Javier Sicilia y un movimiento de cuates/

Javier Sicilia y un movimiento de cuates/ Héctor Villareal

La estructura creada por el poeta se arroga la representación de la sociedad civil, pero hay exclusiones y ausencias fundamentales, como la de los ciudadanos, y sus demandas y propuestas tampoco son resultado de procesos abiertos de participación.

| Milenio semana 2011-08-14

EN EL NOMBRE DE LAS VÍCTIMAS Y DE LA PAZ

La sociedad civil o la ciudadanía a nombre de la cual habla el poeta Javier Sicilia, adherida a su Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), en concreto vienen siendo unas cuantas organizaciones no gubernamentales (ONG) afines entre sí, objetoras del gobierno de Felipe Calderón, y algunos individuos de élite que representan intereses y objetivos de éstas, con base en las cuales desarrollan sus carreras profesionales. O sea, una pequeña minoría selecta exigiéndole a las autoridades el cumplimiento de sus agendas particulares, como si por ellas pasaran las soluciones que, supuestamente, permitirán abatir la criminalidad y la violencia relacionada con ella. No es, por ende, un movimiento medianamente plural, sino uno selectivo y discriminatorio, que ha venido moderando sus exigencias en la medida en que las ajusta a los objetivos y operaciones particulares de esas organizaciones y a los liderazgos vinculados a ellas, casi todos defensores profesionales u honorarios de derechos humanos.

Durante la reunión que sostuvieron los representantes del MPJD con los legisladores de la Comisión Permanente el 28 de julio, el líder Javier Sicilia dio voz a 12 personas, de las cuales sólo la mitad fueron víctimas agraviadas por la violencia. ¿Quiénes fueron las otras seis? Emilio Álvarez Icaza más tres ciudadanos y una ciudadana notables que fueron consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuando él fue su presidente hasta hace año y medio, así como otro dirigente de una ONG cercana.

Los participantes en este coloquio y sus propuestas, en relación con sus actividades profesionales, son los siguientes:

Miguel Concha Malo. Ex consejero de la CDHDF, fundador y director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., pidió “una Ley de Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana” que sea “única” y “compatible” con los derechos humanos y las libertades públicas. El objetivo de su organización es “promover y defender, especialmente entre los y las jóvenes, todos los derechos humanos, poniendo especial énfasis en los sectores vulnerables de la sociedad”.

Emilio Álvarez Icaza. Invitó a los legisladores a trabajar “en conjunto para aprobar una Ley General de Atención a las Víctimas”, además de en “el diseño de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Integral a las Víctimas”. Es decir, más burocracia, un nuevo organismo público, como un ombudsman de las víctimas, paralelo al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, idóneo para continuar él con su carrera política profesional que data de hace tres administraciones en el nivel más alto de la función pública, y que es acorde con sus ambiciones de continuar con ella. Su organización, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ha sido portavoz puntual de la dirigencia del MPJD, y él mismo, operador de la comunicación social a partir de sus colaboraciones en cinco medios públicos y privados nacionales, y de las entrevistas que cotidianamente concede.

Fabián Sánchez. Es fundador y asociado de I(DH)EAS, y propuso la aprobación de “una legislación adecuada” en materia de desaparición forzada de personas, así como “la creación del Registro Nacional de Detenidos”. Él se dedica con su organización al “litigio estratégico en derechos humanos”.

Ernesto López Portillo Vargas. Consejero de la CDHDF, además de fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), presentó su anteproyecto de “creación del Auditor Especial de las Policías Federales”, el cual estaría “sujeto a un mecanismo de auditoría social bajo el esquema que establezca la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación”. Insyde se dedica precisamente a promover “la reforma democrática de las políticas y cuerpos de seguridad ciudadana, con la implicación prioritaria de la policía, la sociedad civil organizada, la academia y el periodismo”.

Elena Azaola. Ex consejera de la CDHDF y académica dedicada a la investigación, presentó una iniciativa (proyecto, en realidad) en la que colaboraron “una serie de organizaciones y de especialistas”, la cual consiste en “incluir a cinco consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, los cuales tendrían entre sus funciones las de “regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, etcétera, de los integrantes de instituciones de seguridad pública”.

Clara Jusidman Rapoport. Consejera de la CDHDF, ex funcionaria del gobierno del DF y con un histórico y ampliamente reconocido liderazgo en organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos políticos y sociales, exigió “la restitución del tejido social en un contexto de democracia”, para lo cual demandó al Congreso “nuevos medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante reconocimiento del referéndum, el plebiscito, la consulta popular, fortalecer la democracia representativa mediante el reconocimiento institucional de las candidaturas independientes, la revocación del mandato, la limitación de los fueros, la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, la reducción del financiamiento de los partidos y el voto en blanco”, así como “la democratización de los medios de comunicación”. Actualmente ella es una de las principales promotoras de la aprobación de la “reforma política” junto con la organización que preside, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide, A.C.

TRAICIÓN A LA PALABRA

El protagonismo de Álvarez Icaza en el MPJD, ahora acompañado de las personas distinguidas con quienes formó consejo en la CDHDF, contrasta con su gestión inocua, tibia, hacia la autoridad de su jurisdicción, no obstante que las violaciones graves a los derechos humanos se incrementaron de manera constante durante ella. Habría venido bien al respecto la presentación de una iniciativa a la Asamblea Legislativa de parte de la doctora Azaola, por ejemplo, puesto que la tortura pasó de 54 expedientes a 97 de 2007 a 2009, la desaparición forzada de 16 a 25 y las ejecuciones extrajudiciales variaron entre cinco y 10 durante el mismo periodo, según los informes de la propia CDHDF.

El caso es que no ha habido una explicación de cómo y por qué se determinó que fuesen esas personas y no otras quienes representen al MPJD, que a su vez se ostenta a nombre de todos los ciudadanos o de la sociedad civil. Tampoco han informado por qué y cómo es que de unas exigencias con las que inició el movimiento y se convocó a la participación de todos, se ha pasado a otras y luego a otras, desconociendo sus propios acuerdos. Por muy razonables o legítimas que sean, no resultaron de un proceso de participación y consulta pública, y sólo puede suponerse que fue una decisión soberana tomada al buen juicio y a según las simpatías de Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, aunque al inicio el escritor había propuesto que las exigencias a las autoridades serían el resultado de un Pacto Nacional, ello cuando convocó a su Caravana por la Paz que viajó de Cuernavaca a Ciudad Juárez. Fue su convocatoria, su método y sus reglas, pero como no estuvieron de acuerdo con los agregados que aprobaron por votación los participantes que suscribieron allá este pacto el 10 de junio, simplemente los borraron.

Varios comentaristas celebraron en la prensa este desconocimiento en razón de la moderación o mesura del movimiento, pero el hecho es que sus participantes activos provienen también de un extremismo propio de la sinrazón, como Magdiel Sánchez, operador en la caravana “de la actividad y movimientos de los manifestantes en cada estado”, quien, según fuentes periodísticas, ha sido activista partidario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): es difícil creer que alguien que hace apología del terrorismo oriente sus actos a intereses pacifistas.

Salvo las víctimas, parece que varios o muchos de los participantes en el MPJD han acudido a sacar algún provecho particular o de su causa, que no necesariamente es la de aquellas. Los contingentes de las caravanas se integran mayoritariamente por los recursos humanos de las ONG dedicadas a la protesta —ése es su trabajo—, así como de activistas en nóminas de agrupaciones políticas y sindicatos, más uno que otro periodista “comprometido”. Los ciudadanos, salvo algunos agraviados, se han quedado a trabajar, no andan en caravanas y, finalmente, no son invitados a las mesas de diálogo con las autoridades.