Abusos/Jorge Alcocer V.
Reforma, 20 Dic. 2016
Cuando en 1994 analizábamos los requisitos que deberían cumplir los llamados "consejeros ciudadanos" del IFE, que substituyeron a los designados en 1990 como "consejeros magistrados", surgió el tema de su remuneración; propuse que fuese igual a la de un diputado federal o un senador. El doctor Jorge Carpizo, presidente del IFE, propuso que fuera equivalente a la de un ministro de la Corte, a fin de que estuvieran "blindados" ante cualquier acechanza de sobornos. Finalmente prevaleció la propuesta del ex rector y así se puso en la Constitución.
Una vez que fueron electos los seis consejeros ciudadanos comenté con Carpizo que algunos de ellos me habían confiado que el pago les parecía excesivo y que Miguel Ángel Granados Chapa hubiese preferido seguir con sus actividades como periodista y que el cargo fuese honorífico, sin pago. El sueldo así quedó; los seis recibieron esa remuneración durante el tiempo que duró su encargo.
Años más tarde un consejero electoral, electo en octubre de 1996, litigó y llegó hasta la SCJN en demanda de que el IFE le pagara exactamente lo mismo que ganaba, de manera directa o indirecta, un ministro de la Corte; perdió el juicio. Otro consejero fue investigado por uso indebido de recursos públicos; probada la falta fue sancionado por el contralor interno. El Consejo General revocó la sanción y corrió al contralor, que demandó al IFE y le ganó.
Vienen a mi memoria esos episodios al leer la nota de primera plana, en Reforma del pasado domingo, sobre los aguinaldos que se asignan los más privilegiados, de entre los privilegiados, de la alta burocracia mexicana, que son los ministros de la Corte, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF y los consejeros o comisionados de los organismos autónomos, que han proliferado en este sexenio. Como dice el pueblo, en esta materia los chimuelos mascan tuercas. Los que menos aguinaldo se embolsaron este mes se quedaron con 399 mil pesos. Los que más, 586 mil. Es un abuso.
Visto en retrospectiva, fue un error el que se cometió, en 1994, al fijar tan elevada remuneración a los consejeros ciudadanos del IFE. El ejemplo se siguió, sin mayor reflexión en 1996, al crearse el TEPJF, a cuyos magistrados de Sala Superior se homologó también en remuneración a los ministros de la Corte. El primer efecto negativo fue dentro de esas dos instituciones, en las que se empezaron a fijar sueldos para mandos superiores muy elevados, luego el abuso se extendió a los asesores y demás personal de confianza. Hoy en día, los secretarios particulares de los titulares del INE y del TEPJF ganan 2 veces más que el maestro titular C, con mayor antigüedad de la UNAM. El abuso se ha extendido sin freno.
El error se multiplicó con la creación de numerosos organismos autónomos a lo largo de los últimos años. En todos los casos el parámetro de la remuneración a sus consejeros o comisionados ha sido lo que ganan los consejeros del IFE/INE o los magistrados del TEPJF. La citada nota de Reforma da cuenta de tan perverso efecto. Los titulares del Inegi, INEE y Cofeco recibieron aguinaldos por arriba de 400 mil pesos (40 días de sueldo), lo que significa que están ganando, cada mes, más de 300 mil pesos, netos. Igual ocurre en el INAI, la COFETEL, las comisiones reguladoras de energía e hidrocarburos, el Banco de México y otros. En el INAI, antes IFAI, el primer acuerdo de sus nuevos comisionados fue aumentarse el sueldo, y el de sus colaboradores más cercanos, que multiplicaron sin recato alguno.
Poner como tope a la remuneración de servidores públicos la del Presidente no ha servido de nada; empezando porque la Cámara de Diputados la aumentó para cubrir a los privilegiados. Los abusos que hoy vemos harían que Benito Juárez, defensor de la decorosa medianía en los sueldos públicos, se muriese otra vez, de vergüenza.
Hace unos días el senador Zoé Robledo se refirió al odio que los políticos despiertan a los ciudadanos. Discrepo. No es odio, creo que es indignación y coraje lo que provoca el abuso del que unos pocos se benefician.
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