Revista Proceso # 2052, 5 de marzo de 2016...
Otra
vez, colusión policía-criminales/Jesús Cantú.
De
acuerdo con la versión oficial (del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa
Cifrián y del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo) el
modus operandi para la detención, desaparición forzada, asesinato, calcinación
y trituración de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz el
pasado 11 de enero, es una calca de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26
de septiembre de 2014.
Las
diferencias con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, son la hora, la corporación
policiaca y el cártel involucrados y las razones para su detención. En Iguala
fue en la noche mientras en Tierra Blanca fue por la mañana, pues los jóvenes
se detuvieron a desayunar. En Guerrero fueron policías municipales y el cártel
de Guerrero Unidos; en Veracruz, policías estatales y ha trascendido que se
trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En
el caso de los normalistas de Ayotzinapa la razón de su detención fue que
causaban desmanes; en el caso de los jóvenes, Galindo especificó en varias
entrevistas en radio, que no existía ninguna razón específica para detenerlos:
“No sobresale ninguna circunstancia particular, ni siquiera cometen una falta
administrativa, no se pasan un alto, no se estacionan mal; simplemente hay una
especie de sospecha no fundada en nada lo que lleva a detener a los jóvenes”.
Las
confesiones del octavo integrante de la Policía Estatal de Veracruz, que
permitieron reconstruir todos los hechos vinculados con la desaparición de los
cinco jóvenes, coincidió con dos eventos que permiten contextualizar la
actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas: la revelación, por parte de
los padres de los futbolistas del equipo Los Avispones de Chilpancingo (también
agredidos en los hechos de Iguala), de que el autobús en el que viajaban fue
detenido y retenido un buen lapso de tiempo por policías federales, unos
kilómetros antes del sitio donde fueron emboscados y balaceados por los
policías municipales; y la difusión del informe definitivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita a México, a fines del año
pasado.
El
portal Aristegui Noticias publicó una carta entregada por los padres de los
futbolistas a la diputada panista María Guadalupe Murguía, que encabeza la
comisión especial sobre el caso Iguala, en la cual aseguran que los federales
“tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando… Manifestamos que el ataque
a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y tres horas
después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y
participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada
por parar a 22 policías (municipales)”.
Así
lo acontecido con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y la
acusación de los padres de los futbolistas emboscados en Iguala, aportan
elementos adicionales para respaldar las afirmaciones del informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que afirma: “…la CIDH recibió
información de que algunos elementos de la Policía Federal y las policías
estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidas con
organizaciones del crimen organizado”.
Más
adelante enfatizan: “En muchos casos los grupos delincuenciales actúan en
aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la
aquiescencia de éstas. En este sentido, el caso Ayotzinapa es un ejemplo
emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen
organizado, ya que, según la versión oficial, la Policía Municipal de Iguala
estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes.
Asimismo, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
autoridades de la Policía Estatal, Federal y del Ejército habrían acompañado
los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con
grupos del crimen organizado”.
Ante
el informe, el gobierno de México, por conducto del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, repitió su mismo discurso: “El informe no refleja la
situación general del país… las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy
se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y
entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados…”
Sin
embargo, el discurso oficial es insostenible cuando los “temas específicos y
lugares focalizados” se repiten en muchos estados del país, como establece el
informe con el análisis puntual de diversos casos en Guerrero, Michoacán y
Estado de México y hoy evidencia el desenlace de los jóvenes desaparecidos en
Tierra Blanca.
Desde
el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (particularmente en 2014, 2015 y
lo que va de 2016, como documenta el informe de la CIDH y corrobora la versión
oficial respecto a los hechos en Tierra Blanca), la colusión de los agentes del
Estado con los integrantes del crimen organizado no se limita a casos o lugares
específicos, sino que es una práctica generalizada y extendida en varios
estados del país. Por otra parte, las evidencias también permiten afirmar que
dicha colusión no se limita a las policías municipales y estatales, como afirma
el gobierno federal, sino que abarca también a las fuerzas federales y hasta el
mismo Ejército. L
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