V Congreso de Defensorías Públicas

Palabras del Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Gómez Mont Urueta, al clausurar el Quinto Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana,

Coatzacoalcos, Veracruz, a 08 de mayo de 2010 | Discurso

Estimado Licenciado en Derecho, Maestro y Doctor Fidel Herrera Beltrán;

Don Marcelo Montiel Montiel,

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos;

Señora Presidenta del Municipio de Minatitlán;

Distinguidos miembros del presídium; De la Mesa Directiva;

Todos, muy buenas tardes:

Mi presencia en este Congreso Nacional, cuando de la Presidencia de la República me pidieron si podía acudir con la representación del Presidente de la República, yo con absoluta sinceridad dije que para mí sería un honor.

A mí me ha tocado ser parte de una generación que ha luchado por construir condiciones más democráticas en el ejercicio del poder público.

Me tocó ser parte de una generación que a principios de los años noventa discutió las reglas de la competencia política electoral en este país y la generación de aquellos órganos que la hicieran más confiable.

Discutió la traslación de los espacios políticos de consideración política de las cuestiones electorales a los espacios judiciales y que tuvo la enorme oportunidad, antes de cerrar su ejercicio legislativo constitucional, de tocar un elemento central de la transición democrática mexicana: La justicia penal.

En las reformas del ’93 y ’94 a la Constitución se discutieron muchas cuestiones en torno a las reglas y a las autorizaciones que debería tener el Estado, para tener una más eficaz intervención en la investigación de los procedimientos penales.

Por ejemplo, se discutió la división constitucional de los subsistemas delictivos, delincuencia organizada, delincuencia violenta y no violenta, y cómo el Estado debería especializarse en cada una de esas formas para combatirlas eficazmente.

Pero una institución central que se discutió y que fue reformada fue la defensa penal.

La única función que ejerce una profesión liberal de rango constitucional que conoce una democracia moderna y sin la cual no merece el señalamiento o el nombre de democracia es la defensa penal.

En una democracia le está prohibido a la autoridad arrasar a una persona sin que haya tenido por lo menos un aliado fundamental que pueda resistir la inercia, aún justa, de un Estado que persigue a alguien por haber cometido un delito.

Sin la defensa penal no hay proceso democrático que alcance.

Entonces de ser el defensor una función más testimonial que aparejaba el proceso autoritario y sometido a la visión de un Estado que sometía en muchas ocasiones a la función judicial y ¿por qué no?, a la defensa misma, se fueron centrando demandas para una transición que partiera de la independencia del juez que juzga y de la autonomía del defensor que defiende.

Así pues, un principio que debe acendrarse en la defensoría legal y en la defensoría pública en México es: Bajo cualquier esquema que esté organizado, no puede ser una función sometida a ningún órgano del Estado que pueda ser la menoscabada o debilitar su obligación de resistir una acusación del Estado que no tenga los soportes que exige la ley.

Así pues, al acudir hoy a este congreso acudo a un espacio constitucional fundamental para el desarrollo y vida de la república.

Otra vez en los últimos años la justicia penal y la seguridad pública, temas a los que he estado vinculado toda mi vida como profesionista, como político, como abogado y hoy como Secretario de Gobernación, vuelven a tener un aspecto central.

México ha decidido romper los ciclos de corrupción y las relaciones indebidas que durante algún tiempo debilitaron a las instituciones republicanas y ha decidido enfrentar y poner del otro de la barrera del poder a las organizaciones delincuenciales, pero lo ha decidido hacer bajo la forma que una democracia está obligada a hacerlo: Con respeto a la ley y con instituciones que garanticen, que garanticen, que esa justicia se aplique de manera clara, de manera justa, de manera equitativa y sin cobardías ni villanías.

La presencia de los defensores en ese proceso garantiza que quien reciba una condena haya tenido la capacidad de resistir la acción del Estado.

Que quien haya recibido una condena se haya visto beneficiado de las defensas, excepciones o modalidades que señale la ley para su caso.

Y que quien no haya cumplido los requisitos de evidencia que exige la democracia para ser condenado, sea absuelto.

Hoy por hoy en estas condiciones al Estado se le han dado facultades importantes de investigación, que lo obligan a probar plenamente su caso en contra de las personas.

En la gran mayoría de los casos hoy encontramos a los acusados con las pruebas del delito en las manos, con las armas, con las drogas, muchas veces con las víctimas.

Sin embargo, esta acción del Estado debe quedar debidamente registrada y documentada y sometida a la oposición dialéctica de una defensa, a fin de garantizar su veracidad, su autenticidad y con ello su capacidad de privar a alguien de los derechos más sagrados.

Por destino y por convicción acepto el honor de ser su amigo.

Para que esa amistad fructifique en una interlocución válida y honrada ante el Congreso de la Unión, para que se avance en la priorización de la justicia como valor fundamental de la República.

Debemos avanzar en garantizar la autonomía de los poderes judiciales en este país, a fin de consolidar las garantías democráticas, que serán la justicia y los fines de justicia que prevalezcan inclusive sobre el capricho del poderoso.

A que un pueblo que sabe defender sus libertades es un pueblo que sabe construir su propia prosperidad y que es mediante la defensa de las libertades y de la dignidad humana, como mejor se van convirtiendo las inequidades y desigualdades que todavía privan en este país.

Buscar garantizar mejores condiciones económicas para que la defensoría pública no sea una defensa pobre de los pobres, sino que sea una defensa honrada y honorable de todo mexicano que se vea sometido a la justicia penal.

Porque como democracia nos jugamos mucho fortaleciendo a las defensorías públicas; porque como sociedad nos jugamos mucho estableciendo garantías de la libertad.

Hoy hay que reconocer que la última reforma que se tiene en materia de defensa penal nos obliga a defender a la defensoría pública de aquí adelante, como una de las funciones constitucionales más importantes.

A partir de que entre en vigor la reforma constitucional sólo la defensa letrada, es decir, la ejercida por abogados, será la única defensa que valga en un procedimiento penal, dejando ya hacia atrás lo que fue la figura de la defensa no letrada o la defensa de la confianza.

Este es un avance que es sustancial para someter los procedimientos de fuerza, como es el penal, a los criterios ontológicos de una ley que se construye sobre principios y valores.

Quien no lesione bienes fundamentales para la comunidad a través del delito, no merece ser perseguido por esa sociedad.

La estricta presentación de una acusación formal que desconozca lo que se ofende mediante la comisión del delito, no merece ser penalmente relegado.

Sólo quien ofende lo más sagrado para la convivencia merece ser disgregado o segregado de la convivencia social.

Y sólo como un mecanismo de defensa para conciliar en los demás un respeto y un principio de amor a aquellos valores y principios que nos unen.

Por una justicia penal que defienda principios y valores y por una defensa en esa justicia, que defienda la libertad como fundamento de la vida social, hoy para mí es un honor y pido que me acompañen, por favor, en realizar la clausura del Quinto Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, pidiendo a todos ustedes y confiando en que todos ustedes sabrán ser portadores de este altísimo deber que la sociedad mexicana les ha confiado, para ser los defensores de los derechos fundamentales de la población, sobre todo de aquella más vulnerable.

Que los trabajos realizados y las dinámicas de futuro que este congreso genere, sirvan para ahondar nuestra esperanza, nuestro anhelo y nuestro reclamo de justicia en México.

Muchas gracias.