Prisiones dentro de la prisión social

Revista Proceso # 2109, 2 de abril de 2017..

Prisiones dentro de la prisión social/LUCIANO CAMPOS GARZA

Una aseveración generalizada indica que la situación interna de las cárceles mexicanas son escuelas del crimen. Lo cierto es que en la actualidad, además de eso, atraviesan por una crisis aún más peligrosa a juzgar por factores como la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno, según indica el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, que en los próximos días dará a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las recientes fugas masivas y los motines en penales del país son una clara muestra de que la bomba está a punto de estallar…

MONTERREY, NL.- La crisis penitenciaria en México es originada principalmente por los gobiernos estatales, que ignoran a la población carcelaria y permiten la sobrepoblación, el hacinamiento y los autogobiernos.

Lo anterior se desprende del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) del 2016, que próximamente dará a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el documento se explica cómo es que los 215 mil internos estatales y federales que ocupan alguna de las 375 cárceles distribuidas en el país generan problemas como los motines.

Los reclusorios tienen en promedio una calificación reprobatoria, pues no existe voluntad política para mejorar el confinamiento de los sentenciados en México, dice a Proceso Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH, encargada de la atención penitenciaria y de los mecanismos de prevención de la tortura.

Considera que los gobernadores deberían preocuparse por los reclusos hasta por motivos prácticos, ya que si no hay condiciones favorables en las cárceles se darán brotes de inconformidad como los que se han desatado recientemente en los estados de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, lo que genera intranquilidad en la población de cada estado.

Y si los titulares de los Ejecutivos estatales no se interesan por generar condiciones para rehabilitar a los presos, algún día ellos regresarán a la calle con el riesgo de volver a delinquir y seguir provocándole problemas a la sociedad.

“El sistema penitenciario es la última fase que tiene el sistema penal en México. Cuando las personas llegan ahí se vuelven no importantes en muchas ocasiones, y esto significa que no les prestan la debida atención. Por ejemplo, en el caso del personal que los atiende, no les importa a los gobiernos poner trabajadores capacitados, especializados. Hay mucha improvisación”, dice.

Por su parte, Aldo Fasci Zuazua, vocero de seguridad de Nuevo León, señala que uno de los principales problemas en el sistema penitenciario de México es la sobrepoblación, que se agrava por la negativa del gobierno federal de albergar más internos en sus prisiones, pese a que tiene 10 mil lugares disponibles.

En el penal de Cadereyta, Nuevo León, el 27 de marzo último estallaron disturbios entre internos que se amotinaron porque cuatro mujeres que iban a la visita fueron revisadas con un sistema de rayos X, el cual les detectó droga escondida en el cuerpo. Dos custodios y siete reos resultaron lesionados, ninguno de gravedad.

Al día siguiente, 16 presos tomaron por asalto la farmacia. Tras golpear a los encargados se robaron medicamentos controlados. Algunos los ingirieron sin precaución y se intoxicaron. Uno murió por esa causa.

Luego quemaron dos pisos completos del área denominada Ampliación. Otros tres murieron calcinados. Las autoridades suponen que no pudieron reaccionar porque quedaron incapacitados por la ingestión de los fármacos.

El incidente llamó la atención por la crisis permanente en la que se encuentran las prisiones en el país. Días antes, el 21 de marzo, 29 reos se habían fugado del Penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antes, el 16 del mismo mes, escapó de la cárcel de Aguaruto, Sinaloa, Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito, junto con otros cuatro internos considerados de alta peligrosidad.

Cifras por estados

La visitadora Villanueva Castilleja considera que las prisiones del país son, de origen, inadecuadas para albergar a tanta población. Precisa que la Organización de las Naciones Unidas recomienda que éstas sean construidas para albergar, como máximo, 500 residentes. En cambio, en México, por costumbre, se edifican instalaciones para dar cabida como mínimo a 2 mil, lo que provoca hacinamiento y una cauda de problemas asociados. Y en el 90% de los casos se presenta el fenómeno del autogobierno.

En lo que atañe a la Ciudad de México, cuando en 1976 fue clausurada la Penitenciaría de Lecumberri fueron creados otros centros más modernos e innovadores, como el Norte y el Oriente, con cupo cada uno para mil 200 internos. Actualmente rebasan los 10 mil en cada caso.

El más reciente DNSP fue publicado por la CNDH con base en datos recabados en 2015. En él se establece que, en el semáforo penitenciario de instalaciones administradas por las entidades, Guanajuato, con calificación de 8.2, es el único marcado con color verde aprobatorio.

Ubicados en amarillo, con calificaciones medianas, que oscilan entre el 6 y el 7, están Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Yucatán, Morelos, Michoacán y Durango.

En color rojo reprobatorio, con notas que van del 5.93 al 4.11, se encuentran Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo. Nayarit es el estado que tiene el peor sistema carcelario.

En lo particular, la cárcel para civiles que mejor funciona en México es la penitenciaría modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez”, ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México. La peor es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

La calificación promedio de las entidades es de 6.21. Pese a todo, el sistema tuvo un repunte ligero, en relación al 2014, cuando se obtuvo 6.02.

La CNDH recomienda a todos los estados atender los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de programas de atención y prevención de violencia, prevención y atención a violaciones de derechos humanos (DH), insuficiencia de procedimientos para remitir quejas y carencia de instalaciones adecuadas.

También recomienda solucionar falta de higiene, fallas en la normatividad, insuficiencia de personal, deficientes procesos de sanciones disciplinarias, autogobierno, proliferación de actividades ilícitas, mezcla de procesados y sentenciados, falta de actividades laborales y de capacitación, programas deficientes de prevención de drogas y desintoxicación.

El único rubro debidamente atendido, según la CNDH, es el del funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario.

El problema más frecuente es el de la inexistencia de división entre los reos procesados y los sentenciados, que en forma indebida conviven y duermen juntos.

La visitadora considera urgente la toma de decisiones en las cárceles de México, pues a su juicio no hay interés de las autoridades estatales en remediar una situación que, por lo demás, se sale de control de manera permanente.

“Si no se atienden estos aspectos de infraestructura, normatividad y personal especializado, difícilmente vamos a tener buenos resultados, porque podemos tener la mejor norma, pero si el personal no funciona, de nada sirve la norma. Lo mismo pasa si ésta falla. Estos tres aspectos fundamentales deben caminar de la mano y aquí se debe voltear la mirada de manera más decidida hacia este problema, pero con ganas de resolverlo”, explica.

Lamenta que los gobernadores no se den cuenta de que los problemas que no se atiendan en los reclusorios se les revertirán a los estados, pues los internos van a quedar libres un día, y si no se les reinserta durante su encierro pueden volver a convertirse en una dificultad para las autoridades.

“Van a salir algún día, porque en México no hay cadena perpetua ni pena de muerte, y hay qué ver en qué condiciones van a salir. Esto es terrible para nosotros como sociedad. Pero también es pernicioso para las personas que están adentro, porque no están solas. Tienen familias, tienen hijos, reciben visitas. Y los gobernadores, tan sólo por eso, deben atenderlos”, advierte.

Doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la visitadora Villanueva Castilleja observa que, como parte de las reformas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se habla principalmente de procuración y administración de justicia, de prevención del delito, pero, afirma, hay pocas alusiones a la ejecución de la pena, donde se encuentran los centros de reinserción social (Ceresos).

“Sin lugar a duda, es la parte más débil del nuevo sistema. En las penitenciarías están, por mucho tiempo, las personas excluidas de un núcleo social y necesitan gozar de las herramientas que la propia Constitución proporciona para alcanzar el fin de la pena. Y debe ser entendido así, porque no se puede alcanzar esta meta si no se tienen los medios adecuados”, asevera.

Puntualiza que un recluso enfrentará muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad si no tiene acceso a educación, trabajo, capacitación, salud…, factores que, de manera generalizada, son ignorados en las prisiones mexicanas, pese a que ya existe una nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada en 2016, que entraña un cambio significativo en el sistema, aunque requiere de su aplicación para alcanzar el objetivo para el que fue creada.

Problemas de clasificación

y ubicación

Uno de los problemas más serios en las cárceles mexicanas es la deficiente clasificación de los reclusos, que coloca en un mismo sitio a procesados y sentenciados, pues las personas que todavía no han recibido condena pueden obtener beneficios como la absolución o quedar libres por pago de fianza, dice Villanueva Castilleja.

En situación similar se hallan las prisiones con población mixta, que existen en prácticamente todo el país, pese que la Constitución especifica que hombres y mujeres deben estar en cárceles separadas.

La CNDH insiste en que cada estado debe contar con su propio reclusorio femenil, donde las madres puedan tener a sus hijos, pero el hecho de que las mujeres ocupen un anexo significa que los menores crecerán en un ambiente inadecuado, por su convivencia con la población varonil.

En México hay alrededor de 11 mil mujeres internadas en 16 centros femeniles, de los cuales sólo uno es federal, ubicado en Morelos.

La especialista estima que un acertado paso inicial que pueden dar los estados es seleccionar a un buen encargado general del sistema carcelario, pues, dice, resulta de escasa ayuda que haya un director de reclusorio preparado o experto pero que tenga como jefe a una persona designada con criterios políticos, que desconoce este ámbito.

Añade que también debe reclutarse a personal más especializado y no solamente contratar custodios pues, por ejemplo, hay un número muy bajo de médicos, sicólogos, criminólogos y abogados que ejercen en las prisiones. El escaso número de guardias permite que prosperen las condiciones de autogobierno, pues no hay quien vigile a la población.

Según la funcionaria de la CNDH, aun cuando es arduo el ejercicio del organismo para lograr que los estados actúen con base en los diagnósticos que emite, se observan progresos esperanzadores, como el caso de Tabasco, donde funcionaban nueve cárceles municipales, creadas para separar a quienes cometían faltas administrativas y a las que, por inercias, eran enviados reos sentenciados.

Luego de que la CNDH emitiera una recomendación sobre tal situación irregular, esos recintos fueron cerrados y los reclusos que ahí estaban fueron enviados a una cárcel adecuada a su condición.

En México hay 18 prisiones federales donde están albergados alrededor de 25 mil internos, indica Villanueva con base en el diagnóstico del año pasado. Además de éstas, hay tres militares: en la Ciudad de México; en Mazatlán, Sinaloa, y en Zapopan, Jalisco, que reciben a casi 800 internos.

A diferencia de las 375 cárceles estatales, donde hay 190 mil reclusos, en los centros federales de reinserción social (Ceferesos) no se presenta el problema de sobrepoblación ni de autogobierno.

Entrevistado después del más reciente de los motines en el Penal de Cadereyta, Aldo Fasci refiere que la federación podría ayudar mucho más para mejorar el sistema penitenciario del país.

Señala que en el caso de Nuevo León, en los penales de Cadereyta, Apodaca y Topo Chico hay unos 7 mil internos, de los cuales mil 500 son del fuero federal.

En las cárceles locales, dice el asesor externo en materia de seguridad del gobierno de Jaime Rodríguez, hay un número considerable de reos procesados por delitos federales, como delincuencia organizada  y narcotráfico, aunque están en las penitenciarías estatales porque también son homicidas.

Actualmente, en Nuevo León el 50% de los internos son considerados de alta peligrosidad. Procedentes de grupos criminales antagónicos: el Cártel del Golfo, Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Noreste…

Fasci afirma que para manejar estos centros el estado gasta al año mil 250 millones de pesos y la federación únicamente le entrega 60 millones, una notable desproporción en lo que respecta a la cantidad de presos no estatales albergados.

Fasci Zuazua explica que para que un reo pueda ser reubicado debe obtenerse la autorización de un juez de distrito, además de que aquel tiene que ser enviado a un penal en su misma zona de origen y existir cupo en el destino. Estas condiciones entorpecen los traslados, que son prácticamente inaccesibles para las entidades.

“Las prisiones que tiene la Federación están en otro estatus. Tienen 10 mil camas disponibles, pero no es el perfil de los presos que reciben, y por eso nos los admiten. Y si los aceptaran, tienen que tener la autorización del juez federal. O sea que esto está diseñado para que no haya traslados y para que los estados se queden con la bronca. Eso está mal. El problema de todo esto es voluntad política. Y eso viene de la Federación”, dice.