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Preguntas para el Ejército/Gloria Leticia Díaz.

 Tras una revisión minuciosa de las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería, del 3 y 4 diciembre de 2014, y la ampliación de algunas de ellas del 2 de marzo, 26 de agosto y 11 de septiembre del año pasado, los representantes legales de los padres y madres de los 43 consideran necesario que la PGR llame a comparecer al comandante de la XXXV Zona Militar, general Alejandro Saavedra Hernández; al coronel José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería; al teniente José Gálvez Santos, al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, y al capitán José Martínez Crespo.
Revista Proceso # 2052, 5 de marzo de 2016...
Preguntas para el Ejército/Gloria Leticia Díaz.
En uso de su derecho a la coadyuvancia, padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aportaron líneas de investigación que la PGR debe seguir para determinar el destino final de los jóvenes y explicar en qué condiciones se cometió el crimen, incluidas las complicidades de servidores públicos. Para ello solicitaron que se cumplan al menos 140 diligencias para obtener información del Ejército.
 A un año y medio de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con más de un centenar de presuntos responsables en prisión y una averiguación de casi 200 tomos (PGR/SDHPDSC/OI/001/2015), para los familiares de las víctimas y sus representantes aún hay mucho por hacer.
 En un documento entregado a la procuradora Arely Gómez el pasado 18 de febrero, observan que en la investigación “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal, sino que además ni siquiera se han comenzado a dilucidar las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos, mismas que posibilitaron una atrocidad”.

 Padres y madres de los 43 normalistas, así como abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –acreditados como sus representantes– solicitan que se desahoguen al menos 140 diligencias para alcanzar la verdad y la justicia en un caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Situación de los derechos humanos en México, considera “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
Entre otras diligencias, piden a la PGR solicitar información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como tomar declaraciones a militares, en concordancia con lo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la CIDH para el esclarecimiento del caso.
“Macrocriminalidad”
En el documento, del cual Proceso tiene copia, familiares y representantes de los normalistas piden a la PGR abordar la investigación desde la perspectiva de “macrocriminalidad”, ya que hasta ahora sólo se ha limitado a presentar los vínculos de funcionarios y policías de los municipios de Iguala y Cocula con Guerreros Unidos, omitiendo los “posibles vínculos ilegales que dicho grupo podría tener con servidores públicos de otros municipios e incluso de los ámbitos estatal y federal”.
 Entre algunas de las medidas que tendría que tomar la PGR está la de interrogar a ocho militares y dirigir 25 oficios a la Sedena, a la Procuraduría General de Justicia Militar, a la XXXV Zona Militar y al 27 Batallón de Infantería para recabar información específica.
 En apego al derecho de coadyuvancia de los familiares de las víctimas, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México, la dependencia tendría que realizar las diligencias independientemente de que asuma las indicaciones que la CIDH expone en su informe: “Atender las recomendaciones del GIEI conforme a las atribuciones conferidas en su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27 y continuar con las investigaciones del caso”.
 Tras una revisión minuciosa de las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería, del 3 y 4 diciembre de 2014, y la ampliación de algunas de ellas del 2 de marzo, 26 de agosto y 11 de septiembre del año pasado, los representantes legales de los padres y madres de los 43 consideran necesario que la PGR llame a comparecer al comandante de la XXXV Zona Militar, general Alejandro Saavedra Hernández; al coronel José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería; al teniente José Gálvez Santos, al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, y al capitán José Martínez Crespo.
 Los coadyuvantes solicitan que se interrogue también a los soldados Paul Escobar López, Juan Carlos Peralta y Francisco Narváez Pérez.
 Al general Saavedra Hernández, a quien no se le ha tomado testimonio, la unidad especial de la PGR que investiga la desaparición de los estudiantes tendría que cuestionarlo sobre “la información allegada a ese mando por el 27 Batallón de Infantería respecto a la situación imperante en Iguala antes, durante y después de los hechos del 26 de septiembre de 2014”, pues, de acuerdo con las declaraciones ministeriales del teniente Gálvez Santos, el general “estuvo informado de manera constante de la situación que imperaba en dicho municipio”.
 En cuanto al exjefe del 27 Batallón de Infantería, los coadyuvantes consideran que debe ser interrogado sobre su relación con José Luis Abarca, exalcalde de Iguala procesado por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos, ya que el soldado de infantería Rodolfo Antonio López Landa testificó ante la PGR que ese personaje “solicitaba al comandante José Rodríguez Pérez que personal militar le diera seguridad en distintos eventos (…) aunado a que nuestro coronel era invitado del alcalde y tenía lugar en el presídium”.
 Dicha relación no ha sido explicada por Rodríguez Pérez en sus declaraciones del 3 de diciembre de 2014 ni del 2 de marzo de 2015, apuntan.
 Ese mando también tendría que explicar con detalle qué son los “OBIS (Órganos de Búsqueda de Información)” de los que hizo referencia en su primer testimonio, para referirse a “personas civiles” que informan sobre lo que ocurre en Iguala.
 El coronel deberá dar a la representación social los nombres de los OBIS –figura que “no se encuentra reconocida ni regulada en el marco jurídico al que deben sujetarse las Fuerzas Armadas”–, sobre todo de las “personas que con esas funciones y bajo esa atribuciones operaron la noche del 26 de septiembre de 2014”. De igual forma, el oficial tendrá que entregar la información que esos elementos generaron al respecto, así como la obtenida antes y durante la desaparición forzada, “incluyendo los informes que hayan efectuado sobre las organizaciones criminales presentes en la zona y su vinculación con autoridades de diferentes niveles de gobierno”.
 Gálvez Santos tendrá que responder por las afirmaciones del soldado Eduardo Mota Esquivel y el capitán Martínez Crespo, quienes en sus declaraciones ministeriales aseguraron que él descargó las fotografías del celular del soldado, pues éste presenció la agresión contra los normalistas y “la registró fotográficamente con su teléfono”.
 El mando militar también “deberá responder a quiénes de sus superiores informó y entregó la información generada por el soldado Mota Esquivel en razón de la cadena de mando y jerarquía que rige al interior de las Fuerzas Armadas y si alguno de ellos autorizó u ordenó la misión del soldado (…) y tuvo información en tiempo real de lo acontecido”.
 Para los coadyuvantes, al subteniente Pirita Ochoa podrían fincársele “responsabilidades penales”, ya que en sus declaraciones ministeriales omitió informar sobre su traslado a la comandancia de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, como lo señalan tres soldados que estuvieron ahí, al igual que el capitán Martínez Crespo, quien “lo ubica entrando junto con él y con el soldado Francisco Narváez Pérez a las instalaciones (…) específicamente a la barandilla”.

En cuanto a Martínez Crespo, se le pide a la PGR que lo cite a comparecer “a fin de que sea interrogado respecto a las imputaciones que se le han hecho en torno a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada”.

Basan esa solicitud en el expediente: “Dentro del tomo 44 foja 501, dicho servidor público fue mencionado en la manta que apareció en la reja de la escuela Preparatoria 24 de Febrero de la colonia San José, ubicada en la carretera federal Iguala-Taxco, entre la comandancia de la Policía Federal y el 41 Batallón de Infantería, el 30 de octubre, donde se alude a sus posibles vínculos ilícitos con la delincuencia organizada, cuestión sobre la que no se le han formulado preguntas al comparecer ante la autoridad ministerial”.

Al soldado Paul Escobar López se le deberá interrogar sobre su asistencia y la de cinco efectivos más al informe de la entonces presidenta del DIF municipal de Iguala, María de los Ángeles Pineda –hoy procesada–, el 26 de septiembre de 2014, como lo refieren el coronel Rodríguez Pérez y el soldado Carlos Díaz Espinosa en sus declaraciones. Se pide que Escobar identifique a quienes lo acompañaron al acto y a quienes estaban en el presídium, “específicamente sobre la representación del Gobierno Estatal de Guerrero en el mismo”.

En apego al expediente, se pide que se llame a declarar al cabo de infantería Juan Carlos Peralta, ya que de acuerdo a una constancia fechada el 27 de septiembre, “a las 2:40 am fue precisamente dicho cabo de infantería quien vía telefónica informó al Ministerio Público del Fuero Común sobre la comisión de hechos delictivos, sin que hasta ahora se le haya requerido declarar”.

Advierten los solicitantes que en su ampliación de declaración del 2 de marzo de 2015, el coronel Rodríguez Pérez negó que Peralta perteneciera al 27 Batallón, aunque “no obra en el expediente documentos formales que acrediten que dicha persona no es parte de la Sedena”.

A Narváez Pérez se le deberá interrogar sobre su presencia en las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala, “específicamente en la Barandilla”, en compañía del subteniente Pirita Ochoa, situación que omitió en su declaración ministerial del 3 de diciembre, lo que le “podría generar responsabilidades penales”.

Comunicaciones y relaciones

sospechosas

Para la coadyuvancia es fundamental que la PGR solicite a la Sedena, por medio de la Procuraduría General de Justicia Militar, información sobre los ya mencionados OBIS, y que entregue “el Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos sobre lo acontecido en la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y días subsecuentes”.

Dicho sistema “opera por medio de correo electrónico donde se envía y recibe documentación oficial de las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea”, explicó el soldado Eduardo Mota.

La Sedena deberá proporcionar información sobre “la donación –o cualquier otra operación análoga– de los terrenos ubicados en las inmediaciones de Periférico Oriente que fueran propiedad del Ejército Mexicano”, y donde posteriormente se construyó el Centro Comercial Galerías Tamarindos, propiedad del exalcalde José Luis Abarca y su esposa.

Para los coadyuvantes es relevante que la Sedena informe sobre el cabo Juan Carlos Peralta, “incluyendo su expediente personal y su adscripción”, así como de elementos de apellido Barbosa adscritos a las unidades y batallones que conforman la XXXV Zona Militar, incluyendo la información relativa a quienes integraron dichas corporaciones durante septiembre de 2014”, pues el apellido Barbosa aparece relacionado con la desaparición de los estudiantes, en una manta localizada el 30 de octubre en Iguala y consignada en el expediente.

Asimismo la PGR debe solicitar a la Sedena los expedientes personales de presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes y quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas: Roberto Pedrote Nava, Óscar Veleros Segura, Julio César Mateos Rosales, Antonio Morales González, Marco Antonio Segura Figueroa y José Antonio Flores Train.

Es también el caso de Jesús Parra Arroyo, Ignacio Hidalgo Segura, Wilber Barrios Ureña, Honorio Antúnez, César Nava González y Salvador Bravo Bárcenas.

Se pide requerir al comandante de la XXXV Zona Militar el convenio establecido con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero “en virtud del cual los elementos del Ejército participan en la estructura del C-4”, de acuerdo a la mención del coronel Rodríguez Pérez.

A la comandancia del 27 Batallón de Infantería la PGR tendrá que solicitarle los Radiogramas emitidos la noche de 26 y la madrugada del 27 de  septiembre, “incluyendo las comunicaciones que hayan sostenido con otras unidades, bases, batallones, regiones o zonas militares” y la documentación relativa al “contexto de corrupción asociado a los vínculos entre la organización criminal Guerreros Unidos y el poder público”, incluidas fotografías de los hechos, de cuya existencia dio cuenta el subteniente Pirita Ochoa en su declaración ministerial del 3 de diciembre.

Se pide solicitar además a la misma instancia militar el “reporte de actividades” que el capitán Martínez Crespo elaboró y entregó a la comandancia de ese batallón el 27 de septiembre “sin que obre en autos”, así como “copia de volante en transportes correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, a fin de identificar “la distribución del personal militar en los vehículos que salieron del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre de 2014”.

Otra información que deberá solicitar la PGR a esa comandancia es la “relación de filtros de revisión y retenes instalados por este cuerpo militar en la ciudad de Iguala y sus alrededores durante el 2014, precisando su ubicación y señalando a los elementos que participaron en los mismos, las bases de operación participantes y las instrucciones u órdenes conferidas a los mismos, pues el policía federal Luis Dorantes Macías declaró el 7 de enero de 2016 que el Ejército colocaba filtros de revisión en el punto conocido como Loma de Coyote, lugar de suma importancia para esta indagatoria”.

Piden a la PGR que solicite información a los concesionarios de telecomunicaciones y, en caso de ser necesario, obtener autorizaciones del juez federal especializado en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones privadas correspondientes, sobre los números celulares del coronel Rodríguez Pérez, quien “refiere haber realizado diversas llamadas durante la noche de los hechos”, así como los pertenecientes al soldado de infantería Mota Esquivel y el teniente Gálvez Santos, ya que ambos estuvieron en comunicación cuando ocurrieron los hechos.

En su escrito, los familiares de los 43 desaparecidos y sus representantes consideran que el desahogo de las diligencias solicitadas “contribuirán al esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, pero también a dilucidar el funcionamiento de los elementos del sistema criminal que lo permitió, configurando en Guerrero una zona al margen del estado de derecho, propiciando que en dicha entidad la connivencia de la institucionalidad pública con el crimen organizado o incluso la abierta colusión y fusión de las estructuras delincuenciales con las estructuras públicas alcanzaran un grado de expansión en varios niveles de gobierno y en diversos municipios, como fue reconocido por los gobiernos estatal y federal”. l

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