Privatizan la guerra contra el narco /David Santa Cruz
En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas”.
Milenio Semanal, 2009-11-29 |
La superficialidad con la que se ha tratado la existencia de grupos militares privados en México resulta preocupante. No son grupos o individuos, son empresas multinacionales quienes han visto en la privatización de la guerra contra el narcotráfico un gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés).
A pesar de las decenas de recomendaciones que existen sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos, emitidas por la libre determinación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Federal parece estar dispuesto a abrirle las puertas a los mercaderes de la guerra. Tal fue la propuesta realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario les sugirió que contrataran servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar.
ANIQUILAR A LOS ZETAS
El 12 de octubre pasado la PMC Jax Desmond Worldwide emitió un boletín de prensa donde ofrecía sus servicios al gobierno mexicano para acabar en 120 días con la banda criminal y de sicarios con mayor poder de fuego y entrenamiento del país, Los Zetas. En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”.
Desde la óptica de esta empresa, “es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, por ello JDW asegura que se ha vuelto una necesidad para el presidente Calderón aceptar su oferta. “Creemos que podemos dominar el campo de juego y extinguir la presencia de Los Zetas a lo largo del país”. Para cumplir su objetivo la empresa asegura tener personal de inteligencia capacitado, es decir contratistas en nuestro país que proporcionan la información necesaria para combatir a los ex Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), además de que sus estrategias están supervisadas por personal de inteligencia de EU e Israel, así como por ex funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.
Sascha Forst se muestra enérgico y contundente: “Jax Desmond Worldwide no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”, lo cual resulta cierto dado que las PMC estadunidenses no pueden actuar o brindar entrenamiento a terceros países sin la anuencia del Pentágono. “Nosotros —explica Forst— proveemos una línea de servicios de seguridad dirigida a clientes civiles; éste en particular —combatir a Los Zetas— no es uno de ellos. Nosotros no seríamos mejores que Los Zetas si operáramos en México bajo un contrato con civiles. Eso nos convertiría en mercenarios, asesinos, en mafiosos y es algo en lo que ni siquiera nos atreveríamos a pensar”.
En cambio, aconseja a las empresas y ciudadanos mexicanos que si en verdad quieren su ayuda “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
—¿Qué tan grande es el poder de fuego de JDW como para poder vencer a Los Zetas, ex militares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?
—Entenderás que no podemos dar esas especificaciones por razones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que nuestra capacidad es inalcanzable para Los Zetas. Nosotros tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla toda. Es posible que Los Zetas tengan el arsenal más poderoso en México, pero ten por seguro que nosotros tenemos el arsenal más poderoso del mundo.
AGUA SUCIA EN EL PLAN MÉRIDA
En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.
Blackwater intentó ese mismo año montar una base de entrenamiento en California, en las cercanías de la frontera con México, para capacitar elementos policiales y militares, una versión en el desierto de la mítica Moyock asentada en los pantanos de Carolina del Norte (de ahí el nombre original de la empresa, en español: agua negra o sucia) y cuna de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, el cual cuenta con una base de datos de 20 mil elementos —todos ex militares con experiencia en combate— dispuestos a entrar en acción en el momento que se les llame. De acuerdo con el contrato la empresa de Prince se haría cargo de construir instalaciones de entrenamiento y adiestrar unidades aéreas antinarcóticos, así como capacitarlas en materia de seguridad, proveer información geográfica y “apoyo de campo”. Un año después de obtenido el contrato, en 2008, la PMC emitió un boletín donde lamentaba la oposición de California a la construcción del campo de entrenamiento, pero en la actualidad las ofertas públicas —y las no tan públicas— de trabajo de Xe Services continúan solicitando personal para operar sistemas de cómputo, analizar información y pilotear aeronaves para el CNTPO. Incluso en ese 2007 pidió permiso para adquirir un par de helicópteros Súper Tucano que son los empleados en Afganistán y Colombia para operaciones antinarcóticos.
Lo anterior indica que Xe Services ocupará dentro del Plan Mérida el lugar que DynCorp y Northtrop Grumman tienen dentro del Plan Colombia, relaciones que salieron a la luz cuando un helicóptero militar tipo Huey II de la primera empresa fue derribado por los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2001. Allí viajaban cuatro contratistas estadunidenses: uno falleció y los otros tres fueron rescatados por efectivos de los EU luego de un intenso tiroteo en la selva, digno de una de las miles de películas sobre Vietnam. Dos años después de este incidente, en febrero de 2003, otra aeronave, esta vez un avión de “fumigación” —algunas fuentes aseguran que realizaba acciones de espionaje— fue derribado con tres contratistas estadunidenses de Northtrop Grumman: Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron capturados por las FARC y su historia culminó seis años después al ser liberados por el Ejército colombiano en la llamada “Operación Jaque”, donde también se rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Al igual que el contrato firmado por Xe Services para México, los convenios de cooperación con Colombia son de entrenamiento y asesoría técnica. Sin embargo, podrían actuar sin son atacados o en un operativo de rescate de sus tropas.
AVENTUREROS
Si bien algunos teóricos ubican el surgimiento de las compañías militares privadas de la mano de las corrientes de libre mercado y auge capitalista —si se privatiza todo, ¿por qué no la guerra? —, en la práctica fue la caída en Sudáfrica del apartheid lo que dio origen a la primer PMC, Executive Outcomes. A finales de los ochentas, militares del 32 batallón de élite de las South African Defense Forces (SADF), junto con presuntos paramilitares de ese país, formaron una empresa para dar “servicios de seguridad” a los gobiernos de la zona que deseaban proteger sus recursos minerales de grupos insurgentes.
Con el atentado terrorista del 9/11 y las invasiones a Afganistán e Irak, las PMC crecieron a pasos agigantados como parte de un proyecto de la administración Bush y los llamados neocons —nuevos conservadores, que algunos llaman teocons por sus ideas de ultraderecha cristiana— encabezados por el entonces secretario de defensa, Dick Cheyney, también director de Halliburton, la primer PMC en sacar provecho de dicha política.
De acuerdo con datos del Peace Operation Institute (Instituto para Operaciones de Paz, POA) en 2006 existían 103 compañías del ramo. Para 2007 el número se triplicó para llegar a 334. Dicha organización, que en realidad es un grupo de cabildeo a favor de las PMC, revela en su encuesta 2007 sobre el estado de la industria que de las 24 empresas que la contestaron, 17 por ciento manifiesta tener operaciones en México, dando la prensa nacional cuenta de dos casos: Global Risk, vinculada a la “capacitación” de la policía de León, Guanajuato, y Sky Coleman Co., que junto con la ahora Xe Services fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz.
LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
Si bien en México y el mundo existen posturas a favor de la privatización de la seguridad, también se advierte a nuestro país de la necesidad de poner candados a las PMC, como dice Jaime Higuera, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Privada de Colombia. “La tecnología que tiene Estados Unidos es la única que nos da la posibilidad de combatir el flagelo del narcotráfico y los secuestros, a las FARC y a la delincuencia común, si no, se vuelve absolutamente imposible. Y ustedes (los mexicanos) van a llegar a ese punto de colaboración porque es algo que se sale de las manos y no es un problema de un país, es mundial, y debemos estar unidos”, señala. Higuera advierte también que dichos convenios se deben hacer con “acuerdos muy claros que no vayan a atentar contra la soberanía de los Estados”.
Por su parte, el ex director general de seguridad de Citigroup-Banamex y hoy consultor privado, Jorge Septién, considera que los escándalos de las PMC han sido en situaciones y condiciones extremas de trabajo, y advierte que si bien es necesaria la participación de empresas de seguridad privadas, se debe regular la industria y pedirle a los clientes que contraten empresas legalmente establecidas.
David Santa Cruz
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