La Ley de Víctimas todavía se tambalea
MARCELA TURATI
Revista
Proceso
No. 1887, 30 de diciembre de
2012
La Ley General de Víctimas, una de las más avanzadas de su
tipo en el mundo, fue aprobada por el Poder Legislativo mexicano el pasado
abril. Pero nunca entró en vigor. Como presidente, Felipe Calderón interpuso
una controversia constitucional para detenerla. El gobierno federal que asumió
el 1 de diciembre retiró la controversia y todo indica que el ordenamiento se
publicará en el Diario Oficial en los próximos días. Se trata, dicen sus
promotores, de una ley inmejorable… en el papel. Falta reglamentarla y hacerla
aterrizar.
En México las víctimas de un delito grave que hayan sufrido
incapacidad mental o física o la privación de la libertad, o los deudos de
quienes hayan perdido la vida, recibirán por ley una “compensación subsidiaria”
tasada en una cifra máxima de un millón de pesos. El Estado se hará responsable
de pagarla sin importar quiénes fueran los delincuentes ni cuándo hubiera
ocurrido la agresión.
Cualquier víctima o familiar de una víctima de la
delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas
de seguridad, tendrá representación de abogados capacitados en el tema,
recibirá el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya
hecho para llevar su caso ante tribunales y tendrá servicios médicos, becas
educativas y oportunidades de desarrollo.
Estos son algunos de los beneficios de la Ley General de
Víctimas cuya publicación es inminente y que es un triunfo político del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que desde abril de 2011
sacó a las calles a las víctimas de la violencia del sexenio calderonista y las
acercó a la clase política para que sus demandas fueran escuchadas. Es también
un reflejo de la “crisis humanitaria” que dejó la estrategia de seguridad de
Felipe Calderón y del colapso del sistema judicial que mantiene casi asegurada
la impunidad.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y de su posterior reglamentación, las personas que hayan sido
víctimas de ese tipo de abusos en algún momento de la historia de México –incluidas
las de la Guerra Sucia– tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación
integral y garantías de no repetición.
Se formará una Comisión Ejecutiva nacional con cinco
expertos propuestos por universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos
con experiencia en defensa de los derechos humanos, y se crearán comisiones
equivalentes en cada entidad federativa. Éstas decidirán las medidas de apoyo
que se otorgarán a cada víctima.
Según el centro de análisis México Evalúa, en el sexenio
anterior al menos 101 mil personas fueron asesinadas y más de 344 mil quedaron
huérfanas, viudas o sin sostén económico. A su vez la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos recibió denuncias por la desaparición de 24 mil personas en el
mismo periodo.
El Estado mexicano tendrá que someterse a una reingeniería
para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) en el que
los gobiernos federal, estatales y municipales asumirán los costos por los
daños físicos, mentales, materiales, pérdida de oportunidades, perjuicios
morales y gastos de asistencia de las víctimas, y en el que todas las
dependencias de gobierno asumen responsabilidades.
O al menos eso quedó en el papel firmado por el Poder
Legislativo y avalado por el Ejecutivo.
La creación del nuevo sistema implica la desaparición de la
Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por
Calderón a fines de 2011.
Es un parteaguas en la historia de este país. Es una ley
inédita. Sólo hay dos en el mundo: en Filipinas para desastres naturales y en
Colombia. Pero ésta es más avanzada. Es la primera que compendia lo que se ha
estado construyendo los últimos 25 o 30 años en justicia restaurativa”, dice
Eliana García, exdiputada perredista que dio apoyo técnico al MPJD en la
creación y cabildeo de la ley.
La siguiente etapa será reformar la Ley General de Víctimas
aprobada en abril de este año e introducirle las modificaciones negociadas
principalmente con la Secretaría de Gobernación calderonista y la fracción
parlamentaria del PRI en los encuentros entre el equipo jurídico del Movimiento
durante el tiempo en el que el documento estuvo congelado por la controversia
constitucional interpuesta por Calderón.
El Movimiento creado por Javier Sicilia no cantará victoria
sino hasta el momento en el que la ley sea reglamentada y el sistema de
atención reciba presupuesto.
“Nos congratulamos por la Ley de Víctimas, pero no nos
chupamos el dedo porque falta reglamentación, que se le dote de fondos y porque
implica responsabilidades para casi todo el gabinete: Hacienda, Gobernación,
Salud, Educación. Hay mucho trabajo por hacer y suena demasiado bonito para ser
cierto, porque sabemos que hay intereses de los criminales y de sus cómplices
dentro del gobierno, porque el crimen es un negocio millonario”, dice el vocero
del movimiento, el poeta Jorge González de León.
“En la lógica del triunfalismo del ‘ya llegó papá-gobierno’
no queremos ser coro de apoyo; sabemos que el problema de la violencia en
México va a costar al menos una generación y mucho trabajo para cambiarlo”,
indica en entrevista con Proceso.
El estira y afloja
La ley fue creada a principios de 2012 y perfeccionada hasta
abril por diferentes actores en distintos momentos. Surgió de la fusión de una
propuesta de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la UNAM,
y aderezada con proyectos del PRI, PAN y PRD, usando como modelo la ley
colombiana respectiva.
En diferentes tramos participaron –algunos a título
personal, otros institucional– asesores de la oficina en México de la ONU, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Cencos, el Centro de
Colaboración Cívica, Serapaz y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos.
Fue impulsada por las víctimas que con sus testimonios, su
presencia en las cámaras de diputados y senadores, su participación activa en
foros con legisladores y sus encuentros con los candidatos presidenciales y sus
movilizaciones callejeras, presionaron hasta obtenerla. La mayoría de las
organizaciones de derechos humanos del país se mantuvieron ajenas.
A partir del veto técnico aplicado por Calderón, el MPJD
encontró en los asesores jurídicos y técnicos de los grupos parlamentarios del
PRD y del PRI a sus principales aliados.
El apoyo fue muy fuerte en la Cámara de Senadores por parte
de Murillo Karam; él impulsó muchísimo y abrió muchas puertas, tuvimos no menos
de 15 reuniones con él desde abril, y en la Cámara de Diputados apoyó Manlio
Fabio Beltrones”, informa González de León. Otra impulsora fue Claudia Ruiz
Massieu, encargada del área de derechos humanos en el equipo de transición.
Eliana García –quien militó en grupos de izquierda en los
setenta y fue presa política– y González de León detallaron la ruta que siguió
la ley desde su creación y las reformas que sufrirá después de que se publique
para atender las preocupaciones planteadas en la controversia constitucional
por el gobierno de Calderón y por los cabilderos de Enrique Peña Nieto que
–insistieron– no deforman el espíritu de la ley.
“No fueron cambios sustantivos”, señala González.
Una de las modificaciones a la versión original es que se
acotará que sólo reciban pago de “compensación subsidiaria” –una especie de
indemnización– las víctimas de delitos graves que afectan a la vida y la
libertad y ya no a cualquier delito.
También incluirá responsabilidades para los gobiernos
estatales y municipales hacia las víctimas y ya no únicamente del federal.
Se darán facultades al presidente para que reciba las
candidaturas de las universidades y de las organizaciones sociales de los nueve
miembros de la Comisión Ejecutiva –ciudadana y autónoma– que regirá el Sistema
Nacional de Víctimas para que arme las ternas con base en las cuales el Senado
elegirá a sus integrantes.
Otro punto espinoso que en la etapa del estira y afloje
pudieron sortear fue el de la definición de víctima.
"Ellos (el equipo de Gobernación) quería dejar sólo a las
víctimas de derechos humanos. Decían: ‘¿Por qué va el Estado a pagar y apoyar
estudios, medicinas, trasporte, atención psicológica y salud a los delincuentes
o a sus víctimas si el Estado no era responsable?’ Pero no lo quitamos: Así
sean hijos o familias de delincuentes o víctimas de ellos, también tienen
derechos por ser víctimas”, explica García en la entrevista realizada a
mediados de diciembre.
González de León aclara: “Si en un plazo determinado el
gobierno no tiene a los criminales capturados (a los que se les puedan
decomisar bienes), debe pagar. Es un incentivo para que cumpla su trabajo. Es
como si tuviera una multa, así que tiene que empezar a detener gente si no
quiere pagar reparaciones”.
El artículo citado quedará así: “El monto de la
subsidiariedad a la que se podrá obligar al Estado será hasta de 500 veces el
salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal”. O sea que además de
poner candados a quienes pueden solicitarlo, se fija un tope.
Otro párrafo que se modificará en la próxima reforma –que
hizo brincar a panistas y priistas– es el que incentivaba la creación de
comisiones de la verdad para investigar el pasado, que en la redacción actual
queda así: “Las víctimas tienen derecho imprescriptible a conocer la verdad
histórica de los hechos”.
Una de las propuestas de redacción que hizo el equipo del
actual procurador general, Jesús Murillo Karam, señalaba que las personas que
obtengan reparación perdían su derecho a exigir reparación de cualquier otra
naturaleza. Ese punto fue rechazado por el MPJD.
En cuanto a las personas que podrán integrarse al SNAV están
por ponerse candados que indiquen que deben ser especialistas o víctimas de
distintos delitos y regiones geográficas. Tampoco podrán ser elegidas personas
que hayan ocupado cargos públicos o en la estructura de algún partido político
dentro de los dos años previos a su designación para evitar lo que ocurrió
durante el calderonismo: Que un reducido grupo, cercano al gobierno, de
organizaciones de víctimas de secuestro acaparó los consejos consultivos de las
dependencias.
Sobre la eliminación de Províctima, que era una “ventanilla
única” que otorgaba servicios jurídicos, médicos y psicológicos a las víctimas,
García señala: “En este nuevo sistema cada estado tendrá su ventanilla única,
que es una comisión ejecutiva, donde la víctima se registrará y tendrá una
acreditación con la que todas las instituciones del país sabrán que es víctima
y que tienen que atenderla”. Esto da derecho a servicios hospitalarios públicos
o privados.
A partir de la promulgación de la ley reformada, las
instituciones médicas del país tendrán 180 días para reformar sus leyes y
reglamentos internos.
La versión original de la ley impulsada por el MPJD obligaba
a la creación de un cuerpo de abogados victimales en todas las procuradurías,
que fueran contrapartes del Ministerio Público y equivalentes a los defensores de
oficio. Murillo Karam pidió que esto fuera modificado por considerar que
trastoca el papel de los defensores de oficio. En su lugar se creará la
Asesoría Jurídica Federal, un área de abogados victimales que dependerá de la
Comisión Ejecutiva del SNAV.
Responsabilidad del Estado
En su primera semana en la Presidencia, Peña Nieto retiró la
controversia constitucional con la que Calderón intentó bloquear la publicación
de la Ley General de Víctimas aprobada en abril.
“La excusa de los expertos (calderonistas) fue lo que
implicaba para el Estado la reparación económica a las víctimas, pero también
supimos que fue en castigo porque no quisimos entrarle al Memorial que
construyó y que finalmente nunca inauguró”, explica González de León.
Según García fue un capricho de Calderón para no reconocer
el desastre que dejó su estrategia de seguridad: “Esta ley significa el
reconocimiento de que en este país hubo un periodo de una violencia criminal e
institucional que dejó una crisis humanitaria en el país y que por tanto el
Estado tiene la obligación de generar un instrumento jurídico que se exprese en
una política pública para atender sus efectos y para resarcir, restaurar,
reparar íntegramente el menoscabo de los derechos de las personas que hayan
sido víctimas”.
“La Ley de Víctimas no permite que se diga que lo que
ocurrió es responsabilidad del sexenio pasado; el Estado sigue teniendo
responsabilidad aunque haya cambio de administración. Y el problema sigue
vivo”, agrega González de León.
Aunque González de León y García esbozan un gesto de “misión
cumplida”, están expectantes de que la etapa de reglamentación concrete el
logro.
La aprobación de la ley sería sólo un tramo en el camino del
MPJD –creado a partir del asesinato del hijo de Javier Sicilia– que mediante
caravanas en México y Estados Unidos, actos en cada plaza pública del país,
encuentros con la clase política, movilizaciones de protesta, plantones en las
sedes del Poder Legislativo, una huelga de hambre e intenso cabildeo logró una
legislación que está a punto de hacerse realidad.
Como comentó un legislador: “¿Cómo no voy a votar esa ley si
tengo tantos ojos viéndome, si ahí están las personas llorando para que les
hagan justicia?”
Lo que sigue, explica González de León, es vigilar la
reglamentación, armar un encuentro binacional de víctimas de todo México y
Estados Unidos, pedir que la Estela de Luz sea resignificada para convertirla
en el verdadero memorial de las víctimas de la violencia en México,
movilizaciones para exigir que se haga justicia en los distintos casos.
En enero habrá un encuentro para fijar la postura del MPJD
frente al sexenio de Peña Nieto porque, explica González de León: “A pesar de
la aprobación de la ley nos reservamos el derecho a la duda (…) no queremos ser
su coro de apoyo”.
García, quien después de esta misión se separará del MPJD,
expresa: “No conozco un solo movimiento que haya sentado a toda la clase
política, al presidente, a los legisladores, para plantearles su agenda. Nomás
no pudo sentar al Poder Judicial porque se rehusaron a ir al Castillo de
Chapultepec. El Movimiento por la Paz es en este momento el más subversivo”.
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