Jueves 9 de abril de 2015
Convocado por la fracción parlamentaria de Morena.
Durante el foro de la sociedad civil “Desaparición forzada de personas y tortura”, especialistas indicaron que no reconocer la práctica sistematizada y generalizada de la tortura en México, así como no atender las recomendaciones de órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denigra a la nación y la hace parecer como una “dictadura bananera”.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), Adrián Ramírez López, informó que del 2006 a la fecha los casos de tortura han aumentado en un 700 por ciento.
Explicó que esta cifra se disparó cuando en el 2006 salieron a las calles el Ejército y la Marina para desempeñar labores de policía y se acrecentó la delincuencia organizada.
Reiteró que los caso y denuncias de la ONU al respecto “no son un artificio o elemento que pretenda desestabilizar al país, pues la tortura es real e inobjetable”.
Subrayó que los estados donde se presentan los mayores índices de esta violación de los derechos humanos son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
Ante este panorama, enfatizó, la tortura en México tiene un carácter generalizado, ya que se realiza a lo largo del país por los tres órdenes de gobierno y servidores públicos como policías y militares. Sostuvo que la cadena de responsabilidades en todos los ámbitos permite que este fenómeno no se detenga.
En
este sentido, mencionó que la SCJN favorece la tortura, ya que continúa
considerando la figura de arraigo. Destacó que la tortura ha tenido un cambio
de patrón debido a que hoy en día se vive en un “narco-Estado policiaco
militar”; en las detenciones, explicó, los funcionarios se deslindan de las
lesiones a las personas, afirmando que son ajuste de cuentas, minimizando así
el sometimiento y el uso de la fuerza.
Aseguró
que la tortura prevalece y los métodos dirigidos a su eliminación son
ineficaces e insuficientes, pues a pesar de que existe la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la cual tiene como primordial función prevenir este delito,
la realidad es que llega tarde a atender los hechos.
Por
otro lado, dijo que especialistas como médicos y forenses no son capacitados
adecuadamente para determinar los casos de tortura; en ocasiones, continuó, los
clasifican como lesiones leves, por lo que es necesario implementar el
protocolo de Estocolmo, para considerar los aspectos médicos y psicológicos, ya
que muchas veces los daños se dan en la mente.
De
igual manera, aseguró que la Ley General
de Víctimas no previene ni brinda el apoyo a las personas que han sido
violentadas porque no tiene capacidad de respuesta.
Para
acceder al Fondo de Víctimas, explicó, no basta decir que fue torturado, sino
cumplir con una serie de requisitos como la presentación de la sentencia de un
juez que avale que fue torturado y una recomendación de la CNDH.
“Si hoy el titular de CNDH sale a decir que no
hay una práctica generalizada de tortura, de acuerdo a sus cifras, yo le digo
que no tiene razón, porque su mandato sólo tutela a los servidores públicos del
ámbito federal y no tiene el conocimiento de las 32 entidades federativas y lo
que pasa a nivel municipal, por lo que no puede determinar que en México no se
practica la tortura”, concluyó.
Por
su parte, el visitador adjunto de la CNDH, Enrique Zúñiga Vázquez, destacó que
esta instancia encuentra dificultades para hacer sus inspecciones e
investigaciones en materia de tortura, debido a que un buen número de estos
casos se da en lugares donde impera el crimen organizado, como los penales.
Refirió
que si bien varias autoridades atienden las recomendaciones para evitar
violaciones a los derechos humanos, otras “no tienen la menor idea de los que
están haciendo, o no tienen consciencia de los que está pasando”, lo que
permite que se den casos involuntarios por falta de información, capacitación y
organización.
Enfatizó
que la CNDH ha planteado que las recomendaciones que emitan sean vinculantes y
deriven en obligaciones para las instancias o autoridades, ya que actualmente
se depende mucho de la voluntad de los servidores públicos para actuar.
En
su turno, la directora de Vinculación y Litigio Estratégico de la CDHDF,
Marisol Méndez Cruz, dijo que el reto es el compromiso de las instituciones de
atender y dar cumplimiento a las recomendaciones del relator especial de la
ONU, sobre todo cuando el Estado tiene la obligación de prevenir actos de
tortura que sean cometidos por servidores públicos o particulares,
investigarlos y sancionarlos, así como reparar los daños a las víctimas.
Comentó
que las recomendaciones del relator están encaminadas a erradicar la tortura,
basadas en 8 ejes: el marco normativo, las medidas de prevención, de
investigación, las condiciones de detención, las medidas en agravio de las mujeres
y menores de edad, de personas con discapacidad y de migrantes.
Mencionó
que la CDHDF detectó que los fines por los cuales se comete tortura con mayor
incidencia, son para obtener confesiones y fabricar delitos, así como para
castigar a las personas.
Recomendó
establecer una custodia a la persona en el momento de su detención, es decir,
que los policías encargados realicen un llamado a sus superiores, a fin de
tener un control en los tiempos que transcurren entre la detención y la puesta
a disposición.
En
cuanto al tiempo entre la detención y el traslado a un centro de reclusión,
precisó, es necesario incorporar mecanismos tecnológicos en las patrullas,
sistemas GPS y videocámaras, para tener vigilado el proceso; una vez que el
detenido se encuentra en un centro de reclusión, abundó, es necesario
transparentar la información, a fin de dar a conocer la hora a la que llegó y
se le realice un examen médico para saber si hubo agresiones físicas o fue
objeto de amenazas.
La
información que se genere, apuntó, debe abrirse al escrutinio de organismos
públicos nacionales e internacionales, como a la sociedad en general, para
evitar tratos crueles y degradantes.
Informó
que en diciembre del año pasado, la CDHDF emitió una propuesta que establece
diversas políticas públicas para prevenir la tortura, la cual se ubica en 4
momentos: durante la detención, el traslado, la puesta a disposición y en los
centros de reclusión.
Resaltó
que la comisión ha emitido, desde su conformación, 25 recomendaciones en el momento
de detención; 18 en traslado; 20 durante la puesta a disposición, y 14 en
centros de reclusión.
Juan Romero Tenorio, de la asociación
Pensamiento Incluyente, sostuvo que además de impulsar la iniciativa de ley
general contra la tortura y la desaparición forzada, la Cámara de Diputados
también debe asegurarse que las instancias que la hagan cumplir cuenten con el
presupuesto necesario; de lo contrario, la norma no será útil para combatir
estos ilícitos.
Recordó
que, derivado del recorte presupuestal anunciado en febrero por la Secretaría
de Hacienda, a la PGR se le restarán mil 199 millones de pesos. “De nueva
cuenta nos limitamos en los recursos para la impartición de justicia, aunque si
los haya para otras áreas”, comentó, y enfatizó que situaciones como esta
evitan que haya personal especializado en el combate a la tortura.
Además
de esto, subrayó que el Estado debe dar máxima publicidad a los procedimientos,
sanciones e instituciones que se estipule en la ley en aras de la crear una
sociedad más consciente e informada de sus derechos, mientras que el Poder
Legislativo tiene que cumplir su función de contrapeso y vigilar las acciones
de las instancias del Ejecutivo.
El
Dr. Samuel González de la asociación Alto al Secuestro hizo un llamado a los diputados para que, a la par de la ley, se
impulse el Instituto Nacional Pericial sobre Tortura que no dependa de la PGR u
otra institución similar, y que tenga la capacidad de diferenciar entre tratos
crueles o inhumanos y la tortura, pues precisó, tienen consecuencias distintas.
Enfatizó
que “la actuación del Estado encuentra sus límites en los derechos humanos”. Si
bien el modelo procesal acusatorio de 2008 ha avanzado, agregó, se tiene que
ampliar el combate al abuso de las fuerzas de seguridad, y adecuar el sistema,
ya que “estamos juzgando elementos que pasaron hace 20 años con nuevas reglas”,
problema que causa contradicciones e impide que las víctimas tengan acceso a la
justicia.
Por otra parte, subrayó
que si bien es intolerable que el Estado fabrique pruebas para inculpar a
inocentes, también lo es que organizaciones, individuos o empresas lo hagan
para chantajear con reparación del daño a las autoridades, vacío legal que también
debe repararse en las normas mexicanas.
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En la elaboración del dictamen sobre
desaparición forzada de personas se deben atender las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), afirmó el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.
Señaló que en los próximos días se estará
elaborando el dictamen sobre la reforma en este tema y los legisladores tienen
la obligación de atender las recomendaciones de la ONU y la CIDH.
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