Columna Plaza Pública/Miguel Angel Granado Chapas
El general incómodo
Si el comandante de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali fue trasladado porque sus denuncias contra la corrupción policiaca y ministerial en Baja California lesionaron intereses poderosos, todos debemos preocuparnos.
El general Sergio Aponte Polito dejó la comandancia de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, que comprende los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. La noticia podría ser simplemente parte de la normalidad militar, y así la presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su comunicado de prensa número 151, fechado el viernes 8, incluye el cambio de destino del general mencionado dentro del "movimiento de 7 generales, 48 jefes y 15 oficiales" que obedece "a la rotación de mandos superiores, mandos de corporación y subalternos" que la Sedena "realiza en forma constante".
Aponte Polito, general de división diplomado de Estado Mayor, será a partir de ahora presidente del Supremo Tribunal Militar con sede en la Ciudad de México, la más importante autoridad judicial del fuero de guerra. Como no se requiere tener formación jurídica para desempeñar esa función jurisdiccional (digamos de paso que ése es uno de los defectos de que los delitos contra la disciplina militar sean juzgados dentro de la estructura castrense) y Aponte Polito no la tiene, su designación por el alto mando puede ser en efecto simplemente consecuencia de la rotación burocrática. Pero es imposible no tener en cuenta el paso por Baja California del ahora juez supremo y, por lo tanto, preguntarnos por los motivos de su traslado. La respuesta que nos demos dirá si su salida de la entidad peninsular es una victoria de la formalidad, que había sido infringida por el militar, o es un triunfo de la delincuencia organizada en beneficio de autoridades locales corruptas, no sólo minadas por el hampa sino enteramente puestas a su servicio.
A su llegada a Tijuana hace 2 años, Aponte Polito se percató pronto de que las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales en Baja California incumplían sus deberes de garantizar la seguridad de las personas. Más allá del auxilio que, previa petición, la autoridad militar ha de prestar a las civiles, se atribuyó facultades que, además, implicaban una permanente crítica al poder estatal. Estableció un sistema de denuncia ciudadana a través de Internet, cuya contraseña electrónica era una oferta y un reproche: Llame, nosotros sí vamos. Instalado en enero, en abril el servicio había sumado más de dos mil llamadas, muchas de las cuales proporcionaron al comandante de la región militar información sobre el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia del estado. (Hay que decir, para completar la información sobre ese mecanismo, que por lo menos en un caso incumplió su promesa en circunstancias graves: los secuestradores del ingeniero Enríquez Nishikawa insatisfechos por el monto del rescate recibido asaltaron a balazos en mayo pasado la casa familiar de su víctima. Su hermana Aiko denunció el ataque ante la región militar y nadie acudió en su auxilio).
Provocado por el procurador del estado Rommel Moreno Manjarrez, el general Aponte Polito hizo en abril pasado una denuncia pormenorizada de insuficiencias y corruptelas de cuerpos policiacos, pues el funcionario estatal había desdeñado apreciaciones genéricas del militar sobre el tema. De allí que recibiera pelos y señales, nombres y circunstancias de actos delictuosos perpetrados por quienes debían hacer observar la ley y castigar a los infractores. Aunque la posición del general fue apoyada por sus superiores (que llamaron a cuentas al gobernador José Guadalupe Osuna, que compareció en la Sedena ante el general Guillermo Galván y el secretario de Gobernación) no se desprendieron consecuencias de los señalamientos del comandante de la zona. La reacción estatal se expresó apenas en algún despido y en la apertura de averiguaciones previas que no han prosperado, no obstante, o quizá por ello mismo, que un ex procurador de Justicia cuenta entre los señalados por Aponte Polito.
En cambio, se pretendió poner en mal ante la opinión pública al militar. Se deslizó la información de que en un restaurante el general había disparado un arma de fuego en circunstancias que, como suele suceder con filtraciones de ese género, no se precisan para que las configure la libre imaginación de quien las conoce. El infundio parece haber convencido a la Sedena de que era hora de apartar de allí al comandante, sea porque se había excedido en sus funciones o porque incomodaba a los negros poderes fácticos que tanto peso tienen en aquella entidad.
Ya una vez Aponte Polito fue desplazado de un puesto de mando en circunstancias parecidas. En diciembre de 2005 era jefe de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán cuando reprochó al gobernador Jesús Aguilar Padilla el que no atacara la corrupción policiaca. Aunque el Ejecutivo local fingió recibir en buenos términos las palabras del militar (hasta hizo editar el discurso de marras) consiguió que Aponte Polito saliera de su entidad inmediatamente. Antes de dos semanas de su denuncia había sido hecho comandante de la Decimoséptima Zona Militar con sede en Querétaro.
El tono de la carta de abril del entonces jefe de la región militar era preocupante porque, implícita pero claramente, insistía en la superioridad de los mandos castrenses en el combate a la delincuencia, inmunes a la corrupción y se arrogaba el derecho de supervisar a los civiles. Pero su contenido daba cuenta del poder de las mafias sobre los cuerpos de seguridad. Si esto último fue la causa de su traslado, en Baja California y en todo México hemos de lamentarlo.
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