Firma el Presidente el decreto de Justicia Penal

En Palacio Nacional.

Firma el Presidente Felipe Calderón Decreto de Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública
Ante el Presidente de la SCJN, los vicepresidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública de ambas cámaras, el Titular del Ejecutivo Federal celebró que después del debate legislativo se haya decidido fortalecer el sistema de procuración de justicia en nuestro país.

En siete puntos, aseguró que la reforma ofrece un sistema de justicia transparente y respetuoso de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los inculpados, y se garantiza la máxima legal de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Esta semana su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora falta quien será el Secretario Técnico que operarará la reforma, el que incie el proceso de implementación, tal y como lo señala el artículo noveno transitorio, a saber: "Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten."

Discurso del Presidente Calderón.

Muy buenos días.
Señor Ministro, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Señor Diputado Cristián Castaño Contreras, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Ulises Ramírez Núñez, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.
Señor Diputado César Camacho Quiroz, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Alejandro Zapata Perogordo, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Señor Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Alejandro González Alcocer, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
Señoras y señores legisladores.
Señores dirigentes de la sociedad civil, de partidos políticos.
Distinguidos invitados.
En un Estado de Derecho es tarea esencial de las autoridades salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, preservar las libertades y el orden. Es quizá la primera responsabilidad del Estado en términos históricos y en términos jerárquicos.
Y por ello celebro que el día de hoy los mexicanos demos un paso fundamental para fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública.
El año pasado mi Gobierno presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia penal, esa iniciativa se enriqueció con un intenso debate y con propuestas diversas impulsadas por distintos legisladores, aquí presentes, y después de un diálogo caracterizado por la pluralidad, la inclusión y el profesionalismo, la reforma fue aprobada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales.
Hoy, con la firma del decreto de promulgación correspondiente, entrará en vigor esta reforma a nuestra Constitución en materia de procuración e impartición de justicia penal.
Hago un sincero reconocimiento a las señoras y a los señores miembros del Congreso de la Unión, de las comisiones que trabajaron en este importante proyecto, a las legislaturas locales, a los especialistas y expertos de diversas disciplinas que participaron en esta importante reforma, por haber analizado, enriquecido y, finalmente, aprobado una reforma que es fundamental para el país.
Esta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo, y quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial, que rigió hasta principios del siglo pasado, al sistema mixto que operaba hasta ahora.
Gracias a ella, podremos avanzar en la necesaria modernización de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, lo cual es indispensable para avanzar con éxito en nuestra lucha por un México de orden, un México de leyes, un México de libertades en el que podamos vivir mejor.
Entre los beneficios más importantes de esta reforma, muchos de ellos ya mencionados, se encuentran los siguientes:
Primero. México adoptará un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.
A partir de ahora, los Poderes Judiciales de todo el país comenzarán un proceso de implementación y transición hacia este nuevo sistema de enjuiciamiento.
Gracias a ello, por ejemplo, la etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional.
El juicio se desarrollará plenamente en audiencias orales y públicas, ante la presencia obligatoria de un juez, que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Así podremos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos.
Segundo. Se otorgan facultades de investigación a las policías, quienes actuarán bajo la conducción del Ministerio Público, pero también se fortalecen las facultades de las instituciones policíacas para la investigación preventiva, para la formación de inteligencia e información, indispensable para combatir el delito, particularmente el crimen organizado.
Esto permitirá contar con herramientas más útiles, a fin de preservar la seguridad pública que, hoy por hoy, es la primera preocupación de los ciudadanos.
Tercero. Los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección de sus derechos, tanto del inculpado, como de las víctimas, quizá el sujeto más olvidado en esta relación.
Con esta reforma dejamos atrás el sistema en el cual el indiciado prácticamente se consideraba culpable hasta que se demostrara lo contrario, y adoptamos el principio elemental de presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
También se establecen nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas, que es una gran innovación de la reforma, como el de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesaria, fortalecer los instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en aquellos casos en los que su seguridad así lo requiera.
Cuarto. Las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada.
Gracias a figuras como el arraigo, la extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos, podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales.
También se establecerán centros especiales de reclusión preventiva y ejecución de sentencias que contarán con medidas de vigilancia especial para criminales de la delincuencia organizada.
Esta, la lucha contra la criminalidad y por la seguridad pública, particularmente la lucha contra la criminalidad más peligrosa, que es el crimen organizado en todas sus modalidades, no es una lucha del Gobierno, es una lucha de toda la sociedad, del Estado mexicano, integrado por los mexicanos, precisamente, y sus autoridades.
Porque lo que está en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de los gobernantes, sino, y sobre todo, la seguridad e integridad de los gobernados.
Otras atribuciones de la reforma fueron ampliamente discutidas y algunas de ellas finalmente negadas, pero lo que es seguro es que en todo momento prevaleció la preocupación por las garantías del ciudadano.
Preocupación que se comparte entre poderes públicos y entre sociedad y Gobierno, porque no es la lucha caprichosa por una conquista de un territorio extranjero, sino una responsabilidad colectiva de defensa de nuestro propio pueblo en nuestro propio territorio.
Quinto. Se establece constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de Gobierno ahora deberemos homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías del país.
Así avanzaremos en la tarea de poner al servicio de los ciudadanos instituciones de policía más confiables, profesionales y honestas. Ahora empieza la tarea, precisamente, de depurar y profesionalizar los cuerpos policíacos en todos los órdenes de Gobierno.
Porque no habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea de un solo orden de Gobierno, sea el Federal o cualquier otro; es una responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes del Gobierno y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía.
Sexto. Se establecen también medios alternativos de solución de controversias a fin de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, lo cual permitirá que asuntos meramente civiles o comerciales se discriminalicen y que pueda haber un espacio para el entendimiento y la razón, y a fin de que el Estado se centre con todas sus capacidades en la investigación y persecución de los delitos, más que en la solución de conflictos.
Séptimo. Se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional, con lo que podremos terminar con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.
En resumen, esta reforma establece el sustento para consolidar un sistema de seguridad y justicia penal mucho más moderno y mucho más efectivo, que garantice el acceso a la justicia de forma más equitativa y expedita a los ciudadanos.
Qué se necesita para que la reforma rinda los frutos esperados.
Requiere una cuidadosa, meticulosa implementación en el territorio nacional.
La implementación exitosa de esta reforma requiere del compromiso y la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno y de los Tres Poderes de la Unión, porque sólo trabajando con unidad podremos fortalecer al Estado frente a la delincuencia y el crimen, porque tenemos que reorganizar la manera en que la justicia se procura y se administra, porque habremos de elevar las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos a fin de que puedan sustentar en el nuevo marco procesal sus acusaciones en nombre de sociedad.
Ahora es fundamental que actuemos de inmediato en la modernización de las instituciones integrantes de nuestro sistema de seguridad y justicia penal para dar cumplimiento puntual a los mandatos contenidos en esta reforma a la ley fundamental.
Hay que revisar la manera en que se organiza la impartición de justicia, velar porque los nuevos procedimientos no abrumen y sí faciliten la vida a los juzgadores; establecer los recursos que posibiliten, precisamente, que el desahogo personal de pruebas y alegatos no conlleve un mayor rezago de justicia.
Los congresos estatales ahora tienen el reto de adoptar en la legislación local los mandatos consagrados en la Constitución General de la República, los poderes judiciales también deberán realizar las adecuaciones necesarias para adoptar el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, lo que nos permitirá dar respuesta a la justa demanda de los ciudadanos por un acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, los poderes ejecutivos, Federal y locales, tenemos que actuar de inmediato para la indispensable reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito, empleando para ello todos los recursos a nuestro alcance. Es indispensable que las autoridades redoblemos esfuerzos, que no declinemos en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que sigamos luchando de manera firme y decidida para que los mexicanos vivan sin temor a ser violentados por el crimen.
Señoras y señores, señores ministros, señores legisladores:
Mi Gobierno seguirá firme en su compromiso de garantizar el orden, la legalidad y la seguridad pública en el país.

Estamos decididos a ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado, porque lo que está en juego es el bien de la Nación y la tranquilidad de los ciudadanos.
Con esta reforma que entra en vigor, los mexicanos damos un paso fundamental en nuestra lucha para que México prospere como una Nación de leyes y de libertades, una Nación cuyo progreso esté fundado en la paz, en el orden, en la justicia y en la legalidad.
Enhorabuena y muchas felicidades.

Diversas intervenciones en la Firma del Decreto

-SECRETARIO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO:

Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; diputado federal Cristián Castaño Contreras, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Licenciado Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República; ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública; señores senadores, presidentes de las comisiones relativas a la seguridad y la justicia.
Señor diputado César Camacho Quiroz, Presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados; señor Consejero Jurídico Miguel Alessio, distinguidos legisladores, señores funcionarios, señoras y señores:
Esta es una mañana trascendente en la vida pública del país. Hoy las instituciones republicanas, el constituyente permanente y el Ejecutivo Federal coronan un esfuerzo conjunto que acelera la transformación de los sistemas de procuración y administración de justicia de nuestro país.
El camino no estuvo exento de desafíos, pero la disposición democrática que ofrecieron todas las instituciones involucradas para votar y hacer realidad esta reforma fue siempre mayor.
El Gobierno Federal y los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión identificamos las coincidencias necesarias para reformar nuestra Carta Magna.
Hoy y una vez cumplido el requisito constitucional por parte del Congreso de la Unión, de la mayoría de los congresos de los estados, y firmado el decreto de reforma y su consecuente publicación por parte del Presidente de la República, se inicia el proceso de implementación con el cual todos los mexicanos dispondremos de un mejor sistema judicial.
Existen argumentos suficientes para enfatizar la importancia de esta reforma. En todo sondeo ciudadano, en cualquier encuesta de opinión, y también en las conversaciones que tenemos con colaboradores, familiares y amigos, la seguridad pública es una de las principales preocupaciones en la vida de los mexicanos.
Por ello, desde el primer día del Gobierno del Presidente Calderón, se iniciaron un conjunto de acciones empleando toda la fuerza del Estado en el combate al crimen organizado.
Ahora bien, además de los operativos puestos en marcha, requeríamos asumir decisiones que nos permitieran fortalecer las capacidades con las que cuenta el Estado mexicano y dotarlo, también, de nuevos instrumentos jurídicos que le permitan garantizar con mayor eficacia la seguridad de la población.
De tal forma, atendiendo a la demanda ciudadana de actualizar el marco jurídico nacional, con ordenamientos legales más efectivos para hacer más expedita y eficaz la procuración e impartición de justicia, hoy podemos celebrar que las instituciones aquí representadas han hecho un trabajo excepcional para modificar el sistema de justicia penal del país.
La reforma que hoy se firma constituye un gran paso a favor de una sociedad más segura y mejor protegida; por ello, nuestro reconocimiento a la labor realizada por el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales.
Hoy, todos los aquí reunidos somos simultáneamente testigos y actores de que los cambios de fondo; son posibles cuando los distintos órdenes y niveles de Gobierno trabajamos, discutimos, proponemos y resolvemos en un entorno democrático y conforme a la ley lo que es mejor para México.
Este mismo acto es producto del diálogo institucional. El diálogo requiere la convicción de que una solución debe proponerse o aceptarse, no como condición para el triunfo de una ideología sobre las demás; el diálogo no excluye la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas.
El diálogo no es expresión de debilidad ni implica asumir compromisos ambiguos, porque la simple razón del diálogo no es un fin, sino un medio, que no da la verdad ni resuelve problemas por sí mismo, sino que ordena la discusión de las ideas y permite la construcción de soluciones mayoritarias a los grandes problemas que enfrenta nuestro país.
Este decreto de reformas constitucionales, producto, precisamente, del diálogo, permitirá mayor seguridad en los procesos penales, mejor coordinación en la operación del sistema de seguridad pública, un avance sustancial en la protección de los derechos de las víctimas del delito y, desde luego, el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Esta reforma también es una respuesta a dos desafíos significativos que enfrenta el Estado mexicano y cuyo desenlace marcará el rumbo de nuestro país.
Por un lado, México vive la consolidación de su sistema democrático, periodo en el que debemos acelerar la actualización del marco legal, para que las instituciones garanticen mayor seguridad pública, social y patrimonial.
Prueba de ello son el fortalecimiento de la división de poderes, el intenso debate que, en muchas ocasiones, generan las decisiones de cada uno de los poderes que componen el Gobierno Federal, la composición cada vez más plural de los congresos estatales, el reclamo de respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos factores amplían los cauces de nuestra vida democrática.
El segundo desafío vinculado a la reforma que hoy nos congrega es el combate al crimen organizado.
A menor droga en las calles, escuelas, universidades, centros de trabajo y espacios de esparcimiento, mayor es la capacidad del Estado para garantizar un ambiente social óptimo en la formación de niños y jóvenes.
A menor cantidad de dinero en manos de narcotraficantes, mayor es la capacidad del Estado de limitar a las bandas criminales en su objetivo de mantener o de ampliar sus márgenes de impunidad y de maniobra.
A menor tráfico de armas y municiones, menor es la capacidad de gatilleros de violentar la tranquilidad de las comunidades.
A mayor rigor y eficacia en la aplicación de la ley, reducimos cualquier resquicio que, eventualmente, pueda ser aprovechado por un delincuente para recuperar su libertad y delinquir nuevamente.En suma, avanzar en el proceso democrático y atender el reclamo de brindar mayor seguridad pública a la población, son retos que cuentan con instrumentos jurídicos puntuales en la presente reforma.
Sin embargo, el problema de la inseguridad pública no se resolverá sólo con mayores recursos, con más policías o con mejores leyes; es necesaria una mayor participación de la sociedad tendiente a la instauración de una cultura de la legalidad y en donde todos hagamos nuestra parte.
El Gobierno, en respetar y aplicar la ley sin distingo; y los ciudadanos, en asumir los valores cívicos y democráticos y hacer de la denuncia un hábito de nuestra sociedad.
En la medida que todos fomentemos una cultura de la legalidad, avanzaremos con más agilidad en la construcción de un país con mayor libertad y más seguridad para todos.
Señoras y señores:
Con esta reforma avanzamos en la responsabilidad de brindarle a los ciudadanos el bien más preciado que obliga al Estado: la paz, la tranquilidad y la seguridad para vivir mejor.
Si bien su publicación es sólo un paso, a partir de ahora debemos trabajar de manera coordinada en su implementación, de tal manera que las nuevas herramientas que han sido puestas a disposición del Estado y de la sociedad, comiencen a ser de utilidad y nos permitan dar cada día mejores resultados.
Por este nuevo marco jurídico, por la capacidad de alcanzar acuerdos, por la disposición para buscar lo que es mejor para nuestro país, todo nuestro reconocimiento.
México cuenta hoy con un mejor sistema de justicia.
Por ello, enhorabuena. Muchas felicidades.

-DIP. CÉSAR CAMACHO QUIROZ: Señor Presidente de la República, señora Calderón, señores representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, compañeras y compañeros diputados y senadores, señoras y señores:
El sistema de seguridad y justicia penal está agotado y la gente no aguanta más. Todo mundo está insatisfecho.
Para quienes defienden los derechos humanos resulta atroz que a quien hurta un paquete de galletas y rompe la envoltura lo acusen de robo con violencia.
Para ellos es inadmisible que más de 90 mil personas estén privadas de su libertad sin sentencia condenatoria. Y qué decir de los llamados, con involuntario humor negro, Centros de Readaptación Social.
Por otra parte, para quienes padecen la comisión de delitos, el castigo de los culpables y la reparación del daño se convierte en un calvario y a veces en una pretensión imposible, preludio de la impunidad.
En síntesis, en el papel de víctima o de inculpado, quien se ve involucrado en un asunto penal parece condenado a protagonizar una película de terror.
A cuatro años de la marcha ciudadana contra la inseguridad, la percepción es que la delincuencia crece mientras el Gobierno se concentra en su guerra contra el narcotráfico.
Por ello es muy buena noticia que sin medro político ni mezquindad alguna legisladores de todo signo partidario, escuchando a otras autoridades, a especialistas y subrayadamente a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas no sólo con el derecho, sino con la justicia, reformamos la Constitución Federal para establecer el llamado Sistema Acusatorio y hacerlo compatible con el combate eficaz a la delincuencia organizada.
El respeto de los derechos humanos que permea toda la reforma es una condición de las democracias sólidas, pues impone límites al poder público e impide abusos en la misma proporción que amplía el espectro de las libertades.
Queremos que el derecho penal sea democrático, como propone Ferrajoli, para que se maximice la libertad y se minimice la violencia. El Estado mexicano no debe desperdiciar recursos ni fuerza creando delitos o elevando penas, sino centrando su atención en la persecución eficiente de quienes más agravian a la sociedad.
Las reglas del debido proceso incluyen la presunción de inocencia. Esto impedirá el abuso de la prisión preventiva para que, como regla, los imputados vivan el proceso en el que se les investiga desde la libertad. Esto evitará la injusta y prolongada reclusión, que además de provocar hacinamiento y daño presupuestal, extiende los perjuicios a la familia y, paradójicamente, propicia más delincuencia.
Un aspecto fundamental son los juicios orales, que contribuirán a la transparencia y al combate a la corrupción, evitando el secretismo y los tortuosos e interminables procesos.
Tendremos Ministerios Públicos fuertes pero no omnipotentes, obligados a ser más competitivos y siempre sujetos a control judicial. De esta suerte, el juez será la figura más importante, exigente rector de investigaciones profesionales y garante de una efectiva igualdad de las partes.
La reforma aumenta la protección de las víctimas y acaba con un dogma jurídico: el monopolio de la acción penal, permitiendo que sin el Ministerio Público de por medio, en ciertos casos los ofendidos recurran directamente al juez.
Los mecanismos alternos de justicia permitirán la solución de conflictos sin que todo necesariamente llegue a juicio, evitando que cada expediente se convierta en un monumento al formalismo.
En pocas palabras, leyes y autoridades que hagan frente a la antisocialidad con eficacia, no criminalicen la pobreza, faciliten investigaciones exitosas y, llegado el caso, impongan las penas que merezcan a los delincuentes que más daño provoquen, evitando delitos sin castigo.
Por otra parte, el crimen organizado está llegando a límites insospechados, la sociedad mexicana no puede acostumbrarse a vivir, material y figuradamente, en medio del fuego cruzado.
Por eso, el Gobierno y la gente que no está dispuesta a que le arrebaten su libertad y su tranquilidad formaremos un frente imbatible. Con ese propósito, ahora la Constitución tendrá herramientas legales para combatir mejor al crimen organizado; la tarea es fundamentalmente suya, señor Presidente, aunque en este empeño usted nunca estará solo.
Esta reforma federalista, puesto que cada estado la adecuará a sus singulares condiciones sociales, jurídicas y financieras, ha completado este día un primer paso, pero todavía falta un largo trecho por recorrer. La promulgación compromete al poder público en su conjunto y si bien impone mayúsculos y diversos retos, el más importante es el cambio de actitud, la disposición de todo mundo, pero fundamentalmente de las autoridades y del mundo jurídico a transformarse para bien.
Pero por si fuera poco, señor Presidente, señoras y señores, hay lecciones implícitas en este episodio; la más rotunda, que las reformas son posibles. Que las reformas son obras colectivas y requieren creatividad, que las reformas demandan claridad y deben vencer inercias e intereses particulares, que las reformas son hijas del esfuerzo y del tesón, son el resultado de la negociación y siempre, siempre requieren humildad.
La muestra más próxima es el decreto que hoy se promulga, en la democracia, la República funciona. Esto acredita que no todas las reformas estructurales son económicas, pues si bien, la de seguridad y justicia añade prestigio internacional y crea un entorno seguro y atractivo para las inversiones productivas, lo más importante es que restablece el tejido social a partir de la confianza, que construye ciudadanía y que abre, que abre un espacio a la esperanza.
Muchas gracias.

-SEN. ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ: Con su permiso, ciudadano licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, con su permiso, señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del Senador Francisco Arroyo Vieyra, compañero Senador y Representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Del Diputado Cristián Castaño Contreras, Representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
A los señores secretarios de Estado, a los presidentes de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública de ambas cámaras.
Al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, a todos los invitados el día de hoy, muy buenos días.
Es motivo de orgullo acudir a esta ceremonia para compartir un suceso que marca un nuevo capítulo en la vida institucional del Estado mexicano.

Con la promulgación de la reforma a los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de nuestra Constitución Política, los diputados federales y senadores del Congreso de la Unión, los gobernadores, los diputados de las legislaturas de los estados y el Presidente de la República, refrendamos ante la sociedad mexicana la lucha y el compromiso ante la Nación para recuperar la seguridad y el orden en donde la delincuencia amenaza la convivencia de los ciudadanos y nuestras familias.
Esta reforma tiene como principales objetivos:
Dotar al Estado mexicano de mejores herramientas jurídicas que le permitan dar contundencia a la lucha que el Presidente Calderón encabeza contra la delincuencia organizada.
Asimismo, modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia en México al incluir la oralidad como mecanismo de transparencia, prontitud, agilidad y eficiencia en los juicios.
Y, además, esta reforma marca un punto de partida para consolidar un nuevo modelo de seguridad pública, que se traduce en una mayor tranquilidad y confianza para todos los mexicanos.
Es importante subrayar que en la década de los años 90 se presenciaron sendos ajustes constitucionales, los casos más representativos son: la creación de la Policía Federal Preventiva y el establecimiento de una ley que asentaba las bases de coordinación para la seguridad pública en México.
A partir de la promulgación de esta Reforma Constitucional el nuevo concepto de seguridad deberá de conceptualizarse como el de una red sistemática e integral de cooperación, colaboración, respaldo, comunicación y unidad de acción entre las corporaciones policiacas de todo el país, tanto del orden ministerial, como del orden preventivo.
Particularmente el valor que aportan las modificaciones a los Artículos Constitucionales 21, 73, 115 y 123 se aprecian principalmente en:
Concebir a la seguridad pública como una función de Estado provista de mecanismos de concurrencia obligatoria entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
Elevar a rango constitucional la coordinación intergubernamental entre las corporaciones policiales mediante su concurrencia en un Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Delimitar a las instituciones policiales como corporaciones de carácter civil, profesional y con funciones propias en sus respectivos ámbitos de competencia.
Concebir el principio de desarrollo policial como medio de profesionalización y consolidación de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad.
Expedir leyes estatales de seguridad pública para dar consistencia y eficacia a las organizaciones de las policías municipales.
Complementar el marco de actuación policial mediante el esfuerzo de sus capacidades técnicas para realizar tareas de investigación preventiva.
Proveer mejores condiciones laborales y de previsión social a los policías de las instituciones de los tres órdenes de Gobierno.
Una vez que entre en vigor la Reforma Constitucional en la materia, es imprescindible que el Congreso de la Unión se comprometa, entre otras tareas, a lo siguiente:
Señor Presidente:
Usted ayer señaló, en el discurso en donde nos convocó a la inauguración del Centro de Mando, que se iba a allegar de todos los instrumentos necesarios para seguir esta lucha. Y queremos decirle y queremos refrendar: desde el Senado de la República daremos más instrumentos para que continúe esta lucha valiente.
Así que nuestras tareas están por delante. Debemos expedir con toda prontitud una ley de carácter general que regule la organización y funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública; revisar el marco normativo y reglamento para el desarrollo policial, mediante la instauración del servicio civil de carrera en las corporaciones de seguridad pública.
Se precisa también regular con apego y respeto a los derechos humanos, las prácticas y procedimientos policiales. Es imprescindible actualizar el marco normativo de los servicios de seguridad privada.
Es necesario, también, formular e instrumentar políticas de seguridad pública que promuevan una intensa participación ciudadana.
Se requiere de manera inmediata reforzar los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones policiales en los tres niveles de Gobierno, para consolidar la profesionalización a partir de normas y estándares propios de las corporaciones de seguridad pública mexicana.
Estas medidas, entre otras, dan una visión del panorama del esfuerzo legislativo que habremos de llevar a cabo. Ante el Primer Mandatario del país asumimos como nuestro compromiso permanente sacar adelante todos estos instrumentos legales, que le den contundencia a la actuación del Gobierno de la República.
El trabajo apenas comienza.
Hagamos juntos nuestro mejor esfuerzo para que esta Reforma Constitucional rinda los frutos que nuestra sociedad y nuestro país se merecen.
Muchas gracias.
-MODERADOR: A continuación se invita al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a llevar a cabo la Firma del Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
(FIRMA DEL DECRETO)