Inseguridad segura/Ernesto Villanueva
Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;
Se ha vuelto lugar común hablar, escuchar y escribir sobre la inseguridad. Decir más de lo mismo no es decir nada, pero es oportuno, y por desgracia necesario, precisar algunos puntos sobre este problema social. Veamos.
Primero. Con el aparente propósito de combatir el crimen, las autoridades federales y locales han desarrollado algunos esquemas de importación, como el bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles a efecto de combatir extorsiones, secuestros reales y virtuales, entre otros delitos. Esa medida no es más que una tomadura de pelo y una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. Sustento lo que afirmo.
Imagínese por un momento que no existen problemas técnicos y que los bloqueadores de celulares en las cárceles no afectan la señal de los reclusos: ¿Qué pasa si los internos no hablan por celulares? Es evidente que la delincuencia no sufre un retraso mental. Los malosos pueden hablar por teléfono satelital, si el negocio reditúa bien, o por redes de internet, que es la solución más barata y segura (para los delincuentes) a fin de comunicarse con el exterior. Pero suponiendo que las autoridades mexicanas hayan descubierto sistemas de rastreo y bloqueo que la sociedad occidental desconoce, el verdadero poder se encuentra en quien prende o apaga el bloqueador, es decir, en las propias autoridades. ¿Usted confiaría en ellas?
Segundo. Más por razones de ventaja política que por cualquier otra cosa, los legisladores priistas y otros más proponen que se legisle para que los teléfonos celulares sean dotados de un chip localizador. De nueva cuenta se ofende a la sociedad. Cabe recordar que los teléfonos celulares son en este momento, sin necesidad de chip alguno, verdaderas antenas portátiles que reciben y transmiten señales por células y, por ende, pueden ser localizables. Cualquier delincuente sabe que es mejor hablar por skype desde un café internet donde es prácticamente imposible que lo localicen que hacerlo por celular o por un teléfono fijo. Sorprende que los legisladores, que conocen muy bien esta circunstancia, hagan iniciativas de este tipo para darle cierta seguridad psicológica a la población, pero sólo eso.
Tercero. Por si lo anterior fuera poco, la Procuraduría General de la República tiene al aire en radio y televisión una campaña en la cual se indica que en lo que va del sexenio se ha decomisado más droga que en otras épocas, y se mencionan cifras que no dicen nada a nadie. El problema de esta acción es grave: a) no hay parámetros de medición y comparación; b) se trata sólo del dicho de la PGR, sin vitrina metodológica alguna, y c) la PGR se vuelve parte de la publicidad engañosa como si de una empresa comercial se tratara por posicionar un producto.
Aun si fueran ciertas las cifras de la PGR y México ha ganado la partida al narcotráfico y al crimen (algo que nadie ve, sino todo lo contrario), es su obligación legal hacer esa labor. Resulta absurdo que con los recursos de la sociedad se hagan anuncios de posicionamiento de una institución pública para mentirle o para decirle, en el mejor de los casos, que hizo algo que le ordena la ley y que el pueblo le paga. ¿Se imagina alguien un anuncio de Telmex o de Bimbo hecho con recursos de los empleados de estas empresas privadas para informarles que todos cumplieron con sus horas de trabajo, como si ello fuera la excepción y no la regla?
Los orígenes de los males no se localizan en la tecnología ni en campañas publicitarias con recursos públicos, sino en la corrupción que día con día se incrementa. Ello empieza con una distribución irracional del presupuesto público: ¿Cómo resolver las dobles nóminas en las policías si el Estado les paga cualquier cosa y el crimen organizado tres o cuatro veces más? ¿Cómo justificar, por ejemplo, que en la PGR un oficial técnico gane 5 mil 229 pesos mensuales y el procurador 145 mil 609; es decir, ¡casi 30 veces más!? Es obvio que un mejor o peor sueldo no determina que alguien reciba o no dinero de la ventanilla de enfrente, pero la distancia que separa al que menos gana del que gana más es un indicador que no puede ser echado por la borda cuando del combate a la corrupción se trata.
Y si la corrupción es acaso un mal endémico sin solución, la impunidad viene a agravar este problema. México se ha vuelto cada vez más un país sin consecuencias. Se asiste a un estado de derecho más testimonial que efectivo. Así, lo único seguro es que la inseguridad adquiera carta de naturalización para mal de todos.
Posdata: El próximo miércoles 13 de agosto se presentará a las 19:00 horas el libro Medios de servicio público y transparencia, de Fidela Navarro y del autor de estas líneas, en la sede del Senado de la República en Xicoténcatl, con la participación de Carlos Sotelo, Santiago Creel, Francisco José Paoli y Javier Solórzano.
Se ha vuelto lugar común hablar, escuchar y escribir sobre la inseguridad. Decir más de lo mismo no es decir nada, pero es oportuno, y por desgracia necesario, precisar algunos puntos sobre este problema social. Veamos.
Primero. Con el aparente propósito de combatir el crimen, las autoridades federales y locales han desarrollado algunos esquemas de importación, como el bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles a efecto de combatir extorsiones, secuestros reales y virtuales, entre otros delitos. Esa medida no es más que una tomadura de pelo y una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. Sustento lo que afirmo.
Imagínese por un momento que no existen problemas técnicos y que los bloqueadores de celulares en las cárceles no afectan la señal de los reclusos: ¿Qué pasa si los internos no hablan por celulares? Es evidente que la delincuencia no sufre un retraso mental. Los malosos pueden hablar por teléfono satelital, si el negocio reditúa bien, o por redes de internet, que es la solución más barata y segura (para los delincuentes) a fin de comunicarse con el exterior. Pero suponiendo que las autoridades mexicanas hayan descubierto sistemas de rastreo y bloqueo que la sociedad occidental desconoce, el verdadero poder se encuentra en quien prende o apaga el bloqueador, es decir, en las propias autoridades. ¿Usted confiaría en ellas?
Segundo. Más por razones de ventaja política que por cualquier otra cosa, los legisladores priistas y otros más proponen que se legisle para que los teléfonos celulares sean dotados de un chip localizador. De nueva cuenta se ofende a la sociedad. Cabe recordar que los teléfonos celulares son en este momento, sin necesidad de chip alguno, verdaderas antenas portátiles que reciben y transmiten señales por células y, por ende, pueden ser localizables. Cualquier delincuente sabe que es mejor hablar por skype desde un café internet donde es prácticamente imposible que lo localicen que hacerlo por celular o por un teléfono fijo. Sorprende que los legisladores, que conocen muy bien esta circunstancia, hagan iniciativas de este tipo para darle cierta seguridad psicológica a la población, pero sólo eso.
Tercero. Por si lo anterior fuera poco, la Procuraduría General de la República tiene al aire en radio y televisión una campaña en la cual se indica que en lo que va del sexenio se ha decomisado más droga que en otras épocas, y se mencionan cifras que no dicen nada a nadie. El problema de esta acción es grave: a) no hay parámetros de medición y comparación; b) se trata sólo del dicho de la PGR, sin vitrina metodológica alguna, y c) la PGR se vuelve parte de la publicidad engañosa como si de una empresa comercial se tratara por posicionar un producto.
Aun si fueran ciertas las cifras de la PGR y México ha ganado la partida al narcotráfico y al crimen (algo que nadie ve, sino todo lo contrario), es su obligación legal hacer esa labor. Resulta absurdo que con los recursos de la sociedad se hagan anuncios de posicionamiento de una institución pública para mentirle o para decirle, en el mejor de los casos, que hizo algo que le ordena la ley y que el pueblo le paga. ¿Se imagina alguien un anuncio de Telmex o de Bimbo hecho con recursos de los empleados de estas empresas privadas para informarles que todos cumplieron con sus horas de trabajo, como si ello fuera la excepción y no la regla?
Los orígenes de los males no se localizan en la tecnología ni en campañas publicitarias con recursos públicos, sino en la corrupción que día con día se incrementa. Ello empieza con una distribución irracional del presupuesto público: ¿Cómo resolver las dobles nóminas en las policías si el Estado les paga cualquier cosa y el crimen organizado tres o cuatro veces más? ¿Cómo justificar, por ejemplo, que en la PGR un oficial técnico gane 5 mil 229 pesos mensuales y el procurador 145 mil 609; es decir, ¡casi 30 veces más!? Es obvio que un mejor o peor sueldo no determina que alguien reciba o no dinero de la ventanilla de enfrente, pero la distancia que separa al que menos gana del que gana más es un indicador que no puede ser echado por la borda cuando del combate a la corrupción se trata.
Y si la corrupción es acaso un mal endémico sin solución, la impunidad viene a agravar este problema. México se ha vuelto cada vez más un país sin consecuencias. Se asiste a un estado de derecho más testimonial que efectivo. Así, lo único seguro es que la inseguridad adquiera carta de naturalización para mal de todos.
Posdata: El próximo miércoles 13 de agosto se presentará a las 19:00 horas el libro Medios de servicio público y transparencia, de Fidela Navarro y del autor de estas líneas, en la sede del Senado de la República en Xicoténcatl, con la participación de Carlos Sotelo, Santiago Creel, Francisco José Paoli y Javier Solórzano.
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