen, es difícil que Morena termine con 30 años de panismo en esa entidad.
ENSENADA, BC.- Baja California parecía tierra de jauja para Morena. A juzgar por las recientes encuestas y su rotundo triunfo en los comicios de 2018, va viento en popa hacia la jornada electoral del próximo 2 de junio, con plena confianza en ganar la gubernatura, los cinco ayuntamientos y las 17 diputaciones de mayoría.
Sin embargo, navega ya en mares embravecidos y con una grave fractura interna a partir de la imposición de candidaturas.
El quebranto en la Coalición Juntos Haremos Historia en la entidad –Morena-PT-PVEM y el partido local Transformemos– se da justo cuando es factible sacar del gobierno a la élite panista que durante 30 años consecutivos ha ejercido el poder.
Reconocidos líderes políticos y sociales, como Jaime Martínez Veloz, el abogado José Ángel Peñaflor y el dirigente campesino Rigoberto Campos, quienes buscaron ser postulados por Morena, fueron excluidos y decidieron fundar el Movimiento Amplio Social por la Cuarta Transformación (MAS 4T), organización que irrumpe con fuerza en el proceso electoral.
“Estamos aquí, en esta asamblea y no en Morena, porque no damos el perfil para la franquicia. No somos gringos, no somos ricos, no tenemos casas en Estados Unidos, no tenemos antecedentes penales. Somos MAS 4T”, dijo Martínez Veloz el pasado 16 de marzo en Tijuana, en alusión al candidato morenista a la gubernatura, Jaime Bonilla Valdez, durante la reunión estatal constitutiva de este movimiento en el que convergen diversas organizaciones sociales de la entidad.
Exdiputado federal y extitular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Martínez Veloz es el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Baja California.
Decidió postularse por el PRD, explicó, después de recorrer durante meses el estado con la bandera de Morena como aspirante a la precandidatura a gobernador, pero el delegado de ese instituto Leonel Godoy le pidió desistir luego de que los partidos coaligados pactaron la candidatura única de Bonilla Valdez.
Martínez Veloz aceptó competir como precandidato a la alcaldía de Tijuana logrando aventajar con amplio margen a los otros contendientes, en diversas encuestas hechas por empresas del ramo –Mitofsky, Pulsómetro, Buendía & Laredo, Pulsa, y El Financiero, entre otras–, hasta que fue excluido por completo en una encuesta que califica de “chapucera”, pues favoreció a quien siempre tenía los parámetros más bajos de aceptación.
Nunca le mostraron la metodología utilizada, dice, y aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió cancelarla debido a las irregularidades metodológicas y ordenó reponer el proceso con transparencia y legalidad estatutaria, los dirigentes del partido jamás acataron la resolución.
Martínez Veloz y Peñaflor se inconformaron ante las instancias del partido y los tribunales electorales. Les respondieron que los dirigentes de Morena no habían acatado la resolución de su propio órgano interno de Honestidad y Justicia.
“Aferrado el bato”
Jaime Bonilla también recurrió a tribunales electorales el jueves 4. Su propósito era insistir en un tema que se presenta por quinta ocasión en menos de seis meses, lo que enrarece aún más la atmósfera política en la entidad.
El candidato puntero interpuso un recurso de impugnación en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, solicitando una vez más la ampliación del plazo de la próxima gubernatura de dos a cinco años, en defensa de sus derechos políticos electorales.
Una semana antes, el 27 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló por decisión unánime una sentencia del Tribunal Electoral de Baja California que fue emitida la noche del 24 de febrero para ampliar de manera ilegal a cinco años el periodo de la gubernatura.
Cabe recordar que en octubre de 2014, en cumplimiento de la reforma constitucional federal que ordena empatar los procesos electorales locales con los federales, el constituyente estatal decidió que, por única ocasión, el periodo de gobierno sea de dos años –del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021–, para la gubernatura, diputados y alcaldes electos en los comicios del próximo 2 de junio.
“Aferrado el bato”, exclamó Martínez Veloz al enterarse de que Bonilla está recurriendo a los consejeros y magistrados electorales y a los legisladores para ampliar hasta 2024 el periodo de la nueva gubernatura.
Enseguida, con firma al calce, acusó por escrito a Bonilla de ser un agente infiltrado del FBI:
“No le importa debilitar las instituciones mexicanas, porque es un agente infiltrado de las agencias norteamericanas de inteligencia. Ha participado en diligencias judiciales en ese país como informante del FBI. Cobijado hoy por las siglas de Morena pretende llegar a tomar el poder en Baja California y desde ahí instrumentar una estrategia de entrega de nuestros recursos naturales a empresas trasnacionales de Estados Unidos.”
En esta nueva realidad y ante las “condiciones desastrosas” en que se encuentran el PAN y el PRI, después del “tsunami” electoral llamado Andrés Manuel López Obrador que hizo trizas al prianismo en 2018, catedráticos, dirigentes políticos, líderes sociales y analistas políticos consideran que la pelea por la gubernatura de Baja California se va a dirimir entre Martínez Veloz y el morenista Bonilla, favorito en todas las encuestas, con ventajas de tres a uno.
“Si a Veloz no se le cansa el caballo perredista, y si logra el apoyo de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, podrá colocarse en posibilidades amplias de ganar la elección por la gubernatura”, comenta Arturo Ruiz Contreras, quien durante años fue asesor de legisladores petistas.
La elección no será tan tersa como se creía, enfatiza, pues el PRI casi se mudó completo a Morena, pero el PAN aún tiene los dos ayuntamientos más grandes –Tijuana y Mexicali– y cuenta con el apoyo de su vieja militancia, quienes darán aliento a su candidato Óscar Vega Marín.
Para Daniel Solorio Ramírez, maestro en Derecho Constitucional, “el morenaje está apoyando a Martínez Veloz, a Rigoberto Campos, a José Ángel Peñaflor, pero no la candidatura de Bonilla”.
El MAS 4T es una articulación de los movimientos dispersos que se han visto en estos dos últimos años en Baja California en diversas luchas como la defensa del agua y en contra de la corrupción. Es un movimiento que puede crecer y encontrar un cauce electoral en esta contienda, observa Benedicto Ruiz Vargas, analista político e investigador de la Universidad Iberoamericana Noroeste.
“El asunto clave –dice– es que hasta hace poco estos movimientos se identificaban más con Morena y López Obrador, pero ahora esa tendencia se ha roto o está en proceso de hacerlo.”
El también economista y sociólogo concluye que el movimiento social que hay en Baja California ha sido profundamente defraudado por Morena, por sus líderes y por el mismo presidente.
En la entidad, dice, “Morena es un partido antidemocrático. Seleccionó a sus candidatos en un proceso desaseado, pues sólo postuló a personas cercanas a Jaime Bonilla, excluyendo a aquellos con más representación política en las bases sociales morenistas. El método de la encuesta, utilizado sin dar a conocer su metodología, arrojó un resultado inverosímil, especialmente en Tijuana. Este sucio proceso, comandado por Bonilla y por el delegado Leonel Godoy, fracturó a Morena en el estado, disminuyendo sus posibilidades de triunfo y generando una situación en donde los candidatos excluidos, como Jaime Martínez Veloz, pueden cosechar el voto de castigo para Morena y Bonilla”
Autor del libro La democracia de las élites, visión de los procesos políticos en Baja California, Ruiz Vargas agrega:
“La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y el mismo López Obrador no tienen idea de la dimensión de esta fractura y del rechazo que está generando Bonilla entre los simpatizantes y electores de Morena. Apuestan todo al peso político del presidente, sin darse cuenta de que la dinámica electoral será distinta en Baja California porque su candidato será evaluado y votado como uno más, sin tener a su lado a AMLO haciéndole campaña.”
Poderoso caballero
Convencido de que Morena traiciona en Baja California el compromiso implícito en la 4ta Transformación de separar el poder económico del político, Ruiz Vargas asegura que ese partido postula a líderes empresariales que sólo buscan hacer negocios a la sombra del gobierno. “Están repitiendo el viejo esquema que aquí hemos vivido hasta la náusea con el PRI y el PAN”, insiste.
Durante 36 años, desde mediados de los cincuenta –cuando nació Baja California como entidad federativa–, el PRI mantuvo el poder hasta que en 1989 el PAN conquistó la gubernatura con Ernesto Ruffo. Bajo el panismo vivimos otros 30 años y no queremos “más de lo mismo”, insiste el catedrático.
La corrupción y la ineptitud, ejemplifica, se personifica en el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien llega al último año de su sexenio con la peor calificación del panismo en el poder.
La encuesta de Arias Consultores del mes pasado lo ubica en el lugar 31 de los 32 gobernadores evaluados. Es el peor de todos, superado sólo por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León, y con una rayita más que el mandatario panista de Chihuahua, Javier Corral. El 88.2% de los bajacalifornianos reprueba la gestión de Kiko Vega.
–¿Habrá alternancia en BC?
–Puede haber una alternancia en el gobierno del estado en la elección de junio, pero ya no está seguro el triunfo de Morena. El PAN, aunque está muy debilitado, puede recomponerse a partir de la crisis de Morena. También es posible que otros candidatos repunten en la campaña”, estima Ruiz Vargas.
–¿El triunfo de Morena garantizaría en Baja California un paso hacia la 4ª Transformación propuesta por López Obrador?
–No veo que esto pueda suceder en un proceso encabezado por Bonilla y el grupo que está dirigiendo las acciones de Morena. Si este grupo –cuyo líder real es el exgobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera– llega a encabezar el gobierno estatal y los gobiernos municipales, sería un retroceso político y de otra índole.
–¿De qué índole habla?
–De otra… No entiendo por qué el presidente López Obrador ha sostenido e impulsado a Bonilla para que sea gobernador. Es un individuo que nada tiene qué ver con Morena, menos con el proyecto social y político que representa el presidente de México.
“Bonilla es un simple operador de AMLO, le ha servido para construir el partido en el estado y seguramente le ha aportado recursos económicos, pero políticamente nada abona a Morena, son antitéticos.”
Daniel Solorio Ramírez, exmagistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, coincide en que Bonilla no representa en Baja California los mismos intereses que en el plano nacional representa el presidente López Obrador.
“Sus idiosincrasias son radicalmente distintas. Andrés Manuel es un líder construido por el pueblo en aguerridas y duraderas batallas políticas, en tanto que Jaime es un empresario que sólo procura la acumulación sin límite de dinero”, puntualiza el también presidente de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste.
Y remata: “Le encuentro (a Bonilla) una gran similitud con Kiko Vega”.
Dice que resulta “absolutamente inaceptable” la candidatura del teniente coronel Julián Leyzaola a la presidencia municipal de Tijuana, pues su expediente profesional está saturado de casos graves de tortura.
“Que Martínez Veloz aparezca en fórmula con Leyzaola me parece altamente ingrato para la candidatura de Martínez Veloz, a quien considero un candidato aceptable para una buena parte del electorado, incluido el morenaje decepcionado de su liderazgo partidista”, expresa.
La campaña por la gubernatura de Baja California se inició el 31 de marzo y en ella contienden seis candidatos:
Jaime Bonilla Valdez, por la Coalición Juntos Haremos Historia en BC; Jaime Martínez Veloz, por el PRD; Óscar Vega Marín, por el PAN; Enrique Acosta Fregoso, por el PRI; Ignacio Anaya Barriguete, por el Partido de Baja California (PBC), y el expanista Héctor Osuna Jaime, por Movimiento Ciudadano.
El PRD, que en las últimas elecciones ha realizado malabarismos políticos para conservar su registro electoral, saldrá fortalecido en esta contienda. Pragmático en extremo, postula lo mismo a obradoristas que a un personaje de negro historial como el exjefe policiaco Julián Leyzola, candidato a la alcaldía de Tijuana, la ciudad más violenta de México y considerada la más peligrosa entre las 50 urbes internacionales con mayores índices de criminalidad.
“Pocas veces se ha visto en Baja California un desmoronamiento tan claro de los partidos políticos”, concluye Solorio, quien milita en Morena: Dice que “el electorado votará por candidatos, por personajes, y muy poco por los partidos que los han cobijado”.
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Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
Sedena y Sedatu ofrecen migajas a ejidatarios de la zona de Santa Lucía/
NELDY SAN MARTÍN
2019-04-06 04:37:59 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
En realidad no hubo una consulta seria entre las comunidades que serán las directamente afectadas por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, aquellas que sufrirán por la falta de agua, la saturación de vialidades o las que de plano perderán sus tierras. La consulta ciudadana del pasado octubre no las tomó en cuenta para preguntarles si estaban de acuerdo con el proyecto aeroportuario, pero el gobierno federal sí envió a sus representantes para comprar las tierras. Proceso constató que la Sedena y la Sedatu ofrecen a los ejidatarios de San Lucas Xolox mínimas cantidades por sus propiedades.
Tecámac, Edomex.- Los ejidatarios comenzaron a juntarse en la iglesia de San Lucas Xolox, Tecámac, para ir a la Casa Ejidal, donde a las 16:00 horas de ese 20 de marzo se reunirían con enviados del gobierno a fin de negociar la venta de sus tierras para el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
A cinco meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la transformación del aeropuerto militar en uno comercial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) instalaron mesas de información y negociación con los pueblos aledaños a la base de Santa Lucía, como San Lucas Xolox y San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, para adquirir terrenos ejidales.
Aunque el aeropuerto se construirá en el terreno que pertenece al Ejército, se necesitan mil hectáreas más para la zona de seguridad que exigen las normas internacionales de aeronáutica.
Encabezaron la reunión en San Lucas Xolox el teniente coronel Luis Enrique Calderón y Daniel Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu, constató Proceso. Llegaron sin proyecto ejecutivo ni manifestación de impacto ambiental, tampoco tenían una fecha para la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la que está obligado el gobierno mexicano, pero ofrecieron a 141 ejidatarios pagarles 240 pesos por metro cuadrado.
Según ejidatarios que hablaron bajo condición de anonimato, los funcionarios les dijeron que Santa Lucía necesitaba 354 hectáreas de su pueblo. Proceso buscó la versión de la Sedatu, pero funcionarios de esa dependencia rechazaron dar una entrevista. La Sedena no respondió a la solicitud de información.
–Ustedes no tienen consulta a los pueblos originarios –reprochó un ejidatario a los funcionarios durante la reunión del 20 de marzo.
–Semarnat debería estar aquí también –señaló otro.
Los ejidatarios pidieron que mejoraran la oferta: mínimo 320 pesos por metro cuadrado.
En una reunión anterior las autoridades locales, elegidas por usos y costumbres, entregaron a los funcionarios una carta en la que solicitaban dos pozos de agua, el cambio de redes de drenaje y agua potable, rehabilitación y construcción de calles, una universidad, un auditorio, una casa de la cultura, un hospital, cancelación de minas y basureros, reforestación del cerro de la localidad y empleo de los habitantes en el nuevo proyecto aeroportuario.
“Nuestro pueblo es que de manera directa se verá afectado por la creación del nuevo aeropuerto; es por ello que se requiere tener dicha contraprestación en beneficio de nuestra sociedad”, dice la carta fechada el 12 de marzo, que tiene la firma de recibido de Fajardo Ortiz. En ella las autoridades locales recuerdan que cuando se creó la base aérea de Santa Lucía les construyeron una primaria.
San Lucas Xolox es un pueblo originario que está a espaldas de la base aérea. Desde el cerro de Xolox se puede ver la pista de 3 mil 450 metros para aeronaves militares, bordeada por el verde del paisaje. En 1952, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se le expropiaron al pueblo 724 hectáreas para construir la instalación militar. En esa época la Sedena pagó 219 mil 484 pesos como indemnización, como consta en el Diario Oficial de la Federación.
Después de más de dos horas de asamblea ese 20 de marzo, los representantes del Ejército y del gobierno federal se fueron y prometieron regresar con otra propuesta económica.
Volvieron a la semana siguiente, el 26 de marzo, pero sólo aumentaron 10 pesos a la oferta: 250 por metro cuadrado. Los 141 ejidatarios dijeron que lo pensarían, pues aseguraron que empresarios privados les ofrecían los 320 pesos que pedían. Calderón les dijo que verificaran que se tratara de empresas serias y les advirtió que las tierras no podían tener otro uso que el agrícola.
“Boom” inmobiliario
Sobre el terreno no hay rastro de maquinaria, pese a que López Obrador anunció en diciembre que los trabajos comenzarían en marzo. Personal castrense dice a Proceso que unos 500 ingenieros militares están en la base de Santa Lucía, trabajando en el diseño del proyecto aeroportuario.
Hasta ahora se conoce muy poco sobre esta obra insignia del gobierno lopezobradorista: apenas que el Ejército lo construirá y administrará y que en su honor se llamará como el militar revolucionario “General Felipe Ángeles”. Sin embargo, los municipios que limitan con la base aérea –Zumpango y Tecámac– experimentan ya el comienzo de un boom inmobiliario.
En las bardas de diferentes puntos de Tecámac se pueden leer anuncios de venta de terrenos en los dos municipios y en internet abundan las ofertas que destacan la cercanía con Santa Lucía.
Por ejemplo, un terreno para uso comercial en Tecámac, de 39 mil 362 metros cuadrados y que fue publicado en enero, se vende en 2 mil pesos por metro cuadrado. Otro, de 5 mil hectáreas y que indica estar a un kilómetro de la base militar, es anunciado desde febrero en mil pesos el metro cuadrado.
En medio del inicio de las negociaciones para la compra de terrenos ejidales y la creciente especulación inmobiliaria está el corazón de la resistencia: los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac, que operan desde 1951 en defensa del agua para la población y la restauración de la cuenca de México. Ellos se oponen a una mayor sobreexplotación del recurso hídrico del subsuelo.
Santa Lucía, que se ubica en lo que fue el lago de Xaltocan, enfrenta una situación crítica de agua.
Desde 1954 se decretó veda indefinida en la cuenca de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha registrado desde 2002 un dramático déficit anual en la disponibilidad del acuífero Cuautitlán-Pachuca, al que pertenecen Zumpango y Tecámac. El último registro, de 2018, muestra que el déficit es de menos 106 millones de metros cúbicos.
“La cuenca está en una crisis hidrológica y ecológica. Eso no les vinieron a decir (la Sedena y el gobierno federal). Se ha obviado y se ha minimizado”, critica el maestro Sócrates Galicia, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en entrevista.
Ricardo Ovando Ramírez, del sistema comunitario de agua potable de la cabecera municipal de Tecámac, comenta en entrevista que ocho pueblos originarios tienen sistemas autónomos de agua que se rigen por asambleas y que no van a aceptar que se construya un aeropuerto que profundice la crisis hídrica.
“No podemos cometer el mismo error que se cometió en Atenco: una decisión presidencial, vertical, sin consulta indígena”, dice Ovando Ramírez.
El gobierno no ha informado en este caso cuándo se realizará una consulta indígena, considerada en los artículos 1 y 133 de la Constitución.
En octubre de 2018 el gobierno de transición organizó una encuesta ciudadana nacional para determinar si continuaba el proyecto del puerto aéreo en el antiguo Lago de Texcoco o en su lugar se construían dos pistas adicionales en Santa Lucía, como parte de un plan para –junto con el de Toluca– desahogar la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
La consulta arrojó que de 1 millón 67 mil 859 participantes, 70%, se inclinó por la opción de Santa Lucía.
Pero en las comunidades afectadas apenas se instalaron casillas. Según la Sedatu, el proyecto impactará directamente a cinco municipios mexiquenses que están en un radio de 10 kilómetros alrededor de Santa Lucía: Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, además del de Tizayuca, Hidalgo.
El día de la consulta, en Tecámac sólo se instalaron cuatro casillas; en Zumpango, dos, y en Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla ninguna. La casilla más cercana a Santa Lucía estaba a tres kilómetros.
“Para nosotros fue una consulta de opinión porque no cumple con los estándares internacionales”, dice Ovando Ramírez. Agrega que, aunque apoyaron a San Salvador Atenco en su lucha contra el aeropuerto, con esa consulta se “condenó a Santa Lucía a recibir el proyecto”.
“La consulta (que exige la ley) no es en urnas, es en las instancias de decisiones de los pueblos, es en asambleas”, coincide José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Opacidad
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que asesorará a la Sedena en el proyecto, asegura a Proceso que apenas se realizó una parte de los estudios de la reestructuración del espacio aéreo por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y que se completarán con otros a cargo de NavBlue, filial de Airbus. Además, dice que la firma francesa Aeropuertos de París está desarrollando el plan maestro del aeropuerto.
En el portal de compras gubernamentales Compranet no hay rastro de ninguno de esos contratos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dice a Proceso que la Sedena había asignado esos contratos. Durante años, el Ejército y la Marina han manejado con discrecionalidad sus gastos y contrataciones; el aeropuerto en Santa Lucía no es la excepción.
La Secretaría de Hacienda asignó para 2019 un presupuesto de 15 mil millones de pesos a la Dirección General de Ingenieros de la Sedena para “la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”, dentro de la partida “79902 provisiones para erogaciones especiales”, cuyo destino sólo se puede conocer una vez que el gasto haya sido ejercido.
El titular de la SCT fue cuestionado por la reportera sobre si sería tomado en cuenta el plan maestro que presentó el gobierno de transición de López Obrador, elaborado por el contratista más cercano a la administración del tabasqueño cuando fue jefe de gobierno capitalino (2000-2005), José María Riobóo.
Su respuesta fue que no, a pesar de que el plan maestro de Riobóo, de agosto de 2018, fue la base del gobierno para asegurar la viabilidad de las operaciones simultáneas de los tres aeropuertos: el Benito Juárez, el de Toluca y el de Santa Lucía.
Ese plan maestro, con una inversión estimada de 70 mil millones de pesos, incluía una pista de 5.1 kilómetros y otra de 4.6, la construcción de un edificio terminal, torre de control, una terminal de autobuses, un edificio de aduanas, hangares, almacenes de carga aérea y un hotel de 310 habitaciones.
El plan maestro de Grupo Riobóo fue usado por el ayuntamiento de Tecámac y por el gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría Técnica, para elaborar el Proyecto de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, Edomex, 2018, en el que alertan de la deficiencia vial, de transporte público y servicios ante la llegada de millones de pasajeros que tendría un aeropuerto internacional.
En ese estudio, el ayuntamiento también llama la atención sobre la crisis de agua en Tecámac.
“El consumo de recursos que habrá de realizarse en la etapa de construcción y después en la operación del aeropuerto en Santa Lucía, es un punto crítico a considerar, ya que Tecámac se encuentra en una de las cuencas hídricas de mayor estrés, al punto de considerarse en veda”, señala el informe.
En la zona todo es incertidumbre. Transportistas de carga mantienen un campamento afuera de la base militar, pidiendo sus empleos de vuelta. Trabajaban en las obras del aeropuerto en Texcoco y cuando el proyecto fue cancelado quedaron desempleados. Aglutinados en la Coalición de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, los trabajadores de seis gremios –entre ellos la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores y Campesinos– aguardan a que comiencen las obras en la base aérea para ser contratados. En Texcoco trabajaron para la Sedena y empresas como Hermes e ICA.
Los integrantes de los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac esperan que, casi por un milagro, el gobierno cancele la obra o al menos realice la consulta indígena; mientras llega ese momento alistan un foro informativo cuyo nombre es elocuente: “Tampoco Santa Lucía”. Además, participarán en foros en la Universidad Autónoma del Estado de México el próximo martes 23; y en la UNAM el 8 de mayo.
En San Lucas Xolox cada vez se convencen más de la oferta de los militares. Los empresarios que ofrecían 320 pesos por metro cuadrado no llegaron a la cita del 27 de marzo. Después de ese día, la mayoría de los ejidatarios se inclinó por vender sus tierras al Ejército.
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Aeropuertos de París, señalada por corrupción
MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2214, 7 de aril de 2019
El grupo francés Aeropuertos de París (ADP), que elabora el plan maestro para remodelar el aeropuerto de Santa Lucía, no sólo opera los tres puertos aéreos de la capital francesa –por los cuales transitan más de 101 millones de pasajeros al año–, también desarrolla infraestructura en el extranjero, a veces recurriendo a prácticas de corrupción, como el pago de intermediarios, la emisión de facturas falsas, evasión fiscal o cobros excesivos.
Según un informe de la Fiscalía Financiera Nacional de Francia fechado en 2016, Aeropuertos de París International (ADPI), filial de la paraestatal, incurrió en acciones sospechosas en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Dubái, Arabia Saudita, Irán, Líbano y Libia, entre 2007 y 2016.
El semanario Marianne publicó el caso el 23 de marzo de 2018. Una semana después la empresa le pidió a la Fiscalía Financiera Nacional –el equivalente de la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera– que iniciara una investigación.
En México, el pasado 29 de marzo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, confirmó a Proceso que ADP está elaborando el plan maestro de Santa Lucía. Afirmó que los expertos franceses “ya están aquí, trabajando” –en un “grupo técnico de estudios aeroportuarios”– y que el contrato está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La compañía y la embajada de Francia, por su parte, se negaron a dar su versión a Proceso. Jérome Marmet, responsable de prensa del grupo, asevera: “Estamos enterados (sobre las obras de Santa Lucía) pero no podemos decirle más por el momento”.
Entre los señalamientos de corrupción de la empresa destaca el pago, en 2013, de 725 mil euros a la intermediaria Shahpari Zanganeh –la tercera esposa de Adnan Khashogi, el principal vendedor de armas de Arabia Saudita, fallecido en 2017–, por su papel en la obtención de un contrato de 87 millones de euros para la extensión del aeropuerto de Yeda.
En Dubái, el contralor se percató de que ADPI falsificó sus facturas en la expansión del aeropuerto de Al Maktum, con las cuales se embolsó “decenas de millones” en efectivo; y armó una estructura fiscal que le permitió no pagar impuestos en Qatar durante cinco años, en los que amasó grandes cantidades de dinero.
“Estas operaciones constituyen los delitos de falsedad, estafa y fraude fiscal”, subrayó el contralor.
En 2011, ADPI pagó el equivalente de 1 millón 600 mil euros por “prestaciones de ingeniería” a un intermediario francés –quien se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, prófugo de la justicia gala–, durante la licitación de un contrato para desarrollar una cadena de hoteles en el emirato de Fuyaira.
El contralor interno de ADPI notó años después que el monto de la prestación estaba “exagerado”, y además la firma no obtuvo el contrato.
En Libia, el grupo mantiene una disputa comercial por más de 100 millones de euros, derivados de contratos celebrados con el régimen de Muamar Gadafi en junio de 2007, que abarcaron la extensión de los aeropuertos de Trípoli, Bengasi y Sabha. El gobierno libio estima que el grupo le facturó con sobrecostos de entre 27% y 128% para estas obras.
Entre enero y junio de 2012, ADPI contrató una milicia paramilitar privada para resguardar sus oficinas en el aeropuerto de Trípoli.
Además, la filial internacional posiblemente violó el embargo sobre el programa nuclear en Irán, aplicado por la ONU y la Unión Europea entre 2006 y 2007. De acuerdo con Marianne, la compañía siguió elaborando estudios para construir dos aeropuertos en Mashhad e Ispahán –éste, ubicado a poca distancia del centro de investigación nuclear del gobierno–, con el aparente desconocimiento de la diplomacia francesa.
De acuerdo con Marianne, tres trabajadores de la empresa alertaron a la sede central sobre las operaciones dudosas de ADPI. “Fueron despedidos sin aviso previo el 15 de octubre de 2017”, señaló el semanario.
Tormenta política
Aparte de su filial internacional, ADP está en el centro de una tormenta política en Francia: la madrugada del 16 de marzo los diputados aprobaron una ley del gobierno de Emmanuel Macron que abre la puerta a la privatización del consorcio, del que el Estado es accionista mayoritario.
La posible privatización de ADP –en realidad, una concesión al sector privado para los próximos 70 años– desató una ola de indignación en todos los partidos de oposición, los cuales cuestionaron la razón por la cual el Estado quiere deshacerse de un grupo rentable, que aporta cada año entre 100 y 200 millones de euros de dividendos al erario y cuyas ganancias crecieron 22% en 2017.
Además de llevar a la mente la desastrosa privatización de las carreteras, en 2006 –que provocó el incremento de los precios de los peajes y generó grandes ganancias para las concesionarias–, los opositores al proyecto del gobierno de Macron señalan que el Estado deberá desembolsar al menos mil millones de euros para indemnizar a los accionistas privados actuales, que detentan 49.4% de las acciones.
Por si fuera poco, la Asamblea Nacional aprobó la ley a las seis de la mañana del sábado, con los votos de apenas 27 diputados… sólo 45 de ellos seguían en el hemiciclo en ese momento, menos de una décima parte de los 577 que forman la legislatura.
Aunque el gabinete de Macron despliega todos sus esfuerzos para defender la ley, más de 150 mil ciudadanos firmaron una petición en línea para oponerse a la privatización, y el pasado 9 de marzo, 150 “chalecos amarrillos” se manifestaron dentro del aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle para repudiar esta “aberración”, que “va contra los intereses de los franceses”. El presidente del grupo ADP, Augustin de Romanet, calificó el proyecto de privatización como una “pendejada”.
Por si fuera poco, el gigante de la construcción Grupo Vinci se menciona como uno de los principales candidatos a obtener la concesión de ADP, del que es accionista.
Este grupo obtuvo la concesión de la mitad de las carreteras privatizadas en 2006, y estuvo en el centro de algunos escándalos de corrupción internacional, como el presunto uso de trabajo forzado en la construcción de infraestructura en Catar, sede del mundial de futbol de 2022.
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