2 abr 2015

Silvia Garduño e Inder Bugarin/ entrevistan a Juan Méndez /

Silvia Garduño e Inder Bugarin/ entrevistan a Juan Méndez / 
Reforma, 2 de abril de 2015
Juan Méndez Relator Especial de la ONU. Insiste en que México debe reconocer que existe una práctica generalizada
Para que la lucha contra la tortura en el País sea eficaz, el Estado mexicano debe reconocer que es una práctica generalizada.
De lo contrario, advierte el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, Juan Méndez, esas medidas pueden derivar en parches que no resolverán el problema de fondo.
"Todas las recomendaciones y las medidas que ya están en curso pueden ser muy útiles, pero si no se empieza por reconocer que hay un problema de fondo muy grave, que es la generalización y la habitualidad de la tortura, se empieza con un punto de partida muy limitado.
"Puede terminar en parches que puedan ser útiles para algunas víctimas, pero que no van a resolver el tema de fondo", señala el especialista argentino en derechos humanos.
El también ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió dejar de lado el "ríspido diálogo y el lenguaje ofensivo" que se generó luego de que en su informe señalara que la tortura es generalizada en México, y propuso al Gobierno mexicano que lo invite nuevamente al País para realizar una visita de seguimiento en el tema.

"Queremos mantener vigente el diálogo sobre qué se puede hacer sobre la tortura y espero que México comparta conmigo que es útil hacerlo".
¿Qué valoración hace de las declaraciones de la SRE?
-En todo el proceso de mi viaje, las facilidades que me dieron durante mi visita y los contactos posteriores, no tengo ninguna queja, fue una discusión con mucha altura.
 Pero en la presentación del informe ante el Consejo, se empieza a hablar de violaciones al código de conducta. Que se personalizara en mí y que se dijera que fui irresponsable y falto de ética me pareció una escalada retórica que me perjudicó, porque es mi reputación y mi integridad profesional la que se pone en entredicho. Lo encontré completamente distinto y mucho más grave que todo el diálogo que habíamos tenido.
La preocupación de México es la connotación del término en derecho internacional...
-Tengo clara la argumentación que hace (Juan Manuel) Gómez Robledo, me lo dijo desde el primer momento. La descripción sobre crímenes de lesa humanidad se refiere a un estándar probatorio o de conducta de individuos sometidos a proceso penal internacional. No es mi mandato analizar conductas individuales, sino estrictamente en términos de responsabilidades estatales.
Nunca afirmé que la tortura fuera parte de un ataque generalizado contra la población civil y mucho menos que fuera con conocimiento. Tendrá que ser la tarea de otros determinar si la Corte Penal Internacional (CPI) tiene o no competencias en este caso.
Que haya una sinonimia entre la forma en que se usa el término en uno y otro ámbito no quiere decir que automáticamente esto va a abrir las puertas a la competencia de la CPI.
¿Puede pedir un Gobierno a un relator que se retracte?
-No hay nada de malo en pedirme que cambie mi posición si me dan elementos de juicio para cambiarla. Que me digan que no es generalizada porque pueden ir a la CPI, no es suficiente elemento para mí.
 Que me digan que no puedo decir que es generalizada porque está basada en pocos casos tampoco es correcto; si me pueden demostrar que es equivocado que hay una práctica muy similar de tortura cuando actúan distintos cuerpos en distintos lugares del País, con características muy similares y que para cualquiera de esos cuerpos no hay una investigación seria posterior, yo cambio mi apreciación. Nunca me han demostrado eso.
¿Por qué sorprende que México lo acuse de violar el código de conducta?
Hay Estados que todo el día están hablando del código de conducta, lo hacen casi mecánicamente. Lo que hay detrás es negarse a reconocer la existencia de los procedimientos especiales y la posibilidad de un diálogo constructivo.
México nunca había caído en esa trampa, nunca había agitado el código de conducta como una forma de desacreditar o menospreciar el trabajo de un relator.
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