Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
20 mar 2025
Adan Augusto López ordenó a sus senadores salir del pleno
Mañanera del jueves 20 de marzo de 2025
Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 20 de marzo de 2025
PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Buenos días.
Bueno, hoy tenía pendiente el día… Había dicho el lunes, el lunes creo que lo dije, el martes, ya no sé qué día, que hoy íbamos a presentar la modificación a las leyes para el tema de desaparición. No terminaron, Consejería Jurídica y todas las áreas, porque es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis.
Yo creo que lo vamos a presentar el lunes, pero el compromiso de que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y, por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país, que nos permitan atender el delito de desaparición y otros delitos.
Las columnas políticas hoy, jueves 20 de marzo de 2025
Bueno, hoy tenía pendiente el día… Había dicho el lunes, el lunes creo que lo dije, el martes, ya no sé qué día, que hoy íbamos a presentar la modificación a las leyes para el tema de desaparición. No terminaron, Consejería Jurídica y todas las áreas, porque es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis.
Yo creo que lo vamos a presentar el lunes
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Once integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, junto con representantes de la CNDH, ingresó este miércoles al rancho del horror en Teuchitlán, Jalisco…
Raúl, uno de los miembros del colectivo, expresó su preocupación por las omisiones de la Fiscalía de Jalisco y la inacción de la FGR, desde que se descubrió el lugar en septiembre pasado, tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados.
Ayer miércoles, el fiscal general, Alejandro Gertz, dijo en conferencia: “No hay elementos suficientes para inferir que en Teuchitlán haya un campo de exterminio”.
En tanto, Raúl uno de los padres buscadores expresó su firme creencia de que en el lugar se encuentran evidencias concretas..“No hay vuelta de hoja”, afirmó, reforzando su convicción de que la CNDH será esencial para ayudar a los buscadores a desentrañar lo que realmente sucedió en este sitio.
El trabajo de Guerreros Buscadores de Jalisco refleja el compromiso y la determinación de las familias que buscan respuestas en medio de la incertidumbre sobre sus seres queridos desaparecidos.
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Los reclutados /Héctor De Mauleón
ElUniversal,
El 16 de febrero de 2023 la prensa de Guerrero informó de la salida de un grupo de 50 ciudadanos guerrerenses que habían iniciado un viaje de capacitación agrícola al estado de Jalisco, y que fueron reclutados por la empresa Big Force Academy como parte del programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
Esas 50 personas procedían de diversos municipios del estado: Chilpancingo, Pungarabato, Leonardo Bravo, Ayutla, Eduardo Neri, Ometepec, Ajuchitlán del Progreso, Zihuatanejo, Tecoanapa, Iguala, Huamuxtitlán, Heliodoro Castillo y Alpoyeca. Según la información, habían cumplido con todos los requisitos para trabajar en los campos de Orlando Florida.
Esos ciudadanos habían sido convocados por las autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Acapulco. Les habían ofrecido un aprendizaje de medio año “en materia de producción del campo”, “estancia pagada” en el sitio de su aprendizaje, un sueldo de entre mil 650 y ocho mil pesos durante los meses de la capacitación, y finalmente una visa temporal de trabajo H2A.
Los despidieron en el comedor de la Universidad Autónoma de Guerrero, en presencia de autoridades municipales y funcionarios universitarios, entre otros, José Betancourt Villa, coordinador de Cooperación Internacional de la UAGro, a través de cuya oficina se realizó el convenio con Big Force Academy.
La autora de la relación entre autoridades de Guerrero y Big Force Academy fue la controvertida alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López (involucrada, por cierto, en la desaparición hace tres años de dos marinos que indebidamente fueron enviados como escoltas del entonces senador morenista José Narro).
Según declaró Betancourt Villa tiempo después, durante una gira de trabajo por Florida, Abelina López constató “las buenas condiciones de trabajo que tenían jornaleros agrícolas en Plant City” y decidió poner en marcha un programa para llevar a aquel lugar a jornaleros agrícolas de Guerrero.
La UAGro “coadyuvó” a que el convenio “de migración segura, humana, regulada y humana” se llevara a cabo con la participación, para empezar, de los ayuntamientos de Cocula, Tecoanapa, Chilpancingo y Acapulco.
En esos días, al menos 100 trabajadores fueron reclutados en oficinas municipales de Guerrero, durante un proceso en el que tomaron parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el consulado de México en Orlando.
Tengo en mi poder la lista con los nombres de los jornaleros. La mitad saldría rumbo a Lagos de Moreno, a cargo de la empresa agrícola Sun Berries, S.A. de C.V., y la otra mitad viajaría a Medio Sitio, Guanajuato, a cargo de la empresa Agrisar.
De acuerdo con un testimonio dado a conocer ayer por la periodista Azucena Uresti en su programa de radio, brindado por uno de los jornaleros que fueron reclutados en Chilpancingo, al menos uno de esos grupos —parece que el segundo— fue llevado sin su conocimiento a un rancho —afirma él que al Izaguirre—, en el que medio centenar de trabajadores fueron engañados, privados de la libertad y explotados por la empresa que los contrató.
Relató el trabajador que todos viajaron confiados, porque en el proceso de reclutamiento habían participado autoridades. Dijo que les obligaron a firmar un contrato en el que se les obligó a trabajar durante un año, y que desde el principio les comenzaron a exigir la entrega de “cooperaciones”.
¿Fue el rancho Izaguirre, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio, y en el que la Fiscalía General de la República acaba de confirmar la existencia de osamentas y cerca de 1,500 prendas abandonadas? En su testimonio, el trabajador relata que dos compañeros que salieron accidentalmente del rancho fueron agredidos de manera salvaje por hombres armados, que llegó “la policía municipal y la Guardia Nacional y que los hombres armados se retiraron…”, y que fue entonces cuando los trabajadores pudieron entrever la realidad del sitio en que se encontraban.
Hace dos años, cuando algunos lograron salir y las primeras denuncias aparecieron, la entonces presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, declaró que los ayuntamientos solo habían colaborado con la Universidad Autónoma de Guerrero “para cubrir la cuota de trabajadores”. La Secretaría del Trabajo declaró que los jornaleros habían sido reclutados por los ayuntamientos, y la UAG sostuvo que solo había “coadyuvado” de “buena fe” para “dar una alternativa de migración segura”.
No se volvió a tocar el tema hasta que estalló el escándalo del rancho Izaguirre. Sin embargo, en estos días se han vuelto a difundir convocatorias en diversos municipios —Cocula, Iguala, Chilpancingo—, dirigidas “a varones de 18 a 40 años” que deseen ser reclutados por Big Force para obtener la visa H-2A.
De nueva cuenta, la UAG figura entre quienes andan promoviendo esas jornadas: enviar personas que prácticamente serán esclavizadas y posiblemente reclutadas por un grupo criminal.
La Fiscalía General de la República está obligada de determinar cuál fue el destino del centenar de trabajadores que hace dos años salieron rumbo a Guanajuato y Jalisco. Existe una lista con sus nombres.
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Los distractores del fiscal
Con Gertz Manero a la cabeza, el gobierno federal quiere quedar exonerado de toda responsabilidad. Patear de lado y hacia delante los asuntos que le competen no es algo nuevo en el proceder del fiscal.
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Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
marzo 20, 2025 | 1:00 hrs
Tal y como el gobierno federal lo perfiló desde la semana pasada, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, señaló al equipo del exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro y a autoridades municipales en Teuchitlán, como los primeros responsables de que el horror que está escupiendo el rancho Izaguirre no se investigara a fondo ni se frenara. La imputación informal, sin tener plenamente documentadas sus hipótesis, generó soundbites en los medios y la confirmación de la existencia de restos óseos, conquistó los titulares. Pero lo más importante de este desaseo legal es que en una hora indujo a la opinión pública hasta dónde llegará y qué no tocará.
La estocada que le dio Gertz Manero a la fiscalía de Alfaro fue profunda. Narró una especie de catálogo de omisiones por parte de los fiscales jaliscienses durante dos diligencias ministeriales que realizaron en septiembre y octubre del año pasado, donde encontró 12 actuaciones irregulares, incompletas e insuficientes que podrían, primero, ser motivo de responsabilidades penales, donde el fiscal en ese entonces, Luis Joaquín Méndez, y su vicefiscal, Salvador González de los Santos, titular de la fiscalía estatal en el nuevo gobierno de Pablo Lemus, podrían estar en riesgo de ir a la cárcel.
Dentro de las omisiones, Gertz Manero deslizó que pese a tener testimonios, no establecieron vínculos de presunta complicidad de autoridades en la región –o sea, más allá del municipio de Teuchitlán–, con el crimen organizado, que toma relevancia porque el fiscal señaló en otra parte de su intervención, que a partir de la identificación de huellas dactilares, habían confirmado que ahí estuvieron sicarios que fueron detenidos en otras entidades. Es decir, ese campo de entrenamiento y exterminio, como se ha caracterizado a esa instalación del Cártel Jalisco Nueva Generación, produjo criminales que, por culpa de los fiscales de Alfaro, siguieron cometiendo asesinatos en el país.
Gertz Manero se comportó como un torero ante la prensa. Capoteó las preguntas rápidas, interrumpía adivinando con tino lo que querían que respondiera, respondía sonriendo que quizás no habían escuchado lo que había declarado antes, y tenía un lenguaje de cuerpo suelto, dueño del escenario, como lo tiene un político de vasta experiencia. Inteligente, tiró sobre el suelo del ‘Coliseo’ mexicano prensas políticas y elementos para que el imaginario colectivo se satisficiera. Al mismo tiempo, sus disparos de largo alcance en una dirección, alejaron la posibilidad inmediata de que voltearan a ver lo que también estaba haciendo: deslindar la responsabilidad de él mismo.
El fiscal fue habilidoso. Nada supo su oficina de los campos de la muerte en la región de los Valles de Jalisco, porque cuando se dio la primera intervención en el rancho La Estanzuela, de Teuchitlán, en septiembre de 2024, quien actuó fue la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa. Gertz Manero se lavó toda responsabilidad aduciendo que la Guardia le dio vista a la fiscalía del estado porque eran delitos del fuero común. Esta es la primera inconsistencia en su presentación de ayer.
El comunicado de prensa nacional 164 de la Guardia Nacional, que dio cuenta de esa acción donde participaron el Ejército y la fiscalía estatal, encontró entre otras armas, cuatro fusiles de asalto y una granada, cuya posesión ilegal no es parte del fuero común, sino federal. De acuerdo con Gertz Manero, al no darle vista a la Fiscalía General por los delitos de posesión, utilización de armas de fuego de alto calibre y delincuencia organizada, no intervino. Sin embargo, no necesitaba que pidieran que actuara, porque entre sus facultades de atracción se encuentran los delitos de secuestro, posesión de armas de fuego y explosivos –había una granada en el rancho–, y delincuencia organizada.
Es decir, tendría que haber intervenido de oficio. Pero al no hacerlo, la Fiscalía General resultó omisa y negligente. Al emitirse de manera oficial el comunicado de la Guardia Nacional, su oficina debió haberse dado por enterada. Ni lo hicieron ni actuaron Víctor Manuel Guajardo Sosa, en ese entonces jefe de la Delegación de la Fiscalía General en Jalisco, ni otros dos funcionarios que tendrían que haber intervenido, Sara Irene Herrerías, que era la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos –aspira a ser juzgadora en el nuevo Poder Judicial–, y Alfredo Higuera Bernal, que es el fiscal especializado en Delitos de Delincuencia Organizada.
El intento de Gertz Manero por dejar todo acotado a Jalisco y a la región de los Valles, donde se encuentra Teuchitlán, también deja libre de toda responsabilidad al entonces titular de la Guardia Nacional, el comandante David Córdova Campos, y a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ese entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a cuyo mando formal estaba ese grupo paramilitar que se creó para sustituir a la Policía Federal.
Con Gertz Manero a la cabeza, el gobierno federal quiere quedar exonerado de toda responsabilidad. Patear de lado y hacia delante los asuntos que le competen no es algo nuevo en el proceder del fiscal. Se inocula y protege al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreciéndole la cobertura para que no insista en la negación de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que planteó antes de tener información confirmada. La versión que adelantó es mediáticamente jugosa y, como se vio poco tiempo después de ofrecerla, controló la narrativa de Teuchitlán y la enfiló hacia el gobierno de Alfaro.
El fiscal deslizó algunas de las líneas que consolidará y que eliminará. Sin plantearlo de manera determinante, sugirió que una de las conclusiones de sus peritajes será que no había un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, pero que había vínculos de autoridades municipales en Teuchitlán y Tala, la ciudad más grande de la región y cabecera del municipio del mismo nombre, distanciadas por 18 kilómetros, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto dejará satisfecha a una buena parte de la población, pero habrá otra parte escéptica que la verá insuficiente y, sobre todo, como sucedió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que la justicia sigue siendo injusta, porque es la política la que la orienta y manipula, por encima de todas las cosas.
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