Los pactos de la mafia

Los pactos de la mafia

MATTEO DEAN

Revista Proceso # 1724, 15 de noviembre de 2009
En el verano de 1992, el Estado italiano y la Cosa Nostra comenzaron una negociación. El objetivo: poner un alto definitivo a los ataques de la mafia siciliana contra las instituciones.

La revelación de Massimo Ciancimino, hijo del Vito, el exalcalde de Palermo condenado por vinculación con la organización criminal, refuerza una vieja sospecha de la sociedad italiana.

Actualmente bajo proceso por lavado de dinero, Massimo Ciancimino reveló a los jueces el interés que dos altos mandos de la Agrupación Operaciones Especiales de los Carabineros le expresaron hacia finales de mayo de 1992 para abrir un diálogo entre las instituciones italianas y la Cosa Nostra.

Según explicó él mismo a los jueces, Massimo fue contactado para que le pidiera a su padre Vito –señalado por la Procuraduría de Palermo como “la más explícita infiltración mafiosa en la administración pública”–, para que intercediera entre las partes.

Para probar sus afirmaciones, el pasado mes de julio, Ciancimino entregó a los jueces copia de una hoja en la que se leen –escritas a mano– las 12 peticiones que la Cosa Nostra le hacía al Estado italiano.

Ola de atentados

Las primeras revelaciones de Massimo Ciancimino, rendidas “en calidad de persona informada de los hechos”, en el marco del juicio de apelación promovido por Marcello Dell’Utri (exabogado de Silvio Berlusconi y hoy senador de la República, ya condenado en primera instancia a nueve años de reclusión por “asociación mafiosa”), obligaron a la magistratura italiana a abrir nuevas investigaciones acerca de la presunta negociación.

El 19 de julio pasado, en la ciudad de Palermo, la sociedad civil y algunos representantes del gobierno nacional y local recordaban el 17 aniversario de la matanza de Via D’amelio, la calle en la que en esa misma fecha pero de 1992, un coche cargado con 100 kilogramos de explosivos mató al fiscal antimafia Paolo Borsellino y su escolta de cinco agentes.

Sin embargo, la conmemoración tuvo una novedad: tras las revelaciones de Ciancimino, los jueces de la Procuraduría de Palermo decidieron volver a abrir el caso a causa de los cambios sustanciales del contexto en el que se llevó a cabo el crimen.

Para los jueces encargados de las investigaciones, fue fundamental determinar que la Cosa Nostra habría intentado comunicarse con el Estado italiano antes del atentado. Hasta hace pocos meses, en efecto, el homicidio de Borsellino y de su escolta era considerado el enésimo episodio de una temporada muy violenta instrumentada por parte del entonces “jefe de jefes”, Salvatore Riina, por las condenas definitivas dictadas por la Corte Suprema en enero de 1992 al propio Riina y otros 342 mafiosos que sumaron un total de 2 mil 665 años de cárcel.

Ahora que los jueces de Palermo tienen en sus manos el llamado “papello”, es decir la lista de peticiones de la Cosa Nostra, fechada el junio de 1992, la nueva hipótesis es que el juez Borsellino pudo estar al tanto de esa negociación y, tras oponerse a ello, se habría convertido en un objetivo de la mafia.

Salvatore Borsellino, hermano del fiscal asesinado, no tiene duda alguna al respecto. En varias declaraciones a la prensa, Salvatore afirma que su hermano tuvo conocimiento de la tentativa de negociación y se negó a ello, sobre todo a raíz del homicidio de su amigo y colega, el fiscal antimafia Giovanni Falcone. Por esta razón habría sido “eliminado”, con la colaboración de elementos de las instituciones. El hermano del fiscal asesinado fue tajante: “El homicidio de Paolo fue un homicidio de Estado”.

Falcone y Borsellino eran los dos fiscales principales del llamado Grupo Antimafia de la Procuraduría de Palermo. Este grupo de jueces logró instrumentar el más grande proceso a la mafia nunca visto en Italia, el llamado “maxiproceso”. Tras la confirmación de las condenas en enero de 1992, la Cosa Nostra decidió cobrar venganza y atacar al Estado. Primero, en marzo, asesinó brutalmente a Salvo Lima, diputado local de la extinta Democracia Cristiana, entonces partido de mayoría en el país y punto de referencia de Giulio Andreotti, el siete veces primer ministro italiano.

Luego, el 23 de mayo de 1992, hizo volar un tramo de la autopista que conduce a Palermo, con 600 kilogramos de explosivo. En ese momento pasaba el automóvil del fiscal Falcone, el cual murió junto con su esposa y su escolta.

La Cosa Nostra realizó varios atentados con bombas hasta principios de 1993, en Florencia y en Roma. El “ataque mafioso al Estado” amainó solamente con la detención de Salvatore Riina, el 15 de enero de 1993, y el ascenso a la jefatura de la organización criminal de Bernardo Provenzano.

Las peticiones

Según la prensa italiana, entre las principales demandas de la Cosa Nostra destacan la anulación del llamado “maxiproceso”, permitiendo la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos; la anulación del artículo 416-bis del Código Penal, que tipifica el delito de “asociación mafiosa”, y del artículo 41-bis, que endurece las condiciones de detención de los sentenciados por esa causa, y la introducción de reformas al sistema judicial, para que los fiscales fueran nombrados por el Poder Ejecutivo.

Massimo Ciancimino explicó a los jueces que el rol de su padre era mediar entre las partes. Según el hijo del exalcalde de Palermo, muerto en 2001, Vito Ciancimino modificó tales peticiones “por considerarlas excesivas” y entregó el nuevo listado –“revisado y corregido”– al entonces coronel (y hoy general) de los Carabineros, Mario Mori.

El papel de Mori en la negociación no está del todo claro, según Ciancimino, pero en la copia entregada a los jueces aparece una nota: “Entregado personalmente en las manos del coronel Mori de la Agrupación Operaciones Especiales”. Mario Mori fue investigado y absuelto de la acusación de encubrir a importantes exponentes de la Cosa Nostra (entre ellos, al sucesor de Riina, Bernardo Provenzano), y ha negado la existencia de cualquier negociación con la mafia, así como su encuentro con Vito Ciancimino.

En el llamado “papello” también aparecen los nombres de dos personajes políticos de relieve: Virginio Rognoni y Nicola Mancino. El primero fue ministro de Defensa hasta finales de 1992 y tenía a su cargo a los Carabineros; el segundo fue nombrado ministro del Interior el 1 de julio de 1992, y hoy es vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano ejecutivo independiente del Poder Judicial italiano

Y si bien Rognoni no ha declarado aún nada, Mancino ha negado cualquier participación en la presunta negociación. Inclusive ha desmentido que fuera él quien avisó al fiscal Borsellino de la negociación y que fuera el “contacto político” de las negociaciones.

En un torbellino de declaraciones rendidas en las últimas semanas frente a los jueces italianos, Massimo Ciancimino comentó que su padre “dialogó mucho también con Bernardo Provenzano, el número dos de la Cosa Nostra, después de Riina”. A los pocos días de haber recibido la lista de peticiones por el mismo Riina, Vito consultó a Provenzano, quien es descrito “como una persona más razonable y menos violenta”. Según testimonios de mafiosos arrestados que colaboran hoy con los jueces, Provenzano era contrario a la escalada violenta instrumentada por Riina.

Ciancimino asegura que Provenzano ordenó a su padre mantener el diálogo con el gobierno y que luego habrían buscado convencer al ‘loco’ (Riina)”. El plan, dice el hijo del exalcalde de Palermo, era que Provenzano retomara las negociaciones una vez “quitado del medio a Riina”.

La declaración acerca de la posible responsabilidad de Provenzano en la detención de Riina fue confirmada el pasado 4 de noviembre, cuando Massimo Ciancimino, por enésima vez frente a los jueces, declaró: “Bernardo Provenzano señaló a los Carabineros la zona exacta del escondite en el que Riina pasó el último periodo en calidad de prófugo de la justicia”.

Otro documento implica a Silvio Berlusconi. Se trata de una carta confiscada en febrero de 2005 tras el cateo de la vivienda de Vito Ciancimino. Redactada presumiblemente a principio de los años noventa, según la Procuraduría de Palermo, registra el chantaje de Provenzano a Berlusconi, entonces conocido sólo por sus cualidades empresariales y por ser dueño de los tres mayores canales televisivos nacionales.

Bernardo Provenzano le pedía a Berlusconi “poner a disposición uno de sus canales televisivos; si no, se realizará el evento luctuoso”. Los resultados de tal amenaza son actualmente desconocidos.

Sin embargo, el mismo Giovanni Brusca, el ejecutor material del asesinato de Falcone y hoy colaborador de la justicia, habría confirmado a los jueces italianos la intención de la mafia de “contactar con Silvio Berlusconi, ya que pensábamos pudiera ser el siguiente primer ministro”.

Lo único que se conoce con certeza es que, a mediados de 1993, Bernardo Provenzano se convirtió en el nuevo “jefe de jefes” de la Cosa Nostra hasta su detención, el 11 de abril de 2006. Inmediatamente después de su ascenso terminó la ola de atentados de la mafia italiana y el 27 de marzo de 1994 Berlusconi fue elegido, por primera vez, primer ministro italiano, conquistando la mayoría absoluta de votos solamente en una región del país: en Sicilia.