El gobierno de México, omiso ante el caso Ye Gon
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), 10 de agosto de 2008;
En el caso del empresario Zhenli Ye Gon, que se encuentra preso en Estados Unidos bajo la acusación de introducir metanfetaminas a ese país, una serie de dilaciones por parte de las autoridades estadunidenses, así como la pobre cooperación del gobierno de México, mantienen empantanadas las investigaciones y retrasado el juicio contra el chino naturalizado mexicano. Realizado con el apoyo del Programa de Becas para Periodistas de América Latina, emprendido este año por el diario The Washington Post y el Woodrow Wilson International Center, el presente trabajo revela los obstáculos y las contradicciones del caso.
WASHINGTON.- Cumplido un año de la detención de Zhenli Ye Gon, los gobiernos de México y de Estados Unidos no han aportado pruebas fehacientes de que el empresario farmacéutico preso en esta ciudad fuera proveedor del mercado estadunidense de metanfetaminas.
Sin embargo, el ciudadano chino naturalizado mexicano tampoco ha desvirtuado una de las principales acusaciones en su contra: que no fueron 205 millones de dólares en efectivo, sino 350 millones los que llegó a poseer en México, Estados Unidos, China y Hong Kong como producto de la venta de efedrina y seudoefedrina a laboratorios clandestinos.
El probable consentimiento oficial que Ye Gon tuvo en México en su actividad inicial como importador de toda clase de bienes, y luego como un empresario farmacéutico, se ha convertido en un obstáculo para que fluya la información desde México a Estados Unidos.
En varias ocasiones, el Departamento de Justicia, del que depende la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, ha dicho ante la Corte que no ha podido acreditar y precisar todos los cargos contra el empresario de origen chino porque el gobierno de México le envía la información en partes.
Es más: el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, asegura que la administración de Felipe Calderón le ha escamoteado información al Departamento de Justicia. “La Procuraduría General de la República ha mandado a Washington pruebas diferentes a las que sirvieron para la causa penal que le sigue tanto a él como a su esposa y sus empleados”, asegura el también defensor de éstos.
Proceso consiguió tener acceso al expediente del caso (1:07-CR-00181-EGS), el cual se compone de más de mil páginas y se encuentra radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.
De la revisión de ese documento y de los pormenores del caso puede establecerse que el gobierno estadunidense tiene su propia estrategia: alargar tanto como pueda el período de alegatos antes de que se abra el juicio en contra de Ye Gon, quien se halla confinado en una cárcel de alta seguridad en Washington.
El propósito: lograr que alguno de los detenidos en México lo incrimine o que el empresario se convierta en testigo protegido, algo que sus abogados aseguran que no ocurrirá. La amenaza es una sentencia mínima de entre 10 y 30 años de prisión. La máxima puede ser cadena perpetua.
Desde su arresto, efectuado en las afueras de la capital estadunidense, el empresario ha intentado que el juez Emmet Sullivan, titular de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, deseche la acusación por considerar que los cargos en su contra no tienen sustento.
Ye Gon ha hecho esta petición en cuatro ocasiones porque, después de un año de prisión preventiva, el Departamento de Justicia no ha presentado evidencias que demuestren que el empresario surtía al mercado ilegal estadunidense de drogas sintéticas ni que lavaba dinero en Las Vegas. De hecho, de los 126 millones de dólares que Ye Gon asegura haber apostado entre 2004 y 2007 en los casinos de Nevada, 80 están registrados como pérdidas.
Involucrada desde 2006 en la investigación de la PGR contra Ye Gon, la DEA alertó a la justicia estadunidense al estimar en 724 millones de dólares los recursos que Ye Gon pudo haber obtenido en el mercado ilegal de metanfetaminas por la venta de 86.885 toneladas de seudoefedrina que según la agencia antidrogas el empresario importó a México en un solo año.
La DEA asegura que esa cantidad se integró con 20 y 29.4 toneladas de N-metil-acetilamino importadas el 12 de diciembre de 2005 y el 6 de enero de 2006, respectivamente, y con 37.485 toneladas de hidroxi-benzil-N-methil-acetetamina, importadas del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.
La DEA le explicó al juez Sullivan que, de acuerdo con sus análisis, la primera sustancia tiene un nombre químico parcial que no está identificada para la producción de analgésicos. Mientras que el segundo nombre, observa, no corresponde a ningún químico conocido; de acuerdo con las investigaciones del Laboratorio Central de la Administración Central de Aduanas de México, se trataba de seudoefedrina.
Lo que la agencia antidrogas no le dijo al juez es que esas casi 90 toneladas entraron a México con la autorización de la propia Administración de Aduanas –que depende de la Secretaría de Hacienda–, a pesar de que desde el primer embarque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le advirtió al entonces director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, sobre la falsificación de permisos por parte de Unimed, empresa propiedad de Ye Gon.
Tampoco reveló que el Laboratorio Central demoró varios meses en informar de sus hallazgos ni que la PGR no hizo nada para detener esas importaciones, que según la DEA tuvieron como destino final el mercado estadunidense en forma de drogas sintéticas. Hasta ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha demostrado cómo, cuándo ni quiénes introdujeron las metanfetaminas a Estados Unidos.
Inconsistencias
Ye Gon ya fue indiciado por un gran jurado del Distrito de Columbia, no obstante que los cargos formulados por la DEA han sido vagos e imprecisos. Primero lo acusó de ser proveedor de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, y después de que él mismo era productor del estimulante.
Antes de que, en 2005, se estableciera en México la prohibición para importar seudoefedrina, entre 2002 y 2004 Ye Gon importó 81 toneladas de este químico, según constató la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 50/07 practicada a la Cofepris. Sin embargo, de acuerdo con la misma auditoría, sólo 34 toneladas fueron registradas por el organismo. Las 47 restantes no se anotaron como importaciones autorizadas y se desconoce cuál fue su destino.
La acusación contra Ye Gon en Estados Unidos se apoya en esas 81 toneladas y en el intento de Unimed de introducir a México otras 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina, una sustancia que lo mismo puede convertirse en metanfetaminas que en medicamentos.
Para desacreditar la acusación, la defensa de Ye Gon presentó ante la Corte la factura de esas importaciones. Según se lee en el documento, escrito tanto en chino como en inglés, el propio empresario viajó a Mongolia interior, casi en la frontera china con Rusia, para realizar la compra.
La operación la hizo el 18 de octubre de 2006. Compró 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina a la empresa Chifeng Arker Pharmaceutical Technology, una subsidiaria de Shangai Industrial United Holdings, compañía que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. El precio fue de 692 mil 895 dólares. De acuerdo con la factura, la mercancía salió del puerto de Tianjin, y aunque no lo precisa, llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diciembre de 2006.
La defensa de Ye Gon sostiene que esa era la única empresa a la que le compraba ese tipo de sustancias. Establecida desde 1949, en 2000 Chifeng Arker empezó a producir series de seudoefedrina para uso médico.
En 2003, la Food and Drug Administration de Estados Unidos hizo una inspección a la compañía. Más aún, cuando en marzo de 2007 se desató el escándalo de los 205 millones de dólares, agentes de la DEA se trasladaron a la compañía. Un año después, el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contra Unimed por su relación con Chifeng Arker.
Un hecho extraño es que, si bien el juicio contra Ye Gon no se ha iniciado en Estados Unidos, el procurador mexicano, Eduardo Medina Mora, ordenó la destrucción de la sustancia. Otro hecho raro es que el gobierno de Calderón repartió entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial los 205 millones de dólares incautados sin que mediara para ello una resolución judicial.
La incautación de las casi 20 toneladas de seudoefedrina derivó en el cateo a las propiedades de Ye Gon en México, donde además de esa millonaria cantidad la PGR aseguró 111 mil dólares y documentación de cuentas bancarias en Estados Unidos, China y Hong Kong, así como de transferencias de casas de cambio de México a Estados Unidos y Europa.
Todas esas cuentas están congeladas, además de que Estados Unidos le aseguró al empresario un Rolls Royce Phantom 2007.
No obstante, la imputación de la DEA es muy vaga. Dice que el acusado, “consciente e intencionalmente… conspiró… con otros coconspiradores conocidos y desconocidos para el gobierno”.
El único supuesto cómplice identificado es Michelle Wong, una exempleada del Mirage Hotel Casino en Las Vegas con la que Ye Gon se involucró sentimentalmente y a la que la DEA acusa de lavado de dinero. En una declaración presentada por esta agencia, pero que no está firmada por la testigo, se asegura que Ye Gon le contó que estaba lavando dinero para narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, el abogado de Wong, George Allan Dale, niega que su clienta haya hecho esta imputación a Ye Gon.
El fiscal del Departamento de Justicia encargado del caso, Paul Laymon, ha intentado aplazar el comienzo del juicio, pues pretende que Ye Gon se declare culpable o que su esposa u otro de los detenidos en México lo incriminen. Uno de los argumentos que Laymon usa para retrasar el juicio es que el gobierno de China no ha entregado toda la información que se le ha solicitado en virtud de que se encuentra ocupado con motivo de los Juegos Olímpicos.
En su empeño por incriminarlo, Laymon se trasladó a México para interrogar a la esposa del acusado y a dos de sus exempleados, lo que constituye una violación al procedimiento penal mexicano. Con la anuencia de la PGR y sin la presencia del abogado De la Garza, Laymon y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de la embajada de Estados Unidos en México se trasladaron el 25 de abril de 2007 al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para pedir a esas personas su colaboración para incriminar a Ye Gon.
Por lo pronto, Laymon logró que el juez Sullivan alargue el período previo al inicio del juicio, pese a que el juzgador encontró “débiles” las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. El Código Federal estadunidense establece que un detenido debe ser procesado 70 días después de su arresto.
El conteo se ha interrumpido debido a una serie de acciones impulsadas por el Departamento de Justicia. De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno estadunidense, el plazo para el comienzo del juicio se vencería a fin de año si es que no hay más acciones dilatorias. David Zapp, uno de los abogados de Ye Gon, calcula que podría pasar por lo menos otro año antes del juicio.
Antecedentes
Al empantanamiento de la causa penal contra Ye Gon contribuyó la estrategia inicial de la defensa, que intentó presentar a su cliente como víctima de una persecución política.
Tanto en sus respuestas a las imputaciones de la DEA como en su petición de asilo político, Ye Gon involucró a representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de haberlo obligado a esconder en su casa los 205 millones de dólares que, afirmó entonces, fueron el sobrante de los recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.
En particular, señaló a Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo y jefe de la campaña de Calderón, de haberlo amenazado de muerte si no cooperaba. Lozano rechazó la acusación y anunció que demandaría a Ye Gon en Estados Unidos por difamación. En medio del escándalo, Lozano incluso viajó a ese país. Pero en los registros judiciales estadunidenses no aparece ninguna acción legal del funcionario mexicano contra el empresario.
El escándalo político no le funcionó a Ye Gon, aunque uno de sus primeros defensores, Martin Mac Mahon, cuyo despacho litiga disputas comerciales internacionales, insiste en relacionar el caso con hechos de corrupción en México.
Sin embargo, Mac Mahon dejó de participar en la defensa de Ye Gon a petición de éste.
El segundo abogado del empresario, Ning Ye, quien ejerce entre Washington y Nueva York, asegura que se trata de un caso “frívolo” porque “de todos los documentos mostrados por el gobierno, no hay nada que incrimine” a su cliente.
El nuevo abogado contratado por Ye Gon es David Zapp, cuyo despacho en Nueva York se especializa en casos de lavado de dinero. Él asegura que lo más difícil para el gobierno estadunidense será probar el vínculo de las importaciones de Unimed con Estados Unidos. Pero advierte que el Departamento de Justicia insistirá para que alguien termine por incriminar a Ye Gon.
La detención del empresario puso en evidencia al gobierno de Vicente Fox, que le dio todas las facilidades para operar en México como importador a gran escala de mercancías desde China, en especial de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos, incluida la efedrina y la seudoefedrina, precursores de las metanfetaminas.
De acuerdo con los registros de Unimed presentados en la Corte federal del Distrito de Columbia, durante cinco años Ye Gon logró introducir a México por lo menos 8 mil toneladas de sustancias químicas, para revenderlas a distintos laboratorios.
A partir de 1997, la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de sus operaciones comerciales, pues fue cuando dio de alta su empresa. A finales de ese año, el Instituto Nacional de Migración le otorgó permiso para que residiera en México como técnico farmacéutico de laboratorios Silanes.
Esta última compañía es propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, amigo de Vicente Fox desde la universidad y contribuyente de la campaña del guanajuatense por medio de Amigos de Fox. Cinco años después, el entonces presidente le entregó a Ye Gon su carta de naturalización como mexicano.
Todas las facilidades
El empresario oriental operaba en México con autorización de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2005, el gobierno de Fox decidió controlar la importación de efedrina y seudoefedrina. Antes de ese año, todas las puertas estaban abiertas en México para que estas sustancias se desviaran hacia el mercado ilegal de las metanfetaminas.
La febril actividad importadora de Ye Gon durante el gobierno pasado no sólo contó con la autorización de la Cofepris, sino que tuvo permisos de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, que ahora lo acusa.
En octubre de 2006 obtuvo dos cartas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que le permitieron importar sulfato de gentamicina, materia prima para la elaboración de antibióticos.
La acusación formal contra Ye Gon, mediante una declaración jurada, la hizo Eduardo A. Chávez, agente especial de la DEA destacado en la Ciudad de México.
WASHINGTON.- Cumplido un año de la detención de Zhenli Ye Gon, los gobiernos de México y de Estados Unidos no han aportado pruebas fehacientes de que el empresario farmacéutico preso en esta ciudad fuera proveedor del mercado estadunidense de metanfetaminas.
Sin embargo, el ciudadano chino naturalizado mexicano tampoco ha desvirtuado una de las principales acusaciones en su contra: que no fueron 205 millones de dólares en efectivo, sino 350 millones los que llegó a poseer en México, Estados Unidos, China y Hong Kong como producto de la venta de efedrina y seudoefedrina a laboratorios clandestinos.
El probable consentimiento oficial que Ye Gon tuvo en México en su actividad inicial como importador de toda clase de bienes, y luego como un empresario farmacéutico, se ha convertido en un obstáculo para que fluya la información desde México a Estados Unidos.
En varias ocasiones, el Departamento de Justicia, del que depende la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, ha dicho ante la Corte que no ha podido acreditar y precisar todos los cargos contra el empresario de origen chino porque el gobierno de México le envía la información en partes.
Es más: el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, asegura que la administración de Felipe Calderón le ha escamoteado información al Departamento de Justicia. “La Procuraduría General de la República ha mandado a Washington pruebas diferentes a las que sirvieron para la causa penal que le sigue tanto a él como a su esposa y sus empleados”, asegura el también defensor de éstos.
Proceso consiguió tener acceso al expediente del caso (1:07-CR-00181-EGS), el cual se compone de más de mil páginas y se encuentra radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.
De la revisión de ese documento y de los pormenores del caso puede establecerse que el gobierno estadunidense tiene su propia estrategia: alargar tanto como pueda el período de alegatos antes de que se abra el juicio en contra de Ye Gon, quien se halla confinado en una cárcel de alta seguridad en Washington.
El propósito: lograr que alguno de los detenidos en México lo incrimine o que el empresario se convierta en testigo protegido, algo que sus abogados aseguran que no ocurrirá. La amenaza es una sentencia mínima de entre 10 y 30 años de prisión. La máxima puede ser cadena perpetua.
Desde su arresto, efectuado en las afueras de la capital estadunidense, el empresario ha intentado que el juez Emmet Sullivan, titular de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, deseche la acusación por considerar que los cargos en su contra no tienen sustento.
Ye Gon ha hecho esta petición en cuatro ocasiones porque, después de un año de prisión preventiva, el Departamento de Justicia no ha presentado evidencias que demuestren que el empresario surtía al mercado ilegal estadunidense de drogas sintéticas ni que lavaba dinero en Las Vegas. De hecho, de los 126 millones de dólares que Ye Gon asegura haber apostado entre 2004 y 2007 en los casinos de Nevada, 80 están registrados como pérdidas.
Involucrada desde 2006 en la investigación de la PGR contra Ye Gon, la DEA alertó a la justicia estadunidense al estimar en 724 millones de dólares los recursos que Ye Gon pudo haber obtenido en el mercado ilegal de metanfetaminas por la venta de 86.885 toneladas de seudoefedrina que según la agencia antidrogas el empresario importó a México en un solo año.
La DEA asegura que esa cantidad se integró con 20 y 29.4 toneladas de N-metil-acetilamino importadas el 12 de diciembre de 2005 y el 6 de enero de 2006, respectivamente, y con 37.485 toneladas de hidroxi-benzil-N-methil-acetetamina, importadas del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.
La DEA le explicó al juez Sullivan que, de acuerdo con sus análisis, la primera sustancia tiene un nombre químico parcial que no está identificada para la producción de analgésicos. Mientras que el segundo nombre, observa, no corresponde a ningún químico conocido; de acuerdo con las investigaciones del Laboratorio Central de la Administración Central de Aduanas de México, se trataba de seudoefedrina.
Lo que la agencia antidrogas no le dijo al juez es que esas casi 90 toneladas entraron a México con la autorización de la propia Administración de Aduanas –que depende de la Secretaría de Hacienda–, a pesar de que desde el primer embarque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le advirtió al entonces director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, sobre la falsificación de permisos por parte de Unimed, empresa propiedad de Ye Gon.
Tampoco reveló que el Laboratorio Central demoró varios meses en informar de sus hallazgos ni que la PGR no hizo nada para detener esas importaciones, que según la DEA tuvieron como destino final el mercado estadunidense en forma de drogas sintéticas. Hasta ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha demostrado cómo, cuándo ni quiénes introdujeron las metanfetaminas a Estados Unidos.
Inconsistencias
Ye Gon ya fue indiciado por un gran jurado del Distrito de Columbia, no obstante que los cargos formulados por la DEA han sido vagos e imprecisos. Primero lo acusó de ser proveedor de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, y después de que él mismo era productor del estimulante.
Antes de que, en 2005, se estableciera en México la prohibición para importar seudoefedrina, entre 2002 y 2004 Ye Gon importó 81 toneladas de este químico, según constató la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 50/07 practicada a la Cofepris. Sin embargo, de acuerdo con la misma auditoría, sólo 34 toneladas fueron registradas por el organismo. Las 47 restantes no se anotaron como importaciones autorizadas y se desconoce cuál fue su destino.
La acusación contra Ye Gon en Estados Unidos se apoya en esas 81 toneladas y en el intento de Unimed de introducir a México otras 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina, una sustancia que lo mismo puede convertirse en metanfetaminas que en medicamentos.
Para desacreditar la acusación, la defensa de Ye Gon presentó ante la Corte la factura de esas importaciones. Según se lee en el documento, escrito tanto en chino como en inglés, el propio empresario viajó a Mongolia interior, casi en la frontera china con Rusia, para realizar la compra.
La operación la hizo el 18 de octubre de 2006. Compró 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina a la empresa Chifeng Arker Pharmaceutical Technology, una subsidiaria de Shangai Industrial United Holdings, compañía que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. El precio fue de 692 mil 895 dólares. De acuerdo con la factura, la mercancía salió del puerto de Tianjin, y aunque no lo precisa, llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diciembre de 2006.
La defensa de Ye Gon sostiene que esa era la única empresa a la que le compraba ese tipo de sustancias. Establecida desde 1949, en 2000 Chifeng Arker empezó a producir series de seudoefedrina para uso médico.
En 2003, la Food and Drug Administration de Estados Unidos hizo una inspección a la compañía. Más aún, cuando en marzo de 2007 se desató el escándalo de los 205 millones de dólares, agentes de la DEA se trasladaron a la compañía. Un año después, el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contra Unimed por su relación con Chifeng Arker.
Un hecho extraño es que, si bien el juicio contra Ye Gon no se ha iniciado en Estados Unidos, el procurador mexicano, Eduardo Medina Mora, ordenó la destrucción de la sustancia. Otro hecho raro es que el gobierno de Calderón repartió entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial los 205 millones de dólares incautados sin que mediara para ello una resolución judicial.
La incautación de las casi 20 toneladas de seudoefedrina derivó en el cateo a las propiedades de Ye Gon en México, donde además de esa millonaria cantidad la PGR aseguró 111 mil dólares y documentación de cuentas bancarias en Estados Unidos, China y Hong Kong, así como de transferencias de casas de cambio de México a Estados Unidos y Europa.
Todas esas cuentas están congeladas, además de que Estados Unidos le aseguró al empresario un Rolls Royce Phantom 2007.
No obstante, la imputación de la DEA es muy vaga. Dice que el acusado, “consciente e intencionalmente… conspiró… con otros coconspiradores conocidos y desconocidos para el gobierno”.
El único supuesto cómplice identificado es Michelle Wong, una exempleada del Mirage Hotel Casino en Las Vegas con la que Ye Gon se involucró sentimentalmente y a la que la DEA acusa de lavado de dinero. En una declaración presentada por esta agencia, pero que no está firmada por la testigo, se asegura que Ye Gon le contó que estaba lavando dinero para narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, el abogado de Wong, George Allan Dale, niega que su clienta haya hecho esta imputación a Ye Gon.
El fiscal del Departamento de Justicia encargado del caso, Paul Laymon, ha intentado aplazar el comienzo del juicio, pues pretende que Ye Gon se declare culpable o que su esposa u otro de los detenidos en México lo incriminen. Uno de los argumentos que Laymon usa para retrasar el juicio es que el gobierno de China no ha entregado toda la información que se le ha solicitado en virtud de que se encuentra ocupado con motivo de los Juegos Olímpicos.
En su empeño por incriminarlo, Laymon se trasladó a México para interrogar a la esposa del acusado y a dos de sus exempleados, lo que constituye una violación al procedimiento penal mexicano. Con la anuencia de la PGR y sin la presencia del abogado De la Garza, Laymon y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de la embajada de Estados Unidos en México se trasladaron el 25 de abril de 2007 al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para pedir a esas personas su colaboración para incriminar a Ye Gon.
Por lo pronto, Laymon logró que el juez Sullivan alargue el período previo al inicio del juicio, pese a que el juzgador encontró “débiles” las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. El Código Federal estadunidense establece que un detenido debe ser procesado 70 días después de su arresto.
El conteo se ha interrumpido debido a una serie de acciones impulsadas por el Departamento de Justicia. De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno estadunidense, el plazo para el comienzo del juicio se vencería a fin de año si es que no hay más acciones dilatorias. David Zapp, uno de los abogados de Ye Gon, calcula que podría pasar por lo menos otro año antes del juicio.
Antecedentes
Al empantanamiento de la causa penal contra Ye Gon contribuyó la estrategia inicial de la defensa, que intentó presentar a su cliente como víctima de una persecución política.
Tanto en sus respuestas a las imputaciones de la DEA como en su petición de asilo político, Ye Gon involucró a representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de haberlo obligado a esconder en su casa los 205 millones de dólares que, afirmó entonces, fueron el sobrante de los recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.
En particular, señaló a Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo y jefe de la campaña de Calderón, de haberlo amenazado de muerte si no cooperaba. Lozano rechazó la acusación y anunció que demandaría a Ye Gon en Estados Unidos por difamación. En medio del escándalo, Lozano incluso viajó a ese país. Pero en los registros judiciales estadunidenses no aparece ninguna acción legal del funcionario mexicano contra el empresario.
El escándalo político no le funcionó a Ye Gon, aunque uno de sus primeros defensores, Martin Mac Mahon, cuyo despacho litiga disputas comerciales internacionales, insiste en relacionar el caso con hechos de corrupción en México.
Sin embargo, Mac Mahon dejó de participar en la defensa de Ye Gon a petición de éste.
El segundo abogado del empresario, Ning Ye, quien ejerce entre Washington y Nueva York, asegura que se trata de un caso “frívolo” porque “de todos los documentos mostrados por el gobierno, no hay nada que incrimine” a su cliente.
El nuevo abogado contratado por Ye Gon es David Zapp, cuyo despacho en Nueva York se especializa en casos de lavado de dinero. Él asegura que lo más difícil para el gobierno estadunidense será probar el vínculo de las importaciones de Unimed con Estados Unidos. Pero advierte que el Departamento de Justicia insistirá para que alguien termine por incriminar a Ye Gon.
La detención del empresario puso en evidencia al gobierno de Vicente Fox, que le dio todas las facilidades para operar en México como importador a gran escala de mercancías desde China, en especial de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos, incluida la efedrina y la seudoefedrina, precursores de las metanfetaminas.
De acuerdo con los registros de Unimed presentados en la Corte federal del Distrito de Columbia, durante cinco años Ye Gon logró introducir a México por lo menos 8 mil toneladas de sustancias químicas, para revenderlas a distintos laboratorios.
A partir de 1997, la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de sus operaciones comerciales, pues fue cuando dio de alta su empresa. A finales de ese año, el Instituto Nacional de Migración le otorgó permiso para que residiera en México como técnico farmacéutico de laboratorios Silanes.
Esta última compañía es propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, amigo de Vicente Fox desde la universidad y contribuyente de la campaña del guanajuatense por medio de Amigos de Fox. Cinco años después, el entonces presidente le entregó a Ye Gon su carta de naturalización como mexicano.
Todas las facilidades
El empresario oriental operaba en México con autorización de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2005, el gobierno de Fox decidió controlar la importación de efedrina y seudoefedrina. Antes de ese año, todas las puertas estaban abiertas en México para que estas sustancias se desviaran hacia el mercado ilegal de las metanfetaminas.
La febril actividad importadora de Ye Gon durante el gobierno pasado no sólo contó con la autorización de la Cofepris, sino que tuvo permisos de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, que ahora lo acusa.
En octubre de 2006 obtuvo dos cartas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que le permitieron importar sulfato de gentamicina, materia prima para la elaboración de antibióticos.
La acusación formal contra Ye Gon, mediante una declaración jurada, la hizo Eduardo A. Chávez, agente especial de la DEA destacado en la Ciudad de México.
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