Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
El EPR tiene quien le escriba
Publicado en Milenio Diario, 17/06/2008;
Publicado en Milenio Diario, 17/06/2008;
El pasado viernes 13 de junio, el EPR difundió un par de comunicados dedicados a un servidor. Es imposible contestarlos en su totalidad, tanto por lo extensos como por la falta de un hilo lógico entre todos sus capítulos y porque las especulaciones seudosociológicas y sicológicas de las que intenta hacer gala no tienen respuesta posible. Pero sí se deben especificar algunos puntos: mis críticas al EPR se basan en un punto central. No existe razón alguna para que una organización o grupo realice acciones armadas en México con el fin de tratar de hacerse con el poder. El EPR cae en hechos delincuenciales cuando implementa lo que denomina guerra popular prolongada.
Las diferencias de concepción, que hacen al EPR algo tan lejano a la sociedad, son innumerables. Si alguna vez hubieran leído a quienes idearon esa concepción de lucha política y militar (como los vietnamitas) se hubieran enterado de que la misma no está concebida para enfrentar a gobiernos democráticos. No es difícil, hubieran podido leer el libro del ChéGuevara, Guerra de guerrillas, un método, para saberlo. Y en México tenemos gobiernos democráticos, elegidos por voto popular, un sistema en el que participan todas las fuerzas, desde la derecha hasta la izquierda, y eso se aplica lo mismo al gobierno federal panista que al del DF perredista que al de Nuevo León del PRI. Hay un Congreso, funcionan (con todas las imperfecciones que se quiera admitir) las instituciones legislativas y las judiciales y plantear en ese contexto la lucha armada y mantener la misma lógica política durante décadas, como si nada hubiera cambiado en el país, es por lo menos una muestra de ignorancia.
Que, además, convierte ese accionar en hechos delincuenciales: dice el EPR que sus acciones son de autodefensa: pues no lo fueron ni el asesinato de los guardias de La Jornada hace años ni el bombazo en el estacionamiento de Plaza Universidad ni los ataques, con su secuela de civiles, militares y policías muertos, en Tlaxiaco y la Crucecita, en Oaxaca, en 1996 (acción que por cierto buscaba presionar al EZLN para no avanzar en los Acuerdos de San Andrés). Tampoco lo fueron los bombazos del año pasado en los ductos de Pemex. Dicen que no realizan secuestros, pero éstos siguen produciéndose y se encuentra plenamente documentada su participación en muchos, desde el de Alfredo Harp hasta el de Joaquín Vargas, pasando por el de Arnoldo Martínez Verdugo. Hablan de unidad, pero son más los militantes de grupos antagónicos y disidentes que han sido ajusticiados entre sus distintas corrientes que los caídos de esa organización en enfrentamientos con agentes de seguridad. Dicen que no tienen nada que ver con la APPO y otras organizaciones sociales y sus dirigentes están encabezando parte de esas movilizaciones. Afirman que tienen una dirigencia colectiva y que no hay decisiones personales, sin embargo, desde hace años el control de la organización se la disputan tres familias. Hoy mismo hay una profunda división entre los grupos oaxaqueños y los del centro del país y, en última instancia, sus documentos manifiestan que se gobiernan a través del centralismo democrático, lo cual implica una dirección vertical. Apuntan que todos sus militantes son parte de la estructura política y militar de la organización y puede ser cierto, por su debilidad estructural, aunque lo cierto es que el tipo de organización en la que trabajan tiene siempre un ala política, una militar y una legal.
Nunca he dicho que el EPR sea una organización del narcotráfico, pero sí que algunos de sus grupos y militantes han tenido ligas con éste, sobre todo en Guerrero y, particularmente, la escisión que conocemos como ERPI. Y esa posibilidad se acrecienta en la misma medida en que su concepción de la violencia y de las zonas de operación se superponen con la de los grupos del narcotráfico.
No creo que sea útil ni necesaria una supuesta negociación que no involucre la aceptación del EPR de convertirse en una organización política más que dispute, respetando las reglas del juego democrático, el poder por las vías legales, cuando éstas se encuentran abiertas para todos los que quieran participar en ellas. No creo que sea necesaria una negociación con el fin de establecer el paradero de dos de sus dirigentes presuntamente desaparecidos porque, como hemos dicho en éste y otros espacios, independientemente de la actividad que desarrollen, es obligación del Estado establecer qué sucedió con esas personas y, si cometieron delitos, iniciarles un proceso legal y juzgarlos. Y, si alguien los secuestró, sea o no desde el gobierno, el caso también debe ser castigado. Y el EPR tiene que aportar los elementos para esa investigación: no lo han hecho y esperan que el Estado, no sólo esclarezca qué sucedió con esos dos militantes, sino que, además, lo haga sin que se den, ni al Estado ni a los medios, los datos básicos para la indagatoria, incluida la acusación de que fueron secuestrados.
No sé si somos dos, tres o diez los periodistas que investigamos lo que sucede con el EPR, pero en todo caso la insistencia de ese grupo en calificar cualquier opinión que no les guste como parte de un andamiaje gubernamental y de inteligencia para intentar descalificarlos, es una muestra más de paranoia, ignorancia e incapacidad en cuanto a sostener un debate real. Y, finalmente, como preguntan en su comunicado, sí, he tenido, como muchos, familiares, amigos y conocidos que, en Argentina, Uruguay y Chile, sufrieron persecución, tortura y muerte por las dictaduras militares que asolaron a la región en los años setenta. Precisamente por eso sé de qué se trata una dictadura y en qué se diferencia de un gobierno democrático. Hoy México es la antítesis de lo que se vivió en esos años en América Latina. Y sé que la democracia, la libertad, los derechos individuales y los civiles van de la mano con la lucha política legal, no con juegos de guerra que terminan siendo manipulados por fuerzas más poderosas. Como ocurre hoy con el EPR.
Las diferencias de concepción, que hacen al EPR algo tan lejano a la sociedad, son innumerables. Si alguna vez hubieran leído a quienes idearon esa concepción de lucha política y militar (como los vietnamitas) se hubieran enterado de que la misma no está concebida para enfrentar a gobiernos democráticos. No es difícil, hubieran podido leer el libro del ChéGuevara, Guerra de guerrillas, un método, para saberlo. Y en México tenemos gobiernos democráticos, elegidos por voto popular, un sistema en el que participan todas las fuerzas, desde la derecha hasta la izquierda, y eso se aplica lo mismo al gobierno federal panista que al del DF perredista que al de Nuevo León del PRI. Hay un Congreso, funcionan (con todas las imperfecciones que se quiera admitir) las instituciones legislativas y las judiciales y plantear en ese contexto la lucha armada y mantener la misma lógica política durante décadas, como si nada hubiera cambiado en el país, es por lo menos una muestra de ignorancia.
Que, además, convierte ese accionar en hechos delincuenciales: dice el EPR que sus acciones son de autodefensa: pues no lo fueron ni el asesinato de los guardias de La Jornada hace años ni el bombazo en el estacionamiento de Plaza Universidad ni los ataques, con su secuela de civiles, militares y policías muertos, en Tlaxiaco y la Crucecita, en Oaxaca, en 1996 (acción que por cierto buscaba presionar al EZLN para no avanzar en los Acuerdos de San Andrés). Tampoco lo fueron los bombazos del año pasado en los ductos de Pemex. Dicen que no realizan secuestros, pero éstos siguen produciéndose y se encuentra plenamente documentada su participación en muchos, desde el de Alfredo Harp hasta el de Joaquín Vargas, pasando por el de Arnoldo Martínez Verdugo. Hablan de unidad, pero son más los militantes de grupos antagónicos y disidentes que han sido ajusticiados entre sus distintas corrientes que los caídos de esa organización en enfrentamientos con agentes de seguridad. Dicen que no tienen nada que ver con la APPO y otras organizaciones sociales y sus dirigentes están encabezando parte de esas movilizaciones. Afirman que tienen una dirigencia colectiva y que no hay decisiones personales, sin embargo, desde hace años el control de la organización se la disputan tres familias. Hoy mismo hay una profunda división entre los grupos oaxaqueños y los del centro del país y, en última instancia, sus documentos manifiestan que se gobiernan a través del centralismo democrático, lo cual implica una dirección vertical. Apuntan que todos sus militantes son parte de la estructura política y militar de la organización y puede ser cierto, por su debilidad estructural, aunque lo cierto es que el tipo de organización en la que trabajan tiene siempre un ala política, una militar y una legal.
Nunca he dicho que el EPR sea una organización del narcotráfico, pero sí que algunos de sus grupos y militantes han tenido ligas con éste, sobre todo en Guerrero y, particularmente, la escisión que conocemos como ERPI. Y esa posibilidad se acrecienta en la misma medida en que su concepción de la violencia y de las zonas de operación se superponen con la de los grupos del narcotráfico.
No creo que sea útil ni necesaria una supuesta negociación que no involucre la aceptación del EPR de convertirse en una organización política más que dispute, respetando las reglas del juego democrático, el poder por las vías legales, cuando éstas se encuentran abiertas para todos los que quieran participar en ellas. No creo que sea necesaria una negociación con el fin de establecer el paradero de dos de sus dirigentes presuntamente desaparecidos porque, como hemos dicho en éste y otros espacios, independientemente de la actividad que desarrollen, es obligación del Estado establecer qué sucedió con esas personas y, si cometieron delitos, iniciarles un proceso legal y juzgarlos. Y, si alguien los secuestró, sea o no desde el gobierno, el caso también debe ser castigado. Y el EPR tiene que aportar los elementos para esa investigación: no lo han hecho y esperan que el Estado, no sólo esclarezca qué sucedió con esos dos militantes, sino que, además, lo haga sin que se den, ni al Estado ni a los medios, los datos básicos para la indagatoria, incluida la acusación de que fueron secuestrados.
No sé si somos dos, tres o diez los periodistas que investigamos lo que sucede con el EPR, pero en todo caso la insistencia de ese grupo en calificar cualquier opinión que no les guste como parte de un andamiaje gubernamental y de inteligencia para intentar descalificarlos, es una muestra más de paranoia, ignorancia e incapacidad en cuanto a sostener un debate real. Y, finalmente, como preguntan en su comunicado, sí, he tenido, como muchos, familiares, amigos y conocidos que, en Argentina, Uruguay y Chile, sufrieron persecución, tortura y muerte por las dictaduras militares que asolaron a la región en los años setenta. Precisamente por eso sé de qué se trata una dictadura y en qué se diferencia de un gobierno democrático. Hoy México es la antítesis de lo que se vivió en esos años en América Latina. Y sé que la democracia, la libertad, los derechos individuales y los civiles van de la mano con la lucha política legal, no con juegos de guerra que terminan siendo manipulados por fuerzas más poderosas. Como ocurre hoy con el EPR.
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